“Los productos realmente innovadores son los que dejan su huella en el mundo, no en el planeta”, afirma Apple con orgullo en su página web. «Estamos construyendo un mundo mejor para las generaciones futuras», dice el consejero delegado de Canon. Mientras que la tecnología de Nokia «mejora la vida». «En este momento, el abastecimiento responsable forma claramente parte del coste de hacer negocios, es parte de la necesidad comercial de una empresa para acceder a los mercados y al financiamiento, entre otros», dijo Tyler Gillard, experto en auditorías de compras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

En otras palabras, vale la pena anunciar productos ecológicos, libres de sangre, sostenibles y producidos de forma ética y humana. Por esta razón, las grandes empresas de tecnología obtienen el oro que necesitan para ciertos componentes electrónicos de proveedores certificados. En el caso de Apple, Canon, Nokia y más de 500 empresas registradas en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es la Refinería MMTC-PAMP en India. Sin embargo, las certificaciones que garantizan minerales libres de conflictos se diseñaron teniendo en cuenta a los pequeños mineros, no a las multinacionales. Y en Tanzania, una mina de oro propiedad del gigante canadiense de la extracción de oro Barrick tiene un historial documentado de abusos a los derechos humanos y daños ambientales. La mina de oro North Mara actualmente envía sus lingotes a la refinería MMTC-PAMP, que los coloca luego entre los proveedores de muchos clientes de la industria tecnológica.

Tanto Canon como Nokia aseguran que la refinería india ha sido auditada previamente y que se determinó que era conforme. «Si se confirman las acusaciones, esta fundición será de bandera roja y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio», dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

En el otro extremo de la cadena, sin embargo, los reporteros locales y extranjeros que han tratado de cubrir lo que está sucediendo en el terreno se han enfrentado a la intimidación y a la censura del estado. Forbidden Stories, un consorcio de 30 medios de comunicación, descubrió irregularidades en la mina de oro North Mara, a pesar de las declaraciones de la compañía.

Durante aproximadamente dos décadas, la historia de la mina, cerca de la región de los Grandes Lagos, ha estado plagada de violencia. Como resultado, la explotación está rodeada por un muro de dos metros de altura y custodiada como una fortaleza. Física y metafóricamente. Forbidden Stories habló con varios reporteros que habían sido amenazados por informar sobre ella. Algunos fueron intimidados, otros censurados por las autoridades. Un reportero tuvo que huir del país durante un par de años. «Han generado miedo», dice Jabir Idrissa, un periodista de 55 años de Zanzíbar que no ha olvidado lo que le sucedió hace dos años. Trabajaba como editor de dos periódicos, el semanario de lengua suahilí MwanaHalisi y Mawio, ambos integrantes de un grupo de prensa reconocido por sus reportajes de investigación.

En junio de 2017, Mawio publicó un artículo que relacionaba a dos expresidentes con supuestas irregularidades en los acuerdos mineros firmados en la década de 1990. «Teníamos largas discusiones en la sala de redacción cuando decidíamos sobre las historias», dice Idrissa recordando la reunión editorial que precedió a la publicación. «En verdad, hay temas sobre los que no informamos debido al entorno general», señaló. “Pero este era un deber”, añade, «porque el trabajo del periodista es decir la verdad».

Esto es particularmente difícil en Tanzania, donde la libertad de prensa ha sido amenazada durante los últimos cinco años y, más concretamente, desde la elección de John Magufuli como presidente en 2015. Una reciente ley prevé más de tres años de prisión, una multa de más de cinco millones de chelines (1.870 euros) o ambos por publicar a sabiendas información o datos considerados «falsos, engañosos o inexactos».

Además, «los periodistas son atacados sin razón», según Ryan Powell, un especialista en desarrollo de medios que trabaja en África Oriental y Occidental. «La policía acosa a los periodistas y la gente no interfiere». Tanzania ocupa ahora el puesto 118 entre los 179 países en el Índice de Libertad Mundial de Reporteros Sin Fronteras. Cayó 25 puestos en el último año.

