Perú

Moquegua: Denuncian a policías por tortura en paro contra Quellaveco

Dos oficiales y siete suboficiales de la Policía, que fueron parte del contingente desplazado a garantizar la seguridad y el orden en el paro realizado en la localidad de Tumilaca – Moquegua, fueron denunciados por un grupo de pobladores. La protesta se acataba en contra del proyecto minero Quellaveco.

En el Ministerio Público se denunció al comisario de Samegua, mayor Alexander Sánchez Choque, y al jefe de la comisaría central, alférez Antony Salazar Bernahola. También han sido comprendidos en la acusación los suboficiales Jonathan Palacios, Tomás Ayala Luna, Jhon Cano, Wilder Quispe, Erick Mamani Luna, Uriel Zapana y Deryian Mamani Orocollo.

La denuncia la hicieron seis trabajadores de la comuna distrital de Torata. Acusan a los oficiales de abuso de autoridad y a los suboficiales de tortura.

Según se detalla en la denuncia, los efectivos policiales, por orden de sus superiores, los confundieron con los manifestantes que bloquearon un tramo de la carretera Binacional, el primer día del paro (12 de agosto). Los agraviados contaron que los maltrataron verbal y físicamente. Incluso dijeron que a dos de sus compañeros les provocaron serias lesiones. El incidente ocurrió a las 16:25 horas de ese día en el kilómetro 26+700 de la carretera Binacional.

Los trabajadores aseguran que después de cumplir con su jornada, fueron a recoger a dos obreros y material del proyecto de mejoramiento de servicios turísticos del Cerro Baúl. Bajaron de Torata a Moquegua a bordo de la camioneta de placa Z6C-739. La unidad era conducida por Alejandro Díaz Flor. Cuando iban a recoger el material, fueron interceptados por una camioneta policial. Los efectivos, sin dar explicaciones y calificándolos de “terroristas”, los habrían golpeado con las varas y escudos.

La agresión fue brutal, por ello Ramón Ponce Quispe y Ángel David Aparicio fueron llevados al hospital de EsSalud. Mientras tanto, sus compañeros Alejandro Díaz Flor, Marco Ramos Chicalla, Andy Tenazoa Condori y Juan Calcina Nina a seguridad del Estado.

Niegan que hubo excesos

El jefe de la Región Policial, coronel PNP Herbert Espinosa Ochoa, sostiene que los efectivos policiales cumplieron con sus funciones. Dijo que su despacho no recibió reporte de algún exceso y tampoco agresiones, como aducen los denunciantes. El oficial refiere que si se prueba los excesos, los implicados deberán responder.

El primer día del paro, los policías, en su intento por despejar la vía, lanzaron bombas lacrimógenas.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/22/denuncian-a-policias-por-tortura-en-paro/?fbclid=IwAR342B71whXcTIv2ATLxrFwIfSg6Z79ptxDsUADOUjgRovV17DzKC8Y0vwE

Mexico

‘Pasta de Conchos es facultad de federación’

Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, dijo ayer que para la conformación del comité que participa en las mesas de diálogo para el rescate de los restos de los mineros, no se corrieron invitaciones a otros niveles de gobierno y este órgano forma parte del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos.

«La minería del carbón es del ámbito federal y el tema de Pasta de Conchos lo ha tomado la Federación, quien tiene facultades para hacerlo. De hecho, siempre ha sido la minería del carbón, facultad de la Federación, entonces, eso explica porque está todo, todas las secretarás de Estado Federales», precisó.

Dijo que el Comité Técnico es presidido por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y diversas dependencias del ámbito federal.

El Comité Técnico está conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Minas, la dirección general de Minas, así como el Sistema Geológico Mexicano.

Además del Fideicomiso para el Fomento Minero, la Secretaría de Gobernación, la SEMARNAT y PROFEPA, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).

«Está la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, porque obviamente no estamos hablando de recuperar cuerpos, sino de recuperar restos óseos; entonces, el tratamiento de identificación es distinto», refirió.

Ayer trascendió que el gobernador Miguel Ángel Riquelme, afirmó que no se le había notificado sobre ninguna reunión para programar dichas acciones entre el Gobierno federal, expertos y familiares de las víctimas.

