Perú

LOS CRIMINALIZAN POR LIDERAR LA OPOSICIÓN A TÍA MARÍA EN EL VALLE DE TAMBO


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Marlene Castillo Fernández
18/01/2021
Imagen: El Pueblo
Las banderas verdes con el lema pintado “Agro Sí, Mina No”, que lucen las casas y que se agitan en cada marcha y caravana se han convertido en una de las principales expresiones más mediáticas de la disidencia política y protesta social de productores y pobladores del Valle de Tambo (Provincia Islay-Arequipa).

Pero, también desde la última caravana de Cocachacra a Mollendo (12 enero) y la movilización en la ciudad de Arequipa este 14 de enero; se han convertido en una de las principales expresiones contra una de las sentencias más abusivas e injustas de la criminalización de la disidencia y la protesta social, del rechazo a la sentencia en primera instancia del Poder Judicial y la orden de captura inmediata, que el 07 de enero fue anunciada en la audiencia final del Juicio Oral sobre los hechos de marzo-mayo 2015, que condena a prisión a más de 7 años y que ordena la captura inmediata de Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y Jaime De la Cruz Gallegos, ex Alcalde del distrito Dean Valdivia (ambos actualmente en la clandestinidad).

Sentencia oral judicial que condena la disidencia y protesta de oposición al proyecto minero a tajo abierto de la SPCC

Disidencia política de quienes están en contra de la política estatal de imposición de la minería riesgosa a tajos abiertos de la titular Southern Perú Cooper Corporation-SPCC, de la primacía minera en el ordenamiento territorial provincial (71.2% con concesiones mineras-2010) y de la narrativa ideológica mediática del progreso minero como vía prioritaria suprema del desarrollo que los descalifica con el mote de “antimineros” (que también hizo eco del mote de “terrorismo antiminero” que el portavoz oficial de la SPCC les adjudicó tendenciosamente a fines de marzo 2015).

Protesta social porque desde el Referéndum municipal/consulta popular del 27 de septiembre 2009 que determinó la no aceptación del proyecto minero y la defensa del agro, llevan más de 11 años en pie de lucha habiendo protagonizando tres masivos paros. El primero, ante las Audiencias Públicas arregladas y el Estudio de Impacto Ambiental incompleto y engañoso observado por la UNOPS (2011); el segundo, ante la aprobación del EIA sin haber absuelto las observaciones ni consultado a la población, violentando la paz social (2015); y, el tercero, ante el otorgamiento de la licencia de construcción, inicio de la fase de explotación, en medio de proceso penales a 105 detenidos y dirigentes en actividad (2019). En síntesis, como las y los defensores lo repiten: Tía María (y su tajo la Tapada próximo al canal la Ensenada-Mejía y al río Tambo) no tiene licencia social.

Criminalización porque han convertido los derechos de disidencia, de dirigencia (representación) y la protesta social en delitos y a las personas que disienten, dirigen y protestan en criminales, que deben ser perseguidos, reprimidos con armas de fuego y penalizados. Esta sentencia contra ambos dirigentes representa un grave precedente judicial, que debería alertarnos – no atemorizarnos – y salirle al frente en la defensa de los derechos humanos fundamentales que tienen además amparo constitucional. Este proceso de criminalización de los y las defensores del Valle de Tambo, además de la estigmatización pública, ha involucrado mega operativos de represión que han contado con la fuerza armada, de 2 a 3 mil efectivos policiales en cada paro y el sitiado de Cocachacra y Dean Valdivia el 2015, resultando a la fecha en 6 defensores muertos por bala y 1 efectivo policial por golpes, todos asesinados, cientos de heridos, división y resentimiento profundo social. En síntesis, como dicen los y las defensoras: esta es una sentencia política.

El paro del 2015, fue reprimido con un excepcional abuso de las fuerzas del orden, comprometiendo violación de derechos humanos, escalando a detenciones masivas (105 en un caso) hasta confluir en acusaciones fiscales insidiosas a raíz del escándalo del “video de las lentejas” (7 mayo 2015). Efectivamente, en medio del paro, se difundió públicamente el video donde el entonces presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo-FADVT, Pepe Julio Gutiérrez solicitaba a un abogado de la SPCC un pago de millón y medio para terminar con el paro en curso, de paso nombró a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz. A partir de ese video y otros medios de difusión de los paros del FADVT así como declaraciones de informantes, la Fiscal provincial de entonces, María Alejandra Cárdenas, centró su acusación en los delitos de asociación ilícita para delinquir y de extorsión, con la teoría de que el FADVT era una asociación que atentaba contra un “fin/bien público” al plantearse como misión liderar la oposición a un proyecto minero, como el proyecto Tía María, que era priorizado en la promoción gubernamental de inversiones mineras que traería progreso al país, y a razón de que sus dirigentes lideraban esa oposición para lograr beneficios económicos personales a través de la extorsión que se habría puesto al descubierto con el video en mención.

La sentencia anunciada del Poder Judicial, ante las pruebas presentadas y los fundamentos del derecho de protesta social, entre otros, resuelve que no existe delito de asociación ilícita para delinquir y sólo sentencia a Pepe Julio Gutiérrez por el delito de “tentativa de extorsión”. Sin embargo, para la acusación del delito de entorpecimiento de los servicios públicos y motín absuelve a 10 acusados (9 productores y el abogado Dr. Héctor Herrera; otros 3 dirigentes procesados a la fecha de la sentencia habían fallecido) y condena a los tres dirigentes del ex FADVT, para lo cual admite una nueva categoría de delito como “autores no ejecutivos”, que es lo mismo que decir que no ejecutaron el delito pero que fueron de la idea/mensaje que influyó en la decisión de ejecución de los autores no individualizados de esos hechos. Por eso, afirmamos que este proceso de criminalización de la disidencia y protesta social tiene su máxima expresión en la sentencia judicial adelantada que condena a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, agravada con la orden de captura inmediata.

La condena a más de 7 años de prisión y orden de detención al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, es un eslabón más del particular e intenso seguimiento con grabaciones policiales y búsqueda de testigos informantes que lo incriminen, durante estos más de 5 años. No nos queda duda alguna que se le condena a Jesús Cornejo Reynoso por el ejercicio de su función dirigencial y porque goza de alta legitimidad dentro del gremio de regantes y de gran parte de la población de Cocachacra y Dean Valdivia que lo conocen por su honestidad, firmeza y consecuencia con los mandatos de sus bases. Fue precisamente él quien en su calidad de presidente de la Junta de Usuarios de Agua del Valle de Tambo, suscribió el pronunciamiento público de fecha 04 de abril del 2015: “CUARTO.-Reiteramos que nuestro único pedido es el retiro definitivo del proyecto Tía María por carecer de Licencia Social, por lo que el Gobierno Central debe implementar los mecanismos legales y políticos a efectos de hacer cumplir la voluntad popular” y “QUINTO.-En tanto el Gobierno Central no de una solución definitiva al conflicto, el paro indefinido iniciado el día 23 de marzo, continuará por decisión unánime de la Asamblea Popular llevada a cabo en la Plaza San Francisco del distrito de Cocachacra; manteniéndose firme la unidad de autoridades, dirigentes y población en general”. Esta consecuencia valiente no le perdonan; se trata de dar un escarmiento a los demás.

Respaldos y apelación ante abusiva medida gravosa de detención inmediata de Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz

El respaldo social local a los dirigentes – Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz – fue inmediato ni bien fue conocida la sentencia anunciada en la audiencia virtual del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa, el jueves 7 de enero. Los primeros en pronunciarse públicamente fueron dirigentes y autoridades actuales del Valle de Tambo, tales como: Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de Mejía quien expresó en medios de prensa regional y nacional que la sentencia castiga a quienes salen a defender el agro y el medio ambiente, que se les ha condenado solo por dirigir las manifestaciones, con lo cual se está vulnerando la justicia; Richard Ale Cruz, actual alcalde distrital de Dean Valdivia y que fue absuelto por la sentencia, se reafirmó en la posición de defensa del Valle de Tambo y el respeto a su posición contra el proyecto. También, suscribieron un pronunciamiento público de “rechazo rotundo a sentencia judicial contra dirigentes del Valle de Tambo” los secretarios generales tanto de la CGTP- Islay, Pablo Espinoza Chirinos, como del SUTEP-Islay, Nicolás Miranda Melo (8-1-2021). De modo semejante se pronunció José Chapa Díaz, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA).

