Perú

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020 DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS


14/07/2020
La presión del sector privado para no detener la actividad minera y su exigencia por protocolos sanitarios más flexibles, que no han protegido adecuadamente a los trabajadores mineros, trajo consigo que en el sector ya se tengan registrados cerca de 3 mil casos positivos de COVID-19, según declaraciones de la propia Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca. Esta situación crítica se suma a los conflictos sociales del sector minero; varios de los cuales se encuentra en estado de latencia y algunos activos, pese al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno en el marco de la pandemia.

En su informe del primer semestre de 2020, el Observatorio de Conflictos Mineros analiza y remarca las múltiples responsabilidades de tal situación. Fue el 17 de marzo que, ante la insistencia del sector privado, que el Ejecutivo incluyó dentro de las actividades esenciales la explotación y construcción de proyectos mineros de interés nacional.

“Hoy tenemos que, según datos del Ministerio de Energía y Minas, son cerca de 3 mil los trabajadores mineros que se han contagiado al ser expuestos en el marco del reinicio de labores. La Sociedad de Minería y la Confiep hicieron mucha presión, sin pensar en las consecuencias y la necesidad de proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcciónen el marcode este informe del observatorio.

Conflictividad en tiempos de pandemia

La conflictividad social estuvo activa a pesar de la cuarentena. Uno de los casos más resaltantes ocurre en Arequipa, donde la empresa Southern ha reactivado su campaña para retomar el proyecto minero Tía María ante la situación de crisis del país. Ello motivó a la población del Valle de Tambo a organizar 2 cacerolazos en rechazo al proyecto.

En la misma línea, las organizaciones sociales y comunidades campesinas de la zona del Corredor Minero del Sur denunciaron una excesiva presencia de camiones trasladando mineral para la empresa minera MMG- Las Bambas, en Apurímac, exponiendo a los trabajadores y comunidades a posibles contagios.

También se alerta sobre la fuerte presión que mineros informales y abiertamente ilegales vienen ejerciendo en varias zonas del país, alentados por las altas cotizaciones del oro.

Este y otros puntos son los que recoge el informe del Observatorio de Conflictos Mineros correspondiente al primer semestre de este año, el cual será presentado el próximo miércoles 15 de julio desde las 5:30 pm en una transmisión oficial del portal Wayka.pe. En la mesa participarán la Congresista Rocío Silva Santistevan, el representante de la Defensoría del Pueblo Rolando Luque, al ex Viceministro de Minas Miguel Inchaústegui y el abogado de FEDEPAZ David Velazco.

Inscríbete y recibe en exclusiva el informe aquí: https://forms.gle/i9ZLgvJMU9MPoWoq6

Mexico

Afectación al ambiente, DH e inseguridad impactan a minería

Alejandro Alegría, 11/07/2020
Mina a cielo abierto en Mexicali, Baja California. Foto Francisco Olvera/ archivo
Ciudad de México. Graves afectaciones al medio ambiente, inseguridad y el respeto a los derechos humanos de las comunidades son algunos de los problemas que aún persisten en la industria minera del país, aseguraron especialistas en esos temas.

Datos de la la Cámara Minera de México (CAMIMEX) señalan que ese sector industrial es importante para el país porque representa el 4.2 por ciento del producto interno bruto nacional, además de generar 770 mil empleos directos y paga 42 mil millones de impuestos.

Sin embargo, más allá del beneficio económico que representa esa actividad, Carlos Toledo Manzur, director de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur (ADESUR) señaló que actualmente el modelo de aprovechamiento actual es la minería a cielo abierto, el cual causa una grave afectación a la biodiversidad, porque desplazan miles de hectáreas con valor biológico muy alto.

Durante su participación en el foro “La reactivación de la minería antes la nueva normalidad”, el especialista comentó que las empresas mineras dicen que están cumpliendo con la ley al implementar programas de reforestación, pero estos planes tienen poca eficiencia en el entorno pues solo logran sobrevivir entre un 20 por ciento de los árboles de especies exóticas que colocan. “Es una cosa dramática que hay que atender de alguna manera”, apuntó.

