Internacional, Mexico

Carta de Grupos y Colectivos instan al fondo de pensiones de Columbia Británica, Canadá, para que presione a la empresa Equinox Gold en torno a su mina en Guerrero, México

COMUNICADO
06/11/2020
Exigen que la empresa trate con respeto al ejido de Carrizalillo e incorpore una nueva relación basada en un convenio de prestaciones sociales que resuelva los problemas de fondo de la comunidad.

Hoy, 50 organizaciones canadienses, mexicanas e internacionales, entre ellas el Sindicato de Empleados Generales de Columbia Británica y la Unión de Jefes Indígenas de Columbia Británica, escribieron a la Corporación de Manejo de Inversiones de Columbia Británica (BCI por sus siglas en inglés) sobre su inversión en la empresa minera Equinox Gold con sede en Vancouver.

Las organizaciones instan al fondo de pensión entrar en un proceso de diálogo respetuoso y de solución de parte de Equinox sobre sus incumplimientos al convenio de cooperación social con el Ejido de Carrizalillo en Guerrero, México, en cuyas tierras se ubica su mina principal. Las violaciones del acuerdo llevaron a la comunidad a ejercer sus derechos establecidos en ese mismo acuerdo y cerrar las operaciones de la mina, ya por 64 días. Algunos de los asuntos relacionados con el fondo del conflicto, se originaron a partir de la irregularidad e incumplimiento de aspectos fundamentales para el bienestar de la población tales como; la provisión de agua potable, medicamentos, becas educativas, empleo y contratos de equipos y maquinaria. Cabe destacar que durante todo este proceso, Equinox a respondido con un trato discriminatorio y racista cada que la comunidad a intentado establecer procesos de diálogo que resolvieran los incumplimientos. Señalamos que desde que la mina Los Filos entró en operación en 2008, varias fuentes de agua de Carrizalillo han desaparecido y otras más se encuentran contaminadas con arsénico y otros metales pesados.

La carta destaca una preocupación profunda sobre la seguridad, la salud y el bienestar económico de la comunidad, afirmando: “No entendemos por qué la empresa, en lugar de responder de manera pronta y con buena fe, ha decidido adoptar una postura dilatoria, discriminatoria y abusiva, incluso criminalizando las acciones de la comunidad.” El 4 de septiembre, la empresa emitió una declaración pública en la que calificaba el campamento comunitario como un “bloqueo ilegal de carreteras”, poniendo a la población en grave riesgo de la persecución legal y la violencia, algo demasiado común en las zonas mineras de México.

El campamento de la comunidad a sobrepasado en tiempo al último cierre realizado en Los Filos en abril del 2014, el cual duró 33 días después de que la empresa Goldcorp, anterior dueño de la mina, no logró renegociar un convenio sobre el uso de las tierras con la comunidad. Equinox requiere el uso y acceso de las tierras comunales del Ejido de Carrizalillo para poder operar la mina Los Filos.

Las organizaciones firmantes de la carta, algunas de ellas contribuyentes del fondo de pensión, hacen eco a las principales demandas del Ejido de Carrizalillo:

Participar en negociaciones respetuosas y serias sobre un nuevo acuerdo de cooperación social que podría aliviar los daños al agua, la salud, el empleo y la seguridad del ejido.
Abstenerse de cualquier acto de criminalización, discriminación, racismo y abuso de su influencia económica y política.

Se puede encontrar la carta que fue enviada esta mañana con la lista completa de las organizaciones firmantes aquí. https://miningwatch.ca/sites/default/files/carta_bci_esp_final.pdf

Argentina

Arcioni anunció que van por la zonificación de Chubut

06/11/2020
El gobernador de Chubut participó de una mesa virtual nacional que presentó el Plan Estratégico para el desarrollo Minero, en donde anunció que tienen un proyecto para avanzar con una zonificación a fin de habilitar la megaminería en la provincia. Participaron el Secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel y el Ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas.
Por Noalamina.org
Mariano Arcioni puso en palabras que piensa modificar el marco legal que desde 2003 prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto en la provincia. Si bien como vicegobernador participó y aplaudió la Cumbre Ambiental que se pronunció en defensa del agua en 2016 y como candidato a diputado nacional hizo campaña en contra de la megaminería, ya como gobernador, trabajó para que las empresas mineras avancen.

