Basta de eufemismos. A raíz de la sequía, la situación sobre el centro-norte del país es crítica. Una alerta que levantamos con el aval de los expertos, uno de ellos, es Francisco Ferrando Acuña, glaciólogo y académico de la Universidad de Chile.
El profesor de hidrología señala que estamos en presencia de una “sequía severa”. Luego agrega que “esto sumado al alza en las temperaturas y, por ende, a la evaporación de la poca agua que hay, la situación es crítica. Estamos asistiendo a un balance de masa negativo en los glaciares y a una reducción en la cubierta de nieve.
Además, cada vez, la Isoterma 0 se marca más arriba, por lo que estamos recibiendo lluvia (cuando la hay) a mayor altitud, entonces, estamos perdiendo importantes superficies de nieve. Y eso significa que los recursos de agua en estado sólido para el verano se han minimizado”.
Río Maipo, la gran fuente de agua
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, “el agua que consume Santiago depende en un 88% del Maipo. Los glaciares aportan cerca de un 10% del caudal hídrico anual del río Maipo en promedio. Pero en un año de sequía pueden aportar hasta el 60% del agua”.
Con esta realidad, entonces conviene preguntarse cómo está la situación de los principales glaciares de la zona central. Según Francisco Ferrando, “el río Maipo, en relación con la estacionalidad, tenía su máximo caudal de agua en la primavera por la fusión de la nieve. Y, el segundo máximo, en el invierno”.
“Este régimen cambió, porque hay menos nieve y más temperatura. Entonces cuando llueve, el agua escurre rápidamente por los cauces como verdaderos aluviones provocando una mayor erosión y no alcanzando a filtrar esas aguas hacia las napas subterráneas”, añadió.
Ante las circunstancias, y de seguir como estamos, “lo más probable es que en los próximos años tengamos un río Maipo seco desde fines de la primavera y todo el verano”, anticipa el especialista.
– En los próximos años, ¿cuántos?
“Uno no le puede poner una fecha exacta, pero que de seguir así, se dará. En el largo plazo, si las condiciones de cambio climático no se frenan, esta falta de agua se agudizará. Las conexiones dentro del complejo ciclo hidrológico presentan cada vez más complicaciones”.
– ¿Cuáles son los principales glaciares que abastecen al Maipo?
“El campo de glaciares Olivares da origen al río Olivares. Este, a su vez, es afluente del río Colorado. Y este, del Maipo. Ahí tenemos la principal masa de glaciares ubicadas en la cabecera del río Olivares. A ellos les sumamos otros glaciares de menores dimensiones que están por el lado de los volcanes Maipo y San José. Todos esos glaciares contribuyen a mantener con caudal el río”.
– ¿A qué ritmo se están derritiendo los glaciares en la zona central del país?
“Se han medido derretimientos por fusión con retrocesos de entre 5 y 10 metros en promedio por año en la zona central. A eso debemos sumarle el adelgazamiento de los glaciares, lo que significa del orden de 2 a 3 metros por año en promedio como cifra general. Eso se traduce en una reducción drástica en el volumen de hielo”.
Faena minera y ley de glaciares
En el límite de las regiones Metropolitana y de Valparaíso se ubican las mineras Los Bronces (Anglo American) y Andina (Codelco) dedicadas a la extracción de cobre. Faenas cercanas a importantes glaciares como los campos Olivares, El Plomo, La Paloma, El Altar, entre otros.
De acuerdo con los estudios que maneja Francisco Ferrando, toda esta actividad “está afectando el balance de la masa de los glaciares, lo cual configura un escenario complejo”.
El glaciólogo añade que “la presencia de la actividad minera con dos centros importantes en esa parte han tendido un rol destructivo en el pasado, porque muchos glaciares, incluso rocosos, ya no existen. Ahora estas empresas están asumiendo, según dicen, que eso no debe ocurrir en sus faenas. Ese es un objetivo imposible de logar, porque siempre generaran un impacto”.
Mientras, Argentina ratificó una ley que prohíbe la intervención minera en sus glaciares, en Chile la iniciativa que pretende proteger estas fuentes de agua congelada aún se discute en el congreso.
“La ley de protección a los glaciares es necesaria. Porque más allá del compromiso de las distintas empresas que están en la cordillera, sobre todo las mineras, se requiere establecer un sistema de control y monitoreo. Es muy necesaria para saber si cumplen o no con los estándares medioambientales”, afirma Ferrando.
Todo lo anterior porque ese respaldo hídrico que nos entrega la cordillera de Los Andes se está destruyendo por efectos del cambio climático, la variabilidad natural y las faenas mineras. Y, de no actuar rápido, esto tendrá consecuencias insospechadas en el mediano plazo.
En medio de una profunda crisis socioeconómica en la provincia de Chubut, el poder político provincial y nacional apuesta, como salida, a la megaminería. En un contexto preelectoral, los candidatos presidenciables accionan en pos de establecer vínculos con empresas mineras interesadas en llevar a cabo los proyectos. Las asambleas de vecinos opositoras a esta actividad extractiva, tan perjudicial para el medio ambiente, inician una campaña de concientización denominada “Gane quien gane, que pierda la megaminería en todo el Chubut”.
La provincia de Chubut está transitando una grave crisis económica, financiera, social y política. El gobierno de Arcioni ha incumplido sus compromisos con los trabajadores estatales activos y jubilados, el pago de salarios en tiempo y forma, los acuerdos paritarios acordados previos a las elecciones provinciales, el pago de retroactivos, el normal funcionamiento de la obra social, resolver los problemas edilicios en las escuelas, garantizar los insumos hospitalarios, de tal modo que se generaron irregularidades que dañan la vida cotidiana de los habitantes de Chubut. Este caos provincial funciona como efecto dominó afectando a todos los ciudadanos: los trabajadores estatales , los alumnos, los pacientes hospitalarios, los comerciantes, los prestadores turísticos, etc.
La riqueza de Chubut no se basa sólo en el petróleo, el turismo y la pesca, sino que los bienes comunes son también los bosques y la enorme cantidad de minerales que conforman su subsuelo. Desde fines del año 2017 comenzó una nueva embestida intentando habilitar la megaminería, que está prohibida por ley desde el año 2003 (Ley Provincial Nro XVII – 68), generada desde el gobierno del presidente Macri y sostenida por miembros del poder legislativo y ejecutivo provincial.
La actividad minera a gran escala ha sido rechazada en la provincia desde el plebiscito de Esquel en el 2003 donde el 82% de la población le dijo NO a un proyecto de oro y plata a pocos kilómetros de la ciudad. La difusión e información acerca de las consecuencias de la megaminería se ha extendido a lo largo y ancho de la provincia. Sin embargo, desconociendo la falta de licencia social, existe una firme intención nacional de aprobar una zonificación para habilitar la explotación de minas de uranio, oro y plata en la provincia.
Desarrollándose actualmente la campaña electoral nacional, los partidos que tienen mayores posibilidades de ocupar la presidencia de la nación, consideran la minería como política de estado y aprueban la modalidad a gran escala sin medir las consecuencias ambientales, sociales y económicas de dicha actividad.
El gobierno nacional actual a través de su Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sigue insistiendo que Chubut debe habilitar la megaminería. Y en esa línea de pensamiento el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, en su visita a Chubut en el mes de julio afirmó que “Chubut es una provincia de una potencia extraordinaria; tiene recursos por regalías petrolíferas y tiene también otros recursos sin explotar” refiriéndose a la megaminería. Al ser cuestionada la actitud del gobierno de Macri trató de justificarlo, insistiendo que no existe una presión desde el ejecutivo nacional hacia el gobierno de Arcioni para comenzar la explotación de los proyectos en etapa más avanzada (particularmente el Proyecto Navidad en la meseta chubutense) debido a que la decisión es de competencia provincial desde la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, dejó entrever que las reglas se pueden cambiar como ocurrió en Rio Negro donde una ley similar a la Ley Provincial Nro XVII – 68 fue derogada.
