Chile

Relave El Mauro sepultó un valle de petroglifos

Cómo minera Los Pelambres destruyó gran parte del patrimonio diaguita
Michael Lieberherr & Lila Osorio
15/02/2019
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Tranque de relave El Mauro. Imagen extraída de Minería Chilena.

Con el fin de obtener los permisos para construir el relave minero más grande de Sudamérica, la empresa del Grupo Luksic manipuló estudios arqueológicos. Expertos afirman que se trata de la mayor pérdida de patrimonio precolombino en Chile, a pesar de que la compañía construyó un pequeño museo en que se alojan algunos objetos rescatados.

El valle de El Mauro, en la región de Coquimbo, se extiende de mar a cordillera a la altura de Los Vilos, y corresponde a una zona de asentamiento diaguita, uno de los pueblos precolombinos de Chile, quienes tienen presencia en el lugar desde el año 900 d.c. El valle se caracteriza por ser el lugar donde este pueblo andino plasmó uno de sus mayores legados: una serie de más de 2.700 petroglifos dispuestos en casi 500 lugares diferentes, que resultan clave para la comprensión arqueológica e histórica de su pasado precolombino.

A 25 kilómetros de Los Vilos, hacia la cordillera de los Andes, se ubica El Mauro, una localidad homónima al valle, que hoy sirve de base para la operación del relave del mismo nombre. En este lugar se depositan los deshechos tóxicos de Minera Los Pelambres del Grupo Luksic, que es también donde se concentra buena parte de todo el patrimonio de petroglifos diaguitas.

La historia parte en 2003, cuando Los Pelambres intentaba que fuera autorizada la construcción del tranque El Mauro, para lo que se comprometió -entre otras cosas- por medio de una resolución de calificación ambiental de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de La Serena, a construir un parque rupestre, donde se albergarían todas las piezas arqueológicas encontradas en la zona en la que se construiría el tranque. Este lugar, además, debía estar acondicionado para el estudio antropológico y arqueológico de las piezas.

“Los elementos arqueológicos rescatados desde los sitios intervenidos por el proyecto […] serán exhibidos en el parque rupestre que el titular ha propuesto construir en el fundo Monte Aranda. Dicho parque estará acondicionado con la antelación necesaria para recibir el material arqueológico procedente de los rescates, permitiendo su estudio en gabinete y poder planificar la exhibición de los materiales en condiciones apropiadas”, se afirma en el documento de compromiso.

Lo que no podía ser trasladado era un conjunto de más de 200 petroglifos diaguitas que se encuentran solo en los alrededores de la localidad El Mauro, los que están protegidos desde 1970 bajo la categoría de monumentos nacionales.

Se fue llenando de mercurio, arsénico, plomo y sales de cianuro, entre otros componentes tóxicos, en la misma medida en que se vaciaba de petroglifos la zona.

Sin embargo, el gran problema es que este parque fue creado con una tardanza de 14 años e incumpliendo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Además, hay un segundo museo -que también incumple la RCA- que se está construyendo en La Serena, a 300 kilómetros de distancia, lo que significó terminar sacando de El Mauro las piezas arqueológicas diaguitas encontradas, las que, a su vez, en todo ese tiempo, sufrieron irreparables daños, al punto en que hoy no se sabe a ciencia cierta ni siquiera cuántas son.

Lo que sí se construyó en 2004 fue el tranque El Mauro, el más grande de Sudamérica, con un muro de 1,4 kilómetros, una superficie de 1.800 hectáreas y una capacidad de 1.700 millones de toneladas, la que se fue llenando de mercurio, arsénico, plomo y sales de cianuro, entre otros componentes tóxicos, en la misma medida en que se vaciaba de petroglifos la zona.

Arqueólogos en la planilla de pago de Pelambres

Apenas se enteró que el arqueólogo Gastón Castillo, en ese entonces funcionario de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) de La Serena había sido contratado por Los Pelambres para levantar la información patrimonial de la zona y después emitiera un informe favorable a la edificación del tranque, el arqueoastrónomo Patricio Bustamante decidió intervenir. Llegó hasta la zona de relave y constató que hay una serie de petroglifos que no están en el informe.

“En 10 minutos vimos 10 petroglifos. Si no estaban contabilizados, quiere decir que el mapa del informe estaba mal. Hicimos junto a otro arqueólogo la denuncia al Consejo de Monumentos, el cual exigió hacer un nuevo estudio”, cuenta Bustamante.

El problema escaló a Contraloría, pues desde 1997 Castillo venía realizando trabajos esporádicos para la minera, en circunstancias en que era funcionario público, lo que representa un claro conflicto de intereses. Así lo corroboró el órgano contralor en agosto del 2010, tras recibir una carta de Bustamante, que denunciaba que el trabajo de la minera incumplía la RCA, lo que le valió a Castillo un sumario, que culminó con su renuncia voluntaria a la Dibam y una anotación de demérito en su hoja de funcionario público. Estas anotaciones son aquellas que dejan constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario reprochable.

Desde 1997 Gastón Castillo venía realizando trabajos esporádicos para la minera, en circunstancias en que era funcionario público, lo que representa un claro conflicto de intereses.

El informe de Contraloría no solo mencionó el caso de Castillo, sino que también el de Cristián Becker, quien también trabajó en paralelo en la Dibam y para Pelambres, a quien se sancionó con la disminución de su sueldo y también una anotación de demérito.

El caso llegó hasta la misma directora de la Dibam y vicepresidenta del Consejo de Monumentos Nacionales de entonces, Nivia Palma, quien la Contraloría en otro informe de 2012 sancionó con puntos de demérito por no ejercer ninguna acción teniendo la información del caso. “A doña Nivia Palma Manríquez, Directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y Vice Presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, RUN N° 7.441.543.-1, la medida disciplinaria de censura y una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente, establecida en los artículos 121, letra a), y 122 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo” señala el informe de contraloría.

Por su parte Palma, que fue directora de la Dibam entre 2006 y 2010, se defiende. “Esta situación habría ocurrido en el proceso anterior al que yo era directora de la Dibam, y al final tuvo algunas sanciones por parte de la Contraloría. La persona [Castillo] se fue de la Dibam”, dice. Años después, en 2016, fue designada como ministra de Bienes Nacionales

100 arqueólogos y una nebulosa

Como el informe de Castillo no era útil y se requirió un segundo, Los Pelambres contrató a más de 100 arqueólogos y cerca de 150 estudiantes de arqueología para realizar un nuevo estudio. El proyecto se desarrolló entre los años 2005 y 2006, y es denominado en la página web del Parque Rupestre Monte Aranda como el “mayor rescate de piezas arqueológicas de la historia de Chile”, con más de 100 sitios arqueológicos distintos y unos 500 petroglifos

Pese al hallazgo, no hubo un nuevo estudio de impacto debido a que el proyecto ya estaba aprobado en la RCA-038 y para realizar uno nuevo debían presentar de nuevo el proyecto. Así, la construcción del relave continuó su marcha sin inconvenientes.

“Es un sitio que no puede ser alterado porque no sabemos interpretarlo, nadie sabe qué significan los petroglifos. Con qué derecho destruimos cosas que no sabemos», dice el arqueoastrónomo Patricio Bustamante.