Fuente:https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/308277.pasta-de-conchos-es-facultad-de-federacion.html?fbclid=IwAR2JR_ACuccD148BXKnSiuvDbmQxkGa6-3w3_nuidA1Rrh17lUsnuhUrNlk

Mexico

El neoextractivismo de la “cuarta transformación” en México: el “molino satánico” y una mirada crítica al patriarcado

Extractivismo, destrucción de la tierra, profundización del sistema patriarcal, ocultamiento de las culturas originarias, son las políticas enquistadas en el Estado mexicano.

Lo que el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, llama la “cuarta transformación” (4T) es la actual forma en que se nombra el despojo. Mientras que, para los regímenes anteriores, fueron megaproyectos frustrados e inacabados, para el actual grupo de poder narco-empresarial-político-militar, es una pulsión terca que pretende territorializar la histórica maquinaria de destrucción.

La metáfora del “molino satánico” es retomada de Karl Polanyi (2009), quien se percató de “la gran transformación” del siglo XIX al XX, identificando la maquinaria del progreso como la prolongada guerra contra los territorios y formas de autoabastecimiento de los pueblos.

En la actual realidad que vivimos, dicha ofensiva aparece con el Proyecto Integral de Desarrollo (PIC), focalizado en la región sur-sureste mexicano. Este es continuidad de aquello que, desde hace 40 años, el neoliberalismo ha pretendido territorializar en la región mesoamericana desde diversas iniciativas: el Sistema de Integración Centroamericana, el Proyecto Pantera, el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Mesoamericano y las Zonas Económicas Especiales.

El “molino satánico” de la iniciativa político-económico y cultural de la 4T aparece en el sur-sureste mexicano como un proyecto que pretende ser más eficaz y audaz en la forma de devorar los mundos de vida indígenas-campesinos. Las aspas de la maquinaria pretenden triturar y transformar los espacios de vida en no vida. Se presenta desde el Proyecto Integral Morelos, el Proyecto Integral del Itsmo de Tehuantepec y el Proyecto Integral de la Península mexicana, donde aparece el “caballo de troya” de lo que amañadamente llaman “Tren Maya”. Los circuitos de las vías férreas de dichos proyectos para algunas regiones estarán conectadas con super-autopistas. Para el caso concreto de la selva Lacandona, en Chiapas, se concretaría la super-vía San Cristóbal de Las Casas-Palenque.

En la misma geografía se suma la territorialización de plantaciones para amarrar la dependencia asistencialista del tutelaje estatal mediante el programa desarrollista “Sembrando vida” que es un mecanismo de cambio de uso de suelo y mediando la monetarización/bancarización para efectuar el cultiricidio de regiones campesinas. Del lado opuesto a la selva, se cartografía la minería a cielo abierto con extracción de oro, plata, cobre, entre otros, y, a la militarización ya existente de todo Chiapas, se suma una nueva fuerza represiva institucionalizada en la recientemente creada Guardia Nacional. Como ya dijeron decenas de intelectuales: “Más que una estrategia de seguridad, parece una estrategia de guerra”. En cuya misión se suma el combate de flujos migratorios de Centroamérica y más allá, que manifiestan el continuo vendaval multicromático de desposeídos y despojados, quienes se topan con el corrimiento del muro del río Bravo al río Suchiate, Usumacinta y el Hondo, en la frontera estatal de México y Centroamérica.

 

 

Mexico

En Gómez Palacio no quieren fábrica de cianuro

Desde hace dos años la población de varias comunidades agrarias de Gómez Palacio, Durango, luchan contra la instalación en su cercanía del complejo industrial Chemours. Produciría cianuro de sodio sólido que se emplea en la industria minera para separar oro y plata durante el proceso de extracción. El complejo incluye un gasoducto cuya finalidad es abastecer a las mineras. Se trata de una inversión de 250 millones de dólares. Ya en funcionamiento daría empleo a 350 personas. Las autoridades dicen que la oposición a esos proyectos se debe a la mala información que existe y a personas y organizaciones que no quieren que a Gómez Palacio le vaya bien.Chemours es parte de la trasnacional Dupont y México le es estratégico como consumidor y productor. Sus exportaciones y ventas locales superan los 2 mil millones de dólares. Desde 1960 tiene presencia en Tamaulipas, donde elabora dióxido de titanio. También cuenta con centros de envasado y almacenes en Monterrey y centros de distribución en San Luis Potosí y Hermosillo.

Las personas que no desean ese complejo industrial consideran que el cianuro es altamente tóxico, muy contaminante y que ocasiona daños irreversibles en la salud humana y el medio ambiente. El último cuarto de siglo hubo por lo menos 30 tragedias por el vertido de tan peligrosa sustancia. Por eso la oposición de muchos países, como los de la Unión Europea, para utilizarlo en, por ejemplo, la minería.