En el caso del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con dos gobernadoras (de las provincias de Catamarca y Santa Cruz) y empresarios mineros expresando su aprobación a la megaminería y desconociendo algunas consecuencias nefastas de proyectos como Bajo la Alumbrera, Veladero y Cerro Vanguardia. Fernández remarcó que la “única solución para el futuro de la Argentina es exportar” y pidió a los gobernadores y empresas que hagan un “esfuerzo conjunto” y “una tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”. Lo que no comprende Fernández es que la oposición a esta actividad extractiva exportadora no sustentable, surge del conocimiento profundo de los diferentes aspectos que involucra y de sus secuelas como se detalla en el Manual Hablemos de Megaminería (www.megaminaria.com.ar).
En este contexto, los vecinos siguen apostando a la información y difusión a través de una educación horizontal poniendo en marcha una nueva estrategia de concientización que se denomina: “Gane quien gane, que pierda la megaminería en todo Chubut”.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reiterado su intención de legalizar a cualquier precio la minería en la Amazonia. El mandatario, además, ha puesto en dudael asesinato de un líder de la etnia waiapi en Amapá en el marco de invasiones territoriales toleradas por el Gobierno de ultraderecha.
El capitán retirado ha asegurado que no existe una «prueba sólida» relacionada con la muerte de Emrya Wajãpi, líder de los Waiãpi, en una zona alejada del norte del país. Wajãpi perdió la vida días atrás en medio de una verdadera invasión de mineros armados y ataviados con uniformes militares. Bolsonaro cree que las oenegés «usan al indio como una maniobra» porque están interesadas en las riquezas de la Amazonía. Las reservas indígenas, añadió, «están impidiendo» el desarrollo de los negocios.
El asesinato del líder indígena ha provoca estupor local e internacional. La propia fiscalía calificó de «homicidio» la muerte de Waiãpi y señaló que «no se descarta ninguna hipótesis». El director de programas de Amazon Watch, Christian Poirier, denunció las «políticas imprudentes» del Gobierno y su «negligencia» con «las comunidades amenazadas». El Consejo Indigenista Misionero (CIMI), alertó sobre «los discursos de odio y agresión del presidente Bolsonaro y demás representantes de su Gobierno».
Pronunciamiento de Bachelet
Para la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se trata de un episodio «trágico» así como «un síntoma inquietante del creciente problema de la invasión de las tierras indígenas, especialmente los bosques, por parte de mineros, madereros y agricultores en Brasil».
Bachelet pidió a las autoridades «investigar este incidente y llevar a la justicia a todos los responsables en total conformidad con la ley». La integridad física y el territorio de los Waiãpi se encuentran en peligro. «Cuando los indígenas son expulsados de sus tierras, no es solo un problema económico«, añadió. La exmandataria chilena advirtió en ese sentido de que la apertura económica que propone la ultraderecha podría conducir a mayores «incidentes de violencia, intimidación y asesinatos» en esa región.
Bolsonaro pasó por alto las recomendaciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y de la propia justicia. «Mi intención es regularizar la minería, legalizarla, incluso para el indígena, que tiene que tener derecho de explotar minerales en su propiedad», argumenta el presidente ultraderechista. El presidente considera que las «oenegé de otros países» quieren «que el indígena continúe preso en un zoológico animal, como si fuera un ser humano prehistórico».
El capitán retirado confesó tener «un profundo disgusto porlos no brasileños» que opinan sobre cuestiones de medio ambiente en Brasil. Según él, los «chiítas ambientales» impiden el crecimiento de las empresas en reservas ecológicas. «No sé por qué estas personas tienen tanto amor por las oenegé extranjeras», añadió.
Exigencias de Francia
De acuerdo con Marcelo Leite, columnista del diario paulista ‘Folha’, «Bolsonaro lidera la república de la ignorancia». Sus oponiones son fuente de constantes cortocircuitos al más alto nivel.
Pocas horas después de formular su posición sobre el futuro de la Amazonia, el presidente recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian. De su boca escuchó algunas exigencias que sintonizan con las inquietudes de las oenegés.
Le Drian le hizo saber a su colega brasileño Ernesto Araújo tres exigencias de Francia para ratificar el acuerdo suscrito entre la UE y el Mercosur tras más de dos décadas de negociaciones. La primera tiene que ver con la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático que la ultraderecha, en sintonía con la administración Trump, se niega a validar. Pero París también pidió el respeto a las normas ambientales contra las que el capitán retirado no deja de despotricar.
Evidence uncovered by E&T appears to show that lithium-mining company SQM is playing a direct role in damaging the local environment in Chile’s Atacama salt flats, as its activities reduce water levels in an already dry region, with severe effects on local communities, protected lagoons and areas of alluvial muds.
As worldwide battery demand is expected to triple and reach a value of $100bn by 2025, failing to boost lithium supply could make or break the global electric vehicle supply chain and jeopardise global climate efforts, a new investigation by E&T finds.
To ensure supply, lithium mining must increase or otherwise a deficit may harm progress, warn experts. Most of the world’s lithium production takes place in South America, where 70 per cent of global reserves are concentrated. Chile, accounting for 38 per cent of the production, is in a difficult spot. Firms are doing their best to exploit reserves, but environmental concerns increasingly challenge their endeavours.
Since the lithium rush started, corporations like Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), a multibillion-dollar Chilean chemical company, as well as US-headquartered Albemarle Corporation, bet on one effective way to extract lithium from the Atacama salt flats: lithium extraction from brine.
A method dating from the 1950s, it has encountered more and more scrutiny because it affects surrounding water reserves and could affect the climate. With pressure on Chile’s lithium demand and anticipated regulatory hurdles, the price of lithium has skyrocketed, according to data by the US Geological Survey (see chart).
What is lithium extraction from brine?
The way lithium is ‘water-mined’, says Ingrid Garcés, a researcher from Chile’s University of Antofagasta and chemical civil engineer, is by pumping saline groundwater up from the subsurface. The brine contains around 0.15 per cent lithium, and is pumped through a cascade of ponds where impurities or by-products are precipitated by solar evaporation, wind, and chemical additives.
The problem with this comparatively cheap method is that up to 95 per cent of the extracted brine water is lost to evaporation and not recovered, researchers estimate. As the brine water is in hydrodynamic relation with its surroundings, the water-intensive mining process in this extremely arid region causes aquifers to deplete and affects the water balance. This is leading to continuing outcry among local communities living in close proximity to the Atacama salt flat.
Cristina Dorador, a Chilean biologist who studies microbial life in the Atacama desert, says, “San Pedro de Atacama and other small towns are drying out”. Also drying out is Peine, a small township declared a National Monument in 1982 and situated only a stone’s throw away from gigantic lithium-brine mines.
“It is a paradox in Chile. On one side we are talking about decarbonisation, [to mitigate] climate change and the loss of biodiversity and on the other side we exploit the environment for resources to power the electric mobility revolution that supports climate change,” Dorador says.
E&T, in collaboration with satellite analytics firm SpaceKnow, has been able to produce further quantitative evidence that lithium brine mining efforts between 2015 and 2019 by SQM took a heavy environmental toll on a fragile water ecosystem within the Atacama salt flats.
The analysis found a strong inverse relationship between water reservoir levels at SQM’s ponds and the lagoons. As water levels in SQM’s ponds increased, those in the lagoons would drop. SQM’s second pond (see graphic) correlated with water reservoirs in alluvial muds. The firm’s first pond (see graphic) is linked to the fragile lagoons of the Soncor area, part of the Los Flamencos National Reserve. It is an important nesting ground for Andean flamingos. The statistical analysis can also prove causality, confirming that as brine extraction operation expanded, nearby areas suffered environmental degradation (see methodology notes).