El día siguiente a la publicación de la investigación de Mawio, el ministro de Información Harrisson Mwakyembe, prohibió el periódico durante dos años. El editor jefe, Simon Mkina, afirmó que comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazadoras. En cuanto a Idrissa, perdió su trabajo y fue excluido de cualquier otra posible ocupación como periodista. Sin recursos, teniendo que alimentar a sus tres hijos, comenzó a trabajar en la tienda de segunda mano de su primo en Zanzíbar.

La historia que causó todo esto era sobre Acacia Mining, una compañía registrada en el Reino Unido que ha sido propietaria de la mina de oro North Mara con diferentes nombres desde 2006 y cuyo accionista mayoritario es Barrick. La empresa matriz canadiense pronto podría convertirse en el propietario directo de la mina North Mara y otras dos más, debido a una disputa fiscal entre Acacia y el Gobierno de Tanzania.

Después de beneficiarse durante años de un acuerdo fiscal extremadamente ventajoso con el Gobierno de Tanzania, la compañía ahora está perdiendo su combate con las autoridades en el frente ambiental. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.600 millones de chelines (2,2 millones de euros), por supuesta contaminación en la presa de desechos de North Mara.

January Makamba, el ministro responsable de medio ambiente, dijo que la cuantía de la multa se justificaba, entre otras cosas, por la persistencia del problema. «Han pasado 10 años y en la instalación de almacenamiento de deshechos aún se producen filtraciones», apuntó sobre la presa que se supone debería evitar filtraciones de los subproductos de la operación minera. «La mina de oro de North Mara ha guardado el agua con veneno en esta instalación durante mucho tiempo, y esta presa no está construida correctamente, por lo que el veneno se ha filtrado en el agua subterránea y en los ríos y arroyos cercanos». Makamba reconoció cierta responsabilidad por parte del Gobierno de Tanzania diciendo: «Siempre creímos lo que la mina nos decía».

Acacia Mining notificó a Forbidden Stories que «ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves [residuos de minería]» y que «ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves».

El político opositor Tundu Lissu, que ha escrito sobre los aspectos ambientales de la industria minera en Tanzania, señaló «la contaminación de los ríos y las praderas de donde los aldeanos están obteniendo el agua y criando a sus animales” así como “graves problemas de salud asociados a la contaminación”. «Vi a seis personas que se lavaban en el agua cerca del área minera y sufrieron una muy mala reacción», dijo el Nega, exoficial médico del distrito en el área, sobre los pacientes que vio en 2013.

En 2009, un estudio encontró altos niveles de arsénico en el agua en las proximidades de la mina. Las concentraciones elevadas de arsénico están con frecuencia cerca de los sitios de extracción de oro. En 2015, agricultores de la región enviaron muestras de agua que iban de la mina a Kenia para que fueran analizadas. El análisis toxicológico de un analista del Gobierno de Kenia señaló que «los niveles de nitratos y nitritos se consideran inseguros para el consumo del ganado».

«Se produjo un incidente ambiental en la mina North Mara durante la temporada alta de lluvias de la primavera de 2009, cuando el agua que contenía las descargas de los estanques de contención y la escorrentía de la mina entraron al cercano río Tigithe», informó Acacia Mining en un comunicado. La compañía dice que tomó medidas inmediatas tras lo ocurrido.

Además, las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 presuntos homicidios cometidos por la policía o los trabajadores de seguridad de las minas desde 2014. ¿Las víctimas? La mayor parte mineros ilegales, llamados «intrusos» por la compañía. «Los pequeños mineros que tenían licencias gubernamentales eran los dueños de la mayoría de las tierras en cuestión», explicó Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe en Tanzania. «La adquisición de sus tierras por parte de la compañía desestabilizó sus medios de subsistencia y la compañía no les compensó adecuadamente».

Todo aquello con resultados desastrosos: grupos de jóvenes desempleados de las aldeas vecinas se arman con machetes o lanzas de metal y se emborrachan con cerveza y Knoyagi –una marca local de ginebra– todas las noches para encontrar el coraje de escalar el muro con la esperanza de ganar un par de cientos de dólares al mes. En su lugar, encuentran a la policía armada al otro lado.

¿Por qué arriesgan tanto? “Tenemos que ir a buscar oro para ayudar a nuestras familias”, comentó Monchena Mwita, líder de los “intrusos” de Kiwanja, un pueblo que se encuentra al borde de la mina. «No podemos conseguir oro sin entrar en el lugar y no hay ningún otro para conseguir dinero, esta es nuestra única fuente de ingresos».

Los responsables de Barrick culpan a la policía de Tanzania de cualquier acción delictiva. «Ha habido muchas, muchas investigaciones sobre varias acusaciones, y no puedes responsabilizarme por lo que haga el Estado», afirmó el consejero delegado de Barrick, Mark Bristow, cuando Forbidden Stories le preguntó por los asesinatos.

Sin embargo, la barrera que separa a las fuerzas policiales nacionales de la seguridad de las minas no es tan clara. Según la organización no gubernamental del Reino Unido RAID, Acacia firmó un memorando de entendimiento con la policía en el que establece que «proporcionará apoyo monetario y en especie a la policía, pagará a los oficiales un subsidio, proporcionará comidas y alojamiento y suministro combustible ” para proteger a la mina.

Algunas víctimas también dicen que no fue la policía, sino los trabajadores de seguridad de la mina quienes los atacaron. Forbidden Stories, junto con un reportero de The Guardian (Reino Unido), se encontraron con Lucía Marembela, una mujer de 44 años que fue violada dos veces en 2010. Afirmó que reconoció a sus violadores como fuerzas de seguridad de la mina porque llevaban uniformes azules y no los beige de la fuerza policial.

Marembela fue acorralada por varios hombres mientras buscaba oro cerca de la mina, un destino que, comenta, es común para las mujeres de la zona. «Cuando nos cansábamos de correr terminaban atrapándonos y llevándonos con ellos», indica. «Nos tiraban en su vehículo y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un pequeño aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes». Afirma que un hombre la violaba mientras los otros vigilaban. «Una vez que terminaban su sucio trabajo, te dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban al trabajo», concluye. Hemos conocido a otras dos mujeres que describen el mismo ataque.

Marembela tendrá que pasar el resto de su vida viviendo con las consecuencias. Su esposo la dejó cuando supo que había sido violada, dejándola sola para criar a sus seis hijos. «Tengo muy malos recuerdos de lo que me hicieron», expresa ella. “Especialmente porque todos saben que fui violada, comenzando por mis hijos. A veces las personas, en la calle, hablan de lo que me pasó, y eso me duele mucho».

Marembela y otras mujeres fueron juntas para quejarse a la gerencia de la mina. La compañía, llamada posteriormente African Barrick Gold, las contactó y les hizo firmar un acuerdo: a cambio de 13,9 millones de chelines (5.400 euros aproximadamente), tuvieron que renunciar a su derecho de presentar un caso civil contra la mina o Barrick. Ella reconoce que no fue capaz de leer y entender completamente el documento antes de firmarlo.

«No se debe silenciar a las personas, pero siempre hay retribución», comenta Bristow. «En el poco tiempo que he estado con Barrick ha habido demandas de retribución, no por vía de la justicia, para pagar a las personas que están poniendo las demandas».

La situación continúa hoy en día. «Estos abusos, particularmente en la mina de oro de North Mara, van y vienen», dice Lissu, quien anteriormente representaba legalmente a los aldeanos en la región. Lissu fue víctima de un intento de asesinato en 2017, después de acusar al Gobierno de Magufuli de mentir sobre el contrato minero. “Hay periodos de calma, y luego algo sucede y todo explota. Pero las tensiones se mantienen».