Consideró que es necesario generar una estrategia para evitar este costo ambiental que se esta pagando y también modificar de la normatividad y legislación porque no garantiza que las empresa puedan cumplir, pero implica que no tenga afectación la biodiversidad.

Enrique Pablo Dorantes, presidente del Consejo Técnico Asesor de la Academia de Impacto Ambiental, consideró que la minería no son grandes comunicadores, pues no informan adecuadamente sobre los beneficios que ofrece esa actividad.

Sobre los derechos humanos de las personas que habitan las comunidades donde se realizan las actividades de minería, Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) destacó que existe temor de que puedan violentarse.

Explicó que se ha documentado que en el diálogo con pueblos indígenas no se les da trato adecuado, se les minimiza y no se entiende que ellos tienen una visión de la tierra, que es diferente a la de los empresarios.

Destacó que es recurrente que la información que se presenta a las comunidades no es clara, ni suficiente, no es verídica, por lo que crean desconfianza, pues a los habitantes de esas localidades les preocupa su calidad de vida, los recursos naturales que tienen y que puedan perder cuerpos de agua o sean contaminados por la actividad minera.

Los gobernadores de Sonora y Guerrero, Claudia Pavlovich y Héctor Astudillo, respectivamente, así como líderes sindicales se pronunciaron por que el Fondo Minero realmente llegue beneficiar a las comunidades donde se extraen los minerales y no se dirijan los recursos a otras lugares y áreas.

De acuerdo con Fernando Alanís, director general de Peñoles y presidente de la CAMIMEX, las empresas del sector han aportado al fondo más de 18 mil 900 millones de pesos.

En temas de seguridad, Benjamín Grajeda Regalado, ex titular de División de Gendarmería, señalo que la delincuencia organizada ha creado redes de comercio ilegal, que son paralelas al suministro de comercio legalmente establecido, modelo que se replicado en el sector minero.

Manelich Castilla Craviotto, ex comisionado Policía Federal, señaló que existen delitos conexos que en el sector minero que están asciendo que el crimen organizado encuentre un nicho de impunidad.

Comentó que esos delitos con la trata de personas, la extorsión en las actividades satélite como el transporte de materiales, por lo que es necesario abatir esos actos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/11/afectacion-al-ambiente-dh-e-inseguridad-impactan-a-mineria-1154.html

Perú

Perú aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya

13/07/2020
Imagen referencial / Foto: Cosapi

Se aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y su respectiva actualización, mediante las resoluciones directorales 055-2010-MEM-AAM y 300-2014-MEM-DGAAM, anunció el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.

Ahora, Doe Run Peru S.R.L. en Liquidación (DRP) tiene la obligación de constituir garantías suficientes para realizar el cierre de mina respectivo, indicó el Minem.

El 10 de marzo pasado, la Dirección General de Minería (DGM) dispuso la paralización de actividades del CMLO, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47° del Decreto Supremo N° 033-2005-EM, que ordena la paralización de actividades cuando se incumple la constitución de las garantías del plan de cierre de minas.

En junio, DRP presentó ante la DGM las garantías requeridas para el cumplimiento del plan de cierre, correspondiente al año 2020, por un total de USD 12′740,915.36, y el 8 de julio pasado, mediante Resolución Directoral Nº 0443-2020/MINEM-DGM, la DGM dispuso el levantamiento de la paralización de las actividades mineras en el CMLO, precisando que DRP debe garantizar un ambiente laboral con condiciones favorables para el desarrollo de las actividades mineras en el CMLO, en cumplimiento de las normas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, su certificación ambiental y de los protocolos sanitarios establecidos por el Minem y el Ministerio de Salud, así como de las demás normas conexas.

“Cabe aclarar que, el levantamiento de la paralización dispuesta por la DGM debe efectuarse sin perjuicio de las disposiciones legales emitidas por los organismos competentes en relación a la emergencia sanitaria”, señaló el Minem.
Fuente: Gestión

Perú aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya

Perú

Sector minero de Perú registra casi 3.000 casos de coronavirus

14/07/2020

La ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, informó el jueves pasado que los contagios de coronavirus en el sector minero de Perú ascienden a casi 3.000 trabajadores, con dos fallecidos.

