Mexico

PRESENTA MORENA UNA INICIATIVA PARA AUMENTAR LOS IMPUESTOS A LA MINERÍA

15/01/2021
¿Hasta cuándo van a seguir legislando los corporativos empresariales en este país?
¿Qué le pasa a los legisladores de Morena? ¿Pueden superar su propia ingenuidad?
¿Hay alguien que pueda orientarlos en lo más básico, para que entiendan las implicaciones y
responsabilidades del quehacer legislativo?

Hay un grave equívoco en pretender resolver la pretensión minera del despojo de los territorios exigiendo a
las empresas que paguen más impuestos al erario público. En efecto, las empresas extractivistas se han
beneficiado de las ridículamente mínimas tasas impositivas fijadas por el Estado mexicano a sus actividades,
en un ordenamiento fiscal que ha sido estructurado para su ventaja económica, a un grado tal que sólo
demuestra el servilismo de los legisladores y gobernantes que han permitido ese estado de cosas, quienes por
años han doblado dócilmente el espinazo ante los intereses particulares de esas empresas a costa del bien
común.
Sin embargo, aumentar los impuestos a la minería depredadora solamente legitima la depredación. Es como
si el asesino o el ladrón pagaran un impuesto para tener el derecho de quitarle la vida o los bienes a una
persona. El pago de impuestos, independientemente del monto, no pueden dispensar el crimen. El Servicio
de Administración Tributaria (SAT) no debe ser convertido en un cómplice del despojo. Es más, ponerle precio
a la vida, al bienestar, a la salud y a la economía local mediante una tarifa fiscal, cualquiera que ésta sea, es
legalizar la muerte, porque los impuestos no previenen las afectaciones ineludibles, documentables e
irreversibles que la megaminería tóxica genera en los territorios donde se instala. Los impuestos no impiden
que se agujere la tierra, que se dispersen los contaminantes en el agua y el aire, no revierten las enfermedades
y muertes por contaminación, ni reparan las heridas del divisionismo, del desarraigo y de la violencia que
conllevan las explotaciones de la megaminería.
Llamamos a los legisladores a proceder con información certera y objetiva, a pesar de la permanente campaña
de desinformación que acompaña sistemáticamente a las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en
todo el mundo. Hablan de “remediaciones”, de minería “sustentable”, de “beneficio a las comunidades”, pero
operan en los hechos generando afectaciones que no tienen remedio, no sólo en los territorios, sino en la vida
de las personas y de las comunidades. Esa información certera y objetiva no está en las campañas
desorientadoras y encubridoras, motivadas por el afán de lucro y la codicia de las empresas que llegan,
despojan y se van. Desde el principio precautorio más elemental, los legisladores conscientes de su
responsabilidad para con el pueblo mexicano deben, por dignidad y por coherencia, prohibir en definitiva
este tipo de explotaciones; deben prohibir el despojo en lugar de legitimarlo mediante impuestos, sean
altos o bajos.
L LAMAMOS A LOS LEGISLADORES DE M ORENA Y DE CUALQUIER OTRA AGRUPACIÓN PARTIDARIA A NO FACILITAR
EL DESPOJO MEDIANTE EL PAGO DE IMPUESTOS , Y A IMPULSAR VERDADERAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS ,
PROPIAS Y EFICACES , PARA LAS COMUNIDADES
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Perú

Pobladores del valle de Tambo llegan a Arequipa en rechazo a sentencia a dirigentes

https://youtu.be/CmR9xuK2DB

(VIDEO)
A ellos se sumaron diversos gremios y sindicatos de trabajadores. Además del rechazo a la sentencia, expresaron su descontento por las decisiones del Ejecutivo frente a temas como la devolución de aportes de la ONP y la crisis que enfrenta el sistema educativo.
14/01/2021 Pamela Zárate M. Regional Avatar

Un grupo de pobladores del valle de Tambo llegó hasta la ciudad de Arequipa. Ellos protestaron en rechazo a la sentencia contra dos de sus dirigentes, quienes lideraron las protestas en contra del proyecto minero Tía María en el 2015. La manifestación fue liderada por la esposa de Jesús Cornejo, el abogado Héctor Herrera Herrera, y el actual vocero del valle de Tambo, Miguel Meza Igme.

Este último reiteró que con esta sentencia, Southern busca impones el miedo entre los pobladores, para evitar sus protestas. Consideró que como resultado del fallo judicial se criminalizarán las protestas sociales.

