

Minería, una industria inhumana en Latinoamérica

En un boletín emitido el lunes 19 de agosto refieren que dar a conocer este dato “para el conocimiento de los señores Magistrados de la Corte de Constitucionalidad” (CC).
Se indica que fue el MEM el ente encargado de realizar la consulta a las comunidades del área de influencia del Proyecto Minero Fénix, según los parámetros de las sentencias dictada por la CC en el caso de la hidroeléctrica Oxec emitida en mayo del 2017.
La compañía explican que en el 2005 se realizó la consulta a las comunidades y desde entonces se ha mantenido el diálogo.
Además, en diciembre del 2018 dicho ministerio realizó “una consulta de actualización” en la cual, según se explica en el boletín, se le dio participación a las comunidades del área de influencia del proyecto en el proceso de consulta.
La segunda consulta se efectuó a solicitud de representantes de las comunidades del área de influencia ante el MEM para que se realizara una actualización respecto de la efectuada en el 2005. La petición surgió ante la preocupación de una posible suspensión de actividades del proyecto debido a un amparo presentado por el grupo de pescadores del Estor.
Esta solicitud fue efectuada el 20 de septiembre de 2018 y el primer acercamiento se realizó el 17 de octubre de 2018, agrega la compañía.
En dicho proceso de actualización de la consulta se alcanzaron diferentes acuerdos entre las comunidades del área de influencia y la empresa, se explica en el boletín:
La CGN y el Gobierno han mantenido un diálogo permanente con los comunitarios, en idioma maya q´eqchi´, a partir del 2005. En ese proceso se acordó desarrollar mecanismos de diálogo continuo por medio del departamento de relaciones comunitarias como:
Departe del MEM no se espera ninguna decisión, ahora se espera la decisión de la CC, indicó Maynor Álvarez, representante de la CGN.
“Esperamos que la CC emita una resolución favorable para la empresa y por ende para las comunidades del Estor en el caso de la apelación del amparo definitivo para que la empresa siga operando tomando en la cuenta que las consultas fueron realizadas ya dos veces, en 2005 y en 2018”, agregó Álvarez.
El ejecutivo no brindó detalles de las pérdidas que está representando la suspensión. Expuso que están pensando en los diferentes tipos de pérdida que se están generando por la suspensión para los beneficios para la comunidad, para el desarrollo comunitario, puestos de trabajo, ser pierden inversiones para el país y el gobierno deja de recibir impuestos.
Al respecto, Rafael Maldonado, abogado de las agrupaciones que interpusieron el amparo contra la licencia del proyecto minero, respondió que las consultas del 2005 fueron solo reuniones del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Izabal, con el ministro de Energía y Minas y con el Gobernador, pero expones que estas no llenaron los parámetros o ninguna circunstancia para considerarlas como una consulta comunitaria, libre previa e informada.
Agregó que no tiene conocimiento de las supuestas consultas del 2018, pero argumentó que si estas son una actualización no tendrían validez porque se basan en las reuniones del 2005 que no tienen características o parámetros de una consulta.
La CC suspendió de manera temporal la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, frente al Lago de Izabal, que opera CGN.
Vecinos reclamaron que no se agotó el proceso de consulta comunitaria en torno al proyecto, aunque la compañía responde que sí se hizo.
En un fallo previo a esta instancia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había otorgado un amparo a los vecinos en febrero del 2019, pero no suspendió a la minera, a lo cual apelaron ante el tribunal constitucional.
El proyecto permite la explotación del mineral durante 25 años, para lo cual la empresa ha invertido US$670 millones (unos Q5 mil 025 millones).
Se estima que esa operación minera genera unos 3 mil puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.
Fuente:https://www.prensalibre.com/economia/mem-ya-realizo-dos-consultas-comunitarias-en-caso-de-la-mina-fenix-segun-cgn/
Este 19 de agosto, la familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva demanda contra la embajada canadiense por incumplimiento de normas que le exigen apegar su actuar respetando los derechos de las personas en donde tienen inversiones sus connacionales.
Mariano Abarca Roblero fue precursor en la defensa del medio ambiente en Chiapas. Él y habitantes del ejido Grecia, municipio Chicomuselo ubicado en la Sierra Madre, se opusieron a que la empresa canadiense Black Fire, siguiera vertiendo sus desechos en los ríos de la zona. Por sus protestas, recibieron amenazas y agresiones directas.