While anecdotal evidence from local community members is abundant and mounting and researchers have long had some inkling of the environmental damage, few gathered quantitative evidence on specific damage until recently. Open-source satellite imagery and machine learning have helped to change that.
Dorador adds that the evidence was obvious. Many flamingos reportedly left the lagoons. Understanding what happens with microorganisms is a bit more complicated, but they would basically exhibit the same symptoms and diagnosis: “There is no recharge of the water in the Atacama salt flat. Much of the water is being evaporated in the process. This isn’t sustainable”.
San Pedro-based Ramón Morales Balcázar from the Plurinational Observatory Of Andean Salt Flats – a network of people from the communities, NGOs and research universities in the region – says the only way to challenge the loss of water is by drastically cutting water extraction by the companies operating in the region.
Government figures issued by the Comité de Minería No Metálica (the Nonmetallic Mining Committee) confirm that the current extractive development in the Basin of the Atacama salt flat provokes hydrological imbalances. With a brine output of 8,842 litres per second, and a recharge capacity of 6,810 litres per second, it was found be more than 2,000 litres per second above a rechargeable threshold.
Adding to the concerns is the ambition by Chile’s government to open up more land to brine mining, says Balcázar. “There are actually 59 salt lets in Chile and the ministry of mining is now calling for their exploitation, as soon as possible. That is really worrying to us.”
Balcázar is not alone in his apprehensions. Sergio Cubillos, heading Chile’s indigenous council, told Bloomberg that the government is encouraging more and more companies to come to explore and mine lithium. Capacity to oversee all of this would be nonexistent.
E&T has learned from a source that only last week, the Servicio de Evaluación Ambiental, Chile’s environmental assessment service, permitted the company Wealth Minerals Chile SpA, a natural resources company concentrating on developing lithium brine property packages in Chile, to explore the northern part of Salar de Atacama. The location would lie near a Ramsar site – defined as a wetland site designated to be of international importance under the Ramsar Convention – as well as based near tourist attractions where water supply is critical to provide local people with income.
At the beginning of August, state-owned Codelco (National Copper Corporation of Chile) and mining and metals company Minera Salar Blanco announced an agreement to explore the possibility of developing a lithium project at the Maricunga Salt Flat (see image). E&T was told that this happened without any consultation with the indigenous Qulla communities. The corporations are also allowed access to a national park area, the Nevado Tres Cruces (a massif of volcanic origin in the Andes Mountains, see map) as well as a Ramsar site, including Laguna Negro Francisco and Laguna Santa Rosa (map).
In Balcázar’s view, this could lead to consideration of “legal ways to protect indigenous rights, as well as social protests”, similar to those that took place in 2018 after the announcement of the deal between CORFO and SQM, he told E&T.
A comprehensive research study that was published this year supports the findings of E&T’s investigation and the satellite analysis. Wenjuan Liu and her research colleagues at the School of Sustainability at Arizona State University found that lithium mining in the area bore strong negative correlations with the vegetation and soil moisture – meaning, the more mining, the rarer plants and water become in the soil.
Arguably not 100 per cent caused by brine mining – a booming tourism industry and a slight population increase also contributed – the research identified lithium brine mining activities as one of the major stresses affecting local environmental degradation. Two decades, 1997-2017, were studied, recording soil moisture, vegetation and temperature. An expansion of lithium brine mining area of one square kilometre was found to correspond to a significant decrease in the average level of vegetation and in soil moisture.
Other environmental consequences are observable in changes in the region’s microclimate. When climate changes, natural disasters can strike more often. At the beginning of the year, the area encountered a period of devastating rains, most untypical for the arid area. Ironically, the amount of water precipitated was insufficient to recharge the aqua-reserves, but did cause destructive floods, Balcázar recalls. “San Petro was isolated for almost a month in February due to flooding. The water is now coming also with a lot of salts, with heavy metals, which are naturally present in the environment. It is also affecting the communities that live in these territories”, he told E&T.
A temperature rise over the course of two decades was observed that may be connectable to the rise in mining activities in the Atacama salt flat. Daytime land surface temperatures were found to have increased considerably from approximately 28.4°C to 32.9°C in the summer. Winter daytime temperatures climbed to 14.1°C, from 8.3°C in 1997.
Francisco Mondaca, coordinator of environmental issues at the Atacama People’s Council, says mining companies’ assessments of their environmental impacts do not take account of warming temperatures which accelerate the drying process, (according to a report by Bloomberg).
How do these trends link to climate change? In a report published in early August by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), researchers presented themselves as highly confident in their assumption that current levels of global warming are associated with moderate risks from increased dryland water scarcity; soil erosion; vegetation loss; wildfire damage; permafrost thawing; coastal degradation, and tropical crop yield decline – many symptoms found by researchers in the Atacama salt-flat mining area.
Dr Rich Crane, a lecturer in sustainable mining at the University of Exeter’s Camborne School of Mines, cautions that these brine ponds – effectively working as salt pans – not only result in huge amounts of potentially useful groundwater being lost to the atmosphere, but also require large areas of land for such evaporation. This results in widespread habitat removal. The irony, he says, lies in the fact that “the very regions where such brine ponds are so effective, i.e. those which have low rainfall, are often by definition those which can be water-scarce”.
Records for 2018 issued by the Comité de Minería No Metálica shows that the companies’ pumping efforts are not illegal, just astonishingly high. Not only brine water but also fresh water is being vacuumed up from the subsurface at a great rate – especially in the case of copper mining, which takes place not far from the brine extraction mines and uses huge amounts of fresh water.
As part of the production process, copper-rich rocks are crushed into a dust that’s mixed with water to flow through giant pipes. The water is then mixed with chemicals to separate the copper from the slurry.
Despite watertight water-pumping rights, the corporations’ alibi for causing damage has flaws. Brine water is typically 70 per cent water, 30 per cent salt. Despite this, the Law of Mining (Código de Minería) defines it not as water but as a mineral. The definition would require reformulation to see any progress in water loss, Balcázar argues. The presence of bacteria and other living organisms in the brine sustaining life should count as a scientific argument to ‘prove’ that salty water is still water, he says.
The history of how SQM and Albemarle acquired extraction rights is long. Handed to SQM during a period of dictatorship, they were not given under the current environmental law, says Balcázar. He also laments that the members of the local community were not consulted about the rights to operate near their territories.
Albemarle’s mineral extraction rights with respect to the Salar de Atacama in Chile cover an area of around 16,700 hectares. They are based on a long-term contract with the Chilean government, which was originally entered into in 1975 by one of the company’s predecessors. It was subsequently amended and restated, according to the company’s latest annual report. Nonetheless, moving forward quickly appears difficult. At present, researcher Garcés told E&T, Albemarle’s quota increase is delayed because its carbonate plant is not fully operational.
SQM
Comparably little has changed on SQM’s brine pond property between 2015 and 2019, as the following interactive graphic shows:
The case of SQM appears to be slightly different from Albemarle’s. The company is known to have influence in government circles, but Chilean newspaper La Nacion has reported several cases where people associated with the company have faced investigation or trial on matters such as tax evasion and bribery. In 2017, the US Securities and Exchange Commission said SQM had agreed to pay more than $30m to resolve parallel civil and criminal cases, finding that it violated the Foreign Corrupt Practices Act by making improper payments to Chilean political figures and their associates.
There is also a question of whether SQM knew about the damage its brine pumping operation had on freshwater reserves before independent studies reviewed it. SQM claimed in earlier reports that lakes and salt flats were separate, isolated water systems and that brine and freshwater would not blend. Without an independent report, this was taken as the truth until recently, when SQM acknowledged that there was some interaction between the systems. The truth, that the two water systems do indeed mix – brine and fresh water – which according to research jeopardises nearby freshwater reservoirs, came only to light after independent scientific studies began to publish their own results. However, Garcés says “it is possible” that SQM could have been aware of the fact earlier than independent reviews, given that the company had studied the area in detail.
