25/11/2020
Foto: Anglo American
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú planteará agilizar el proceso de la consulta previa en la etapa de exploración minera de un año a seis meses a través de la prepublicación del documento “Acuerdo Previo” en enero próximo.

Según el titular del sector, Jaime Gálvez, se busca una mayor articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades originarias a fin de cumplir con el marco normativo vigente.

Gálvez dijo que se está trabajando para agilizar las autorizaciones de permisos para los proyectos mineros y destacó que recientemente se aprobó un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros que contempla una mayor aplicación del silencio administrativo positivo.

Asimismo, adelantó que impulsará cambios normativos que fortalecerán el atractivo del sector hidrocarburos, al igual que la remediación de los pasivos ambientales y la ejecución del Plan de Cierre de Brechas en el ámbito petrolero de la selva peruana.

Este año, se estima que la inversión minera en el país alcanzará los USD 4.200 millones y el 2021 se espera llegue hasta los USD 5.400 millones.

El funcionario detalló que la cartera de proyectos mineros es de unos USD 56.000 millones, incluyendo Tía María, pero muchos de estos proyectos están en proceso de exploración, de elaboración de los expedientes técnicos o tienen complicaciones por temas sociales.

Asimismo, señaló que todos los años se realiza una “inversión base” en la minería para reponer reservas y realizar mantenimiento a los equipos, que usualmente está en los USD 3.000 millones, pero por el contexto de la pandemia bajará a los USD 2,000 millones.

Explicó que a esa inversión base se agregan los nuevos proyectos de construcción de minas que ahora son tres: Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho.
Fuente: Gestión

Perú plantea reducir plazo de consulta previa en etapa de exploración minera

César Flores Unzaga
26/11/2020 Imagen: Vidal Merma
La reacción atentatoria de la policía nacional trajo como desenlace dos muertos, más de doscientos heridos -muchos de gravedad-, ciudadanos desaparecidos por “fuerzas del orden” no identificadas, torturas sexuales durante las detenciones, todos cargos que atentan contra los derechos humanos, así como un continuo amedrentamiento a la ciudadanía en general y especialmente a las víctimas de la represión y sus familiares. La gravedad de estos hechos ha conmocionado al país.

Estas violaciones de derechos humanos se han focalizado sobre todo en el Perú urbano, pues ahí se realizaron la mayor cantidad de estas marchas, sin embargo, la represión sistemática a la ciudadanía frente a la protesta social no es en absoluto reciente. La Defensoría del Pueblo que lleva un registro mensual de los conflictos sociales en el país ha contabilizado 289 fallecidos entre los años 2006 y 2020, así como 5098 heridos, la mayoría civiles.

Asimismo, la Defensoría ha determinado que el 65% de los conflictos sociales en el país son de tipo socioambiental y 40% están relacionados a las actividades mineras -78 conflictos en total de acuerdo al último registro de octubre-.

Muchas de estas violaciones de derechos, efectivamente, se producen hacia peruanos y peruanas que discrepan con las reglas de juego que les imponen actividades mineras a través de las empresas y el Estado y, por ello, hacen un uso legítimo de la protesta social, especialmente, frente a la carencia de canales institucionales efectivos para la resolución de estos conflictos. Asimismo, muchas veces la ciudadanía siente “oídos sordos” por parte del Estado, es decir, que las autoridades e instituciones gubernamentales inclinan sus decisiones a favor de actores con más poder.

Un caso reciente fue el de las protestas en julio y agosto de este año en la provincia de Espinar, Cusco, en donde opera la mina Antapaccay, de la empresa Glencore de capitales suizos. La población pedía un bono de 1000 soles, por única vez, para cada persona (elector/a) de la provincia con el fin de afrontar la crisis provocada por el COVID 19, el cual se financiaría con recursos del fondo social constituido en el Convenio Marco entre el gobierno provincial y la minera y que opera desde el 2004. Las protestas se desencadenaron cuando de los ocho integrantes del Comité de Gestión del Convenio Marco únicamente el representante de Antapaccay votó en contra de esta propuesta y la bloqueó.

De acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros, el paro provincial en Espinar condujo a protestas y enfrentamientos con la policía lo que dejó a varios heridos de gravedad y a comienzos de agosto se reportaban los siguientes casos: Oscar Vicente Suca Laucata (17 años) herido de bala; Rony Pacco Ollachica (19) con dos heridas en el pulmón; Yorlin Wilmer Ilachoque Colqque; Rolando Puma Vargas, herido en el brazo derecho; Wily Olger Flores Merma (19) herido en la cabeza; Brayan Carlos Chancayauri (23) herido en cuatros disparos en la espalda; José Amilcar Chuco Mollo, Jack Hacha Fernandez herdidos con perdigones y Juana Apaza Inca Puma, herida con bomba lacrimógena y perdigones[1]. Los pobladores de Espinar heridos de balas, perdigones y bombas lacrimógenas presentaron su denuncia por lesiones ante la Fiscalía de la Nación los días 24, 25, 27 28 de julio, entre los denunciantes se encuentran 3 menores de edad.