En julio de 2009, Abarca acudió a la embajada de Canadá para solicitar su intervención en la protección de los derechos de la población afectada por la minera. Cuatro meses después fue asesinado. A una década de los hechos, su familia continúa exigiendo se investigue el actuar de la embajada, y a la justicia mexicana.
Ante la embajada, el 22 de julio de 2009, Abarca Roblero explicó que para lograr entrar a el ejido Grecia, empresarios de la minera Black Fire, “dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura”.
En un video que quedo registrado cuando Robledo encabeza el mitin afuera de la embajada. Ahí señaló, “nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado, que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México”.
Abarca Roblero y los habitantes del ejido Grecia, sostuvieron que durante cuatro la minera extrajo barita y vertió los desechos en los ríos de la zona. Para cuando realizaron la manifestación afuera de la embajada, los ríos ya estaban contaminados. “Ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas, de los que estamos en el movimiento. Entonces nosotros pensamos que nos es justo que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país”.
No fueron recibidos por los diplomáticos de la embajada. La embajada canadiense pidió al gobierno mexicano intervenir para crear las condiciones que permitieran a la empresa seguir operando.
La respuesta llegó después. El 17 de agosto de 2009 Mariano Abarca fue arrestado por autoridades del estado de Chiapas. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación. Estuvo una semana bajo arraigo.
El 24 de agosto fue liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano Abarca presentó una queja ante la policía, en donde manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado. Empleados de la empresa fueron detenidos, y a los pocos meses exonerados.
La familia e integrantes de las organizaciones ambientalistas a las que pertenecía, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Mining Watch, decidieron seguir exigiendo justicia. A través de la ley de acceso a la población de Canadá, recuperaron más de una centena de documentos y correos que intercambiaron directivos de la empresa y personal de la embajada. Uno de ellos aconsejaba a los empresarios demandar al gobierno mexicano por incumplir en crear condiciones óptimas para la operación de la mina.
Con estos y otros elementos, la familia Abarca presento en febrero de 2018 una denuncia ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, para que investigue las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México. En dos ocasiones se ha negado iniciar el proceso. Este 19 de agosto, en conferencia de prensa, la familia del líder ambientalista dio a conocer que este día interpuso un nueva apelación ante la Corte canadiense para pedir de nuevo la investigación.
“No vamos a cejar hasta encontrar justicia para mi hermano. No vamos a parar la lucha que empezamos, porque es un caso emblemático no solo para Chiapas, sino todos los países que luchan contra la contaminación que dejan las empresas mineras en nuestros países”, sostuvo Uriel Abarca, hermano de Mariano Abarca.
Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/08/pidio-ayuda-a-la-embajada-de-canada-y-a-los-4-meses-lo-asesinaron/?fbclid=IwAR0vP8Ml35h0W35m8XtDaoksGtixG7v9Y3MlsLiIZUMrsMs3Gy2VKfSYItI
A partir de la Asamblea Intercomunal realizada el sábado 17 de agosto, surgió la necesidad de convocar a un hito social en rechazo a la Minera Biolantánidos. Por este motivo, como Red Intercomunal Bio Bio Sin Mineras convocamos a una concentración para el día jueves 29 de agosto a las 17,00 hrs en los tribunales de justicia.
Consideramos que la protesta social es una herramienta válida y necesaria para luchar contra estos proyectos, los cuales sólo traen beneficios para los sectores acomodadas, sin importar el perjuicio y daño que puedan acarrear para los territorios y sus habitantes.
A defender la tierra y el mar!
Por la defensa de la vida y los territorios!
El pasado 13 de agosto, se inició un paro indefinido en Moquegua. Organizaciones sociales y ambientales reclamaron el supuesto incumpliento de acuerdos de la empresa Anglo American de la mesa de diálogo del 2012 por el proyecto minero Quellaveco. El gobernador regional, Zenón Cuevas Pare, afirmó que la compañía no ha cumplido con contratar el 80% de mano de obra no calificada.