A ellos se sumaron diversos gremios y sindicatos de trabajadores. Quienes, a su vez, manifestaron su descontento por las decisiones del Ejecutivo frente a temas como la devolución de aportes de la ONP y la crisis que enfrenta el sistema educativo.
Conflicto social en Arequipa que dura 12 años

Las protestas en contra del proyecto minero Tía María cumple 12 años. Los enfrentamiento ocasionaron la muerte de seis pobladores y un policía. Aquí una breve cronología del conflicto social más álgido de Arequipa:

2009: Consulta popular promovida por el entonces alcalde de Cocachacra, Juan Guillén. El resultado fue abrumador en contra de la instalación de Tía María, pero al no existir una norma clara, fue desestimada por las entidades de gobierno.

2010: Se presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.

2011: Estalla el conflicto y los enfrentamientos producen 3 muertes. La agitación termina cuando el gobierno accede a rechazar el EIA, luego de conocerse que la UNOPS hizo 138 al documento.

2014: La empresa Southern Perú presenta su segundo Estudio de Impacto Ambiental, enfatizando que no hará uso de agua subterránea ni del río; sino que instalará una planta desalinizadora del agua de mar.

2015: Al conocerse la aprobación de este segundo documento, se anuncia una paralización del agro, que inicia en marzo de ese año. Tres manifestantes y un policía mueren en los enfrentamientos. La protesta termina con la Declaratoria del Estado de Emergencia en la provincia de Islay y el ingreso de las Fuerzas Armadas al escenario. Días antes, se conocieron las conversaciones entre Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, por lo que el primero es detenido por la policía.

2016: El expresidente Pedro Pablo Kuczynski intenta un acercamiento, pero la población rechazó la aproximación.

2019: El Ministerio de Energía y Minas otorga a Southern Perú la licencia de construcción para el proyecto Tía María, lo que enciende nuevamente el conflicto en Arequipa y se reanudan los enfrentamientos en Cocachacra. El gobierno declara una suspensión temporal de la licencia y Southern anuncia que esperarán momentos más propicios.

2021: Dirigentes de la protesta son condenados a penas de cárcel por los delitos de disturbios, motín y entorpecimiento de servicios públicos.
https://elbuho.pe/2021/01/arequipa-pobladores-del-valle-de-tambo-llegaron-a-la-ciudad-en-rechazo-a-sentencia-de-dirigentes-video/

Mexico

Por qué un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la Ley Minera es un revés para las comunidades y pueblos indígenas

14/01/2021
Académicos y organizaciones ambientalistas advierten que la determinación judicial mantendrá al país como líder en conflictos por minería en América Latina.
Por qué un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la Ley Minera es un revés para las comunidades y pueblos indígenas
Protesta contra minería a cielo abierto en Puebla, Méxicolacoperacha.org.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo al pueblo indígena Masewal, de la Sierra Norte de Puebla, y avaló la Ley Minera. La decisión no está exenta de polémica porque, según académicos y estudiosos del tema, dará luz verde a la explotación, devastación y despojo de tierras por parte de las industrias extractivas en México.

La Segunda Sala de la SCJN avaló por unanimidad la constitucionalidad de la Ley Minera, aún cuando los pueblos indígenas afectados por ese instrumento jurídico no hayan sido consultados para su aprobación.

La determinación de la Corte se produjo luego de que la comunidad Masewal solicitara declarar la invalidez de la Ley Minera, por considerar que viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

De hecho, la instalación de un proyecto emprendido por filiales mexicanas de la minera canadiense Almaden para la extracción de oro y plata, en el municipio de San Francisco Ixtacamaxtitlán, ya había provocado desde hace varios años la resistencia de las comunidades asentadas en la zona.

«Negar la inconstitucionalidad de esta ley significa validar un sistema de violación, que históricamente nos ha despojado de territorio a los pueblos indígenas», señalaron voceras del Consejo Masewal Altepetahpianih, a través de un video difundido en redes.

El planteamiento de los pueblos fue apoyado por organizaciones ambientalistas tanto nacionales e internacionales, incluyendo a dependencias de gobierno, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

«Nosotros planteamos que el corazón del sistema minero es la Ley Minera y es inconstitucional, porque no fue construida con los pueblos, los guardianes del territorio y el patrimonio biocultural. Pero se confirmó un sistema que discrimina pueblos y violenta a la naturaleza, por lo que se seguirán agravando y escalando los conflictos socioambientales que hemos visto en el país», señaló el abogado Xavier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en declaraciones recogidas por el medio SinEmbargo.
Minería contra los pueblos

Al respecto, grupos de académicos y defensores de derechos humanos han señalado que «las leyes mineras deben ser consultadas con los pueblos indígenas, pues la extracción de los minerales que comúnmente se encuentran en sus territorios tienen impactos muy intensos que suelen generar daños contrarios al derecho internacional».