A su vez, resulta significativo que el Consejero Regional por la provincia de Islay, del Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Pinto Cáceres, haya expresado su rechazo a la sentencia de condena a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, y se haya manifestado públicamente en la entrevista realizada en el programa “Pico a Pico” (El Buho: 11-1-21), que desde su formación profesional como geólogo y conocedor de la cuenca del río Tambo, le da razón a la lucha de defensa del agua y del Valle de Tambo y considera legítima la protesta de la población “porque se quería imponer un proyecto que está a menos de 1 kilómetro del cuerpo de agua del río Tambo y abastece de agua a 60 mil personas y 13 mil hectáreas”, más aún cuando los medios pacíficos se agotan, el Estado no escucha y se presta a imponer un proyecto usando toda la fuerza, con lo cual se genera una situación de conflicto violento con las lamentables pérdidas de vidas, agregó. El día 14 de enero, emitió un pronunciamiento público oficial, en el que además de su desacuerdo y rechazo a la sentencia, afirma “Las Autoridades del Valle de Tambo y los Agricultores impulsan el cuidado y el respeto al medio ambiente, defienden su ancestral actividad agropecuaria y reclamamos la paz social que se nos arrebató desde el año 2010. Nos mantenemos firmes y unidos en nuestra propuesta por el bien y seguridad de las futuras generaciones y aguardo la esperanza de una nueva Ley de Minería dentro de una Nueva Constitución”.

También la Convención Nacional del Agro-CONVEAGRO, uno de los principales gremios agrarios nacionales está respaldando a Jesús Cornejo mediante un video que circula en las redes sociales desde este 13 de enero que se acompaña del siguiente mensaje: “La protesta social no es un crimen. El Estado es el garante de los derechos de las personas y grupos afectados por proyectos que impactan en sus medios de vida. No se puede sancionar la protesta social mediante la represión e instrumentalización de mecanismos legales. No se puede desestabilizar a las organizaciones que reclaman, basándose en el falso argumento de que se afecta la tranquilidad pública, la seguridad jurídica, de las grandes inversiones y la propiedad privada. Es por lo que desde Conveagro damos nuestro respaldo a Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo que ha sido sentenciado injustamente por entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín”

La movilización, los pronunciamientos públicos, los respaldos por redes no son suficientes aún, entre otros porque algo que recién está haciéndose público es que además de la sentencia anunciada de prisión se les ha emitido orden de captura inmediata, en una acción desmedida, abusiva e injusta, que resulta extremadamente riesgosa para la vida de ambos dirigentes por el peligro de COVID-19 y la desatención. Ya no sólo es un atentado contra el derecho de la libertad, sino también contra el derecho a la vida.

¿Qué acciones de defensa legal se está haciendo? El viernes 29 de enero, se dará lectura a la Sentencia en primera instancia, fecha a partir del cual se conocerán la fundamentación judicial respectiva, luego de lo cual procede la respectiva apelación a los jueces superiores de la segunda instancia. Lo insólito y abusivo del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa (Expediente No. 2545-2015) es que se haya ordenado la captura inmediata de Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, quienes al momento se encontraban en libertad. El abogado de ambos, el doctor Héctor Herrera Herrera, quien también fue procesado y ha sufrido hostigamiento policial, ha presentado el día 14 de enero el recurso de apelación de la medida gravosa de detención inmediata, porque esa medida no ha cumplido con el debido proceso y ha cometido irregularidades, nos informó en la entrevista que nos concedió (15-1-21). Afirma que los jueces tienen la potestad de mandar la prisión inmediata si el procesado está en libertad; pero sólo se puede hacer fundamentado en la complejidad del delito que está siendo juzgado y por el peligro de fuga; este peligro existe cuando no se tiene domicilio fijo permanente, trabajo o familia. En ambos casos está comprobado el arraigo domiciliario, laboral y familiar. Pero, insiste no lo han hecho “los jueces no han fundamentado sólo emiten la orden de captura”.

Por lo que esta orden de detención inmediata sin fundamentación motivada estaría contraviniendo disposiciones de orden constitucional (Art.2; numeral 17; inciso f.): “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez (…)”; también “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” (inciso e.). El doctor Herrera concluye así: “no procede la orden de detención en primera instancia porque no está motivado y no hay tal complejidad del delito ni peligro de fuga además he planteado que hay riesgo para la vida de mis defendidos por el alto riesgo de contagio de COVID-19 en condiciones de prisión y porque prima el interés superior de la familia”. En consecuencia, no queda duda que estamos ante un acto no sólo de penalización del liderazgo de la protesta sino también de un acto de violencia judicial atentatorio contra la vida de ambos dirigentes.
Lea el comunicado de la Junta de usuarios del Valle de Tambo en rechazo a la sentencia contra los dirigente sociales:

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Latinoamerica, Minería en general

2020: el año de la covid-19 y los delitos ambientales

por Antonio Paz Cardona/Mongabay Latam
Durante la pandemia se dispararon los ataques ambientales en la Amazonía y otros importantes ecosistemas de Latinoamérica. La minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico y hasta el asesinato selectivo de defensores ambientales se incrementaron.
La minería ilegal es una de las principales problemáticas ambientales en la región.

La pandemia impuso grandes retos para el medio ambiente durante el 2020. En un principio se llegó a pensar que las cuarentenas y demás medidas restrictivas durante la emergencia sanitaria traerían un alivio para los bosques y, en general, para la biodiversidad latinoamericana.

Sin embargo, rápidamente creció la preocupación por el aumento de las actividades extractivas como la tala de madera, la minería y la explotación petrolera. El gran problema no era solo la industria legal sino también los delincuentes que aprovecharon que los gobiernos invertían mucho de su tiempo, personal y dinero en atender la emergencia de salud, dejando atrás otros sectores como el ambiental.

Por ejemplo, en los primeros cinco meses de este año se registraron en Bolivia más de 25 274 focos de calor, un 80 % más que en el mismo periodo de 2019, lo que llevó a que se perdieran más de seis millones de hectáreas de bosque, mientras el país no tenía una estrategia clara para atender esta emergencia. En los primeros tres meses, Colombia perdió 75.031 hectáreas de su Amazonia, superando así la cifra de todo 2019 (73 000 hectáreas) y Ecuador vio cómo en 2020 los madereros ilegales invadieron territorios indígenas para extraer cientos de árboles.

No paró la deforestación
Tala ilegal en Ecuador. Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.
Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.

La tala indiscriminada de bosque para el aprovechamiento ilegal de la madera, el acaparamiento de tierras, el cultivo de grandes monocultivos o la ganadería extensiva no estuvieron de cuarentena.

Para agosto de 2020 las fiscalías ambientales de tres regiones peruanas investigaban a funcionarios forestales de Ucayali por presuntos nexos con mafias que blanqueaban madera ilegal. Al día salían aproximadamente 40 camiones de madera y la pandemia impidió que el personal del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) verificara la legalidad de estos cargamentos en los últimos meses.

Parques Nacionales Naturales de Colombia esperaba contener la tala en la Amazonia aplicando acuerdos de conservación con los campesinos, como el que firmaron en octubre de 2019 en el municipio de La Uribe (Meta) pero, ante el panorama de amenazas y la salida de los funcionarios de varios parques, estos acuerdos quedaron detenidos y la saliente directora de la entidad, Julia Miranda, manifestó en diciembre su preocupación por el aumento de la deforestación en el parque Serranía de Chiribiquete.

En Bolivia, “detrás de los incendios forestales está la expansión agrícola”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). El experto manifestó su preocupación pues en 2020 cree que tanto empresarios de la agroindustria como gobiernos que dictan normas para autorizar el desbosque de tierras, estuvieron detrás de este fenómeno. Mientras tanto, en Ecuador, por algunos ríos de las provincias de Orellana, Napo y Pastaza descienden miles de troncos que son talados por madereros furtivos que han encontrado la gallina de los huevos de oro en los territorios comunitarios de algunas nacionalidades indígenas y áreas naturales protegidas.

La minería ilegal no descansa
Los campamentos mineros operan a menos de 200 metros de la comunidad de indígenas amahuacas. Foto: comuneros de Boca Pariamanu.

Comunidades indígenas y afrodescendientes en Ecuador denunciaron la presencia de minería ilegal en su territorio durante la emergencia por la covid-19, al tiempo que la minería legal no descansaba y las poblaciones temían que la rotación de personal aumentara sus posibilidades de contagio. Estas denuncias fueron constantes en la parroquia Pacto, en Pichincha; en la parroquia Larama, en Loja y en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura.

En septiembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, Perú, estimó que la minería ilegal dejó una deforestación de casi 30 hectáreas. Cerca de los puntos de excavación, las autoridades hallaron una amplia construcción de palos y plásticos que funcionaba como bar y donde, se presume, se ejercía la prostitución clandestina.

De hecho, Ecuador y Perú fueron dos de los países donde más se denunciaron delitos relacionados con extracción ilícita de minerales. En la pandemia, mineros ilegales ecuatorianos reabrieron socavones y operaron en ríos que llegan a comunidades indígenas en la Cordillera del Cóndor, en un área que debió ser parte de un parque nacional.

Se dispararon los asesinatos de defensores ambientales
Portada especial Defensores ambientales la violencia del desplazamiento
Portada del especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento. Ilustración: Kipu Visual.

Colombia es el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales. Así lo registró la organización internacional Global Witness al reportar 64 asesinatos, durante el 2019, en el reporte que publicó a mediados de 2020. Esa cifra casi que triplicó el número de homicidios reportados para 2018.

