En estos ocho meses se han registrado 29 accidentes fatales y graves dentro de la industria minera. Según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, esta situación es inadmisible y se debe a que “no hay formalmente requisitos de seguridad y salud ocupacional acordes al volumen y al tamaño de la minería actual”.
El 4 de agosto murieron cuatro personas en una explosión en una mina en Portobelo (El Oro). Un poco antes, un obrero falleció en un accidente laboral en el proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe.
La inseguridad se ve reforzada por la falta de coordinación entre el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Riesgo del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Estamos construyendo una normativa que supere las fallas”, aseveró Benalcázar.
Frente de Mirador, suspendido
El más reciente ocurrió el 24 de octubre, en el túnel en construcción para la protección del río Tundayme, dentro de la relavera principal de Mirador. El afectado estaba, según la versión oficial, durmiendo en el túnel mientras había actividades. Una retroexcavadora dio retro y le aplastó las dos piernas.
Debido a esto, un frente de trabajo del proyecto está suspendido indefinidamente hasta que la subcontratista y la empresa Ecuacorriente presenten un plan de acción para evitar incidentes.
La Hora consultó a Ecuacorriente sobre su versión y las medidas que deben implementar para que se levante la sanción, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (JS)
Son minerales cuya extracción se relaciona directamente con violaciones de derechos humanos. Buena parte de los beneficios económicos que se obtienen a lo largo de su cadena de extracción, transporte y comercio financiarían conflictos violentos como guerras, trabajo infantil, esclavitud y sirven para el lavado de dinero. Además, se considera que los países o áreas que pueden ser afectadas por estos conflictos poseen recursos minerales que tienen una alta demanda local, regional o global.
La Unión Europea reconoce como “minerales en conflicto” tan sólo al tantalio, al estaño, al wolframio y al oro (conocidos también como 3TG por sus siglas en inglés). Desde su punto de vista, la extracción de estos minerales supone destrucción ambiental y desmantelamiento de las economías locales de algunos países.
La responsabilidad de las empresas
Hace muchos años se hizo notoria la necesidad de contar con legislación relativa al abastecimiento de ciertas materias primas para la Unión Europea en regiones con conflictos y de exigir a las empresas que se hagan responsables de los riesgos que involucran sus cadenas de abastecimiento en términos de contaminación, destrucción y violaciones de derechos fundamentales.
Las industrias que utilizan materias primas abarcan un espectro amplio. El cambio climático y el cuestionamiento a las energías fósiles dan paso a nuevos usos para las materias primas. Para afrontar el cambio, necesitamos enormes cantidades de cada vez más materias primas metálicas y minerales para fabricar toda la estructura y aparatos que requiere la puesta en funcionamiento de las energías renovables. Lo mismo sucede con la digitalización. Estos sectores se suman a los usos de materias primas y energía en industrias más tradicionales como la automotriz, la aeroespacial y la de defensa, las telecomunicaciones, todo tipo de maquinaria pesada, etc.
El uso final que se da a estos minerales, no cambia sin embargo la naturaleza destructiva de su extracción minera.
Legislación para un mayor control sobre el aprovisionamiento de minerales
Los Estados Unidos cuentan desde 2010 con la ley de transparencia conocida como Dod Frank Act que obliga a las empresas estadounidenses y a sus proveedores a realizar verificaciones sobre la procedencia y conflictos relacionados con los mismos metales 3TG en su cadena de suministro i, en la República Democrática del Congo, República Centroafricana Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Congo.
Existe también el llamado Proceso Kimberly de certificación, que se refiere específicamente a la extracción y comercio de diamantes. Si estos provienen de zonas en conflicto, no pueden entrar a los Estados Unidos.
En cuanto al ámbito internacional, existe una guía de diligencia debida voluntaria dirigida a las empresas del sector extractivo, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE que constituye el estándar internacional actual para un abastecimiento responsable de minerales y a la que han adherido los gobiernos de la UE. Y que por cierto, pocas o ninguna empresa europea aplican seriamente ii. Lo mismo sucede con los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos UNGPs aprobados por unanimidad en 2011 que responsabilizan a las empresas de asegurarse de que sus actividades no financien daños y abusos.