Los testimonios de algunas de estas víctimas reflejan la gravedad y secuelas de estos ataques:

“El 20 de julio, Juana Apaza de 35 años fue afectada por una bomba lacrimógena que casi le destroza el tobillo del pie izquierdo, la consecuencia es que cuando camina mucho o hace frío, se le hincha el pie. Ella es el sustento de hogar, es madre soltera y comerciante: vende verduras y pese a su herida tiene que ir a trabajar para alimentar a sus hijos”.

“El 22 de julio, Wilmer Ilachoque Ccolqque de 27 años junto a otros jóvenes llegó a protestar a la zona de Tintaya-Marquiri donde se produjo un enfrentamiento. Él recibió un disparo de bala de la Policía que perforó su pierna derecha. Por suerte la bala entro y salió, afectando únicamente a su muslo sin comprometer al hueso. Sin embargo, ahora está herido, no puede trabajar y no genera ingresos para pagar la alimentación y educación de sus hermanos menores”[2].

Este tipo de consecuencias en la vida de estos ciudadanos a raíz del conflicto de Espinar se explican por un andamiaje institucional del Estado peruano que se viene aplicando sistemáticamente y responde a tres componentes: 1) la existencia de convenios entre empresas mineras y la policía -que fomenta una acción de la policía de manera no imparcial-, 2) los estados de emergencia preventivos -aplicados sucesivamente desde hace varios años en zonas rurales- sin acreditar que haya una grave afectación al orden interno, y 3) la existencia de normas penales que criminalizan la protesta social, las cuales atentan contra esta vía de expresión ciudadana y, asimismo, amedrentan a líderes y lideresas con procesos judiciales durante años. Este comportamiento del Estado no debe pasar desapercibido en la ciudadanía peruana de cara a nuestro bicentenario. Claramente, la sostenibilidad de nuestra democracia y, de la minería en particular, encontrará bases más consistentes y dignas cuando se cambien estas reglas de juego que han dejado tantos muertos y heridos.

[1]http://conflictosmineros.org.pe/2020/08/01/cusco-heridos-por-conflicto-en-espinar-esperan-investigaciones-sobre-actos-de-represion/

[2]https://derechosinfronteras.pe/heridos-de-bala-de-espinar-denuncian-a-pnp-por-lesiones-durante-protesta/

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Ana Leyva
24/11/2020
En su primera aparición como nuevo ministro de Energía y Minas, el economista Jaime Gálvez Delgado hizo suya la propuesta de reemplazar la aplicación de la consulta previa por el acuerdo previo para actividades de exploración con el propósito de reducir el proceso de diálogo, aproximadamente en 6 meses. Esta propuesta ya había sido planteada en el Informe Final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible publicado en febrero del presente año, y ha sido una de las propuestas presentadas por la CONFIEP en su Agenda de Reactivación 2020.

El ministro señaló que las consultas para proyectos de exploración vienen tomando 1 año de duración, sin señalar algún caso en particular donde la consulta haya durado ese tiempo. Según el ministro, con procesos tan prolongados todos pierden, incluso las comunidades campesinas y nativas. El propósito de esta medida sería apurar las inversiones mineras en exploración. La pregunta que nos hacemos es si esta propuesta puede o no afectar derechos colectivos de esas comunidades. El acuerdo previo y la consulta previa tienen sujetos, objeto y finalidades distintas. Para entender la trascendencia de lo que se está planteando, es necesario tener un marco conceptual claro. Es decir, determinar el significado de estos términos y la relación entre ellos.

Los términos Acuerdo Previo y Consulta Previa no son semejantes, y uno no se puede reducir al otro

La Ley Nº 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, introduce el término de acuerdo previo.

Según el artículo 7 de esta norma, el acuerdo previo es un requisito necesario para establecer derechos de explotación minera. Se trata de la celebración de un contrato entre el: (i) el titular del derecho minero y (ii) una persona natural o jurídica, esta última puede ser de una comunidad campesina o nativa que es titular de tierras, y el objeto de este acuerdo es la entrega de tierras en cesión en uso, alquiler, venta, etc., al titular minero, a cambio de una contraprestación.

Además de ello, el artículo 11 de esta norma señala que para “disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”. Es decir, en estos casos, donde el propietario es una comunidad, se requiere que una mayoría calificada de 2/3 de sus miembros apruebe la cesión en uso, alquiler, venta, etc. de las tierras comunales.

La consulta previa respecto a la realización de proyectos de inversión es distinta, en la forma y en el fondo, del acuerdo previo. Se trata de un derecho colectivo que les asiste a las comunidades (campesinas y nativas) o pueblos indígenas u originarias, y que les permite participar en los procesos de toma de decisiones del Estado que los puede afectar.

