Brasil, Internacional

Corte de Apelaciones británica niega demanda de brasileños por colapso de represa de BHP de 2015

24/03/2021

No se resucitará la demanda de 5.000 millones de libras esterlinas (USD 6.900 millones) contra la minera anglo-australiana BHP por el devastador colapso de una represa en 2015. La demanda solicitada por un grupo de 200.000 brasileños fue negada por la Corte de Apelaciones de Inglaterra.

El juez decidió que los demandantes podían y ya están presentando recursos en Brasil, donde hay un programa de compensación especial, y estuvo de acuerdo con el Tribunal Superior en que el caso sería “irremediablemente inmanejable” si se le permitía continuar en Inglaterra, dijo el estudio de abogados PGMBM, que representa a los demandantes.

“Estamos sorprendidos y decepcionados por este fallo”, dijo Tom Goodhead, socio gerente de PGMBM. El estudio de abogados esperaba apelar la decisión de noviembre del Tribunal Superior, que rechazó la demanda.

“Este es un día triste para el sistema de justicia inglés, ya que los tribunales desestiman un caso basándose en el tamaño y la complejidad. Envía un mensaje deficiente sobre la responsabilidad corporativa y las consecuencias legales de las infracciones”, dijo.

El colapso de la represa de relaves Fundão de la empresa Samarco, propiedad de BHP y el gigante de la minería de hierro Vale, mató a 19 personas y envió una inundación de desechos mineros hacia comunidades, el río Doce y el Océano Atlántico, a lo largo de 650 kilómetros. Fue el peor desastre ambiental de Brasil.

BHP no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
Fuente: Reuters

Corte de Apelaciones británica niega demanda de brasileños por colapso de represa de BHP de 2015

Chile, Litio

Diputados de Chile aprueban proyecto que crea royalty minero al cobre y litio

25/03/2021
Cortesía de la Cámara de Diputados de Chile.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó con 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones el proyecto que crea un nuevo Royalty Minero a las ventas de cobre y litio.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció que harán reserva de constitucionalidad (se acudirá al Tribunal Constitucional) ya que afirman que la creación de un tributo es una facultad exclusiva del Ejecutivo.

“Este es un proyecto de ley que es inconstitucional, porque busca que la Cámara de Diputados ejerza atribuciones que corresponden a la creación de un tributo, que es exclusiva del Presidente de la República”, dijo.

Por su parte, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, precisó que el litio en Chile ya recauda cerca del 45% de sus ganancias por concepto de contratos e impuestos. A ello dijo, se debe agregar el estancamiento de la demanda de cobre, que ha ido perdiendo participación de mercado en los últimos 20 años. “El país lo que tiene que hacer es aumentar los niveles de producción y exportación y no impulsar una legislación express que hace daño a Chile”.

Cabe recordar que si bien la iniciativa había sido ingresada a tramitación en septiembre de 2018, solo en marzo del 2020 se dio prioridad a su discusión legislativa, la que debió ser congelada debido a la pandemia de Covid-19.

El proyecto fue presentado por Esteban Velásquez (FRVS), representante de la Región de Antofagasta, quien explicó que “lo que buscamos con este Royalty es que una parte de los recursos queden en la región, queden en la comuna y lo hacemos estableciendo este derecho a una compensación por el solo hecho de extraer cobre y extraer litio”.

Con lo anterior la idea, agregó, es no depender “de las utilidades de la gran minería como actualmente hace el impuesto específico a la minería, que no tiene mayor impacto en el PIB, que incluso en 2017 fue menor a cero”.

Durante su discusión, la iniciativa fue objeto de indicaciones, por lo que ahora debe volver a la comisión de Minería y Energía.
Royalty Minero

El proyecto de ley de regalías mineras busca agregar un impuesto ad valorem de 3% a la producción de más de 50.000t anuales de carbonato de litio y 12.000t anuales de cobre.

Los fondos del royalty minero deberían destinarse en un 50% a un Fondo de Convergencia Regional para financiar proyectos de desarrollo en las provincias y comunas, mientras que el otro 50% irá a reparar, mitigar o compensar los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las zonas donde se encuentren los yacimientos.
Fuente: Con información de la Cámara de Diputados y CNN Chile

Diputados de Chile aprueban proyecto que crea royalty minero al cobre y litio

Mexico

México apunta a un papel más importante en la explotación del litio

25/03/2021
Cortesía de la Presidencia de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles -24 de marzo- queel estado mexicano está considerando asumir un papel más importante en la producción de litio, argumentando que las empresas estaban utilizando concesiones mineras para la especulación en lugar de extraer el metal.