Uno de los principales problemas en torno a la Ley Minera es que que prioriza las actividades extractivas, por encima de la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, la minería es una de las principales causas de emergencia social y ambiental en el país, ya que los métodos de extracción y disposi­ción de residuos han convertido a la actividad en una importante fuente de contaminación, con afectaciones a la salud de muchas poblaciones.

«Los acuerdos de ocupación temporal superficial se firman bajo circunstancias profundamente desiguales», sostienen los investigadores Claudia Gómez y Jorge Peláez, en un trabajo publicado por la Semarnat. «En estos convenios leoninos, las empresas mineras reciben todas las ganancias y las comunidades asumen todas las pérdidas. Aunque estos convenios están prohibidos, las autoridades los validan», señalan.

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), México es el país con más casos de conflicto minero en la región, con 58 registros, por encima de Chile (con 49) y Perú (con 46).
Manuel Hernández Borbolla
https://actualidad.rt.com/actualidad/380171-corte-mexico-ley-minera-indigenas-reves

Internacional

El largo camino de indígenas de Papúa Nueva Guinea para obtener reparación de gigante minero

Por Catherine Wilson © Reproducir este artículo| | Imprimir | |English version
Contaminación de ríos y arroyos por desechos mineros en las cercanías de la mina de cobre Panguna en la Región Autónoma de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. Foto: Catherine Wilson /IPS

Contaminación de ríos y arroyos por desechos mineros en las cercanías de la mina de cobre Panguna en la Región Autónoma de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. Foto: Catherine Wilson /IPS

CANBERRA, Australia, 12/01/2021 (IPS) – Las comunidades locales cercanas a la mina de cobre Panguna han dado un paso decisivo en su larga lucha para que la transnacional minera Rio Tinto se responsabilice por presuntas violaciones ambientales y de derechos humanos durante sus operaciones en el yacimiento, que dieron pie a un cruento conflicto armado.

La mina estuvo operando en las montañas del centro de Bougainville, la ahora región autónoma de Papúa Nueva Guinea, entre 1972 y 1989, cuando cesó su actividad y dejó abandonada el yacimiento a cielo abierto, en medio de un conflicto con las comunidades indígenas de los alrededores.

La denuncia formal la presentaron 156 residentes ante el gobierno australiano en septiembre mediante el Centro Legal de Derechos Humanos de Australia y resultó aceptada en noviembre, allanando el camino para un proceso de mediación no judicial.

«Nosotros y las comunidades con las que estamos trabajando hemos iniciado un proceso de conciliación formal con Rio Tinto facilitado por el Punto de Contacto Nacional de la OCDE de Australia y las conversaciones con la empresa comenzarán muy pronto», dijo a IPS la abogada Keren Adams, directora del área de defensa del Centro Legal de Derechos Humanos, basado en Melbourne.

El conglomerado Río Tinto, con base en Reino Unido, era el titular mayoritario dl yacimiento Panguna a través de su filial operadora Bougainville Copper Ltd, con una participación de 53,8 por ciento.

Sin embargo, 17 años después de que comenzara la explotación, la ira entre los pobladores indígenas por los ríos y arroyos contaminados, la devastación de las tierras tradicionales y la desigualdad en la distribución de las ganancias y beneficios de la empresa extractiva desencadenaron una rebelión armada en 1989.

Después de que se destruyó el suministro de energía de la mina por sabotaje, Rio Tinto huyó de la isla de Bougainville y el sitio quedó abandonado durante la década de guerra civil que prosiguió.

El área de la mina, que todavía está controlada por el gobierno de Unidad Tribal de Mekamui, que incluye a antiguos líderes rebeldes, no ha sido desmantelada y el nocivo legado ambiental de sus operaciones anteriores nunca se abordó.

Ahora, según la denuncia, «la contaminación por cobre del pozo de la mina y los relaves continúa fluyendo hacia los ríos locales”.

Añade que “el valle del río Jaba-Kawerong aguas abajo de la mina se asemeja a un paisaje lunar con grandes montículos de desechos de relaves grises y rocas que se extienden casi 40 kilómetros aguas abajo hacia la costa. Los diques construidos en el momento de la operación de la mina ahora se están derrumbando, amenazando a las aldeas cercanas».

Hay más declaraciones de que la contaminación de las vías fluviales y la tierra está causando problemas de salud a largo plazo entre la población indígena, como enfermedades de la piel, diarrea, enfermedades respiratorias y complicaciones del embarazo.