Además, un grupo de ciudadanos protesta por el supuesto peligro ambiental. Jesús Paredes, presidente del Frente Anticorrupción, señaló que el proyecto era inviable porque se ubicaba en cabecera del río Asana. En entrevista con Radio Americana, el dirigente afirmó que se debería declarar en emergencia al agua y al medioambiente de la zona.
Por su parte, en declaraciones a Gestión, representantes de Anglo American afirmaron que el porcentaje de contratación de trabajadores de mano de obra no calificada está en promedio en 95%, lo que superaría el 80% que era parte del compromiso. Por otro lado, sobre la presunta contaminación, una fuente vinculada a la empresa le dijo a dicho diario que “no ha habido afectación alguna, ya que todos los planes de gestión ambiental están en marcha”.
Este lunes, se realizó la reunión entre autoridades y representantes de la empresa. Participaron el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; del Ambiente, Lucía Ruíz; de Salud, Zulema Tomás, y el viceministro de Infraestructura y Riego del Ministerio de Agricultura, Jorge Montenegro. También estuvo el gobernador regional, Zenón Cuevas. El pasado 17 de agosto, la población del centro poblado de Tumilaca decidió no participar de esta reunión.
En esta reunión, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, Diego Ortega, propuso 100 millones de soles para la ejecución de más de 100 proyectos de corto plazo, recursos que vienen del Fondo de Desarrollo de la última etapa de operación, según informa Gestión.
“Con ello se busca beneficiar a Juntas de usuarios, comunidades, juntas vecinales, clubes de madres y otras asociaciones y/o asociaciones, a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua», dijo Ortega.
Además, Anglo American propone formar tres comités de proveedores, que serían de servicios generales, transporte liviano y de carga. Estas se formarían el próximo 16 de setiembre.
“Se iniciará la línea base de las 350 empresas de la región Moquegua, que viene el programa Emerge Perú, y los miembros de la Cámara de Comercio, de las empresas constituidas hasta el 31 de diciembre del 2018”, agregaron representantes de la minera.
También propone brindar su aval para microcréditos a los empresarios de estos comités que tengan buen desempeño.
Otros datos mencionados por Gestión son que la minera creará «un fondo de S/ 5 millones de microcréditos para los productores agropecuarios, cuyo lanzamiento será el 1 de noviembre del 2019″. «Asimismo, se destina S/ 1 millones para los temas de anemia en la región».
«Anglo American Quellaveco también invierte S/ 5 millones para el cierre de brechas y auspicia un diplomado de gestión pública en la UNAM y UP», agrega el diario de economía y finanzas.
Tras esta reunión, la ministra de Salud, Zulema Tomás, anunció que se logró firmar un acta de acuerdo con los ciudadanos de Tumilaca y se estipuló una «tregua de 72 horas con libre tránsito».
Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/08/20/moquegua-quellaveco-anglo-american-conflicto-minero-propuestas-empresa/jorgepaucar/
Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, dijo este lunes en su conferencia diaria, que su país debe pedir que los estándares salariales y de protección del medio ambiente efectivos en Canadá sean aplicados en México.
Cuestionado por un ciudadano sobre los proyectos mineros canadienses y estadounidenses en su país, López Obrador dijo que poco a poco se pediría a las empresas mineras extranjeras que pagaran salarios más elevados, semejantes a los que tienen los mineros en Canadá y Estados Unidos así como los mismos niveles de protección ambiental. Escuche aquí.
Después de explicar que en los últimos sexenios se habían otorgado licencias de explotación y exploración minera equivalentes al 40% del territorio nacional, el presidente de México también confirmó que su administración no cancelará ninguna de las actuales concesiones mineras, pero agregó que tampoco se entregarán nuevas concesiones mineras.
El presidente dijo que no se aprobarían otras porque tomando en cuenta la envergadura territorial de las ya entregadas, éstas serían suficientes por muchas generaciones a venir.
El organismo canadiense Above Ground trabaja desde al menos una década abogando por la defensa de los derechos ambientales y humanos en relación con proyectos mineros. Su directora Karyn Keenan, cree que México no debería aspirar a que los estándares canadienses se reproduzcan allá ya que en Canadá, la situación ambiental alrededor de la industria extractiva canadiense deja mucho que desear. Escuchar audio aquí.
