Determina que las concesiones reclamadas son ilegales, por haberse violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

La Comunidad Nahua de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, ganó un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones mineras sobre su territorio sin consulta ni consentimiento.

En un comunicado, Fundar explicó que el juicio también fue interpuesto por la comunidad contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley minera cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución.

En su resolución, el Juzgado concede a Tecoltemi el amparo y protección de la justicia, reconociendo no solo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado, y determinando que las concesiones mineras, cuya titular es la canadiense Almaden Minerals, “devienen ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”.

Debido a esa ilegalidad, el Juzgado ordena a la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, teniendo presente que se trata de territorio indígena..

La autoridad judicial reconoce en su resolución que Tecoltemi tiene carácter indígena y que por ello cuenta con una protección jurídica específica, señalando que, con base en lo establecido por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, basta que la comunidad se auto adscriba al Pueblo Nahua para que se le reconozca tal calidad y protección.

En este sentido, el Juzgado rechaza las afirmaciones de la empresa minera, quien de manera reiterada aseveró durante el juicio que en el municipio de Ixtacamaxtitlán, afectado por las dos concesiones, no existe población indígena.

El juzgado estableció que el Congreso de la Unión ha incumplido con su obligación de adecuar la Ley Minera para incorporar en ella el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado.

En este sentido, la autoridad judicial señala que el poder legislativo ha incurrido en una omisión legislativa relativa, que genera una  situación inconstitucional.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el pasado 11 de abril y está sujeta a impugnación por cualquiera de las partes involucradas en el juicio.

Fuente:https://www.poblanerias.com/2019/04/comunidad-de-ixtacamaxtitlan-gana-amparo-contra-concesiones-mineras/?fbclid=IwAR3hiREvoY9igt0AONlE1f6l3KlEwYAthfmi5GhHv5rIVFtGrR2RsyLxy-g

Determina que las concesiones reclamadas son ilegales, por haberse violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
Reconoce que Tecoltemi es una comunidad indígena, bastando su auto adscripción al pueblo Nahua, para tal reconocimiento.
Este 22 de abril la Comunidad Nahua de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, fue notificada de la sentencia que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios
Federales en el Estado de Puebla dictó el pasado 11 de abril dentro del juicio de amparo 445/2015. El juicio fue interpuesto por la comunidad, acompañada por Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones mineras sobre su territorio sin consulta ni consentimiento. La demanda fue también contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley minera cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución.
En su resolución, el Juzgado concede a Tecoltemi el amparo y protección de la justicia, reconociendo no
sólo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado, y
determinando que las concesiones mineras, cuya titular es la canadiense Almaden Minerals, “devienen
ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”.
Debido a esa ilegalidad, el Juzgado ordena a la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar
una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, teniendo presente
que se trata de territorio indígena.
La autoridad judicial reconoce en su resolución que Tecoltemi tiene carácter indígena y que por ello
cuenta con una protección jurídica específica, señalando que, con base en lo establecido por la
Constitución y el Convenio 169 de la OIT, basta que la comunidad se auto adscriba al Pueblo Nahua
para que se le reconozca tal calidad y protección. En este sentido, el Juzgado rechaza las afirmaciones
de la empresa minera, quien de manera reiterada aseveró durante el juicio que en el municipio de
Ixtacamaxtitlán, afectado por las dos concesiones, no existe población indígena. De hecho, el Juzgado
advierte que el territorio de Ixtacamaxtitlán “es el que legítimamente corresponde a los pueblos
originarios de la zona”.
Vale la pena apuntar que la titular del juzgado establece que “reconocer las especificidades de los
pueblos indígenas conlleva la obligación del Estado a consultarlos para evitar patrones de desigualdad
durante cualquier proceso de decisión, ya sea de carácter legislativo o administrativo”.
En cuanto a la solicitud de Tecoltemi de revisar diversos artículos de la Ley Minera, el Juzgado no
analizó los argumentos de inconstitucionalidad planteados por la comunidad, por lo que no examinó el