En 2018 comenzó a operar junto a Carolina Sánchez y al Ministro de Energía Juan José Aranguren para realizar la cumbre minera en Telsen. En este 2020 y en plena pandemia, se reunió -al menos siete veces- con el Secretario de Minería de Nación del nuevo gobierno, con quien viene avanzando en varios frentes.

Eligieron a mediados de octubre a Martín Cerdá como presidente del COFEMIN, el Consejo Federal de Minería, órgano estatal que fomenta el desarrollo megaminero dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. De no participar en la última elección de autoridades, el gobierno de Chubut puso a su Ministro de Hidrocarburos como presidente, secundado por el responsable de minería del Jujuy gobernado por Gerardo Morales.

Semanas antes, la filial local de la minera canadiense Pan American Silver, solicitó al Instituto Provincial del Agua permiso para bombear agua del acuífero Sacanana y con ella abastecer al campamento minero del Proyecto Navidad, en la meseta central norte. El titular del IPA es Gerardo Bulacios, quien también participó de la mesa virtual ayer.

Por su parte el Ejecutivo modificó por decreto áreas en el propio Ministerio de Hidrocarburos: en 2019 quisieron denominarlo “Ministerio de Hidrocarburos y Minería” pero ante la presión desistieron. Quitaron sólo la palabra. En octubre fue publicada la creación de la Subsecretaría de Minería, y dentro de ésta, la Dirección General de Control Técnico Minero y la Dirección General de Desarrollo Minero Sustentable. Dentro de esta última, la Dirección de Políticas Mineras y el Departamento de Evaluación de Proyectos. También la Dirección General de Control Técnico Minero de donde dependerán la Dirección de Catastro Minero y la Dirección de Policía Minera.

Mariano Arcioni gobierna una provincia en crisis desde su asunción en reemplazo de Mario Das Neves. Mientras participaba de la cumbre minera virtual, se anunciaba el pago de salarios para estatales y jubilados de agosto y septiembre según el rango de salario. Dicho de otra manera: hasta hoy debía entre dos y tres meses de salarios y el medio aguinaldo. Sigue adeudando entre uno y dos meses más el aguinaldo, sin novedades de cómo continuará. La pandemia parece haber profundizado una crisis sistémica, en la que se apoya el lobby minero para proponerse como única salida, cuando la población viene rechazando la actividad desde 2003, hoy con el lema “No cambiamos salarios por megaminería”.

Provocativamente, Mariano Arcioni dijo frente a los funcionarios nacionales que quiere “iniciar por primera vez una discusión con sustento académico, tecnológico y de ciencia, que permita salir de esa discusión del Sí o el No, para poder dar la discusión de una vez por todas”. En realidad la discusión comenzó a darse seriamente en Esquel en 2002, y durante 18 años se sostuvo el rechazo en las calles cada día 4 de cada mes, sumándose a lo largo de los años, manifestaciones mensuales en gran cantidad de localidades.

Las asambleas chubutenses ya presentaron un proyecto por Iniciativa Popular en 2014 para prohibir la megaminería en todas sus variantes y etapas, así como se presentó uno nuevo este año para que se discuta en la Legislatura de Chubut como propone la Constitución Provincial. En plena pandemia, se reunieron y verificaron 30.916 firmas que representan el 7% del padrón (la normativa exige el 3%) y los pueblos de la meseta firmaron en porcentajes altos.

El gobernador ningunea también a quienes desde la academia y la ciencia se han posicionado, como la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco desde su Consejo Superior, así como científicos y académicos que en la provincia se desempeñan en la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Chubut, institutos provinciales dependientes del CONICET, entre otros.