Como mencionó Karyn Keenan, de Above Ground, el 4 de agosto de 2014, 24 millones de metros cúbicos de desechos de relave de una mina en esa comunidad fueron vertidos en el arroyo Hazeltine Creek hasta el lago Quesnel y otras vías fluviales de la zona. El accidente surgió luego del colapso de la presa de los residuos de relave, cerca de la ciudad de Likely, en Columbia Británica.
Según un informe independiente sobre el desastre, la presa se construyó sobre un lago glaciar inclinado, lo que debilitó sus cimientos. Dijo que el diseño inadecuado de la presa no tenía en cuenta las fallas de drenaje o erosión asociadas con los glaciares hasta debajo del estanque.
Un plazo de cinco años para los cargos de la Ley Federal de Pesca expiró el domingo 5 de agosto del 2019, mientras que la posibilidad de otros cargos en virtud de la misma ley sigue sin plazo para una decisión. Colombia Británica no cumplió con el plazo de tres años para proceder con los cargos bajo la Ley de Manejo Ambiental y la Ley de Minas de la provincia.
El salario promedio – sector minero canadiense
Un trabajador en el sector de la minería en Canadá gana en promedio $77,251 dólares anuales o $39.62 por hora. Los puestos de nivel inicial comienzan en $35,015 por año, mientras que los trabajadores más experimentados ganan hasta $131,326 por año.Contaminación de minas en Canadá
Según el Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes, en 2017, 7.001 instalaciones mineras en Canadá reportaron un total de 4.920.807 toneladas de más de 320 sustancias:
- 3.226.906 toneladas de contaminantes fueron liberadas directamente al medio ambiente;
- 1.693.901 toneladas fueron eliminadas en vertederos, esparcidas en tierra o inyectadas bajo tierra, ya sea en el emplazamiento de la instalación o fuera de él;
- 288.328 toneladas fueron transportadas fuera del emplazamiento para su tratamiento previo a la eliminación definitiva o para su reciclado y recuperación energética.
Fuente: Radio Internacional Canadá
Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/presidente-de-mexico-elogia-proyectos-mineros-en-canada-activistas-canadienses-creen-que-es-un-error/
Salvadoreños protestaron contra la actividad minera fuera de la Asamblea legislativa en El Salvador en el año 2017. El Congreso de El Salvador aprobó recientemente una ley que prohíbe la minería de metales, con el argumento de que es una industria que genera impactos negativos en el medio ambiente y la salud de la población.
Luego de que el terremoto de 2010 dejara más de 200.000 víctimas fatales y, habiendo desplazado a más de 1 millón de personas del país, el gobierno de Haití identificó a la minería de oro y otros metales como un elemento necesario para fortalecer su economía.
Para ello, el gobierno Haitiano y el Banco Mundial trabajaron a fin de revisar la ley de minería y atraer así, inversión extranjera. Su proyecto de ley, que fue presentado al Parlamento en julio pasado y está en espera de evaluación, no incluye contribuciones de organizaciones ambientales y de derechos humanos locales.
El proyecto de ley minero fue rodeado por la falta de transparencia, lo que plantea preocupaciones significativas acerca de cuáles son los intereses que se encontrarían representados en el nuevo marco legal.
Empresas canadienses y estadounidenses ya han obtenido permisos para la exploración de oro, cobre y otros metales en las colinas del norte de Haití. Aunque se desconoce la magnitud completa de los recursos minerales de Haití, algunos estiman que hay $20 billones en valor de metales preciosos en el suelo. Si se aprueba, la ley allanaría el camino para la primera mina de metal comercial del país.
Las experiencias de los países pobres pero ricos en recursos de todo el mundo proporcionan un claro ejemplo de que traducir los recursos naturales en riqueza pública es un negocio muy arriesgado, que a menudo fracasa.
Incluso en los países desarrollados, la minería a escala industrial ha contaminado el agua, aumentado las amenazas a la seguridad, forzado a miles de personas a abandonar sus hogares y dañado los ecosistemas por generaciones. En países pobres como Haití, el impacto es aún peor. Dadas las vulnerabilidades únicas que enfrenta el referido país, la minería podría debilitar seriamente al medio ambiente y a la economía del país, golpe del que Haití nunca se recuperaría.
