Bolivia

ROTUNDO RECHAZO A INTENTOS DE CONSULTA PARA EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA EN CHALLAPATA

Colectivo CASA
Una importante delegación compuesta por autoridades Municipales, el directorio del Sistema de Riego N°2 Tacagua, directorios zonales, Autoridades Originarias de los 7 Ayllus, la autoridad Sullca Camachij del Municipio de Challapata y autoridades de las comunidades de la provincia Avaroa, se reunieron en la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) para dar a conocer las determinaciones de la Provincia Avaroa. Entregando un voto resolutivo de fecha 20 de febrero de 2020 con mas de 1800 firmas, en rechazo contundente a todo intento de exploración y explotación minera por la empresa “El Buen Samaritano S.R.L” o cualquier otra empresa, por atentar contra la producción agrícola ganadera, el derecho a la salud, el medio ambiente, el derecho al agua, a la seguridad y soberanía alimentaria regional, departamental y nacional.

“Esta es la cuarta vez que decimos No a la Minería y rechazamos el intento de realizar consulta porque ya hemos decido, son 26 años de lucha del Pueblo y hay que tomar en cuenta que Challapata es la capital agrícola, ganadera e industrial lechera del Occidente Boliviano. Reconocida por leyes nacionales, por demás demostrada nuestra vocación productiva agroganadera por ello no vamos a permitir minería” Señalo el Sr. Edgar Pillco, presidente de la Asociación de Regantes de Tacagua.

El mes de febrero la AJAM habría notificado a dos comunidades del municipio de Challapata para realizar un proceso de Consulta de acuerdo a la Ley Minera, que sin embargo es contradictoria a la Constitución Política del Estado, contraria a la vocación productiva agroganadera y lechera del Municipio de Challapata, y que además no toma en cuenta a todos los regantes que se constituyen en posibles afectados, por encontrarse la Represa de Tacuagua aledaña al cerro Achachucani.

“Pedimos respetuosamente a la AJAM se rechace el proceso de consulta previa sobre exploración y posible explotación de la mina Achachucani que está a los pies de la represa de Tacagua, este sería un desastre ambiental para todos los hermanos productores que son más de 45 comunidades” Mencionó en Alcalde del Municipio de Challapata Sr. Martin Feliciano”.

El voto resolutivo fue entregado al Gobernador de Oruro, secretarias y a los ministerios competentes anunciando posibles movilizaciones de no escuchar el clamor de los pobladores de Challapata.

“Nos declaramos en Estado de Emergencia y queremos advertir a la población y autoridades que en caso de no ser escuchados nos veremos obligados a tomar medidas de hecho como bloqueo de caminos y otras medidas, no queremos llegar a esto, queremos que la AJAM nos escuche y que anule la resolución Administrativa que pretende imponernos una consulta, rechazamos rotundamente el ingreso de la Minería a Challapata, que se respete nuestra decisión por ello no necesitamos otras consultas” enfatizó el Vicepresidente de los Regantes de Tacagua Sr. Oscar Mamani.

Entrevista regantes de Challapata: https://www.facebook.com/367391939990319/posts/2944464175616403/
Oruro, 2 de marzo de 2020
https://oiedc.blogspot.com/2020/03/rotundo-rechazo-intentos-de-consulta.html


Colectivo CASA
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Colectivo CASA
Oficina Oruro
La Plata N° 1768 entre Murguía y Sucre
Telefono fax: 591 (2) 5253641
Oruro – Bolivia

Perú

DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS BATEN UN NUEVO RÉCORD

Luis Espejo y José De Echave
COOPERACCION       02/03/2020
Imagen: El comercio

En los últimos años, las devoluciones de tributos internos se han incrementado de manera sostenida y el año pasado han batido un nuevo récord: S/. 17,131 millones. En los últimos 5 años, las devoluciones se han incrementado casi en un 80%.

Cabe destacar que desde el inicio del período de post súper ciclo de precios, la tendencia de las devoluciones ha ido al alza. En el período 2014-2019, prácticamente se han duplicado, mientras que la presión tributaria disminuía.

En el total de devoluciones, destacan nítidamente las del sector minero (27% del total): entre el 2015 y 2019, las devoluciones a empresas mineras pasaron de 2,385 millones de soles a 6,144 millones de soles el año 2017 y 4,643 millones de soles el año 2019. Esta situación tiene un impacto en la capacidad recaudatoria del Estado peruano.