“Es un sitio que no puede ser alterado porque no sabemos interpretarlo, nadie sabe qué significan los petroglifos. Con qué derecho destruimos cosas que no sabemos. Aquí llegaron seres humanos que nos dejaron algo escrito, y antes de leerlo lo estamos destruyendo. ¿Qué van a hacer los arqueólogos del futuro? Se van a sentar a leer los libros que estaban mal hechos”, dice Bustamante.

Además, el estudio de los arqueólogos sufrió bastantes complicaciones en su desarrollo, la mayoría surgidas porque las instalaciones comprometidas en Monte Aranda no estaban construidas cuando comenzaron con la remoción de piezas arqueológicas, lo cual contravino los compromisos contraídos. Ante ello, Patricio Bustamante escribió cartas a la contraloría.

De tal modo, la falta de un espacio adecuado de acopio y preservación llevó a que las piezas arqueológicas se guardarán en lugares que no cumplían con las condiciones mínimas, lo que significó un daño para diversas piezas arqueológicas y eventualmente la pérdida de algunas de éstas.

No se sabe a ciencia cierta si hay pérdidas de piezas, pues pese a que el trabajo exigido a los arqueólogos en terreno fue llenar a mano fichas con información de cada pieza y luego respaldar dichas fichas en computadores, cuando el proyecto terminó, parte de estas fichas se perdieron, al igual que la información digitalizada.

“Se empezaron a perder las fichas y nos enteramos que a los arqueólogos se les olvidó respaldar la información de los computadores. La información que quedó, cuando llegó gente de la minera, fue borrada en gran parte de los computadores. Se perdieron 2/3 de los datos”, afirma Bustamante.

Este hecho generó una total nebulosa respecto de las piezas arqueológicas catastradas. En el año 2005 se presenta la “Caracterización, Plan de Mitigación y Compensación Arqueológica de la Plataforma y Botadero Relaveducto y Recirculación de Aguas”, documento que señala que existe un registro de 22 sitios arqueológicos que incluyen 448 bloques, 765 paneles y 2.788 petroglifos. En el primer informe entregado por el Consejo de Monumentos Nacionales el año 2003 (dentro de la auditoria e inspección de la contraloría del año 2006, disponible en la carpeta de pdfs públicos), se habla de 64 sitios arqueológicos sin mencionar cuántos petroglifos hay. Además, en ese mismo informe se adjunta una tabla que demuestra las múltiples diferencias en los registros.

El informe de la Contraloría del año 2012 reconoce que “no existe un detalle en el Consejo de Monumentos Nacionales sobre el total de material arqueológico extraído desde el fundo El Mauro, así como tampoco las unidades llevadas a las dependencias de la Universidad de Chile (traslado que se realizó dado que las instalaciones de Monte Aranda no estuvieron listas a tiempo)”.

Por su parte, el sitio web del Parque Rupestre Monte Aranda habla de 250 piezas en una parte y luego de 241 en otra, contribuyendo a la incertidumbre respecto del total de piezas en cuestión.

A este caos favoreció también un manejo totalmente inadecuado de las piezas, las que fueron indistintamente guardadas en cajas, casas particulares y lugares de acopio temporales. Esto constituyó múltiples infracciones, confirmadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, la que sancionó a Pelambres en 2014 con más de 1.200 millones de pesos (2.595 UTM), ya que “incumple gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental”.

Nuevo museo, nuevas infracciones

En septiembre del 2018, Minera Los Pelambres comenzó la construcción de un museo de conservación en La Serena donde, se guardarían más de 1.400 cajas con material arqueológico rescatado.

«Con esto se amplía la red de espacios de conservación e investigación arqueológica existentes en Chile, a la vez que ponemos en valor el patrimonio arqueológico de la Provincia de Choapa», dijo a El Mercurio, Jorge Araneda, gerente de Asuntos Públicos de Los Pelambres.

Este museo está a 300 kilómetros de Monte Aranda, el lugar original donde debía hacerse el parque y el museo para los petroglifos, lo que contradice el compromiso frente a la Corema.

El problema estriba en que este museo está a 300 kilómetros de Monte Aranda, el lugar original donde debía hacerse el parque y el museo para los petroglifos, lo que contradice el compromiso frente a la Corema y por el cual se autorizó la edificación del tranque El Mauro.

La confirmación de que existen más de mil cajas con petroglifos que no están en Monte Aranda y que se trasladarán a La Serena, pone nuevamente en evidencia las contradicciones de la minera. ¿Dónde están guardadas las piezas arqueológicas que pretenden trasladar?

Unos 300 kilómetros más lejos, en El Mauro, Cristián Flores, vocero de la comunidad maurina, manifiesta su dolor por la pérdida, saqueo y desalojo sufrido por los habitantes del sector. “Lo que hizo Minera Los Pelambres con nosotros en El Mauro fue un atropello tremendo. Desarraigarnos, quitarnos toda nuestra cultura, nuestra historia. La gente que hizo esos petroglifos, que dejó esas cartas abiertas en las piedras fueron nuestros antepasados”, dice.

Durante varias semanas INTERFERENCIA trató de contactarse con la compañía minera para obtener su visión de estos hechos. Nunca obtuvimos respuesta.

https://interferencia.cl/articulos/como-minera-los-pelambres-destruyo-gran-parte-del-patrimonio-diaguita

Chile

Este es el decreto que el gobierno retiró para reducir Parque Patagonia y entregar terrenos a mineras

Isabel Reyes B.
Pedro P. Ramírez Hernández
20/02/2019

INTERFERENCIA accedió al documento que a fines del gobierno de Michelle Bachelet concedía 309,5 mil hectáreas al parque y que no fue considerado por Felipe Ward, actual ministro de Bienes Nacionales. Según Nivia Palma, la ex titular de la cartera, el asunto de fondo siempre fue la entrega o no de territorio para una minera australiana.

Tras la investigación de INTERFERENCIA que reveló la reducción del Parque Nacional Patagonia en casi 5 mil hectáreas y cuya modificación significó la instalación de exploraciones mineras por parte de la empresa australiana Equus Mining, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, salió en su defensa y desmintió la información entregada por este medio, calificando la publicación como una fake news.

A través de su cuenta personal en Twitter y un comunicado de prensa, el secretario de Estado, explicó que la superficie final del Parque Nacional Patagonia, aprobada durante la actual administración, sería mayor a la definida por el gobierno anterior.

En su justificación, Ward aludió a que la extensión suscrita por la administración de Michelle Bachelet para el Parque Nacional Patagonia fue de 302.335 hectáreas, por lo que el decreto del gobierno actual, en este caso, sería mayor ya que alcanza 304.525,75 hectáreas.

Con esto, Ward desestimó el dato ofrecido por INTERFERENCIA, que señala que hubo un decreto que ofrecía al parque 309.445 hectáreas.

Sin embargo, el decreto existió y puede ser consultado al final de este artículo. Se trata del Decreto Supremo N°3, ingresado el 12 de febrero de 2018, el que -aunque no alcanzó a tener toma de razón por parte de Contraloría- es posterior al documento del 10 de abril de 2017, que es al que ha aludido el ministro como la propuesta del gobierno de Bachelet.

Según información solicitada a través de transparencia a Contraloría, el Decreto Nº3 fue retirado sin tramitar por el ministerio de Bienes Nacionales el 16 de noviembre de 2018. Ese mismo día, el nuevo gobierno ingresó la nueva propuesta.