Under the brine extraction rights, Albemarle’s environmental impact appears the lesser of two evils. SQM can pump much more – around 1,700 litres per second, compared with Albemarle’s 400.
Now a new letter to the Chilean ministry of mining has warned of the inconclusive results issued by SQM’s lithium-mining operation. The letter sent by a chemical engineer to the ministry and seen by E&T warns authorities that SQM’s records for production would not correspond to the actual figures delivered. At the time of writing, the ministry has not yet responded to the letter, E&T’s source claims.
In other words, parts of the total lithium extracted by SQM, numbers for the raw mineral and the final product simply don’t add up. The difference would be worth several billion dollars. Balcázar, who came across the letter, has not seen any response from the ministry, so far.
Researcher Ingrid Garcés is worried. “This is very serious,” she says. On the question of whether the Chilean government should impose harsher regulatory measures on the exploitative water pumping practices by SQM and Albemarle, Garcés says there should be sanctions and prosecutions and any penalties should be exemplary. She has little hope this will happen under the current government: “It is unlikely, as it was under the previous one”.
Warning signs of water scarcity problems in the Atacama salt flat were visible to companies six years ago, but were largely ignored, as a government inspection report showed. 32.4 per cent of the native Algarrobo trees prosopis chilensis on SQM’s property – a drought-tolerant species, sending their roots deep into the underground to survive – were found dying as early as 2013 due to the effects of water shortages.
Large Prosopis chilensis tree in the Talampaya National Park, La Rioja, Argentina
Nowadays, to overturn negative public sentiment, it appears Albemarle’s strategy is to hand out money to municipalities, local universities and communities, Balcázar says. “In this way, Albemarle is very different [from SQM]. They give money to all these communities in the Atacama salt flat, so they can solve basic problems inherited from centuries of systematic abandonment and discrimination by the State”.
This practice effectively replaces the role of the state, he argues, with the effect that the government loses control over what mining companies actually do. With no government accountability for the damage, “and no actual chance to say no to these projects”, he says, communities are made responsible for controlling and monitoring the levels of water and the operations of the mining projects with the very money the companies give them.
“Although participation and access to first-hand information by local communities is their indisputable right, it is a state duty to look after and ensure water for future generations”, Balcázar adds.
Garcés takes a similar view, warning that the Chilean state is failing in its duty to oversee and protect assets that belong to all Chileans. “How is it possible that we have a General Water Directorate in the region with one inspector?“ she asks. E&T has been told that the directorate has now added two more inspectors.
Garcés asserts that compensation payments paid [by Albemarle] to the local communities are not fair. “It is a major fallacy to think so. The income from extractive activities is not distributed equally among the Chilean population due to structural problems; moreover the money given to local communities, as has happened in many other cases in the country, can be used at will and there is no public control on its use or distribution, which may provoke conflicts and divide the population of San Pedro de Atacama”, she said.
Albemarle would reach agreements with communities through signing a value agreement, she explains. Three per cent of the sales would be directly paid to communities. This does not solve the structural problem of uneven distribution of wealth in the country – caused by exploitation of minerals – and payments given directly to communities might be unequally distributed. By talking to several community members, “money provided does not end up fairly in locals’ pockets”. One scenario possible, she says, is that a lack of control by the state might lead to corruption and could spark disputes.
Risks and hurdles for brine mining in Atacama salt flat
There are financial and environmental problems concerning land use. Dr Crane points out that “such [evaporation] pools can require an operation time of several years and as such can be susceptible to the inherent boom-and-bust nature of the mining industry: if the lithium price were to undergo a significant downturn then there could be a major problem”.
At the end of last year, the Chilean environmental regulators rejected plans by Albemarle to expand its output from the Salar de Atacama salt flat, according to filings with Chile’s Environmental Assessment Service. Albemarle did not present the “details necessary to rule out significant adverse impacts on the quantity and quality of renewable natural resources, including the soil, water and air.”
Andrew Miller, head of price assessments at Benchmark Mineral Intelligence, confirms the commotion in the market: “On the supply side, extending the production for these companies was challenged by regulators”. Companies in Chile tried to expand their production around 2016 and 2017 but various government agencies in Chile challenged them.
Economic challenges as well as regulatory challenges may lie ahead. Brine grew to be the primary source for lithium production for a generation because it is a low-cost source. Despite the extraction and evaporation process being cost-effective for now, changes in demand in the future could present issues for the producers’ bottom lines.
Miller explains that the two main chemicals resulting from lithium extraction are lithium carbonate and lithium hydroxide. Brine mining is most competitive for lithium carbonate. This would still be the primary chemical on the market – still, a lot more lithium carbonate is produced than lithium hydroxide. The crucial question from a battery standpoint is whether there will be a shift towards cathode chemistries more dependent on lithium hydroxides.
Lithium hydroxide is not where brine extraction and the likes of SQL and Albemarle would excel, says Miller. This is because an additional step is required in the process. “They have to produce lithium carbonate first and then convert it to lithium hydroxide, adding additional costs and pressure on the costs curve”.
This raises questions on how responsive supply can be to the big surge in demand expected in the market, Miller says. It appears certain that hard-rock lithium mining will grow ever more dominant. This is confirmed by data from the US Geological Survey.
Whether or not the days of brine extraction are numbered, companies like US-based Albemarle today increasingly seek to cover their backs by diversifying their portfolios. According to its annual report, Albemarle entered into an agreement to acquire a 50 per cent interest in Mineral Resources Limited’s Wodgina Project, located in the Pilbara region of Western Australia, forming a joint venture with Mineral Resources to own and operate the Wodgina Project to produce battery-grade lithium hydroxide. The deal is expected to conclude in the second half of the year.
Missing data expected to remain a problem going forward
One way in which Chile’s lithium producers are attempting to appease public concern, as well as that of the regulators, is by increasing lithium output while using less brine. According to Reuters, Albemarle is developing a process to boost Chilean lithium output by 30 per cent without extracting more brine from the Atacama. It would re-inject salts into the ponds to effectively increase the concentration of the white metal in successive evaporative steps.
Garcés remains highly sceptical of the apparent good news. The yield – the amount of lithium extracted from the brine – remains brutally low to the present day, only around 30 per cent in SQM and a little more for Albemarle, is her guess, she told E&T. Even this would be hard to judge: “They keep it a state secret”. This ambiguity raises questions about how much lithium is really lost to inefficient practice by operators. “Why so much secrecy if it is so easy to calculate it? It is not a matter of secret patented process, either”, she says.
SQM was approached by E&T but was not immediately available for comments and did not respond to E&T’s enquiries.
One of the biggest problems is transparency, say many researchers. The correct calculation of how much water is being lost, according to Garcés, is faulty in so far as actual data is being withheld by companies. “Unfortunately the balances are made theoretically and then you estimate the performance or efficiency of the process,” she says.
It has been possible for E&T to piece together an estimate of how much water has been lost to the environment due to brine evaporation over the course of the past three decades, 1985-2017. E&T’s estimate puts the figure at around 433 billion litres for water lost as a result of lithium exploration over the period. Albemarle’s extraction contracts previously belonged to Sociedad Chilena del Litio (today under the name of Rockwood).
If that volume of water was laid out with a kilometre-square footprint across the city of London, the block would protrude nearly half a kilometre into the sky (see graphic), or around four and a half times the height of Big Ben. The amount would also rival the annual fresh water withdrawal rates of small countries like Papua New Guinea or the West Bank and Gaza, according to World Dank data.
E&T’s calculations were made on the basis of figures provided by the Nonmetallic Mining Committee as well as calculations for Albemarle’s lithium brine production history by the head of the Lithium Committee from IIMCh. It was produced under the assumption that two million litres of water would be evaporated in mining ponds for each tonne of lithium extracted. As the lithium extraction process evaporates around 95 per cent of the brine water, it was possible to compute how much water actually disappeared.