Le sigue a la minería el sector manufactura (25%) y el de comercio (24%). Cabe destacar que las devoluciones de estos componentes se han incrementado significativamente desde el año 2014. Manufactura registraba devoluciones el año 2014 por un valor de S/ 2,169 millones, mientras que en 2019 ha sido S/ 4,222 millones. Por su parte, el sector comercio registró devoluciones en 2014 por un monto de S/ 1,522 millones de soles, mientras que en 2019 alcanzaron los S/ 4,180 millones.

En el Perú destacan las siguientes devoluciones por orden de importancia: devoluciones por exportación (el año pasado representaron el 68% del total); pagos en exceso o indebidos; recuperación anticipada del IGV; devoluciones de oficio; régimen de percepciones y retenciones del IGV y otros.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de las devoluciones por exportación y las del régimen de recuperación anticipada por IGV. Si bien las devoluciones por exportaciones son las más relevantes y se mantienen por encima de los 10 mil millones de soles desde el año 2017, todo indica que el récord alcanzado el año pasado se debe, sobre todo, al importante incremento de las devoluciones por el régimen de recuperación anticipada por el IGV.

¿Cómo se explica este fuerte incremento? Esta variable estaría relacionada con las inversiones pre operativas de grandes proyectos (mineros u otros) y algunos cambios normativos: en primer lugar debemos recordar que mediante Decreto Legislativo N.° 973 (marzo de 2007), se pasó a un régimen que incluía devoluciones para todas las inversiones en actividades económicas que generen renta de tercera categoría. Es así que a partir de 2007, se comenzaron a devolver montos por encima de los 500 millones de soles. Sin embargo, en septiembre de 2018 -mediante el Decreto Legislativo N.° 1423-se simplificaron las formas para que una empresa se acoja a este régimen especial de devoluciones[1]. Además, se incluyeron nuevas formas para implementar las devoluciones, como abonos a cuentas corrientes o de ahorro[2]. Estas modificaciones habrían permitido que las devoluciones por el régimen de recuperación anticipada el año 2019 se incrementen de manera significativa.

[1] El DL N.° 1493 reemplaza todos los artículos, donde se hace mención al Contrato de Inversión con el Estado, (anterior requisito), reemplazándolo por una solicitud con carácter de declaración jurada.

[2] El DL N.° 1493 modifica el artículo 10.1, que incluye las notas de créditos negociables, agregando cheques no negociables o abonos en cuenta corriente o de ahorro.

Ecuador

OMASNE DENUNCIA A EMPRESA MINERA

28/02/2020
DENUNCIA PÚBLICA

La empresa minera CORNERSTONE S.A. en un comunicado de prensa con fecha 27 de febebrero del presnte año, en el que hace mención a los proyectos mineros bajo su concesión en las provincias de Carchi e Imbabura, indica que durante la segunda mitad del año 2020 dará paso a la perforación de los yacimientos dentro de la fase de exploración.

Es indignante constatar la vulnerabilidad a la que están sujetas la naturaleza, las comunidades y terriorios amenazados por actividades extractivistas. El 19 de junio del 2019 la Corte Provincial de Justicia de Imbabura acogió la Accion de Protección a favor del Bosque Protector Los Cedros, al constatar el incumplimiento del derecho a la consulta ambiental a las comunidades. Sin embargo desde el dictamen de la sentencia poco o nada han hecho las instituciones estatales “competenetes”, por reparar los daños y darla cumplimiento.

Rechazamos el irrespeto a los derechos humanos, a las leyes nacionales y acuerdos interanacionales asi como a la soberanía del Ecuador por parte de la empresa minera CORNERSTONE S.A. de capitales canadienses, que pese a haber sido retirada la licencia ambiental por orden del juez de la Corte Provincial de Justicia de Imabura para su operación sobre el proyecto minero Rio Magdalena que ocupa el 60% del Bosque Protector Los Cedros – Intag, no ha detenido sus actividades dentro del bosque y comunidades aledañas al proyecto.

Con amargura se puede constatar que en Ecuador no se respeta los Derechos Humanos y de la Naturaleza a pesar de poseer una de las Constituciones más granatistas en el marco del derecho y ser uno de los 17 paises más megabiodiversos del mundo.