La UE se encuentra con en este ámbito por detrás de los Estados Unidos.
Pero gracias a una activa campaña en Europa sobre las circunstancias que rodean a los “minerales de conflicto”, hay nueva legislación que apunta a evitar que las empresas europeas o con sede en la Unión Europea financien con la extracción, comercialización y suministro iii de estos minerales las armas que se utilizan en zonas de conflicto. Tal legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2021, para que las empresas “tengan tiempo de adaptarse a las nuevas normas”.
Por ser la primera normativaque existe en Europa sobre el tema, es un gran paso adelante. Pero tiene problemas.
Críticas a la legislación por insuficiente
En principio la nueva legislación europea sobre minerales en conflicto busca diligencia debida, es decir, un comercio “responsable” de minerales procedentes de zonas en conflicto, pero la misma no garantizará nada. No hay que pasar por alto que el lobby de la industria minera estuvo detrás de la Comisión para que la propuesta sea limitada y débil.
La auto-regulación de los mercados de materias primas no es una buena idea
No significa un avance real, pues al igual que la guía de la OCDE en la que también se referencia la nueva legislación europea sobre los minerales en conflicto es voluntaria. No obliga a las empresas a informar a la UE de sus cadenas de extracción y distribución. Pero sin obligación continuará habiendo comercio de minerales en conflicto en Europa. Esta ley puede tornarse en un instrumento inútil.
No abarca todas las materias primas, ni toda la cadena de abastecimiento, ni a todas las regiones conflictivas o potencialmente conflictivas.
Entonces, afecta a un número limitado de empresas, sólo a aquellas que importen algunos metales y minerales procesados y no procesados (brutos) al mercado europeo.
Se limita a los cuatro minerales llamados en conflicto, sin abarcar un rango más amplio de materias primas que también se encuentran en el centro de graves conflictos. Es decir, en otras regiones también hay conflictos con la extracción de otras materias primas que no están considerados en absoluto en esta Regulación.
La obligación de los estados de proteger los derechos humanos es muy débil
Las y los consumidores europeos no obtienen ninguna garantía real de no estar favoreciendo la violencia, inestabilidad y el abuso de los derechos humanos al dejar la puerta abierta a que se siga comerciando con minerales que financian grupos armados, trabajos forzados, etc. en esos países.
En algunos de los países de origen de las materias primas carecen de mecanismos de control
Por muy buena voluntad con la que se elabore la ley europea, lo que establece puede no tener ningún efecto en los países en los que se dan los conflictos (lo mismo sucede con similar legislación relativa a las importaciones de madera tropical). Hay que destacar que varios países africanos, como República Democrática del Congo y Ruanda cuentan con legislación específica sobre las cadenas de suministro de las empresas.
La intensidad del conflicto: cómo se decide lo que es aceptable y lo que no
Se está entonces estableciendo que los minerales y metales han de proceder únicamente de “fuentes no conflictivas” y se describen como conflictos hechos como guerras cruentas, trabajo infantil, esclavitud, corrupción y otros. Pero más allá de posibles causalidades contempladas, la actividad minera es causa de un espectro amplísimo y una lista interminable de conflictos graves no considerados que incluyen grados menores o no reconocidos de los anteriores, como corrupción, y también amenazas e intimidaciones, criminalización, desplazamiento, etc. y en los que están involucradas empresas europeas y la propia Unión Europea con sus políticas, diplomacia y cooperación al desarrollo,
Queda abierta la pregunta de qué es exactamente un “conflicto” y quién determina y cómo si este conflicto existe o no. Hay que tener en cuenta que cada vez existen más conflictos mineros a pesar no estar reconocidos y de ser sistemáticamente silenciados por los medios y las autoridades. Una ley que abarque y regule toda la extracción minera y todos los conflictos, y no limitada a una serie de metales en determinados países otorgaría mayores seguridades y efectividad para regular la minería y el comercio de materias primas y los grados de vinculación de instancias y empresas europeas.