Perhaps even more worrying are extrapolations for the future, based on projections for Albemarle’s lithium extraction between 2018 and 2043. 1.5 trillion litres of water may be at stake within the Atacama salt flat, according to the same principle of calculation as above. With SQM pumping nearly four times as much brine as Albemarle, it is not unreasonable to assume that rates could be much higher.
Albemarle Corporation was given the chance to respond to allegations and issued a statement to E&T saying it updated its hydrogeological model of the Salar de Atacama in March with the measurements of the last few years, making it the most up-to-date tool that exists, and that it “serves as a basis for authorities, communities and other companies with operations in the area”.
While monetary payments were not mentioned in the response, the company confirms it has established a “series of voluntary commitments with the authority to ensure the proper care of the Salar ecosystem” – entailing “a monitoring system of 150 wells in the Salar basin and a permanent plan for water and lake level monitoring, flamingo monitoring and an Early Warning Plan”. All of this would be “always available to the authority and the communities,” Albemarle said, adding: “we all benefit from sustainable management of the Salar de Atacama.”
The state’s aspiration to toughen regulation is high but action is scarce. In January, after an investigation proved that SQM did in fact overdraw lithium-rich brine from the Atacama salt flat, the Superintendencia del Medio Ambiente (Chile’s environmental regulator) approved a compliance plan including an online system to monitor SQM’s extraction rates as well as its use of fresh water alongside its industrial process. Whether this is enough to stop overdrawal of brine and prevent environmental damage, many doubt.
Recent changes by mining companies on how they monitor wells without authorisation, according to Chile’s environmental regulator, make it ever more complex to monitor what companies do.
“If you want to exploit, the companies must determine the amount of water they can safely extract without compromising the ecosystem and the wildlife, including the loss of flamingos and other species,” Balcázar says.
Another problem for regulators and the public is to access unbiased information. So far, the only information available about the Atacama salt flats are the details shared by the companies. “The state doesn’t have its own models. This is very basic stuff. You cannot exploit something that you don’t know. If you don’t know the real damage, you cannot regulate it. The state wouldn’t respect this principle”, says Balcázar.
However, efforts to monitor adverse effects independently seem to be under way. In May, the Atacama People’s Council built a monitoring station in a lagoon on the salt flat. Its installation was the first in a series – 14 more stations are expected soon – to continuously monitor water levels, as opposed to the once-per-month measurements overseen by mining companies.
Before the Chilean President Sebastián Pinera took office last March – when his administration disbanded a group working on this – the Committee of Non-Metallic Mining began to work on a model that could have allowed the government to independently monitor environmental changes.
How and whether the Chilean government will vindicate its lithium mining ambitions and the effects climate change has in its land in front of a global audience at the upcoming COP 25 – a global climate change conference taking place in Santiago in December – remains to be seen. Microbiologist Dorador asserts that it is an important opportunity for the country, with regard to mining.
Next to climate change and environmental issues, lithium production companies are accused of providing poor working conditions for their staff. On Chile’s brine deposits, workers suffer poor health and safety standards, according to an E&T interview with Lisa Belenky, senior attorney at the Center for Biological Diversity, a nonprofit organisation fighting to protect endangered species through legal action and activism.
Solutions to the water evaporation frenzy
Instead of increasing the quota to pump more brine, companies must replace the current evaporation process in the pools with a truly sustainable one, say researchers like Ingrid Garcés.
Answers to the prayers of those asking for a cleaner mining process are in the works. Different technological solutions appear viable in the lab, but many remain very far from being a commercial reality. Dr Crane is confident that science can come up with alternatives: “In academia, there is a lot of research currently being conducted to improve how we can remove lithium from the earth. Solutions include electrodialysis, nanofiltration and adsorption, as well as recent progress in using graphene-based filtration approaches.
″[Some of these techniques] have real potential to herald a new paradigm for the mining industry. If someone can invent a truly cost-effective, environmentally friendly, adaptable and rapidly deployable method to extract the lithium from water, they would be very successful”.
To solve the problem in the Atacama Desert, one may not need to look much further than the United Kingdom. Even without the ultra-dry climate, the county of Cornwall has what it takes, geologists argue. To start with, it has been found to host the fifth-largest lithium deposits in the world. A company called Cornish Lithium is developing a solution that should soon allow the pumping of Cornish geothermal brine and direct extraction of lithium from it in a climate-friendly way, without the use of chemicals, the CEO of the project has assured. Heat extracted from the brine would provide additional benefits. After lithium and energy were extracted, the brine would be cleanly re-injected into the subsurface.
“There is no water loss, there are no chemicals going into the water. The heat brought up with the brine, we can use in an environmental friendly way”, Jeremy Wrathall, CEO of Cornish Lithium, explained.
Such plans for domestic lithium extraction have multiple advantages. Local production could abolish the need to ship lithium around the world and reduce the carbon footprint connected to lithium-ion battery production. It could also help to alleviate the pressures on Chile’s lithium supply and allow the government to regulate Chile’s lithium mining companies without the risk of pushing global battery supply into turmoil.
What Cornish Lithium develops may not immediately bear direct application in the Atacama desert, as easy access to power would be needed. If a geothermal power plant could be connected to the brine extraction, though, self-sufficiency may be in sight, Wrathall says. Some companies in Chile could already explore the idea, but to Wrathall’s knowledge, it is early days for those projects. In contrast, in Europe, a lot more is going on. Alongside Cornish Lithium, an array of other European companies are chasing the idea of domestic lithium extraction.
From a market perspective, new technical developments are crucially needed, according to Benchmark analyst Miller. Even with the investments expected going into the market, he expects an upcoming deficit in 2023. Processes in development that may not be commercial today could add that “critical extra bit to the lithium supply balance in the next couple of years” when the electric vehicle penetration kicks off and lithium demand explodes.
Methodology and comments:
* To bring evidence forward, a satellite imagery analysis model was created to test the relationship between lithium brine extraction between hydration and vegetation levels of nearby lagoons and alluvial muds located in the north of SQMs and Albemarle’s evaporation ponds.
Proceso resolvió la pertinencia solicitada por Wealth Minerals que busca realizar una campaña de exploración de minerales cerca de la laguna Tebenquiche. Comunidades, cpor su parte, advierten que la empresa no tiene el permiso aún.
Durante la última sesión del Consejo Regional sus integrantes aprobaron que se solicite argumentar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), su decisión de dejar a la seremi de Medio Ambiente fuera de la consulta de pertinencia solicitada Wealth Minerals, firma canadiense que busca desarrollar una exploración de minerales en el sector norte del salar de Atacama.
Cumplen palabra. Cientos de manifestantes llegaron a la Plaza para exigir la cancelación del proyecto minero. Jornada se cumplió sin afectación al transporte ni atentados contra la propiedad privada.
Era la una de la tarde del jueves. Las cuatro calles que rodean la Plaza de Armas fueron colmadas por cientos de obreros de construcción civil. Una hora antes, una delegación menos numerosa de gremios sindicales también hizo su paso por este recinto.
Fue una movilización numerosa. Marcó el reinicio de las protestas convocadas por la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA) en rechazo al proyecto minero de Southern en el valle de Tambo. Pero las actividades se desarrollaron con normalidad. Salvo obras paralizadas, colegios, universidades, comercios, instituciones públicas funcionaron sin inconvenientes.
Surtió efecto el pedido de diversas autoridades, que días antes exigieron que las manifestaciones sean pacíficas, que no se repitan los actos vandálicos ocurridos el 5 de agosto. En esa fecha se lanzó piedras contra unidades de transporte y comercios que atendían al público.
A raíz de esos sucesos lamentables, los gremios sindicales firmaron un compromiso con autoridades locales garantizando la tranquilidad de la medida. José Luis Chapa, secretario general de la FDTA, encabezó la movilización. Dijo que, en mérito al compromiso asumido, se realizó una manifestación pacífica.
En la plaza, el colectivo Jóvenes por el Valle de Tambo realizó una escenificación artística, como parte de su protesta.
Muy temprano, el gremio de Construcción Civil se concentró en el cono norte. Bloquearon el puente Añashuayco, momentáneamente se restringió el tránsito. Luego se concentraron en la plaza Las Américas del distrito de Cerro Colorado y desfilaron hasta la Plaza de Armas de Arequipa.
Al mismo tiempo, sindicatos de las empresas Franky Ricky, Michell, Sedapar y otras se concentraban en la Plaza España. Marcharon por la avenida Goyeneche, calles Don Bosco, Ayacucho, Villalba y Bolívar antes de ingresar a la Plaza de Armas.
Mientras las delegaciones avanzaban, la mayoría de comercios cerraban sus puertas por temor a agresiones. Efectivos de la Policía Nacional custodiaron el paso de los manifestantes. La Defensoría del Pueblo y Ministerio Público enviaron personal para evitar abusos de la policía o manifestantes.
Esencialmente paralizaron obras públicas en donde trabajan los obreros de Construcción Civil. En toda la región, estos participan de la edificación de 43 proyectos. En el Centro Histórico, los trabajos de adoquinado de la calle Jerusalén – San Juan de Dios se suspendieron. Las labores escolares se desarrollaron de forma normal y el servicio público de transporte de pasajeros no fue interrumpido.
La plataforma de los manifestantes también incluía la derogatoria del Decreto Supremo Nº 345-2018-EF, denominado “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, y el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales. Hoy continuarán las movilizaciones. Se concentrarán en la Plaza España.
En el valle de Tambo la huelga indefinida llegó al día 39. Los manifestantes realizan bloqueos en vías que conectan los distritos. En Mollendo, capital de la provincia de Islay, los opositores a Tía María se enfrentaron a la Policía cerca de las instalaciones de Petroperú.
Manifestantes con los rostros cubiertos hicieron retroceder a la policía, que se atrincheró en la casa del agricultor Javier Calcina, ubicada cerca a la empresa Egasa.
Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas a la multitud en respuesta a las piedras lanzadas por los denominados “Espartambos”. Un hombre identificado como Walter, que se encontraba al interior de la vivienda, fue herido en la cabeza por un perdigón de goma. Se negó a recibir atención médica y acusó a la Policía de los destrozos por no querer salir de la casa. En la noche los manifestantes se colocaron en la puerta de salida de Petroperú.
En Camaná protestaron contra Tía María y Zafranal
Por dos días el Puente de Fierro, que se encuentra en la vía de ingreso a la provincia de Camaná, fue bloqueado por manifestantes. En la noche el tránsito se aperturó.
Los agricultores e integrantes de Construcción Civil de esta provincia salieron a protestar en contra del inicio de operaciones de la mina Tía María y también de la operación El Zafranal.
Este último proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se ubica entre las provincias de Caylloma y Castilla.
En Camaná se teme que las operaciones mineras contaminen los afluentes del río Ocoña.
Las organizaciones que analizan el tema tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que, de acuerdo a ellos, los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie.
Investigadores de Colombia, Perú, Brasil y Argentina dieron a conocer en una conferencia realizada ayer en el Banco de la República que aunque las empresas mineras aseguran que no cometen violación de los derechos humanos, sino que eventualmente existen impactos ambientales, se encuentran violaciones a los derechos de la salud, ambiente sano y participación de las comunidades.
Diego Pérez, de la organización Pensamiento y Acción Social, contó que esta iniciativa nació el año pasado con investigadores de Perú, Brasil y Argentina que trabajan en territorios donde hay actividades de minería a gran escala, donde hay comunidades afectadas; ellos hicieron una investigación conjunta de cuáles son los patrones de afectación de las empresas trasnacionales.
“Presentamos el resultado de esas investigaciones. En el caso de Colombia se hizo en las comunidades de El Hatillo (El Paso), Tamaquito (Becerril) y Roche (Barranca, La Guajira) evidenciándose violaciones de los derechos humanos de las comunidades y los territorios. Además, el Estado se desentiende de proteger los derechos de las comunidades, deja que las empresas hagan obras sociales y de desarrollo, pero ese le compete es al Estado. En el corredor minero Cesar- La Guajira hay daños al territorio irreparables no solo por el daño al ambiente, sino por la forma en que se ha transformado el territorio a partir de la minería a cielo abierto con excavaciones, desechos, daño al agua y al aire. El lavado del carbón implica genera una serie de tóxicos que se van a profundidad de la tierra, aunque las comunidades tienen sus pozos para alimentarse, estos ya están contaminados”, argumentó.
La finalidad de esta investigación es que las comunidades de los territorios mineros de los cuatro países analizados tomen conciencia que pese a que se haga la explotación minera tienen derechos que deben exigir, insistir que los gobiernos deben ser responsables en la exigencia de licencias ambientales para explotar cualquier mineral como carbón, oro o níquel, teniendo en cuenta que las empresas mineras dejan un daño ambiental irreparable.
Entre las conclusiones planteadas están: “Las comunidades tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie; las Naciones Unidas pueden exigir la obligación de los estados, queremos incidir para que les pidan a los gobiernos que cumplan los planes y tratados que han firmado a nivel internacional relacionados al cuidado del medio ambiente”, subrayó Pérez.
Por su parte, el representante de comunidades campesinas, Guillermo Pérez, quien hace parte de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, manifestó que: “Más allá del imaginario que hay de desarrollo o afectaciones tangibles, que también son importantes, también miramos las afectaciones socioculturales, la ruptura del ‘cordón umbilical’ de las comunidades y el territorio. Cuando por alguna circunstancia a alguna comunidad le toca reasentarse eso genera una ruptura espiritual, que no lo remedia nada. Por ejemplo, una comunidad campesina que vive en casas de bahareque y techos de palma, los corren a lugares con casas de cemento, en condominio u otro tipo de habitad al que no están acostumbrados. Los reasientan, pero quién reasienta sus tradiciones, saberes, sus muertos, sus espíritus; los sitios sagrados de comunicación de comunidades campesinas, indígenas o comunidades afro. La desconexión con el entorno genera enfermedades mentales porque ya no pueden hablar con los árboles, pájaros o con sus vecinos”, precisó.
La minería, una de las actividades más lucrativas de Chile, pone en riesgo una de las fuentes de agua más importantes del país.
El geólogo del gobierno Gino Casassa se baja del helicóptero y mira consternado a su alrededor. Casassa está de pie al pie de un glaciar a 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar.
El cielo sobre los Andes es de un azul profundo, pero algo no está bien: es julio (mediados de invierno en América del Sur) y, sin embargo, el termómetro está por encima de los 0 grados. Se quita la chamarra de esquí naranja y camina sobre una roca.
«Todo esto debería estar cubierto de nieve en esta época del año», dice, señalando Olivares Alfa, uno de los glaciares más grandes del centro de Chile, a pocos metros de distancia. «Solía haber un solo sistema de glaciares que cubría todo este valle; ahora se ha retirado tanto que se ha dividido en cuatro o cinco glaciares más pequeños».
Chile tiene una de las mayores reservas de agua dulce del mundo fuera de los polos norte y sur, pero los abundantes glaciares que son la fuente de ese preciado producto se están derritiendo rápidamente. No se trata solo de un desastre ecológico, se está convirtiendo rápidamente en un dilema económico y político para el gobierno de la nación más rica de América Latina.
Un cóctel tóxico de temperaturas crecientes, el periodo más seco en nueve años registrados y la actividad humana, incluida la minería, resultan letales para el hielo de la región central de Chile, que retrocede un metro por año en promedio.