contenido del articulado a la luz de la protección que los tratados internacionales y la Constitución
reconocen para pueblos indígenas y ejidos. En su lugar, el juzgado estableció que el Congreso de la
Unión ha incumplido con su obligación de adecuar la Ley Minera para incorporar en ella el derecho a la
consulta y al consentimiento previo libre e informado. En este sentido, la autoridad judicial señala que
el poder legislativo ha incurrido en una omisión legislativa relativa, que genera una situación
inconstitucional. La titular del juzgado de amparo señala que “el resultado del derecho a la consulta
previa de los pueblos y comunidades indígenas debe reflejarse en el contenido de la norma, que
garantice a su vez su derecho a la libre determinación y a la obtención del consentimiento libre e
informado”.
Hay que recordar que la comunidad reclama centralmente que la Ley Minera contraviene la
Constitución y los tratados internacionales porque, al dar preferencia a la minería, permite que las
autoridades entreguen a las empresas los territorios de las comunidades. Tecoltemi y quienes le
acompañamos seguiremos reclamando tales violaciones.
Es importante aclarar, dadas recientes declaraciones de Almaden Minerals relacionadas con la
sentencia, que las concesiones mineras materia del juicio de amparo (Cerro Grande y Cerro Grande 2,
otorgadas en 2003 y 2009 respectivamente), son aquellas sobre las que la empresa pretende instalar
una mina de oro y plata a cielo abierto. Es falso que dichas concesiones hayan sido canceladas
previamente y que su proyecto de extracción se encuentre sobre unas concesiones diferentes. Ya
Fundar y el Consejo Tiyat Tlali han informado previamente que durante más de tres años, la empresa
intentó cancelarlas para que el juicio concluyera sin sentencia, pero un Tribunal Colegiado determinó
en febrero de 2018 que la Secretaría de Economía no podía autorizar a la canadiense dicha cancelación
porque ello iría en contra de una orden de suspensión que el Juzgado de amparo otorgó a la
comunidad desde el inicio del caso.
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Cabe señalar que la sentencia emitida está sujeta a impugnación por cualquiera de las partes
involucradas en el juicio, por lo que aún puede pasar algún tiempo para contar con la definitiva.

Contacto:
consejotiyattlali@gmail.com Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060
Diana Amador. Coordinadora de Comunicación Fundar: dianaa@fundar.org.mx

Hermanas y hermanos de Ocotlán, Oaxaca hemos recibido el comunicado que con motivo del 100 Aniversario de Emiliano Zapata han distribuido, en el que dan a conocer, que a través de un acta de Sesión Solemne de Cabildo el H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, el Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales y la comunidad de Magdalena Ocotlán declararon al Municipio como “Libre de Minería”.

En la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería nuestros corazones están de fiesta y les hacemos llegar una felicitación, un gran abrazo y nuestro agradecimiento por este logro y por la lucha ejemplar que han venido dando con el firme propósito de defender su tierra, sus bienes naturales comunes, su autonomía, su libre determinación y su cultura zapoteca. Nuestras luchas se hermanan en contra del modelo extractivo que hoy como nunca amenaza con más fuerza.

Este acto se suma a la defensa por la vida que a lo largo y ancho del país se viene realizando por declarar “Territorios Libres de Minería”, por evitar que los consorcios mineros de capitales de privados mexicanos y extranjeros sigan saqueando y devastando nuestros bienes comunes naturales; por defendernos del despojo de la tierra, el agua, el aire, el ambiente sano, de los procesos identitarios ancestrales. La minería nos arranca todo, todo lo que somos como pueblo, como comunidad, como nación.

Nos unimos a su demanda de cancelación de todas las concesiones mineras en sus comunidades y por la salida del consorcio minero Fortuna Silver Mines-Cuxcatlán que desde 2009 impacta gravemente su territorio.

¡POR MÁS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
¡Cancelación Total a las Concesiones Mineras en México!
¡No Más Proyectos de Muerte!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/municipio-de-ocotlan-declarado-territorio-libre-de-mineria/

La Paz,  (BCS). Desde hace tres décadas ha habido intentos por establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en el área de la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Sin embargo, fue durante el sexenio de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megaminaría tóxica generó un gran conflicto social; en ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social.

La lucha de la población sudcaliforniana en defensa del agua y la tierra se ha mantenido durante años. La primera parte de este ensayo puede consultarse AQUÍ.

Marrullerías políticas

A finales de julio de 2015 la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología (DGDUE), a cargo de Socorro Isela Fiol Manríquez, otorgó un dictamen técnico de viabilidad y factibilidad a la solicitud de cambio de uso de suelo para los 18 predios que requería Desarrollo Zapal para erigir la megamina (Oficio D.G.D.U.yE./1101/331/2015). Con lo que el proceso de autorización estaba corriendo, ahora faltaba la autorización del Cabildo en pleno. La ciudadanía protestó y encaró con reclamos a Fiol Manríquez, quien se declaró víctima de las presiones de Marco Antonio Núñez Rosas, secretario general del Ayuntamiento de La Paz, quien según ella la obligó a firmar el dictamen. Envuelta en llanto Fiol Manríquez prometió que revocaría su firma.

