Glencore presentó esta semana una nueva demanda contra Colombia. Alega que el Estado colombiano lo debe indemnizar porque el canal de acceso al puerto de Santa Marta debió ser financiado por ser de uso público.
Los litigios internacionales tienen en apuros al Estado colombiano y uno de los más relevantes es el de Glencore, que tiene que ver con un contrato de minería cuya pretensión es de más de US$600 millones.
En noviembre de 2018, la multinacional minera presentó la carta de intención de arbitraje por un litigio relacionado con el canal de acceso al puerto de Santa Marta, en un proceso que perdió ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El tribunal de arbitramento se lleva a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa de Inversiones (Ciadi) y se esperaba que el fallo saliera en abril de este año, pero tras las demoras se espera que salga máximo en dos meses. Aun así, para el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Camilo Gómez, “este caso ha avanzado mucho. Va a ser el primero que Colombia tenga fallado”.
Ahora bien, Glencore había anunciado en febrero una segunda demanda, la cual presentó el 9 de julio de este año y en la que alega que el Estado colombiano le debe indemnizar porque el canal de acceso debió ser financiado por ser un puerto de uso público.
Para Gómez, esta es una discusión técnica sobre la cual aún no se puede referir, debido a que la primera parte de una demanda de inversiones tiene un periodo de 6 meses, en los que se intentan buscar soluciones concertadas.
¿En qué van las otras demandas internacionales?
El director de la Andje sostuvo que los litigios internacionales que están en proceso van “bien” y está optimista en varios de ellos: Gas Natural, Claro y Meritage.
En el primero, Colombia recibió una réplica por US$1.600 millones de retenciones por la intervención y liquidación de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Colombia debe presentar una respuesta, la multinacional española hace una réplica y el Estado colombiano vuelve a hacer una duplica. Se espera que la audiencia sea en diciembre de 2019.
Gómez señala que la posición de Colombia es sólida en este caso, primero, porque contrademandó y argumentó los perjuicios que se han causado en razón de la intervención, pues el país pudo haber destinado los recursos que asumió –$2 billones en pensiones o los $700.000 millones anuales en inversiones– en otras necesidades de la Nación.
Segundo, porque para Gómez “Gas Natural hasta cierto punto es indescifrable”. A principios de año solicitaron discusiones para llegar a un acuerdo y llevan tres meses quietos porque están ocupados en otros casos. “Colombia está sentado listo a esperar qué fórmula proponen, pero el caso va andando bien”, agregó.
Claro
Este litigio de telecomunicaciones se dio por la decisión de la Contraloría que ordenó la reversión de los activos al Estado. El valor de las pretensiones suma $4,2 billones y este proceso podría durar un par de años más, antes de definirse.
Hace un mes, América Móvil (Claro), presentó su último documento contra Colombia. El país debe contestar en agosto próximo. “Estamos tranquilos con la solidez de la posición jurídica del país en este sentido”, dijo Gómez.
Meritage
Una nueva demanda de arbitraje de inversión apareció. La presentó Meritage, una compañía norteamericana por un proyecto de urbanismo que se estaba desarrollando en Medellín y, cuyos terrenos fueron afectados por extinción de dominio. Según Gómez se venció el término de los 6 meses y ya está pasando a la etapa de juicio.
La Andje espera tener una salida que no afecte al Estado colombiano en estos tres casos puntuales.
Fuente:https://www.dinero.com/pais/articulo/glencore-y-su-nueva-demanda-contra-el-estado-colombiano/274244?fbclid=IwAR1GM-gvHZb_BfX_RugjX-rJaibTsRylfFzn_o-be-tnBFfdgY4qK_R_8aM




La institucionalidad en Nicaragua se debe a que el gobierno no brinda la información pertinente de los proyectos mineros que entran a las comunidades, otorgando a las empresas mineras el poder para destruir los bienes naturales y violentar los derechos humanos, unos de los casos más preocupantes es el de La Mina La India empresa de origen británico Cóndor Gold que goza de una licencia de exploración otorgada por el gobierno nicaragüense en el año 2008.
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador de
Después de más de 10 años de protestas y resistencia contra la construcción del proyecto minero “Tía María” de la empresa mexicano-norteamericana Southern, una nueva paralización se ha iniciado el día de ayer en el Valle de Tambo, a lo largo de la provincia de Islay en Arequipa, luego de la decisión del gobierno de Martín Vizcarra, de otorgar la autorización de construcción para el proyecto minero Tía María a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
El día de ayer se realizó un paro en toda la región de Moquegua convocado por las organizaciones de agricultores, juntas de usuarios de agua, juntas vecinales, el Sindicato de Profesores (SUTER) y diversas organizaciones de la sociedad civil. Denunciaron la contaminación minera que ha sufrido la región a lo largo de décadas por la empresa Southern y Anglo American Quellaveco, que en la actualidad viene contaminando, en su fase de construcción, los pastizales y el agua de las zonas de Tala, Pocata y Coscore. En el caso de Southern, la responsabilizan de contaminar la cuenca de Torata en Cuajone.
Contaminar, e infringir jubilosamente la ley, sigue siendo el mejor de los negocios posibles.
En México existen alrededor de 26 mil 500 concesiones mineras vigentes, tanto territorio indígena y agrícola ha sido entregado a empresas o particulares como concesión minera y representa del 13 al 30% del territorio del país, señaló Gustavo Lozano.
La empresa, propiedad del segundo hombre más rico de México, provocó en 2014 una de las mayores catástrofes ambientales en la historia del país, al verter 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos de Sonora.
Subiu para 2.080 o número de desalojados em Coronel João Sá, cidade do nordeste da Bahia que ficou inundada após o
El gobernador regional de