Palma vs Ward

Consultado por INTERFERENCIA por este antecedente, el ministro Ward indicó que el único documento válido para él, es la resolución del Comité de Ministros del 10 de abril de 2017, pues el decreto de febrero de 2018 no cuenta con la toma de razón de Contraloría.

«Uno no puede aprobar algo en un Comité de Ministros y luego llevar un tema distinto a la Contraloría. Ahí se equivocan ellos», dice Felipe Ward sobre las dos propuestas del gobierno de Bachelet.

“Nunca he escuchado una explicación de por qué la diferencia entre 302 mil y 309 mil hectáreas [la diferencia que hay entre los dos propuestas elaboradas por la administración Bachelet]. Uno no puede aprobar algo en un Comité de Ministros y luego llevar un tema distinto a la Contraloría. Ahí se equivocan ellos. El único documento formal con el cual se crea o se intenta crear el Parque es la resolución de Comité y ahí hay una sola cifra que son 302 mil hectáreas”, asevera.

Por su parte, la ex ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, acusó a Ward de “faltar a la verdad”. Según Palma no es cierto el argumento de su sucesor en el cargo. “Los decretos no deben pasar de nuevo por el Comité de Ministros. Si la tesis del ministro Ward fuera verdadera, el contralor no habría tomado razón de todos los decretos anteriores de los otros parques y el gobierno actual los habría retirado todos”, dice Palma.

«Me molesta que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia», dice Nivia Palma.

“El terreno ingresado por la presidenta Bachelet era sobre las 309 mil hectáreas. El ministro Ward sacó 5 mil hectáreas básicamente para permitir que allí se lleve adelante el proyecto minero. Aquí no hubo un problema de límites, eso estaba súper claro. Me molesta, con el respeto que le tengo al ministro Ward, que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política del gobierno del presidente Sebastián Piñera de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia. Así de claro”, sentencia Palma.

Palma además asegura haber recibido presiones durante su gestión para proteger la misma zona donde hoy se encuentra la exploración minera.

“Tanto el diputado Sandoval [UDI] como autoridades locales y empresarios, hicieron un duro lobby frente a nuestro gobierno. Recibí muchas llamadas, peticiones de reuniones y fuertes presiones cuando fui a la región de Aysén para acoger la exclusión de estas cinco mil hectáreas. La decisión de la presidenta y la mía como ministra de Bienes Nacionales fue no aceptar las exigencias para llevar ahí proyectos mineros. Por eso es que el parque quedó con 309 mil hectáreas”, dice Palma.

Problemas también le ha traído a Nivia Palma los argumentos de su sucesor en el cargo, Felipe Ward, respecto a las razones para cambiar el trazado del proyecto de creación del Parque Nacional Patagonia.

“Heredamos un problema y por ello tuvimos que sentarnos a redefinir los límites del Parque. Tuvimos que excluir propiedad privada que había sido incluida erróneamente y aun así logramos que la cantidad de hectáreas protegidas sea mayor”, escribió Ward en un comunicado ampliamente difundido.

Palma se refirió a la responsabilidad que le han atribuido por los supuestos errores acusados por Ward.

“En Bienes Nacionales hay equipos técnicos permanentes, cambian los gobiernos y los equipos quedan exactamente igual. Entonces creo que no es correcto echar la culpa a un tema de imperfecciones por una decisión política. Eso es grave”, dice.

https://interferencia.cl/articulos/este-es-el-decreto-que-el-gobierno-retiro-para-reducir-parque-patagonia-y-entregar

Chile

Minera multinacional inscribió más de 50 mil hectáreas en la Patagonia para explotar oro

20.02.2019 cnnchile
La compañía Newmont, actualmente posicionada como la industria de oro más grande del mundo, tiene puesta su atención en la zona de la Región de Aysén

182 solicitudes para explotar más de 50 mil hectáreas en la zona de la Patagonia de la Región de Aysén inscribió la empresa estadounidense Newmont, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial el pasado 10 de enero de este año.

Los terrenos que fueron inscritos por la minera se encuentran cerca de la frontera con Argentina, una zona caracterizada por sus bosques de lenga y ñire, además de su patrimonio arqueológico y paleontológico, según da cuenta el medio local Interferencia.

El 15 de enero de este año Newmont adquirió a su rival, la canadiense GoldCorp, transacción que la convirtió en la minera de oro más grande del mundo.

GoldCorp ha desarrollado en Chile los proyectos Nueva Unión (Alto del Carmen) y Norte Abierto (Tierra Amarilla), ambos en la Región de Atacama, además de mantener en la región de Aysén concesiones de exploraciones en el sector El Estero, a cerca de 15 kilómetros al noroeste de Puerto Ingeniero Ibáñez.

El medio precisa que ambas firmas han tenido que enfrentar conflictos socioambientales y denuncias por violaciones a los derechos humanos en proyectos que han impulsado en países como Perú, Guatemala, Honduras y México.

Uno de los casos más polémicos es lo que sucedió en Guatemala, país donde la compañía GoldCorp operó por más de una década a través de la mina Marlin. Tras diversos hechos, como la muerte de un hombre que fue quemado vivo por trabajadores de la empresa y episodios de contaminación de ríos, se decidió cerrar la mina en mayo de 2017.

https://www.cnnchile.com/pais/minera-newmont-hectareas-patagonia-or_20190220/

Argentina, Chile

Electromovilidad, Boom del Litio y Sustentabilidad en los Territorios

Con la realización del I Seminario Internacional: “Electromovilidad, Boom del Litio y Sustentabilidad en los Territorios” el día 15 de febrero en San Pedro de Atacama, se realizó el lanzamiento oficial del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSA).

Este observatorio, de carácter ciudadano y plurinacional, reúne y canaliza los aportes de diversos actores del mundo comunitario indígena, campesino, académico y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente y los derechos humanos en Chile y Argentina.

El seminario contó con las presentaciones de la Dra. Ingrid Garcés Millas. Académica del Departamento de Ingeniería Química y Procesos Mineros, Miembro del Centro Regional para el Estudio y la Educación Ambiental (CREA) de la Universidad de Antofgasta, y parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, quien se refirió al mercado del litio y la demanda desde la creciente industria de la electromovilidad, señalando que la extracción de litio debe cambiar en forma urgente a través de nuevos procesos y políticas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los territorios afectados, o de otra forma se repetirá la historia del salitre, cuyo costo humano y ambiental conocemos.

Néstor Ruiz, Antropólogo y Perito Ambiental, Miembro de la Asamblea Juntos Podemos en un Ambiente Sano y del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos hizo un relato del litio en Argentina, y, en la misma sintonía, señaló «la lluvia de dólares no llegó ni llegará, quizás sólo a pocos pícaros funcionarios locales, y a nosotros nos quedará un desierto deshabitado y REFUGIADOS AMBIENTALES hacinados en las grandes ciudades.», dejando claro que a pesar de las diferencias legislativas y administrativas de ambos países, las dinámicas del extractivismo se repiten a ambos lados de la cordillera y a lo largo y ancho de toda la Puna de Atacama.

Sergio Cubillos Verasay, Presidente de la Comunidad de Peine y recientemente elegido Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños de San Pedro de Atacama, organización que reúne a 18 comunidades indígenas del Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande, se refirió al desbalance hídrico del Salar de Atacama provocado por la sobreexplotación de empresas como SQM, Albemarle, BHP Billiton-Minera Escondida y Zaldívar (Antofagasta Minerals – BArrick Gold). Asimismo, dio a conocer el trabajo que el Consejo de Pueblos ha realizado durante el último período, destacando diversas intervenciones en comisiones del Congreso y el Recurso de Protección por el Convenio CORFO-SQM, que se encuentra actualmente en la Corte Suprema.