Que el Estado ecuatoriano inobserve el incumplimiento a las leyes constitucionales por parte de las corporaciones transnacionales, mucho antes de que estas incien la fase de explotación, revela una muerte/catástrofe anunciada. En Ecuador se repite el modus operandi transnacional en el que el Estado se limita a cumplir las ordenes de los grupos de poder económico. Hace 50 años nos impusieron la explotación petrolera como una posibilidad de “desarrollo” y ahora vienen con el cuento miserable de la “Minería Responsable”.

EXIGIMOS #JUSTICIA LOS CEDROS #JUSTICIA AMBIENTAL

Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador

0992 799 751 – 098 052 4885 – omasne.ecuador@gmail.com

Colombia

Colombia será demandada por multinacionales por impedir minería en Páramos

Luego que la corte constitucional fallara a favor de una demanda interpuesta por el polo democrático, en la que se impedía la minería y la extracción de hidrocarburos en las zonas protegidas, una empresas canadiense ha interpuesto una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, se trata de Eco Oro Mineral Corp con sede en Canadá, haciendo uso de sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.

Tan pronto la minería se volvió un factor de crecimiento acelerado, el estado colombiano entregó títulos mineros a diestra y siniestra desconociendo que algunos predios para la extracción de recursos, se encontraban en zonas de reserva protegidas. Nueve mil títulos en todo el país se otorgaron para extraer recursos sin importar que se trataran de zonas de paramos, reservas productoras de agua, parques naturales y resguardos indígenas, muchos de estos títulos fueron otorgados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y por consiguiente fue implementado por Juan Manuel santos mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

La multinacional Eco Oro Mineral Corp entabló una millonaria demanda, por tratarse de una falla en los contratos establecidos en los tratados de libre comercio, la multinacional pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante el transcurso de 15 años, sin embargo hace cinco años el estado los obligo a ejercer minería subterránea debido a las fuertes criticas ambientalistas que recibieron por estas practicas irresponsables en terreno colombiano, y con la probación del PND su funcionamiento siguió vigente.

Para el año 2016, debido a la intervención del polo democrático y sus ponentes, Alberto castilla y Jorge robledo y otras bancadas del partido en compañía de sectores ambientalistas, cumbre agraria, y la corte constitucional se logro fallar a favor de los paramos y las zonas de reserva protegidas. Con este fallo los multinacionales con títulos mineros en zonas de paramos y áreas protegidas debían sin reprocho alguno abandonar el país.


Luego de fuertes criticas presentadas por el sector agrario y campesino en contra de los tratados de libre comercio y que el estado hizo caso omiso a estas denuncias, será el pueblo quien de su bolsillo pague las indemnizaciones a multinacionales por los descuidos de la clase política a los intereses reales de Colombia.

«Esta medida a favor de los paramos no solo beneficia a unos cuantos campesinos de a pie, mas de tres millones de personas se benefician del agua que emana Santurban, páramo que se encuentra en disputa con la compañía demandante, no hay otra salida que defender la soberanía interponiendo las demandas necesarias para lograr una vida digna y un desarrollo sostenible en un país lleno de recursos naturales»; fueron las palabras de Miguel Ramos, integrante del Equipo Jurídico de Pueblos en Santander.
http://www.libertadypensamiento.com/2016/04/colombia-sera-demandada-por-multinacionales-por-impedir-mineria-en-paramos.html?spref=fb&fbclid=IwAR1if-PDK44OYhiJlUodM_cGO1f5RLWa0kkFi66XfMYlWOe5CRMqK9gq_XU

Guatemala

Comunidades Indígenas De El Estor Demandan Consulta Comunitaria Por Proyecto Minero Fenix

Foto. ForbiddenStories.
02/03/2020
Por David Toro
Líderes comunitarios de El Estor, Izabal, piden a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordene la realización de la consulta comunitaria y se decida sobre las operaciones del proyecto minero fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

60 líderes comunitarios de El Estor de aldeas del sur del municipio y del casco urbano se presentaron este 2 de marzo al edificio de la CC para pedir a los magistrados que se realice la consulta comunitaria bajo los parámetros establecidos en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Los pobladores esperan que el memorial presentado sea tomado en cuenta para la decisión final que los magistrados deberán tomar sobre el proyecto minero fénix de la CGN, operada por la empresa de capital ruso-suizo Solway. El trabajo de la minera está suspendido provisionalmente desde el 19 de julio del 2019, por una denuncia de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor desde 2018, por no haber realizado la consulta comunitaria, tal y como lo establece la ley.