En abril del año pasado, un juez federal ordenó suspender la construcción de la citada planta que tenía un avance de 40 por ciento. Sus directivos aseguran que todo se resolverá en su favor y que casi convencieron a las comunidades inconformes de que Chemours y las obras complementarias les traerán progreso, no problemas. Mas los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna (región en la que destaca el corredor urbano-industrial integrado por las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) indican que sigue vigente el juicio promovido en 2017 para pedir la nulidad de los permisos para establecer la planta y obras complementarias; así como un amparo sobre el mismo asunto que estudia la Suprema Corte de Justicia de La Nación. Denuncian que, pese a ello, los trabajos en Chemours siguen con el cobijo de los gobiernos estatal y municipal.

El mes pasado se anunció que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales visitaría La Laguna para escuchar a los inconformes. Aún no lo hace. Existe otro problema: a 10 opositores al proyecto se les sigue proceso penal en libertad acusados de daños, lesiones y ataques a las vías de comunicación al sostener un violento enfrentamiento con la fuerza pública en marzo de 2018. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario federal de Derechos Humanos, asegura que las autoridades locales dejarían sin efecto el proceso penal si se permite construir a Chemours y realizar las obras complementarias.

Luis Rebollar, vicepresidente de la compañía, espera una resolución judicial definitiva y favorable para concluir el proyecto, el cual beneficiaría la economía regional sin atentar contra la salud ni el medio ambiente. Cabe recordar que el manto freático de varios de los municipios que integran la región lagunera está contaminado con arsénico.

Y por agua de mala calidad no paramos. Hace un año La Jornadainformó de las inundaciones causadas en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán por el desbordamiento del canal La Compañía, pestilente río conformado por las aguas negras y de lluvia provenientes de la zona más poblada del estado de México. Cada año varias colonias de esos dos municipios y otros vecinos se inundan, pues el canal está metros arriba de los asentamientos humanos debido al hundimiento que sufre esa parte de la cuenca de México a consecuencia de la explotación irracional del mantro freático y al avance de la mancha urbana sobre zonas de recarga.

Las autoridades llevan años prometiendo medidas para evitar las inundaciones. El remedio lo conocen bien: dragar el cauce del canal La Compañía para extraer la basura y el lirio que impiden el flujo normal del agua. Y lo fundamental: que no sea ya el destino final de la basura de hogares, la industria y el comercio, ni del cascajo de obras que se realizan en los municipios ubicados al oriente del estado de México.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/08/19/opinion/018a2pol?fbclid=IwAR00Xsm8nKsTnJNxSBkA_QoRla8XHMMjx6r5Dnt-X0eH-2UOVhO948ZguV0

Latinoamerica

Estamos perdiendo la Amazonía y la batalla Global

Las imágenes son terribles y duelen. La Amazonía se está incendiando y el sentimiento de culpa es inevitable. Todos, de una manera u otra, le estamos prendiendo fuego y, como consecuencia, estamos perdiendo ese fabuloso bioma del que dependemos más de lo que creemos y sabemos.

Las tonterías que dice el presidente brasileño no sorprenden. Es el mismo que tiene como referente al ocupante de la Casa Blanca que sobre estos temas se lleva el premio de la estupidez. Pero tampoco podemos voltear la mirada cuando sabemos que el presidente boliviano promulgó, apenas el mes pasado, el decreto supremo 3973 que autorizó “quemas controladas”, precisamente en los departamentos de Santa Cruz y el Beni. Como informan los despachos de noticias, los incendios ya han arrasado por lo menos 500 mil hectáreas de ese bosque seco único en el mundo que es la Chiquitania, que se ubica precisamente en la provincia del mismo nombre, en el departamento de Santa Cruz.

Pero los incendios, en distinta magnitud están en todos los países amazónicos y van más allá, tocando otros ecosistemas. En el Perú tenemos los mismos problemas y similares desafíos y tampoco podemos ponernos en plan de observadores, esperando que los vientos no nos traigan el fuego de los países vecinos. Todos los años la deforestación incontrolada provoca que perdamos más de 140 mil hectáreas y el Perú figura en el vergonzoso top ten de los países con mayor deforestación a nivel mundial. ¿Las causas principales? La tala ilegal, la agricultura y la minería.

 

Que lo dramático de las imágenes de estos días y las miles de hectáreas que estamos viendo cómo se incendian en toda la Amazonía, no nos hagan peder de vista que desde hace años estamos dejando que esto pase. Algunos expertos mencionan que el 20% de la Amazonía ya la hemos perdido de manera definitiva y otro 20% está en franco proceso de deterioro.

No hay forma de revertir esta tendencia de deterioro si es que los países amazónicos no actuan de manera conjunta. Mientras que estas y otras iniciativas no se implementen, hay que ser concientes que la batalla por la defensa de la Amazonía y de todo el planeta la estamos perdiendo.

Mexico

Señalan intereses económicos en previa negativa a rescate minero

La activista y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach expresó fuertes opiniones sobre la anterior negativa al rescate de los cuerpos.

– La reunión del Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos les trae esperanza a los colectivos compuestos por familiares de las víctimas de la terrible explosión ocurrida hace ya más de 13 años en la infame mina. Estas familias han intentado, ya por varias administraciones federales, recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Es de hacer notar que no todos aceptaron la versión oficial sobre los riesgos y complejidades del rescate, pues hay quienes aseguran que la decisión tuvo desde sus orígenes tintes económicos y políticos.

Sobre ello, la activista y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach, entrevistada por nuestro conductor Francisco Juaristi Guerra, dio las siguientes declaraciones.

“Esto no es un dictamen ni un peritaje para ver si se hace o no se hace, eso fue un invento genial de Javier Lozano; jamás se habían hecho dictámenes ni peritajes para ver si hace la recuperación del minero atrapado, se recupera y punto.”

Sobre los expertos que el gobierno federal invitó al proyecto, Auerbach señaló:

“Todos los que vienen son ingenieros en minas de carbón con experiencia en rescate minero, no son abogados ni funcionarios. No es un Javier Lozano de la Libre de Derecho quien va a decidir si se hace o no se hace una recuperación de restos. El rescate de restos se va a hacer.”

 

Fuente:http://superchannel12.com/senalan-intereses-economicos-en-previa-negativa-a-rescate-minero/?fbclid=IwAR24u4vhrCCBnEUN5DtnrQRFKXmDTjNGGkkH2tfxhqATPPP78PAvOnf0jKA

Mexico

Se ha extraído 5 veces más oro en este siglo que en toda la Colonia

La sobrexplotación implicó graves problemas sociales y ambientales, señala estudio realizado por Fundar

Entre 2000 y 2018, las empresas mineras extrajeron cinco veces más oro del territorio mexicano que todo el que se explotó durante los tres siglos de la Colonia, etapa considerada históricamente como sinónimo de saqueo.

En lo que va de este siglo, sobre todo a partir de que se aprobó la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, la actividad extractiva se fortaleció, trayendo consigo graves problemas sociales, económicos y ambientales.

Así lo señala el Anuario 2018, Actividades extractivas en México. Retos para la Cuarta Transformación, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que se presentó ayer en Casa Lamm. El documento asienta que de 2013 a 2018 los proyectos mineros en México aumentaron 77 por ciento.

Indica que mientras en 2010 había 667 proyectos mineros en el país, para 2018 sumaban mil 531. De ese total, mil 113 estaban dedicados a la exploración y 68 por ciento estaban destinados a buscar minerales preciosos, en particular oro.

Al presentar la investigación, Francisco Reynoso, titular del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, informó que entre 2000 y 2010 las mineras, la mayoría extranjeras, se llevaron el doble del oro extraído durante la Colonia; de 2011 a 2014 se extrajo una cantidad similar, y tan sólo entre 2017 y 2018 también se consiguió el doble de ese mineral al que se logró obtener durante 300 años.

Cada vez es más rápido ese saqueo intensivo en este país a costa de las comunidades, señaló.

Contra el argumento de desarrollo esgrimido por gobiernos y empresas, las regiones donde se explotan los minerales no gozan de los beneficios económicos. En las zonas donde se extrae oro y plata, los índices de pobreza superan la media nacional, pues más de la mitad de habitantes viven en la miseria.

Tan sólo donde se explota la plata, la cuarta parte de la población vive en rezago educativo, una de cada tres personas no cuenta con los recursos suficientes para acceder a la canasta básica, 60 por ciento viven en la pobreza y 30 no cuenta con servicios básicos de vivienda.

El reporte también critica que el gobierno de López Obrador apueste por invertir en el sector de los hidrocarburos, cuando éstos, además de contaminantes, son cada vez menores en el país.