Helen Hakena, directora de la Agencia de Desarrollo de la Mujer Leitana Nehan en Buka, la principal ciudad de Bougainville, apoya plenamente las medidas adoptadas por los dirigentes isleños.
El cobre y el oro de la mina Panguna esperan un acuerdo político antes de que se pueda reanudar la extracción. Foto: Catherine Wilson / IPS

El cobre y el oro de la mina Panguna esperan un acuerdo político antes de que se pueda reanudar la extracción. Foto: Catherine Wilson / IPS

 

“Esto está pendiente hace mucho tiempo. Va a ser muy importante, porque fue el gran problema que causó el conflicto de Bougainville. Pondrá fin a los reclamos que tanto sufrimiento causaron a nuestro pueblo”, señaló Hakena a IPS.

La guerra civil de Bougainville, provocada por el levantamiento en la mina, causó entre 15 000 y 20 000 personas muertas.

La gente de Bougainville cree que Rio Tinto ha violado las Directrices de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) para Empresas Multinacionales, al no tomar medidas para mitigar los impactos ambientales, de salud y seguridad previsibles en la mina y respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus actividades extractivas.

El Centro Legal de Derechos Humanos afirma que «la contaminación de las minas sigue infringiendo casi todos los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades indígenas, incluidos sus derechos a la alimentación, el agua, la salud, la vivienda y un nivel de vida adecuado».

“Si bien no aceptamos por completo los reclamos en la denuncia, somos conscientes del deterioro de la infraestructura minera en el sitio y las áreas circundantes y reconocemos que existen consideraciones ambientales y de derechos humanos”, respondió Rio Tinto en una declaración pública.

“Aceptar la intervención del Punto de Contacto Nacional de la OCDE de Australia demuestra que nos tomamos esta denuncia en serio y estamos dispuestos a entablar conversaciones con las comunidades que la han presentado, junto con otras comunidades relevantes alrededor del sitio de la mina Panguna y otras partes relevantes, como Bougainville Copper Ltd, el gobierno autónomo de Bougainville y el gobierno de Papúa Nueva Guinea (PNG)”, continuó el comunicado.

En 2016, Rio Tinto se desprendió de su participación en Bougainville Copper Ltd, la compañía operadora, y sus acciones fueron adquiridas por los gobiernos de PNG y Bougainville. Simultáneamente, el gigante minero anunció que rechazaba la responsabilidad corporativa por cualquier impacto o daño ambiental.

La exploración de minerales en Bougainville en la década de los 60, seguida de la construcción de la mina de cobre a cielo abierto Panguna, se produjo cuando la región de la isla estaba bajo administración australiana.

Posteriormente se convertiría en una fuente masiva de ingresos internos para Papúa Nueva Guinea, a la que se le otorgó la independencia en 1975.

Durante su vida útil, la mina Panguna generó alrededor de 2000 millones de dólares en ingresos y representó 44 por ciento de las exportaciones del país.

El acuerdo minero negociado entre el gobierno australiano y Conzinc Rio Tinto Australia en la década de los 60 no incluía regulaciones ambientales significativas ni responsabilidad de la empresa por la rehabilitación de áreas afectadas por la minería.

No ha habido una evaluación ambiental definitiva del sitio de Panguna desde que se vio obligado a cerrar.
La maquinaria e infraestructura de la mina destruida se encuentran esparcidas por el sitio de la mina Panguna en las montañas de Central Bougainville, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea. Foto: Catherine Wilson / IPS

La maquinaria e infraestructura de la mina destruida se encuentran esparcidas por el sitio de la mina Panguna en las montañas de Central Bougainville, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea. Foto: Catherine Wilson / IPS

Sin embargo, cada día se excavaban en la mina alrededor de 300 000 toneladas de mineral y agua. En 1989, un informe independiente de Applied Geology Associates, de Nueva Zelanda, señaló que cantidades significativas de cobre y otros metales pesados se estaban filtrando de la mina y los vertederos de roca estéril y fluían hacia el río Kawerong.

Actualmente, el agua de algunos ríos y arroyos en el área de la mina es de un azul luminiscente, un signo de contaminación por cobre.

La acción de los residentes de Bougainville llega al final de un año que fue desafiante para Rio Tinto en la región.

El grupo británico todavía se está recuperando de las revelaciones a principios de 2020 de que sus operaciones destruyeron sitios nativos sagrados de importancia histórica, que se estima tenían 46 000 años de antigüedad, en las cercanías de su mina de hierro en la región de Pilbara, en Australia Occidental.

El director ejecutivo de la empresa, Jean-Sebastien Jacques, renunció posteriormente.

No obstante, Adams se muestra optimista sobre la voluntad de conglomerado minero de comprometerse con las partes interesadas de Bougainville y Papúa Nueva Guinea.