Haití es posiblemente el país más dañado ambientalmente en el hemisferio occidental. Este daño es consecuencia de la mala administración ambiental, inversión extranjera contraproducente e instituciones públicas menoscabadas. El Gobierno ha demostrado que es incapaz de preparar o reparar la destrucción causada por huracanes, sequías y terremotos. De hecho, ha sido incapaz de proporcionar servicios básicos a sus ciudadanos incluso en ausencia de desastres naturales: más de la mitad de los residentes rurales no tienen acceso al agua potable.
En este país densamente poblado donde la vivienda y la tierra para la agricultura son recursos escasos, la mayoría de los haitianos viven en ciudades muy pobladas o en áreas rurales lejos de escuelas, hospitales y otros servicios. La apertura de una mina desplazaría a cientos, si no miles de familias de sus hogares en las áreas donde las minas esperan ser construidas.
El gobierno carece de los recursos y la voluntad de defender los intereses de los ciudadanos. Funcionarios de la Oficina de Minas y Energía me comentaron que visitan las comunidades donde las compañías han explorado en busca de oro sólo cuando se les proporciona un paseo en un vehículo de la compañía. Sin ningún tipo de regulación, las empresas internacionales han demostrado que tienen pocos incentivos para pensar más allá de sus ganancias.
Este país durante mucho tiempo ha estado plagado de corrupción. El año pasado, un informe del Senado haitiano acusó a ex funcionarios de malversación por más de $ 2 billones de PetroCaribe, un fondo de petróleo venezolano. Transparencia Internacional clasifica a Haití como el segundo país más corrupto en las Américas.
La brecha entre los ricos y los pobres en dicho país es extrema y la mayoría pobre lucha para lograr responsabilizar al gobierno. Cabe destacar que más del 90 por ciento de las escuelas son privadas. El Salvador puede proporcionar un camino a seguir. Hace un año, la legislatura votó abrumadoramente prohibir la minería metálica. Los residentes de las zonas ricas en metales argumentaron que su país se encontraba demasiado poblado y ya demasiado degradado ambientalmente para absorber el daño que resultaría de la explotación minera. El Salvador es el primer país del mundo en imponer una prohibición a la minería de metales.
El ejemplo de El Salvador debería alentar a otras naciones para mantener debates inclusivos acerca de los costos y beneficios de la minería de metales antes de permitir que sus recursos no renovables sean desenterrados en detrimento de muchos para beneficio de unos pocos. En Haití, una coalición de organizaciones sociales, el Kolektif Jistis Min (Colectivo de Justicia en Minería), se encuentra reclamando precisamente eso: un debate nacional sobre las consecuencias de la explotación minera antes de que cualquier mina sea construida. El colectivo, con el cual he colaborado por más de cinco años, ha tomado una posición visible contra la minería metálica. Asimismo, reclamó a la legislatura que rechace el proyecto de ley de minería que parece estar a punto de aprobarse.
La minería de metales en Haití traerá ganancias a un sector reducido de la sociedad y más miseria para las masas. Lxs legisladores haitianos deben prestar atención al ejemplo de El Salvador y escuchar las voces de su propia gente que está advirtiendo contra la minería y exigiendo un desarrollo menos destructivo y más inclusivo.
Fuente: esta es una traducción del artículo de opinión que publicó en el New York Times.
Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/la-explotacion-minera-metalica-seria-desastrosa-para-haiti/?fbclid=IwAR12fWtCABti_IrjnMuw9rNvC_8uUlEQT7kBlR9xW1J9WtIsfq70gObs0DI
Para el misionero claretiano, padre César Espinoza, la idolatría del dinero y su seducción causan ceguera, muerte y como todos los ídolos exige sacrificios de parte de sus seguidores. Y en la Amazonía las víctimas son los pueblos indígenas con su diversidad cultural y espiritual, y los variados biomas que se topan con este infame ídolo.
“Sin lugar a duda -afirma Espinoza- el Sínodo de la Amazonía se convierte en un escenario eclesial y mundial para desenmascarar y arrancar esta <raíz maldita> que pone en peligro la Sagrada vida no solo de la Amazonía sino del Planeta, nuestra casa común.”