Tan sólo en el periodo de vigencia de la reforma energética (2013-2018), los ingresos petroleros pasaron de 33 a 19 por ciento, a raíz de un declive porcentual de 28 puntos en la producción del energético al finalizar el sexenio pasado.

Pese a esa realidad compleja para los hidrocarburos, la administración federal sigue apostando por esa industria, pues para el actual ejercicio fiscal se destinaron 25 mil millones de pesos extra a la Secretaría de Energía para fortalecer a Pemex, más 82 mil 527 millones a la paraestatal para rescatar su sistema nacional de refinación.

Reynoso celebró que el presidente López Obrador se haya pronunciado contra el fracking, sin embargo, lamentó que aún no se prohíba legalmente.

El informe de Fundar revela que las actividades extractivas en México aportan apenas 0.66 por ciento del total del empleo asegurado en el país y prácticamente la tercera parte del personal (27.4 por ciento) se contrata a través de tercerización.

 

Latinoamerica

Minería, una industria inhumana en Latinoamérica

En fechas recientes, esta región apunta a la explotación de minerales codiciados por industrias como la tecnológica o la aeroespacial, como el litio y el niobio.

Latinoamérica apunta a la explotación de minerales codiciados por industrias como la tecnológica o la aeroespacial, como el litio y el niobio, aunque aún debe hacer frente a desafíos históricos como la minería ilegal, la gestión sostenible de los recursos o el reparto equitativo de la riqueza.
La historia de Latinoamérica y el Caribe está intrínsecamente ligada a la industria minera y particularmente a la exportación de materias primas, uno de los pilares de la economía colonial y moderna.
Hoy la región se mantiene como una de las principales reservas mineras del mundo, con una participación destacada en minerales metálicos como el litio (61 %), conocido como el «oro blanco», el cobre (39 %), el níquel (32 %) y la plata (32 %).
Solo Brasil posee cerca del 90 % de las reservas mundiales de niobio, mineral que se utiliza para hacer el acero más fuerte y ligero, mientras que Chile y Argentina son dos de los principales depósitos globales de litio.
Chile es un país con raíces mineras y de hecho allí se extrae una de cada cuatro toneladas de cobre que se producen en el mundo, lo que lo convierte en líder mundial (casi 5,8 millones de toneladas en 2018) por encima de Perú (casi 2,4 millones).
La minería latinoamericana apuesta por una diversificación de la cesta de materias primas, con la mirada puesta en minerales como el litio o el niobio, esenciales en el desarrollo de sectores emergentes de la llamada cuarta revolución industrial, marcada por el desarrollo de nuevas tecnologías y la automatización de procesos.
El Salar de Atacama, en el norte Chile, posee las mayores reservas mundiales de litio, básico en la fabricación de baterías para teléfonos inteligentes, tabletas o vehículos eléctricos, aunque el país no es el principal productor, ya que Australia le superó en 2018.
El director ejecutivo de la consultora Plusmining, Juan Carlos Guajardo, atribuye ese «sorpasso» a la regulación chilena, que declaró el litio mineral estratégico y limitó los derechos de explotación a dos empresas.
Esto ha hecho que la industria chilena del litio pierda competitividad frente a países como Australia o Argentina, el tercer productor mundial y donde hay cerca de 40 salares en diversas fases, desde la exploración inicial hasta en etapa de construcción.
«Los presupuestos exploratorios para el litio aumentaron más del 900 % en los últimos tres años», dijo a Efe la secretaria de Política Minera de Argentina, Carolina Sánchez.
Se prevé que el país alcance en 2024 exportaciones de litio por 1.200 millones de dólares.