Leonel Xirax, representante de los comunitarios, indicó que desde que el proyecto minero comenzó a funcionar en el 2006, ellos nunca fueron consultados. Agregó que a pesar de que el proyecto minero fue suspendido, ellos han observado que las operaciones de CGN continúan con normalidad, las góndolas cargan y transportan el material extraído y las chimeneas de la planta procesadora evidenciar estar trabajando por las noches, según lo observado por los pobladores.

Durante los ocho meses de suspensión, la CGN ha movilizado a la ciudad capital a sus trabajadores por más de 10 veces para manifestar frente a la CC, como una forma de presión hacia los magistrados y dejen seguir operando a la mina. La empresa no niegan que siguen operando, el octubre de 2019, Mynor Álvarez, representante de la compañía dijo al medio digital Nómada que ellos seguían operando porque tienen “miles de operaciones”, y a su criterio, no se especificó cuál de ellas se debía suspender.

Hasta el pasado 25 de febrero los magistrados de la CC no habían conocido el caso para tomar una decisión definitiva. Según información de comunicación para esta semana el expediente tampoco está en agenda.
https://www.prensacomunitaria.org/comunidades-indigenas-de-el-estor-demandan-consulta-comunitaria-por-proyecto-minero-fenix/

Perú

Arequipa: Fuerzas Armadas continuarán en Islay durante marzo por conflicto de Tía María

El Estado prorrogó la permanencia del Ejército hasta el 31 de marzo
El Estado prorrogó la permanencia del Ejército en el puerto de Matarani hasta el 31 de marzo. Según la Policía, aún continúan las convocatorias para realizar protestas contra Tía María, proyecto minero de Southern.
La República
28/02/2020
Las Fuerzas Armadas continuarán un mes más resguardando la seguridad en el terminal portuario de Matarani, provincia de Islay en Arequipa. El último jueves, el Estado prorrogó la permanencia del Ejército hasta el 31 de marzo.

La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano a través de la Resolución Suprema N° 019-2020-IN. Según lo detallado en la resolución, la IX Región Policial informó que los opositores al proyecto minero Tía María aún continúan las coordinaciones y convocatorias para continuar las protestas.

PUEDES VER: Siete proyectos dinamizarán la minería en el 2020
Se teme nuevamente el bloqueo de vías que paralice el transporte público y de carga pesada, así como el bloqueo y afectación a las instalaciones del puerto de Matarani donde llegan cargas provenientes de otras regiones o países.

El pasado 4 de agosto del 2019, el Estado autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay a consecuencias de los enfrentamientos que se desataron en rechazo a Tía María, proyecto cuprífero que la empresa Southern -desde hace años- intenta sacar adelante.

En seis ocasiones el Gobierno aprobó la permanencia del Ejército en el lugar. El último aplazamiento era del 1 de febrero al 1 de marzo, pero ahora los agentes permanecerán un mes más.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/28/arequipa-fuerzas-armadas-continuaran-en-islay-durante-marzo-por-conflicto-de-tia-maria-mineria-southern-lrsd/

Honduras

Informe internacional encuentra que el gobierno hondureño viola los derechos de los defensores ambientales de Tocoa

ACAFREMIN
28/02/2020
Hallazgos preliminares de un informe comisionado por la Alianza Centroamericana contra la Minería (ACAFREMIN) presentados en el Encuentro de los Pueblos por el Agua en Tegucigalpa – Honduras, encuentran que el estado hondureño es responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades de Tocoa, departamento de Colon, afectadas por los impactos de las concesiones mineras ASP I and ASP II propiedad de la empresa Inversiones los Pinares.
El equipo de investigación, compuesto por el Dr. Bernie Hammond y Dra Amanda Grzyb – Western University de Canada, Dr. Michael Berghoef – Ferris State University de EE UU, Dra. Ainhoa Montoya – Universidad de Londres, Inglaterra y el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris, realizó una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019, con la misión de verificar informes de violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón propiedad del empresario Lenir Pérez, vinculado a la familia Facusse.

Los autores sitúan la investigación dentro del contexto de eventos históricos y políticos recientes en Honduras, pero se enfocan en la última década a partir del golpe de estado del 2009: las raíces del conflicto actual en el Bajo Aguan y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el estudio, gobiernos sucesivos han profundizado políticas neoliberales, establecidas en la década de los 1990s, al intensificar la inversión en industrias extractivas por parte de las élites nacionales y las corporaciones transnacionales. Estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad. Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

En la cuidad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a las comunidades que se oponen a las actividades extractivas de Inversiones los Pinares y los impactos ambientales de su proyecto minero con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas. Las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando desafían la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas.

Específicamente el reporte encuentra que en el caso las licencias otorgadas a la empresa Inversiones los Pinares.

1. Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
2. Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
3. El estado ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
4. Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos corporativos.
5. Ocho de los 31 defensores criminalizados continúan detenidos ilegalmente, el resto, junto a sus familiares y amigos, continúan estigmatizados y obligados a vivir en un estado de temor y ansiedad.

A pesar de la represión, el equipo de investigación encontró una comunidad fuerte y firme en su oposición a la mina, determinada a defender las fuentes de agua de su río Guapinol, su forma de vida y sus familias, con todos los medios a su alcance.

“La comunidad de Tocoa es una comunidad unida, heredera de décadas de organización y lucha agraria contra grandes terratenientes en su territorio. Está unidad es creativa, capaz e increíblemente valiente ante la amenaza continua y real. Son y siguen siendo una comunidad en resistencia”, declaro el Dr. Bernie Hammond, coordinador del estudio.

La supuesta institucionalidad creada por el gobierno hondureño para controlar la violencia contra los defensores ambientales y los derechos humanos, los abogados que los defienden y los periodistas que informan acerca de ellos, parecen ser gestos vacíos destinados a crear una fachada de legitimidad. Como en otras regiones de Honduras, las vidas de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno siguen en riesgo. Los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares.

Finalmente, el estudio respaldado por tres universidades internacionales (Western University de Canadá, Ferris State University de los Estados Unidos y la Universidad de Londres, Inglaterra) hace 20 recomendaciones, entre las que figuran para el estado hondureño:
Liberar inmediatamente a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente que han sido encarcelados por sus acciones en relación con los proyectos mineros de Inversiones los Pinares, y desestimar definitivamente los procedimientos para los 31 defensores de crímenes falsos;
Reconocer públicamente el derecho de los defensores a defender sin violencia su territorio y sus recursos naturales, tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos;
Una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía militar y las fuerzas paramilitares, así como por miembros de COVIPERCE, contra defensores de derechos humanos y periodistas en Tocoa que se han pronunciado contra los proyectos mineros;
Dadas las irregularidades incurridas en la emisión de las licencias mineras ASP y ASP 2, que INHGEOMIN cancele las licencias mineras que se han otorgado en el área protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras;
La derogación del Decreto Legislativo 252-2013 que modificó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras;
La inscripción inmediata del Parque Nacional Carlos Escaleras, así como de todas las demás áreas de Honduras declaradas protegidas por el SINAPH, en el Catálogo del Patrimonio Forestal Público Inalienable y el Registro de Bienes Raíces, para evitar futuros conflictos;
La derogación del Acuerdo Ministerial 1402-2018 que declara como confidencial la información técnica ambiental del proyecto minero, como la contenida en todas las solicitudes de licencias mineras.

Honduras, Mexico

BERTA CÁCERES… Vive, Volverá y Será Millones.