En menos de dos décadas a partir de ahora, algunos glaciares habrán desaparecido, mientras que el volumen total de todos los glaciares en Chile se habrá reducido a la mitad para fines de siglo, afirma Casassa. Ese es un problema grave ya que Chile, que tiene el 80 por ciento de los glaciares de América del Sur, también es el país del continente con mayor riesgo de estrés hídrico extremadamente alto, según el Instituto de Recursos Mundiales.
Más de 7 millones de personas que viven en los alrededores de la capital, Santiago, dependen de los glaciares para alimentar la mayor parte de su suministro de agua en tiempos de sequía.
El gobierno de Chile es muy consciente del problema. Una unidad de glaciares se estableció en 2008 y se encargó de producir un inventario con el objetivo de protegerlos y crear conciencia sobre su importancia. Pero sus recursos son limitados: tenía solo siete empleados el año pasado (Casassa es el director de la unidad) y hasta ahora ha publicado un único registro de glaciares, en 2014, utilizando datos de hace una década. La unidad emitirá un segundo inventario a finales de este año que permitirá la primera comparación de todos los glaciares de Chile.
Un proyecto de ley de la oposición ahora ante el Congreso tiene como objetivo asegurar la protección legal de los glaciares. Pero el gobierno del presidente Sebastián Piñera se opuso, argumentando que si se implementan las medidas dañarían el desarrollo económico de Chile, específicamente su lucrativa industria minera.
Los glaciares cubren algunos de los depósitos de cobre que hacen de Chile el mayor productor mundial de metal, con aproximadamente un tercio de la producción mundial proveniente de sus minas cada año. La minería es clave para la economía de Chile, ya que representa el 10 por ciento de su PIB y comprende poco más de la mitad de sus exportaciones.
Esa realidad económica está en el corazón del dilema del gobierno, que evalúa las compensaciones requeridas para proteger el medio ambiente, al tiempo que respalda una industria valorada en unos 19 mil millones de dólares para la economía. El ministro de minería de Chile, Baldo Prokurica, insiste en que ambos objetivos no son excluyentes.
El proyecto de ley propone que todos los glaciares y sus alrededores se conviertan en áreas protegidas, prohíbe las intervenciones no científicas y considera cualquier violación de las reglas como delitos. Es demasiado para el gobierno, que planea su propia legislación. «Creo en la preservación de los glaciares, pero también en la minería», dijo Prokurica.
Actualmente se sabe que los glaciares ayudan a bajar las temperaturas y a aumentar la humedad del aire en un radio de 50 kilómetros. También son la razón por la cual los ríos en el centro de Chile transportan casi el mismo volumen de agua durante la sequía extrema que en condiciones normales.
El resultado es que a medida que las condiciones de sequía se vuelven más frecuentes en el mundo, Chile permanece relativamente protegido. Un 70 por ciento de la población de 18 millones del país vive en áreas donde los glaciares marcan la diferencia.
Pero esa red de seguridad natural está bajo una tensión creciente. Si bien la mayoría de las minas en Chile se encuentran en el desierto del norte de Atacama, los mineros se mueven hacia el sur y encuentran glaciares en el camino.
Casi todas las grandes compañías mineras que operan en Chile han afectado los glaciares, incluida Anglo American Plc. en su mina Los Bronces y Antofagasta Plc. en Los Pelambres, según un artículo académico de 2010.
La operación Los Bronces de Anglo American y la mina Andina de Codelco están explotando el depósito de cobre más grande del mundo en los Andes, a unos 64 kilómetros de Santiago. Solo una cresta de roca los separa del glaciar Olivares Alfa. Los dos pozos gigantes, camiones mineros y el polvo de las explosiones son claramente visibles desde un helicóptero.
Los mineros rechazan los señalamientos. Joaquín Villarino, presidente del grupo industrial Consejo de Minería, mencionó que los glaciares se están reduciendo debido al cambio climático, y que la contaminación del transporte y otras actividades en Santiago tienen un impacto. La factura del glaciar contiene «errores graves», dijo.
De todos modos, los mineros están tomando medidas. Mientras Codelco está realizando trabajos de ingeniería en una expansión de su mina a cielo abierto Andina, su mina hermana, Los Bronces, irá parcialmente bajo tierra en un plan de 3 mil millones de dólares para evitar el impacto en la superficie.
Anglo American «reconoce la importancia de los glaciares y tiene la convicción de que la actividad minera y la preservación del medio ambiente pueden coexistir», respondió la compañía por correo electrónico. Codelco declinó hacer comentarios sobre sus planes para Andina.
La administración de Piñera va a la ofensiva. La aprobación del proyecto de ley de glaciares obligaría a cuatro minas, incluidas Andina y Los Bronces, a detener las operaciones, con un costo de miles de millones de dólares y más de 34 mil 500 empleos, según un informe de la comisión de cobre del gobierno. La producción caería un 11 por ciento hasta 2030, impactando los mercados mundiales de metales, dijo.
Casassa ve que el impacto del cambio climático se está acelerando, pero comparte la evaluación del gobierno de que no hay necesidad de legislación específica sobre glaciares.
Sin embargo, el gobierno no puede detener el proyecto de ley, ya que carece de mayoría legislativa. Guido Girardi, un senador de oposición, estima que la ley podría pasar en ambas cámaras para principios del próximo año, un resultado que él considera de importancia mundial.
«Todos los cambios que estamos viendo, todas las catástrofes climáticas en todo el mundo son solo el comienzo», dijo. «Los glaciares de Chile son estratégicos, no solo para nuestro país, sino para toda la humanidad».
Dos empresas están extrayendo litio en el Salar de Atacama, en el norte de Chile. Pero las cantidades de agua que necesitan para esta actividad preocupa a los campesinos de la zona.
Peine, el pueblo polvoriento donde vive Sara Plaza en el norte de Chile, se encuentra en una ladera junto al Salar de Atacama, que se extiende 3.000 kilómetros cuadrados dentro del desierto más seco del planeta.
Plaza dice que la gente solía llevar a sus animales a pastar al borde de Atacama, bajo las montañas gigantes de los Andes.
«Solía haber hermosas lagunas allá abajo, con cientos de flamencos», dice. «Ahora está todo seco y los pájaros se han ido».
Plaza dice que la extracción de litio en Atacama está utilizando toda el agua dulce de los acuíferos de la región, que son capas de roca porosa bajo el suelo que sirven de depósitos de agua.
«Era tan verde, ahora es un terreno duro y agrietado. Ya no podemos mantener llamas», se lamenta Plaza.
El litio, un metal blanco, plateado y suave, se utiliza para fabricar baterías de celulares, laptops y automóviles eléctricos. Su demanda se ha disparado en los últimos años, con una producción mundial que se triplicó desde 2005 a 85.000 toneladas en 2018, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Un metal al alza
Chile es el segundo mayor productor de litio del mundo, solo precedido por Australia. El año pasado, su producción ascendió a las 16.000 toneladas, todas salidas de Atacama. Con un valor de US$949 millones, esto supuso un aumento del 38% en comparación con 2017.
Actualmente solo hay dos empresas que extraen litio aquí: la estadounidense Albemarle y la chilena SQM.
Bajo el salar hay un enorme depósito subterráneo natural de agua salada que contiene sales de litio disueltas. Para extraerlas, los mineros bombean esta salmuera a la superficie, donde dejan que se evapore con el sol, de modo que el carbonato de litio quede listo para recoger. Esta sal puede ser transformada en litio metálico.
Si bien hay preocupación respecto al impacto que la extracción de esta agua salada está teniendo en el ecosistema, incluidas las afirmaciones de que las lagunas de agua salada de los flamencos se están secando, el problema más apremiante para Plaza y otros residentes locales es que las empresas mineras también están accediendo a los suministros de agua dulce.