El litio también es uno de los proyectos «estratégicos» de Bolivia, donde «la inversión global» asociada a su explotación se aproxima a los 5.000 millones de dólares.
El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, aseguró a Efe que unas catorce plantas para tratar sales de litio, materiales catódicos y producir baterías empezarán a operar en el país y cuando estén funcionando plenamente en un plazo de cinco años se prevé que generen esa misma cantidad de divisas anuales, aunque el proyecto total eleva su número hasta 40 fábricas.
En cuanto al niobio, un mineral altamente valorado en la industria automotriz o aeroespacial, su producción se concentró en 2017 en los estados brasileños de Minas Gerais y Goiás. Más extracción, más daño a comunidades y al medioambiente El Banco Mundial (BM) estima que para 2050 la demanda mundial de «minerales estratégicos» crecerá de manera significativa, teniendo «aumentos extraordinarios» particularmente en el caso del litio (965 %), el grafito (383 %) y el níquel (108 %).
«Si bien la creciente demanda de minerales y metales constituye una oportunidad para los países en desarrollo ricos en minerales, también representa un desafío: sin prácticas mineras climáticamente inteligentes aumentará el impacto negativo de las actividades mineras, lo que afectará a las comunidades vulnerables y al medioambiente», alertó el BM en mayo pasado.
El impulso a los nuevos minerales convive en la región con fenómenos históricos como la fiebre del oro, ligado en muchas ocasiones a la minería ilegal, que supone una amenaza para la Amazonía de Brasil, donde persiste a pesar de décadas de lucha contra la extracción sin normas. También en Bolivia está extendida la explotación de oro por cooperativas o asociaciones sin vínculo formal con el Estado.
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, cifra en 400 las cooperativas auríferas que operan en los márgenes de los ríos del norte de Bolivia, en parte en zona amazónica. «La explotación de oro está concentrada en manos del sector cooperativo, casi un 99 %», y «evade el pago de tributos», ya que está marcada por la «informalidad» y por condiciones «precarias» de trabajo, explicó.
Este fenómeno también está presente en El Salvador, donde los diputados han dado dos años de plazo (que vencieron en marzo de 2019) a los mineros artesanales y de pequeña escala para que cesen su actividad, aunque estos «no se quieren reconvertir», según Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Minería ilegal, una plaga que deforesta al amazonas Brasil, por su parte, cuenta con 321 puntos de minería ilegal en 132 áreas, principalmente en el pulmón verde del planeta, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).
La minería ilegal se ha expandido también con fuerza en la tierra de los indígenas yanomamis y se estima que hay 20.000 «garimpeiros» o mineros ilegales, casi seis veces más que hace un año, en los estados de Roraima y Amazonas (norte).
En Colombia, el río Sambingo, situado en el departamento del Cauca (suroeste), prácticamente ha desaparecido por las desviaciones de su cauce hechas por mineros ilegales que lo redujeron a pequeñas lagunas desconectadas entre sí.

Esta actividad también es la principal amenaza para la deforestación de la Amazonía en Perú y responsable de alentar la esclavitud de miles de personas y la explotación sexual en campamentos mineros, además de estar estrechamente vinculada a otros delitos.
«La minería ilegal se benefició en Perú del superciclo de precios, que generó también una acumulación económica muy importante para el sector. Lo más grave es que eso se ha traducido en poder político con influencia en los poderes locales, regionales y nacionales (…). Donde se implanta, al ser intensiva en el uso de mano de obra, logra legitimidad», explicó a Efe José de Echave, investigador sobre la economía de la minería y exviceministro de Gestión Ambiental.
Este fenómeno ha crecido notoriamente en Ecuador en los últimos años y se calcula en «unos 200 millones de dólares cada tres-seis meses» el daño generado por el impacto ambiental y el material extraído, según el exviceministro de Minería ecuatoriano Henry Troya.
En Venezuela, la búsqueda de oro y otros minerales está «impactando el curso de los ríos que alimentan la represa» de la principal hidroeléctrica, que da luz al 70 % del territorio nacional, y se está haciendo «sin ningún tipo de estudio de impacto», aseguró a Efe la diputada venezolana María Hernández, presidenta de la subcomisión legislativa para el Cambio Climático.
El Gobierno de Nicolás Maduro, acusado de comercializar con las reservas nacionales de oro para obtener liquidez, pretende generar 33.000 millones de euros en los siguientes seis años como alternativa no petrolera de riqueza. Para ello ha anunciado inversiones locales y extranjeras por unos 7.700 millones de euros y estima producir 80 toneladas de oro al año, un millón de quilates de diamantes, 12.000 toneladas de níquel y 35.000 toneladas de coltán.
En ese país, una de las economías más debilitadas por la hiperinflación y el desabastecimiento generalizado, las reservas de oro totalizaron cerca de 161 toneladas métricas a cierre de 2018. Minería vs defensa de los pueblos Otro desafío asociado a la minería en Latinoamérica son los conflictos sociales con los pobladores locales en zonas mineras.
Un caso emblemático es el proyecto Tía María, de la empresa Southern Copper Corporation, en Perú, cuando protestas de los agricultores de la zona terminaron con violentos enfrentamientos con la Policía que dejaron cuatro muertos y 300 heridos en 2015. La tensión social también se sintió en la localidad brasileña de Brumadinho, en donde la ruptura de una presa del gigante minero Vale provocó en enero pasado la muerte de 247 personas y otras 23 desaparecidas, tan solo dos años después de un desastre similar ocurrido en la vecina localidad de Mariana.
En México hay que sumar la presencia del crimen organizado en la industria, sobre todo en estados del norte del país, donde existen alianzas entre minerías y grupos del narcotráfico. Asimismo, la Policía colombiana ha alertado que varios grupos armados dedicados al narcotráfico se han pasado a la minería ilegal por ser esta una actividad más lucrativa: un kilo de oro cuesta hasta 20 veces más que uno de coca.

