16/03/2021
Unidad Minera Las Bambas. / Foto: Facebook de Minera Las Bambas

Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre, oro, plata, zinc y plomo, pero los conflictos sociales y la burocracia le dificultan beneficiarse del ciclo de altos precios de los minerales.

El sector minero peruano cayó 13.16% en el 2020, en línea con la baja del PBI tras una larga cuarentena por la pandemia del Covid, pero el repunte de los precios este año podría ayudar a reactivar la economía de un país donde el 60% de los ingresos por exportaciones provienen de la minería.

Perú posee enormes reservas y tiene una cartera oficial por USD 57.742 millones de inversión en 48 proyectos, dos tercios de ellos de cobre.

Pero las demoras para obtener las concesiones y los conflictos que atrasan o impiden el inicio de la producción han hecho caer al país 20 lugares al puesto 34 en el ranking de competitividad global en minería del Instituto Fraser de Canadá.

“Es un mensaje claro de los inversionistas. Contar con un alto potencial geológico y de recursos no es suficiente, hace falta tener la seguridad de que esa inversión redituará ganancias”, comenta Miriam Loli, socia de la firma de auditoría Deloitte Perú.

“Ante la incertidumbre política y sobre todo de poder lograr la ‘licencia social’ [el apoyo de la comunidad al proyecto], (las transnacionales mineras) prefieren destinar sus inversiones hacia otras jurisdicciones”, agrega.

El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, menciona que hay “dos grandes impedimentos: la conflictividad social y la ‘tramitocracia’”, aludiendo a una multiplicación por 20 en los últimos años de la permisología permisos y requisitos para una concesión.
Tía María y Las Bambas

La Defensoría del Pueblo (ombudsman) reportó 196 conflictos sociales en enero, con 63% de los casos con al menos un hecho de violencia. Y 42% de los conflictos (83) corresponden a la actividad minera.

De la Flor afirma que la conflictividad “ha sido perturbadora de la inversión y se está convirtiendo en uno de los principales escollos” para la minería, por continuas protestas y reclamos de comunidades cercanas a las minas, que suelen ser pobres y carecen de servicios públicos básicos.

De la Flor acusa a “la incapacidad del Estado de transformar los recursos que se están generando”, USD 11,000 millones en la última década, según calcula, y que no se han traducido en “mejor calidad de vida por falta de ejecución y de calidad de gasto”.

Otra señal poco alentadora son los comentarios de algunos candidatos a la presidencia en las elecciones del 11 de abril, prometiendo archivar los proyectos cuestionados por las comunidades, como Tía María o Las Bambas, de cobre. Ambos suman USD 12,000 millones en inversión.

Loli subraya que “el apoyo dado por el sector minero a sus comunidades vecinas durante la pandemia es un buen ejemplo de cómo puede comportarse como un buen vecino”, y menciona también los casos de empresas -como la Southern- que donaron oxígeno medicinal, muy escaso y vital para atender a pacientes graves.

Pero advierte que “las empresas no pueden ser el reemplazo de rol del Estado”, y que “sin involucramiento claro y directo del gobierno, difícilmente se lograrán destrabar los proyectos paralizados por conflictividad”.
“Más permisología”

Con la reactivación económica mundial tras la pandemia se va a necesitar mucho cobre y otros minerales que produce Perú, como el litio, dice el geólogo Enrique Garay, del Instituto de Ingenieros de Minas.

Pero la caída de la inversión en exploración va a demorar la entrada en producción de los proyectos, dice Garay.

Mientras en el 2018 se invirtieron USD 610 millones en exploración, en el 2020 fueron solo USD 365 millones, pero no hace mucho tiempo eran USD 1,000 millones anuales.

La falta de interés en la exploración se debe a la burocracia, según este experto.

“Obtener un permiso de perforación en Perú demora entre 18 y 24 meses”, frente a “tres meses en Chile y dos semanas en Canadá”, dice Garay.

Menciona que la mina cuprífera Altamina a partir de 1998 tuvo que gestionar 250 permisos y que dos décadas después, Las Bambas ha tramitado 1,032.

“¿Qué pasó desde 1998? No pasó nada catastrófico, lo que aumentó fue la burocracia, la ‘permisología’. La burocracia frena el desarrollo minero”, agrega Garay.

La minería aportó a Perú el 16% de la inversión privada durante la última década (unos USD 59,000 millones), genera 1.8 millones de empleos directos e indirectos, y representa casi 60% de las exportaciones.

El economista Diego Maceda, del Instituto Peruano de Economía (IPE), asegura que si se pone en marcha toda la cartera de proyectos mineros para el año 2030, aumentaría en 25% el PBI peruano, se elevarían en 66% las exportaciones y se crearían 2.3 millones de empleos.
Fuente: Gestión

Conflictos sociales y burocracia frenan la actividad minera en Perú

César Flores y Abel Gilvonio
Imagen: El búho
10/03/2021
Hace 10 años que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó sus “Principios Rectores en materia de Empresas y Derechos Humanos” y esto abrió la discusión en numerosos países sobre la necesidad de contar con Planes Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos. De hecho, actualmente Perú está debatiendo su propio plan bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), la sociedad civil y los gremios empresariales.

Uno de los elementos trascendentales sobre estos planes de empresas y derechos humanos es si deben tener un carácter voluntario o uno obligatorio, en cuyo caso será necesaria una ley. Veamos el recorrido por el que ha pasado Alemania, para darnos una idea del camino que podría seguir el Perú a partir de las lecciones extraídas.

