La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE con base en su accionar antiextractivista denuncia el inicio de la minería a cielo abierto en Ecuador y los graves riesgos ambientales que provoca esta actividad, pues, produce inevitablemente la degradación ecológica acompañada del despojo de territorios y la vulneración de derechos humanos de comunidades indígenas que sufren el impacto directo.
El proyecto minero Mirador ha provocado intervención militar y policial, desalojos forzosos, asesinatos impunes, criminalización y contaminación, a más de la devastación que producirá en 30 años de actividad por la deforestación, remoción de millones de toneladas de tierra, elementos químicos y millones de metros cúbicos de agua dulce. La ambición y la imposición de intereses capitalistas se han conjugado en Mirador por sus reservas de 3,18 millones de toneladas de cobre, 3,39 millones de onzas de oro y 27,11 millones de onzas de plata, alertamos sobre las consecuencias ambientales y humanas provocadas por la minería a gran escala en Ecuador con el inicio del proyecto Mirador, la mina más grande a cielo abierto del país, en Tundayme, Zamora Chinchipe.
Condenamos cómo el Estado entregó una zona de gran biodiversidad para explotación minera a Ecuacorriente S.A. (ECSA), filial ecuatoriana de la empresa canadiense Corriente Resouces In, por un plazo de 30 años, garantizando su renovación por el mismo período adicional, la zona donde se ubica el proyecto Mirador constituye un ecosistema frágil y de alta biodiversidad de especies faunísticas, el proyecto está dentro de lo que se conoce como bosque húmedo tropical, tanto en flora y fauna, la zona alberga especies únicas, endémicas y desconocidas que dependen de este ecosistema para existir, además, se afectarían las micro‐cuencas (227 fuentes de agua) de los ríos Tundayme y Wawayme que nacen en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor.
Desde el año 2015 la Conaie junto a organizaciones sociales y de derechos humanos ha denunciado cómo la empresa ECSA provocó el desalojo violento de 32 familias (116 personas) de la comunidad San Marco, parroquia Tundayme, Cantón Gualaquiza; y en complicidad con instituciones del Estado arrebataron el territorio ancestral a la Organización Indígena “Cascomi” para dar paso a la explotación minera.
Frente a este nefasto escenario y la ampliación de concesiones mineras, la aplicación de la nueva política minera y el entreguismo al capital transnacional que el Gobierno Nacional ha promovido, RATIFICAMOS frente a las bases y a la opinión pública nuestra posición antiextractivista, es decir, NO a la minería, NO a la explotación petrolera, SÍ a la vida, por la defensa de los derechos de la naturaleza, humanos y de los territorios de los pueblos y nacionalidades, impulsando alternativas de desarrollo que respeten el medio ambiente.
La CONAIE desconoce los supuestos acuerdos entre nuestra organización y la compañía Lowel S.A., y rechaza el uso malintencionado e irresponsable de nuestra representación para la firma de estos documentos sin validez, que afectan nuestra estructura organizativa e intentan deslegitimarla, en este caso se ve afectado el pueblo Shuar Arutam (PSHA) en las comunidades de Warints y Yawi. Rechazamos estas acciones individuales y aclaramos que no cuenta con el respaldo de la CONAIE, el Consejo de Gobierno de manera urgente analizará este accionar y tomará las medidas respectivas aplicando las sanciones correspondientes, ya que van en contra de las grandes decisiones colectivas y el sentir de nuestras bases para la defensa de los territorios y los recursos naturales, se tomarán acciones inmediatas contra quienes se adjudican funciones y cargos para firmar a nombre de nuestra organización.
Por el Consejo de Gobierno
Jaime Vargas
Presidente de la CONAIE
Fuente:https://conaie.org/2019/07/19/la-conaie-condena-los-danos-ambientales-y-humanos-provocados-por-la-mineria-a-gran-escala-y-desconoce-los-supuestos-acuerdos-con-empresas-mineras/?fbclid=IwAR1YXGVaUHJlrGg94ai9hE15P_7rYVsN5SfDeMm_KVS931Ndwrk4LvX5hIQ




Desde el año 2010, el Altiplano norte-Wirikuta en el estado de SLP (México), está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues Wirikuta es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos del desierto. Tras un periodo de intensas resistencias, el pueblo wixarika (huichol) consiguió en el año 2012 un amparo judicial que supone la cancelación cautelar de cualquier actividad minera que está próximo a concluir.
Ante el anuncio de un paro indefinido que empezará mañana en contra el proyecto minero
Ayer, 1 de agosto, un derrame de relaves mineros que contiene ácido oxálico, altamente tóxico, se produjo en la planta San Nicolás perteneciente a la empresa Shougang, en la que opera la empresa minera Shouxin Perú S.A. Shougan es el principal accionista de la empresa minera Shouxin, y la planta está ubicada en el distrito de Marcona, perteneciente a la región Ica. El derrame de relaves mineros se produjo por el desborde en los espesadores de la Planta de Beneficio de la unidad minera Explotación de Relaves de la empresa. Ver video.
El día de hoy fue publicado en El Peruano la
Este 4 agosto imprime una nueva y emotiva página en la historia del NO A LA MINA. Una gran marcha multisectorial se concentró en la histórica Plaza San Martín y recorrió las calles hasta culminar en las oficinas de Seros, la Obra social provincial que desde hace 21 días está tomada por los jubilados con el apoyo de todos los sectores de trabajadores estatales activos.
Durante su mensaje a la nación por 
Un grupo de gentes captadas y engañadas por la First Majestic han intensificado la estrategia de la transnacional minera para dividir a las comunidades ante la proximidad del fin del amparo judicial que desde 2011 suspendió cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.
Diferentes gremios y organizaciones sociales de la región
El 11 de diciembre de 2018, la empresa minera norteamericana Kappes Cassiday & Associates presentó una demanda de arbitraje internacional por 300 millones de dólares en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) bajo el amparo del tratado de libre comercio DR-CAFTA, firmado entre los países centroamericanos y EEUU.