Lo que se conoce hasta ahora del proyecto de zonificación, a partir de declaraciones de empresarios y mapas tentativos, es que se pretende permitir la megaminería en entre un 60 y 70% de la superficie provincial en las regiones menos densamente pobladas, dejando afuera a las ciudades de la cordillera y la costa. El río Chubut, el único que atraviesa la provincia de oeste a este, queda en el centro de la zonificación. Los proyectos más avanzados en esta región implican extracciones de plata, plomo y uranio.

Los pueblos que quedan dentro de la zonificación, “zonas postergadas” según el gobernador responsable de esa postergación, han sufrido un abandono estatal que habilitó a Pan American Silver a proponerse como quien llevará a la meseta central trabajo, energía eléctrica, transporte e internet: servicios y derechos en los que el Estado incumple. En todos ellos hay habitantes que no quieren ser una zona de sacrificio y reclaman que se les escuche, que no se los tape, mientras los medios de comunicación de la pauta oficial y minera hacen tapa todos los días con declaraciones a favor de la megaminería.

En diciembre de 2019, un recién asumido Alberto Fernández anunciaba ante empresarios que habían logrado “que en la meseta de Chubut se explote oro y plata”. Once meses después, con el impulso de funcionarios nacionales y el padrinazgo de Sergio Massa, Arcioni pretende imponer una zonificación traicionando sus promesas electorales; pasando por encima los mecanismos avalados constitucionalmente con los que la población decidió expresar su posición; sin respetar los convenios y compromisos asumidos sobre Consulta Previa al Mundo Indígena; sumergiendo a una provincia en la peor crisis de su historia. Una crisis a la que se llegó de la mano de la deuda y el extractivismo, y que promete empeorar más aún con las mismas recetas.

Arcioni anunció que van por la zonificación de Chubut

Chile, Litio

Codelco recibe Calificación Ambiental favorable para iniciar exploraciones en Salar de Maricunga

La campaña se iniciaría en abril de 2021, tendrá una duración máxima estimada de 10 meses en terreno y se realizará en la propiedad minera que posee la estatal en el salar, fuera del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces.
05/11/2020
Minería Chilena
Tras recibir el 28 de octubre pasado la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama para aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por Codelco para la exploración del Salar de Maricunga, este jueves la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama resolvió de forma unánime, por 10 votos contra cero, calificarlo favorablemente.

La campaña de exploración se iniciaría en abril de 2021, y tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima estimada de 10 meses en terreno. Dependiendo de sus resultados, específicamente de las concentraciones de litio disuelto en las salmueras de dichas propiedades mineras, Codelco definirá si es medioambiental y económicamente viable continuar con el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.

Cabe recordar que la Política Nacional del Litio y la Gobernanza de los Salares, emitida en 2016, solicitó a la minera estatal que, en conjunto con el Ministerio de Minería, evaluara la factibilidad de explotar el litio existente en el Salar de Maricunga, mediante alianzas público-privadas, considerando el respeto y el cuidado de los ejes sociales, económicos y ambientales.

La materialización de este encargo se tradujo en el levantamiento de información para la caracterización ambiental realizada entre 2018 y 2019, y la presentación y tramitación de la DIA durante 2020.
https://www.mch.cl/2020/11/05/codelco-recibe-calificacion-ambiental-favorable-para-iniciar-exploraciones-en-salar-de-maricunga/

Chile

Proyecto que busca proteger glaciares: suspenden sesión ante inminente visto bueno en la Comisión de Minería

Esta jornada se debía votar la iniciativa, pero el presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Rafael Prohens (RN) solicitó suspenderla.
05/11/2020
(La Tercera / Pulso) El emblemático proyecto de ley para proteger los glaciares vuelve a estar cuestionado. Este miércoles la Comisión de Minería y Energía del Senado pactó votarlo, sin embargo, el presidente de esta, Rafael Prohens (RN) informó que la dejaba sin efecto.

La decisión molestó a la Senadora Yasna Provoste (DC) quien manifestó que “Estando ya en el Congreso nos enteramos q han dejado sin efecto la sesión en la q votaríamos la ley de glaciares. No podemos aceptar más dilaciones del gobierno, por lo que pediremos que en la próxima sesión se despache el proyecto. Urge proteger cuanto antes a nuestros glaciares”.