Podría incluso llegar ser perjudicial en el caso de que, además de no lograr evitar los conflictos en los países ya afectados, sirva encima para legitimar proyectos mineros en otros lugares, en los que también existen conflictos importantes para las comunidades.
Cuál sería la manera de mejorar la situación,
La reglamentación europea tiene que encaminarse a exigir a las empresas que se responsabilicen totalmente de sus cadenas de abastecimiento. Adjuntar una lista tanto de materias primas como de regiones en las que debe aplicar no es una buena estrategia. Hacer una ley realmente fuerte que obligue a un rango más amplio de empresas a lo largo a verificar todasu cadena de suministro -diligencia debida- (en Europa y fuera de Europa). Entran en la UE cualquier cantidad de metales procedentes de áreas en grave conflicto, ya manufacturados en productos como ordenadores, teléfonos y automóviles.
En resumen, obligatoriedad y una mayor claridad y diligencia debida en toda la cadena de abastecimiento de todas las materias primas. Quienes compran estos productos también tienen que exigir esta información. Pero ahí si se vería con claridad que es imposible todo este consumo de manera sostenible. Empezáramos por ahí.
Notas:
i En su art. 1502 la Ley Dodd-Frank obliga a todas aquellas empresas que reportan a la US Securities and Exchange Comission SEC y utilizan alguno de los 4 minerales en conflicto en sus productos a elaborar un informe sobre la procedencia de los mismos. En caso de que proceda de la zona señalada por la ley, deben elaborar una auditoría. Las empresas cuentan con dos años para elaborar su informe. En caso de no hacerlo, sus productos se marcan como “no hallados libres de conflicto”.
iii La legislación afecta a entre entre 600 y 1.000 importadores de la UE que comercian con los minerales en conflicto en forma de mineral, concentrados o metales tratados y a cerca de 500 fundiciones, pero para nada a todas las empresas mineras que pueden estar contaminando y causando graves conflictos con materias primas y en regiones no contempladas por la misma.
Cuernavaca, Mor., Integrantes del Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería por Metales, Defendemos la Vida y la Red Mexicana de Afectados por la Minería protestaron en el zócalo de esta ciudad, la mañana del viernes, para decir al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, que no permitirán a la canadiense Álamos Gold (antes Esperanza Silver), explotar la mina de oro y plata en la zona arqueológica de Xochicalco, porque acabaría con ese patrimonio cultural de la humanidad, con el agua, la salud, el medio ambiente y la vida.
Los pobladores dijeron que salieron este viernes a manifestarse en contra de la minería porque en días recientes se publicaron inserciones pagadas en diarios locales para promover el proyecto, además, el delegado del gobierno federal, Hugo Éric Flores Cervantes, se pronunció en favor de la mina. Aseguró que él no veía riesgos y en cambio se desarrollaría la economía de Morelos y el país.
Ante las recientes declaraciones emitidas por Flores Cervantes, delegado federal de los programas de bienestar en el estado de Morelos, sobre las pretensiones de explotación minera de la empresa Esperanza Silver, subsidiaria de la canadiense Álamos Gold, y de la revisión de permisos de impacto ambiental y cuidado de recursos naturales por la Secretaría de Economía, resulta necesario hacer precisiones básicas, expuso Javier Moreno Uribe, en nombre de los manifestantes.
Las declaraciones del delegado federal, señalaron los pobladores, carecen de sustento, y no le competen, pues pasa por alto la responsabilidad de las instituciones oficiales encargadas de aplicar el principio precautorio y de evaluar, desde el bien común, la viabilidad de los megaproyectos, que además en el rubro ecológico remiten a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y no de la Secretaría de Economía, recalcaron.
Los inconformes, procedentes de las comunidades y pueblos de los municipios de Temixco, Miacatlán, Coatetelco y Xochitepec, señalaron que viven cerca de las zona donde está el cerro de El Jumil y los terrenos en los que la empresa minera asegura que está un yacimiento de oro y plata, el cual han pretendido explotar desde hace ocho años.
Recordaron que en 2013 la Semarnat negó a la minera el manifiesto de impacto ambiental (MIA), porque los opositores al proyecto comprobaron ante la dependencia federal que su funcionamiento iba a consumir de manera irracional y desmedida el agua en la región, que ya de por sí padece escasez del líquido.
Apenas en septiembre pasado, los activistas entregaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Semarnat sendos oficios en los que pidieron no otorgar los permisos de perforación de pozos, pues el consorcio tiene nueve tajos en su proyecto de explotación y por cada uno pretende abrir dos pozos.
Por lo anterior, habitantes de la zona surponiente de Morelos llamaron al delegado federal a documentarse antes de dar opiniones sobre ese proyecto minero, al recordar que él cobra su salario para velar por el bienestar de los morelenses, no para avalar proyectos de muerte, y su encargo, expresaron, no le permite impulsar este tipo de proyectos de la canadiense Álamos Gold
Cuatro años después del desastre de Mariana, ningún ejecutivo de las empresas responsables del crimen, Vale y BHP, ha sido punido. Cientos de miles de víctimas permanecen sin reparación. No se pagó ninguna multa. Al mismo tiempo, Vale y BHP lucraron, entre 2016 y 2019, 162 mil millones de dólares. Ambas son las compañías mineras más grandes del mundo. El colapso de la presa Fundão en Mariana (MG), que arrojó 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico a más de 600 km de la cuenca del río Doce al Océano Atlántico, marca su cuarto cumpleaños el martes.
500 mil personas afectadas, pero las empresas continúan impunes
El ministerio público federal estima que 500,000 personas están afectadas por el crimen en más de 40 ciudades en Minas Gerais y Espírito Santo. Miles de personas aún luchan por recibir asistencia de emergencia que corresponde a un salario mínimo por mes. En Mariana, solo el 10% de lxs afectadxs recibieron compensación.
Sin embargo, desde que se rompió la presa, Vale ha acumulado multas impagas por un total de R390 millones.
En septiembre, un fallo legal liberó a los funcionarios de Samarco, Vale y BHP de las demandas.
La reconstrucción de los distritos destruidos también es tardía. En total, 900 familias están esperando.
Hace diez días, el Consejo de Política Ambiental del Estado de Minas Gerais aprobó la autorización otorgada a Vale y BHP para reanudar las actividades mineras en la región de Mariana. Después de hacer apenas algunos trámites necesarios, las compañías mineras deberían reanudar sus actividades a mediados de 2020.
Para leer la noticia completa (solo en portugués), haga clic aquí.
Las fuerzas de seguridad comenzaron la operación el martes por la mañana en el pequeño pueblo de Buenos Aires, cerca de la frontera con Colombia, luego de meses de fuertes enfrentamientos entre mineros ilegales y pandillas.
El martes, Ecuador movilizó a cientos de soldados y policías a una zona montañosa para enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado que han alimentado la violencia en el norte del país, dijo el ministro del Interior.
La nación sudamericana espera alimentar su lenta economía al expandir su sector minero. Ha atraído a las firmas interesadas, incluida la australiana SolGold Plc, que está desarrollando una mina de cobre, oro y plata en el norte de Ecuador.
Las fuerzas de seguridad comenzaron la operación el martes por la mañana en el pequeño pueblo de Buenos Aires, cerca de la frontera con Colombia, luego de meses de fuertes enfrentamientos entre mineros ilegales y pandillas, que quieren controlar el área rica en minerales.
«La ocupación del área por parte de personas involucradas en estas actividades ilegales requiere una intervención más fuerte por parte del estado», dijo a la prensa la ministra del Interior, María Paula Romo, y agregó que los resultados de la operación se anunciarán más adelante.