El anuncio se realizó durante la visita de su homólogo boliviano, Luis Arce. México, al igual que Bolivia y Chile, poseería importantes reservas del mineral, lo que ha despertado desde hace tiempo el interés de inversores. En noviembre, la compañía china Ganfeng Lithium incrementó a un 50% desde el 22.5% su participación en un proyecto en el estado norteño Sonora.

“Estamos analizando la posibilidad de tener una mayor participación en la explotación de litio”, dijo López Obrador a la prensa, señalando que se habían entregado “demasiadas” concesiones mineras antes de que asumiera el poder a fines de 2018.

Esto, dijo, había ocurrido “no para producir oro, plata, cobre o litio, sino básicamente, aunque pueda parecer increíble, para especular”.

El litio ha tenido una gran demanda mundial debido a su uso cada vez mayor en baterías para productos como automóviles eléctricos.

A principios de este mes, López Obrador dijo que su gobierno estaba estudiando una propuesta de un legislador de su partido gobernante para nacionalizar la producción de litio en el país.

Por su parte, Arce afirmó tener claro que el objetivo económico del derrocamiento en 2019 de su aliado, el exgobernante Evo Morales, era hacerse del control de las reservas bolivianas del mineral, en las que el Estado tendría una participación mayoritaria.

Arce dijo que su gobierno estaba reiniciando las conversaciones con Alemania sobre el desarrollo de la industria del litio y señaló que también podría ser útil explorar la posibilidad de trabajar con otros países.
Fuente: Reuters

México apunta a un papel más importante en la explotación del litio

Mexico

México vs. minería: ¿se multiplican los conflictos bajo AMLO?

Bnamericas
23/03/2021
México vs. minería: ¿se multiplican los conflictos bajo AMLO?
Las mineras con presencia en México están librando una serie de batallas con el gobierno, en disputas fiscales y por reformas y representaciones sindicales.

La postura combativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los impuestos ha sido un factor que ha alentado a recurrir a nuevos arbitrajes contra el gobierno este mes.

Asimismo, una polémica reforma ha provocado un enfrentamiento judicial con una importante minera mexicana, mientras que una amenaza apenas velada de revocar concesiones ha intensificado las tensiones por la paralización de una mina por 14 meses.

CONFLICTOS MINEROS EN MÉXICO

1. Arbitraje de First Majestic Silver

Problema: impuestos

Una disputa fiscal de una década motivó a la compañía a solicitar un arbitraje contra México.

La compañía con sede en Vancouver presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial el 2 de marzo en que denuncia al Gobierno mexicano de negarse a entablar conversaciones para resolver el problema.

El conflicto se relaciona con los impuestos pagados por la filial Primero Empresa Minera (PEM) entre 2010 y 2012.

El Gobierno mexicano requiere el pago de alrededor de US$260 millones, los que —según la compañía— comprenden solo US$75mn en impuestos adicionales, y el resto está compuesto por multas, intereses y otros conceptos.

Detalles

En virtud de un acuerdo de compraventa de producción futura, PEM vendió la mayor parte de la plata producida en la mina San Dimas a Wheaton Precious Metals por alrededor de US$4/oz, muy por debajo de los precios spot.

Un acuerdo de fijación anticipada de precios, APA, firmado por la autoridad fiscal mexicana, SAT, en 2012 y que cubre los años 2010-2014 permitió a PEM pagar impuestos sobre estos precios efectivos de la plata más bajos.

Un tribunal local anuló el APA el año pasado, fallo que First Majestic apeló.

Panorama

Los casos de arbitraje relacionados con la minería contra México son raros y el gobierno suelen llegar a un acuerdo con las empresas, dijo a BNamericas la analista de Control Risks Inés Echeagaray este mes.

Esto muestra que el gobierno está adoptando una línea dura sobre los impuestos, pero puede que esta postura no rinda frutos, advirtió Echeagaray.

“Esperamos que la empresa minera se imponga, ya que AMLO está tratando de (…) obtener más impuestos de forma retroactiva. Se supone que las leyes no funcionan de esa manera”, agregó.