En diciembre del 2016 el gobierno alemán publicó su Plan Nacional sobre Economía y Derechos Humanos (2016-2020), con el cual buscaba aplicar los principios rectores de Nacionales Unidas. El núcleo de este plan es la aplicación del principio de debida diligencia que es “el proceso permanente mediante el cual una empresa detecta y resuelve las consecuencias que pueda tener para los derechos humanos en el contexto de todas sus operaciones y productos y en toda su red de proveedores y socios comerciales”. En el caso de Alemania, su principal preocupación está ubicada alrededor de la responsabilidad de sus empresas a lo largo de su cadena de suministro, especialmente, en sus proveedores de insumos desde otros países. Han sido frecuentes las preocupaciones por el trabajo infantil en maquilas de ropa, vulneraciones al medio ambiente de empresas mineras que proveen insumos a la industria automotriz, malas condiciones laborales y trabas a la sindicalización de proveedores de productos agrícolas, entre otros.

El Plan Nacional sobre Economía y Derechos Humanos de Alemania se diseñó para que sea aplicado de manera voluntaria, sin embargo, las empresas alemanas se someterían a un proceso de monitoreo en el que se examinaría en qué medida las empresas con más de 500 empleados cumplían con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos. El resultado del proceso de monitoreo que fue publicado en octubre de 2020 fue determinante para pasar a un esquema obligatorio (ley) y dejar el carácter voluntario. Se observó que sólo el 13%al 17 % de las empresas cumplían con los requisitos del Plan de Economía y Derechos Humanos, y el 83% al 87 % no cumplían estos requisitos. Este pobre resultado quedó lejos de la meta que se había fijado el gobierno alemán de contar con al menos un 50% de empresas cumplidoras.

Este cumplimiento muy bajo originó que recientemente, en febrero 2021, el gobierno alemán anuncie la “Ley de Debida Diligencia” ya que las medidas voluntarias no lograban su objetivo. Esta ley entrará en vigor en 2023 y en una primera fase se aplicará a empresas con más de 3.000 empleados, mientras que en una segunda fase a partir de 2024 a empresas con más de 1.000 personas. Un aspecto clave es que las obligaciones sobre debida diligencia en derechos humanos no sólo se revisarán para las operaciones de las empresas dentro de Alemania, sino también en los países en donde empiezan las cadenas de suministro. Para ello una instancia gubernamental realizará el monitoreo correspondiente y el incumplimiento puede originar multas, así como la exclusión de contratos públicos. Si bien no se prevé responsabilidad civil para las empresas, sirve como antecedente para los procesos judiciales en casos de violación en derechos humanos.

¿Cómo repercute esto en el Perú? Por un lado, da varias luces de por dónde puede ir el diseño de nuestro Plan sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA). Este viene siendo discutido en este momento y la postura de las centrales sindicales, las organizaciones de pueblos indígenas e instituciones de la sociedad civil es que una de las acciones estratégicas del segundo pilar del PNA relativo a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos -con sus respectivas metas e indicadores-debería tener como mandato en el mediano plazo aprobar una ley que genere obligaciones laborales y ambientales en toda la cadena de valor de las empresas trasnacionales que desarrollan actividades en el país.

Por otro lado, cada vez va a ser más evidente la necesidad de mejorar los estándares ambientales, sociales, laborales en los que operan las empresas peruanas si queremos mantener los mercados destinos de nuestras mercaderías en el extranjero, ya que la responsabilidad en derechos humanos repercute en toda la cadena de suministro. En el caso de Alemania, nuestros principales productos de exportación son el cobre en minerales y café en productos agrícolas. El indicador mensual de la Defensoría del Pueblo que registra 196 conflictos sociales en Perú (enero 2021), de los cuales el son 65% socio-ambientales y 45% relacionados a la minería, nos pone en alerta y exige cambios drásticos.

Desde el campo de las empresas, la pérdida o ganancia en competitividad internacional introducirá cada vez con mayor claridad el enfoque de derechos humanos. Ese es el escenario mundial que se viene en adelante, ya que una ley sobre debida diligencia como la alemana se irá reproduciendo en más países donde llegan nuestras exportaciones y en nuestra propia región.

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11/03/2021
Minera Antapaccay / Foto: Glencore
La compañía Minera Antapaccay pidió a las comunidades y autoridades del gobierno central a que se retome el diálogo para alcanzar consensos en pro del bien común de la provincia de Espinar, región Cusco.

Esto debido a la falta de consenso entre representantes de 11 comunidades de Espinar y representantes del Gobierno por la fecha de inicio de las visitas de campo, cuyo propósito era hacer monitoreos e identificar supuestos impactos ambientales, se interrumpió el dialogo y como consecuencia las comunidades han iniciado medidas de protesta.
Inminente paralización

Mediante un comunicado la minera precisó que “desde ayer, 08 de marzo, los principales accesos a nuestras instalaciones fueron bloqueadas afectando el normal desarrollo de las actividades de producción. Hemos sufrido, además, actos violentos y de sabotaje sobre un componente principal y ataques con piedras al personal que se acercó a la zona a revisarlo. Igualmente estamos siendo objeto de actos de coacción en la medida que nuestros trabajadores están siendo impedidos de movilizarse de forma regular y los manifestantes impiden que se les traslade alimentos, agua e insumos básicos al encontrarse ellos en un área operativa fuera del campamento”.

Subrayó que esta situación hace insostenible la continuidad de las operaciones, avizorándose una inminente paralización de sus actividades, lo que implica la suspensión de las operaciones, la suspensión de los contratos con nuestros proveedores locales y comunales y la suspensión de los proyectos sociales que venimos ejecutando.

“Cabe mencionar que nuestras actividades implican el desplazamiento de personal e insumos que en las condiciones actuales no podrán realizarse si las medidas de fuerza continúan”, manifestó.

Fuente: Gestión

Perú: Operaciones de Minera Antapaccay podrían paralizarse ante protestas