«Los abusos de derechos humanos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de la seguridad minera privada y pública comenzaron a aumentar notablemente alrededor de 2005 y fueron muy altos entre 2009 y 2016», explicó Catherine Coumans, de la ONG canadiense Mining Watch, que ha estado documentando lo que está sucediendo en North Mara durante años. «Nuestros contactos locales, e incluso personal de la mina que he entrevistado, me han dicho que el enfoque internacional de MiningWatch y RAID han abierto el tema, han ayudado a reducir los casos de tiroteos, pero sigue habiendo fuertes palizas, especialmente en la cabeza y articulaciones de las personas, lo que a veces conduce a discapacidades de por vida». En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONG con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos.

Los periodistas de Forbidden Stories se reunieron con las familias de dos hombres fusilados por la policía en incidentes separados en 2014 y 2016, cuando estaban dentro de la mina. Las familias dicen que no fueron compensadas. La policía insiste en que actuó en legítima defensa.

«De acuerdo con los propios registros de Acacia se desprende claramente que las violaciones de los derechos humanos continúan en esta mina», escribió en julio de 2017, Rights and Accountability in Development (RAID), una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido. Sin embargo, las barras de oro de la mina ahora se refinan en MMTC-PAMP, una refinería india que forma parte del grupo suizo-holandés MKS PAMP, certificada por la London Bullion Market Association, la asociación comercial más prestigiosa de la industria.

«Durante nuestra diligencia en North Mara, tomamos muy en serio los informes de las ONG y desafiamos a la mina en las cuestiones planteadas», señaló Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP. «Hemos evaluado las medidas tomadas por la mina para remediar los reclamos de derechos humanos, que son en gran parte históricos y relacionados con las actividades de la policía estatal que opera en la misma zona».

Volviendo a 2010, en el momento álgido de los abusos contra los derechos humanos, un documento escrito para inversores indicaba que el oro era refinado por la compañía suiza Argor-Heraeus, que también certifica y provee a más de 600 compañías.

Hay que fiarse menos de las etiquetas, insisten los expertos. «Es importante saber que estas etiquetas de la industria del oro, que son administradas por la propia industria, no son un programa de certificaciones», explica Gillard. «Verifican que las refinerías dispongan de sistemas para obtener oro de manera responsable, en conformidad con las normas de la OCDE. No tienen la intención de proporcionar una garantía sobre el estado de los productos, una garantía de que no hay trabajo infantil, una garantía de que no existe una financiación de conflictos con cada pedazo de oro que se compra». Y sostiene que la complejidad de la cadena del oro hace imposible el trabajo y que la calidad de las auditorías a menudo es insuficiente. La responsabilidad se diluye a lo largo de la cadena de suministro. Jürgen Heraeus, presidente de la Junta de Supervisión de Argor-Heraeus, describe la situación con franqueza en una entrevista en 2016: «En esta industria es imposible refinar oro limpio».

Así, de regreso en Tanzania, los mineros “intrusos” empobrecidos siguen buscando oro a riesgo de sus vidas, y los reporteros son castigados y se les impide arrojar luz sobre el daño ambiental y otros delitos. «Una vez que hayan usado el oro, se irán y dejarán tras ellos el veneno», remarcó Lissu sobre la actividad minera. Y, en el caso del periodista Jabir Idrissa, una carrera y un modo de vida destrozados.

En diciembre de 2018, Mawio ganó el caso en la corte contra el ministro para poder obtener la información que solicita. Sin embargo, el periódico no se volverá a abrir pronto, ya que necesitan una licencia del Gobierno para publicar nuevamente. «Así que solo depende del Gobierno. Si nos otorgan la licencia, volveremos a trabajar ”, continúa Idrissa. «No he perdido la esperanza de poder regresar y trabajar en condiciones y con coraje».