2. Confrontación judicial de Fresnillo

Problema: reformas a la industria eléctrica

La minera mexicana Fresnillo planea recurrir a tribunales contra el el gobierno por las controvertidas reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

México aprobó una norma que da prioridad a la eléctrica estatal CFE sobre las generadoras privadas, incluidas las instalaciones eólicas y solares privadas.

La medida amenaza con socavar los objetivos de Fresnillo de obtener el 75% de su electricidad de fuentes renovables.

Además de reducir las emisiones de carbono, el autoabastecimiento de energía, incluidas las renovables, es más barato que comprar electricidad de la red.

“Obviamente vamos a entrar al ámbito jurídico”, señaló el presidente ejecutivo Octavio Alvídrez este mes. «No hay mucho más que decir, pero defenderemos de alguna manera nuestros derechos de abastecer nuestras operaciones con energía más limpia y menos costosa».

Panorama

Fresnillo no está sola en su decisión de impugnar las contrarreformas en tribunales.

Diversos recursos se han interpuesto y los tribunales han ordenado la suspensión definitiva de la nueva ley, medida que permanecerá vigente mientras no concluyan los recursos.

Si bien la suspensión no es una victoria clara para los apelantes, dado que es probable que la disputa por la ley sea resuelta en última instancia por la Corte Suprema, al menos les da tiempo para interponer un recurso judicial efectivo.

3. Suspensión de Americas Gold y Silver

Problema: representación sindical y presunta extorsión

AMLO tomó partido en un conflicto en las operaciones Cosalá de Americas Gold y Silver, que han estado paralizadas durante 14 meses.

En reiteradas ocasiones el mandatario ha pedido a la empresa que reanude las faenas a pesar de que preocupan presuntas irregularidades, amenazas y violencia en una votación celebrada el año pasado sobre la representación sindical.

La empresa denuncia que un dirigente sindical realizó exigencias que no pueden cumplirse legalmente y que las condiciones actuales no le permiten invertir en una reactivación.

Recientemente AMLO dio un gran paso más allá advirtiendo que se quitarán las concesiones a aquellas empresas que no cumplan la ley.

Americas respondió a los comentarios de AMLO sobre la cancelación de concesiones con su propia amenaza velada, indicando que planea trabajar con autoridades de los gobiernos canadiense y mexicano para evitar procesos de arbitraje.

También afirmó que la eliminación de concesiones «no tiene fundamentos en hechos ni en la ley».

Panorama

A pesar del fuerte tono de ambas partes, Américas ha señalado que el asunto podría tener una solución, pues ya se acordó con el Gobierno Federal un marco para la reactivación de la producción.

«La compañía ahora está esperando acciones de las autoridades pertinentes en apoyo a este plan», señaló la empresa en un comunicado divulgado el lunes.

¿MÁS PROBLEMAS AD PORTAS?

Además de estos tres ejemplos, otras propuestas gubernamentales amenazan con convertirse en series disputas, como los planes para nacionalizar la emergente industria minera de litio, lo que podría afectar a Bacanora Lithium y a la socia de riesgo compartido Ganfeng Lithium.

Su proyecto de litio de US$420mn Sonora se convertiría en el primer productor de litio de México en 2023.

Otra potencial manzana de la discordia podría relacionarse con una propuesta para establecer una reserva natural en un área minera clave del estado de Zacatecas, lo que podría afectar a la mina Peñasquito de Newmont; el activo de cobre y zinc Tayahua, de Minera Frisco; y el proyecto de US$134mn Camino Rojo, de Orla Mining.

Además, una serie de rechazos a solicitudes de permisos ambientales también podría redundar en batallas judiciales y posibles arbitrajes.

La Secretaría de Medio Ambiente ha trabado al menos cuatro proyectos mineros desde que AMLO llegó al poder, el más reciente es el aurífero Ixtaca, de Almaden Minerals.

La empresa planea revisar la solicitud y volver a enviarla.

Para continuar leyendo, suscríbete a BNamericas y obtén todos los detalles sobre este artículo y acceso a otras noticias y reportajes relacionados
https://www.bnamericas.com/es/reportajes/mexico-vs-mineria-se-multiplican-los-conflictos-bajo-amlo

Bolivia

AGUA PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIDA, CHALLAPATA CON LEY MUNICIPAL RATIFICA SU VOCACIÓN PRODUCTIVA

22/03/2021
colectivocasa
22 DE MARZO DIA MUNDIAL DEL AGUA:
El 22 de marzo al conmemorarse el Día mundial del Agua y en el aniversario de la Provincia Eduardo Avaroa, el municipio de Challapata promulgó la Ley Municipal N°234/2021 que ratifica su vocación productiva, ganadera y lechera; comprometiéndose a cuidar, proteger y defender la Represa de Tacagua que es su fuente de agua y que permite el riego y la producción. Es dado a conocer en un acto realizado en la plaza Castro de Padilla con la presencia del Directorio de la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego N°2 Tacagua, el Alcalde del Municipio de Challapata, autoridades del Servicio Nacional de Riego SENARI y SEDERI, la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra RENAMAT, Los siete Ayllus y el Colectivo CASA.

El agua es vida y da vida, por ello ha sido reconocida en el art. 373 de la Constitución Política del Estado y por la Asamblea de las Naciones Unidas como un Derecho Humano fundamentalísimo para la vida, y en Challapata es la clara muestra de que gracias al agua de la represa de Tacagua, hay producción, hay vida por ello no puede ponerse en riesgo con actividades mineras. Manifestó Angela Cuenca del Colectivo CASA

Las autoridades del Municipio de Challapata están comprometidas con el desarrollo productivo de Challapata, por eso han decidido promulgar la ley 234/2021 ratificando su opción de Desarrollo como es la agricultura, la ganadería y la lechería. Challapata y la provincia Avaroa aportan a la seguridad y soberanía alimentaria no solo de Oruro, sino nacional e internacionalmente, aportando con el 70 % de la producción de leche del departamento de Oruro. Challapata tiene su vocación productiva por ello no van a permitir que haya minería.

“La Represa de Tacagua tiene 60 años de funcionamiento y permite el riego para la producción de forrajes como alfalfa, cebada, avena, quinua, con ello se alimenta a al ganado bovino, ovino, contamos con razas mejoradas, generando un importante movimiento económico para toda Challapata, gracias a la represa de Tacagua somos una reconocida cuenca lechera y los regantes estamos bien organizados para defender el Agua que es Vida”. Manifestó el Sr. Eleuterio Calani Presidente de la Asociación de Usuarios del sistema de Riego N°2 Tacagua.

“La pandemia del COVID 19 ha puesto en evidencia que hay muchas comunidades que no tienen agua y que no es un problema reciente, por ello exigimos a las autoridades que se cumpla el Derecho al Agua y que se protejan las fuentes de agua, como la Represa de Tacagua y también nuestros lagos Uru Uru y Poopo” expresó Margarita Aquino de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.

“Este año es muy difícil para los productores campesinos ya que el cambio climático, las sequías están afectando el riego y la producción, pero tenemos la certeza que con la ley Municipal y en coordinación con las autoridades nacionales se va a apoyar el suministro de Agua, porque sin agua no hay producción, sin Agua no hay alimentos, sin Agua no hay vida” Vicente Condori Vicepresidente de la Asociación de Regantes de Tacagua.

De esta forma, las autoridades municipales junto a las organizaciones sociales se comprometen a proteger y defender las fuentes de Agua.
Acompaña Colectivo CASA
Oruro, 22 de marzo de 2021


Colectivo CASA
www.colectivocasa.org.bo
Colectivo CASA
Oficina Oruro
La Plata N° 1768 entre Murguía y Sucre
Telefono fax: 591 (2) 5253641
Oruro – Bolivia

Perú

ELECCIONES GENERALES 2021: ¿QUÉ ESTÁN PROPONIENDO LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA AMBIENTAL?

Gretta Zegarra
23/03/2021
Imagen: Agriculturers
La semana pasada publicamos un CooperAcción opina con el cual analizamos las propuestas que los partidos políticos Acción Popular, Renovación Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Victoria Nacional, quienes lideran la intención de voto a la Presidencia de la República, habían formulado en materia indígena[1]. En dicho artículo identificamos deficiencias en sus propuestas y concluimos que la mayoría de los planes de gobierno no están dirigidos a los pueblos indígenas.

Debido a estos hallazgos, hemos decidido analizar las propuestas que los cinco partidos políticos mencionados en el párrafo anterior han formulado en materia ambiental. Para no extendernos demasiado solo nos enfocaremos en las propuestas que tratan sobre cambio climático, deforestación, gestión del agua e industrias extractivas (hidrocarburos y/o minería).

En el caso de Acción Popular, su plan de gobierno tiene pocas propuestas y éstas tienden a ser genéricas. Algunas de las propuestas aludidas son: impulsar la producción de energías limpias y los estándares de calidad del aire, combatir la tala y la minería ilegal, construir represas en las partes altas del Perú para captar el agua y que éste sea utilizado en labores domésticas y en la actividad agropecuaria, regular el uso de aguas subterráneas, e imponer una tarifa de consumo técnicamente calculada a las grandes empresas.

Con un nivel mayor de propuesta para formular medidas que combatan el cambio climático y la deforestación, y percibiendo más al agua como un servicio público que como un recurso natural que debe ser protegido, al igual que Acción Popular, el plan de gobierno de Fuerza Popular promete lo siguiente:

Cambiar, de manera progresiva, la matriz energética a fuentes de energía renovables, y los sistemas de transporte de combustible fósil a eléctrico.
Reforestar terrenos eriazos marginales en zonas agrícolas y de expansión urbana.
Priorizar el cierre de las brechas en agua potable y alcantarillado.
Desarrollar estrategias de fortalecimiento de capacidades de gestión y gobernanza de los prestadores de servicios de saneamiento.
Recurrir a la inversión privada para desarrollar infraestructura de producción de agua potable, ejecución de obras de saneamiento, tratamiento de aguas residuales para reúso, y gestión de los servicios de agua y saneamiento.
Incrementar fondos para la cosecha de agua en la Sierra, entre otras propuestas.

En cuanto a industrias extractivas, el plan de gobierno de Fuerza Popular tiene propuestas genéricas como fomentar una sana convivencia entre la agricultura y la minería, promover el diálogo entre las empresas mineras y las comunidades para prevenir conflictos, y mejorar la capacidad de respuesta técnica del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente (Minam). También presenta propuestas que dependiendo del enfoque con las que sean aplicadas, podrían generar la desprotección del ambiente, dichas medidas son: impulsar la formalización minera a través de procedimientos simplificados y revisar la normativa minera vigente para confirmar su aplicabilidad real en la dinámica del sector.

Mediante una visión más integral del cambio climático, la deforestación y la gestión del agua, el plan de gobierno de Juntos por el Perú plantea lo siguiente:

 

Incorporar políticas de respuesta al cambio climático de manera transversal a los planes regionales y locales.
Impulsar el Plan Energético de Mediano y Largo Plazo hacia una nueva Matriz Energética.
Fortalecer al Minam con más presupuesto y competencias para la adecuación de los sectores productivos a medidas de mitigación y adaptación del cambio climático.
Establecer un sistema nacional de veedurías forestales con la participación de población local y pueblos indígenas.
Promover la protección de valles y ecosistemas frágiles (lomas costeras y humedales) de los territorios urbanizados, entre otras propuestas.

No obstante, Juntos por el Perú contradice su promesa de implementar la transición energética, puesto que en su plan de gobierno promueve el incremento de la explotación del gas natural a través de la ejecución del Proyecto Integral de Masificación del gas en el Territorio Nacional.

Por otro lado, el plan de gobierno de Victoria Nacional parece estar orientado a cuidar el ambiente, ya que se compromete a:

Crear el Viceministerio de Cambio Climático y Desertificación.
Promover la inversión privada para aprovechar el potencial de las energías renovables.
Minimizar el uso de combustibles fósiles y maximizar la utilización de energías limpias (electro movilidad) en el transporte.
Fortalecer la institucionalidad forestal y el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR).
Reforestar, restaurar y promover la agroforestería sostenible.
Promover el uso equilibrado del agua superficial y subterránea, cuidando que los acuíferos se llenen, evitando las descargas intensas de agua y que el suelo no se salinice.
Promover la optimización de los sistemas de riego y la gestión integrada del agua a nivel de cuencas hidrográficas, aunque éstas no calcen con las fronteras políticas, entre otras propuestas.

 

Sin embargo, Victoria Nacional también contradice su promesa de implementar la transición energética, dado que en su plan de gobierno indica que va a hacer que el Perú continúe explotando petróleo hasta los próximos 20 ó 30 años. Adicionalmente, el referido plan de gobierno tiene otras medidas cuestionables en materia de industrias extractivas, las cuales son: revisar la Ley Orgánica de Hidrocarburos con un enfoque promocional a fin de dinamizar la oferta en el upstream de la industria petrolera, modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y su reglamento para permitir la explotación de petróleo en ANP, destrabar la tramitología que retrasa la producción de crudo en lotes descubiertos, y otorgar beneficios tributarios a mediano plazo para promover la formalización en la pequeña minería.

En el caso de Renovación Popular, su plan de gobierno tiende a presentar propuestas genéricas sobre el cambio climático, la deforestación y la gestión del agua, asimismo está predispuesto a tratar al agua como un servicio público. Algunas propuestas de este partido político son: controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, priorizar la generación de energía limpia hidroeléctrica, elaborar una política de reforestación para las zonas afectadas, aumentar el servicio de agua potable en todo el país, fomentar el tratamiento de aguas contaminadas con asociaciones público-privadas, y reforzar la institucionalidad y facultades del Consejo Nacional del Agua para un eficiente manejo técnico de cuencas.

Al igual que Juntos por el Perú, Renovación Popular comete el error de asegurar de manera contradictoria que va a implementar la transición energética, e incrementar la explotación del gas natural.

Consideramos que los cinco planes de gobierno analizados presentan deficiencias importantes. Hacemos dicha afirmación porque un número considerable de estos documentos (1) tiene propuestas genéricas que no permiten combatir el cambio climático ni la deforestación, (2) percibe al agua más como un servicio público que como un recurso natural que debe ser protegido, y (3) promete implementar la transición energética e incrementar la explotación de hidrocarburos, a pesar de que estas propuestas se contraponen

[1]Zegarra, G. (2021, 15 de marzo). Elecciones generales 2021: ¿Qué están proponiendo los partidos políticos a los pueblos indígenas? COOPERACCIÓN. http://cooperaccion.org.pe/elecciones-generales-2021-que-estan-proponiendo-los-partidos-politicos-a-los-pueblos-indigenas/

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

 

Nicaragua

Se llevan oro, plata, cobre. Pero, ¿qué le dejan a México? Poco. Por tantas deducciones y la evasión

Por Efrén Flores, @folge_efra Twitter
SinEmbargo – 24/03/2021

SECCIÓN UNIDAD DE DATOS
El negocio de la minería en México está sujeto a muchos impuestos y pagos de derechos de extracción. Sin embargo, además de la evasión y la elusión fiscales, las deducciones hacen que las mineras paguen pocos impuestos y que a veces, también, abusen del fisco mexicano.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- México es una mina de oro para las mineras nacionales y extranjeras, no sólo porque esta actividad —sin considerar la extracción de petróleo y gas— produce una cantidad de dinero equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, sino porque además, proporcionalmente, el Gobierno federal les devuelve seis de cada 10 pesos que pagan por impuestos (ingresos tributarios) y contraprestaciones por servicios públicos (ingresos no tributarios).

En los últimos cinco años, las empresas mineras —sin considerar las de petróleo y gas— le pagaron al Gobierno federal 189 mil 646 millones 500 mil pesos. Una cantidad equivalente, por ejemplo, al costo aproximado que tendrá la construcción de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco. Pero en ese mismo periodo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le devolvió a las mineras 111 mil 213 millones 400 mil pesos por deducciones de impuestos.

Lo anterior implica que en realidad, las mineras nacionales y extranjeras aportaron 78 mil 433 millones 100 mil pesos entre 2015 y 2020, o bien, una cantidad de dinero equivalente a uno de cada 20 pesos que produjeron por extraer recursos naturales que pertenecen a la nación.

La situación se da en un contexto en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha exhortado a las mineras nacionales y extranjeras a pagar impuestos y salarios justos, para cumplir con las leyes vigentes.

El pasado 17 de marzo, López Obrador dijo que a nivel nacional han habido “algunos problemas con las mineras canadienses”, ya que éstas no pagan los impuestos que deben, no protegen al medio ambiente y/o se oponen a dar derechos sindicales a sus trabajadores. Al respecto, mencionó que hay empresas que incluso han llevado su litigio a instancias internacionales para continuar operando como lo han hecho hasta ahora.

Más allá de las mineras canadienses, que representan el 66 por ciento de las empresas privadas nacionales y extranjeras con proyectos mineros en México, según el registro vigente del Sistema Integral sobre Economía Minera (Sinem), la titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, ha dicho que además de no pagar impuestos y aparte de los casos de evasión y elusión fiscales, éstas fueron beneficiadas fiscalmente por administraciones anteriores.