Vilca informó que la cifra de contagios representa un 2% de todos los trabajadores que actualmente han vuelto a las operaciones en las fases de reactivación en el segundo mayor productor mundial de cobre.

“Según registros que nos reportan las mineras al 29 de junio teníamos 2.957 trabajadores contagiados“, afirmó Vilca. “Sin embargo lamento profundamente que los reportes marquen el fallecimiento de dos trabajadores”.

Perú registró hasta el pasado miércoles 312.911 casos de coronavirus, la segunda mayor cifra de contagios en América Latina, detrás de Brasil, según datos oficiales. Los fallecidos suman 11.133 en todo el país.

La minería es vital para la economía de Perú porque es responsable del 60% de las exportaciones totales del país.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/sector-minero-de-peru-registra-casi-3-000-casos-de-coronavirus/

Chile

Tribunal Ambiental de Antofagasta solicita informes técnicos al gobierno por proyecto Dominga


13/07/2020

La sede judicial debe hacer un nuevo análisis del caso y entrar en el fondo de la evaluación ambiental de la iniciativa, según determinó la Corte Suprema en septiembre.

En el marco del nuevo análisis que debe realizar el Primer Tribunal Ambiental respecto de la evaluación del proyecto minero Dominga, la sede judicial instalada en Antofagasta solicitó el 3 de julio nuevos informes al gobierno.

El objetivo es analizar si Andes Iron entregó o no antecedentes suficientes sobre el medio marino y las rutas de navegación del puerto que incluye la iniciativa que busca explotar hierro en la Región de Coquimbo, según el mandato que recibió de la Corte Suprema en septiembre.

A partir de esa fecha, el organismo dio un plazo de 15 días a las subsecretarías de Pesca, Medio Ambiente y a la Comisión Regional de Uso de Borde Costero para emitir la información de modo de hacer una “mejor resolución” del caso.

Esta acción no fue bien recibida por la red de organizaciones sociales y ambientales agrupadas en Alianza Humboldt, la que acusó al tribunal de estar “politizando la decisión, al solicitar a organismos que cuentan con claras influencias políticas que den su opinión, en vez de enfocarse en una revisión técnica como lo ordenó la Corte Suprema”.

De este modo, la organización presentó una reposición que busca invalidar la solicitud del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la cual debería resolverse este lunes 13 de julio.

“El rechazo a Dominga se sustenta en la pobreza de su línea de base, lo cual fue explicado en cada uno de los informes técnicos que entregaron diversas reparticiones durante el proceso de evaluación ambiental. No olvidemos que Salud, Conaf, Sernapesca y Energía, entre muchos otros, hicieron llegar sus reparos al Comité de Ministros que, finalmente, cerró la puerta al proyecto de Andes Iron”, dijo Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural de Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros.

Fuente: Diario Financiero

Tribunal Ambiental de Antofagasta solicita informes técnicos al gobierno por proyecto Dominga

Perú

LA DEFENSA DE PARACAS, TÍA MARÍA Y OTROS CASOS

José De Echave C.
13 de julio de 2020
Imagen: Alterra

El 8 de julio se publicó en el diario El Comercio, a toda página, una carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas, dirigida al Presidente Martín Vizcarra. La carta estaba firmada por un conjunto de artistas y promotores culturales (músicos, directores de cine, dramaturgos), periodistas, dueños de restaurantes y hoteles, profesionales de diferentes disciplinas, residentes del exclusivo balneario de Santo Domingo que limita con la Reserva, entre otros.

En una parte de la comunicación se señala: “No hay que olvidar que Paracas -hoy por hoy- es el segundo lugar turístico del Perú. Pero toda inversión hotelera y su turismo ecológico va a desaparecer ante la amenaza de la construcción de un almacén de concentrado de minerales -de potencial tóxico- en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas. ¿Es que acaso no es una absoluta contradicción el promover un destino turístico paradisiaco con un almacén de minerales tóxicos en el límite de la Reserva, donde cualquier acción equívoca repercutiría en la salud de ésta directamente?”

Lo primero que hay que subrayar es que coincidimos con la preocupación que expresan los firmantes y respaldamos la iniciativa de proteger la Reserva Nacional de Paracas. Desde hace tiempo hemos venido denunciando el peligro que se cierne sobre esta importante reserva marina, que desde su creación ha estado fuertemente presionada por una creciente actividad pesquera, el aumento desordenado del turismo y urbanización en la zona, el mayor tránsito pesado y por supuesto un incremento cada vez más intenso de las actividades portuarias. Por ello, nos parece un despropósito que se pretenda ampliar la actividad del terminal portuario de Paracas para que se realice el almacenamiento y exportación de minerales y concentrados (400 mil toneladas al año), poniendo en mayor riesgo a esta importante reserva natural.

Cabe recordar que Paracas es una de las tres áreas marinas protegidas que existen en el país. El Perú apenas cuenta con menos del 1 % de su espacio marino bajo algún esquema de conservación, pese a que el Convenio sobre Diversidad Biológica, que hemos ratificado, establece que ya deberíamos estar protegiendo al menos el 10% de nuestras zonas marinas costeras y que la meta es llegar al 30% antes del 2030.

Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha escrito en sus redes sociales sobre el tema: “El análisis costo beneficio (herramienta elemental para aprobar una inversión o una ley o una licencia ambiental) debería ser el centro del debate. Valorar el patrimonio de Paracas antes de esta operación minera y medir sus riesgos: quién gana y quién pierde”.

Totalmente de acuerdo. Sin embargo, cómo no recordar que con estos mismos argumentos, pobladores de Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca, Cajamarca, Valle de Tambo, Tabaconas-Namballe, entre otros, han defendido y siguen defendiendo sus tierras y ecosistemas, frente a la pretendida expansión de proyectos mineros. La diferencia es que a ellos los tildaron de enemigos de la inversión, antipatriotas, perros del hortelano y hasta de terroristas antimineros.

El mencionado aviso a toda página de los defensores de Paracas ha sido respondido por otro aviso de dimensión similar y en el mismo diario, por los propietarios del Terminal Portuario de Paracas. El tema de fondo no debería ser quién tiene más recursos económicos y poder de influencia; lo que en realidad está en juego es cómo construimos como país en serio y a fondo una verdadera gobernanza ambiental para “respetar a la naturaleza”y no ceder a “la codicia y la ambición desmedida”, como señalan los firmantes de la carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas.

Respaldemos esta iniciativa porque “permitir la construcción y el funcionamiento de un almacén de concentrado de minerales tóxicos justo allí -al lado de la Reserva- sería un gravísimo e imperdonable error”. Al mismo tiempo, seamos optimistas y esperemos que cuando nuestros pueblos indígenas, comunidades campesinas u otras poblaciones, defiendan sus ecosistemas de agresiones similares, también sean respaldados por iniciativas como ésta y por varios de los firmantes.
www.cooperaccion.org.pe

Chile

COMUNICADO ANTE DONACIÓN HECHA POR BARRICK AL HOSPITAL PROVINCIAL DE HUASCO

Mientras hace cambio de turno pasando por localidades libres de Covid, Barrick dona insumos médicos

Imagen contaminación aguas.jpg
Ante la donación de insumos médicos a servicios de salud de Vallenar y a la barrera sanitaria en Alto del Carmen por parte de Barrick Gold, y a su recepción con honores por las autoridades, como comunidad azotada por los graves e irreparables impactos ambientales y sociales que esta trasnacional ha provocado y sigue provocando, declaramos lo siguiente:

1.- Barrick nunca será un apoyo para la comunidad del Valle del Huasco, como declaró con total descaro y desfachatez tras la donación su nuevo director. Por el contrario, Barrick cambio nuestra vida para mal y para siempre. Nosotros no olvidamos. Aparte de destruir el tejido social y separar familias, dañó de manera criminal elementos vitales, como son los glaciares y el agua. Durante años, esta empresa que hoy quiere aparecer como “salvando vidas” llenó nuestro río de metales pesados, poniendo en serio riesgo nuestra salud, con posibles consecuencias desastrosas entre ellas afecciones neurológicas y hasta cáncer. Quienes ponen en riesgo la SALUD de manera tan deliberada no tienen calidad moral para mostrarse cómo salvadores en esta pandemia.

2.- La vergonzosa pompa de su recepción –con ceremonia, discursos, prensa y demases– solo confirma que se trata de una estrategia mediática para intentar cambiar la percepción de la opinión pública hacia esta empresa, que ya esta manchada a nivel nacional e internacional. Lo anterior es preocupante porque resulta obvio que Barrick está desesperada frente al inminente fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que deberá confirmar o no la sanción de clausura definitiva. Sin embargo, más preocupante aún –cómo ya lo hemos denunciado– es que siga contando con el total apoyo del gobierno a pesar de estar imputada y de ser reconocida como una de las empresas más contaminantes y que más daño ha causado al patrimonio ambiental del país, así como una de las que más ha vulnerado la legislación y la autoridad nacional.

3-Esto tiene lugar en el marco de denuncias realizadas por la comunidad los días 3 y 6 de julio por una nueva y grave infracción de la empresa. Contra toda lógica e infringiendo sus propios compromisos, movilizó trabajadores y realizó cambio de turno por las localidades rurales de la comuna de Alto del Carmen, especialmente el pueblo de Chollay. Esto es grave sobre todo en el contexto de la actual pandemia y máxime cuando la industria minera ha sido acusada justamente por ser un vector del virus que hoy nos afecta. Pese a esta denuncia, no recibimos ninguna respuesta de las autoridades de Gobierno y de la Municipalidad. Ahora entendemos que en lugar de velar por la salud de la ciudadanía están ocupados organizando ceremonias y escribiendo discursos de agradecimiento. Denunciamos con fuerza la grave falta de probidad sigue siendo la norma con el proyecto Pascua Lama. Por medio de estas donaciones, se pacta el silenciamiento y la impunidad para las empresas, todo ello en detrimento de los derechos de las comunidades. Ante esto no podemos dejar de preguntamos ¿Alguna vez el hospital tendrá libertad para diagnosticar un cáncer provocado por los metales pesados en el río? Y finalmente ¿Alguna autoridad se va a dignar a responder la carta denuncia y a asumir su responsabilidad por el cambio de turno a través de Chollay?

4- Comunicamos además que las denuncias fueron llevadas a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde se acordó oficiar a diversos organismos para obtener respuestas sobre quién dio autorización a Barrick. Así mismo, incorporamos denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente.

5- Finalmente, denunciamos que esta donación se da en el marco del Fondo Sanitario Privado de Emergencia para Chile, iniciativa de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que responde a una estrategia concertada entre el Gobierno y las grandes empresas, destinada a profundizar el extractivismo usando como pretexto la crisis económica que vendría después de la pandemia.

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO

contacto: Constanza San Juan +56962413008/guascoaltocomunicaciones@gmail.com

Chile

Opositores al proyecto minero Vizcachitas denuncian extraña representación legal no solicitada por las comunidades

Putaendo sin Mineras.jpg
«Desmentimos tajantemente la información que está circulando por algunas redes sociales sobre la representación de abogados del estudio jurídico Barros Silva Varela & Vigil a compañeros de Putaendo Resiste», señala en un comunicado esta organización. Consideran que se trataría de maniobras para dividir a las comunidades que se oponen al proyecto minero de la empresa canadiense Andes Copper.

– El texto completo de la declaración de Putaendo Resiste es el siguiente:

DESMENTIMOS TAJANTEMENTE LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ CIRCULANDO POR ALGUNAS REDES SOCIALES SOBRE LA REPRESENTACION DE ABOGADOS DEL ESTUDIO JURIDICO BARROS SILVA VARELA & VIGIL A COMPAÑEROS DE PUTAENDO RESISTE.

