Mexico

Concejales de Iztapalapa evalúan cierre de minas; afectan a vecinos

 

Una añeja actividad que se efectúa en volcanes y cerros de la demarcación, y ante las múltiples quejas de los colonos que viven cerca, la alcaldía solicitó a varias dependencias revisar el impacto ambiental y de extracción de tres empresas.

Ante los daños ambientales, urbanos y el impacto negativo en la salud de los habitantes de Iztapalapa por la actividad minera que realizan al menos tres empresas en el oriente de la capital, el concejo de la alcaldía solicitará al Gobierno local la suspensión total de las actividades de extracción de materiales pétreos en las minas de esa demarcación.

Durante la sesión de ayer, el concejo trató el tema de las quejas de vecinos afectados por las polvaredas, entre otras causas originadas por la sobrexplotación que realizan particulares de los bancos de material pétreo en los volcanes Yuhualixqui, Xaltepec y Tetecón.

Los concejales coincidieron en que los trabajos deben controlarse, además de verificar los permisos, convenios y licencias para la explotación que realizan de los yacimientos con el propósito de mejorar la calidad ambiental y de vida del entorno urbano.

Ante la afectación de vecinos de colonias aledañas a la zona, se acordó por unanimidad entregar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la solicitud, porque tiene atribuciones para autorizar y vigilar la explotación de yacimientos de arena, cantera, tepetate, piedra y arcilla, así como revocar las autorizaciones si no se cumple con la normatividad.

En el documento que se entregará a la dependencia local requieren presentar un informe detallado de todas las licencias emitidas para explotación de yacimientos en Iztapalapa, verificar que los titulares de esos permisos cuenten con la manifestación de impacto ambiental autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México.

También se debe incluir que las minas, yacimientos o bancos de materiales cumplan con la franja de protección de 40 metros de ancho como mínimo en la zona de explotación de cada uno de los sitios autorizados.

También se pide revisar el cumplimiento del proyecto de explotación de las minas autorizadas en Iztapalapa para conocer si el volumen de material que se extrae cada año es el autorizado, así como la forma en que se reincorporan al entorno urbano las áreas donde concluye la extracción.

El concejo de la alcaldía también solicitará al Instituto de Verificación Administrativa se coordine con la Dirección General Jurídica de la demarcación y se realicen las visitas de verificación administrativa en las materias que correspondan al ámbito de su competencia.

Con la medida acordada por unanimidad en la sesión, los concejales de esa alcaldía buscan revertir el deterioro ambiental y el impacto en la salud de la población.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/03/concejales-de-iztapalapa-evaluan-cierre-de-minas-afectan-a-vecinos/

Internacional

Empieza la era de la minería submarina a gran profundidad

La humanidad necesita metales para las nuevas tecnologías, como el cobalto o el telurio, y la posibilidad de que haya grandes yacimientos bajo el mar ha impulsado la minería submarina.

El científico del Instituto Geológico y Minero de España, Javier González, nos explica que la Unión Europea está impulsando prospecciones para estudiar la existencia de depósitos de mineral en los mares europeos. Advierte que la minería submarina puede suponer un riesgo para el medio ambiente, y que por eso se están arbitrando todas las medidas protectoras posibles.

Y nos confirma que, ahora mismo, en Nueva Zelanda va a comenzar la explotación de una mina a 1.600 metros de profundidad bajo el mar, un proyecto pionero y que tiene muy pendientes tanto a la comunidad científica como a las organizaciones medioambientales.

 

Fuente:https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6214976/empieza-era-mineria-submarina-gran-profundidad-/

Honduras

Declaran sobreseimiento definitivo a favor de ambientalistas de Guapinol

La madrugada de este lunes 04 de marzo, el juez de jurisdicción nacional, Víctor Méndez, resolvió decretar sobreseimiento definitivo para los 12 ambientalistas que defienden los ríos San Pedro y Guapinol de la amenaza que representa el proyecto minero Inversiones Los Pinares.

 

El Ministerio Público y la acusación privada trataron a toda costa de deslegitimar la defensa de la vida y el derecho al agua, a través de los delitos de robo, privación injusta de la libertad, incendio agravado y asociación ilícita en perjuicio de Inversiones Los Pinares y la seguridad interior del Estado hondureño.

Sin embargo, el juez Víctor Méndez consideró que la Fiscalía y la acusación privada no presentaron medios que evidenciarán la participación de los defensores y defensoras en los delitos imputados.

En ese sentido, el abogado Edy Tábora, integrante de la defensa técnica de los ambientalistas, señala que el Ministerio Público ha actuado arbitrariamente, por tanto, demuestra que basa sus requerimientos fiscales en el derecho penal del enemigo y se convierte en instrumento de criminalización en contra de las personas que defienden derechos fundamentales.

Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, comenta que la resolución y la libertad absoluta para los 12 defensores y defensoras del agua demuestran que hay una leve esperanza de justicia para todos los luchadores sociales.

Esquivel deja claro que el objetivo de las comunidades es declarar el municipio de Tocoa, departamento de Colón, libre de minería y lograr la cancelación de los proyectos que ya están instalados en la zona.

Por su parte, Kevin Esquivel, en medio de la alegría que provocó la decisión del juez, manifiesta que lograron darle a conocer al pueblo hondureño que la lucha de su padre, Eugenio Esquivel, y los demás ambientalistas es justa, una lucha que seguirán y nadie la detendrá.

En representación de la delegación estadounidense, que estuvo observando el proceso contra los ambientalistas, Claire White, asociada de las Hermanas de San José en Boston, expresó que el caso de Guapinol demostró cómo deberían de ser las defensas ante la pobreza del Ministerio Público.

Para el sacerdote jesuita, Gregorio Vásquez, a través de la justicia para los ambientalistas de Guapinol es un signo de esperanzas para otras comunidades como Reitoca, Pajuiles y Azacualpa en las que los defensores están criminalizados por defender los bienes naturales.

Apunta que las comunidades deben de seguir luchando de manera organizada, firme y pacífica para ´defender la casa común.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/declaran-sobreseimiento-definitivo-a-favor-de-ambientalistas-de-guapinol/

Perú

Envenenan más de mil truchas de la familia de Máxima Acuña

La familia de Máxima Acuña amaneció frente a una tragedia: más de mil truchas flotaban muertas en sus criaderos, luego de haber sido envenenadas.

Según información que pudo alcanzar la ONG dedicada a la reserva del medio ambiente y defensa de los derechos de las comunidades campesinas, Grufides, la familia sospecha que se trataría de otro acto de hostigamiento en su contra.

“Solo han muerto las truchas que se hallaban en la segunda poza, pero no corrió la misma suerte la otra poza, pese a que ambas se alimentan de la misma fuente de agua”, sostiene Grufides en su comunicado.

Según la versión de la familia, la única persona que se encontraba en la vivienda era la esposa de Daniel Chaupe Acuña, Maribel Gil. La señora se ausentó por unas horas para hacer pastar a sus animales y al regresar encontró a sus truchas muertas botando un líquido por la boca.

“Denuncio públicamente por contaminación ambiental de agua (…) Hoy amaneció mis truchas muertas más de mil truchas. Que caiga todo el peso de la ley contra quienes sean responsables”, dice Daniel Chaupe Acuña, hijo de Máxima, quien ya denunció los hechos ante la Comisaría de Sorochuco, en Cajamarca.

Como se recuerda, anteriormente la familia Chaupe Acuña ha sido víctima de hostigamiento. Por ejemplo, en abril de 2016, Máxima Acuña responsabilizó a la minera Yanacocha de los disparos contra su vivienda. Y es que como es de conocimiento público, Acuña le ganó un juicio a Yanacocha para defender su terreno, el cual quería ser usurpado por la minera.

En setiembre de ese mismo año la familia también denunció que fueron agredidos por trabajadores mineros cuando les increparon haber ingresado a su terreno sin autorización. Así mismo, en diferentes oportunidades se han quejado que desde la sede de la minera los vigilan 24 horas a través de cámaras instaladas a pocos metros de su vivienda.

 

Fuente:https://wayka.pe/envenenan-mas-de-mil-truchas-de-la-familia-de-maxima-acuna/

Brasil

Brumadinho: histórica decisión judicial a favor de los afectados por la tragedia

El 20 de febrero la Justicia brasileña ordenó a la empresa Vale S.A que por 12 meses entregue un sueldo mínimo a cada afectado en la tragedia de Brumadinho y 400 reales (108 dólares) a los 50.000 habitantes del lugar. Sputnik habló con Tchenna Maso, del Movimiento de Afectados por Represas en Brasil (MAB), sobre el impacto de la histórica decisión.

El 25 de enero se rompió una represa de residuos mineros en Brumadinho en el estado brasileño de Minas Gerais, generando una avalancha de lodo tóxico que arrasó la zona. Hasta el momento hay 179 muertos, y 134 personas desaparecidas. El daño ambiental aún no se ha estimado.

La decisión judicial «es importante porque el juez ha sido bastante duro con Vale. (…) Por primera vez en la historia se reconoce que toda la gente que vive en la ciudad fue afectada» y se estipulan acciones judiciales en un período corto de tiempo, señaló Maso a Sputnik.En Brumadinho, «hay mucha gente que perdió los cultivos, que no tiene trabajo, que tiene problemas de movilidad y todo eso impacta en la renta de la familia». Por eso, la manutención estipulada por el juez «permite tener un sueldo mensual que le da condiciones a la gente para seguir sobreviviendo (…) y discutir un proceso de reparación que es bastante largo», explicó Maso.

Antes del 20 de febrero, entre el MAB y Vale habían mantenido cinco reuniones previas para coordinar las medidas de emergencia que la empresa iba a tomar para resarcir a los damnificados de Brumadinho, pero se habían negado a brindar subsidios económicos por los daños causados  y solo ofrecían «donaciones».

El acuerdo judicial de Brumadinho estipula además una asesoría técnica independiente de la empresa para identificar quiénes están en situación de emergencia.

El accidente de Brumadinho ocurrió tres años después de la rotura de un dique en Mariana, también en Minas Gerais y también propiedad de Vale, que dejó 19 muertos y fue considerada como la peor catástrofe ambiental de la historia de Brasil.

La comunidad de Mariana aún está buscando que Vale se responsabilice de lo sucedido, pero no ha logrado un acuerdo judicial similar al de Brumadinho.

«Han pasado tres años y no hemos tenido asesoría técnica, hay gente que no ha tenido acceso al sueldo mensual, a la manutención, y las comunidades tienen necesidades muy concretas: agua, comida», agregó.

El Gobierno de Jair Bolsonaro anunció la fiscalización de las 3.386 presas a lo largo de Brasil, de las cuales por lo menos un tercio han sido clasificadas como de alto riesgo.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201902281085774086-tragedia-en-brumadinho-rotura-represa-acuerdo-judicial-brasil/

Chile

Parque Patagonia para la minería: Fake news del gobierno de Piñera en caída libre

Y definitivamente el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, tuvo este lunes que enfrentarse por segunda vez a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para explayarse sobre la modificación a los límites del Parque Patagonia.  Fue secundado por el subsecretario de Minería Pablo Terrazas, a quien conocemos en Aysén no solo por haber sido mano derecha de varios municipios UDI, incluido el actual senador David Sandoval quien integra dicha comisión, sino por haber sido propietario de terrenos en el área de inundación de HidroAysén, hecho que derivó en que por conflictos de interés su hermano -el ex seremi de Vivienda Nicolás- se debiera inhabilitar de participar en la sesión en que se aprobó regionalmente el proyecto: el 9 de mayo de 2011.

Datos estos que no son baladíes cuando hablamos de modificación de políticas públicas para privilegiar grandes inversiones privadas.

A diferencia de su presentación del 8 de mayo de 2018, en esta ocasión Ward no se pudo sentir a sus anchas para decir lo que se le viniera en mente.  Este lunes tuvo al frente a la ex ministra de Michelle Bachelet en la misma cartera, Nivia Palma, quien fuera la responsable política de impulsar la constitución de la Red de Parques de la Patagonia, incluido el Parque Patagonia.  Una voz autorizada para dar luces sobre un tema que ha generado controversia a nivel regional pero también nacional. E incluso internacional por reportajes que se vienen.

Palma se hizo cargo de las afirmaciones del actual secretario de Estado, quien calificó de fake news (o noticia falsa) el artículo de Interferencia donde se afirmaba que se modificaron los límites del parque para beneficiar a la minera australiana Equus Mining. La que a través de su sociedad Southern Gold pretende impulsar el proyecto “Los Domos” en las cercanías del circuito Piedra Clavada/Cueva de las Manos/Valle Lunar y en un área de patrimonio paleontológico y arqueológico.

En esta ocasión la ex titular de Bienes Nacionales sí puedo aclarar varios aspectos.

Lo primero, que la decisión del gobierno de Michelle Bachelet fue lograr la máxima protección excluyendo la actividad minera dentro o colindante con el futuro parque. Además, confirmó que existe un área adyacente a la antigua reserva nacional Jeinimeni (hoy sector Jeinimeni en el Parque Patagonia) que por cuyas características arqueológicas y de suelos se decidió -en diálogo con Conaf- incorporarla a la nueva área silvestre protegida y sobre la cual hubo una intervención ilegal de sondaje.

En concreto, confirmó lo que se sabía.  El actual gobierno eliminó del futuro parque un total de 2.237,5 hectáreas de terrenos fiscales donde “Los Domos” tiene sus concesiones y exploraciones. Si eso no es destinar un área que iba a ser protegida a los intereses de una corporación minera extranjera (que por sus actividades es el antónimo de salvaguarda ecosistémica), entonces la actual administración vive en un mundo paralelo.

Nivia Palma dejó sentado algo sobre lo cual este gobierno ha sido insistente en oscurecer.  Si el área del decreto de constitución del Parque Patagonia del gobierno de Sebastián Piñera era mayor o menor que la que establecía el de Michelle Bachelet.  La respuesta es clara: el acto de la actual administración es lo redujo en 5 mil hectáreas.

“Claramente el decreto presentado por la Presidenta Bachelet para crear el Parque Nacional Patagonia representa una superficie mayor que la presentada por el Presidente Piñera. Estamos hablando de 309.445,40 hectáreas que están singularizadas en el plano. Y el Decreto Supremo presentado por el actual gobierno establece una superficie de 304.527,75 hectáreas” dijo la ex ministra en la sesión.  Una afirmación que es fácil confirmar con ambos textos legales en mano.

Más aún, la ex ministra concordó –como todos en Aysén y el país- en que podía haberse modificado el decreto para excluir 900 hectáreas de privados e incluso establecerse terrenos para veranadas, lo cual era legítimo.  “Lo grave es que se haya roto un principio fundamental en medioambiente que es no retrotraer las cosas para producir deterioro. Había una superficie de 309 mil, hoy hay una de 304 mil hectáreas protegidas” fue su afirmación.

Y concluyó claro: “Ahora tendremos que esperar.  Si el día de mañana las autoridades de minería y las autoridades competentes autorizan el proyecto ‘Los Domos”, evidentemente será la consagración definitiva de que lamentablemente teníamos razón y que allí hubo una decisión política de que en la Patagonia chilena se instale una empresa de enorme medioambiental como es la gran empresa minera”.

Un gobierno tiene derecho a impulsar sus propias políticas públicas, pero asumiendo los costos de estas. Lo que sí no puede hacer es tergiversar los hechos y la realidad mediante frases hechas.

 

Fuente:http://www.eldivisadero.cl/redac-51387

Colombia

Comunidad de Palmarito protesta por minería en Cerro Mono

Este martes en la mañana, unas 300 personas llegaron e al parque Santander de Cúcuta, para manifestar su molestia por los daños que causa la minería, legal e ilegal, en la zona de Cerro Mono. 

Los habitantes del corregimiento Palmarito, entre los que se encuentran niños y adultos, se agolparon a las afueras de la Alcaldía de Cúcuta.

Aseguran que llegaron hasta allí para exigir que los atiendan y que se termine con «la destrucción de los bosques y la tala de árboles», pues la minería amenaza con acabar con las fuentes hidrícas.

«Abajo la explotación de carbón en Cerro Mono», es una de las arengas que se escucha en medio de la protesta.

 

Fuente:https://www.laopinion.com.co/cucuta/comunidad-de-palmarito-protesta-por-mineria-en-cerro-mono-172622#OP

Colombia

Fenalcarbón se refirió a decisión que prohíbe la minería en el Páramo de Pisba

El gremio minero expresó estar atentos a la delimitación del Páramo de Pisba con los requisitos que exigió el Consejo de Estado.

La Federación Nacional de Productores de Carbón – Fenalcarbón, en trabajo articulado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, solicitó al Gobierno Nacional que la delimitación del Páramo de Pisba se haga con base en coordenadas con escala 1:25.000 tal como lo indica la Ley, mediante un acto administrativo motivado por estudios técnicos que permitan la caracterización en materia no sólo ambiental, sino social y económica de la zona, con el fin de fijar los límites del área a proteger.

Además, sobre la decisión del Consejo de Estado de prohibir la minería en el Páramo de Pisba, el gremio informó que todos los actores están atentos a su delimitación teniendo en cuenta los requisitos exigidos por el Tribunal.

El Presidente de FenalcarbónJuan Manuel Sánchez, dijo que “Los pequeños y medianos mineros también somos ambientalistas y trabajamos por la defensa de nuestro entorno y la protección de los ecosistemas sensibles. La delimitación del Páramo de Pisba se debe hacer teniendo en cuenta las comunidades que ancestralmente se han dedicado a la minería en estas zonas. No pedimos que se entreguen nuevas licencias, sino respetar a quienes por años han ejercido una actividad legal que ha brindado trabajo digno, desarrollo económico y protección al ambiente”.

Específicamente sobre la decisión que afecta a Carbones Andinos S.A.S, tanto la Autoridad Minerala Autoridad Ambiental y Parques Nacionales Naturales de Colombia, han señalado en diferentes oportunidades que el título operado por esta compañía no se encuentra en una zona donde esté prohibida la actividad minera; no se encuentra dentro del Parque Nacional Natural Páramo de Pisba, ni la zona de amortización.

Así mismo, Corpoboyacá ha manifestado en diferentes oportunidades que Carbones Andinos S.A.S. sí contaba con licencia ambiental y ha cumplido con todos los requisitos ambientales para el ejercicio de la explotación. Además, señaló, que el argumento principal de afectación ambiental por parte de este título no da lugar, ya que al momento de inicio de la acción judicial, el título no estaba en explotación.

 

Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/fenalcarbon-se-refirio-a-decision-que-prohibe-la-mineria-en-el-paramo-de-pisba/20190305/nota/3872653.aspx

Honduras

Delegación de EE.UU. denuncia que su país respalda conflictos ambientales en Honduras

-Una delegación de ciudadanos estadounidenses denunció y lamentó este domingo que su país respalde a “un gobierno ilegítimo” y a los intereses económicos que provocan conflictos en Honduras como el del proyecto minero de Guapinol.

Los conflictos ambientales en Honduras han dejado varias víctimas mortales, entre estas el emblemático asesinato de la ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres.

Durante una conferencia de prensa brindada este mediodía en las afueras de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, la delegación que se encuentra en el país dándole seguimiento al proceso judicial contra los ambientalistas de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, dio lectura a un comunicado que establece lo siguiente:

La Delegación de Estados Unidos vinimos de forma urgente para observar los procesos legales en contra de los 12 defensores medioambientales, quienes han sido criminalizados por proteger el ambiente y el agua de un proyecto minero en Guapinol.

Reiteramos nuestra profunda preocupación por la estrategia de criminalización de la defensa de la vida y del medioambiente por parte del Estado de Honduras y la actuación del poder judicial y del Ministerio Público, siendo su máximo responsable el Fiscal General Óscar Chinchilla, que ha contado con el apoyo firme de la  embajada de los Estados Unidos.

Hemos sido testigos de que 12 medioambientalistas son procesados como si fueran terroristas o parte del crimen organizado. El Estado de Honduras ha utilizado diferentes tácticas para ello, entre ellas, la aplicación de delitos como la asociación ilícita, y la jurisdicción de tribunales que juzgan a la criminalidad organizada.

También constatamos la decisión del Ministerio Público de identificar a este grupo de defensores una “banda organizada”, construyendo delitos comunes graves haciendo un uso amañado de los testigos sin rostros y pruebas anticipadas, violando las garantías de los defensores.

Repudiamos que el gobierno de Honduras decida dar respuestas penales a problemas sociales, que tienen su origen en la corrupción e impunidad institucional, como es en este caso, en el que concesiones mineras ilegales y  un decreto inconstitucional que reduce la zona protegida del parque Carlos Escaleras  para poder llevar a cabo estos proyectos, han provocado daños ambientales y altos riesgos  a la vida de los defensores.

La embajada de Estados Unidos debería de estar protegiendo a los defensores y defensoras  de derechos humanos y del medioambiente,  y no  un gobierno  ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos, como lo confirma el apoyo público que el día de hoy la embajada ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños  son  de la misma familia  dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol.

La delegación de estadounidenses está integrada por, Claire White, doctorada de la universidad de Harvard, profesora y asociada de las Hermanas de San José de Boston, hija del luchador de los derechos humanos, el embajador Robert White y por Pastora Kathleen McTigue, directora del Centro de Justicia Social de la Iglesia Unitaria Universalista de los EE.UU., dedicado a la defensa de los derechos humanos.

Fuente:https://criterio.hn/2019/03/03/delegacion-de-ee-uu-denuncia-que-su-pais-respalda-conflictos-ambientales-en-honduras/amp/
Colombia

Salento prohíbe la minería de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala

El concejo municipal de Salento aprobó un acuerdo por medio del cual prohibe en la jurisdicción del Municipio de Salento Quindío, el desarrollo de actividades de minería de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala. Esta es una decisión sin precedentes en la historia del municipio, que ha tenido histórica y tradicionalmente actividades mineras de esta naturaleza. Varias minas fueron abiertas en el pasado en esta localidad. El objetivo es garantizar la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, según el mismo acuerdo aprobado el pasado 27 de febrero.

“Salento se suma a los más de 40 municipios en Colombia que han tenido que recurrir a este mecanismo de prohibir la minería en sus territorios mediante acuerdos municipales, ya que el gobierno se ha empeñado en impedir las consultas populares como mecanismo de expresión de la voluntad de las comunidades”, comentó el ambientalista Néstor Ocampo, de la Fundación Ecológica Cosmos.

“Los habitantes de los territorios no aceptan más que el gobierno nacional tome decisiones sin consultarle. No aceptan que se les imponga un modelo económico extractivista que destruye la vida, contamina las aguas y condena a la miseria y el desplazamiento a las comunidades. Una verdadera desgracia para la nación como se ha visto en todas la regiones mineras”, dijo Ocampo al aplaudir la decisión del concejo de Salento

El acuerdo pasó para sanción del alcalde y el concepto legal y constitucional del gobernador del departamento. “Veremos si los dos funcionarios a donde llegará el acuerdo están a la altura de sus responsabilidades y mandato popular”, sostuvo Ocampo.

 

Fuente:https://www.elquindiano.com/noticia/12148/salento-prohibe-la-mineria-de-metales-y-piedras-preciosas-de-pequena-mediana-y-gran-escala