En septiembre de 2015, a una semana de la renovación del Cabildo y después de dos sesiones supuestamente realizadas los días 9 y 21 de ese mes, el grupo saliente, de mayoría priísta, autorizó el cambio de uso de suelo solicitado por Desarrollo Zapal, y lo hizo en una sesión ilegal pues esta se celebró en el salón de un hotel de la ciudad de La Paz; cabe señalar que se realizó con la ausencia del Presidente Municipal y de dos de los Regidores, éstos últimos quienes señalaron que la documentación signada en dicha sesión era apócrifa. La Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología señaló que no había emitido un nuevo dictamen sobre la viabilidad y factibilidad del cambio de uso del suelo, además del que Fiol Manríquez declaró haber firmado bajo presiones de Núñez Rosas, por lo que la aprobación de algunos integrantes del Cabildo incurría en más de una violación al protocolo y a la legalidad.

Desde que se corrieron los rumores de la aprobación a la minera, la ciudadanía realizó diversas acciones de protesta civil que se iniciaron con la toma de la carretera transpeninsular en Todos Santos el día 23; para el 24 y 25 de septiembre estaban bloqueadas varias carreteras y autopistas de la Entidad, así como los accesos a los aeropuertos de La Paz y de San José del Cabo. Y fue hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general del Gobierno Estatal, se presentó en los bloqueos y firmó un documento en el que se comprometió a dar salida al conflicto, que las vías de comunicación fueron liberadas. Así mismo, del 23 al 27 de ese mes, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav)resguardaron el Archivo Municipal para evitar el ingreso del documento apócrifo resultado de la sesión clandestina del Cabildo, y aunque Marco Antonio Núñez se presentó al recinto e intentó regularizar las ilegalidades cometidas, el documento no le fue aceptado.

El 9 de marzo de 2016, Saúl Colín Ortiz, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no acudió a la audiencia solicitada por la comisión legal del Freciudav; los representantes de la organización ciudadana pedían respuesta a una denuncia, presentada anteriormente, contra la empresa Desarrollo Zapal por haber realizado desmonte en algunas zonas de la Sierra de la Laguna. Las autoridades nuevamente ignoraban el reclamo social. Entre mayo y junio de 2018, durante las campañas electorales para elegir al nuevo Presidente Municipal de La Paz, el Freciudav convocó a todos los candidatos a firmar un documento para que se comprometieran a negar el cambio de uso de suelo para el establecimiento de cualquier empresa minera en la Sierra de la Laguna, excepto los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), los demás signaron dicho documento.

Tensa calma y reactivación del conflicto

Durante la mayor parte de los años 2016 y 2017 la batalla entre promoventes y ciudadanos se dio mayormente en los medios de comunicación y en las redes sociales; con acusaciones y noticias falsas por parte de los pro-mineros y mediante comunicados y ruedas de prensa informativas por parte de los opositores. Éstos últimos llevaron a cabo eventos informativos en diversas plazas públicas, así como colectas de firmas dirigidas para mandatar a diversas autoridades, legislativas y ejecutivas, a negar la entrada del proyecto Los Cardones y la megaminería en general. La protesta social pacífica se reactivó en las plazas públicas y en las calles el 29 de agosto de 2018 con intensas y nutridas manifestaciones debido a que Desarrollo Zapal, intentó ese mes, de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, de extracción panista, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo había sido rechazado, también dijo que la empresa podía intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos.

En La Paz, ante la convocatoria del Freciudav, se congregaron alrededor de 1 mil personas afuera del Palacio de Gobierno Estatal para exigirle al gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente contra la minería. Ante la ausencia del mandatario incrementaron el tono de la protesta hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno salió y, micrófono en mano, dijo que “el Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”, haciendo referencia a Los Cardones. Sin embargo, ante la insistencia de los manifestantes de dialogar formalmente, de la Peña Angulo aceptó el ingreso de una comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas al recinto.

En la mesa y ante las demandas de integrantes del Freciudav y de otras organizaciones procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos independientes, de la Peña Angulo, acompañado por Axxel Sotelo, delegado de la Semarnat, se comprometió a elaborar un documento oficial en el que se especificaría la emisión de una iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la Sierra de la Laguna; este documento daría continuidad a lo ya desarrollado por el Freciudav y que sería integrado de común acuerdo por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del Gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al Cabildo saliente y al entrante, así como a las instituciones encargadas del medio ambiente. Ese mismo día se integró y firmó el documento, que menciona: “… el Gobierno del Estado no ha estado, no está y no estará a favor de obras y/o actividades industriales (minería), comerciales o de servicios que atenten contra los derechos humanos y la ecología.

En el caso concreto del pretendido proyecto minero conocido como “Los Cardones”, el Gobierno del Estado de Baja California Sur continúa con la postura de “No viable ambientalmente” como lo hizo del conocimiento de la Semarnat mediante la opinión técnica correspondiente en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 30 de agosto fueron a la explanada del palacio estatal alrededor de 200 personas, muchas de las cuales confesaron a varios medios de comunicación que habían recibido entre 150 y 200 pesos por presentarse al lugar y declararon no saber que hacían ahí. Así, la respuesta de los promoventes mineros ante la protesta social pacífica contra el megaproyecto quedó muy disminuida.

El día 13 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Delegado de la Semarnat, al Consejo Estatal Forestal y a los Regidores y al Presidente Municipal de La Paz; en el primer punto de acuerdo dicho documento señala que:

“EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONDUCTO DE LA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR EN LA ENTIDAD DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE EN ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE, PROCEDA A DICTAMINAR EN SENTIDO NEGATIVO LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES A USO INDUSTRIAL, PRESENTADA POR LA EMPRESA DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. PARA DESARROLLAR EL PROYECTO MINERO METALÚRGICO DENOMINADO ¨LOS CARDONES¨ UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LA PAZ, DENTRO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA LA LAGUNA, EN ATENCIÓN A LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. “

La ciudadanía, después de una larga lucha, consiguió entre agosto y septiembre de 2018 el apoyo de las autoridades municipales y estatales y no sólo alcanzó eso, pues el día jueves 8 de noviembre, con la participación del Freciudav, fue aprobado de manera unánime en el Congreso del Estado un dictamen con proyecto de decreto para reformar la Constitución del Estado y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el propósito de que: “El Gobernador del Estado decrete por causas de utilidad pública, protección al ambiente y garantía de los derechos humanos: “Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación”. La ciudadanía sigue a la espera de la aprobación y publicación oficial de tales reformas.

El “no a la mina” del presidente

El lunes 17 de septiembre de 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigió un mitin en el malecón de La Paz, en donde alrededor de tres mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones, la minería submarina en el Golfo de Ulloa, y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la Entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular. La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales. Obrador no complació a la masa y dijo: “[…] lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera, no obstante, el pueblo ya había decidido, eso estaba claro desde varios años atrás, ahora sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, o cuando protestó frente a Tv Azteca. La consulta podía ser un arma poderosa, pero de dos filos, que dependería del tamaño de la participación ciudadana. La propuesta de Obrador fragmentó a los asistentes y durante algunas semanas dividió a la sociedad sudcaliforniana, unos se manifestaron a favor y otros en contra, el asunto se alargó en las redes sociales.

La cercanía de AMLO con Ricardo Salinas Pliego, quien es parte de un consejo asesor del presidente, generó mucha suspicacia entre la sociedad sudcaliforniana. Desde el encontronazo entre el pueblo y el presidente electo los rumores y las suposiciones sobre que Obrador había negociado con Salinas Pliego una consulta popular amañada estuvieron presentes en los medios de comunicación, en las redes y en las conversaciones. El 3 de marzo, cuando Obrador regresó a Baja California Sur, los activistas anti-mineros ya tenían preparadas varias acciones, querían demostrarle al ya Presidente en funciones su completa animadversión a la minería, esperaban el anuncio de la consulta ciudadana, la que se había pospuesto desde diciembre pasado, pues habrá que recordar que el 17 de septiembre AMLO dijo que la consulta se realizaría en diciembre de 2018. En la asamblea popular AMLO los sorprendió con el “no a la mina” presidencial y transformó la protesta ciudadana en algarabía.

Un logro ciudadano

Impedir la entrada de la megaminería a tajo abierto en una Reserva de la Biósfera, en un país que adolece de corrupción, no es un logro menor y este es sin duda de la sociedad civil organizada de sudcalifornia, pero debe ser considerado también un triunfo nacional; y, por supuesto, un ejemplo de que la sociedad puede determinar su devenir en las políticas públicas si se lo propone y ejerce la debida presión sobre las autoridades, que se han caracterizado por ser complacientes con las autorizaciones de proyectos de diversas actividades industriales y comerciales, aunque los empresarios no cumplan con las reglamentaciones nacionales e internacionales correspondientes, y a pesar de que atenten contra el medio ambiente y la vida.

Ese “no a la mina” es el resultado de años de lucha de sudcalifornianos comprometidos con la defensa de su territorio y del derecho a la vida, pues lo que estaba en juego en esta parte del Estado era la contaminación, con desechos tóxicos, del sistema de recarga hídrica que abastece a gran parte del sur de la Península. La lucha de los ciudadanos parece haber ganado la liberación de la Sierra de la Laguna de la amenaza de la megaminería a tajo abierto para la extracción de oro, pero aun falta que lo dicho por Obrador se haga oficial mediante documentos, leyes o decretos, que enfaticen la ilegalidad del establecimiento de minería en la Sierra de la Laguna y en general en la Reserva de la Biósfera de que ésta es parte.

Fuente:http://www.culcobcs.com/educacion-y-sociedad/no-a-la-mina-ii/?fbclid=IwAR3PDb0tZf3YCKM8O3fxQRs8RXpbxeepidlJr6hXJsZSp8xrg-PDd0l2uXI