El proyecto preocupa -y mucho- en el Ejecutivo, que teme que si este avanza, con la redacción actual, podría incluso obligar a paralizar importantes faenas mineras que se ubican en zonas cercanas a glaciares.

La industria también está alerta y ha acusado que el efecto de esta ley sería de en torno a 40 mil empleos que se perderían.

Según un estudio de la Comisión Chilena del Cobre, restringiría el funcionamiento de yacimientos que representan hoy el 20% de la producción local de cobre.
https://www.mch.cl/2020/11/05/incertidumbre-por-proyecto-que-busca-proteger-glaciares-suspenden-sesion-ante-inminente-visto-bueno-en-la-comision-de-mineria/

Mexico

Policía especial para mineras: un privilegio más

Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro.
SinEmbargo
03/11/2020
Por: Beatriz Olivera (@beoliverav)*
Las empresas mineras en México ostentan una serie de privilegios; fiscales en primera instancia, pues varios informes de la Auditoría Superior de la Federación reflejan que se han dado el lujo durante años de no cumplir a cabalidad con el pago de sus impuestos y derechos. Gozan también de privilegios ambientales, pues la ley minera en su artículo 19 les otorga preferencia sobre el uso de agua, la tierra y el gas asociado. Y también privilegios económicos, puesto que la ley minera en su artículo 6 señala que la exploración, explotación y beneficio de minerales serán preferentes a cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Gozan, además, de una enorme impunidad si llegan a ocasionar algún delito ambiental, como el grave derrame ocasionado por Grupo México en el Río Bacanuchi, en Sonora, en 2014.

A la lista de privilegios habrá que añadir uno más: el privilegio de contar con un cuerpo especial de seguridad que vigilará las instalaciones de las más grandes y jugosas compañías mineras, que en buena parte son extranjeras. El gobierno mexicano anunció la creación de la policía minera, hace apenas unas semanas y señaló que será un cuerpo de élite con elementos especializados quien proteja a las minas ante la delincuencia organizada.

Ante esto, surgen varias interrogantes ¿Por qué el gobierno mexicano usa recursos, de una institución de seguridad pública para proteger los intereses privados de las empresas mineras? ¿Es válido que miles de personas en el país vivan en constante riesgo ante la delincuencia por carecer de servicios efectivos de seguridad mientras la federación destina recursos a la protección de grandes empresas privadas?

Es necesario recordar que el sector minero está lejos de ser una actividad económica que impulse el desarrollo local y nacional. Pese a que México es uno de los principales productores de oro, plata y otros minerales a nivel mundial, los ingresos que el Estado Mexicano obtuvo de la minería de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas 0.41% de la recaudación total por actividad económica para junio de 2020, y 0.52% en 2019. En términos de aportaciones específicas a impuestos, el ISR aportó a las finanzas públicas el 0.37% del total de los ingresos que recaudó el gobierno sobre este impuesto, mientras que en 2019 fue de 2.3%. En cuanto al IVA, tal como ha sucedido en otros años, resultó también en una erogación hecha por el gobierno, por devoluciones y estímulos que se dieron al sector: para junio de 2020 el IVA minero fue de -2.13%, mientras que para 2019 fue de -1.8%. En cuanto al PIB minero correspondiente a la exploración y extracción de minerales metálicos y no metálicos, este resulta inferior al 1% del PIB nacional.

Por su parte, la contribución de la minería al empleo es también mínima, las industrias extractivas aportan en su conjunto apenas el 0.62% de los empleos asegurados a nivel nacional, tal como lo establecen los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para agosto de este año. Las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, violentan derechos de las personas y comunidades, no contribuyen de manera sustantiva al desarrollo del país y ocasionan graves conflictos socioambientales. ¿Por qué entonces se continúa privilegiando esta actividad, ahora con un cuerpo especial de protección, si el desarrollo que aporta al país es ínfimo?

* Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico

(1) Ver Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de 2019 y segundo trimestre de 2020, Anexos de finanzas públicas, disponibles en
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

Perú

Minem aprueba a Anglo American extender área de actividad minera en Corcapunta

(Exclusivo) 03/11/2020
Bryan Quinde
corcapunta anglo american
Rumbo Minero conoció que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (MDIA) del proyecto de exploración “Corcapunta” presentado por Anglo American Perú.

A través de la Resolución Directoral N° 080-2020/MINEM-DGAAM y el Informe N° 258-2020/MINEM-DGAAM-DEAM-DGAM, la minera recibió la aprobación para ampliar el área de actividad minera en su proyecto ubicado en la región de Áncash.

“Se plantea ampliar el área de actividad del proyecto a 201.72 hectáreas (ha) adicionales al área de actividad aprobada, que consta de 215.64 ha; obteniendo como resultado un área de actividad de 417.36 hectáreas”, se indicó en los documentos.

Asimismo, se aprobó a Anglo American reubicar 12 plataformas de perforación aprobadas, las cuales serán ejecutadas según lo aprobado sobre un área máxima de 625 metros cuadrados (m2); y modificar las características de 23 sondajes aprobados (distribuidos en 13 plataformas).

También el Minem dio conformidad para que la minera reubique dos trincheras a fin de contar con más información para una apropiada evaluación geológica del lugar; adicione dos trincheras de exploración; y amplíe el cronograma de actividades en 12 meses adicionales.

“El cronograma aprobado consta de 46 meses, en cuyo periodo se han ejecutado dos de 20 plataformas aprobadas. Con el presente ITS se adicionarán 12 meses obteniendo un nuevo cronograma de 58 meses en total”, detalló el Minem.
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/exclusivo-minem-aprueba-a-anglo-american-extender-area-de-actividad-minera-en-corcapunta/

Venezuela

A siete años de autorizar la explotación del Arco Minero, estos son los resultados

por Venezuela Unida Editores 02/11/2020
Desde 2013 inició una crisis económica en Venezuela que trajo como consecuencia la intervención de El Arco Minero, al decretar su explotación.
Aurimare Rodríguez, coordinadora Internacional de Profesionales y Técnicos de Un Nuevo Tiempo (UNT), asegura “este es el mayor acto de ecocidio en la historia de Venezuela, violando los preceptos de nuestra Constitución, los tratados internacionales establecidos y las leyes orgánicas que amparan todos los recursos de nuestro país”.

Puntualizó que el cauce del río Orinoco transita por el área afectada y es contaminado por el Mercurio y Cianuro de El Arco Minero, lo cual resulta alterado desde el punto de vista ecológico por el extractivismo del oro, coltán, bauxita, diamante, hierro, cobre, entre otros minerales extraídos en seis zonas ABRAE.
Ubicado al norte del estado Bolívar, al noroeste de Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, el río Orinoco representa el 12.2% de territorio nacional con una extensión de 111.843,70, una extensión del tamaño de Suiza actualmente.

El Arco Minero, un ecocidio sin precedentes en Venezuela

La representante de UNT, relata que en estas zonas habita el 4.69% de la población venezolana, lo que representa 1.660.000 habitantes en 465 poblados; de los cuales 54.686 son comunidades indígenas, esto según el censo realizado en el año 2011.

“Las etnias indígenas y demás habitantes se han visto considerablemente afectados causando daños irreparables en la biodiversidad de las especies”.

Patricia Salazar, Secretaria Regional de Profesionales y Técnicos del estado Bolívar, refirió que “el Informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expone que los trabajadores de El Arco Minero están sometidos a graves abusos y violencia que han causado alrededor de 150 fallecidos desde el año 2016”.

Además, este conflicto atenta contra el derecho humano a un ambiente sano, lesiona los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo económico minero y agrícola desde la modernidad, ya que es un hecho global que todas estas prácticas pueden ser realizadas sin dañar en absoluto el ambiente en pro del mejor porvenir del país, sobre todo en un Estado Minero, Agrícola, Pecuario y productor tan grande, extenso y preparado por generaciones, reseñó la Asamblea Nacional.

https://www.caraotadigital.net/nacionales/a-siete-anos-de-autorizar-la-explotacion-del-arco-minero-estos-son-los-resultados

Mexico

EQUINOX GOLD VIOLENTA A CAMPESINOS EN GUERRERO

COMUNICADO
“Los dueños los ignoran, el gobierno de Canadá solapa y el de México calla”
03 noviembre del 2020.
La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un alarde de soberbia, ilegalidad e impunidad, ha violado distintas cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado desde 2019 con los ejidatarios de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Además de los incumplimientos, la empresa ha desatado una campaña que refuerza su ilegalidad, la cual incluye criminalizar a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto de despojo cuando los ejidatarios, haciendo uso de sus derechos escritos en el convenio, cerraron los accesos a la mina al mismo tiempo que la empresa minimiza la participación de los dueños de las tierras, hace señalamientos a personas específicas, obstaculiza el diálogo, así como la negociación, cerrándose a un diálogo en el que se presente sin prepotencia; así mismo mantiene una actitud negligente en donde es evidente el racismo, la discriminación, la intransigencia, la intolerancia y soberbia, propias de una política neocolonial. Todo eso incrementa el riesgo para la población porque es conocido el entorno de violencia en el cual se vive en el Estado.

Hoy se cumplen 60 días en que los ejidatarios de Carrizalillo cerraron el negocio de la empresa que se dedica a la extracción de oro y otros metales a cambio de la destrucción de más de mil hectáreas de territorio del ejido y de otras comunidades vecinas, pero todo indica que el ejido continuará cerrando las operaciones hasta que la empresa canadiense cumpla con un nuevo convenio que garantice nunca más caer en incumplimientos con el ejido en temas tan sensibles, como agua limpia, medicamentos, empleo, equipo y maquinaria, entre otros. Destacamos que, desde el 2007 la empresa minera canadiense Goldcorp asentada en esos tiempos en las tierras del ejido, también incumplió el contrato a tal grado que el cierre de las operaciones duró 83 días.

Equinox Gold se rehúsa a cumplir con un diálogo respetuoso, considerando e incorporando en la discusión las vivencias y problemas que sufre la población, además nos parece que opera en total ilegalidad frente a sus inversionistas a quienes no informa y les tergiversa la realidad del conflicto, incluyendo la omisión por parte del gobierno de Canadá, a través de la Embajada, quien no actúa con el fin de hacer que sus empresas cumplan con las leyes en un país extranjero y respeten los derechos humanos de la población con sus inversiones. Por otra parte, el gobierno mexicano tampoco presiona a la empresa para proteger a la sociedad mexicana contra el despojo, la violación a los derechos humanos y la ilegalidad que las empresas cometen en los territorios nacionales.

Detener las actividades de la mina sólo es posible gracias a la decisión de toda la comunidad que se apoya en el órgano de máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal y la Asamblea General, quienes han tomado las decisiones sobre su territorio.

Desde hace muchos años la lucha del Ejido de Carrizalillo ha sido una escuela para muchos pueblos en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, por lo cual estamos agradecidos por los aprendizajes ahí generados y compartidos sobre la realidad que implican los daños ocasionados por la extracción de minerales en México, por lo tanto, nuevamente en estos momentos críticos para la población de Carrizalillo, nos vuelven a mostrar de forma contundente, la codicia de las empresas mineras en donde priorizan sus intereses económicos, pero nunca meten en su fórmula los costos sociales y económicos por la destrucción de las tierras, fuentes de agua y la salud comunitaria, ratificando que, para las empresas, la vida de la gente no importa, ni tienen el más mínimo respeto para sus procesos de toma de decisiones y organización colectiva.

La comunidad de Carrizalillo ha dicho estar mejor en su campamento que en su propio pueblo por estarse reencontrando y festejando desde su autodeterminación, su solidaridad y el cuidado mutuo. La REMA le envía saludos y abrazos fuertes de solidaridad en su lucha digna ante un modelo que roba, quita y destruye todo lo que encuentra en su camino.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Chile, Litio

La batalla por el agua que pone en jaque a dos millonarios proyectos de litio en el Salar de Maricunga

02/11/2020
Se trata de dos megaproyectos que se enfrentan a la oposición de la Comunidad Indígena Colla de la comuna de Copiapó. Ambas iniciativas suman una inversión total de US$877 millones y están a la espera de ser zanjados por el Comité de Ministros que preside la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

El 1 de septiembre de 2020, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama resolvió dar luz verde a un megaproyecto de explotación de litio en el Salar de Maricunga. Se trata del proyecto denominado “Producción de Sales Maricunga”, cuya explotación contempla un innovador sistema de reinyección de salmuera y contempla una inversión de US$350 millones.

La iniciativa de SIMCO -propiedad del Grupo Errázuriz y la taiwanesa Simbalik Group- está en medio de un conflicto con la Comunidad Indígena Colla de Copiapó, la que insiste en que la autoridad realice una consulta indígena en los términos que plantea el Convenio 169 de la OIT.

Hoy el futuro del proyecto está en manos del Comité de Ministros, que preside la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Esto, luego de que el pasado 19 de octubre la comunidad colla presentara una reclamación, acusando que durante la tramitación ambiental del proyecto ocurrieron “vicios sustantivos que deben ser remediados con la nulidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”.

“Es imposible que el proyecto adopte las medidas de mitigación, reparación o compensación adecuadas, si no se reconoció el impacto que producirá la utilización de rutas usadas por las comunidades indígenas en todo el proceso de evaluación. Además dichas medidas deben ser adoptadas teniendo en cuenta la opinión de mis representadas a través del Proceso de Consulta Indígena correspondiente, tal como señala nuestro ordenamiento jurídico”, señaló la reclamación de la comunidad indígena.

El proyecto “Producción de Sales Maricunga” significa el ingreso de un nuevo actor al mercado del litio en Chile, cuyos grandes actores son Albemarle Corporation y SQM, propiedad de la china Tianqi y Julio Ponce Lerou. Tal es el interés del Grupo Errázuriz por el proyecto, que el 29 de septiembre, un mes después de conseguir la RCA, Francisco Javier Errázuriz Ovalle -hijo homónimo del exsenador y excandidato a la Presidencia- dialogó por medio de una videoconferencia con el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Bücher, a fin de abordar la iniciativa. La cita, que se gestó a través de la plataforma de Ley de Lobby, se extendió por una hora y Errázuriz asistió acompañado por cuatro ejecutivos de SIMCO.

En paralelo, SIMCO también presentó una reclamación al Comité de Ministros. En su escrito que cuenta con 86 páginas la empresa solicitó una serie de ajustes a la resolución que aprobó la iniciativa, pues -a su juicio- las condiciones impuestas por la autoridad “son erradas y deben ser corregidas a fin de no afectar la viabilidad del proyecto”.

El Plan de Alerta Biótico de la RCA señala que el titular del proyecto está obligado a detener la extracción de salmuera en caso de registrarse una disminución superior al 5% de la cobertura vegetal del Salar de Maricunga. La exigencia es rechazada por la empresa y propone realizar un estudio y por medio de imágenes satelitales analizar las disminuciones de la cobertura vegetal en los últimos cinco años.

Además, en su reclamación SIMCO solicitó que “la reducción de caudal se establezca en un 20% del caudal neto de forma preventiva, hasta que se definan las causas de la disminución de la cobertura vegetacional, por medio del Informe Biótico – Hídrico Sobre Causas y orígenes de la Pérdida Vegetacional en un plazo de 3 meses”.

“Incluir vegas salinas y no salinas dentro del umbral del 5% resulta en extremo restrictivo para la operación del proyecto, pues un cambio en los niveles de salinidad sería reversible y se podría producir de forma natural, implicando que potenciales reducciones de caudal por periodos que podrían alcanzar varios meses o años de duración, podrían darse por motivos ajenos al proyecto”, consignó la reclamación de SIMCO. En este caso la empresa es representada por Sebastián Abogabir, socio de Guerrero & Olivos, y cuentan también con la asesoría comunicacional de Vía Central, cuyos directores son Gonzalo Gómez y María Irene Chadwick, exdirectora de Programación de la Presidencia.

Grupo Errázuriz explicó a La Tercera PM que “SIMCO ha ido cumpliendo paso a paso con las etapas del proceso de evaluación ambiental, confiados en que es un proyecto sustentable y necesario -tecnología de reinyección de salmuera- para impulsar la industria del litio con transferencia tecnológica chilena, abriendo nuevas posibilidades para nuevos actores”.

Más problemas
Al igual que Grupo Errázuriz, Minera Salar Blanco -joint venture entre la australiana Lithium Power International y el empresario chileno Martín Borda- también enfrenta dificultades para sacar adelante su proyecto de litio en el Salar de Maricunga. Si bien obtuvo una RCA favorable, actualmente el proyecto que considera una inversión de US$527 millones, también está pendiente de ser zanjado por el Comité de Ministros, luego de que la Comunidad Indígena Colla de la Comuna de Copiapó -la misma que batalla contra SIMCO- presentara una reclamación solicitando la revocación de su permiso ambiental.

En efecto, el 17 de marzo de 2020 el abogado Mauricio Daza -en representación de la comunidad indígena- presentó una reclamación alegando que durante la tramitación ambiental del proyecto de Minera Salar Blanco ocurrieron vicios que no fueron subsanados en la RCA y que generaran graves perjuicios al medio ambiente.

“El proyecto no reconoce la afectación a las áreas protegidas aledañas. En este proceso de evaluación hay una evidente falta de información en torno al comportamiento hídrico que provocará la intervención del salar, por lo que resulta mayormente preocupante que el Servicio de Evaluación Ambiental no descarte la afectación a los humedales aledaños y los parques protegidos por ley, a pesar de que no contaba con la información necesaria para arribar a esa conclusión”, consignó la reclamación de la comunidad colla de Copiapó. En el escrito, también alegó haber sido excluida del proceso de consulta indígena.

El pasado 3 de julio, Minera Salar Blanco refutó las alegaciones, asegurando que “los vicios de ilegalidad denunciados por los solicitantes son inexistentes”. Además, señaló que “los solicitantes no indican de qué forma los supuestos vicios que denuncian les generaría un perjuicio que los legitime para requerir la invalidación”.

“En forma previa al ingreso del Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que puede apreciarse en el Capítulo de Acciones Previas y en los informes de caracterización presentados por el titular. En dicho capítulo es posible apreciar que el contacto con las Comunidades Indígenas Colla se inicia desde el mes de octubre de 2017”, acotó en su respuesta a la reclamación.
Fuente: Pulso

La batalla por el agua que pone en jaque a dos proyectos de litio en el Salar de Maricunga

Chile

Ordenan consulta a pueblos originarios por exploración de agua subterránea

La Corte de Antofagasta dictaminó dejar sin efecto la solicitud de la empresa Minera Zaldívar Spa.
03/11/2020
(El Mercurio de Antofagasta) La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió las reclamaciones presentadas por el Consejo de Pueblos Atacameños y la Comunidad Atacameña de Peine en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), y ordenó dejar sin efecto la resolución que otorgó autorización para explorar aguas subterráneas a la Compañía Minera Zaldívar Spa, debiendo iniciar la reclamada un proceso de consulta a las comunidades que pueden verse afectadas.
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En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Juan Opazo Lagos, Jasna Pavlich Núñez y Eric Sepúlveda Casanova -dejó sin efecto las resoluciones impugnadas y ordenó retrotraer la solicitud de la empresa minera e iniciar el proceso de consulta.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2020/11/03/full/cuerpo-principal/4/

https://www.mch.cl/2020/11/03/ordenan-consulta-a-pueblos-originarios-por-exploracion-de-agua-subterranea/