Durante la pandemia, los homicidios se dispararon y el peligro fue mayor no solo para los líderes ambientales sino para los indígenas y defensores de derechos humanos. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el 11 de diciembre de 2020, 293 líderes habían sido asesinados.

Perú también vio cómo se disparó la violencia en contra de los líderes ambientales. Aunque sus cifras distan enormemente de las colombianas, cinco asesinatos se registraron en 2020 y varias amenazas de muerte se siguen reportando hasta hoy. A inicios de diciembre, un grupo de líderes indígenas de Ucayali llegó a Lima para pedir protección a las autoridades peruanas frente al hostigamiento constante que sufren en sus territorios.

Territorios indígenas y áreas protegidas bajo asedio
Guido Jaimes, guardaparque del Parque Nacional Carrasco en Bolivia. Foto: Guido Jaimes.

Desde que en marzo de 2020 se presentaron los primeros casos de COVID 19 en casi todos los países de Latinoamérica, las autoridades decretaron el cese de las actividades turísticas y científicas en las áreas protegidas. Varios pueblos indígenas también cerraron sus territorios para contener el virus. Pero no todo se detuvo.

Muchos guardaparques permanecieron en sus puestos para salvaguardar la integridad de estos grandes espacios dedicados a la conservación. Para cumplir su misión tuvieron que cambiar sus rutinas, adaptarse a recortes presupuestales, reducción de personal en el campo y, en algunos casos, despidos, como ocurrió en Ecuador.

Mientras tanto la ilegalidad dejaba en claro que no había cuarentena capaz de detenerla. Los guardaparques y los indígenas han tenido que lidiar con la caza prohibida de especies silvestres o la tala ilegal de madera, acciones que nunca cesaron pese a los decretos de inmovilización que acompañaron a la emergencia sanitaria.
Artículo tomado de https://es.mongabay.com/2021/01/delitos-ambientales-y-covid19-2020/
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/2020-el-ano-de-la-covid-19-y-los-delitos-ambientales–mundo-hoy/58786

Argentina

LA FARSA DEL “DEBATE” PARA HABILITAR LA MEGAMINERÍA EN CHUBUT

17/01/2021
La farsa del “debate” para habilitar la megaminería en Chubut
En el peor momento de la pandemia de Covid-19 en gran parte de la provincia de Chubut, el gobierno de Arcioni-Sastre insiste en jugadas traicioneras para tratar de avanzar con el proyecto de zonificación minera que presentaron en la Legislatura a fines de noviembre de 2020. El viernes 15 se conoció a partir de diferentes medios de comunicación que la semana siguiente, el gobernador y sectores mineros realizarán “mesas de trabajo” sobre el proyecto, una puesta en escena para pretender decir que hubo debate, mientras niega la Segunda Iniciativa Popular y el contundente rechazo de la megaminería por parte de la población. Por Noalamina.org

Desde su anuncio, el proyecto de zonificación generó movilizaciones multitudinarias a lo largo y ancho del territorio chubutense en las que el pueblo expresó con contundencia su negativa a la habilitación de la megaminería: en lugar de encargarse de gestionar la pandemia, el gobierno obligó a la población a salir a la calle a sostener un rechazo que es claro y contundente hace ya 18 años.

Además, el proyecto de zonificación fue rechazado por numerosas organizaciones y colectivos como las principales instituciones académicas, científicas, de la salud, comunidades de pueblos originarios, entidades religiosas, fundaciones, ONG’S, numerosos sindicatos y partidos políticos.

Algunos de estos sectores se encuentran en el cronograma de las mesas de trabajo, aunque la mayoría se enteró que estaban siendo convocados por los medios de comunicación. Desde instituciones científicas como el INTA, el CENPAT-CONICET, la Universidad de la Patagonia y la UTN (cuyas autoridades en noviembre rechazaron la zonificación con una carta a la legislatura) adelantaron a noalamina.org que “dada la urgencia de la convocatoria, las respectivas mesas técnicas de las instituciones no llegarán a tiempo con un análisis de las modificaciones”. Por su parte, este domingo, desde la Red de Trabajadorxs de Ciencia de Ciencia de Chubut hicieron pública su postura a través de un comunicado en el que denuncian el falso debate del gobierno e insisten en la necesidad de que se debata y apruebe la Segunda Iniciativa Popular.

Por su parte, la Iglesia Católica volvió a rechazar el proyecto de zonificación con un comunicado de la Diócesis de Comodoro Rivadavia y la Prelatura de Esquel, en donde explican que (pese a figurar) no han recibido invitación formal y que entienden que “debatir no es lo mismo que informar”, en relación a la modalidad de las mesas de trabajo en donde se tratará sólo el proyecto del ejecutivo. “Nos asombra que estos pedidos (por la IP) que han entrado a la legislatura cumpliendo todos los requisitos previstos por nuestra constitución, no encuentren el eco necesario para debatirlo” explican y agregan: “es inquietante que no se le dé igual jerarquía en su tratamiento conjunto siendo que se inhabilitan mutuamente”.

De similar manera, el Partido Municipal por Trelew rechazó la invitación a la jornada por ser meramente informativa y poco seria. En contraparte, declaran que existe una “oportunidad histórica de los diputados y diputadas provinciales de reconciliarse con el pueblo de la provincia, y es el tratamiento de la Iniciativa Popular, que fue avalada por más de 30 mil chubutenses que no quieren que el agua se use para la megaminería. Dar tratamiento a la ley de zonificación minera e ignorar la Iniciativa Popular es dar la espalda al pueblo de Chubut”, finaliza el comunicado.

En el cronograma de la jornada figuran como invitadas “Comunidades originarias”. Han sido constantes las declaraciones en contra del avance megaminero a lo largo del 2020. Comenzando por el Parlamento por el Agua y en Defensa del Río Chubut de enero, en donde reafirmaron el No a la megaminería, pasando por el repudio a Arcioni y Alberto Hensel en octubre, dado que “desde distintas instituciones y organismos de gobierno provinciales y nacionales, se vulnera nuestro derecho a participar en la toma de decisiones que nos afectan”, cerrando el año con la presentación de un documento a la Legislatura, en donde comunidades originarias de la Meseta centro-norte solicitaron a la Cámara que se abstenga de avanzar con el tratamiento de la Zonificación, ya que se redactó “en violación a los derechos de los Pueblos Originarios” y en contra del convenio de la OIT que estipula la consulta y participación de las comunidades de manera libre, previa e informada. Es llamativa la desprolijidad del documento del gobierno en donde en este punto figura entre paréntesis “Evaluar sumar a abogado del CELS Eduardo Hualpa”. Ante la consulta de noalamina.org, Hualpa contestó: “por lo que sé, las comunidades de la meseta se enteraron por los diarios. El diálogo requiere voluntad de las partes. Lo que se ve en Chubut en este tema se llama lobby”.

Otra particularidad del supuesto debate es que hasta el momento no hay convocatoria ni difusión oficial, ni explicación alguna por parte del gobierno sobre si las jornadas serán públicas. Periodistas consultados refieren haber estado intentando saber si podrán cubrirlas, sin éxito. Incluso Radio Libre de Puerto Madryn se propuso transmitir la jornada desde la conexión de algún/a diputado/a, pero al ver que había personas invitadas que se bajaban “para no tener nada que ver con semejante payasada” decidieron no hacerlo.

No deja de llamar la atención que el sitio de referencia para “informarse” sobre los temas que abordará la jornada virtual haya sido creado junto a todo el aparato propagandístico del gobierno y la minera Pan American Silver. El sitio web “lameseta.org” fue creado el 28 de noviembre y difundido a coro por el ejército de trols: pese a que se presenta como del Ministerio de Hidrocarburos no es un sitio gubernamental. Fue dado de alta el 27 de noviembre del 2020 desde una IP localizada en Ohio-Columbia (EEUU). En dicho sitio, vuelve a publicarse la investigación del CONICET sobre Índice de Calidad de Vida, por la cual su director realizó un descargo indicando que estaba siendo tergiversada para promover la megaminería como un mejorador de dicho índice, cuando es todo lo contrario. La divulgación de dicha web se estuvo dando de manera similar a vecinosdelameseta.org, web gestionada desde una empresa de Buenos Aires y financiada por Pan American Silver.

¿En qué consiste la nueva puesta en escena para tratar de darle legitimidad al proyecto de zonificación minera?

Se trata de una semana con reuniones virtuales por la plataforma oficial de Gobierno. Será inaugurada por Arcioni y funcionarios provinciales y tutelada por Alberto Hensel, el Secretario de Minería de Nación. Según el mismo cronograma, quienes fueron invitados serían notificados el miércoles 13 de enero, pocos días antes de su comienzo. El pasado 15 de enero se conoció la invitación realizada por el Ministro de Hidrocarburos Martín Cerdá, al Presidente de la Legislatura Ricardo Sastre, y a través suyo al resto de los legisladores provinciales. En el cronograma de encuentros figuran diversos sectores de la dirigencia política (partidos políticos, intendentes, diputados nacionales); sectores empresariales y sindicales (aquellos que histórica o recientemente se declararon del lado del gobierno con la particular ausencia de los gremios que se oponen). También figuran entidades religiosas (católica y evangélica), comunidades originarias, instituciones académicas y científicas: todos espacios que ya han rechazado la zonificación y el avance del gobierno a pesar de la falta de licencia social. Desde estos sectores, como se puede ver al inicio de esta nota, denunciaron la improvisada convocatoria, el carácter meramente informativo de las jornadas y la ausencia de debate sobre la Iniciativa Popular. Es necesario aclarar que ninguna asamblea socioambiental ni quienes impulsaron la IP fueron invitados al supuesto debate.

Pese a que el gobierno declara buscar “profundizar y articular propuestas” que permitan la “ampliación del proceso participativo del diálogo para el enriquecimiento” del mal llamado proyecto de desarrollo productivo de la provincia de Chubut -Exp. N° 128/20 que pretende habilitar la megaminería en la meseta-, desconoce el debate social que desde hace 18 años se da en la provincia.

Abundan las razones para repudiar esta mediocre operación que las corporaciones mineras a través de sus representantes del poder ejecutivo chubutense pretenden impulsar subestimando al pueblo que no quiere megaminería:

En este momento de la pandemia de Covid-19 la prioridad en la agenda gubernamental debería ser la gestión del sistema de salud saturado, al que le faltan recursos materiales y humanos y que está siendo sostenido por trabajadores estresados a quienes se les debe varias masas salariales.
El pueblo no solo no quiere, no votó ni pidió que el gobierno provincial se ocupe de impulsar la megaminería sino que resulta violentado por ese accionar e impulsado a expresarse en las calles para frenarlo, a riesgo de enfermarse y empeorar la situación sanitaria, que parece no importarle a quienes gobiernan.
Resulta un acto de cinismo invitar a participar a “las comunidades originarias” para “enriquecer” un proyecto de zonificación que ha sido rechazado de plano por esas mismas comunidades precisamente porque pone en riesgo su subsistencia en el territorio y porque no se ha cumplido con la consulta prevista por el convenio 169 de la OIT.
El Gobierno Nacional, lejos de velar por el bienestar del pueblo que sufre el accionar irresponsable del gobierno provincial, sigue apoyando e impulsando este proyecto antidemocrático, a través de la presencia del Secretario de Minería Alberto Hensel y la Subsecretaria de Desarrollo Minero Laura Ropolo, disertantes en las reuniones virtuales.
El pueblo de Chubut, organizado horizontalmente a través de asambleas (UACCH), sigue esperando que se retire de la legislatura el vergonzoso proyecto de zonificación N° 128/20 y se trate con el debido respeto el proyecto de ley presentado haciendo uso del mecanismo de democracia semidirecta previsto en el art 263 de la Constitución Provincial: la iniciativa popular, que cuenta con el aval de casi 31.000 firmas. Gobernantes y legisladores deben dejar de soslayar el proyecto de la Segunda Iniciativa Popular, el cual se contrapone al Proyecto de Zonificación ya que apunta a la prohibición de la minería metalífera y de radioactivos en todas sus formas, en todo el territorio de Chubut. Ese es el deseo de miles de chubutenses que quieren cuidar los bienes comunes (vulgar y tradicionalmente conocidos como “recursos naturales”) preservándolos para las nuevas y futuras generaciones y para el desarrollo de actividades verdaderamente productivas y sustentables en el tiempo.
Esperamos que todos los actores y sectores invitados a participar de esta fantochada hagan público su repudio al accionar irresponsable y antidemocrático del gobierno de Arcioni-Sastre que, obstinadamente, pone en riesgo la salud y el futuro del pueblo de Chubut.

La farsa del “debate” para habilitar la megaminería en Chubut

Argentina

NO HAY CAPITALISMO SIN EXTRACTIVISMO

14/01/2021
Horacio Machado Aráoz es autor del libro “Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea” (editorial Mardulce), donde traza el vínculo del extractivismo desde la llamada “Conquista de América” hasta la actualidad, con ejemplos concretos como Minera Alumbrera (en Catamarca). “Ser proveedores de materias primas obedece a un patrón de división internacional del trabajo heredado de la época colonial. El extractivismo es un rasgo estructural del capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esa acumulación es necesario que haya zonas de sacrificio, coloniales, que provean los subsidios ecológicos de ese consumo desigual del mundo”, explica. Investigador del Conicet, docente de la Universidad de Catamarca, parte de las asambleas catamarqueñas contra la megaminería y de la organización Sumaj Kawsay (“buen vivir”).

Una entrevista de Darío Aranda a Horacio Machado Aráoz para Página 12

-Partiendo del libro “Potosí, el origen”, ¿qué similitudes hay entre ese modelo iniciado en 1492 y el actual?

-Lo que aparece intacto debajo de la diversidad de formas del extractivismo es la figura del conquistador como prototipo de los humanos y como forma de relacionar y concebir la relación con el mundo. El conquistador, desde los Pizarro, los Cortés, los Pedro de Valdivia, son varones armados, violentos, en búsqueda de enriquecimientos rápido, que miran el mundo como puro objeto de posesión y conquista, concibe la vida como una carrera infinita de riqueza y poder. En términos subjetivos la mirada de Colón sesgada por el brillo del oro es la mirada del sujeto moderno contemporáneo, de la racionalidad que piensa en la conquista de riquezas y valores abstractos como el sentido último de la existencia, esa es la matriz del extractivismo.

-¿Y las diferencias?

-Hay diferencias, grandes y múltiples, sobre todo en los modos de producción, el régimen de dominación y destrucción de hoy es infinitamente mayor hoy. El poder también se ha hecho más complejo, tiene una enorme capacidad de seducción, persuasión, el modo de vida imperial se impone como matriz evolutiva. La capacidad de destrucción asociada a la capacidad de seducción es lo que Aníbal Quijano llama “la lógica de la colonialidad”. El modo de vida imperial, del conquistador, aparece también como deseado por los conquistados y colonizados. Este modelo nos llevó a un umbral de deshumanización, a la naturalización de la violencia, vivir relacionándonos con la Madre Tierra desde la lógica del saqueo, con los efectos sanitarios y socioambientales que ya conocemos.

-Pero también hay resistencias.

-Estos cinco siglos de dominación extractivista colonial no han pasado en vano. No ha sido una dominación pasiva. Hay toda una historia de luchas, un aprender de luchas pasadas. Semillas de humanidad que nos quedan. Si queremos sostener y luchar por la supervivencia de la humanidad tenemos que acudir al banco de semillas de la historia, que son las las resistencias, la lucha de los pueblos originarios, de las mujeres, la lucha de los trabajadores, de todos los oprimidos del mundo. Hay ahí un banco de saberes, de conocimiento, que tenemos hoy disponible. Todas estas luchas, distintas expresiones contra la dominación patriarcal-colonial-capitalista, son todas necesarias pero ninguna es por sí misma. Estamos ante un gran desafío de una sinfonía de luchas populares, es la conciencia que tenemos de la integración de las luchas, del ecologismo popular.

-¿Extractivismo y capitalismo son sinónimos?

-No hay capitalismo sin extractivismo. Y el capitalismo implica la reafirmación de una estructura colonial de la economía mundial. Por eso es inentendible que en el Siglo XXI gobiernos que dicen que querían un cambio progresista insistieron sobre la base de un modelo ya fallido, muy conocido y debatido en América Latina, con consecuencias económicas, políticas, sociales y que consolida la dependencia. Un aprendizaje debiera ser que como países herederos de un régimen colonial no podemos aspirar a un modelo de desarrollo igual o equivalente al de los países industrializados. Debiéramos aspirar a otro modelo, basado en otra matriz de producción y de consumo.

-Una mirada recurrente es señalar que el extractivismo es una “contradicción secundaria” o una etapa previa para lograr el posterior “desarrollo”.

-Es una posición totalmente equivocada, que reproduce viejos errores de la izquierda ortodoxa del siglo pasado, delata una ceguera epistémica que estos sectores de izquierda tienen respecto a la naturaleza. Siguen sin entender que el capitalismo no es solo la depredación de la fuerza de trabajo, sino que produce la depredación de las fuentes de vida, la naturaleza, de las cuales el trabajo es un aspecto más. La vieja izquierda es una izquierda productivista, piensa en los términos del capitalismo respecto al desarrollo tecnológico, tiene fe ciega en la expansión de las fuerzas productivas, creen en un horizonte de crecimiento infinitivo. Esto, que podría ser perdonable para Marx o Engels, en el Siglo XIX, es incomprensible en los tiempos actuales.

-¿Que planteo alternativo existe?

-La teoría social crítica latinoamericana nació con cuestionamientos por las consecuencias de este modelo primario exportador. Existieron teóricos y gobiernos que propusieron un modelo distinto para la región entre las décadas del 40, 50 y 60 del siglo pasado, muchos de ellos inspirados en la llamada “escuela de la Cepal” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), donde el economista Raúl Prebisch fue uno de los referentes. Desde hace más de medio siglo se sabe que el extractivismo no es una alternativa válida para el desarrollo. Esa matriz extractiva tiene consecuencias en materia de clase social, genera una distribución del ingreso que tiende a la polarización social, consolida a las élites y conlleva escasa redistribución. No tenemos posibilidad de desarrollarnos en esos término, y se hace inviable toda posibilidad de pensar e implementar otros caminos, que sean emancipatorios.

-¿Cómo se sale del extractivismo?

-No hay, creo, salidas capitalistas del extractivismo. Eso nos fuerza a pensar radicalmente las alternativas. Como el extractivismo es una dimensión intrínsica del capitalismo, salirse de él es imaginar otros horizontes civilizatorios. Hay muchas comunidades que viven en territorios que están fuera de los patrones del capitalismo, viven sobre una base de uso comunal de los conocimientos, saberes, tierras, semillas. En nuestra América tenemos muchas comunidades que viven fuera de ese patrón extractivo. Hay que comenzar a imaginar esas salidas.

-¿Cómo serían esas opciones?

-Hay numerosas propuestas, tanto de investigadores como de organizaciones sociales, que están proponiendo políticas para modificar la matriz productiva, alternativas construidas desde abajo que construyen otras territorialidades y son fundamentales para salir del extractivismo. Imaginemos sociedades basadas en soberanía alimentaria, soberanía energética e hídrica como pilares fundamentales para pensar la independencia económica, política y culturales. Desde hace años que las organizaciones lo vienen pensando y poniendo en práctica, como la Conaie (Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador), la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de México, el Movimiento Mundial contra al Represas de Mesoamérica y la misma UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas). El futuro de la especie humana está en poder reapender, volver a sentirnos conectados con la vida, el aire, la tierra, el agua. Y desconectarnos del aparataje tecnológico y financiero que nos ha extirpado del mundo, nos ha sumergido en un mundo de pantallas y de conexiones abstractas. Hay que salir de ahí para tener alternativas, para tener otro futuro.

No hay capitalismo sin extractivismo

Argentina

EL SECTOR MINERO CONTRA LA LEY DE HUMEDALES

17/01/2021
Una vez más, el sector minero pone en evidencia su carácter depredatorio. Del mismo modo en que oportunamente batalló contra la Ley de Glaciares se opone ahora a la Ley de Humedales.

El Proyecto de Ley de Humedales pretende defender un ecosistema que abarca el 21,5% del territorio argentino se trata de un tipo particular de ecosistema que se encuentra entre los más productivos y diversos biológicamente, con una gran variedad de seres vivos. Los humedales son grandes acumuladores de agua y cumplen una función de esponja para amortiguar la posibilidad de grandes inundaciones. En la provincia del Chubut se encuentra el Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés.

Fuente: GrupoLaProvincia

El Consejo Federal de Minería (Cofemin), el organismo integrado por las provincias y el Estado nacional, planteó que “no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales” y pidió abrir una discusión con participación de la industria minera y las actividades productivas que podrían verse afectadas.

Así lo consideró el organismo en un documento que lleva la firma de su presidente, el secretario de Energía de Chubut, Martín Cerdá, dirigido a los legisladores nacionales sobre el tratamiento de los proyectos de leyes de presupuestos mínimos para el uso racional y sostenible de humedales.

“Creemos que no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales que dejaría más dudas que certezas respecto a su verdadera utilidad al ambiente y aplicación por parte de las provincias, y que a su vez contribuya a crear incertidumbres a las diferentes actividades productivas actualmente en desarrollo y con potencial de hacerlo en el futuro”, destaca uno de los párrafos del manifiesto.

En ese mismo sentido el Cofemin consideró que mediante la apertura de un diálogo amplio se está a tiempo de “evitar un proyecto de ley con sólo una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que, al ocuparse exclusivamente de lo natural, se podría cometer el error de perjudicar al hombre y sus necesidades”.

El Consejo Federal de Minería (Cofemin), el organismo integrado por las provincias y el Estado nacional, planteó que “no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales” y pidió abrir una discusión con participación de la industria minera y las actividades productivas que podrían verse afectadas.

Así lo consideró el organismo en un documento que lleva la firma de su presidente, el secretario de Energía de Chubut, Martín Cerdá, dirigido a los legisladores nacionales sobre el tratamiento de los proyectos de leyes de presupuestos mínimos para el uso racional y sostenible de humedales.

“Creemos que no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales que dejaría más dudas que certezas respecto a su verdadera utilidad al ambiente y aplicación por parte de las provincias, y que a su vez contribuya a crear incertidumbres a las diferentes actividades productivas actualmente en desarrollo y con potencial de hacerlo en el futuro”, destaca uno de los párrafos del manifiesto.

En ese mismo sentido el Cofemin consideró que mediante la apertura de un diálogo amplio se está a tiempo de “evitar un proyecto de ley con sólo una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que, al ocuparse exclusivamente de lo natural, se podría cometer el error de perjudicar al hombre y sus necesidades”.

Luego de meses de debate y una docena de iniciativas presentadas, en diciembre se logró un dictamen unificado en la comisión de Ambiente y Recursos Naturales sobre un proyecto de Ley de Humedales, y a pesar del pedido de distintas entidades ecologistas no llegó a ser parte del tratamiento en sesiones extraordinarias.

Si bien desde hace un década se presentaron distintos proyectos, la posibilidad de apurar un consenso sobre uno de ellos se dio este año tras los graves incendios ocurridos en el Delta del Paraná.

Algunos de los puntos propuestos están vinculados a la realización de un Inventario Nacional de Humedales, realizar clasificación de los mismos en tanto deban ser preservados o resulten aptos para usos múltiples, la aplicación de penalidades y la creación de un fondo nacional para su sustentación.

Al solicitar “un debate amplio sobre el ambiente y los humedales” el Cofemin pidió la “participación a la industria minera, así como a todas las otras actividades productivas que podrían verse afectadas” por un proyecto que debería apoyarse “en un estudio científico previo”.

Resulta increíble el reclamo cuando está más que demostrada la afectación de los territorios por desmontes, inundaciones y pérdida de biodiversidad pero, para el sector minero, se deberían demostrar previamente “los daños que se pretenden remediar, para así poder realmente avanzar en una ley que respete las autonomías y jurisdicciones provinciales, y fundamentalmente el principio constitucional de razonabilidad”.

“Es imperioso que se incorpore en su tratamiento conocimientos técnicos, legales, económicos y sociales”, se argumentó al pedir la participación de las comisiones asesoras de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, de Minería, de Turismo, de Conservación y Desarrollo Humano, de Cultura, de Obras Públicas, de Economías y Desarrollo Regional, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, de Presupuesto y Haciendo, entre otras.

Finalmente, se planteó que una ley de presupuestos mínimos de humedales “no sólo no se debe superponer con la Ley 25.675 (Ley General de Ambiente), sino que debe cumplir con el “principio de razonabilidad” (artículo 28º de la CN), y debe respetar la autonomía y jurisdicción de las provincias en la gestión de sus recursos naturales”. (Télam)

En territorios de humedales se llevan a cabo plantaciones de arroz y soja, se extrae litio, se desarrolla ganadería intensiva –que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja-, se construyen countries. Intereses agrícolo-ganaderos, inmobiliarios, mineros y portuarios definen el lobby contra la Ley de Humedales que fue bloqueada en 2013 y 2016 y actualmente tiene dictamen favorable en Diputados.

¿Cuál es el interés que define la “razonabilidad” a la que apela Martín Cerdá en Chubut?

El Convenio Ramsar» es el primer tratado en el mundo relativo a la conservación y el uso racional de los humedales y a los lugares declarados de interés por esta convención «Sitios Ramsar». Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios que brindan a la humanidad, desde la provisión de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. Lamentablemente, a nivel mundial, la superficie y la calidad de los humedales siguen disminuyendo. En consecuencia, los servicios que estos ecosistemas proporcionan a las personas se encuentran en peligro.

En Península Valdés

En la Argentina, se han designado hasta la fecha 23 Sitios Ramsar, que abarcan una superficie total de 5.687.651 hectáreas. En la provincia del Chubut se encuentra el Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés.

La designación de este único sitio, hasta el momento, no significa que no haya más humedales en la provincia, ni tampoco que los demás no sean de gran importancia, más allá de no contar con la declaración.

El Sitio Ramsar de la Península tiene la particularidad, y la importancia, de que diferentes especies de aves marinas y de playeras migratorias, hacen aquí su parada durante los desplazamientos anuales. Algunas especies como el Playero Rojizo, vuelan entre 25.000 y 35.000 km, desde la tundra ártica hasta Península Valdés y Tierra del Fuego, y de poder hacer estas paradas de alimentación depende su supervivencia. Para ser más claros: si destruyéramos estos humedales, varias especies podrían extinguirse.

El Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés fue declarado el 7 de julio de 2012. Se divide en dos sub sitios: Golfo San José (playas Bengoa, Punta Conos, Fracasso, Larralde, Blancas, Iriarte, Isla de los Pájaros y Riacho San José) y Golfo Nuevo (playa Colombo).

El sector minero contra la Ley de Humedales

Chile

Chile: Se revierte permiso para la continuidad de mina Cerro Colorado de BHP

15/01/2021
Imagen referencial / Foto: BHP
Un reclamo contra la continuidad de la pequeña mina de cobre Cerro Colorado de BHP fue acogido por la Corte Suprema de Chile. La mina en el extremo norte del país había recibido oposición de comunidades indígenas debido al impacto de la operación en un acuífero.

El miércoles (13 de enero) se divulgó una resolución, donde el máximo tribunal sostiene que en la evaluación del proyecto aprobado, incluso por una poderosa instancia ministerial, faltó analizar variables ambientales y las observaciones de los pobladores.

“Se acoge la reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca, en contra de la Resolución Exenta N°1317/2016 de 12 de noviembre de 2016, emitida por el Comité de Ministros”, contempló el fallo.

Lee también: Codelco refuerza planes preventivos por aumento de casos de covid-19

La corte explicó que en una revisión en la que se avanza “la autoridad ambiental deberá tener en consideración todas las variables que incidan sobre el comportamiento a futuro de los recursos naturales en estudio, así como también todos aquellos factores que resulten procedentes conforme a la normativa”.

El abogado de los indígenas Lorenzo Soto dijo a Reuters que además de ratificarse la anulación parcial del permiso que había realizado una corte ambiental, la Suprema agrega que se deben considerar las observaciones que fueron realizadas por las comunidades y desestimadas en la tramitación del proyecto.

“El permiso ambiental de Cerro Colorado se anula desde la fase de participación ciudadana y por consiguiente habiéndose anulado el permiso para operar, la empresa debe paralizar”, señaló Soto.

Chile: Se revierte permiso para la continuidad de mina Cerro Colorado de BHP

Chile, Litio

SQM lucha por ganarse a las comunidades indígenas chilenas

15/01/2021
Imagen referencial
En 2018, SQM llegó a un acuerdo con Chile que le permitió elevar la producción en el Salar de Atacama, un ecosistema frágil cuyos habitantes indígenas temen que la minería pueda poner en peligro.

Cuando se logró el acuerdo, SQM prometió hasta USD 15 millones anuales para promover el “desarrollo sostenible” de esas comunidades.

Pero en lugar de aliviar tensiones, los fondos generaron controversia ya que una asociación indígena clave los rechazó, diciendo que son una distracción y pide anular el contrato de SQM con el Estado por no consultar primero a los indígenas.

La disputa ha puesto en aprietos al gobierno, responsable de distribuir los fondos -que suman unos US$25,3 millones-, según una revisión de Reuters a documentos, junto con entrevistas con SQM, líderes indígenas y autoridades chilenas.

En el 2020, un grupo de altos funcionarios y ministros se reunió dos veces para ver la forma de entregar los fondos pese a la intransigencia del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), según documentos obtenidos por Reuters bajo la Ley de Transparencia. En junio, acordaron buscar acuerdos con cada comunidad individual, eludiendo al colectivo, muestran los documentos.

Tres años después del acuerdo inicial con SQM, la agencia chilena de desarrollo Corfo -que maneja las negociaciones- aún no ha firmado ningún acuerdo con las comunidades, dijo la entidad a Reuters.

“SQM se ha preocupado más de poder tener una imagen social mejor a la que tenía antes respecto a los compromisos ambientales”, dijo a Reuters el líder del grupo paraguas indígena, Sergio Cubillos. “Va más allá de aceptar el dinero”, agregó.

SQM rechazó las afirmaciones de Cubillos de dar poca importancia al medio ambiente. Apunta a un plan anunciado en octubre para recortar inmediatamente el uso de agua dulce y salmuera rica en litio del salar y producir litio carbono neutral para 2030, un punto de clave para fabricantes de autos preocupados por las emisiones.

“Paciente enfermo”. En el salar, el implacable sol evapora la salmuera bombeada desde debajo del suelo en un concentrado rico en litio. El proceso de SQM prefiere la luz solar a la energía mecánica, un importante punto clave automotrices interesadas ​​en bajar las emisiones de las cadenas de suministro.

A las comunidades les preocupa que la minería pueda estar agotando la salmuera y el agua, reduciendo su disponibilidad para personas y la vida silvestre.

Cubillos califica al salar como un “enfermo” pero dijo que se necesitan más estudios para determinar “qué tan avanzada puede estar la enfermedad”.

Las preocupaciones ganan terreno. En 2019, una corte ambiental avaló al consejo indígena y exigió que SQM revisara un plan de mitigación por sobrebombear salmuera. Un próximo estudio sobre agua del gobierno ayudaría a dar luz sobre el tema.

SQM dice que ha puesto sus datos diarios de agua y salmuera en línea para ayudar a aliviar esas preocupaciones. También continúa impulsando trabajar en conjunto con las comunidades, según comentó a Reuters Gonzalo Guerrero, quien encabeza la comisión del directorio de SQM dedicada a estos temas.

Relató que incluso se había ofrecido a financiar proyectos para ayudar a las comunidades a combatir la pandemia.

“No hemos recibido respuesta, ni siquiera la oportunidad de presentárselas a todas las comunidades”, acotó el ejecutivo.

Pese al malestar, la minera llegó a acuerdos de cooperación con tres de las 18 comunidades y espera firmar al menos cuatro más para marzo, aseguró.

Al menos una de sus comunidades asociadas, Toconao, ha elogiado el compromiso de SQM de reducir su impacto, diciendo que las medidas “apuntan en la dirección correcta”, según un documento visto por Reuters.

Cubillos, cuyo mandato como presidente del CPA expira el 18 de enero, declinó comentar sobre estos acuerdos, pero dijo que en su grupo “no vamos a transar un recurso económico por la subsistencia de nuestros pueblos”.

La asociación indígena pronto votará por un nuevo presidente para reemplazar a Cubillos, pero fuentes cercanas al grupo dijeron a Reuters que sus políticas habían soportado múltiples presidencias y era poco probable que cambiaran.

Licencia social. Si bien es poco probable que la disputa ponga inmediatamente en riesgo el contrato o la producción de SQM, podría amenazar con eclipsar los esfuerzos de la compañía para reducir sus impactos ambientales y de emisiones, dice Alex Grant, de la consultora Jade Cove Partners.

Si SQM no puede obtener una “inequívoca licencia social” para operar de las partes interesadas, entonces algunos fabricantes de baterías podrían optar por comprar a proveedores con mayor huella de carbono, pero con un perfil social o de gobernanza más transparente.

“Todas estas cosas están interconectadas”, dijo Grant.

No encontrar una solución podría agravar preocupaciones sobre la cadena de suministro ante el esperado auge de electromovilidad que a inicios del año pasado llevó a Volkswagen y Daimler a lanzar un estudio para impulsar una minería de litio más “sostenible” en Chile.

Alonso Barros, un abogado que ha trabajado por décadas con comunidades indígenas en el norte de Chile, dijo que las medidas voluntarias tomadas por SQM para recortar el uso de agua y salmuera eran una prueba de que la presión de los indígenas y los fabricantes de autos está dejando huella. “Esto es mucho más de lo que los reguladores podrían haber obligado a hacer a SQM”, dijo Barros.
https://www.mineria-pa.com/noticias/sqm-lucha-por-ganarse-a-las-comunidades-indigenas-chilenas/

Chile

Con fallido proceso de participación ciudadana: población de Penco se mantiene en alerta ante proyecto minero de tierras raras

15/01/2021
Con fallido proceso de participación ciudadana: población de Penco se mantiene en alerta ante proyecto minero de tierras raras
La pugna entre la comunidad local y la empresa minera Biolantánidos tiene al proyecto en medio del cuarto proceso de Participación Ciudadana, el cual está lejos de ser exitoso y eficaz.

Por Cristian Márquez
Días de incertidumbre y preocupación viven los vecinos y vecinas de Penco luego del avance del proyecto de extracción de Tierras Raras, que es impulsado por la minera Biolantánidos y que lleva años tramitándose en el Servicio de Impacto Ambiental.

Organizaciones, vecinos/as y profesionales expertos de la comunidad exigieron a las autoridades la ejecución de un cuarto proceso de Participación Ciudadana (PAC), esto luego que en los procesos anteriores no se tomaran en cuenta sus observaciones, lo que además se suma a las modificaciones que la empresa minera realizó al proyecto en el último tiempo.

Debido al actual contexto de pandemia, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la minera Biolantánidos determinaron que el PAC se realice en formato online vía teleconferencia. Esto provocó las críticas de toda la comunidad tomecina que vio coartada su real participación en este proceso, pues durante los 30 días hábiles que contempla el plazo formal para que los y las pobladoras realicen sus respectivas observaciones, solo se programaron dos reuniones entre las y los vecinos de Penco y la empresa minera que pretende llevar adelante las obras.

Por si esto fuera poco, ambas instancias fueron un total fracaso, luego que la primera reunión realizada el 12 de enero fuera suspendida tras un supuesto hackeo a la plataforma en el inicio de la exposición de la empresa. En tanto, la segunda instancia de participación online -fijada para el 14 de enero- fue cancelada por el SEA, por lo que hasta ahora la empresa no ha respondido a ninguna inquietud de la comunidad.

El polémico proyecto de extracción de Tierras Raras

El proyecto que impulsa la empresa Biolantánidos pretende instalar faenas mineras en Penco para la extracción de tierras raras, las cuales se llevarían a cabo en la Cordillera de la Costa. Pero ¿A qué se le denomina «Tierras Raras»? Así se le conoce a un grupo de 17 metales raros, tales como tántalo, galio, vanadio o lutecio, entre otros elementos, los cuales se utilizan como materia prima en la industria tecnológica, ya sea para fabricar celulares, computadores, autos y cables de fibra óptica. También son requeridos en el área nuclear y aeroespacial.

Según las últimas modificaciones de las obras, el proyecto pretende extraer aproximadamente 1.700 toneladas de Tierras Raras al año y contempla una inversión de 40 millones de dólares. Asimismo, según la empresa, la vida útil de dicho proyecto consta de 15 años.

Entre los otros cambios al proyecto, está el que considera el aumento de zonas de extracción de Tierras Raras, ya que originalmente se contemplaban tres, en cambio, ahora serán siete. Además, se señalan nuevos impactos a la fauna terrestre de la zona, los cuales no habían sido considerados inicialmente en el Estudio de Impacto Ambiental, de ahí que se haya establecido un nuevo PAC, pues el proyecto se ve sustantivamente modificado, al igual que su respectivo impacto ambiental. Ahora se habla de pérdida de ejemplares, tales como anfibios, reptiles, aves, entre otros.

Para Francisco Astorga, abogado de la ONG Defensa Ambiental, la extracción de Tierras Raras «es un proyecto nefasto, llevado adelante por los capitales especulativos internacionales que solo buscan enriquecerse a ellos mismos en desmedro de las comunidades locales y el medio ambiente. En primer término, le quita la posibilidad de decidir a las y los vecinos con respecto a qué es lo que quieren para su territorio, coarta la organización local y, por otra parte, genera disputas y peleas entre la misma comunidad, alterando los sistemas de vida de las comunidades sin hacerse cargo de ello», comentó a RESUMEN.

Asimismo, Javiera, integrante de la Red de Mujeres Penco-Lirquén se sumó a los cuestionamientos de las obras impulsadas por la empresa minera Biolantánidos y enfatizó en la amenaza que significaría la ejecución del proyecto para la naturaleza del sector: «Hoy tenemos una nueva amenaza en el territorio, una minera de Tierras Raras que quiere ocupar nuestras aguas, contaminarlas y destruir nuestros cerros nativos y nuestra salud. No dejaremos que esto ocurra, y la única forma de contrarrestar la estructura de Pinochet es haciendo presión social aunque criminalicen el defender nuestra tierra, nuestras aguas. Nosotras y nosotros, como habitantes de este territorio, estamos unidos contra este proyecto nefasto para el buen vivir de todos los seres que habitamos acá. Ya que sabemos que quieren destruir nuestra comuna y transformarla en una nueva zona de sacrificio».

Por su parte, Ariana Bertín, Directora de la Comisión de Organización de Conciencia Sur, fue contundente al declarar la postura que tienen frente a este proyecto: «Luego de apoyar en la revisión de la Adenda a las comunidades de Penco con las que tenemos un trabajo conjunto, nos parece que este proyecto, así como los proyectos extractivistas en general, son muy perjudiciales, no solo desde el punto de vista del efecto directo a la vida de las comunidades, sino que también sus efectos irreversibles a las dinámicas biológicas-ecológicas de flora y fauna que habitan en los sectores donde se emplazan».

Bertín además hizo hincapié en las consecuencias que puede provocar la alteración de la vida normal de una especie: «Ha sido ampliamente demostrado por diferentes investigaciones científicas que cuando tu alteras una especie, esta alteración tiene repercusiones en las otras especies (animales y vegetales) que interactúan con la afectada. En este sentido entonces, el impacto que tendrá este proyecto será de tal magnitud que está en juego la sobrevivencia de las poblaciones de las distintas especies de bosque nativo que habitan en el sector, especialmente aquellas que están en categoría Vulnerable o en peligro de extinción, como es el caso de la especie emblemática Gomortega keule (Queule). Además, el proyecto contempla la intervención de dos esteros, los que son fuente de agua vital para la sobrevivencia de los parches de bosque nativo y de la fauna que habita el lugar. La conservación de estos parches está completamente ligada al mantenimiento de sus comunidades, que en la actualidad están siendo sustituidas sistemáticamente por plantaciones forestales».

«Luego de una revisión exhaustiva de la Adenda, la línea de base y otros componentes del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, hay serias deficiencias metodológicas y de rigurosidad científica, lo que lleva a abordar, a nuestro criterio, muy superficialmente los impactos que tendrá el proyecto. La empresa realiza un tratamiento de los efectos del proyecto sobre aspectos a nivel de individuo y no a nivel poblacional o ecosistémico, lo que resulta crucial al momento de evaluar los efectos que tendrá dicho proyecto», señaló Bertín a RESUMEN.

Cuestionamientos a la Participación Ciudadana en el contexto de pandemia

Respecto al proceso de Participación Ciudadana (PAC), que fracasó luego del hackeo a la reunión del pasado 12 de enero, Francisco Ortega comentó a RESUMEN que «si bien corresponde realizar un nuevo PAC, por cuanto ha habido una modificación sustancial del proyecto, durante estos momentos de pandemia consideramos insólito que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pretenda llevar a cabo un proceso de Participación Ciudadana de manera online, que no de las garantías para poder generar un real diálogo con la comunidad en torno al proyecto. Clara muestra de ello es lo que se realizó durante esta semana, que fue un completo fracaso, no se pudo generar un diálogo, no hubo espacios para preguntas o respuestas y tampoco hubo una capacidad por parte del SEA de poder dirigir una reunión en estas circunstancias, por tanto, en momentos de pandemia, creemos que es insólito que el Servicio de Evaluación Ambiental pretenda llevar adelante esta Participación Ciudadan puesto que no cumple con las garantías mínimas de una real participación».

Por su parte, Javiera, integrante de la Red de Mujeres Penco-Lirquén, también manifestó sus reparos ante esta modalidad de participación ciudadana establecida por las autoridades: «Este proceso tiene 30 días hábiles para realizarse, pero nosotros creemos -desde las organizaciones territoriales- que es imprudente querer hacerlo sin tener las condiciones sanitarias necesarias. Cabe mencionar además, que las nuevas formas online, no llegan a todas las personas, por lo que sería nuevamente no significativa esta consulta. Por lo tanto, exigimos que se aplace este proceso, y así tener las condiciones sanitarias pertinentes para que se realice».

Experiencias internacionales

A nivel mundial, la extracción y explotación de yacimientos de Tierras Raras está asociada a grandes niveles de contaminación radioactiva y química, como por ejemplo sucede en China, donde la ciudad Baotou es considerada la capital de las Tierras Raras, presentando altos niveles de contaminación.

«Es sabido a nivel mundial que la extracción de tierras raras es altamente contaminante. Si se ejecuta en Penco va a contaminar las napas de los ríos, va a afectar la flora y fauna nativa, incluyendo el queule. Por eso estamos completamente en contra del proyecto», concluyó Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental.
https://resumen.cl/articulos/con-fallido-proceso-de-participacion-ciudadana-poblacion-de-penco-se-mantiene-en-alerta-ante-proyecto-minero-de-tierras-raras?query=

Perú

Tía María: el conflicto social que se ha reavivado en el Valle de Tambo


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Las marchas contra el proyecto minero han vuelto. Población rechaza sentencia contra sus dirigentes y pide que no se les capture. Empresa Southern Perú continúa con la socialización del proyecto.
(Foto: Archivo GEC)
Zenaida Condori Contreras, Colaboradora de El Comercio en Arequipa
15/01/2021
El conflicto social más antiguo en Arequipa es Tía María. Los pobladores del Valle de Tambo no aceptan el proyecto minero de la empresa Southern Perú por temor a posibles daños ambientales y afectación a la agricultura. De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, este problema fue reportado en el 2009. Han pasado más de 10 años y el conflicto se mantiene latente en la provincia de Islay, lugar en el que bastaría una chispa para reavivar las protestas.

La primera semana de este año dos hechos incitaron las movilizaciones en el valle. Las banderas verdes de “Agro sí, mina no” se volvieron a agitar en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y la Punta de Bombón. El pasado 6 de enero, en la sesión solemne del aniversario de Mollendo (capital de la provincia Islay), el alcalde provincial, Edgar Rivera, le entregó el “Diploma de la Ciudad” a la empresa minera Southern Perú por el apoyo que brinda durante la pandemia por la COVID-19.

Apenas los antimineros se dieron tiempo para asimilar este hecho, pues recibieron la noticia de la sentencia a sus dirigentes. El 7 de enero, el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leyó el adelanto de sentencia contra los dirigentes del Valle de Tambo por haber cometido diversos delitos durante las protestas del 2015.
Castigo

Los magistrados encontraron responsabilidad en tres dirigentes y otros 13 fueron absueltos. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, quien fue presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, fue sentenciado a 16 años de prisión por los delitos de extorsión contra Southern Perú, entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín. Como Gutiérrez ya cumplió dos años y nueve meses de prisión preventiva, solo será encerrado 13 años y tres meses.

Jesús Mariano Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín. Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, quién en el 2015 fue alcalde del distrito de Deán Valdivia, recibió una pena de 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.

Además, el Colegiado Penal dispuso que Jesús Cornejo pague una reparación civil de S/35.000 por entorpecimiento de los servicios públicos. Entre Pepe Julio Gutiérrez y Jaime de la Cruz tendrán que abonar S/500.000 a favor del Estado por los disturbios y entorpecimientos de los servicios públicos. Asimismo, entre los tres condenados deberán pagar adicionalmente S/100.000 por los motines.

De otro lado, el Colegiado absolvió de todos los cargos formulados por el Ministerio Público a Richard Ale Cruz, Justo Paredes Torres, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo, Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehaunca Chaiña, Héctor Herrera Herrera, Roger Manuel Ramos Flores y Jorge del Carpio Lazo. La lectura integral de la sentencia se realizará el próximo 29 de enero.
Reacciones

“Rechazamos el fallo del Poder Judicial porque ahora cualquiera que proteste puede ser sentenciado. Basta de la criminalización de la protesta social. No se condena a los luchadores sociales, ellos son defensores de los derechos. Los abogados han presentado un escrito para que cese la orden de captura. De igual manera rechazamos que una empresa asesina haya sido reconocida por el alcalde provincial de Islay”, declaró el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza.

En el Ministerio Público, por el contrario, hubo satisfacción por la sentencia. La fiscal María Alejandra Cárdenas, que investigó el caso cuando trabajaba en Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, publicó en su cuenta de Facebook: “Después de tantos años acabó un proceso que trajo muchos sinsabores a mi carrera (…) Asumí porque tenía y debía servir a mi patria. La violencia, el caos, las restricciones de tránsito, el miedo de aquellos que no eran mayoría y que hizo que dejaran sus hogares (…). No se trataba de ‘agro sí y mina no’, sino de orden y respeto al derecho y la opinión (…). Gracias familia por no flaquear ante los insultos inmerecidos, falsos que recibía, ante las amenazas, hoy estoy contenta no por mí, sino por mi Arequipa”.

No obstante, los sentenciados se mantienen en la clandestinidad y las manifestaciones han retornado. Este último martes una caravana de agricultores del Valle de Tambo se movilizó pacíficamente desde Cocachacra hasta la ciudad de Mollendo. Los agricultores se transportaron en camiones hasta La Rotonda y luego caminaron más de cinco kilómetros para llegar a la capital de su provincia. Protestaron contra el alcalde Edgar Rivera por el reconocimiento a la empresa minera y contra la sentencia del Poder Judicial. Este jueves, un grupo de antimineros llegó hasta la sede la Corte Superior de Justicia de Arequipa para mostrar su rechazo por el fallo.
El proyecto minero

Desde el 2009, la empresa Southern Perú busca desarrollar su proyecto minero que le permitirá explotar 120.000 toneladas de cobre refinado al año. Cada intento por llevarlo a cabo ha desatado un conflicto social. Entre el 2011 y 2015 los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han cobrado la vida de siete personas. En el 2019 se dio un paro que duró más de 100 días y que generó que los estudiantes estuvieran a poco de perder el año escolar.

Southern Perú tiene los permisos de ley para su proyecto. Tiene aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el 8 de julio del 2019 recibió la licencia de construcción del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Si bien el proyecto fue suspendido por 120 días a raíz de las protestas y demandas legales de anti mineros, en octubre de ese mismo año el Consejo de Minería ratificó la licencia de construcción de Tía María. El proyecto que tiene una inversión de US$1.400 millones está paralizado hasta que obtenga la licencia social.

“No hay mayor avance. En su momento el Gobierno se pronunció de que no se iniciaba la construcción. Nosotros seguimos con el trabajo de socialización, aplicando todos los protocolos de seguridad, ya nos estamos posicionando. Desde el año pasado ya no usamos a Valle Unido para la relación con las autoridades y la comunidad. Ahora es Tía María. La inversión sigue disponible para iniciar el proyecto. Siempre tenemos la esperanza”, indicó a El Comercio el jefe de Comunicaciones Corporativas de Southern Perú, Paul Lostaunau.
Acciones

Luis Zapata, vocero de Arequipeños por Arequipa, un colectivo que respalda la inversión en la región, lamentó que el proyecto se haya convertido en una “papa caliente” que las autoridades no quieren sacar adelante. Dice que, ante la crisis que se vive por la pandemia, Tía María sería una palanca para reactivar la economía. Zapata manifestó que si vuelven las paralizaciones y protestas violentas, su colectivo también actuará en pro del desarrollo.

El proyecto minero es de competencia nacional. El expresidente Martín Vizcarra dijo que sin licencia social no se puede empezar el proyecto. El sector empresarial, que espera la reactivación económica, está a la expectativa de la posición que vaya a tomar el nuevo presidente Francisco Sagasti. Asimismo, las autoridades regionales de Arequipa han hecho poco para impulsar el proyecto. La exgobernadora Yamila Osorio asumió una posición neutral y de diálogo que no rindió frutos.

El actual gobernador, Elmer Cáceres, ha tomado partido por los manifestantes y con la bandera verde de “Agro sí, mina no” se ha puesto en contra de la empresa minera. Por su accionar fue acusado de incitar protestas y bloqueo de vías.
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-el-conflicto-social-que-se-ha-reavivado-en-el-valle-de-tambo-arequipa-nczg-noticia/

Perú

REPORTE DE CONFLICTOS DE LA DEFENSORÍA IDENTIFICA 13 ALERTAS TEMPRANAS

Imagen: La República
15/01/2021
El nuevo reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo sugiere una estabilización en el número de conflictos en el país, luego del repunte registrado en el reporte anterior. En efecto, el informe da cuenta de 197 conflictos en diciembre, uno menos que el mes de noviembre, tras un importante incremento frente a los niveles de los meses anteriores.

De estos conflictos, 146 se consideran activos, evidenciándose la misma tendencia: un alza respecto a octubre, y una estabilización frente a noviembre. Sin embargo, esta aparente estabilización podría ser coyuntural, toda vez que el reporte de la Defensoría identifica hasta 13 alertas tempranas, que incluyen casos que pueden reactivarse, así como casos en observación que podrían devenir en nuevos conflictos sociales.

Entre las principales alertas tempranas, se encuentra:

– el caso de la comunidad de Huancuire (Apurímac) y la empresa MMG Las Bambas, donde la comunidad denuncia incumplimiento de los compromisos por parte de la empresa;

– el caso del distrito de Ascención (Huancavelica) en el que la población rechaza el proyecto de exploración “Pukaqaqa Sur” de la empresa Nexa Resources, por el temor a la afectación de los recursos hídricos;

– las protestas en Ayacucho (provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara) en rechazo a la actividad minera;

– el caso de Cajabamba (Cajamarca) donde las rondas campesinas y otras organizaciones sociales rechazan la actividad minera de la empresa Shahuindo y de mineros informales;

– el conflicto relacionado con la deforestación en Tamshiyacu (Loreto);

– las protestas en Puno y Tacna contra el proyecto hídrico Vilavilani II;

– el caso del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán (Pasco) y la empresa minera Nexa Resources, donde existe una controversia por el uso de terrenos;

– el rechazo de la población del distrito de Tambogrande (Piura) ante el proyecto minero El Algarrobo.

Del total de conflictos registrados, el 59.9% corresponde a reclamos hacia el gobierno nacional. Además, el reporte da cuenta de 129 conflictos (el 65.5% del total) son de tipo socioambiental.

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos, las regiones donde se encuentra la mayor cantidad de conflictos activos son Loreto (23), Cusco (22), Áncash (17), Apurímac (15), Puno (14), Piura (11) y Cajamarca (10).

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe