A pesar de protestas de las comunidades locales, la empresa árabe Sociedad Minera de Santander (Minesa) presentó el 17 de enero una nueva solicitud de licenciamiento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el proyecto de extracción de oro, Soto Norte, en las montañas adyacentes del Páramo de Santurbán, en Santander.
Según un comunicado de prensa, este nuevo proyecto incluye medidas para «mejorar la protección del territorio, su entorno y las comunidades» a través de una reducción de la huella física del proyecto a más de 14 hectáreas en California y Suratá, Santander. Además, plantea la construcción de un acueducto en California, un seguimiento a la calidad de agua y la descontaminación de más de 360 toneladas de arena contaminadas de mercurio provenientes de minería informal de la zona.
Sin embargo, Mario Flores, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, afirma que las amenazas que este megaproyecto presenta siguen vigentes. Para Flores, las actividades de Soto Norte, que pretende ser la mina subterránea de oro más grande de Colombia, podrían contaminar las aguas que provienen de las fuentes hídricas del páramo. Este ecosistema es de gran importancia ecológica debido a que le surte agua a 2.5 millón de colombianos en 48 municipios, incluso Bucaramanga.
Para el Comité, un proyecto de esta escala no puede intervenir las áreas adyacentes al páramo sin afectarlo. Además, el Comité afirmó que Minesa pretende construir en zonas que quedan arriba de las bocatomas para el acueducto de Bucaramanga, lo cual es un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Estos hechos se suman a los planes de Minesa de reubicar familias que habitan 161 hectáreas en California y Suratá donde el proyecto plantea intervenir la superficie. Estos hechos serían un desplazamiento forzado, según lo calificó Flores.
Frente a estos, el líder ambientalista manifestó que el Comité está preparando acciones legales y organizativas, incluyendo una protesta en Bucaramanga que se estaría programando para los próximos días.
Autor: Ronald Ordoñez, Noticia Ser.pe Conflicto Relacionado: Yanacocha
El lunes 21 se dio inicio a la mesa de diálogo para tratar el nuevo conflicto entre Minera Yanacocha y el centro poblado de Combayo. Como se sabe, desde hace unos días la población de Combayo empezó a protestar en contra de las operaciones de Yanacocha porque habrían ocasionado la desaparición de varios manantiales y la disminución del caudal del río Azufre.
En la reunión convocada por la prefectura de Cajamarca participaron representantes de Combayo, y de la empresa Yanacocha. También estuvo presente el prefecto regional, Fernando Silva; el consejero regional por Cajamarca, Godofredo Vásquez, así como el alcalde distrital de La Encañada, Lifoncio Vera; asimismo, se informó que se cursaron invitaciones al gobierno regional, a la municipalidad provincial y a los ministerios de Agricultura y de Energía y Minas pero sus representantes no asistieron. Durante el encuentro los representantes de Combayo presentaron su problemática subrayando la disminución del caudal del rio Azufre y la desaparición de manantiales en base a información de años anteriores. En tanto, desde la empresa se argumentó que sus operaciones no han originado tales cambios en las fuentes de agua.
Al culminar el diálogo, el alcalde de Combayo, Humberto Chávez, manifestó que fue una primera reunión en la que han expuesto sus planteamientos, aunque dejó en claro su posición: “No hemos llegado a acuerdos porque es una primera reunión, pero nuestra posición es que tienen que devolver el recurso hídrico a nuestro canal. Se les ha hecho una presentación con documentos”, dijo. El dirigente Ismael Linares dijo que Combayo se mantiene en pie de lucha mientras no se llegue a alguna solución, además de que no aceptarán una mesa de diálogo que tenga un periodo largo de funcionamiento: “En el 2005 dijeron que van a construir reservorios y hasta el día de hoy no hay ningún reservorio. Si quieren construir reservorios para cosechar agua que lo construyan pero para sus operaciones, a nosotros que nos entreguen el agua como nos corresponde”, indicó.
Por su parte, el Superintendente de Relaciones Institucionales de Yanacocha, Luis Chang, manifestó que actualmente existe mayor demanda de agua por la mayor cantidad de personas y que las acusaciones de la población tienen que ser sustentadas técnicamente. No obstante, aseguró que la empresa tiene total disposición para dialogar y apoyar en los estudios técnicos que se requieran, así como facilitar información: “Lo que necesitamos son estructuras de cosecha de agua y para eso debemos unirnos. Si es necesario aclarar el tema de responsabilidades para eso está la autoridad técnica que genere un espacio. Hemos traído la información que sustenta que no hay desaparición de fuentes de agua. Venimos cumpliendo con nuestro EIA, con los permisos sectoriales, con nuestras descargas y no tenemos nada que ocultar”, declaró.
Finalmente, el prefecto Fernando Silva saludó la disposición de ambas partes por dialogar e informó que se ha planteado la realización de un estudio técnico que permita definir responsabilidades, en tal sentido, consideró que las protestas deberían de suspenderse: “Hemos sido testigos que Cajamarca ha tenido muchas protestas pero pocas propuestas”, dijo.
DATO
Se realizará una segunda reunión el jueves 31 de enero en el centro poblado Combayo.
En la jornada de este miércoles, se registró la rotura de una cañería en instalaciones de Codelco Andina hacia el río Blanco, importante afluente del río Aconcagua. Efectivos de la PDI acudieron al lugar a realizar peritajes, al igual que personal del Sernageomin. Mientras tanto, la empresa distribuidora de agua en la zona, Esval, suspendió la utilización de agua del río para consumo humano hasta contar con datos de calidad de agua.
Según indicó La Tercera citando un comunicado de la empresa, la rotura del ducto ocurrió en el kilómetro 15 de su recorrido “Advertidos estos hechos, se activaron los protocoles de emergencia de la empresa: se detuvieron inmediatamente las operaciones de dichas instalaciones hasta no tener la certeza de que pueda operar en condiciones seguras; se informó a las autoridades regionales; las comunidades cercanas y a los regantes de la zona” indicaron.
Debido al derrame a las aguas de este afluente del Aconcagua, ESVAL (Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso) la cual realiza distribución de agua potable además del tratamiento de las aguas servidas en la Región de Valparaíso, indicó que suspendió sus operaciones en la planta de agua potable de Los Andes a la espera de muestreos de calidad de agua en el río. Mientras tanto dispusieron la utilización de fuentes subterráneas y reservas de agua según indicó la gerencia de la empresa, asegurando que el suministros en las comunas de Los Andes, Real Curimón y Calle Larga cumpliría con los parámetros de calidad establecidos por la normativa.
Por seguridad ESVAL suspende captación de agua del Rio Aconcagua, luego que en su afluente rio Blanco está tarde se vertió una cantidad indetermiada de relave minero al romperse cañeria de línea de trasporte de este material en las faenas de División Andina. pic.twitter.com/pTxM7WZU5R
#EsvalInforma ⚠Hemos suspendido preventivamente la producción en nuestra planta de agua potable de Los Andes, debido a derrame de relave minero en río Blanco. Gracias a nuestras reservas, el servicio se mantiene en normalidad y por el momento no habrá corte a nuestros clientes⚠ pic.twitter.com/9o0BjJ4fPk
Efectivos de la Brigada Investigadores de Delitos contra el Medio Ambiente (Bridema) de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladaron al lugar para realizar peritajes.
Además, funcionarios del Sernageomin se reunieron para evaluar la situación en terreno.
El proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Mining, es uno de los proyectos cuya construcción está prevista para iniciar en el primer trimestre de este año 2019. La etapa de construcción se ejecutará en un período de 24 meses y el inicio de la etapa de operación está previsto para fines del primer semestre del 2020.
Sin embargo, este proyecto ha encendido las alertas de diversos sectores, porque se superpone con el túnel trasandino de Marcapomacocha, el mismo que abastece de agua a la ciudad de Lima y sus 10 millones de habitantes.
El proyecto tiene Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en el año 2016, y tiene autorización para el inicio de actividades y permiso de planta de beneficio. Ello, pese a los cuestionamientos de las empresas Sedapal y Enel, que señalan que la ubicación de la poza de relaves de la mina encima del túnel trasandino Cuevas Milloc pone en riesgo el abastecimiento de agua en Lima.
En efecto, el oficio remitido por Sedapal el 24 de mayo del año pasado alerta de un potencial riesgo de escape de los relaves y la probable contaminación del túnel.
Por su parte, el oficio de la empresa Enel del 18 de mayo de 2018 señala claramente que en la zona donde se acumularían los relaves “la geología es de caliza pizarrosa muy fracturada (material permeable y cárstico)” y que “hay una falla geológica muy fracturada por la que se filtra un gran chorro de agua”. Por ello, Enel asegura que debido al proyecto “la geotecnia del túnel podría verse comprometida”.
La empresa eléctrica plantea que “el proyecto debería considerar la impermeabilización de todo el vaso del proyecto para evitar la contaminación, pero ello perjudicaría los aportes naturales de agua que actualmente recibe el túnel”.
Así pues, en cualquier caso el proyecto es riesgoso: de no realizarse la impermeabilización, existe un riesgo latente de contaminación del agua que discurre por el túnel; y si se realiza la impermeabilización, se reducirían los aportes naturales de agua.
La gran pregunta es ¿cómo así un proyecto que involucra la principal fuente de agua de la ciudad más grande del país, logró pasar por todos los procesos de aprobación de un proyecto minero, desde el otorgamiento de la concesión, la aprobación de los estudios ambientales para exploración y finalmente explotación? Una muestra más de la urgencia de ordenar el territorio y contar con un sistema de evaluación ambiental más fuerte.
Pese a los cuestionamientos de Sedapal, quien envió en julio pasado una carta al Minem y al Senace pidiendo mayores análisis técnicos, no ha habido ningún pronunciamiento de las autoridades. Por el contrario, el propio Senace acaba de dar el visto bueno al primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto, mediante el cual se modifican algunos componentes del mismo, pero sin pronunciarse sobre el tema de fondo: el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.
Pese a que este tema fue denunciado por el Observatorio de de Conflictos Mineros en diciembre y fue ampliamente tratado en prensa nacional e internacional, no se conoce de ningún pronunciamiento ni explicación oficial por parte de las autoridades, ni por parte de la empresa titular del proyecto, la candiense Southern Peaks Mining. Este proyecto y los riesgos que entraña debieran ser parte de un amplio debate ciudadano, y debieran llevar a repensar las normas ambientales que han permitido que sea aprobado.
Según Alonso Barros, abogado de la comunidad indígena de Camar, la Superintendencia de Medioambiente no consideró importante argumentos que demostrarían la insuficiencia del Plan presentado por la empresa.
Según análisis realizados por la CORFO, la vegetación del Borde Este del salar de Atacama, sufrió disminuciones significativas de follaje verde, durante el período en el que se cometieron las infracciones.
El 7 de enero, la Superintendencia de Medio Ambiente, la autoridad chilena encargada de fiscalizar los permisos ambientales, aprobó el Plan de Cumplimiento (PDC) presentado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile Soquimich S.A (SQM), que busca compensar las infracciones ambientales que derivaron en un proceso sancionatorio en su contra. La empresa, que desde 1993, explota las reservas de litio en el salar de Atacama, al norte de Chile, había modificado, sin autorización, las variables que permiten la activación del Plan de Contingencia destinado a prevenir impactos ambientales producto de las actividades extractivas.
A esta infracción, considerada gravísima por la autoridad ambiental, se suman otras cinco entre las que destacan la extracción de salmuera por sobre lo permitido y la afectación progresiva de algarrobos, uno de los pocos árboles que sobreviven a las inclemencias del desierto.
El Plan de Cumplimiento fue criticado por representantes de las comunidades indígenas, por científicos expertos en el estudio de ecosistemas del desierto, por Albermarle, otra empresa minera que opera en el salar y por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), la agencia de gobierno con la que SQM tiene el contrato para la explotación del litio. Sin embargo, cada uno de los argumentos presentados en contra del Plan de Cumplimiento fueron desestimados por la autoridad ambiental. Dicho plan fue aprobado y el proceso sancionatorio en contra de SQM detenido.
Alonso Barros, abogado representante de la comunidad indígena de Camar, aseguró a Mongabay Latam que apelarán ante la justicia.
La fragilidad del salar y las infracciones ambientales de SQM
El salar de Atacama, ubicado en el desierto que lleva el mismo nombre y el más seco del mundo, constituye un frágil sistema ecológico conformado por su área núcleo y por una serie de lagunas de agua dulce y bofedales que lo rodean.
Son los sistemas lacustres Soncor, Aguas de Quelana y Peine, declaradas sitio Ramsar, por ser hábitat de variadas aves acuáticas y el centro reproductivo de flamencos más importante del mundo. El flamenco Andino, el Chileno y el James son las tres especies que habitan este lugar estando el primero vulnerable y los otros dos cercanos a la amenaza, según la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El sistema de vegetación Borde Este, que bordea el extremo oriente del salar, constituye la zona más sensible al recepcionar las aguas subterráneas y superficiales que vienen desde la Cordillera de los Andes y que confluyen en la cuenca del salar.
Es así como 18 comunidades indígenas han podido habitar, desde hace 6 mil años, esta zona del desierto, beneficiándose de los bofedales y de los acuíferos para el pastoreo de camélidos y el desarrollo de la agricultura.
SQM extrae, desde el núcleo del salar, 1700 lts/s de salmuera, agua con sal, rica en litio. A partir de ella obtiene sulfato de potasio, ácido bórico y cloruro de potasio. La producción de este último producto requiere de agua dulce por lo que SQM tiene, también, derechos de aprovechamiento de agua sobre cinco pozos en los bordes del salar.
Las aguas dulces de los sistemas lagunares y las salobres del salar interactúan por canales subterráneos conformando un mismo sistema hidrológico. Es por ello que “las extracciones de salmuera desde el salar pueden afectar las lagunas”, asegura Ingrid Garcés, investigadora de la Universidad de Antofagasta y doctora en ciencias geológicas.
Para evitar cualquier impacto ambiental, derivado de la operaciones de SQM, elpermiso con el que opera la empresa está sujeto a una serie de medidas, entre las que destaca la implementación de un Plan de Contingencia. Este, se activa cuando el nivel de las lagunas que bordean el salar alcanza cierto umbral. Para ello, el permiso otorgado a la empresa establece pozos de monitoreo y reglillas de observación para los sistemas Aguas de Quelana, Soncor, Peine y el sistema vegetación Borde Este. Cuando el umbral de dichos pozos llega al mínimo histórico registrado, se activa una alerta temprana para aumentar la frecuencia de monitoreo, a fin de anticipar un potencial efecto. En una segunda fase, se reduce el caudal de bombeo de salmuera y/o de agua dulce, según corresponda.
Pero en noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente inició un proceso sancionatorio en contra de SQM por haber, entre otras cosas, modificado sin autorización los niveles de activación del Plan de Contingencia. Según detalla el documento, se modificaron los pozos a monitorear, las cotas de terreno de los pozos de monitoreo y se alteraron los umbrales de activación de los niveles del Plan de Contingencia.
Además, el documento detalla que la empresa retiró dos pozos de monitoreo. Es decir, desactivó los indicadores de alerta.
Otras cinco infracciones ambientales fueron cometidas por la empresa. Entre ellas, se cuenta la extracción de salmuera por sobre lo autorizado, entre agosto del 2013 y agosto del 2015. La “afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos —uno de los pocos árboles que sobreviven a las extremas condiciones del desierto— sin suspender la operación del proyecto, ni alertar a las autoridades desde el año 2013 a la fecha”. Además, se le acusó de entregar información incompleta respecto a la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales, “lo que no permite contar con información de control trazable que permita una verificación de las variables” señala el documento de la Superintendencia.
El Plan de Cumplimiento
Para dar respuesta al proceso sancionatorio, SQM presentó a la Superintendencia de Medioambiente un plan de cumplimiento que busca reivindicar cada una de las infracciones y comprometerse a cumplir con el permiso que le fue otorgado.
Representantes legales de la comunidades indígenas y científicos manifestaron desde un principio sus reparos al plan de cumplimiento. Ello, debido principalmente a que la empresa, si bien reconoce las infracciones, niega que estas hayan podido provocar un efecto negativo al medioambiente.
La bióloga ambiental Carolina Díaz, gerente general de la consultora Amakaik, que se encuentra desarrollando un modelo ecológico para el Salar de Atacama, señala que “un programa de cumplimiento, que niega la responsabilidad de generar impacto producto de las infracciones, no puede ser un buen programa. Esto, dado que desconoce si las medidas propuestas serán realmente efectivas, ya que los impactos no están bien identificados y mucho menos están cuantificados.”
Para demostrar que la manipulación de las variables del Plan de Contingencia no produjeron impactos en el medioambiente, la empresa realizó una evaluación retrospectiva de los niveles del acuífero, medidos mensualmente, desde el inicio del proyecto. Estos fueron comparados con los umbrales definidos en el permiso ambiental, sin las modificaciones que luego fueron objetos de cargos. El resultado fue que “en ninguno de los tres pozos de monitoreo se detectó un registro de nivel bajo el valor del umbral”. Esto habría sido corroborado por la Dirección General de Aguas (DGA) quien realizó también un análisis, aunque a partir de los datos entregados por SQM.
Para los opositores al Plan de Cumplimiento, la propuesta de la empresa no es válida por tener una “estructura circular”. Es decir, que para descartar los efectos negativos de las infracciones, se utilizaron antecedentes que están cuestionados debido a la alteración de los datos y reportes de información incompleta.
La autoridad ambiental, sin embargo, consideró que el anterior argumento no se encuentra fundado puesto que en los análisis, tanto de la empresa como de la DGA, “se han utilizado los umbrales e indicadores de estado vigentes para el proyecto de SQM y no aquellos modificados sin autorización ambiental”.
En opinión de CORFO y las comunidades indígenas, lo anterior no bastaría para asegurar la fidelidad del análisis. “Se debiera contar con datos independientes, no procesados por la empresa, ya que (la información) carece de imparcialidad y perpetúa la situación actual en la empresa”. La autoridad sin embargo, también desestimó dicho argumento asegurando que “esta aseveración no puede ser compartida, en la medida que, pese a la comisión de infracción, la empresa continúa estando a cargo de la gestión ambiental de su proyecto y sigue siendo la responsable de informar a la autoridad de las condiciones ambientales”.
La bióloga Carolina Díaz puntualiza que, en efecto, “si bien es muy probable que la empresa esté provocando daños, los estudios los tienen ellos y una cosa es la opinión y otra es la prueba”.
Cada uno de los argumentos presentados en el intento de demostrar la insuficiencia del Plan de Cumplimiento fueron desestimados por la Superintendencia de Medioambiente. En opinión de Alonso Barros, dicha autoridad ambiental no consideró importantes argumentos que demostrarían la insuficiencia del Plan. Entre ellos, la afectación a los flamencos y el desecamiento del Borde Este del Salar.
Los hallazgos
Con el objetivo de confirmar si es que efectivamente, durante el período en el que se cometieron las infracciones ambientales, no hubo afectación al medioambiente, tal como asegura SQM, la CORFO realizó un análisis paralelo.
El resultado, según indica el alegato de la comunidad de Camar, fue que en la vegetación del Borde Este del Salar de Atacama, se observaron disminuciones significativas de follaje verde. “La relevancias de estas pruebas aportadas por CORFO, permiten constatar (…) lo que, en definitiva, corresponde al efecto negativo no deseado”, señala el documento. Alonso Barros asegura que se trata del mayor impacto visible en el salar, pero que este argumento técnico no fue considerado por la Superintendencia de Medioambiente a cargo del proceso sancionatorio.
Por otro lado, la CORFO analizó las poblaciones de flamencos e identificó aumentos del flamenco andino en el sector de Soncor, mientras que el flamenco chileno presentó “disminuciones llamativas en Aguas de Quelana”. Según señalan las alegaciones judiciales, levantadas por la comunidad indígena de Camar, la empresa no se hace cargo del impacto en la distribución de las especies producto de la creciente fragmentación del sistema de lagunas y “la gravísima desaparición de los canales y ríos que las unía previamente”. “La mejor prueba de ello, es que ahora la base alimenticia del conjunto de las lagunas está empezando a cambiar, de tal modo, que donde antes convivían especies diferentes, hoy las lagunas se han “especializado” con grave afectación a las interacciones biodiversas históricas y con consecuencias insospechadas”. Por último, agrega que la gravedad se acentúa no solo por tratarse de especies vulnerables sino de especies tope en la cadena trófica de los sistemas lacustres del salar de Atacama.
Ingrid Garcés, asegura que el salar “evidentemente está siendo mal intervenido, especialmente en la zona este, donde hay áreas que simplemente se secaron”. Además dice estar sorprendida puesto que “no pensamos que el Plan de Cumplimiento iba a ser aprobado”.
La experta explica que, durante el proceso productivo de la empresa, parte de la salmuera extraída es reinyectada al sistema. Sin embargo, “es una salmuera que no tiene las mismas condiciones” puesto que de ella fue extraído el litio que la empresa requiere. La reinyección de salmuera podría estar así alterando el ecosistema del salar puesto que los microorganismos que viven en él, lo hacen de acuerdo a ciertas condiciones, explica Garcés. “La empresa dice que la reinyección de salmuera no tiene ningún impacto, pero no existe ningún estudio científico que lo demuestre”, agrega.
Las comunidades indígenas aseguran que el salar continúa degradándose y que cada vez está más seco. Impotentes, lo que ellos perciben, no encuentra eco en los estudios a cargo de la empresa. Los científicos y representantes indígenas que buscan demostrar técnicamente los impactos de la industria minera en el salar, deberán continuar sus alegatos. Alonso Barros asegura que la comunidad de Camar apelará la decisión de la Superintendencia de Medioambiente y que Albemarle también lo hará.
La congresista de la República, Maria Elena Foronda Farro, demandó al Ministerio de Energía y Minas que intervenga urgentemente sobre la contaminación minera en la región Áncash, que viene afectando principalmente las cabeceras de las cuencas.
“Áncash ocupa el segundo lugar en pasivos mineros a nivel nacional, pero urge proteger las cabeceras de las cuencas, principalmente las cabeceras de cuencas de Nepeña, Casma y Santa”, pronunció.
Foronda denunció que viene desde hace cinco meses atrás exigiendo al Ministerio de Energía y Minas que las empresas remedien la contaminación que ocasionan en diferentes zonas de la región Áncash.
“Las empresas tienen que dejar el paisaje tal y como lo encontraron, aunque el mayor pasivo minero lo ocasiona la pequeña y mediana minería. En el distrito de Moro de la provincia del Santa hace poco sus autoridades denunciaron que el agua que consume la población está conminada producto de la minería”, señaló.
La parlamentaria ancashina recordó que Antamina durante sus operaciones ha ocasionado dos derrames mineros, uno de ellos en el distrito de San Marcos, “aunque se ha informado también de otro derrame en Pativilca, pero lo cierto es que nunca se establecen sanciones ejemplares y eso no es lo correcto. Ojalá que, con las nuevas autoridades, sobre todo regionales, podamos realizar una defensa cerrada de nuestro medio ambiente y protección total a las cabeceras de cuencas”.
Cabe indicar que la minería viene teniendo un impacto ambiental crónico en Áncash por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y la destrucción irreversible de los ecosistemas.
El auditorio del Instituto Froylán Turcios, en Tocoa, Colón resultó insuficiente para albergar a centenares de ciudadanos y ciudadanas que desde muy tempranas horas del pasado domingo atendieron el llamado realizado por el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. “La Cumbre en Defensa del agua” inició con una caminata donde las comunidades al grito de “toda mina contamina”, se preparaban para dejar clara una vez más su posición contra los proyectos extractivistas y mineros.
La cumbre, fue el escenario para tomar decisiones en torno al derecho al agua. Las organizaciones plantearon tres propuestas para continuar con la lucha por declarar el municipio libre de explotación minera: Presentar la propuesta al Congreso Nacional, realizar un plebiscito municipal, y por último seguir con la exigencia de un cabildo abierto.
Pedro Landa, ambientalista y miembro del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, explicó que en el caso del plebiscito la Constitución de la República en su artículo 5 señala que se realizará en caso que ninguno de los poderes establecidos se haya pronunciado. Y en el tema de las concesiones en el sector Guapinol, el Congreso, Mi Ambiente y el gobierno local se pronunciaron al momento de otorgar la concesión.
“Por favor señores de la Corporación municipal, no engañen al pueblo. Esa propuesta para plebiscito municipal que ustedes realizaron meses atrás, es únicamente para cumplir un requisito y después decir que es improcedente porque ya la Constitución dice que no aplica. Aquí lo que cabe es el cabildo abierto y por eso se ha venido exigiendo”, expresó el ambientalista.
Cabildo Abierto: el camino
Para Juan López, líder social y miembro del Comité Ambientalista por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, es cuestión de lógica, si ya hay una víctima por los impactos de una empresa ¿para qué se le va a preguntar a la víctima si quiere más golpes?
La situación se mueve entre la ley y la justicia. La ley producto de la corrupción administrativa, lleva a un estado de violencia en espiral. La honestidad o la corrupción se mueven en el campo de la subjetividad humana y se expresa en el campo de la objetividad administrativa donde mueren principios que debieran ser las columnas indestructibles de la moral nueva.
Juan López cree que la asamblea del domingo es una expresión del crecimiento político de la gente en relación a los bienes que hacen posible la vida. El pueblo poco a poco va abriendo los ojos y conociendo mejor. “El agua es fuente de la felicidad, por eso las comunidades no pueden renunciar a ser felices asumiendo con valentía los retos de cambiar patrones culturales productivos para mantener el equilibrio ecológico y ambiental.”, puntualiza.
Esly Banegas, representante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, Copa, expresa que la decisión de la población es clara, ahora toca a las autoridades municipales decidir si acatan el mandato del soberano.
En ese sentido, señala que si las autoridades siguen en su negativa de no escuchar a las comunidades, seguirán con las acciones legales hasta logar el objetivo de prohibir los proyectos extractivistas en el municipio.
Guapinol, sinónimo de criminalización contra luchadores
El 13 de septiembre de 2018, un Tribunal nacional emitió 18 órdenes de captura en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio del Bajo Aguán, bajo delitos de “usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares””. Esta medida se acompañó de una orden de desalojo del Campamento por la Vida. Estas medidas suelen ser aplicadas a delitos de alta peligrosidad como crimen organizado o en caso de maras, y resulta totalmente desproporcionado y escandaloso aplicarlas a personas defensoras de derechos humanos.
Son más de 3 mil 500 hectáreas las que están destinadas para la explotación minera en Tocoa, Colón. Sólo donde se ubica el campamento de Guapinol, el Estado concedió 200 hectáreas, abarcando a más de 14 comunidades del Sector San Pedro y La Ceibita.
La ciencia moderna reconoce la vida en el ser humano mientras respira el cuerpo, late el corazón, circula la sangre o impulsa las neuronas. Sin embargo, el agua (femenino en la cosmovisión andina), aire, tierra, fuego y otros elementos que generan vida al ser humano o cualquier se biótico, ignora y refuta su vida propia, una expresión más del colonialismo epistemológico.
La ciencia moderna reconoce la vida en el ser humano mientras respira el cuerpo, late el corazón, circula la sangre o impulsa las neuronas. Sin embargo, el agua (femenino en la cosmovisión andina), aire, tierra, fuego y otros elementos que generan vida al ser humano o cualquier se biótico, ignora y refuta su vida propia, una expresión más del colonialismo epistemológico.
El agua que está presente en la sangre, pulmones, ojos, paladar, músculos, riñones cerebro (755 de agua), es la misma agua viva y presente en los manantiales, vertientes, ríos lagos y océanos, proporcionalmente es la misma cantidad de agua que circula en el cuerpo humano, la que circula en el planeta azul.
La epistemología colonial, arrogante adoctrina desde la escuela, obligando a repetir irreflexivamente que el agua es apenas un par de moléculas de hidrógeno y una de oxígeno representada en una fórmila HO. Y no queda ahí el conocimiento colonial, enseña que el agua es incoloro, inodora, insípeda…
Según la cosmovisión de los pueblos originarios de Abya Yala, el agua es vida y dadora de vida que viene de las entrañas de la madre tierra, como las venas que circulan en el cuerpo humano. Sus vertientes, acuíferos, quebradas, ríos, lagunas y mares son fuentes de vida es nuestra madre, nuestra matriz biótica, allí se perfiló y fecundó nuestra vida.
La contaminación minera es desbastadora para el agua. El agua termina por ser inutilizable para el consumo humano y para la agricultura. Siempre se produce una contaminación a gran escala de aguas superficiales y subterráneas por drenaje ácido de roca y con sustancias tóxicas incluyendo metales pesados como el arsénico plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio, e incluso sustancias radiactivas.
El extractivismo resultante, no es un destino, es una opción política y civilizatoria que reconfigura negativamente los territorios, economías y genera una nueva dependencia, cada vez exportamos más materias primas y avanzamos en el proceso de reprimerización, concentración y extranjerización de nuestras tierras.
Hay que estar claros que la explotación minera mediante concesiones del anterior y actual gobierno, a empresas transnacionales mineras chinas, a más de poner en riesgo la vida de los defensores del agua, constituye una verdadera amenaza que acabará con las fuentes de agua, ríos, lagunas, páramos, aguas friáticas y humedales, en las zonas de alta biodiversidad, en zonas donde la vida de las comunidades está en riesgo con vestigios patrimoniales arqueológicos.
La minería es la segunda industria más contaminante del planeta, que trae megaimpactos, ecocidio y no habrá dinero que alcance para la remediación, porque después que se va la compañía minera, deja huellas imborrables, que le toma a la madre naturaleza, cientos y a veces miles de años, para remediar mientras tanto esas aguas están envenenadas y el espacio queda muerto.
El país ha sido entregado a las corporaciones chinas que están copando todas las áreas estratégicas de la economía nacional, los gobiernos se ha comprometido hasta el 2024, a cambio de préstamos con exorbitantes intereses a la banca chulquera china, que nos ha puesto en una situación de colonia dependiente del capital financiero asiático.
En este sentido, los campesinos que habitan en los sectores mineros han manifestado su irrevocable decisión de continuar en la resistencia a la invasión minera anunciando el desarrollo de acciones , como la “Marcha Nacional por el Agua y la Vida”. Y están dispuestos a defenderla, aún con su propia vida.
El derecho a la resistencia, en defensa del agua y la vida, no es una dádiva ni concesión de nadie. La resistencia nace con la vida y muere solo con quien no se atreve a resistir, así la resistencia no muere, solo trasciende.
Es un derecho connatural, es inalienable, irrenunciable, innegociable, indivisible y universal. Ningún ser humano puede limitar o peor privar a otro ser humano al goce y ejercicio pleno, como tampoco, ninguna persona puede prescindir y por extensión, tampoco pertenece solo al ser humano sino a toda epifanía de vida.
En una sociedad de dominio colonial, la resistencia es el antídoto. Por ello resiste y la resistencia nos hará libres.
Otro proceso se suma a los comicios seccionales y a la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El próximo 24 de marzo del 2019, tres parroquias del cantón Girón, en Azuay, deberán pronunciarse en torno a las actividades mineras en el Sistema Hidrológico Quimsacocha.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que 15 363 electores recibirán una papeleta adicional el día de las votaciones. José Cabrera, consejero del organismo electoral, aseguró este martes, 22 de enero del 2019, que el plebiscito se realizará en seis recintos electorales.
Un total de 46 Juntas Receptoras del Voto del cantón azuayo entregarán una papeleta más a los votantes, con la siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha?
El proceso de consulta se inició en agosto del 2015, cuando el CNE calificó 1 571 firmas presentadas por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón. Posteriormente, el proceso pasó a la Corte Constitucional (CC), entidad que debía dar el dictamen de constitucionalidad, pero no se pronunció al respecto durante tres años.
El 19 de noviembre del 2018, el entonces CNE transitorio aprobó un informe de recomendación, para que se realice el plebiscito. Desde entonces, representantes del sistema comunitario acudieron varias veces al pleno del organismo electoral para que se concrete la consulta popular. En Quimsacocha se concesionó el proyecto minero Loma Larga, a la firma canadiense INV Metales. Tras la exploración, se halló un cuerpo mineral de oro, plata y cobre.
El viernes 18 de enero del presente año, tal como estaba programado bajo acta, se llevó a cabo la reunión entre la comunidad de Fuerabamba, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el congresista Edgar Ochoa Pezo, la Defensoría del Pueblo y representantes de la empresa minera MMG Las Bambas, esta reunión se desarrolló en el asentamiento de Yavi Yavi, provincia de Chumbivilcas.
El primer inconveniente de la reunión se dio porque la Policía Nacional del Perú (PNP) no permitió que la sesión se realice en un auditorio, alegando que había riesgo de secuestro y que esta reunión debía darse en un espacio abierto y con la vigilancia de los efectivos policiales; el rechazo a esta medida por parte de los dirigentes y del congresista Edgar Ochoa no dio frutos, así que la reunión se realizó de manera precaria al aire libre, rodeados por policías, entre granizo y lluvias. Estas circunstancias evidenciaron el Estado de Emergencia por la que atraviesa la zona del corredor minero.
Ante los imprevistos la reunión inició a las 11:30 a.m., el Director General de Asuntos Socio Ambientales del MTC, Pastor Paredes indicó que no habían conseguido información y/o expedientes sobre la construcción de la vía que atraviesa el Fundo Yavi Yavi, y que no podían determinar responsabilidad. Pastor mostró unos mapas satelitales del 2009 donde no existía la vía en comparación a otra del 2012 donde ya aparecía dicha carretera.
El presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas, mostró su rechazo a la posición del MTC indicando que el objetivo de esta reunión era determinar la responsabilidad de quién construyó la vía que atraviesa su comunidad y por donde -diariamente- circulan alrededor de 400 vehículos encapsulados transportando concentrado de cobre. Rojas fue enfático en señalar que dicha vía fue construida por la empresa minera Xtrata, quién dio posesión a Glencore, y seguidamente a MMG Las Bambas.
Esta discusión se da porque, tal como especifica la ley, quién construye la carretera es la responsable de ver el derecho de servidumbre hacia la comunidad y el pago de la expropiación de terrenos. El MTC ha planteado que va asumir el pago a la comunidad por sus terrenos, a pesar que ese monto debería ser asumida por la empresa minera.
Al ser la discusión central, se decidió convocar una nueva reunión de diálogo el miércoles 30 de enero, el representante de la empresa minera MMG Las Bambas, Marco Santos, junto con otros tres funcionarios, se comprometieron a traer la documentación donde demuestran que ellos nos son los responsables de la vía, de la misma forma la comunidad presentará todas las pruebas que tienen a la mano, como intermediario estará la PCM y el MTC.
Por último, el congresista Edgar Ochoa ratificó –otra vez- su pedido de levantamiento del Estado de Emergencia en la zona del corredor minero, por atentar los derechos de las comunidades campesinas de la zona y se comprometió a seguir acompañando este proceso de diálogo.
A pesar de protestas de las comunidades locales, la empresa árabe Sociedad Minera de Santander (Minesa) presentó el 17 de enero una nueva solicitud de licenciamiento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el proyecto de extracción de oro, Soto Norte, en las montañas adyacentes del Páramo de Santurbán, en Santander.
El lunes 21 se dio inicio a la mesa de diálogo para tratar el nuevo conflicto entre Minera Yanacocha y el centro poblado de Combayo. Como se sabe, desde hace unos días la población de Combayo empezó a protestar en contra de las operaciones de Yanacocha porque habrían ocasionado la desaparición de varios manantiales y la disminución del caudal del río Azufre.
En la jornada de este miércoles, se registró la rotura de una cañería en instalaciones de Codelco Andina hacia el río Blanco, importante afluente del río Aconcagua. Efectivos de la PDI acudieron al lugar a realizar peritajes, al igual que personal del Sernageomin. Mientras tanto, la empresa distribuidora de agua en la zona, Esval, suspendió la utilización de agua del río para consumo humano hasta contar con datos de calidad de agua. 
El proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Mining, es uno de los proyectos cuya construcción está prevista para iniciar en el primer trimestre de este año 2019. La etapa de construcción se ejecutará en un período de 24 meses y el inicio de la etapa de operación está previsto para fines del primer semestre del 2020.
El 7 de enero, la Superintendencia de Medio Ambiente, la autoridad chilena encargada de fiscalizar los permisos ambientales, aprobó el Plan de Cumplimiento (PDC) presentado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile Soquimich S.A (SQM), que busca compensar las infracciones ambientales que derivaron en un proceso sancionatorio en su contra. La empresa, que desde 1993, explota las reservas de litio en el salar de Atacama, al norte de Chile, había modificado, sin autorización, las variables que permiten la activación del Plan de Contingencia destinado a prevenir impactos ambientales producto de las actividades extractivas.
La congresista de la República, 
El auditorio del Instituto Froylán Turcios, en Tocoa, Colón resultó insuficiente para albergar a centenares de ciudadanos y ciudadanas que desde muy tempranas horas del pasado domingo atendieron el llamado realizado por el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. “La Cumbre en Defensa del agua” inició con una caminata donde las comunidades al grito de “toda mina contamina”, se preparaban para dejar clara una vez más su posición contra los proyectos extractivistas y mineros.
La ciencia moderna reconoce la vida en el ser humano mientras respira el cuerpo, late el corazón, circula la sangre o impulsa las neuronas. Sin embargo, el agua (femenino en la cosmovisión andina), aire, tierra, fuego y otros elementos que generan vida al ser humano o cualquier se biótico, ignora y refuta su vida propia, una expresión más del colonialismo epistemológico.
Otro proceso se suma a los comicios seccionales y a la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El viernes 18 de enero del presente año, tal como estaba programado bajo acta, se llevó a cabo la reunión entre la comunidad de Fuerabamba, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el congresista Edgar Ochoa Pezo, la Defensoría del Pueblo y representantes de la empresa minera MMG Las Bambas, esta reunión se desarrolló en el asentamiento de Yavi Yavi, provincia de Chumbivilcas.