“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca, yo sabía lo duro que iba a ser.
Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”
Berta Cáceres
2 de marzo 2020.
Hoy se cumplen 4 años en que Berta Cáceres fue sembrada en su tierra natal “La Esperanza” en
Intibucá, Honduras. Su cobarde asesinato se conjuro al mismo momento del atentado que sufrió
nuestro compañero Gustavo Castro, sobreviviente y testigo a quien durante sus testimoniales le
fueron violados sus derechos por parte del gobierno hondureño, lo cual, en ese momento ya
mostraba que la injusticia e impunidad sería parte del colofón de esta historia tan recurrente para
quienes se atreven a defender la vida en toda América Latina.
Berta Cáceres fue, es y sigue siendo una mujer Lenca a quien se le arrebató la vida por como vivió,
por como resistió y luchó durante toda su vida y porque su fuerza combativa desafió a los intereses
del poder capitalista y patriarcal, ambos principales culpables del despojo de la vida, de la
destrucción de los bienes naturales y del saqueo del territorio.
A Berta, la ambientalista, madre de cuatro hijos, abuela, hija, hermana, co-fundadora y vocera del
Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), le quitaron la
vida muchos actores; los sicarios envalentonados y serviles al modelo global. También participaron
las instituciones económicas y políticas del estado hondureño que, por encima de la vida de su
población, obedece y se alía con corporaciones globales que explotan, despojan y se enriquecen de
manera enfermiza a partir de la depredación de los bienes naturales de aquellos países que gracias
a sus pueblos originarios los tienen en abundancia. Fue asesinada por la colonialidad, la cual, como
un patrón de clasificación y ordenamiento de la población y territorios, refuerza el racismo contra los
pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y del resto de América Latina. Fue asesinada
por la violencia patriarcal, la cual ha oprimido históricamente la integridad de las mujeres.
También se cumplen 4 años en que las resistencias le han mostrado al mundo entero que el estado
hondureño y toda su clase política incluyendo el congreso, el ejecutivo, el ejército, la policía y el
poder judicial es corrupta, agresiva y violatoria de derechos, quienes además continúan asesinando
a defensores de los derechos.
Para la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, la muerte de Berta también ha tenido
un efecto simbólico, ya que su acción política como defensora de la naturaleza, de las mujeres, de
los derechos de los pueblos indígenas, sin duda continúa siendo un ejemplo para miles de personas
que somos conscientes sobre la importancia de unificar esfuerzos para concretar transformaciones
sociales frente a este modelo globalizador que es avasallador.
Berta vivió, resistió y luchó porque otro mundo sea posible. La claridad de su lucha y de su visión
ilumina el compromiso de los pueblos para con sus territorios y protegerlos y conservarlos a través
de su comunalidad y respeto por la vida y la naturaleza. Berta continúa siendo la voz y la fuerza de
todas y todos. Berta es la primera línea de paz, ante la guerra de la reivindicación de las luchas
indígenas que avanzan de la mano de nuevos procesos anti patriarcales y descolonizadores.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Perú

¿Cajamarca la pobre? Una lectura que debe sobrepasar las cifras

Foto: Luisenrrique Becerra
Mirtha Vásquez, abogada, Congresista electa

Hace un par de días el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el «Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018″ que reveló cuáles son los distritos más pobres en el Perú. Aunque el estudio sólo mide la pobreza monetaria, es decir cuántos ingresos en dinero tiene mensualmente cada familia, y además se trata de un estudio del 2018, es decir no tan reciente; la noticia levantó revuelo entre un sector de la prensa nacional y “opinólogos” de derecha, que resaltan un aspecto que, siendo cierto, exige una lectura adecuada e integral: de los 22 distritos más pobres del país, 16 se ubican en Cajamarca y de estos, 10 están en la zona de influencia del proyecto minero Conga.

Entonces vienen análisis y aseveraciones ligeras, intuitivas, sesgadas y hasta tendenciosas. ¿Por qué Cajamarca sigue ocupando el primer lugar de pobreza en el país teniendo los más grandes proyectos mineros de explotación de oro que abonan millonarias ganancias? Porque los alcaldes y gobernadores se robaron la plata. ¿Por qué son pobres los distritos de la zona de influencia de Conga? Pues porque no aceptaron el proyecto. Y siguen las preguntas airadas hasta que se atreven a dar la receta para salir de esta situación: más inversión minera, reactivación del proyecto Conga y otros, ya que sólo estos salvarán a Cajamarca; e inclusive algunos se atreven a señalar que los recursos provenientes de la minería deben pasar a ser manejados por las propias empresas, vía fondos de fideicomisos, y no ser transferidos a los gobiernos locales y regionales.

Frente a estas afirmaciones, cabe señalar que el estudio cubre el período 2013-2018, y de acuerdo a lo indicado por la propia Ministra en relación a los datos difundidos por el INEI, a pesar de que la mayor cantidad de distritos pobres siguen en Cajamarca, esta región es la segunda con el mayor número de distritos con reducción de la pobreza. Se agrega además que » es la región que menos anemia tiene en el Perú, incluso menos que Lima”. Dicho de otra manera, y aunque no sea un consuelo, estábamos peor en la época del gran boom minero. Es decir, se logró empezar a reducir la pobreza y mejorar los índices de salud, cuando la población frenó el avance irresponsable de la actividad extractiva.

Otro dato que no se resalta es que el distrito de La Encañada donde se aceptó la minería y ha sido el centro de la explotación minera desde que Yanacocha se instaló, está ubicado en el puesto 12 del ranking. ¿Cómo se explica entonces que en los lugares donde hay minería y reciben los recursos más altos de canon persista la pobreza? Si bien no podemos descartar la mala gestión, e inclusive la posibilidad de corrupción, no se puede afirmar a raja tabla que todos los alcaldes y gobernadores regionales han sido ladrones y se han quedado con las millonarias sumas de dinero provenientes del canon y las regalías.

Y hablando de canon y regalías y los ingresos millonarios que se presumen por estos conceptos, no está de más recordar que durante los años del boom minero y el aumento impresionante del precio de los minerales, el país no fue beneficiado como sí lo fueron las empresas mineras. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque desde los años 90 el sector minero ha sido protegido por un paquete de contratos y beneficios tributarios que se mantuvieron invariables y subsisten hasta hoy. En efecto, las mineras son beneficiarias de convenios de estabilidad jurídica y contratos de estabilidad tributaria que son su mejor arma para evitar el pago de nuevos impuestos, como las regalías fijadas el 2004.

Estos beneficios se aprobaron entre 1991 y 1992, congelando las condiciones fiscales hasta por 15 años. SI bien la mayoría de convenios vencieron hacia el 2007 (gobierno de Alan García) fueron renovados por los distintos gobiernos, de tal forma que empresas como Yanacocha siguen beneficiándose de los mismos en varios de sus proyectos. Por ello – atención amigos opinólogos- no es verdad que Cajamarca reciba sumas millonarias por canon y regalías, ya que varias empresas están exoneradas por sus convenios de estabilidad de pagar el último concepto.

Y en el caso del canon, tampoco se puede hablar de sumas millonarias. En realidad las empresas cuentan con diversos mecanismos para reducir el pago de los impuestos.

El primero, que viene desde 1993, permite a las mineras reinvertir hasta el 80% de sus utilidades en nuevos proyectos a cambio de exonerarles el mismo monto del impuesto a la renta. Osea, lo que ganan lo declaran invertido en otra mina y listo, se reduce el pago del canon. Según un estudio de la ONG Cooperacción, entre el 2001 y el 2011 se utilizó ocho veces más el beneficio de reinversión que cuando estaba vigente. En total se canjearon US$ 2.982 millones de utilidades, lo que significó una pérdida de US$ 447 millones por canon minero. Los principales perjudicados fueron las poblaciones asentadas en las zonas de explotación que son quienes reciben estos recursos. La empresa Yanacocha es una de las que ha venido usando más este beneficio en nombre de sus convenios de estabilidad. Y tal vez por eso la pobreza golpeaba más a Cajamarca en la época de la gran bonanza minera.

Por otro lado, el sector minero mantiene dos excepciones tributarias: se les devuelve el IGV que pagan por las actividades y compras que realizan durante la fase de exploración minera y se les reduce el 20% del valor anual de sus maquinarias (depreciación acelerada), lo que también aminora el monto sobre el que se deducirán sus impuestos. Por ambos “incentivos” el fisco dejó de recaudar S/ 609.555 millones en la última década. Dicho sea de paso, el presidente Vizcarra acaba de extender por tres años más este beneficio, vía Decreto de Urgencia, la reducción del Impuesto a la Renta (IR) por obras de infraestructura, es otra de las gracias que mantiene el sector minero.

De acuerdo a un informe de Ojo Público[1] el monto que el fisco dejó de recaudar por estos cuatro beneficios equivale a todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) para los 500.000 beneficiarios del país en 10 años. Como resultado de esta situación, el aporte de la minería a la recaudación peruana es ahora sólo del 3%, el más bajo desde hace 12 años, y en ningún momento, incluida la época del boom minero, los beneficios y convenios tributarios han sido cuestionados.