Fuente:https://bajopalabra.com.mx/mineria-una-industria-inhumana-en-latinoamerica?fbclid=IwAR32k_8x1f0QFuuNBIMT4OxbjvxNnRR0BWBS-xnh_0ufPQJtQTQcpue0eRQ
Guatemala

MEM ya realizó dos consultas comunitarias en caso de la mina Fénix, según CGN

En un boletín emitido el lunes 19 de agosto refieren que dar a conocer este dato “para el conocimiento de los señores Magistrados de la Corte de Constitucionalidad” (CC).

Se indica que fue el MEM el ente encargado de realizar la consulta a las comunidades del área de influencia del Proyecto Minero Fénix, según los parámetros de las sentencias dictada por la CC en el caso de la hidroeléctrica Oxec emitida en mayo del 2017.

La compañía explican que en el 2005 se realizó la consulta a las comunidades y desde entonces se ha mantenido el diálogo.

Además, en diciembre del 2018 dicho ministerio realizó “una consulta de actualización” en la cual, según se explica en el boletín, se le dio participación a las comunidades del área de influencia del proyecto en el proceso de consulta.

La segunda consulta se efectuó a solicitud de representantes de las comunidades del área de influencia ante el MEM para que se realizara una actualización respecto de la efectuada en el 2005. La petición surgió ante la preocupación de una posible suspensión de actividades del proyecto debido a un amparo presentado por el grupo de pescadores del Estor.

Esta solicitud fue efectuada el 20 de septiembre de 2018 y el primer acercamiento se realizó el 17 de octubre de 2018, agrega la compañía.

En dicho proceso de actualización de la consulta se alcanzaron diferentes acuerdos entre las comunidades del área de influencia y la empresa, se explica en el boletín:

  • Acuerdos en cuanto a los mecanismos de diálogo continuo
  • Acuerdos ambientales
  • Acuerdos por el desarrollo sostenible

La CGN y el Gobierno han mantenido un diálogo permanente con los comunitarios, en idioma maya q´eqchi´, a partir del 2005. En ese proceso se acordó desarrollar mecanismos de diálogo continuo por medio del departamento de relaciones comunitarias como:

  • Recibir peticiones de las comunidades
  • Realizar reuniones por medio de mesas de diálogo
  • Realizar proyectos de desarrollo sostenible en conjunto con las comunidades del área de influencia del proyecto además de que avalan el cumplimiento de los parámetros relacionados, se agregó.

Departe del MEM no se espera ninguna decisión, ahora se espera la decisión de la CC, indicó Maynor Álvarez, representante de la CGN.

“Esperamos que la CC emita una resolución favorable para la empresa y por ende para las comunidades del Estor en el caso de la apelación del amparo definitivo para que la empresa siga operando tomando en la cuenta que las consultas fueron realizadas ya dos veces, en 2005 y en 2018”, agregó Álvarez.

El ejecutivo no brindó detalles de las pérdidas que está representando la suspensión. Expuso que están pensando en los diferentes tipos de pérdida que se están generando por la suspensión para los beneficios para la comunidad, para el desarrollo comunitario, puestos de trabajo, ser pierden inversiones para el país y el gobierno deja de recibir impuestos.

Al respecto, Rafael Maldonado, abogado de las agrupaciones que interpusieron el amparo contra la licencia del proyecto minero, respondió que las consultas del 2005 fueron solo reuniones del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Izabal, con el ministro de Energía y Minas y con el Gobernador, pero expones que estas no llenaron los parámetros o ninguna circunstancia para considerarlas como una consulta comunitaria, libre previa e informada.

Agregó que no tiene conocimiento de las supuestas consultas del 2018, pero argumentó que si estas son una actualización no tendrían validez porque se basan en las reuniones del 2005 que no tienen características o parámetros de una consulta.