“En primera instancia, esperamos que este proceso no judicial ayude a facilitar las discusiones para explorar si Rio Tinto asumirá estos compromisos para abordar los impactos de sus operaciones”, argumentó.

De lo contrario, dijo, “las comunidades solicitarán al Punto de Contacto Nacional de la OCDE de Australia que investigue la denuncia y averigüe si Rio Tinto ha violado sus obligaciones ambientales y de derechos humanos”.

Si llega a ser necesaria, una investigación integral sobre el caso podría tomar hasta un año, reconoció Adams.

En definitiva, los isleños buscan resultados específicos.

Estos incluyen el compromiso serio de Rio Tinto con ellos para identificar soluciones a los problemas ambientales y de derechos humanos urgentes.

Además, el financiamiento para una evaluación de impacto ambiental y de derechos humanos independiente de la mina; y contribuciones a un fondo sustancial administrado de manera independiente para permitir programas de rehabilitación a largo plazo.

De lo contrario, el Centro Legal de Derechos Humanos de Australia estima que “dados los recursos limitados de los gobiernos de Papúa y Bougainville, es casi inevitable que si Rio Tinto no toma ninguna medida, el daño ambiental causado actualmente por los desechos de relaves continuará y empeorará».
T: MLM. ED: EG

El largo camino de indígenas de Papúa Nueva Guinea para obtener reparación de gigante minero

Perú

HUANCAVELICA: PROYECTO MINERO AMENAZA CON CONTAMINAR AGUA QUE CONSUMEN 50 MIL PERSONAS

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 14 de enero de 2021
Foto: Servindi
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el pasado 15 de diciembre, el proyecto de exploración minera “Pukaqaqa Sur” presentado por la empresa de capitales brasileños, Nexa Resources Perú S.A.A., el cual pone en riesgo el agua que consumen más de 50 mil pobladores de la provincia de Huancavelica. Las comunidades exigen a las autoridades que se anule la resolución que aprueba esta iniciativa.

Las autoridades de la provincia de Huancavelica se reunieron el 11 y 12 de enero con representantes del Ejecutivo y el Congreso para expresar su rechazo al proyecto que pone en riesgo la calidad de agua. Asimismo, anunciaron que presentarán formalmente ante el Minem el pedido para anular dicha resolución.

La comisión que se presentó estuvo integrada por los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Yovana Quispe, Cancio Inga y Elsa Benavente, y el gerente de Gestión Ambiental, Cirilo Gómez.

En su momento, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica, la Municipalidad de Ascensión, y la Comisión Ambiental Regional de Huancavelica presentaron ante el Minem, observaciones en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. En este documento presentaron sólidos argumentos sobre las afectaciones de Pukaqaqa Sur generaría en ecosistemas frágiles por estar en la cabecera de la subcuenca, y la toma de agua de Callqui, que va a la planta de tratamiento de agua potable para el consumo de más de 50 mil personas.

Lamentablemente, la presión del gobierno por impulsar estos proyectos y el alza del precio del cobre, priorizaron la aprobación de este proyecto dejando de lado las observaciones. Al no considerar estos argumentos, el Minem no tomó en cuenta la autonomía del Gobierno Regional ni la de Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Pero eso no es todo, pues al aprobar la DIA, el gobierno ignoró dos ordenanzas municipales que declaran de interés público la conservación y protección de la cuenca y microcuenca de Ichu, donde se realiza este proyecto.

Este memorial fue presentado el lunes 11 ante el Minem y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambientes y Ecología del Congreso. Además, de las comisiones de Fiscalización y Contraloría, y de Energía y Minas del Parlamento.

Pedido formal

En tanto, la regidora Elsa Benavente informó que el pedido de nulidad de la resolución que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero, se presentará formalmente antes del 22 de enero.

Chile

Corte Suprema acoge demanda de grupo indígena y falla contra permisos de expansión de mina de BHP