El lunes por la noche, el gobierno del presidente Lenin Moreno declaró el estado de emergencia en el área, que también ha sufrido devastación ambiental por la afluencia de miles de personas y el crecimiento de la minería ilegal.
«Hay un serio impacto ambiental», dijo Romo.
Unas 10.000 personas trabajan actualmente en la minería ilegal en Buenos Aires, que según Romo tiene una población de alrededor de 2.000. Las pandillas armadas están cada vez más involucradas en el tráfico de personas y la prostitución.
La región fue testigo de 27 incidentes de violencia en el primer semestre de 2019, incluidos asesinatos con puñaladas y armas de fuego, dijo el lunes el gobierno.
En lo que resta de su período legislativo de primer mandato, Mauricio Macri quiere implementar una nueva regulación para garantizar una gestión financiera y ambiental ordenada de los cierres de minas.
Los aliados de la coalición del gobierno en el Congreso están buscando consenso para aprobar un proyecto de ley destinado a abordar los desafíos del cierre de minas, informó Perfil.
«Necesitamos contar con herramientas de gestión regulatoria para llevar a cabo las etapas de cierre, que todos los proyectos mineros experimentan, que involucran el cierre de operaciones y controles posteriores al cierre, sin pasar por alto los aspectos financieros», dijo la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, a la agencia de noticias Télam.
El sector quiere garantías financieras incorporadas a la ley. Según los informes, estos están siendo revisados por legisladores.
Sánchez dijo que el objetivo es «agregar una regulación que ofrezca una serie de mecanismos financieros para abordar proyectos de todos los tamaños, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierre progresivo y que no tenga impactos de financiamiento antes de lo esperado para que una operación, en su cierre, puede remediar cualquier daño imprevisto”.
«Las mejores prácticas implicaron la financiación progresiva de proyectos de gestión para evitar daños ambientales acumulados y para que un proyecto pueda incorporar en su planificación la inversión social y ambiental que requiere un cierre», agregó.
El proyecto de ley incluyó consultas con organizaciones internacionales como ICMM, APEC, el Banco Mundial, el Gobierno de Australia Occidental, el Gobierno de Queensland y el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, con el apoyo técnico del Instituto Canadiense de Recursos Internacionales y Desarrollo (CIRDI ).
Ante el estancamiento del diálogo sobre el proyecto minero Quellaveco, organizaciones sociales, dirigentes locales y agricultores reiniciaron hoy martes 05 de noviembre un paro indefinido contra la empresa minera en Moquegua.
El paro indefinido que inició la comunidad de Tumilaca, en el distrito de Torata, provincia moqueguana de Mariscal Nieto, es ahora respaldada por organizaciones y gremios provinciales y en toda la región. Los manifestantes exigen la paralización de las obras de la minera antes de retomar el proceso de diálogo y la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Quellaveco.
En torno al caso, las autoridades provinciales, locales así como las organizaciones sociales han denunciado en distintas ocasiones evidencias de afectación al agua del río Asana provocadas por la intervención de la minera. En la localidad, los vecinos denuncian que la presencia de contaminantes ha acabado con las distintas especies de peces que poblaban el río. Pese a ello, representantes de la empresa Anglo American Quellaveco niegan la influencia del proyecto minero en el futuro puesto que se encontraría a 22 kilómetros de la cabecera de cuenca del Asana.
Así mismo, dos semanas atrás las autoridades locales y provinciales anunciaron su retiro del proceso de diálogo sobre el proyecto minero dada la parcialización e inefectividad en la mesa de diálogo. Por su parte, el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cueva, señaló la necesidad de un EIA que prevenga los daños al medioambiente y denunció los impactos medioambientales irreversibles en Toquepala y Cuajone donde la minería opera sin planes de remediación, mitigación ni de compensación.
El Gobierno permitirá el proceso de consulta previa para el proyecto de ampliación de la unidad minera Antapaccay, en la provincia de Espinar, en la región Cusco. “El Ejecutivo solo hará “consulta esta vez” y solo para el proyecto Integración Coroccohuayco, refiere el medio Gestión.
El presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos detuvo la huelga indefinida que trece comunidades de la provincia cusqueña de Espinar el pasado jueves 14 de noviembre debido a la omisión del derecho a la consulta previa sobre el proyecto minero Antapaccay, de la gigante de las materias primas Glencore.
El mismo día, Zeballos dirigió un oficio al presidente de la comunidad campesina Alto Huancané, Flavio Huanqque Ccapa, quien también es el representante de los trece pueblos adyacentes al proyecto minero.
En el documento, Zeballos le comunicó al dirigente que el próximo martes 19 de noviembre, o sea mañana, estará en la provincia de Espinar “para dialogar directamente con las autoridades de las trece comunidades originarias de dicha provincia, sobre sus preocupaciones respecto a la actividad minera que se desarrolla en sus ámbitos”.
“El reto que tenemos como gobierno es generar un desarrollo económico que este articulado con el desarrollo social. Es importante la minería, pero cuán importante es que esta esté destinada a darles mejores condiciones a nuestros ciudadanos. Hemos llegado para que tengan ustedes un Estado a su lado, que los acompañe”, afirmó el jefe del Gabinete Ministerial, desde el distrito de Haquira en Apurímac.
Integración Coroccohuayco cuenta con estudios de factibilidad. Es un yacimiento con reservas de 290Mt de mineral con 1,03% de cobre. Glencore estima que Integración Coroccohuayco tiene un potencial de producción de cobre potencial de hasta 100.000 toneladas anuales. El proyecto se encuentra ubicado en el municipio y provincia de Espinar en la región Cusco, a unos 10 kilómetros de la mina Antapaccay.
La llamada Integración Coroccohuayco sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la exmina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay. Integración Coroccohuayco es un proyecto de US$590 millones.
El pueblo de Simón Planas se moviliza en defensa del Cerro La Vieja y sus cuevas contra el intento de explotación minera por parte de una alianza Estado-Capital Privado
El Cerro “La Vieja” está ubicado al frente de Sarare, Municipio Simón Planas del Edo. Lara. Tiene una superficie 524 hectáreas y 683 m2, de gran valor histórico, cultural, agrícola y ecoturístico. Del cerro se alimentan, en sus bordes, el Río Sarare y la Quebrada La Cimarrona. Ha vivido varios intentos de explotación minera (el primero de ellos, en los 90), que han sido derrotados por la movilización popular.
En la actualidad, el cerro está viviendo un nuevo intento de explotación por una alianza Estado-Capital Privado, impulsada por la Gobernación del Estado Lara; con un grave impacto para los derechos humanos de la población del municipio, entre ellos: Violación de derechos culturales “Todas las manifestaciones culturales contenidas en este Catálogo…son poseedoras de valores tales –sean históricos, culturales, plásticos o ambientales– que el Instituto del Patrimonio Cultural las declara Bien de Interés Cultural, según la Resolución Nº 003-05 de fecha 20 de febrero del 2005” (Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano) La Cueva de La Vieja, que está dentro del Cerro, forma parte del Catálogo citado, con lo cual es oficialmente un Bien de Interés Cultural objeto de protección.
El Catálogo cita hallazgos arqueológicos como lozas con jeroglíficos, piezas de cerámicas, cocos labrados, vasijas gigantes, osamentas y huesos sueltos, que sugieren una densa historia de uso del cerro y que explican su rol en la generación de la cultura local. “Existe la creencia –señala el Catálogo- que esta cueva se comunica con las Minas de Buría y que fue allí donde el Negro Miguel escondió el famoso tesoro que nunca apareció”[7]. La rebelión del Negro Miguel contra la opresión española y su paso por el cerro, es motivo de orgullo de los pobladores de Simón Planas.