En conclusión, los ingresos millonarios de la minería son una aseveración mítica por los beneficios que gozan las empresas. Y ello se suma a los mecanismos de distribución del canon, que dependen de la ley, existiendo una serie de restricciones para la buena gestión e inversión de los recursos en aras del desarrollo regional.

Por el momento un dato objetivo del estudio del INEI que no puede pasar desapercibido es que el 87% de la población de los distritos con mayor pobreza tienen como principal actividad la agricultura ¿No deberíamos entonces enfilar los esfuerzos en potenciar esta actividad sostenible?

La solución no es más minería ni que las empresas manejen los fondos. Ir en ese sentido es terrible para la gobernabilidad, porque los propios datos arrojan que incluso en el periodo de mayor explotación y mayor cotización de los minerales, los territorios de explotación no solo se empobrecieron más, sino se perdieron zonas importantes de producción agropecuaria, sufrieron contaminación y la población fue afectada en su salud.

Por ello Cajamarca sigue siendo pobre, porque siendo la región que más ha aportado con minerales, nunca recaudó lo que debería y se siguen destruyendo grandes zonas de producción sostenible. Cajamarca sigue siendo pobre porque tiene la mayor cantidad de pasivos ambientales y gran parte de la población contaminada con metales pesados en Hualgayoc o Choropamapa, sigue sin atención. La economía no es el fin, es el medio para dignificar a las personas y si el modelo económico afecta la dignidad e integridad, no debe profundizarse sino revisarse.

Ahora mismo necesitamos diversificar la economía, revisar el modelo extractivista que ha llegado a su límite. También debemos volver a recaudar como país lo que realmente nos corresponde. Las empresas no deben tener más privilegios, las empresas deben pagar lo que le deben a este Estado. Y esta deuda no se reduce a las obligaciones tributarias sino debe incluir pagar por los graves efectos causados en el medio ambiente y sobre todo en la salud y la vida de las personas.

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[1] https://ojo-publico.com/331/las-intocables-exoneraciones-del-club-minero

Perú

«Entre el hierro y el mar», el documental sobre las consecuencias de la minería en Marcona

Productora Hiperactiva Comunicaciones estrenará su primer largometraje, un filme sobre la situación del distrito de Marcona (Ica), donde opera la minera china Shougang.

Tras 67 años de actividad minera en Marcona, la situación en este distrito de la provincia de Nasca (región Ica) no es como los promotores de las industrias extractivas quisieran mostrar como ejemplo: tiene el 78% de su territorio bajo concesión minera, es escenario de denuncias de contaminación ambiental y violación a derechos laborales, y los servicios de salud son de baja calidad.

A través de la voz de los ciudadanos y autoridades de este distrito, el documental «Entre el hierro y el mar» da cuenta de la forma en que la actividad minera ha afectado la economía de Marcona a través de obstáculos para diversificar la producción y para contar con una infraestructura adecuada a la zona. Un ejemplo de ello es que desde hace cinco años Marcona no cuenta con un hospital y los suministros de agua y luz proceden de la mina Shougang.

El documental, de la productora Hiperactiva Comunicaciones, abre el debate sobre si la minería por sí misma puede generar desarrollo y plantea la necesidad de repensar el modelo extractivista en el Perú.

«Para las entidades estatales que promueven la inversión y los funcionarios de la minera Shougang, esta empresa realiza sus actividades de manera responsable. Sin embargo, en el filme se puede constatar la disputa territorial, la afectación de la economía local, la contaminación y la violación de derechos laborales», dice la productora.
En setiembre pasado, el sindicato de obreros de Shougang protestó pidiendo iniciar diálogo con la minera china. Los trabajadores pidieron aumentos salariales y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Se mostraron indignados porque Shougang solo les aceptó un aumento de S/1,90 por día. El sindicato pedía S/7,90 diario, ya que las ganancias de la minera han aumentado en 237%.

Esa huelga es solo una de las más de 17 medidas de protestas registradas. En su Memoria Anual 2018, Shougang reconoce que tiene sanciones impuestas por Oefa, Osinergmin y Sunafil por un monto superior a 15 mil millones de soles. La empresa también reconoció que destinó 197 mil soles para cubrir gastos en sus procesos legales.

El documental “Entre el hierro y el mar” es dirigido por la periodista Maga Zevallos y cuenta con el apoyo de la ONG CooperAcción.
ADELANTO DEL VIDEO: https://youtu.be/T_rhrfumOMs