Necesitan agua dulce para limpiar maquinaria y tuberías y también para producir un producto auxiliar de la salmuera, la potasa, que se usa como fertilizante.
De pie entre matorrales amarillentos de hierba que solían ser pastizales, Plaza, que monitorea los suministros de agua para su comunidad indígena, señala una pequeña estación de bombeo que extrae agua dulce subterránea y la conduce a las minas de litio.
A unos 40 km más al norte, Jorge Cruz cultiva maíz y alfalfa en una pequeña parcela de tierra en el pueblo de Camar, otra comunidad indígena cercana al salar.
Él dice que si las compañías mineras continúan usando agua dulce al ritmo actual, su pueblo no sobrevivirá.
«Las aves se han ido, ya no podemos tener animales», dice. «Cada vez es más difícil cultivar. Si empeora… tendremos que emigrar«.
Diego Hernández, presidente de la sociedad minera chilena, Sonami, dice que la cantidad de agua dulce utilizada por las compañías de litio es insignificante. Pero está de acuerdo en que todos los niveles de agua deben ser mejor monitoreados por las autoridades.
Jorge Cruz dice que ya no puede criar animales debido a la falta de agua dulce.
«El gobierno no tiene un modelo hidrológico de todo el acuífero», afirma. «Debería ser capaz de tomar decisiones informadas basadas en datos técnicos. Pero en Chile tenemos más normas y leyes que dinero para ejecutarlas».
Tanto Albemarle como SQM realizan su propio monitoreo de agua subterránea.
«Tenemos las herramientas más avanzadas en la industria para monitorear la salud del Salar de Atacama», dice Eric Norris, presidente de Albemarle.
Todas las mediciones de Albemarle están disponibles para las autoridades y las comunidades locales, agrega. Y los ingenieros de la firma están trabajando en nuevas tecnologías para producir mayores cantidades de litio utilizando menos agua, porque son conscientes de la necesidad de administrar la región de manera sostenible.
«Estamos muy interesados en proteger este ecosistema», dice.
Ambas compañías tienen cuotas de la cantidad de agua que pueden extraer cada año. Sin embargo, las dos han sugerido alguna vez que la otra incumple esos límites.
Albemarle dice que está autorizada a bombear 442 litros por segundo de salmuera y 23,5 litros por segundo de agua dulce.
Alejandro Bucher, vicepresidente de medio ambiente de SQM, dice que su compañía también está comprometida a llevar a cabo sus operaciones de manera sostenible.
Pero afirma que los ecosistemas de Atacama son extremadamente dinámicos y muestran variaciones importantes de un año al otro. Bucher agrega que los observadores no deben interpretar estas variaciones como cambios permanentes en el entorno local.
«Nuestro monitoreo medioambiental a largo plazo, que es evaluado regularmente por las autoridades medioambientales, muestra que los ecosistemas están intactos, incluidas las áreas de vegetación, lagunas y poblaciones de flamencos», dice.
Sin embargo, algunos organismos gubernamentales se muestran preocupados, incluida la agencia estatal de desarrollo, Corfo.
El año pasado descubrió que había más agua dulce y salmuera que salía del sistema por bombeo y evaporación de la que regresaba a través de la lluvia y la nieve. Pero no pudo determinar si la extracción de litio o cobre era específicamente la culpable. Las minas de cobre, a más de 80 km de distancia, acceden a las mismas fuentes de agua dulce y la canalizan a sus instalaciones.
Trabajo en conjunto
A los grupos locales les gustaría un enfoque más en conjunto para administrar el agua de Atacama, y quieren que el gobierno se asegure de que las comunidades cercanas tengan suficiente agua dulce para la agricultura y su propio consumo.
«El nivel (actual) de extracción de agua está causando un daño real al ecosistema y a las comunidades cercanas», dice Gonzalo Pimentel de la Fundación del Desierto de Atacama, una institución sin fines de lucro que apoya a las comunidades locales.
Sin embargo, lo que no se hará será frenar la extracción de litio.
Varias compañías internacionales están en negociaciones con el gobierno sobre las licencias para unirse a Albemarle y SQM en la extracción de litio en Chile.
El congresista oficialista Guillermo Ramírez dice que, como país minero, Chile ha tenido que equilibrar las necesidades de agua de los ciudadanos con las demandas de la industria.
Él dice que el gobierno siempre garantizará que las comunidades tengan agua y que la clave es una buena regulación de la industria minera. No obstante, cree que el potencial del litio es demasiado valioso como para ignorarlo.
Pero Sara Plaza tiene miedo: «Nos dejarán aquí sin agua, sin animales, sin agricultura, sin nada».
Los gobernadores de la Marco Región Sur presentaron ayer un primer borrador del proyecto de la Nueva Ley General de Minería. Entre los planteamientos, están hacer obligatorios para una empresa la obtención de la licencia social y la consulta previa para un proyecto minero.
Las autoridades de Cusco (Jean Paul Benavente), Moquegua (Zenón Cuevas), Tacna (Juan Tonconi), Madre de Dios (Luis Hidalgo) y Arequipa (Elmer Cáceres) participaron ayer del V Encuentro Nacional de Mancomunidades Regionales.
En el borrador también se contempló que el impuesto especial a la minería, el gravamen minero y las regalías mineras que dan las empresas al Estado no sean consideradas dentro del cálculo del impuesto a la renta que pagan. Además se propuso crear un impuesto diferenciado a las sobreganancias mineras.
Se quiere reducir de 30 a 15 años la vigencia de las concesiones mineras y se busca incrementar los montos o conceptos que pagan las empresas por sus concesiones o infracciones.
El gobernador arequipeño Elmer Cáceres señaló que hay que ser más severos con el proyecto y exigir que el 80% de las utilidades de las mineras sea destinado a la población. El proyecto aún será discutido en una reunión en setiembre.
Basta de eufemismos. A raíz de la sequía, la situación sobre el centro-norte del país es crítica. Una alerta que levantamos con el aval de los expertos, uno de ellos, es Francisco Ferrando Acuña, glaciólogo y académico de la Universidad de Chile.
En medio de una profunda crisis socioeconómica en la provincia de Chubut, el poder político provincial y nacional apuesta, como salida, a la megaminería. En un contexto preelectoral, los candidatos presidenciables accionan en pos de establecer vínculos con empresas mineras interesadas en llevar a cabo los proyectos. Las asambleas de vecinos opositoras a esta actividad extractiva, tan perjudicial para el medio ambiente, inician una campaña de concientización denominada “Gane quien gane, que pierda la megaminería en todo el Chubut”.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reiterado su intención de legalizar a cualquier precio la minería en la Amazonia. El mandatario, además, ha puesto en duda
Evidence uncovered by E&T appears to show that lithium-mining company SQM is playing a direct role in damaging the local environment in Chile’s Atacama salt flats, as its activities reduce water levels in an already dry region, with severe effects on local communities, protected lagoons and areas of alluvial muds.
Proceso resolvió la pertinencia solicitada por Wealth Minerals que busca realizar una campaña de exploración de minerales cerca de la laguna Tebenquiche. Comunidades, cpor su parte, advierten que la empresa no tiene el permiso aún.
Era la una de la tarde del jueves. Las cuatro calles que rodean la Plaza de Armas fueron colmadas por cientos de obreros de 
Las organizaciones que analizan el tema tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que, de acuerdo a ellos, los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie.
La minería, una de las actividades más lucrativas de Chile, pone en riesgo una de las fuentes de agua más importantes del país.
Dos empresas están extrayendo litio en el Salar de Atacama, en el norte de Chile. Pero las cantidades de agua que necesitan para esta actividad preocupa a los campesinos de la zona.
Los gobernadores de la Marco Región Sur presentaron ayer un primer borrador del proyecto de la Nueva Ley General de Minería. Entre los planteamientos, están hacer obligatorios para una empresa la obtención de la licencia social y la consulta previa para un proyecto minero.