Este evento es el primero de una serie de seminarios que se realizarán en diversas ciudades de Chile y Argentina durante el 2019, y que contarán con el apoyo y participación de diversas organizaciones comunitarias, académicas y ambientales de ambos países, con el fin de visibilizar el verdadero costo del litio y ser un aporte a la toma de decisiones en pos de la protección de la riqueza cultural y natural de los salares andinos.

Los registros de este seminario están disponibles en SPA TV (Facebook).

Agradecemos difusión.

OPSA 2019

Argentina

Comunidades indígenas de Jujuy: “Si intenta entrar otra empresa, la vamos a sacar”

18.02.2019 – Mar del Plata, Argentina – Alicia Blanco

El pasado viernes 15 por la tarde, las comunidades indígenas que cortaban la intersección de las rutas 52 y 79 en Jujuy, resolvieron levantar temporalmente el corte que realizaban, a la espera de una reunión con el gobernador de la provincia la semana próxima.

Las protagonistas de la medida son más de 30 comunidades kolla y atacama de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, donde el gobierno provincial pretende autorizar nuevos proyectos de exploración y explotación de litio en territorio indígena.

Desde hace años las comunidades vienen denunciando los perjuicios que les acarrea la actividad minera y muy particularmente la del litio, que contamina los suelos y las priva del vital recurso del agua:

reclamaron en los tribunales provinciales;
sin respuestas efectivas, presentaron un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia, que lo rechazó;
pidieron intervención a la CIDH (todavía sin respuesta);
ante la falta de mecanismos para la consulta y el consentimiento que les garantiza la legislación vigente, redactaron un protocolo completo (Kachi Yupi) “para que el Estado entienda cómo consultarnos”;
hicieron marchas, cortes de ruta y campañas de difusión.

Finalmente, desde el 4 de febrero se declararon “en asamblea permanente” y el día 8, en un hecho sin precedentes, expulsaron a las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited, “que estaban destruyendo la Laguna de Guayatayoc, afectando gravemente el suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna, con un proyecto de litio”, explicaron.

“Días antes se había ya notificado a la empresa y al gobierno para que suspendan las actividades y se retire la empresa”, añadieron. “Al ver que se continuaba trabajando las 24 horas del día, y que la única acción del gobierno provincial fue enviar a la policia y la infantería, más de 300 personas de la asamblea se vieron obligadas a frenar a la empresa y hacer que retire sus maquinarias y operarios del territorio.”

“Ahora estamos viendo el impacto ambiental que nos dejaron y quién se hace cargo de la remediación de todo eso,” dice Clemente Flores, de la comunidad El Angosto, distrito El moreno. “El secretario de minería dice que eso lo tiene que hacer la empresa, pero la supervisión tendrían que hacerla ellos y todavía no estamos viendo resultados”, agrega.

“El corte que hicimos hasta hoy fue por eso, pero también porque queremos la anulación de la licitación de JEMSE¹, que se hizo sin nuestro consentimiento,” dice Clemente Flores. El comunicado que difundió la asamblea expresa ese último punto, diciendo: “Exigimos la anulación del concurso de oferentes de Jemse Exp. 660-538/2018 para la ‘Prospección geológica, exploración y factibilidad de los proyectos mineros en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama’. Y de cualquier otro proyecto de Litio porque las comunidades decidimos en forma definitiva NO a la exploración y extracción de litio en nuestro territorio.”

También dejaron claro que no aceptarán más “ninguna consulta previa e informada, ya que el gobierno utiliza este mecanismo de manera aparente para lograr el ‘consentimiento’ de proyectos extractivos en el territorio.” Y manifestaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minería de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos.”

El día 15, antes de retirarse de la ruta, difundieron el siguiente comunicado dejando clara la decisión de volver si no se atienden sus demandas:

NO a la intervención de la policía, la infantería y la gendarmería nacional en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

Solicitud de adhesión y amplia difusión

Los/as abajo firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo a cualquier tipo de injerencia que desconozca la soberanía de las comunidades sobre el territorio. Reclamamos una pronta solución a la demanda de las comunidades expresada en el comunicado que adjuntamos a continuación

Comunicado Asamblea de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

Hoy 15 de febrero 2019, continúa corte en la ruta 52 y 79, Salinas grandes, Jujuy. Nosotros estamos defendiendo el territorio, por eso continuaremos con la movilización de manera indefinida sobre Ruta 52. No puede ser que la única respuesta del gobierno sea mandarnos la policía, la infantería y la gendarmería y mentir diciendo “que los proyectos mineros cumplen las normas y los procedimientos ambientales” .

Las comunidades mantendremos nuestra medida de fuerza hasta que el gobierno anule el concurso de oferentes N°1/2018 de la empresa JEMSE, con el que pretende entregar las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc a las empresas para la explotación de Litio, y que se retiren todos los proyectos de megaminería de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

Ademas exigimos que se reconozca a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios, y como zona Libre de megamineria, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra la forma de vida de las comunidades.

Solicitamos a todos los medios de comunicación nacional e internacional, a organizaciones sociales, comunidades indígenas, al pueblo jujeño que difundan y se solidaricen con nuestra lucha en defensa del Agua y de la Vida.

“Este territorio es habitado desde nuestros ancestros y lo vamos a cuidar y defender”.

Comunidades indígenas de Jujuy: «Si intenta entrar otra empresa, la vamos a sacar»

Perú

Bambamarca. Nuevas Protestas frente a la Contaminación Minera

11/02/2019
Marco Arana
En diciembre del año pasado ocurrió una rotura de la tubería de drenaje en la que se filtró relave de la poza de estos, en la unidad minera Cerro Corona de propiedad de Gold Fields (una de las mayores transnacionales mineras del mundo). Esta emergencia ambiental generó que murieran más de 7 mil truchas e impactó en las aguas y suelos, que terminaron contaminados; una vez más fueron afectadas las personas.

Hualgayoc es la provincia con mayor existencia de pasivos ambientales mineros del país. Según informes del Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, cientos de personas de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur tienen arsénico y otros metales pesados en su sangre. Cualquier afectación más, sólo puede contribuir a agravar su situación.

Defender derechos: La tarea permanente

En Lima, desde el Congreso, habiendo sido informado por las rondas campesinas, inmediatamente acudimos a las autoridades correspondientes: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), contamos también con la participación del alcalde provincial recientemente electo que se hallaba en Lima. Tuvimos una larga reunión con las altas autoridades de los organismos mencionados. Del OEFA nos informaron que obtener los resultados de los análisis definitivos de la contaminación ocurrida, demoraría aproximadamente tres meses y, si es que la empresa interponía (como efectivamente lo hizo) el procedimiento de contra muestras, el proceso podría tardar “unos meses más”. Buena voluntad y disponibilidad había en los funcionarios del OEFA, pero son parte del Estado débil, centralista, que por tres décadas ha abdicado a sus funciones de fiscalización y control y, permitido casi la cancha libre a las autorregulaciones de las empresas que actúan “responsablemente”.

Bajo este concepto, por ejemplo, las grandes mineras no pagan por uso de agua en base a medidores que permiten saber cuánta agua extraen y usan, ellas pagan por agua solo en base a una declaración jurada, pues la Autoridad Nacional del Agua “presume la buena fe de las empresas”.

El Estado Centralista. “Con la Salud: Sí, se Juega”

Los plazos demorados, la indolencia, los derechos ignorados parecen valer menos cuando se trata de campesinos y campesinas que además están lejos de Lima y las autoridades saben que, si acaso sale alguna noticia sobre lo acontecido no habrá escándalo mediático. La burocracia parece dar la respuesta de siempre: “pueden aguantar”, “ya lo resolveremos”.

En el país que algunos llaman “Perú: país minero”, el OEFA, el organismo encargado de supervisar y fiscalizar las operaciones mineras (y otras), no tiene laboratorio especializado propio para hacer los exámenes de contaminación minera. ¡Recién lo tendría en algunos años más!

Por cierto, los famosos Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) no exigen el establecimiento de una línea de base de salud ambiental. Así que, si como fruto de los daños ambientales, las poblaciones aledañas a operaciones mineras contraen metales pesados y extrañas enfermedades asociadas a ellos. Bien se puede decir que estaban contaminadas desde siempre “por contaminación natural”. No es broma, hay “expertos” que sostienen hasta públicamente este argumento. En realidad, los EIAs debieran contener una línea de base de salud ambiental y el Minsterio de Salud (MINSA) el suyo, de manera que se puedan contrastar los impactos ambientales en la salud y salir de toda duda. Dice el refrán tan conocido por todos que “con la salud no se juega”, pero la realidad muestra que en Perú sí se juega con la salud de las poblaciones de las áreas de impacto donde se realizan estas operaciones.

Envenenan la Vida de la Gente

El Perú tiene 20 años de bonanza agroindustrial con utilización de miles de toneladas de agro químicos y pesticidas, 30 años de enorme expansión minera contaminando aguas, suelos, aire y también miles de personas, tales como los casos de La Oroya, Choropampa, Espinar, Ilo, Callao, Pasco, Azángaro, Huancané, Moquegua, Huancavelica, Ayacucho con Catalina Huanca, entre otros. Dieciséis ríos de la costa, incluido el RÍmac que abastece a la mayor población del Perú, tienen metales pesados.

Se habla muchísimo de las bondades de la minería y a veces de los niños y niñas con plomo, con arsénico y mercurio en la sangre, que llegan con sus padres y madres también envenenados, los cuales, de vez en cuando llegan a encadenarse en las rejas del Ministerio de Salud. Ministerio que tiene una dirección de salud ambiental (DIGESA) que parece inexistente o maniatada y van al Ministerio de Energía y Minas, donde muchas veces ni siquiera los reciben o si lo hacen les ofrecen alguna vaga promesa que casi nunca se cumple.

Las personas intoxicadas con metales pesados no es la gente que tiene el poder del billete, son más bien las víctimas empobrecidas y envenenadas que quedan en el camino y que a muchos economistas, opinólogos y grandes medios de comunicación, poco les importa pues están más preocupados por promover el crecimiento, las ganancias y los beneficios de las inversiones mineras.

“Protesto: Luego Existo” [1]

Cuando una vez más surgen las protestas, esta vez de los campesinos y campesinas de Hualgayoc y Bambamarca, todo indica que mientras no haya incendios, violencia o daños económicos a las importantes actividades económicas simplemente se les ignora. “Son cuatro gatos” diría Aldo Mariátegui, Jaime De Althaus y muchos otros. Total, en el Perú, fue Alan García –siendo Presidente– el que dijo que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría.

De allí que si hay miles de ciudadanos que se ven afectados por la pérdida de sus fuentes de abastecimiento de agua o la contaminación de las mismas, es casi una cuestión de “mala suerte” que así sea. Mala suerte que no estés en Lima en donde, si te quedas unas horas o unos días sin agua, es noticia y hasta podría ser un escándalo nacional. Después, quienes tienen el poder o viven de espaldas a la realidad se molestan por qué los “cholos y cholas” migran. En sus medios suelen decir “ustedes, los que viven en las provincias alejadas”.

Así, por ejemplo, no es ni será noticia si miles de peruanos y peruanas viven al lado de una gran minera o una explotación petrolera que destruye sus fuentes naturales de agua, las contamina o en compensación les da agua contaminada engañándoles que es agua potable. No es un invento, ni un argumento anti minero o anti inversión. Esto está ocurriendo con las personas afectadas por la minera canadiense Tahoe-Shauindo, que está sacando oro en el valle de Condebamba en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Allí los campesinos y campesinas, reciben agua en cisternas que almacenan en tanques de rotoplast, regalados por la minera luego que dañará la calidad de las aguas de sus sistemas de captación. La Defensoría del Pueblo lo sabe. La comisión de Energía y Minas del Congreso, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) lo saben. Lo saben, también, la Dirección Regional de Salud Ambiental, la fiscalía y la policía ambiental y el OEFA, con cuyo personal hemos estado en la misma zona donde han ocurrido los graves daños.

Es el Perú que duele, que subleva. ¡Es el Perú cuyas injusticias ambientales y sociales seculares deberemos cambiar!

No de Ahora, Sino de Siempre

Yo era estudiante del colegio cuando en tiempos de la dictadura militar de Morales Bermúdez, los campesinos de Bambamarca, hicieron una gran protesta contra la contaminación de los ríos Tingo, Maygasbamba y Arascorgue. Entonces eran las minas del Banco Minero (de propiedad del Estado), de la familia Santolalla y en los 80 también de los Benavides que permitían que los niños y niñas se metieran a los socavones, pues sus padres se habían muerto con los pulmones reventados por la silicosis y tenían que ganarse el pan de cada día y, en el mes de marzo, tener que trabajar para que los hermanitos menores pudieran comprar los cuadernos y el uniforme. No me lo han contado, yo mismo hice un video artesanal sobre estas injusticias a inicios de los años 80.

No solo con Plomo en la Sangre, sino también con Plomo de Fusiles

En las protestas de fines de los 70, en la plaza de armas de Bambamarca, la policía disparó a quemarropa y asesinó a un campesino. Las protestas se agudizaron y fue enviado el ejército y se impuso el estado de sitio. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Las autoridades del MEM y el MINAM (que hoy, aunque débil y arrimado por poderosos intereses económicos, al menos, existe) han establecido que Hualgayoc es la provincia del país que tiene el mayor número de pasivos ambientales mineros, es decir, más lugares de vómitos de aguas tóxicas, de minas abandonadas que fluyen desde las cabeceras de cuencas hacia la parte baja de los valles y ciudades. En la actualidad, esta provincia tiene los impactos ya no solo de la vieja minería sino también de la moderna minería: Gold Fields en Cerro Corona; el Grupo Buenaventura en el cerro Tantahuatay y de Yanacocha en la cabecera de cuenca del Río Llaucano.

¿Qué ha cambiado? La contaminación minera es ahora mayor. La contaminación actual se acumula a los daños de la anterior y el peligro es mayor aún porque las operaciones mineras modernas pueden devorar montañas en pocos meses o años y sacar los minerales valiosos utilizando miles de kilogramos de cianuro para extraer oro o millones de litros de ácido sulfúrico para extraer cobre.

¿Más cambios?

Después de casi 40 años, en el año 2012, Ollanta Humala y el carnicero Óscar Valdés ordenaron a la policía y Al ejército que dispararan a los campesinos movilizados en las plazas de Armas de Celendín y Bambamarca. En esta última, le quitaron la vida a Joselito Vásquez Jambo, quien tenía solo 27 años, esta vez no fue con plomo diseminado en las fuentes de agua, sino con plomo de fusil y a otro joven como Elmer Campos, le cercenaron la médula con balas de AKM y lo dejaron parapléjico, con su discapacidad y dolor, para siempre.

De Alberto Fujimori a Martín Vizcarra: Continuismo Neoliberal Extractivista

Mientras en el Congreso de la República, la mayoría de bancadas parlamentarias: FP, APRA, AP, PPK, APP (también los llamados liberales y republicanos) aprobaron más leyes para seguir con las exoneraciones tributarias de las grandes empresas mineras y petroleras, las mismas que no pagan sus multas ambientales, al igual como ocurre con las AFPs que ganan miles de millones de soles mientras los trabajadores que aportan los pierden. En el sector minero, la SUNAT, les devuelve más dinero del que aportan en impuestos.

Es la política neoliberal extractivista, es decir, la extracción masiva de recursos naturales, sin mayor valor agregado, destinado a voraces mercados extranjeros en los que se obtienen fabulosas ganancias sin hacerse cargo de los inmensos daños ambientales. Todo eso con la ayuda de un Estado sometido y corrupto que desprotege y vulnera los derechos sociales y ambientales de las poblaciones aledañas a esas operaciones.

Con el Presidente Vizcarra, nada de esto ha cambiado

En todo esto, el gobierno del presidente Martín Vizcarra sigue siendo la continuidad de las políticas y de las prioridades que instauró el régimen corrupto de Alberto Fujimori y Montesinos y la que continuaron los demás presidentes corruptos. El prófugo Alejandro Toledo, el que impedimos que fugue: Alan García, el que algunas izquierdas apoyaron: Ollanta Humala y también el que logramos que fuera renunciado: PPK.

No vemos que esto vaya a cambiar, no con la ley de presupuesto aprobada para este año, ni menos con la ley de competitividad que viene impulsando el gobierno. Menos cuando vemos que acaban de apartar del proceso al juez Carhuancho que estaba viendo los delitos que habría cometido Keiko Fujimori y cuando abren investigación al fiscal Vela por investigar al “cuello blanco” Pedro Chávarry.

Mantenerse Firmes y Consecuentes para Defender la Justicia

Ciertamente, desde la sociedad civil y desde los sectores políticos que buscamos un cambio del modelo económico habrá que seguir exigiendo y luchando para que estos cambios se produzcan. La legitimidad del Presidente no proviene del respaldo de los grupos de poder económico que nos han sumido en el enorme tajo abierto de la corrupción, sino del respaldo popular que le permite gobernar y que demanda respeto y justicia, que demanda firme compromiso con la defensa del bien común y lucha sin tregua contra la corrupción.

No espere el gobierno, no esperen las empresas que las poblaciones se queden calladas frente a tanto atropello. En el sur, han impuesto el estado de emergencia para que la minera china Las Bambas siga operando a sabiendas que violó los compromisos del estudio de impacto ambiental que implicaba construir un mineroducto cuya construcción abandonaron para construir una megavía de transporte que, al no estar asfaltada, todos los días llena de polvo las pasturas de los campesinos, agricultores y ganaderos, que viven en la zona. Sí es la misma minera que consiguió una ley especial del Congreso (en tiempos de Humala), ley con nombre propio que le permitió a la empresa suiza Glencore vender en el extranjero la mina a la empresa china MinMetals sin que pagaran los impuestos, que sí debían pagar al fisco nacional.

Otra vez, Hualgayoc y Bambamarca, vuelven a decir: “Cajamarca, te quiero, por eso te defiendo”

No dejemos de oír estas voces que claman por respeto y por derechos. Sus reclamos son justos y atendibles. Incluso, dentro del actual marco legal existen atribuciones que la ANA y el OEFA tienen para impedir más daños irremediables sobre las aguas y sobre las poblaciones que dependemos de ellas.

Históricamente, Cajamarca ha sacrificado bastantes vidas desde que se impuso la extracción comercial de los minerales. No somos hace 500 años. Con Yanacocha y esta vez con muchísimas más toneladas de oro, se ha pagado un segundo rescate que no ha llegado y que, por el contrario, se ha traducido en mayor contaminación y el abandono de otras formas de desarrollo que, si bien podrían no amasar fortunas en manos de pocos, podría permitir buen estado de bienestar y satisfacción de necesidades de las mayorías y, sin envenenar los ríos que son las venas de las tierras que hasta hoy generosamente producen pastos y alimentos.

Las cifras sí importan. No son uno, no son dos.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo[2], sólo en Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, son alrededor de 300 personas afectadas por metales pesados. Ello, sin considerar que, en realidad, la afectación ambiental abarca no sólo a la población en Hualgayoc, sino también a las poblaciones aledañas; las cuales, hacen uso de las aguas contaminadas que, a través de sus efluentes, llegan a otras localidades. Esto, arroja una cifra de alrededor de 20,000 personas.

Sin embargo, en el 2017, el presupuesto regional para la atención de la problemática de salud ambiental, se redujo en un 70%, pese a que Hualgayoc cuenta con más de 1200 pasivos ambientales mineros.

La remediación de los pasivos ambientales mineros en Hualgayoc, que las empresas mineras no quisieron asumir, bordea los 25 millones de dólares; cifra que debe ser repartida en trabajos de taponeo, manejo de aguas y revegetación. Esto es menos de lo que las mineras se llevaron tras la depredación del ambiente y, en algunos casos, dejando sin fuentes de agua a poblaciones íntegras.

El Ejecutivo ha anunciado que invertirá, alrededor de 10 millones de soles, a través de Activos Mineros- Sin embargo, esta cifra no es suficiente para remediar suelos y aguas con sedimentos que sólo perpetúan la contaminación ambiental de la población cajamarquina.

El oro y cobre bajo el suelo de Cajamarca significó ganancias de más de 250 millones de soles, por empresa minera, que dejó en abandono sus componentes; los cuales al no cumplir con planes de cierre adecuados, van dejando huellas hídricas y climáticas, en una de las regiones más pobres del país.

Sí, Cajamarca, la región con oro bajo sus tierras, no cuenta con agua potable en diferentes localidades, infraestructura hospitalaria adecuada, ni un verdadero desarrollo educativo. Por el contrario, sus hombres y mujeres, deben vivir a la espera de un Estado que los olvida y de una minería que avanza, dejando rastros ambientales difícil de borrar.

¡Por ello, basta de minería sin planificación ni controles!

Implementación urgente de la ley de protección de cabeceras de cuencas, para lo cual se requiere el Marco Metodológico, con eficiente gestión y transparencia en la ANA, el OEFA, las fiscalías ambientales y sin corrupción de alto vuelo en el gobierno central o, el gobierno regional que tiene un nuevo Presidente y en los gobiernos locales que tienen nuevos Alcaldes.

Solidaridad plena con la lucha de las rondas campesinas y el Frente de Defensa Ambiental de Hualgayoc-Bambamarca y Chugur.

Marco Arana Zegarra – Congresista de la República.

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[1] Titular de La República. Conflicto de Combayo, Agosto 2006.

[2] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/NP-271-2017.pdf

https://vozdelatierra.lamula.pe/2019/02/08/bambamarca-nuevas-protestas-frente-a-la-contaminacion-minera/vozdelatierra/

Brasil

Brasil arresta a ocho trabajadores del gigante minero Vale por el colapso de la represa

THE NEW YORK TIMES
Por Shasta Darlington, 16 de febrero de 2019 (foto:Reuters)
SÃO PAULO, Brasil — La policía brasileña arrestó a ocho empleados, incluidos dos directores ejecutivos, del gigante minero Vale el 15 de febrero como parte de una investigación criminal por el colapso de una represa que causó la muerte de más de 160 personas.

La represa, llena de desechos mineros y lodo, reventó hace tres semanas y lanzó una ola gigantesca de lodo que se estrelló contra la cafetería de la compañía en un complejo minero en Brumadinho en el sureste de Brasil. El torrente continuó colina abajo, impactó hogares y contaminó los ríos. Hasta el momento 166 personas han muerto y 147 siguen desaparecidas.

Las ocho personas arrestadas estuvieron «directamente involucradas en la seguridad y la estabilidad» de la represa que colapsó, de acuerdo con los fiscales públicos. Permanecerán detenidos hasta por treinta días mientras la investigación continúa.

La policía también llevó a cabo catorce órdenes de revisión e incautación en las oficinas de Vale y en las oficinas de cuatro empleados de la subsidiaria brasileña de TÜV Süd, una compañía alemana de pruebas industriales, la cual inspeccionó la represa de Brumadinho dos veces el año pasado, la más reciente de esas ocasiones fue en septiembre.

Vale dijo en un comunicado emitido el 15 de febrero que estaba cooperando completamente con las autoridades y que «continuaría apoyando las investigaciones para determinar los hechos», así como para ofrecer apoyo incondicional a las familias afectadas.

Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de las oficinas brasileñas de TÜV Süd no recibieron una respuesta inmediata.

Tan solo unos días después del colapso de la represa, los fiscales ordenaron el arresto de tres empleados de Vale y dos ingenieros de TÜV Süd. Al final, fueron liberados. De acuerdo con reportes noticiosos brasileños, uno de los ingenieros testificó ante los investigadores que había sentido presión de parte de Vale para certificar la estabilidad de la represa.

En Brasil, auditores independientes verifican la seguridad de las represas mediante inspecciones regulares y análisis de registros escritos. Sin embargo, de acuerdo con expertos, el proceso de certificación presenta fallas porque las compañías mineras seleccionan y pagan al auditor —lo que crea un posible conflicto de interés— y brindan toda la documentación en que los inspectores basan sus análisis.

En las semanas posteriores a esta tragedia, una serie de documentos ha salido a la luz que muestran que Vale ignoró señales de alerta en la represa, la cual fue construida mediante el inherentemente riesgoso método de «río arriba» y cabildeó exitosamente para aprobar de manera exprés un plan de expansión en el complejo minero.

Cuando la represa reventó, no sonaron alarmas ni sirenas para advertir a los trabajadores y a las comunidades río abajo. Vale dijo que el colapso ocurrió demasiado rápido y por eso no activó el sistema de alarma.

Desde entonces, Vale ha anunciado que cerrará las diez represas río arriba restantes y suspenderá la producción en los complejos mineros donde se ubican hasta que las represas estén fuera de servicio.

Los fiscales dijeron que los arrestos hechos y los documentos decomisados el 15 de febrero contribuirían a la investigación en curso sobre responsabilidad criminal.

*Copyright: c.2019 New York Times News Service

https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2019/02/16/brasil-arresta-a-ocho-trabajadores-del-gigante-minero-vale-por-el-colapso-de-la-represa/

Brasil, Internacional, Latinoamerica

Minería y desastres van de la mano

Por Darío Aranda.18/02/2019, Página12
El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó el registro de 104 desastres de diques de colas desde 1990 hasta 2016. Entre las responsables figuran la multinacional Vale, que produjo el alud de Brasil, y la BHP Billiton (Inglaterra-Australia)

Más de cien muertos, 200 desaparecidos y un pueblo sepultado bajo miles de toneladas de barro tóxico. Es el desastre de la minera Vale en Brumadinho (Brasil), ocurrido en enero pasado. Pero no es la única tragedia de la megaminería, que acarrea cientos de «accidentes», muertos y gravísimos hechos de contaminación. Datos de Naciones Unidas afirman que desde la década del 90 la megaminería provocó al menos 100 «fallas-accidentes», 27 de ellos «muy graves» (con más de 20 muertos). En Argentina, los derrames de Barrick Gold en San Juan y la contaminación de Minera Alumbrera en Catamarca son las mayores preocupaciones.

El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó al menos 104 desastres de diques de colas (gigantescos basureros mineros) desde la década del 90 hasta 2016. El informe, publicado en 2017, se titula «Dique de colas: la seguridad es no accidente», de 70 páginas.

El informe procesó información desde 1915 hasta 2016 y contabilizó en total 289 «fallas» de diques mineros. 43 fueron «muy graves», con más de 20 muertos y/o derrame de más de un millón de metros cúbicos.

El antecedente directo a Brumadinho es el colapso del dique de la mina Samarco en noviembre 2015 (en la localidad de Bento Rodíguez, también en Brasil), con 17 muertos y 200 desaparecidos. Las empresas responsables fueron las multinacionales Vale (Brasil) y BHP-Billiton (Inglaterra-Australia).

En Agosto de 2014, en Canadá, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (de la empresa Imperial Metals) y provocó el mayor desastre minero de la historia de ese país. Derramó más de 25 millones de metros cúbicos de desechos mineros en el lago Polley.

En 2014 la multinacional Grupo México (del magnate Germán Larrea) provocó el mayor desastre minero del país con su minera Buenavista del Cobre, en la ciudad de Cananea. Derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, contaminó tres ríos a lo largo de 250 kilómetros y dejó sin agua a más de 22.000 personas.

Marcelo Giraud es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y estudioso de los efectos de la mgaminería. Afirmó que los desastres de la multinacional Vale en Brasil no son excepciones. «Sabemos que la empresa Vale o el estado brasileño no son particularmente más irresponsables que el resto. Vale actúa como todas las otras empresas transnacionales de su tipo y el gobierno de Minas Gerais y Brasil no son ni más ni menos corruptos o irresponsables que los demás de América Latina», aclaró.

La Asamblea de Jáchal (San Juan) escribió una carta abierta a las víctimas de Vale en Brasil. Recordó el derrame de Barrick Gold en la mina Veladero en 2015 (más de un millón de litros de solución contaminada que llegaron a ríos) y también resaltó la situación de Samarco en 2015 (Brasil): «Ambos hechos no sólo están impunes, también siguen contaminando, y lo hacen con la complicidad de gobiernos. La primarizacion de la economía es tan brutal e impiadosa que podemos asegurar que Sudamérica enfrenta un nuevo saqueo histórico. Y acá estamos nosotros, resistiendo a la destrucción de nuestras vidas».

En Catamarca funciona desde hace más de 20 años Minera Alumbrera (empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). Su mineraloducto (un gran caño que lleva el concentrado a lo largo de cientos de kilómetros) tuvo al menos media docena de roturas y derrames. La compañía reconoció la filtración del dique de colas (que contamina napas subterráneas). Y desde hace años los vecinos de Catamarca (muchos de ellos nucleados en la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá) alertan sobre el posible colapso del dique de colas (enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad). El gobierno provincial, que siempre impulsó la actividad minera y defendió el accionar de Alumbrera, dice que no hay riesgos. Pero nunca permitió el ingreso de peritos independientes para examinar el yacimiento. El mismo accionar del gobierno de Brasil ante la minera Vale.

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral «Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno», analizó los peligros y riesgos de la minería.

De los casos de América Latina detalla el derrumbe en la mina El Soldado (Chile, 1965), con un saldo de 154 víctimas fatales. El colapso de la presa de la Planta Otapara (Perú, 1996) provocó el derrame de relaves sobre el río Acarí (Arequipa). La rotura del dique de la División Andina de Codelco (Chile, 2000), con un derrame de 5300 metros cúbicos de relaves provocó muerte de ganado y anegamiento de cultivos. La fractura del dique de la mina Cerro Negro (Chile, 2003), con derrame de 50.000 toneladas de lodos tóxicos que contaminaron cursos de agua.

Recordó que el colapso de los diques de colas no son los únicos peligros de la megaminería. Agregó a la lista las filtraciones subterráneas de esos diques, la falla en las tuberías, el derrame de sustancias químicas, el transporte de sustancias tóxicas y la contaminación del aire producto de las explosiones, entre otras.

A pesar de los numerosos desastres con muertos y contaminación, gobiernos y empresas siguen publicitando la actividad como «minería sustentable».

Argentina, Chile

Conforman el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos

Actores diversos, unidos por la sustentabilidad ecológica, social y cultural de los salares, conforman el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. —————

Ramón Morales Balcázar, Director Fundación Tantí / Miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, Máster en Estudios Internacionales Esp. Desarrollo Agrícola Sustentable – Université Paris XI

Con la realización del I Seminario Internacional: “Electromovilidad, Boom del Litio y Sustentabilidad en los Territorios” el día 15 de febrero en San Pedro de Atacama, se realizará el lanzamiento oficial del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Este observatorio, de carácter ciudadano y plurinacional, reúne y canaliza los aportes de diversos actores del mundo comunitario indígena, campesino, académico y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente y los derechos humanos en Chile y Argentina.

Los salares andinos, en tanto que reservas de agua y biodiversidad, constituyen la base para la existencia de una biodiversidad única y la supervivencia de comunidades originarias a lo largo y ancho de toda la Puna Atacameña1. Esta región, dividida hoy por las fronteras nacionales, ha llegado incluso a ser bautizada en diversos medios como el “triángulo del litio”, en una clara señal de que para ciertos sectores lo que importa de los territorios siguen siendo los “recursos” que podemos extraer de ellos. Frente a la expansión del extractivismo2 del litio, impulsado principalmente por el mercado de la electromovilidad y el consumo de aparatos electrónicos desechables3, ha surgido la necesidad de acompañar y vigilar, desde una mirada crítica e independiente de todo interés económico y político, tanto los procesos de otorgamiento de permisos de exploración y explotación de salares, como las prácticas de los estados y empresas operando en estos territorios.
El caso del litio y los impactos socioambientales de su extracción, tanto a partir de salmueras como de rocas, es particularmente complejo. Si bien en países como Chile y Argentina se han logrado ciertos avances en la sensibilización respecto a este fenómeno, éste se ha dado principalmente en los territorios directamente afectados o a través de redes de organizaciones conformadas por personas relativamente sensibilizadas respecto de los impactos de la mega minería. Al mismo tiempo, los gobiernos de las economías del norte global4, están apostando abiertamente por la “transición energética” como un mecanismo para reducir su huella de carbono. Sin embargo, esta forma de lucha contra el cambio climático ignora que la demanda de grandes cantidades de litio, especialmente para consolidar el mercado de los autos eléctricos, conlleva serios impactos en los países del sur.
Son justamente estos factores los que se han convertido en los principales objetivos del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos: ser un puente para el conocimiento y valorización de los ecosistemas de los salares, convirtiéndose en una herramienta tanto para la visibilización de los conflictos en los territorios como para el análisis de la industria misma del litio y sus mitos.
Con la conformación de este Observatorio se consolida una red, y se amplían los horizontes para un mensaje que, sin duda, llegará cada vez lejos, tanto en los territorios y países afectados por este fenómeno como en la comunidad internacional.

Brasil

“Las medidas de seguridad de Vale no han funcionado”, dice el CEO, a medida que crecen las dificultades

(Brumadinho – MG, 26/01/2019) Região atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho – MG.
Foto: Isac Nóbrega/PR

“Vale reconoce humildemente que, sea lo que sea lo que hemos estado haciendo, no ha funcionado”, expresó Fabio Schvartsman, ante los legisladores de la Cámara Baja de Brasil que están investigando la tragedia.
Mundo
14 de febrero del 2019
(Reuters) Los procedimientos de seguridad de la minera brasileña Vale no han funcionado, dijo este jueves el presidente ejecutivo de la compañía, respondiendo a las preguntas de los legisladores luego de que una de las represas de la compañía colapsó el mes pasado con la pérdida de cientos de vidas.

La compañía, que todavía está lidiando con las consecuencias del colapso en 2015 de una represa cercana de la que es copropietaria, enfrenta varias investigaciones sobre el desastre del 25 de enero en la ciudad de Brumadinho en el estado de Minas Gerais.

“Vale reconoce humildemente que, sea lo que sea lo que hemos estado haciendo, no ha funcionado, ya que la represa se ha derrumbado”, dijo el CEO Fabio Schvartsman a los legisladores de la Cámara Baja de Brasil que están investigando la tragedia.

La ruptura de la presa de Vale contaminó el río Paraopeba y mató al menos a 166 personas, de las cuales casi 200 siguen desaparecidas, según la información más reciente de los rescatistas.

El precio de las acciones de la compañía ha sido golpeado y sus problemas están aumentando.

Vale dio prioridad a las ganancias sobre la seguridad de sus trabajadores en la represa, dijo en una opinión el Fiscal General Adjunto, João Pedro de Saboia Bandeira de Mello Filho, enviado a la corte suprema y visto por Reuters este jueves.

Vale refutó ese argumento, señalando que la represa tenía todos sus permisos y que la compañía invirtió constantemente para mejorar la seguridad allí.
Regulador de valores abre investigación

Mientras tanto, el regulador brasileño de valores, CVM, está investigando a los principales ejecutivos y miembros de la junta de Vale por el colapso de la represa, informó este jueves el diario Valor Econômico.

La CVM está investigando cualquier incumplimiento de las leyes de valores sobre el incidente, y tiene el poder de imponer multas e impedir que los ejecutivos trabajen en compañías que cotizan en bolsa en Brasil.

La investigación es paralela a investigaciones civiles y penales.

El caso de CVM comenzó el 28 de enero, tres días después de que la presa Córrego do Feijão de Vale explotara, dijo el periódico Valor, citando documentos relacionados con la investigación.

El regulador confirmó a Reuters este jueves que inició dos investigaciones administrativas en Vale después del colapso de la represa, pero se negó a dar más detalles.

Vale no tuvo un comentario inmediato sobre las investigaciones de la CVM.

El CEO Schvartsman argumentó que Vale no debería ser condenado por el colapso.

“Es una gema brasileña que no puede ser condenada por un accidente que ocurrió en una de sus represas, por muy grande que fue la tragedia”, dijo.

http://www.mch.cl/2019/02/14/las-medidas-seguridad-vale-no-funcionado-dice-ceo-medida-crecen-las-dificultades/