Recuerda también, en el comentario que compartimos con nuestros lectores que “la Red Iglesias y Minería en su lucha frontal contra este fetiche está impulsando la “Campaña de Desinversión” para que la Iglesia en sus múltiples organizaciones, adoradora del único Dios de la Vida, desinvierta en las empresas extractivas que han encarnado los interés diabólicos del “dios dinero” que ha impulsado “una economía basada en el lucro que atropella a los más débiles y a la naturaleza y ha fomentado una mentalidad utilitarista que concibe a la Naturaleza como recurso y a los seres humanos como productores-consumidores”.
Cómo superar y vencer a la idolatría del dios dinero, deberá ser sin duda uno de los desafíos del próximo Sínodo de la Amazonía a realizarse en el Vaticano, del 6 al 27 de octubre de este año. La Campaña de Desinversión en Minería, es una propuestas clara, viable y ética.
CAMPAÑA DE DESINVERSIÓN
Sínodo De La Amazonía
“La raíz de todos los males es la codicia” (1 tim 6, 20)
“El cuidado de la vida se opone a la cultura del descarte, de la mentira, de la explotación y de la opresión. Al mismo tiempo supone oponerse a una visión insaciable del crecimiento sin límites, de la idolatría del dinero, a un mundo desvinculado (de sus raíces, de su entorno), a una cultura de muerte.” (IL 17)
“Tanto las cosmovisiones amazónicas como la cristiana se encuentran en crisis por la imposición del mercantilismo, la secularización, la cultura del descarte y la idolatría del dinero.” (IL 27)
«El drama de los habitantes de la Amazonía no sólo se manifiesta en la pérdida de sus tierras por el desplazamiento forzado, sino también en ser víctimas de la seducción del dinero, los sobornos y la corrupción por parte de los agentes del modelo tecno-económico de la “cultura del descarte”, especialmente en los jóvenes». (IL 53)
Los textos citados del Documento de Trabajo para el Sínodo de la Amazonía reflejan visiblemente que “La raíz de todos los males es la codicia” (I Tim 6, 10). Sin lugar a duda el Sínodo de la Amazonía se convierte en un escenario eclesial y mundial para desenmascarar y arrancar esta “raíz maldita” que pone en peligro la SAGRADA VIDA (alias de Jesús) no solo de la Amazonía sino del Planeta, nuestra casa común.
La idolatría del dinero y su seducción siguen causando ceguera y muerte. Todos los ídolos exigen sacrificios, y en la Amazonía es claro que las víctimas han sido los pueblos indígenas, con su diversidad cultural y espiritual, y los variados biomas que se topan con este infame ídolo.
El documento sugiere:
“Prestar una especial atención a la procedencia de donaciones u otra clase de beneficios, así como a las inversiones realizadas por las instituciones eclesiásticas o los cristianos”
“Discernir cómo se genera y cómo se invierte el dinero en la Iglesia superando posturas ingenuas a través de un sistema de administración y de auditoría comunitarias, respetando la normativa eclesial vigente.” (IL 83)
La Red Iglesias y Minería en su lucha frontal contra este fetiche está impulsando la “Campaña de Desinversión” para que la Iglesia en sus múltiples organizaciones, adoradora del único Dios de la Vida, desinvierta en las empresas extractivas que han encarnado los interés diabólicos del “dios dinero” que ha impulsado Una economía basada exclusivamente en el lucro como único fin, que excluye y atropella a los más débiles y a la naturaleza, se constituye en ídolo que siembra destrucción y muerte… Una mentalidad utilitarista (que) concibe a la naturaleza como mero recurso y a los seres humanos como meros productores-consumidores…” (IL 103)
La “Campaña de Desinversión” es una propuesta:
- clara y concreta de “Conversión Ecológica y Económica”.
- que contribuye a atacar estructuralmente, de “raíz”, nuestra complicidad con el exterminio y la destrucción de la Vida en la Amazonía.
Es claro que “nadie puede estar al servicio de dos señores, pues u odia a uno y ama al otro o apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden estar al servicio de Dios y del Dinero” (Mateo 6, 24).
César Augusto Espinoza Muñoz, cmf. Misionero Claretiano, Red Iglesia y Minería
Fuente:glesiasymineria.org/2019/07/01/el-sinodo-amazonico-frente-a-la-idolatria-del-dinero/
Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.