Durante estos días, hemos visto circular el rumor que vincula a cinco personas de nuestra organización, con dos abogados de la oficina de Barros Silva Varela & Vigil, diciendo que los están representando. Por lo anterior, nos vemos en la obligación de aclarar estos hechos de cara a la comunidad:

1) Putaendo Resiste sólo reconoce a Álvaro Toro y Javiera Tapia como sus legítimos representantes, en quienes depositamos nuestra confianza por su intachable trayectoria. Álvaro Toro, abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha sido abogado de las comunidades contra los proyectos Pascua Lama y Alto Maipo, entre los más conocidos. Ambos abogados actúan gratuitamente, no cobran por sus servicios, sino que forma parte de su compromiso vocacional en apoyo a las comunidades que ven amenazado su territorio.

2) El abogado Felipe Riesco, integrante del estudio de abogados Barros Silva Varela y Vigil, se contactó con personas de Putaendo ofreciendo sus servicios. Estas cinco personas o no le respondieron o le respondieron rechazando su oferta de representación. Miembros del Directorio de la junta de Vigilancia, también realizaron gestiones para obtener la representación de alguna de estas cinco personas, en todos los contactos se les dijo que NO.

3) Sin embargo, con sorpresa nos enteramos de que igualmente presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Causa Rol 16210-2020), utilizando los datos personales de Verónica Barrera, Valentina Valdés, Larry Viveros, Darío Cuevas y Nicolás Iturrieta, los que estaban a la vista en el Recurso de Reposición presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

4) Pudimos confirmar que dicho bufete de abogados fue contratado por la junta de Vigilancia de Putaendo y, por lo tanto, ahora nos interesa saber las razones por las cuales una empresa contratada por la Junta de Vigilancia realiza estas malas prácticas a vista y paciencia de quienes los han contratado y si, además, estos avalan dicho comportamiento.

5) Frente a los rumores y cizaña que están levantando los oportunistas y alcahuetes de siempre, para dividir y desconcentrarnos de lo importante, que se mueven para dividir y desconcentrarnos de lo importante. Con claridad les decimos: No estamos disponibles para su pobre y triste trabajo.

6) Celebramos las iniciativas que realizan distintas organizaciones ciudadanas y civiles para defender a Putaendo, porque esta lucha es de todas y todos, incluyendo a la gente digna del Aconcagua, de Chile y del mundo. Es una lucha por la Vida y eso a todos nos importa.

Somos una organización autónoma, autoconvocada y autofinanciada. En nuestra organización convivimos personas con diversas creencias políticas y religiosas, a los que nos une nuestra convicción de que la Gran Minería no es un proyecto escolar e inofensivo.

Ratificamos que No tenemos ninguna intención de abandonar la lucha y la única negociación posible con la Minera, es la que les muestra el camino de salida.

Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste
Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA

Perú

A propósito del reinicio del Juicio Oral por videoconferencia

Agricultores del Valle del Tambo, que se oponen al proyecto minero, serán sometidos a un juicio oral que no garantiza el debido proceso judicial
09/07/2020
Como es de conocimiento público, con fecha 3 de marzo de 2020, se inició el juicio oral a 17
agricultores del Valle del Tambo, que participaron de la legítima protesta social contra la imposición
del proyecto minero Tía María, entre fines de marzo y fines de mayo de 2015; juicio que se vio
interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia por razones sanitarias generadas por el
Covid-19.
Sin embargo, a pesar que que la Corte Suprema de Justicia de la República anunció el reinicio de
las actividades judiciales desde el 1 de julio de este año (sin atención al público) y, desde el 17 del
mismo mes el reinicio del cómputo de los plazos procesales y, reinicio de las nuevas programaciones
de audiencia; el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa ha programado el reinicio del Juicio Oral para hoy a las 2:00 p.m. mediante
videoconferencia.
Al respecto, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron criminalizados
arbitrariamente en este proceso penal, expresa su preocupación por la que considera precipitada
reprogramación de reinicio de este juicio oral si que se hayan superando los riesgos de un probable
incumplimiento de los principios procesales de inmediación, publicidad, contradicción y otros que si
garantizan el cumplimiento del debido proceso judicial que se exige para toda persona que es
sometida a un juzgamiento de esta naturaleza.
En efecto, en una audiencia judicial por video conferencia no hay una relación directa entre los
magistrados y los medios probatorios y/o fuentes de prueba, así como tampoco con el acusado o la
víctima, vulnerándose el principio de inmediación procesal.
Las audiencias en estas circunstancias están limitadas a los magistrados y partes del proceso pero
no al público en general, por lo cual no se verifica el necesario cumplimiento de la publicidad del
juicio oral que es otra exigecia de carácter fundamental (el control público en la administración de
justicia) para calificarlo como que está dotado del debido proceso judicial. Y, tampoco las partes
podrán realizar un oportuno ejercicio del principio de contradicción porque por más que s etrata de
una video cnferencia en tiempo real, las partes no necesariamente tienen la misma posibilidad de
cuestionar, refuter, etc., argumentaciones de otras de las partes.
No cabe duda que el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también, una manifestación
del debido proceso judicial, sin embargo, no se puede desarrollar un juicio oral sin que estén
presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresion del debido proceso judicial.
En ese sentido, FEDEPAZ exhorta a las autoridades judiciales para que garanticen la existencia de
un debido proceso judicial en este Juicio Oral que se le sigue a los agricultores del Valle del Tambo
que se oponen y han protestado legítimamente contra el desarrollo del proyecto minero Tía María
(al cual se opone el 97% de la población del Valle, según la Consulta Vecinal que se llevó a cabo elaño 2012). Razón por la cual expresa la necesidad de que se lleve a cabo un juicio oral de forma
presencial en la oportunidad de que la emergencia nacional sanitaria por el Covid-19 sea superada.

Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telf: (+51 1) 4250211 / 4250209
Correo electrónico: prensa@fedepaz.org
Web: www.fedepaz.org
Facebook: www.facebook.com/fedepazperu
Twitter: @FedepazPeru

Perú

SE REINICIA JUICIO ORAL CONTRA AGRICULTORES DEL VALLE DE TAMBO SIN GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO

09/07/2020
Imagen: Portal Mollendinos
Observatorio de Conflictos Mineros – Perú
El 3 de marzo de 2020 se inició el juicio oral a 17 agricultores del Valle de Tambo, en Arequipa, que participaron de la legítima protesta social contra la imposición del proyecto minero Tía María, entre fines de marzo y fines de mayo de 2015. El juicio se suspendió por la declaratoria del Estado de emergencia sanitaria dictada el 15 de marzo de este año.

Al respecto, el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ha programado el reinicio del juicio oral para hoy a las 2:00 p.m. mediante una videoconferencia. Esto sucede sin tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la República ha dispuesto el reinicio de reprogramación de audiencias desde el 17 de julio de 2020.

Al respecto, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, expresa su preocupación por esta precipitada reprogramación de reinicio del juicio oral, sin que se hayan superado los riesgos de un probable incumplimiento de los principios procesales de inmediación, publicidad, contradicción y otros que sí garantizan el cumplimiento del debido proceso judicial que se exige para toda persona que es sometida a un juzgamiento de esta naturaleza.

En efecto, en una audiencia judicial por videoconferencia no hay una relación directa entre los magistrados y los medios probatorios, no hay publicidad del proceso ni una necesaria posibilidad de ejercer una oportuna y adecuada actividad de contradicción procesal, vulnerándose así los principios antes referidos.

Si bien el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también, una manifestación del debido proceso judicial. Sin embargo, se hace necesario que también estén presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresión del debido proceso judicial.

En ese sentido, el Observatorio de Conflictos Mineros solicita a las autoridades judiciales a que garanticen la existencia de un debido proceso judicial en forma presencial en la oportunidad que la emergencia nacional sanitaria sea superada. (Con información de FEDEPAZ)