Otra de las Cuevas del Cerro se llama Estefanía, en honor a una de las hijas del Negro Miguel. Esa cueva es lugar de culto del espiritismo venezolano o Marialoncero y en su interior se pueden observar más de 500 objetos de culto de las distintas Cortes de esta religión venezolana; además de impresionantes estalagmitas y estalactitas, de hasta 5 metros. Pero además de los usos religiosos o el valor histórico, es muy fácil constatar el vínculo de los pobladores de Simón Planas con su cerro.
El cerro es una presencia visual hermosa desde todos los puntos de Sarare. La gente mira al cerro y sabe si lloverá, porque es una muralla a los vientos húmedos del sur que facilita la acumulación de nubes. Los colegios y liceos organizan frecuentemente excursiones al cerro, por lo que la inmensa mayoría de los/as Sarareños/as lo han visitado y disfrutado. Gente de otras partes del país viene al municipio a conocerlo o a usar sus paredes para la práctica deportiva de la escalada en roca o a realizar observación de aves, convirtiendo al cerro en un lugar ecoturístico que produce gran orgullo local. La explotación minera, realizada con explosivos, volvería insegura las cuevas.
Generaría derrumbes (de hecho ya hay deslizamientos en la Cueva La Vieja) e imposibilitaría el uso religioso, ecoturístico, recreacional, deportivo o científico del cerro. Un señor que participó de la marcha convocada por el “Comité Pro Defensa del parque Municipal Cerro La Vieja”, confiaba en que “Los Naturales” (especies de duendes que habitan el cerro) impedirían que eso ocurriera: “Ya antes volvieron locos a los trabajadores de la empresa que intentó explotar el cerro”. Minería en el Cerro La Vieja. El Capital contra los Derechos Humanos del Pueblo de Simón Planas Por Antonio J. González Plessmann / Surgentes. Colectivo de DDHH
Autor: No a la Mina.org Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal
El humilde testimonio y la experiencia del pueblo de Jáchal, víctima de las megamineras: «No los dejen entrar»
Transcribimos a continuación fragmentos de una nota de la Asamblea Jáchal No se Toca publicada en biencuyano y destinada al pueblo mendocino con motivo del avance minero y sus pretensiones de derogar la Ley 7722. Chubut vive un proceso similar al de Mendoza porque también peligra la Ley 5001.
La historia se repite. Los argumentos se repiten. La voracidad de los empresarios en complicidad con ciertos sectores políticos siempre está al acecho de nuevas oportunidades.
A aquel pueblito perdido en la vecina provincia de San Juan, llamado Jáchal, a 160 km de la capital, también le prometían progreso, trabajo, ilusiones, cuando llegó la megaminera multinacional Barrick Gold y su millonario proyecto productivo de Veladero.
Hubo voces contrapuestas, miedos, esperanzas, plebiscitos, entre su pobladores. Periodismo «comprado» por pauta empresarial, políticos que resaltaban las inversiones extranjeras, alentaron a que la propuesta se concrete.
Después de soñar…luego llegó la realidad. La contaminación del agua, la producción de la agricultura en crisis, el trabajo prometido solo era especializado lo cual dejó afuera a la población local. Nada era tal como lo prometían en un principio.
Las promesas y enunciados esperanzadores de algunos se diluyen con la realidad de otros. Tal es el caso de los luchadores Asambleístas de Jáchal No Se Toca que vienen sufriendo desde hace años las consecuencias de la megaminería.
EL AGUA PURA ES UN BIEN DE TODOS…
LA CONTAMINACIÓN LA TRANSFORMA EN UN MAL PARA TODOS.
En la República Argentina existe un pequeño pueblo ubicado en la parte norte de la provincia de San Juan llamado Jáchal, que desde que se instaló, en 2003, la irresponsable canadiense Barrick Gold en la mina Veladero en las nacientes de su río tuvo el temor que esto pusiera en peligro el agua que calmo la sed de sus antepasados durante ochocientos años.
Ese peligro se transfiguró en contaminación concreta de la cuenca del río Jáchal un día de septiembre de 2015, envenenando su agua con cianuro y mercurio más de una docena de veces desde entonces.
Las megamineras y los distintos gobernantes lograron en pocos años interrumpir esa loable función, de dar vida a lo largo de todo su recorrido, que tenía el río Jáchal desde que habitaban estas tierras Capayanes y Yacampis.
En palabras de Jacques Cousteau: “Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo”.
No existe pueblo que haya progresado en base a la megaminería, todo lo contrario. Acá estamos con los mismos índices de desocupación y nuestras economías regionales quebradas, situación disfrazada hábilmente por municipios que encubren la situación con miles de contratos basura que tienen de rehén a las poblaciones. Hasta los porteros de las escuelas en todo San Juan son contratados –cuasi esclavos- por $8.000 al mes.
Aprendan de nuestro mal ejemplo, NO LOS DEJEN ENTRAR en ningún otro pueblo, porque una vez que entran las megamineras, se contaminan las fuentes de agua y las fuentes de información; se contamina el aire, el ambiente y, también, las universidades, la ciencia, la religión y la sociedad toda. Todos los valores se trastocan.
Las provincias cordilleranas hemos aprovechado nuestra agua para ser los vergeles que nos legaron nuestros antepasados, y así hemos construido nuestra identidad y nuestro desarrollo, defendámoslos.
Los pueblos cordilleranos somos hijos del Ande, y nuestra madre es el agua, no podemos destruir el origen de la vida.
Por nosotros, por los que pasaron y por los que vendrán, que la conciencia prime sobre todo interés espurio. No los dejen pasar.
En estos ocho meses se han registrado 29 accidentes fatales y graves dentro de la industria minera. Según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, esta situación es inadmisible y se debe a que “no hay formalmente requisitos de seguridad y salud ocupacional acordes al volumen y al tamaño de la minería actual”.
Son minerales cuya extracción se relaciona directamente con violaciones de derechos humanos. Buena parte de los beneficios económicos que se obtienen a lo largo de su cadena de extracción, transporte y comercio financiarían conflictos violentos como guerras, trabajo infantil, esclavitud y sirven para el lavado de dinero. Además, se considera que los países o áreas que pueden ser afectadas por estos conflictos poseen recursos minerales que tienen una alta demanda local, regional o global.
Cuatro años después del desastre de Mariana, ningún ejecutivo de las empresas responsables del crimen, Vale y BHP, ha sido punido. Cientos de miles de víctimas permanecen sin reparación. No se pagó ninguna multa. Al mismo tiempo, Vale y BHP lucraron, entre 2016 y 2019, 162 mil millones de dólares. Ambas son las compañías mineras más grandes del mundo. El colapso de la presa Fundão en Mariana (MG), que arrojó 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico a más de 600 km de la cuenca del río Doce al Océano Atlántico, marca su cuarto cumpleaños el martes.
Las fuerzas de seguridad comenzaron la operación el martes por la mañana en el pequeño pueblo de Buenos Aires, cerca de la frontera con Colombia, luego de meses de fuertes enfrentamientos entre mineros ilegales y pandillas.
En lo que resta de su período legislativo de primer mandato, Mauricio Macri quiere implementar una nueva regulación para garantizar una gestión financiera y ambiental ordenada de los cierres de minas.
Ante el estancamiento del diálogo sobre el proyecto minero Quellaveco, organizaciones sociales, dirigentes locales y agricultores reiniciaron hoy martes 05 de noviembre un paro indefinido contra la empresa minera en Moquegua.
El Gobierno permitirá el proceso de consulta previa para el proyecto de ampliación de la unidad minera Antapaccay, en la provincia de Espinar, en la región Cusco. “El Ejecutivo solo hará “consulta esta vez” y solo para el proyecto Integración Coroccohuayco, refiere el medio Gestión.
El pueblo de Simón Planas se moviliza en defensa del Cerro La Vieja y sus cuevas contra el intento de explotación minera por parte de una alianza Estado-Capital Privado
Transcribimos a continuación fragmentos de una nota de la Asamblea Jáchal No se Toca publicada en