Desde el 15 de julio, en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, se inició una paralización en contra del proyecto minero Tía María. Fue la respuesta de la población a la decisión del gobierno de otorgarle la licencia de construcción a la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), pese a que era evidente que no había licencia o aceptación social.
Cabe recordar que esta decisión se adoptó en medio de una serie de presiones mediáticas, sobre todo desde la CONFIEP. Ante esto, las autoridades y la ciudadanía respondieron con la paralización, exigiendo que el gobierno respete sus derechos.
El 30 de julio, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, convocó a un paro regional indefinido a partir del 05 de agosto, demandando al gobierno nacional la anulación de la licencia de construcción del proyecto. Esta decisión contó con el respaldo del gobernador regional de Arequipa, Cáceres Llica.
El primer día de paro regional en Arequipa se movilizaron más de 30 organizaciones sociales, especialmente de los trabajadores de construcción civil y comerciantes, que se adhirieron a la plataforma de protesta en solidaridad con las comunidades del Valle de Tambo. En el cono norte de la capital de la región y en las principales vías de la ciudad se paralizó el tránsito.
En la provincia de Islay las manifestaciones continuaron. Además, se registró el primer incidente de gravedad: Anabella Pucho Uscamayta (29), quien vendía alimentos, presuntamente recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo. Ante la alarma producida por el hecho, la Defensoría emitió un comunicado llamando a la calma y pidiendo a las autoridades retomar el diálogo.
Después del primer día, los bloqueos a la Panamericana Sur continuaron en distintas provincias y distritos de la región, sobre todo en Islay y Caylloma y la lucha de los agricultores del Valle de Tambo, recibía el respaldo de regiones como Puno y Moquegua. En Ilo, hubo un bloqueo momentáneo de tránsito en contra de Tía María y la minera Quellaveco (Anglo American). En Puno, diferentes gremios se plegaron a las medidas de fuerza. Para entonces, no se descartaba la posibilidad que el paro se proyectase a nivel macro regional, en todo el Sur.
El escenario se complejizó con la autorización -por Resolución Suprema- de la intervención de las Fuerzas Armadas en el puerto de Matarani. Esta medida, fue cuestionada por algunos especialistas que la consideraron abiertamente inconstitucional.
Posteriormente, se inició una campaña millonaria en los principales medios de comunicación a nivel nacional en la que un colectivo de ciudadanos de Arequipa se manifestaba en contra de la paralización y las medidas de fuerza de los gremios sociales. Luego se supo que este colectivo y toda la campaña, era financiada la empresa SPCC.
El 09 de agosto, frente al riesgo de pérdida de vidas humanas y mayores pérdidas económicas por el agravamiento del conflicto, el Concejo Nacional de Minería anunció la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero. Como ha sido señalado, esto no implica la cancelación definitiva del proyecto. El conflicto en el Valle de Tambo evidencia las limitaciones del actual marco legal y pone en relieve las brechas de gobernabilidad que todavía persisten.
En los últimos días, se han hecho públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio. Estas revelaciones han abierto todo un debate y serios cuestionamientos de un sector de la prensa y la oposición política, sobre todo de la mayoría en el Congreso. Los ministros han sido invitados al Congreso de la República para que expliquen lo ocurrido en Arequipa. Habrá que esperar el desenlace de estos hechos.
Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.
Tres gobiernos que fracasan en el intento de sacar adelante un proyecto es una evidencia de problemas de fondo. ¿Cuáles? Los proyectos que no tienen licencia social son inviables en el Perú y en cualquier parte del mundo y se necesitan nuevas reglas para la minería. A todas luces Tía María era contraria a los intereses del Valle de Tambo, del país e incluso, aunque no quieran reconocerlo, de las propias empresas mineras.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/un-breve-recuento-del-ultimo-paro-en-contra-del-proyecto-tia-maria/
El Presidente de la República es el presidente de todos los peruanos y no solo del gremio minero. Ante la escalada y la crisis a la que se llegó en el conflicto de Tía María, el Presidente tenía solo dos caminos: emplear la fuerza, con una posible pérdida de vidas humanas o encontrar la forma de encausar pacíficamente el conflicto. Siendo el Perú un país democrático, y el Presidente Vizcarra una autoridad que intenta conciliar intereses, siguió la única opción posible, encaminar a los manifestantes hacia un procedimiento administrativo que permitiera bajar la tensión y que le diera tiempo para encontrar una salida razonable.