Hay mineras —como la canadiense First Majestic Silver Corp— que “han acreditado impuestos en lugar de pagarlos”, ya que “abusando de la normatividad fiscal se les ha devuelto dinero”, explicó Buenrostro en febrero de este año, durante una entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez.

Un ejemplo de abuso fiscal está relacionado con los artículos 25 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En ese sentido, una resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fechada al 18 de noviembre de 2020, indica que hay algunos contribuyentes sujetos al pago del derecho especial sobre minería, que “indebidamente” registran erogaciones (es decir inversiones en activo fijo y gastos o cargos diferidos) para hacerlas pasar por pagos preoperativos o costos y gastos de producción, para poder deducirlos.

“Justo hace poco, con otras organizaciones, empezamos a hacer un análisis más actualizado y lo que encontramos es que el aporte que hacen [las mineras] a las finanzas públicas es mínimo”, dijo en entrevista con SinEmbargo Beatriz Olivera, directora de la organización Energía, Género y Ambiente (Engenera).

Para la investigadora, además de que la aportación de las mineras “no es puntual, el Gobierno les ha regresado un montón de dinero” a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En ese sentido, los datos de la Cuenta Pública de la SHCP indican que en el último lustro, el SAT erogó 48 mil 24 millones 100 mil pesos en devoluciones por IVA.

De acuerdo con la activista, lo anterior amerita que además de un apretón de tuercas a los incentivos fiscales que reciben las mineras, el Gobierno de México modifique la Ley Minera para obligarlas a rendir mayores cuentas, sobre todo en relación a la cantidad de minerales que extraen, la producción coligada y las utilidades que reflejan sus estados financieros.

EL NEGOCIO DE LA EXTRACCIÓN

El sector minero, es decir, aquél que incluye actividades extractivas de minerales metálicos y no metálicos, así como la obtención de gas y petróleo sin considerar servicios relacionados, aportó, entre 2015 y 2020, uno de cada 10 pesos recaudados por el Gobierno federal o el equivalente a la mitad (54.2 por ciento) del dinero producido por esta actividad económica en el periodo referido, de acuerdo con cifras de la SHCP y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Sin embargo, la mayor parte de este dinero —recaudado por el fisco— no provino del pago de impuestos por parte de mineras privadas, sino de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ello considerando que, entre 2015 y 2020, el 97 por ciento de los ingresos tributarios y no tributarios del sector minero derivó de la extracción de gas y petróleo, siendo que en ese periodo y de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre el 98 y 99 por ciento del gas y petróleo a nivel nacional fue producido por Pemex.

Si descontamos la obtención de gas y petróleo, la actividad minera de metálicos y no metálicos—a cargo de 242 empresas privadas nacionales y extranjeras según el Sinem— aportó el 0.3 por ciento del dinero recaudado por el Gobierno federal, o el equivalente al 5.3 por ciento del dinero producido por dicha actividad extractiva.

Por un lado, las cifras oficiales indican que la recaudación fiscal minera es baja; y por otro lado, la normatividad aplicable refiere que la minería tiene una de las cargas impositivas más altas a nivel nacional, ya que es un rubro económico con múltiples impuestos sobre sus ingresos brutos, como por ejemplo, sobre sociedades (30 por ciento), regalías (7.5 por ciento) y especiales por tipo de extracción (por ejemplo el del oro y la plata del 0.5 por ciento).

Lo anterior supone que el potencial de ingresos que el país puede obtener por la recaudación de impuestos y contraprestaciones por servicios públicos está limitado por un amplio margen de deducciones fiscales.

De acuerdo con la directora de Engenera, Beatriz Olivera, el valor de las aportaciones fiscales de la minería como proporción del valor de la producción minero-metalúrgica —que en el último año fue de 5.7 por ciento— ha sido “insignificante” por años.

Aunque entre 2019 y 2020 la proporción se duplicó, al pasar de 2.8 a 5.7 por ciento, el nivel actual es inferior al del último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las aportaciones fiscales de la minería —sin contar petróleo y gas— equivalieron al 8.2 por ciento de su PIB.

Según la Cámara Minera de México (Camimex), la aportación fiscal del sector de la minería se está recuperando del decremento que sufrió “como consecuencia principalmente de los resultados desfavorables en la dinámica productiva”, sobre todo del ISR, en un contexto de desaceleración económica por la pandemia de COVID-19 a nivel nacional e internacional.