El máximo tribunal estableció que no se consideraron adecuadamente los impactos ambientales y los recursos de la comunidad en el plan para la mina Cerro Colorado.
La firma aseguró que «ya está trabajando en el cumplimiento de las medidas exigidas por el Tribunal Ambiental».
14/01/2021 Bloomberg
La Segunda La Corte Suprema acogió una demanda interpuesta por un grupo indígena contra la mina de cobre Cerro Colorado de BHP Group, emplazada en la Región de Tarapacá, y dictaminó que los permisos para una expansión no consideraron adecuadamente los impactos ambientales y los recursos de la comunidad. La resolución a favor de la Asociación Agrícola Indígena San Isidro de Quipisca fue emitida el miércoles por la noche por la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Ante las dudas de que este fallo signifique que la mina deba detener sus operaciones, BHP aseguró que aquello no es así, más bien, explicó la compañía, se mantuvo una solución procesal ordenada por el Tribunal Ambiental en 2019 para considerar que las observaciones del grupo en un nuevo proceso de evaluación que ya está en curso.
«El fallo de la Corte Suprema no ordena el cierre de las operaciones de Cerro Colorado», aseguró la compañía.
«Cerro Colorado ya está trabajando en el cumplimiento de las medidas exigidas por el Tribunal Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental», añadió.
La más pequeña de las tres minas de cobre de BHP en Chile se ha enfrentado a la oposición de las comunidades indígenas que buscan defender los suministros de agua subterránea en la región norteña de Chile.
En julio, BHP anunció que planea reducir las operaciones en Cerro Colorado, adelantando efectivamente un plan de reducción antes de la expiración de sus permisos de operación en 2023.
En ese momento, dijo que continuaría explorando opciones para extender la explotación más allá de 2023 mediante el uso de agua de mar.
El año fiscal pasado, BHP registró un deterioro de US$ 409 millones de Cerro Colorado, una operación que había acordado vender en 2018, pero luego el acuerdo fue cancelado .
La empresa reafirmó su voluntad de establecer procesos de diálogo basados ??en el respeto, la buena fe y los principios del Plan de Pueblos Indígenas de BHP.
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/01/14/1009431/Corte-Suprema-mina-Cerro-Colorado.html

Criminalización de la protesta, Perú

Preparan marcha en respaldo a dirigentes sentenciados por caso Tía María

La dirigente Marilú Marroquín señaló que las acciones de protesta en defensa del agro y medio ambiente acaban siendo criminalizadas injustamente.
12/01/2021 Ibón Machaca Regional Avatar
La reciente condena impuesta a los dirigentes del valle de Tambo, que lideraron las protestas contra el proyecto minero Tía María, sigue despertando indignación. La presidenta de la Junta de Usuarios La Ensenada Mejía, Marilú Marroquín, informó este lunes a los medios de Arequipa, que la población participará de una movilización en apoyo a los condenados Jesús Cornejo, Jaime de la Cruz y Pepe Julio Gutiérrez.

Los pobladores del valle de Tambo se han auto convocado para salir a marchar este martes 12, en Islay. Esto con la finalidad de respaldar a los dirigentes sentenciados, dijo Marroquín. La movilización será de carácter pacífico, portando sus banderillas verdes por las calles de Cocachacra y Dean Valdivia. La representante de los agricultores se reunió en Arequipa con autoridades de la provincia de Islay y el Gobierno Regional.

Se esperaba que el caso de los dirigentes sea tratado en la sesión, en vista de la disposición y apoyo mostrador por el gobernador Elmer Cáceres Llica en días previos. Sin embargo, ante su ausencia el debate giró en asuntos relacionados al déficit hídrico y el efecto de las lluvias.
“Se criminalizan las protestas”, afirma dirigente de Arequipa

Al igual que otros dirigentes, Marilú Marroquín consideró que la sentencia criminaliza los actos de protesta. Asimismo, castiga a quienes salen a defender el agro y el medio ambiente. En su opinión, el proceso judicial no tuvo los suficientes sustentos y se les ha condenado solo por dirigir las manifestaciones.

“Se está criminalizando las protestas. Prácticamente, como los quieren maniatar y callar, yo creo que el pueblo se tiene que levantar. Se está vulnerando la justicia”, sostuvo Marroquín.

Por su parte el alcalde distrital de Dean Valdivia, Richard Ale Cruz, manifestó que el valle de Tambo se mantiene en contra del proyecto y debe respetarse dicha posición. Ale Cruz estuvo procesado junto con los dirigentes, pero quedó absuelto. Él manifestó que no ha cambiado de opinión respecto al proyecto. Considera que la empresa minera no ha despejado las observaciones que hizo UNOPS al Estudio de Impacto Ambiental.

En tanto, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) anunció su respaldo a los dirigentes sentenciados. Con tal motivo convocaron a una protesta. Así lo informó el secretario general del sindicato, José Luis Chapa Díaz. Manifestó que el próximo 14 de enero saldrán a las calles para defender a quienes luchan por el pueblo.
https://elbuho.pe/2021/01/arequipa-preparan-marcha-en-respaldo-a-dirigentes-sentenciados-por-caso-tia-maria/

Criminalización de la protesta, Perú

Sentencian en Perú a dirigentes ambientalistas que pelearon contra megaproyecto minero

El jueves pasado fueron sentenciados dirigentes del Valle de Tambo quienes participaron en el año 2015 en las luchas sociales realizadas en el sur peruano contra la minera Southern que buscaba expandir su radio de explotación en torno al proyecto Tía María. Esta es una demostración concreta de la criminalización de la protesta social y la persecución judicial a los que luchan.
12/01/2021
El Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, condenó a 3 exdirigentes de las protestas que se dieron en el año 2015 en el valle de Tambo, Perú, contra la extensión de la minera Southern en el proyecto llamado Tía María.

Los tres dirigentes condenados, que integraban el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT), son: Jesús Cornejo Reinoso, presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, a quien se le sentenció a 7 años y 4 meses de prisión; Jaime de la Cruz, ex alcalde de Dean Valdivia, sentenciado a 12 años y 4 meses de prisión; y Pepe Julio Gutiérrez, sentenciado a 18 años de prisión.

En este proceso judicial estaban implicados otros 10 dirigentes entre ellos Richard Ale Cruz, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo; Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehuanca Chaiña, quienes fueron absueltos, además del abogado de los acusados Héctor Herrera Herrera.

Recordemos que en estos últimos 10 años en el Valle de Tambo se han realizado diversos paros por parte de los agricultores y pobladores contra la instalación del megaproyecto minero Tía María de propiedad de la multinacional Southern.
Los campesinos y los pobladores de este valle se oponen a este emprendimiento minero ya que contamina el agua y el suelo y de esa manera afecta su principal actividad productiva que es la agricultura. Para llevar adelante esta lucha los campesinos y el pueblo constituyeron el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT) que fue el espacio de centralización que sirvió para organizar las diversas iniciativas de los campesinos y de los pobladores.

Cabe mencionar que en el caso de los dirigentes sentenciados Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, para el Juzgado Colegiado, ambos abrían actuado en la condición de “coautores no ejecutivos” en la comisión de los delitos de “entorpecimiento de los servicios públicos y motín”, es decir, habrían desarrollado supuestamente la prestación de tareas y habrían integrado un “plan criminal” siendo por tanto parte de la “comisión del delito”. Este razonamiento judicial, sin embargo, no pudo ser probado.

Frente a estos casos, la Red Muqui sostiene que:

“El juzgado no ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0009-2018-PI/TC, ha establecido claramente que el ejercicio del derecho a la protesta social puede devenir en la limitación de otro derecho fundamental o la prestación de un servicio. Esta es constitucional siempre y cuando tenga como fin la búsqueda de la protección de un derecho fundamental o bien constitucional. Esto es lo que ocurrió en las protestas de Tía María, pues cuestionaban un proyecto minero que carece de estudios ambientales suficientes para garantizar el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y que afectaría gravemente el desarrollo de las actividades económicas de la zona”.

Sobre el caso de “Pepe” Julio Gutiérrez, este ha sido condenado por el delito de extorsión. Como es de conocimiento público, este ex dirigente de Valle de Tambo, en el año 2015, a espaldas de la población, intentó obtener un beneficio económico personal de la empresa Southern, lo cual fue abiertamente rechazado por los pobladores del valle que en ese momento se encontraban en pie de lucha. Lamentablemente este acto fue utilizado para tratar de deslegitimar la justa protesta de los agricultores, a pesar que “Pepe” Julio fue apartado desde ese entonces de toda instancia de representación social.

Con esta sentencia lo que se estaría haciendo es crear un precedente jurídico para criminalizar la protesta social y a los dirigentes de estos procesos de lucha, además de ello, se buscaría también amedrentar a los diferentes sectores sociales como los campesinos y los trabajadores que hoy, como consecuencia de la profunda crisis económica que se vive en el país, empiezan a luchar y enfrentar con la movilización los planes de ajuste de los empresarios y los gobiernos como ocurrió hace poco con los trabajadores agrarios.

Es necesaria una campaña urgente de las centrales de trabajadores, campesinos, frentes de defensa y organismos de derechos humanos para rechazar esta injusta sentencia judicial, y solidarizarse con los dirigentes sociales Jesús Cornejo Reinoso y con Jaime de la Cruz, quienes hoy son sentenciados por representar en su momento los intereses y la voluntad del pueblo del valle de Tambo.
https://www.laizquierdadiario.com/Sentencian-en-Peru-a-dirigentes-ambientalistas-que-pelearon-contra-megaproyecto-minero

Bolivia, Litio

La Paz, 11/01/2021 (Prensa Latina)
El Ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina, posesionó hoy a Marcelo Gonzales al frente de la industria del litio para reactivarla luego de la afectación provocada por el gobierno de facto.

‘El desafío es grande luego de haber prácticamente tenido parada un año nuestra planta donde no hemos tenido inclusive comercialización de los productos’, declaró el titular tras la designación del presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Molina calificó de importante la articulación de la política energética porque este producto permitirá el desarrollo económico del país y de las regiones productoras por su alto valor agregado, así como la demanda en el mercado internacional de baterías de litio.

A su turno, Gonzales agradeció la confianza y aseguró que YLB tiene los recursos humanos calificados y necesarios para ‘entrar a la etapa de industrialización del litio’ y continuar lo establecido hasta antes de octubre de 2019.

Detalló entre las principales acciones la construcción de otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los salares de Coipasa Uyuni(departamento de Oruro) y Pastos Grandes (Potosí).

Esas entidades van a generar grandes recursos económicos para Bolivia, su desarrollo, algo que esperan los nacionales particularmente para Oruro y Potosí, afirmó Gonzales.

Las actividades de producción en la planta industrial de cloruro de potasio y de la planta semi industrial de carbonato de litio las frenó Jeanine Áñez al encabezar el ejecutivo de manera transitoria en noviembre de 2019.

La pandemia de Covid-19 sobrevino también factor de impacto sobre esa industria debido al mal manejo de la enfermedad y a las restricciones de cuarentenas rígidas dictadas.

Los yacimientos de litio de Bolivia están entre los más grandes del mundo, por lo cual estimaciones apuntan a que el proyecto impulsado por la actual administración permita continuar erradicando la pobreza y la dependencia.

No obstante la voluntad gubernamental, algunos ámbitos de conflicto emergen de los intereses divergentes de varios actores internos y de las interdependencias a escala global, nacional, regional y local.
mem/znc
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422873

Chile

Tras «fatídica» reunión en línea: Asamblea Territorial Penco Lirquén emplaza al SEA a hacer efectiva participación ciudadana en proyecto minero de tierras raras

13/01/2021
[resumen.cl] Este martes se realizó la primera reunión virtual de la denominada participación ciudadana gestionada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esto ante la inminente arremetida del proyecto de extracción de tierras raras que la empresa Biolantánidos pretende ejecutar en Penco
A través de un comunicado la Asamblea Territorial Penco Lirquén calificó de «fatídica» esta primera jornada de participación ciudadana (PAC)
Cabe recordar que el SEA convocó a esta nueva participación ciudadana el 20 de diciembre pasado por cambios en el proyecto minero.

Esta es la planta piloto de la minera a pocos kilómetros de la población de la ciudad de Penco en el Gran Concepción


Este proceso duraría solamente 30 días y se organizaron 2 reuniones por Zoom el martes 12 y jueves 14 de enero

Hackeo impidió a la comunidad conocer detalles del proyecto
Por cerca de una hora estuvo bloqueada la reunión de Zoom, incluyendo el chat. Esto derivó en una pobre presentación del representante de la empresa, la cual era esperada por la comunidad para conocer los nuevos cambios en el proyecto de extracción minera.
«El hackeo sólo generó un beneficio para la empresa que no tuvo que responder ninguna pregunta de público, hackeo que además no presentaba ninguna consigna ambiental» indicaron desde la Asamblea

Pantallazo de la interrupción de la reunión
El contenido no apuntaba hacia algún descontento contra problemáticas ambientales ni sociales, sino que incluso mostró contenido misógeno y pornográfico.
Emplazamiento para postergar la PAC hasta que las condiciones de la pandemia lo permitan

En su comunicado, la Asamblea territorial explica que «diversas organizaciones e instituciones entre ellas la Municipalidad de Penco y la Unión Comunal de JJVV de Penco entregaron cartas al SEA para que postergara la realización de esta nueva participación debido a que la comuna de Penco se encuentra desde la semana pasada en fase 1 [cuarentena toda la semana] por Covid»

«Emplazamos al SEA a postergar la participación ciudadana hasta que las medidas sanitarias lo permitan y pueda hacerse efectiva la participación ciudadana» indicaron

Desde hace aproximadamente 5 años que está operativa la planta piloto del proyecto minero Biolantánidos en los cerros aledaños a la ciudad de Penco en el Gran Concepción. Inaugurada en 2015 constituye la fase de experimentación y preparación de una faena minera a tajo abierto que utilizaría decenas de miles de litros de agua por hora del Estero Penco y El Cabrito; y tendría una capacidad para procesar hasta cientos de toneladas por hora de mineral.
https://resumen.cl/articulos/asamblea-territorial-penco-lirquen-emplaza-al-sea-a-hacer-efectiva-la-participacion-ciudadana-ante-proyecto-minero-de-tierras-raras