¿A qué decisiones nos estamos refiriendo? Cuando se trata de proyectos de inversión, como en el caso de las actividades extractivas, las consultas podrían estar referidas a otorgamientos de derechos de uso, certificaciones o autorizaciones administrativas que las empresas deben obtener del Estado para comenzar a operar. Lamentablemente, en el Perú los decisiones o permisos más importantes no se consultan.

En la consulta previa se establece un diálogo entre el Estado y las comunidades o pueblos indígenas sobre las posibles afectaciones que pueden sufrir los derechos de estos últimos con la adopción de esas decisiones. La consulta previa debe garantizar, en tal sentido, que estas autorizaciones o permisos administrativos otorgados por el Estado minimicen los daños y si es posible, no afecten los derechos colectivos (identidad cultural, tierra y territorio, acceso a recursos naturales, etc. es decir, derechos que aseguran la existencia de la comunidad o pueblo).

En ese sentido, no resulta posible equiparar un acuerdo económico entre la comunidad y el titular minero sobre el uso de las tierras, con la consulta previa que constituye uno de los derechos colectivos más importantes de las comunidades o pueblos indígenas, que les da la posibilidad de tener voz e influir en las decisiones del Estado.

Además, el acuerdo previo sobre los terrenos superficiales debería realizarse después de la consulta. En la consulta, y en diálogo con el Estado, se deberían definir las afectaciones a los derechos colectivos y las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de esos daños. Con esa información la comunidad o pueblo podría estar en condiciones de negociar las tierras que serán afectadas.

Por lo tanto, el acuerdo previo no puede sustituir a la consulta. Tiene sujetos o partes, objeto y finalidad y tiempos distintos. Intentar sustituir uno con otro, puede significar dejar desprotegidos los derechos colectivos en los procesos de toma de decisión del Estado en relación a los proyectos de inversión.

Un tema que permite comprender mejor las consecuencias de la pretensión de sustitución de la consulta por acuerdo previo, tiene que ver con entender la diferencia de suelo, tierra y territorio.

Diferencias entre suelo, tierra y territorio

El suelo es definido como una porción de la parte continental del planeta. El término tierra, desde la perspectiva agrarista, es entendido como una porción de suelo con aptitud agrícola.

El territorio es mucho más que suelo o tierra, es el espacio de reproducción de la vida y de la cultura de un pueblo. Está cargado de significados para sus habitantes.

Para el Convenio 169 de la OIT que protege derechos de pueblos indígenas, el término tierra debe ser entendido como territorio. Esto se debe a que las tierras comunales, si bien son una propiedad, son mucho más que eso, es el espacio de reproducción de la vida y la cultura de las comunidades. En ellas, generalmente se llevan a cabo sus actividades económicas, sociales, acceden a recursos naturales, a servicios, establecen sus lazos afectivos, celebran sus festividades. Todas esas expresiones de vida y cultura se desenvuelven en ese espacio.

Por lo tanto, cuando se afectan tierras comunales, se puede estar cortando un conjunto de dinámicas que tienen que ver con la vida de una colectividad. En estas situaciones, el Estado no solo está llamado a velar para que las comunidades reciban el precio justo por la venta o uso de sus tierras, sino a garantizar la integridad de la comunidad y la reproducción de su vida y cultura.

En el Perú, generalmente cuando se dan las autorizaciones de los proyectos de inversión no se determina este tipo de afectaciones en la vida de las comunidades. Las consultas están ubicadas en autorizaciones finales, en cuyo proceso de aprobación ya no se discuten estos temas. Por esa razón, comunidades como las de la zona de Ampliación del Proyecto Coroccohuayco, continuación de la mina Tintaya-Antapaccay de la multinacional Glencore, vienen reclamando desde hace más de 2 años que se consulte el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para que en ese proceso de certificación ambiental se dialogue sobre las posibles formas de afectación a los derechos colectivos que se producirán con la realización del proyecto. La Defensoría del Pueblo también ha planteado esta posición, pero lamentablemente el Estado no quiere poner a consulta los EIA.

En este escenario es necesario mejorar las consultas, pues las negociaciones de tierras son transacciones que giran en torno a precios de mercado. Si la comunidad pierde el acceso al agua, a un camino, o lugares ceremoniales, o se dificulta el tránsito a la escuela, o se fragmenta, esas afectaciones no son parte de la negociación que se da en el marco del acuerdo previo; no tienen lugar en ella.

Por último, resulta irónico que en vez de avanzar en la implementación del Convenio 169, todavía existan planteamientos que busca desnaturalizar, ad portas de la celebración del Bicentenario, el ejercicio del derecho a la consulta, reduciéndolo a una negociación de un contrato privado. Al parecer en nuestro país, los poderes económicos y sus aliados, siguen viendo los derechos de los pueblos indígenas como un obstáculo para las inversiones, y, por lo tanto, siguen buscando formas o maneras de conculcarlos. Hechos como este nos plantean el enorme desafío de construir como peruanos un país de iguales y un Estado intercultural, garante de derechos.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe