Mexico

[Artículo] Ixtacamaxtitlán: 60 días de tensión por mina canadiense

Autor: Ana Cristina Ramos , OM
Conflicto Relacionado: Ixtacamaxitlán-Almaden Minerals

La Semarnat tiene dos meses para definir si avala o no la propuesta de mina a cielo abierto para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, realizada por la canadiense Almaden Minerals. Durante el proceso, la empresa ejerce presión en el pueblo

En las playeras amarillas leían “Sí al proyecto Ixtaca”. Era una sesión informativa y pública realizada por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Una minera canadiense, Almaden Minerals, pretende pasar de fase de exploración a la más destructiva: explotación del oro de este pueblo; quienes portaban la playera con esta frase no eran pobladores de la comunidad, si no acarreados llevados por la empresa canadiense desde Veracruz.

El foro público de la Semarnat del 25 de junio se enmarca en el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó la empresa canadiense para poder modificar el permiso que tiene y pasar conseguir pasar a la fase de explotación.

La empresa canadiense entró al municipio el 24 de enero de 2019 con una filial mexicana, Minera Gorrión, directamente a la comunidad más afectada: Santa María Zotoltepec. En febrero entregaron la MIA a la institución federal. Sin embargo, desde 2001 cuenta con oficinas en la zona.

En el documento la empresa anuncia su interés de ocupar 1,044.02 hectáreas de territorio en Ixtacamaxtitlán, donde hay yacimientos de oro y plata en la cuenca alta del río Apulco, y solicita el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para extraer mediante una mina a cielo abierto.

Entraron al evento público realizado por Semarnat favoreciendo la opción de la mina y la población se enfureció y lo denunció mediáticamente y a través de organizaciones sociales como Poder Project. La práctica fue evidente, pues contrasta con las asambleas regionales que organizan comunidades Masehual-Totonaku en defensa del Territorio en las que participan.

Semarnat tiene 60 días para devolver la MIA con su decisión, pero en algunos medios de comunicación se ha manejado el dato de 30, y el antecedente que en abril el Juzgado Segundo de Distrito de Puebla emitió una resolución que obliga a la canadiense a realizar una consulta con comunidades. Pobladores, sin embargo denuncian desconocer si esta infiltración es parte de ese requisito.

En la Sierra Norte de Puebla existen 105 concesiones mineras, 72 por ciento son de Almaden Minerals; Ixtacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Desde el 2011 que fue realizado el primer conteo, el número de concesiones mineras se ha triplicado.

 

Los pobladores de la comunidad más cercana a la mina se han opuesto a su operación en distintas ocasiones, han protestado ante Semarnat, en Palacio Nacional, incluso desde el periodo donde sólo estaba explorando. Ahora que la minera tiene intenciones de operar, recabaron información sobre una serie de puntos que esperan les dé la razón para que la Semarnat no les avale la manifestación.

El primer argumento que están planteando es que el proyecto está basado en una serie de concesiones que no existen porque se encuentran en litigio.

El amparo es el mismo que interpuso la comunidad de Tecoltémic desde el 9 de abril del 2015, en el Juzgado Segundo en Materia Civil Distrito de Puebla, el cual les otorgó la suspensión provisional y por ello la Secretaría de Economía suscribió en los títulos de concesión minera que éstos no podían revocarse, transferirse o hacerse ningún acto sobre ellos hasta que no concluyera el juicio.

Diana Pérez, abogada de la organización Tiyat Tlalli, que lleva el caso de la comunidad, explicó cuál es la estrategia de la minera: “quieren intentar reducir el número de concesiones; reducir las concesiones es algo así como partir el pastel en varios pedazos pequeños para después desistirse, decir, ‘bueno, yo no quiero estos pedazos’, pedazos que afectaban a Tecoltémic, ésa fue su estrategia para dejar sin estrategia el juicio”.

En marzo de 2018, un Tribunal Colegiado le volvió a dar la razón a Tecoltémic y le dijo a la Secretaría de Economía que no puede modificar los títulos de concesión que abarcan casi 14 mil hectáreas en el municipio –el 80 por ciento del municipio de Ixtacamaxtitlán– porque eso iría en contra de la sentencia que se dictó en el 2015.

Otro de los argumentos de los pobladores es que se omiten los impactos ambientales que el proyecto minero en la región. A lo que la empresa ha prometido en reiteradas ocasiones que la mina funcionará con agua de lluvia y que no hará uso del agua subterránea.

Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua, denuncia que el uso de agua que prevé la mina es desproporcionado con lo que los pobldores utilizan.“Con datos de los ponentes, la conclusión es que no es suficiente llevar a cabo el proyecto minero en tanto que están previendo utilizar cinco millones cuatrocientos mil litros de agua diarios, esta cantidad de agua es el doble de la cantidad de agua que utilizan las 120 comunidades de Ixtacamaxtitlan en su conjunto”, argumenta.

 

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3239-articulo-ixtacamaxtitlan-60-dias-de-tension-por-mina-canadiense?fbclid=IwAR2FDn52iSKIGD0FnO6SE901cqfNTM3MiHfQLjOOdTkzbrime1r6OMaKZtU

Perú

Tía María: Southern respira porque el Gobierno le ampliará el plazo del EIA

Autor: Clorinda Flores , Diario Correo.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

El próximo 31 de julio se cumplen cinco años desde que el Gobierno recibió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero de Tía María (Arequipa), de manos de Southern Perú, quedando expedito para obtener el permiso de construcción.

Es decir, al cumplir cinco años, ese EIA perdería su vigencia. Por lo tanto, Southern Perú se vería obligada a realizar otro estudio, que le demandaría más dinero y más tiempo.

Sin embargo, una fuente del sector minero señaló a Correo que se ampliaría el plazo de vigencia del EIA de Tía María, con lo que Southern Perú tendrá un gran respiro.

PROCESO

Otra fuente del sector precisó que hacer un EIA no solo implica desembolsar más dinero, sino también demanda tiempo y esfuerzo de la empresa, porque tiene que hacer frente a las demandas de los pobladores de comunidades de la zona de influencia (en este caso en el valle del Tambo, en Arequipa).

En tanto, se supo que el Gobierno ha convocado a reunión a las autoridades municipales.

Una vez que la empresa consigue el permiso de construcción (que debe ser otorgado por el Gobierno), el proyecto necesita la aprobación de los ciudadanos.

“El problema surge cuando se realizan los talleres en los que se consigue la participación ciudadana, los opositores de un proyecto minero, incluso, se presentan con bombas molotov”, comentó.

MEF. Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, dijo en una entrevista radial, que sí existen condiciones para que Southern Perú obtenga el permiso de construcción.

“Debemos entender que en un Estado de Derecho debemos cumplir con las normas. En el sector minero hay una serie de normas para dar una licencia de construcción y le corresponde al Estado otorgar dicha licencia. Están dadas las condiciones para dar la licencia de construcción al proyecto”, explicó en RPP.

Tía María es un proyecto de cobre que demandará una inversión de $1400 millones. Se conoce que la empresa confía en desarrollarlo.

Segundo. El EIA que está pendiente del permiso de construcción es el segundo de Tía María, que prevé desalinizar el agua de mar.

 

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-southern-respira-porque-el-gobierno-le-ampliaria-el-plazo-del-eia-896313/?fbclid=IwAR224gu_rmY16cfWap1A9V-MFJk5ZPqeZ6fbxoDOSeBLO3qmUT2RGr4r_DA

Chile

MALAS NOTICIAS PARA MINA INVIERNO. BUENAS NOTICIAS PARA PATAGONIA

Autor: Relaves.org
Conflicto Relacionado: Isla Riesco- Mina Invierno

Por dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal Ambiental resolvió que no hay antecedentes nuevos en el proceso que permitan modificar la prohibición del uso de tronaduras bajo la cota 100 metros sobre el nivel del mar, lo que impide extraer cerca del 98% de las reservas mineras del yacimiento.

Un revés sufrió el proyecto Mina Invierno, ya que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia rechazó modificar las medidas cautelares que existían sobre las tronaduras del proyecto en la región de Magallanes ligado a las familias Angelini y Von Appen.

Por dos votos a favor y uno en contra, la instancia resolvió que no existen antecedentes nuevos en el proceso que permitan modificar la prohibición del uso de tronaduras bajo la cota 100 metros sobre el nivel del mar, lo que impide extraer cerca del 98% de las reservas mineras del yacimiento.

El Tribunal Ambiental de Valdivia estimó que respecto de los antecedentes presentados para modificar la medida cautelar, “la información en ellos contenida es confusa, lo que genera incerteza respecto de los efectos en el componente paleobotánico de las tronaduras autorizadas. Por tanto, aplicando el principio precautorio, resulta más apropiado actuar con cautela, observando la necesaria proporcionalidad respecto de los efectos que tendrá sobre el patrimonio del afectado”.

Según el voto de mayoría, la medida sigue siendo proporcional “porque Minera Invierno S.A. no queda impedida de la extracción de carbón, toda vez que la tronadura es un método complementario a la extracción mecánica, la cual cuenta con autorización vigente y no tiene ninguna restricción”.

El fallo que mantuvo la medida cautelar decretada a fines de marzo puntualizó además que “Minera Invierno S.A. no logra acreditar por qué no puede continuar la explotación del rajo en forma mecánica, en aquellas áreas donde no habrían areniscas grises compactas.”

 

Fuente:http://relaves.org/post.php?id=72

Perú

En Espinar minera sigue cometiendo irregularidades a pesar del inicio de consulta previa

Autor: IDL.org.pe

Glencore Antapacay, con su nuevo proyecto Coroccohuaycco, está cometiendo una serie de irregularidades pese a que existe un proceso de consulta iniciado por el Estado. “Son más de 37 años de actividad minera en Espinar y las cosas no han cambiado mucho.

En una reunión sobre empresas y derechos humanos, en la embajada de Suiza, estaban los representantes de algunas empresas mineras que hablaron sobre las buenas prácticas de sus empresas. ¿Buenas prácticas para quiénes?”, se pregunta la abogada del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, Maritza Quispe.

Lo que ocurre en esa provincia alta del Cusco es que el Estado no quiere consultar los instrumentos de gestión ambiental, en concreto, la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Coroccohuaycco. Por otro lado, la empresa minera está comprando tierras de las comunidades campesinas y coaccionando a la población con amenazas. Por ejemplo, es usual que los funcionarios de la empresa les digan:“Si no me vendes tus tierras, nos vamos a retirar, no tendrán trabajo y le quitaremos las becas a sus hijos”.

Maritza Quispe tiene más cuestionamientos: “¿Acaso no están aprovechándose de la necesidad de la población que sigue inmersa en la extrema pobreza, pero cuyos territorios son ricos en recursos naturales? ¿Por qué no se respetan los derechos de estas comunidades siguiendo los estándares internacionales? ¿Por qué hasta ahora el Estado no atiende a las miles de personas en Espinar contaminadas con metales tóxicos? ¿Por qué la población de Espinar sigue tomando agua contaminada con metales tóxicos?

 

Fuente:https://idl.org.pe/en-espinar-minera-sigue-cometiendo-irregularidades-a-pesar-del-inicio-de-consulta-previa/

 

Latinoamerica

Los extractivismos como vicio

Autor: Eduardo Gudynas , Noticias Ser.pe

Si bien se cita frecuentemente a la moral en muchas cuestiones controversiales de la vida pública, como los extractivismos, las cuestiones de género o la corrupción, la realidad es que no todos están dispuestos a abrazarla. Muchos esgrimen categorías de la moral pero huyen de sus significados, y la convierten en eslóganes publicitarios, mientras que en la realidad la van recortando, encogiendo y restringiendo.

Están muy lejos de apaciguarse las polémicas alrededor de emprendimientos extractivistas como la minería en el sur o el petróleo en la Amazonía, discusiones en las que una y otra vez aparecen argumentaciones morales. Los defensores de los extractivismos insisten en que son buenos y necesarios. Algunos incluso acusan a quienes alertan sus impactos, por ejemplo campesinos o indígenas, como inmorales agentes que impedirían el progreso.

De una manera u otra hay una moralidad que defiende a los extractivismos como algo bueno y correcto, y a quienes denuncian sus efectos negativos los etiqueta como malos o ignorantes ¿Son tan buenos los que promueven explotaciones mineras o petroleras?, ¿Son tan malos los que protestan por la contaminación?

En realidad, la apelación moral en estos debates refleja los intentos de blindar a los extractivismos actuales y presentarlos como una actividad correcta y orientada al bien común, de modo que no embarcarse en ella sería incorrecto. Sería inmoral no continuar siendo extractivistas porque esos dineros financian la lucha contra la pobreza.

Esa ha sido la idea básica esgrimida tanto en Perú y Colombia, como en Venezuela y Bolivia. Con ese discurso se intenta superar la evidencia de los efectos negativos locales (pérdida de áreas naturales, contaminación, violencia) y sostener que más allá de éstos, los extractivismos deben preservarse porque aseguran el beneficio de las mayorías.

Esta peculiar postura moral es la vía elegida por aquellos que ya no pueden recurrir a la ciencia y la técnica para decir que los extractivismos son seguros y no contaminan. A medida que la ciencia convencional suma más evidencia, más se apela a esa moral que descansa en supuestas mayorías pero excluye a las minorías (casi siempre campesinas o indígenas).

Hoy ya es casi imposible afirmar que la contaminación de las mineras no afecta la salud de las comunidades locales. No existe, por ejemplo, tratamiento para la contaminación por metales pesados, como revela la situación de los obreros vinculados a enclaves como los de Antamina o Yanacocha; además, las consecuencias alcanzan a las siguientes generaciones, ya que entre otros efectos, los niños pierden sus capacidades cognitivas.

¿Cómo así entonces defender esta minería como moralmente buena o correcta desde el punto de vista de esos obreros o sus comunidades, si se ha dañado severamente su salud e incluso se afecta a las generaciones futuras?

Muchos de los impactos negativos de los extractivismos están impedidos o sancionados por la ley, pero como se sabe que esas regulaciones no se cumplen adecuadamente o pueden evitarse en un juicio, se mantienen las prácticas contaminantes. Nada impide pensar que los perpetradores de la contaminación saben que no tendrán una sanción jurídica, y que difícilmente pueden ignorar el daño que hacen y a la vez comprenden que menos aún serán sancionados por ello. Estamos ante inmoralidades elevadas al cuadrado.

Inmoralidades así ocurren con otros impactos: por contaminación de suelos o fuentes de agua, al impedir el acceso a la información y a la participación de las comunidades, al desplazar a indígenas, espiarlos o inventarles causas judiciales, y así sucesivamente, hasta llegar al extremo de los asesinatos.

Sin embargo no parece ser un problema suspender la moral respecto a los impactos locales, mientras se defienden a los extractivismos como correctos para el bien de las mayorías, en una suerte de utilitarismo extremo, al estilo de Bentham, pero además deformado: lo correcto sería lo que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas… aunque sea a costa de muchas comunidades y de la Naturaleza misma

Para esta rara moralidad empresarial y académica lo correcto son los resultados de una suma aritmética. En una formulación muy esquemática sería como afirmar que no importa el dolor o malestar infringido a unas pocas personas si con ello la mayoría de la población aumenta su gozo y felicidad.

Esa mirada no comprende las restricciones liberales más elementales, tales como advertir que las acciones de unos no deberían dañar o perjudicar a otros. Es por lo tanto una moral recortada o imperfecta, y muy conservadora al estar reñida con las posturas liberales clásicas. Otra paradoja, ya que suele asumirse que esa perspectiva filosófica es la que sustentan los economistas y empresarios que citan la libertad económica para promover los extractivismos.

Aristóteles puede ser un buen compañero para intentar salir de la confusión acerca de la moral. Los extractivismos son un ejemplo de acciones que se apartan de la virtud, tal como la entendía Aristóteles: la comprensión inteligente y consciente sobre lo que se hace. Contrario a la publicidad, que los pinta como expresiones de ciencia y tecnología de punta, son en realidad actividades muy poco inteligentes, que se recuestan en el beneficio económico empresarial a la par que desechan el daño social y ecológico. Si consideramos además que la virtud aristotélica, está referida a las acciones ajustadas a la esencia humana, sería difícil sostener que esa esencia es la de destruir paisajes o contaminar comunidades.

¿Se quiere hablar de moral en los extractivismos? Hacerlo en serio apunta a comprender que la bondad y la justicia se orientan a preservar la vida y salud de las personas y la Naturaleza. Dicho de otro modo: si eres bueno y justo no puedes ser extractivista. Hay un imperativo moral en proteger a las personas dañadas por los extractivismos, como a los ecosistemas que están riesgo.

En consecuencia, aliviar el sufrimiento de muchos e impedir la destrucción de la Naturaleza, requiere abordar cuanto antes las transformaciones que permitan abandonar la dependencia de los extractivismos. No se puede invocar a la moral para defenderlos, sino para buscar alternativas a ellos.

Esto no será sencillo ni se logrará de un día para otro, pero es lo correcto… y lo opuesto a la cháchara moralista con la que se cubre que en la realidad se recorten las consideraciones morales y éticas que nos alejan de las virtudes y nos conducen a los extremos. ¿Cómo llamar a esa situación? Son los vicios, respondería Aristóteles. Esta es la conclusión de esta reflexión: los extractivismos son un nuevo tipo de vicio contra la naturaleza y la sociedad.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/los-extractivismos-como-vicio?fbclid=IwAR1SYRlzk4IDyUHX_-OgKYmisnokxRDRKKTWHsDQDn2Xby-kFeLygP99Wzs

Mexico

Semarnat da permiso a minera para construir presa en Jalisco: REMA

Autor: Alfredo Valadez Rodríguez , Jornada.com

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), denunció este martes que el pasado 18 de junio la empresa minera canadiense Endeavour Silver Corp, recibió autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la construcción de una presa de relaves, en su proyecto de la mina de plata y oro Terronera, ubicada en Jalisco.

Esta autorización, advierte la organización, pone en evidencia que a pesar de que recientemente se designó como titular de la Semarnat a un prestigiado académico e investigador mexicano, Víctor Toledo, las políticas públicas en el sector minero y medio ambiental siguen al servicio de los grandes capitales.

“El neoliberalismo sigue totalmente vigente por más frases mediáticas que nos impongan, queda en evidencia el estrechísimo margen de maniobra que tiene el actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el maestro en ciencias Víctor Toledo Manzur”.

Es claro advierte la REMA, que “con esta nueva autorización otorgada por quienes se supone cuidan el ambiente, al cambiar de bosques por minería, se ratifica el alineamiento de las instituciones, leyes y procedimientos a favor de los capitales privados”.

“Ya sólo nos falta que la Guardia Nacional también sume, a sus nuevas funciones antimigratorias, algunas tácticas para dispersar y desterrar –ironiza la organización social en su comunicado-, a las peligrosas resistencias comunitarias, quienes son una real amenaza para los capitales porque prefieren cuidar su territorio y los bienes naturales, de los depredadores”.

En su portal de internet (www.edrsilver.com), la minera Endeavor Silver Corp informó –en inglés-, sobre la autorización que obtuvo de la Semarnat, “el permiso final de relaves para el proyecto de la mina Terronera en el estado de Jalisco”.

Es permiso comentó la minera canadiense, es una “autorización para cambiar el uso del suelo en tierras forestales”, que entre otras cosas “le otorga a Endeavor Silver el derecho de almacenar los relaves (también llamados jales), de la mina subterránea de plata y oro de alto grado Terronera, propuesta en una instalación de relaves de pila seca filtrada y segura, adyacente al sitio de la planta propuesta”.

“Se considera que los relaves filtrados de pilas secas representan las mejores prácticas en el sector minero porque los relaves se filtran para reciclar el agua de regreso a la planta antes de apilarlos detrás de una presa de almacenamiento”, explicó.

La empresa minera canadiense informó que las instalaciones de relaves de pila seca, “cuestan más para construir y operar que las instalaciones convencionales de relaves húmedos, pero son más seguras y ‘más verdes’, y representan el futuro del almacenamiento de relaves”.

Con la autorización de la Semarnat, indica la compañía, se planea completar un estudio final de “prefactibilidad mejorado”, lo cual permitirá a sus propietarios canadienses “organizar el financiamiento adecuado para construir el próximo activo principal de Endeavour”. Es decir la entrada en operación de ésta mina la Terronera, en suelo jalisciense.

Para ello después de un período de construcción de dieciocho meses, la mina Terronera se espera produzca más de 5 millones de onzas de plata equivalente (en una proporción de plata:oro de 80:1) durante un mínimo de 12 años de vida útil de la mina, “a un costo total de mantenimiento por onza de plata producida, en el cuartil más bajo de pares de la industria”.

Endeavor Silver Corp es una empresa minera de metales preciosos de nivel intermedio que posee y opera cuatro minas subterráneas de plata y oro de alta ley en México, también con proyectos en Chile.

La autorización de la Semarnat denunciada por la REMA, se produce en un momento de incremento en los precios internacionales del oro. Este martes 25 de junio, agencias especializadas en temas financieros dieron a conocer que el oro alcanzó su mayor precio en los últimos seis años, al cotizarse en 1 mil 439 dólares la onza.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/25/semarnat-da-permiso-a-minera-para-construir-presa-en-jalisco-rema-6075.html?fbclid=IwAR3F-39hvDRyEk5ck-SUP9F84miT3Fje2M_BsanELRFmQfHJ6OswuCO164c
Latinoamerica

Red Iglesia y Minería convoca a Asamblea con eje en extractivismo y minería en la región

Autor: ALC-Noticias / Red de Iglesias y Minería.

La Red Iglesias y Minería convoca a delegadas y delegados nacionales, representantes de los grupos de trabajo, miembros del Grupo impulsor y entidades fraternas a la IV Asamblea General que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante los días 20, 21 y 22 de agosto del presente año.

El extractivismo y las comunidades afectadas por la minería, será el tema central a partir del cual habrá reflexión y definición de acciones desde las iglesias.

Nuestra América Latina experimenta uno de los períodos más convulsionados vividos en la región. Desde principios de esta década, sufrimos una escalada de ataques a los procesos democráticos; reversión de las pequeñas conquistas sociales logradas entre 2002 y 2010; aumento de las tasas de deforestación y del número de sequías e inundaciones; así como una creciente persecución, criminalización y muerte de defensores/as de derechos socioambientales. 2018 marcó, en términos globales, el pico de los riesgos del calentamiento global.

Los consensos extractivistas de nuestros gobiernos, el aumento de las desigualdades, la escalada de la violencia y fragilización del aparato de protección ambiental, sea en términos de las legislaciones nacionales o
de los órganos públicos de defensa y protección, indican los enormes desafíos que América Latina enfrentará en los próximos años, enfatiza la red en su convocatoria.

La Iglesia Católica de América Latina, especialmente en este período en que está fuertemente involucrada en los procesos preparatorios para el Sínodo de la Amazonía, se siente convocada a ser luz y sal en este suelo sufrido.

Recuerdan que la Red Iglesias y Minería, ha venido estrechando lazos de colaboración y diálogo fructífero con el CELAM / DEJUSOL, con el Dicasterio par el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, con las entidades fraternas del CLAI, REPAM, CLAR, Amerindia, CIDSE, FSM, entre otros.

La Asamblea General busca dar una mirada y analizar esta realidad compleja y desafiante en la región.

 

Ecuador

El gobierno de Moreno omite la violencia de la minería «legal»

Autor: Daisy Masapanta Delgado ,Foazuay.org
Conflicto Relacionado: Quimsakocha -Azuay , Rio Blanco-Molleturo

1200 policías, 1200 militares y 20 fiscales se movilizaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en la madrugada del martes 02 de julio. El operativo se da luego de que el gobierno de Moreno declarara el estado de excepción para el “control territorial” y la “seguridad ciudadana”, tras los conflictos generados a causa de la minería, calificada por el Estado como “ilegal”.

La ministra del Interior, María Paula Romo, explicó que este tipo de minería ha desencadenado más de 10 delitos (homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos, y tráfico de combustible).

De acuerdo con el decreto N°812, en el primer semestre de 2019 se han registrado 27 hechos violentos, entre los cuales se encuentran muerte violenta por arma de fuego, muerte violenta por arma blanca, fallecido por deslizamiento de tierra, herido por una riña, entre otros.

Los problemas no son nuevos, iniciaron hace dos años. Según el gobierno, a partir del 2018 emprendió un plan para contrarrestar estas actividades y como resultado se ha desarticulado 92 grupos delictivos y más de 800 personas detenidas.

Pero la violencia no es un tema exclusivo de la minería “ilegal”. También está presente en la otra minería, la “legal”, liderada por empresas transnacionales y controladas por el Estado. A este tipo de minería también se la conoce por otros nombres “responsable” y “amigable con el medio ambiente”.

Sin ir más lejos, una muestra es el sur del país. La Controlaría determinó que la Empresa INVMETALS cometió 7 irregularidades de fondo en el proyecto minero Loma Larga o Kimsakocha –actividades sin licencia ambiental, incumplimiento del plan de inversiones, uso del agua fuera de las recomendaciones técnicas, entre otras– que son causal de caducidad de las concesiones. Sobre los impactos sociales, fragmentación y persecución a las comunidades, y 8 días en prisión de tres dirigentes por defender el agua: Yaku Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi.

Otro Informe completo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, reveló que en el caso de los proyectos Río Blanco (Azuay) y Mirador (Zamora Chinchipe), los niveles de violencia han aumentado, verificables en las agresiones que la empresa privada de seguridad de Junefiel Resources cometió en octubre de 2017 o el asesinato de José Isidro Tendetza cometido en diciembre de 2014, hasta ahora en impunidad. Por otra parte, pese a las denuncias de impactos ambientales (deslaves, deforestación, desecamiento de fuentes de agua, polvo y ruido) hasta ahora, no existe control ni sanción por estos hechos.

Yaku Pérez, prefecto del Azuay en una entrevista radial, señaló que la propaganda contra la minería «ilegal», es un discurso que venden las transnacionales y el gobierno para insistir que la única opción en un territorio con riqueza mineral es la minería «legal».

La autoridad local ha planteado como solución en prohibir todo tipo de minería en fuentes hídricas para que no se repita la violencia de Buenos Aires, ni de Kimsakocha, Río Blanco y Mirador. Por lo que espera que el primer ejemplo sea el territorio azuayo con una consulta popular a nivel de toda la provincia.

Con este escenario surgen diferentes inquietudes: ¿Por qué el gobierno solo «combate» la minería «ilegal»? ¿Si hay violencia con los proyectos mineros «formales» porque el gobierno no autoriza desplegar las fuerzas de seguridad a estas zonas? ¿Realmente quieren proteger la vida de la población de Buenos Aires o es parte de la propaganda prominera? ¿Por qué ahora el estado de excepción cuando el problema inició en el 2017 o es por el rechazo creciente a los grandes proyectos mineros y el triunfo de la consulta de Kimsakocha?

 

Fuente:https://foazuay.org/2019/07/02/el-gobierno-de-moreno-omite-la-violencia-de-la-mineria-legal/?fbclid=IwAR2tIUpefoebcpC7sQ1fIaUGoe-lFDwd9VgEPx8I4XEqwGvUbHN9H1NZzMI

Perú

De Las Bambas a Tía María*

Autor: José de Echave. Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero , Tia Maria-Valle del Tambo

Los conflictos sociales vinculados a la minería no son iguales. Por ejemplo, mientras que Las Bambas es un típico conflicto de coexistencia -allí las comunidades no se oponen a la minería, la aceptan pero buscan que la empresa los respete y el Estado los proteja-, el caso del proyecto minero Tía María es un típico conflicto de resistencia o rechazo a la minería. En el Valle de Tambo, los agricultores perciben al proyecto de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) -y al resto de empresas que tiene concesiones en la provincia de Islay-, como una amenaza a su principal actividad económica, sus formas de vida y el intento de convertir esa zona como una nueva área de expansión minera.

Dicho esto, lo cierto es que en la última década Tía María ha estado en más de una ocasión en el ojo de la tormenta de la conflictividad social en el país. Por lo menos han sido dos capítulos previos de extrema tensión que se vivió en la zona del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay y todo indica que estamos entrando a un tercer momento.

Los capítulos previos de Tía María

El primer capítulo se remonta al período 2009-2011. El 28 de octubre de 2009, se realizó una consulta popular en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Dean Valdivia. Una abrumadora mayoría de la población se pronunció en contra del proyecto minero.

Un año después, las protestas ya habían arreciado en todo el Valle de Tambo, al mismo tiempo que la decisión política del gobierno aprista era aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se vivían los últimos meses del gobierno de García y todo indicaba que el gobernante aprista buscaba dejar el mayor número de proyectos mineros aprobados.

Una de las principales controversias giró en torno a la consistencia del EIA que había presentado la empresa SPCC. Fue en ese contexto que el entonces ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció que había firmado un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para destrabar el proceso de revisión de los estudios de impacto ambiental (EIA) y que el primer estudio que revisaría este organismo, precisamente, sería el de Tía María.

UNOPS revisó el EIA de Tía María y sus conclusiones fueron contundentes. El organismo de Naciones Unidas fue tan o quizás más drástico que cualquier institución ambientalista; presentó nada menos que 136 observaciones que destrozaron el EIA presentado por la empresa. Entre los principales hallazgos, UNOPS señaló que el EIA de Tía María no contaba con un estudio hidrogeológico (de agua y suelo), pese a ser un indicador fundamental para identificar los impactos del proyecto; que el agua que se utilizaría para el proceso minero provendría de una zona donde desemboca el río y se mezcla con el agua de mar y que era muy sensible por las diversas especies que contiene y su poca profundidad y, que en el propio EIA se deslizaba la posibilidad de que se explotara no solo cobre sino también oro. Como se sabe la ecotoxicidad del oro supera largamente a la del cobre.

El informe de la UNOPS, en la práctica, le dio sustento técnico a las preocupaciones de los agricultores del Valle de Tambo y luego que el informe del organismo de Naciones Unidas se hizo público, el EIA de Tía María tuvo que ser tirado al tacho. Ni siquiera la empresa minera intentó continuar con el trámite administrativo para su aprobación. De esa manera se cerraba el primer capítulo de Tía María.

Luego de dos años, la empresa minera decidió intentarlo de nuevo e implementó una nueva estrategia en dos frentes: uno orientado a obtener algún tipo de respaldo en la población y el otro, elaborando una nueva versión del EIA del proyecto, implementando algunos cambios. De esa manera se abrió el segundo capítulo de Tía María.

En el intento de construir una relación con la población, la empresa minera implementó un conjunto de proyectos de apoyo social, al mismo tiempo que desplegó una importante campaña en medios nacionales para mostrar los beneficios del proyecto y que contaba con el respaldo de la población. Luego se supo que en paralelo SPCC y un dirigente negociaban la posibilidad de quebrar al movimiento social a cambio de unas “lentejas”.

Pese a todos estos intentos, los hechos siguieron mostrando que el rechazo al proyecto se mantenía. En relación al EIA, se presentó una nueva versión: el nuevo estudio planteaba cambios, como la propuesta de desalinizar agua de mar; sin embargo, las confianzas dañadas en la primera etapa se mantenían, así como la percepción negativa hacia el proyecto. Además, los agricultores veían a Tía María como el inicio de un proceso de reconversión de la provincia de Islay en una nueva zona de expansión minera: bajo este supuesto, después de Tía María otros emprendimientos mineros continuarían a cargo de las empresas que ya contaban con derechos mineros vigentes en la zona.

En medio de mucha tensión social, disputas y enfrentamientos, el 1 de agosto de 2014, se emitió la Resolución Directoral 392-2014-MEM/DGAAM, aprobando el EIA de Tía María, bajo una nueva legislación que se había aprobado entre el 2013 y 2014 y que había flexibilizado y sobre todo acelerado los procesos de aprobación de la certificación ambiental. Sin embargo, para los que tenían alguna duda sobre cuán importante era la oposición al proyecto, dos meses después de la aprobación del EIA (a finales del año 2014) se realizaron elecciones municipales que arrojaron resultados contundentes: la población eligió como alcalde provincial de Islay y alcaldes distritales de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, a connotados líderes de los sectores de oposición al proyecto minero.

Para entonces el conflicto de Tía María ya había provocado el lamentable saldo de seis personas fallecidas, decenas de heridos y dirigentes criminalizados.

¿Se viene el tercer capítulo?

Tía María es uno de los conflictos más previsibles de todos los casos que han ocurrido en el Perú, precisamente por los antecedentes descritos y los reiterados episodios. Con éste serían tres los capítulos y tres los gobiernos que han estado involucrados en el conflicto, implementando casi las mismas recetas: mesas de diálogo o de desarrollo y la estrategia de contrarrestar los cuestionamientos al proyecto con ofrecimientos de proyectos de inversión.

Quizás uno de los principales problemas de todos los intentos de diálogo en torno a Tía María es que han sido planteados sobre la base de hechos consumados. El hecho que el EIA ya esté aprobado y con la casi totalidad de vistos buenos y autorizaciones, es en realidad un mensaje claro que para la empresa y las autoridades de turno, el proyecto debe ir sí o sí y que no hay vuelta atrás. Lo cierto es que frente al hecho consumado del EIA aprobado, los dirigentes y autoridades de Islay también han expresado en todos estos años -y todo indica que lo siguen haciendo- una posición irreductible: el proyecto no va y pretenden que el gobierno dé marcha atrás.

La sensación que deja este nuevo caso de conflicto minero, es que seguimos sin sacar las lecciones de una larga lista de casos similares que han ocurrido en las dos últimas décadas y se pretende seguir actuando como si fuese la primera vez que algo así ocurre. Lo que debe quedar claro es que, en pleno siglo XXI, un proyecto minero no puede llevarse adelante, en el Perú y en cualquier parte del mundo, si no cuenta con lo que hoy en día se conoce como la licencia social para operar. Por si acaso, el concepto de licencia social para operar no es un invento de organismos no gubernamentales o grupos ambientalistas; fue creado por las propias empresas mineras a nivel global.

También cabe preguntar por qué unos proyectos salen y otros no. Por ejemplo, ahora que se habla de Tía María, no se dice nada que, muy cerca, en la provincia de Nazca en Ica, se está construyendo el proyecto Minas Justa (US$1,600 millones) y en la también vecina Moquegua, también se construye Quellaveco (más de 5 mil millones de dólares).  ¿Por qué unos proyectos sí se concretan y otros no? Nos aventuramos a identificar algunas respuestas: en primer lugar, todo indica que algunas empresas hacen mejor su tarea que otras y, por lo tanto, generan menos resistencias. Lo real es que ciertas empresas traen consigo una mochila muy pesada de mal desempeño ambiental y social. Ejemplos sobran en el Perú.

En segundo lugar, también cuenta mucho la zona o el ecosistema donde se pretende implantar un proyecto: no es lo mismo llevar adelante un proyecto minero en medio de un desierto que, por ejemplo, pretender hacerlo en las proximidades de un valle agrícola altamente productivo o en una zona productora de agua.

Por lo tanto, más que preocuparse por obtener una licencia de construcción, una empresa seria en pleno siglo XXI debería preocuparse por obtener la licencia social. Y si no la tiene, pues no podrá llevar adelante su emprendimiento, salvo que pretenda imponerlo a la fuerza.

*Publicado en la revista Hildebrandt en sus trece No 451 del viernes 28 de junio del 2019.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/de-las-bambas-a-tia-maria/?fbclid=IwAR2sGL8Jpu3mIrgHZd-yyVgMfXfZWcwSoFjJkp0bfi4_bwL7gkUoofLb4CY

Perú

Candarave (Tacna) denuncia que Southern los deja sin agua

Autor: Red.Muqui.org

En los últimos días la empresa minera Southern ha sido mencionada en diversos medios de comunicación respecto al otorgamiento de la licencia del gobierno para el desarrollo del proyecto minero Tía María en Arequipa, pero, nada se ha dicho sobre la protesta del pueblo de Candarave, Tacna, que denuncia que Southern está dejándolos sin agua.

Las comunidades de Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave, todas pertenecientes a la provincia de Candarave en Tacna; se movilizaron masivamente el día de ayer, 1 de julio, en la capital de la provincia, denunciando que la empresa minera de capitales mexicanos, Southern, está dejándolos sin agua al haber secado la laguna de Vizcachas, y al correr el mismo peligro la laguna de Aricota y Suches. Southern tiene licencias de uso del agua de Candarave desde hace 59 años y actualmente lo utiliza para sus proyectos mineros de extracción de cobre de Toquepala – en ampliación- en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Hace algunas semanas, los alcaldes de las comunidades mencionadas realizaron una conferencia de prensa denunciando los atropellos de Southern, pero de parte del Ejecutivo y la empresa no hubo ninguna respuesta. Las autoridades y la población han dado un plazo de 7 días para que el ejecutivo vaya a Candarave a ver su realidad. Exigen:

–          Cancelación de las licencias de uso de agua de Southern.

–          Dejar sin efecto la resolución que aprueba el plan director de recursos hídricos en la cuenca de Locumba.

–          Retiro de la empresa Southern de Candarave con su oficina de relaciones comunitarias.

–          Declaración de emergencia de la cuenca de Locumba.

El alcalde de Huanuara, Gary Calizaya, señaló que el caudal de recurso hídrico en la provincia disminuyó en más del 60%. “Los usuarios de Candarave desde hace 59 años solo tenemos 943 l/s que irrigamos”, declaró. Mientras la empresa minera utiliza 1950 litros por segundo. El uso excesivo de agua por parte de la empresa ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y bofedales en parte del valle, agregó el alcalde.

Por su parte el alcalde de Curibaya, Ernesto Alvarado, recalcó “la alguna Aricota debe tener para cinco años y no hay más y de ahí se seca. En el consejo local hemos declarado en emergencia el recurso, igual se tiene que declarar en la provincia”. La laguna Aricota abastece de agua a los ríos Salado y Callazas.

“Pueblo desierto”

En el pueblo de Curibaya antes habían más de 2 mil familias, ahora solo hay 500 familias viviendo en la comunidad. “Todos tienen que migrar porque ya no pueden solventarse sus ingresos porque se está secando todo”, precisó el alcalde. Las actividades que desarrollaban antes, principalmente, eran la ganadería lechera y la cosecha de papa y maíz.

Antecedentes

Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló que las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”. El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para el desarrollo del proyecto cuprífero. En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera continuó utilizando el agua.

En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia. Frente a la propuesta de que la empresa minera otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo. Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron iniciar la protesta.

El rol del ANA

Frente a los reclamos en años pasados, Southern siempre ha respondido que mensualmente reportan sus operaciones en cuanto al uso hídrico de sus proyectos mineros a la Autoridad Nacional del Agua (ANA); entidad que monitorea el uso del recurso hídrico y el otorgamiento de las licencias. Sin embargo, en la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. ¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar: para consumo humano y para actividades agrícolas y ganaderas, que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingresos económicos.

Algo importante a señalar es que las empresas que solicitan la licencia para el uso del agua, presentan un estudio del recurso hídrico hecho por una consultora que ellos mismos contratan; no es un estudio independiente. Asimismo, la ANA no hace una verificación detallada de cómo va a impactar en las comunidades el uso de los recursos hídricos que se encuentran en esas zonas y que las comunidades y personas también necesitan para sus actividades personales, productivas y económicas.

Propuestas de Red Muqui

  1. Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  2. La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  3. Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca, bofedales, nevados y lagunas, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/893-candarave-tacna-denuncia-que-southern-los-deja-sin-agua?fbclid=IwAR17-IwucGlRgFuXiiCPjq62N_OalPyA7TDERsn-w-V9eLwHjAxskWQecLs