Los dos extremos del conflicto afirman que la escalada de la protesta fue responsabilidad del gobierno. Si bien hubo algunos errores, como una cierta demora para establecer canales de diálogo con los actores sociales, la situación del conflicto se origina en los dos gobiernos precedentes.
Es necesario reconocer que en el caso Tía María el gobierno del Presidente Vizcarra ha tenido y tiene poco margen de acción. Los manifestantes cuestionan la viabilidad ambiental del proyecto, y es verdad, el proyecto presenta serios problemas, pero lamentablemente la certificación ambiental se dio con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el año 2014, durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala. Han pasado cinco años y revertir esa decisión es muy difícil, porque la vía administrativa se encuentra agotada, quedando aparentemente abierta sola la posibilidad de un proceso constitucional.
Con el EIA aprobado, la empresa minera Southern ha seguido tramitando los permisos que necesita para operar. Uno de ellos, es la licencia de construcción de la planta de beneficio (que constituye solo un componente de la mina). El trámite se inició en octubre de 2014. Una pregunta que nos hemos hecho es si el gobierno podía desaprobar la licencia de construcción de la planta de beneficio por temas ambientales. Tenemos entendido que en el trámite de aprobación de la licencia de construcción no se debaten temas ambientales sino ingenieriles, y se deben cumplir ciertos requisitos, como contar con un EIA aprobado, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la declaración jurada de no afectación de vías. No siendo una autorización ambiental, su aprobación depende de la Dirección General de Minería (DGM) y no del SENACE.
Consideramos que con la aprobación del EIA, el Estado Peruano entró en un camino difícil de afrontar. El problema principal en este caso, no reside en la desinformación de la población de Islay como se suele afirmar, sino en la debilidad del EIA para garantizar los intereses de los pobladores de Islay.
La principal preocupación de los pobladores de Islay, que en su mayoría son agricultores y que viven en medio de un desierto, es el agua. Se cree erróneamente que su protesta es por la demanda hídrica de la empresa para la realización de sus operaciones, la misma que estaría solucionada con la planta desalinizadora de agua de mar. Esto no es cierto. La principal objeción es la posible afectación de la relación de las aguas subterráneas con las aguas superficiales. Es decir, el cuestionamiento de los agricultores de Islay es si el acuífero que alimenta en un 100% al río Tambo en temporada de estiaje se verá afectado por la alteración del flujo y la calidad de las aguas subterráneas que se podría producir con la explotación del mineral en el tajo La Tapada. Esa relación no ha sido debidamente estudiada, dejando altos niveles de incertidumbre, según lo afirmado por el experto portugués en hidrogeología Luis Tavares Ribeiro[1].
Cabe precisar que con la planta desalinizadora también existe un problema. Las normas ambientales exigen que para determinar impactos, el proyecto esté descrito por lo menos a nivel de ingeniería de factibilidad. Ese requerimiento no ha sido cumplido en el EIA.
En este escenario la gran pregunta es qué hacer. Lo lógico sería reevaluar la viabilidad ambiental del proyecto. Sin embargo, eso es poco probable, pues la certificación ambiental ya ha sido dada y los plazos para impugnarla a nivel administrativo están vencidos. Como hemos señalado, la vía judicial es una opción que todavía podría ser posible. Como un tema adicional a ello, se plantea la licencia social, que si bien no es un requisito formal para operar, debe darse para garantizar la viabilidad social del proyecto.
En medio de todo ello la conclusión es muy clara: urge fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. El caso de Tía María, pero también el de Ariana y Las Bambas, entre otros, ponen de manifiesto los problemas o fallas de este sistema. Desde el 2013, el sector empresarial ha venido presionando para que la gestión ambiental sea más flexible, argumentando la necesidad de eliminar un exceso de trámites. Lo cierto es que su debilitamiento a la larga va contra intereses del propio Estado, de otros sectores del país, pero también de las propias empresas mineras porque un EIA que evidencia problemas, genera un clima de desconfianza y de temor, que acompaña la vida el proyecto, y que tarde o temprano puede dar lugar a conflictos sociales.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/tia-maria-los-conflictos-no-se-resuelven-por-la-fuerza/