La CC suspendió de manera temporal la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, frente al Lago de Izabal, que opera CGN.

Vecinos reclamaron que no se agotó el proceso de consulta comunitaria en torno al proyecto, aunque la compañía responde que sí se hizo.

En un fallo previo a esta instancia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había otorgado un amparo a los vecinos en febrero del 2019, pero no suspendió a la minera, a lo cual apelaron ante el tribunal constitucional.

El proyecto permite la explotación del mineral durante 25 años, para lo cual la empresa ha invertido US$670 millones (unos Q5 mil 025 millones).

Se estima que esa operación minera genera unos 3 mil puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

 

Fuente:https://www.prensalibre.com/economia/mem-ya-realizo-dos-consultas-comunitarias-en-caso-de-la-mina-fenix-segun-cgn/

Mexico

Pidió ayuda a la embajada de Canadá, y a los 4 meses lo asesinaron

Este 19 de agosto, la familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva demanda contra la embajada canadiense por incumplimiento de normas que le exigen apegar su actuar respetando los derechos de las personas en donde tienen inversiones sus connacionales.

Mariano Abarca Roblero fue precursor en la defensa del medio ambiente en Chiapas. Él y habitantes del ejido Grecia, municipio Chicomuselo ubicado en la Sierra Madre, se opusieron a que la empresa canadiense Black Fire, siguiera vertiendo sus desechos en los ríos de la zona. Por sus protestas, recibieron amenazas y agresiones directas.

En julio de 2009, Abarca acudió a la embajada de Canadá para solicitar su intervención en la protección de los derechos de la población afectada por la minera. Cuatro meses después fue asesinado. A una década de los hechos, su familia continúa exigiendo se investigue el actuar de la embajada, y a la justicia mexicana.

Ante la embajada, el 22 de julio de 2009, Abarca Roblero explicó que para lograr entrar a el ejido Grecia, empresarios de la minera Black Fire, “dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura”.

En un video que quedo registrado cuando Robledo encabeza el mitin afuera de la embajada. Ahí señaló, “nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado, que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México”.

Abarca Roblero y los habitantes del ejido Grecia, sostuvieron que durante cuatro la minera extrajo barita y vertió los desechos en los ríos de la zona. Para cuando realizaron la manifestación afuera de la embajada, los ríos ya estaban contaminados. “Ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas, de los que estamos en el movimiento. Entonces nosotros pensamos que nos es justo que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país”.

No fueron recibidos por los diplomáticos de la embajada. La embajada canadiense pidió al gobierno mexicano intervenir para crear las condiciones que permitieran a la empresa seguir operando.

La respuesta llegó después. El 17 de agosto de 2009 Mariano Abarca fue arrestado por autoridades del estado de Chiapas. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación. Estuvo una semana bajo arraigo.

El 24 de agosto fue liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano Abarca presentó una queja ante la policía, en donde manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado. Empleados de la empresa fueron detenidos, y a los pocos meses exonerados.

La familia e integrantes de las organizaciones ambientalistas a las que pertenecía, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Mining Watch, decidieron seguir exigiendo justicia. A través de la ley de acceso a la población de Canadá, recuperaron más de una centena de documentos y correos que intercambiaron directivos de la empresa y personal de la embajada. Uno de ellos aconsejaba a los empresarios demandar al gobierno mexicano por incumplir en crear condiciones óptimas para la operación de la mina.

Con estos y otros elementos, la familia Abarca presento en febrero de 2018 una denuncia ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, para que investigue las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México. En dos ocasiones se ha negado iniciar el proceso. Este 19 de agosto, en conferencia de prensa, la familia del líder ambientalista dio a conocer que este día interpuso un nueva apelación ante la Corte canadiense para pedir de nuevo la investigación.

“No vamos a cejar hasta encontrar justicia para mi hermano. No vamos a parar la lucha que empezamos, porque es un caso emblemático no solo para Chiapas, sino todos los países que luchan contra la contaminación que dejan las empresas mineras en nuestros países”, sostuvo Uriel Abarca, hermano de Mariano Abarca.

 

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/08/pidio-ayuda-a-la-embajada-de-canada-y-a-los-4-meses-lo-asesinaron/?fbclid=IwAR0vP8Ml35h0W35m8XtDaoksGtixG7v9Y3MlsLiIZUMrsMs3Gy2VKfSYItI