En la siguiente tabla es posible consultar la información utilizada para la elaboración de este texto, incluidas las variaciones de ingresos gubernamentales por tipo (tributario o no tributario) o por impuesto (IEPS, ISR, IVA, entre otros).

UN CASO ICÓNICO DE ADEUDO

First Majestic Silver Corp es una minera canadiense que se estableció en México en 2004. Desde entonces ha sido denunciada en materia de derechos humanos, por violaciones y despojos en localidades mexicanas.

La empresa con sede en Vancouver, Canadá, cuenta con tres minas funcionales en el territorio nacional: la mina de oro y plata San Dimas, la mina de oro y plata Santa Elena, así como la la mina de plata La Encantada. Además, dicha compañía tiene ocho minas más en proceso de desarrollo.

De acuerdo con documentos de auditoría fiscal citados por la agencia noticiosa Reuters, First Majestic Silver Corp le debe al fisco mexicano cerca de 11 mil millones de pesos, o bien, 534 millones de dólares.

Hasta la fecha de esta publicación, el SAT solicitó a la minera canadiense el pago de 5 mil 500 millones de pesos (267 millones de dólares) correspondientes al adeudo de impuestos. El resto de los deberes todavía “no ha entrado en disputas formales”, indica Reuters.

La información disponible sobre el caso First Majestic refiere que el fisco mexicano busca procesar penalmente a la compañía extranjera por el delito de fraude fiscal relacionado con el esquema de precios.

Al respecto, la empresa ha dicho que “continúa buscando una solución amistosa de sus diferencias con el Gobierno de México” y que por ello, continuará en diálogo con las autoridades y “confiando en las vías legales disponibles bajo la ley mexicana y los acuerdos internacionales”.

El pasado 17 de marzo, el Presidente López Obrador dijo que en caso de incumplimiento, además de las consecuencias penales, First Majestic Silver Corp podría perder sus concesiones a nivel nacional.

“Ojalá nos ayude el Gobierno de Canadá para que se resuelva este asunto”, porque de lo contrario “vamos a actuar legalmente”, explicó AMLO, quien asimismo refirió que el Gobierno de México —por disposición legal— puede revocar las concesiones mineras a las empresas extractoras que incumplan con la normatividad vigente y los acuerdos suscritos con autoridades mexicanas.

Se llevan oro, plata, cobre. Pero, ¿qué le dejan a México? Poco. Por tantas deducciones y la evasión

Chile

Bancada DC votará a favor del proyecto de royalty minero para el cobre y el litio

23/03/2021
royalty mineras
La propuesta será votada este martes en la Sala de la Cámara Baja. Los diputados de la Falange se cuadraron con la idea en una reunión telemática con su precandidata presidencial Ximena Rincón.

En una reunión telemática con la precandidata presidencial del partido, Ximena Rincón, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana se cuadró este lunes con el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación del cobre y del litio.

El texto presenta informes de las comisiones de Minería-Energía y de Hacienda será votado este martes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Analizamos todos los argumentos, escuchamos detenidamente al diputado José Miguel Ortiz, que ha tenido una explicación clara y contundente de lo que esto significa y de lo que necesita el país, y de manera unánime la bancada de la DC respaldará el royalty minero que se votará mañana en la Sala”, anunció Rincón al término de la cita virtual.

El proyecto se votará mañana como tercer punto del debate parlamentario.

Fuente: Cooperativa

Bancada DC votará a favor del proyecto de royalty minero para el cobre y el litio

Perú

ACERCAR LA GESTIÓN DEL AGUA A LOS TERRITORIOS

CooperAcción
22/03/2021
Imagen: Actualidad Ambiental
Nuestro país tiene una débil gestión del agua, cuyos efectos pueden verse en la contaminación de nuestros ríos, así como en los constantes conflictos por el acceso al agua.

De 159 unidades geográficas estudiadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) hasta 2014, 41 tuvieron estaban contaminados con parámetros que superaban los Estándares de Calidad Ambiental oficiales para agua. La ANA ha identificado más de 4 mil fuentes de afectación de la calidad de agua; entre las principales se encuentran: aguas residuales poblacionales; residuos sólidos; pasivos ambientales mineros y petroleros; efluentes de la actividad agrícola; entre otros.

Por otro lado, el control y acceso a las fuentes de agua es uno de los principales motivos de la conflictividad socioambiental en el país. Los conflictos en torno al agua son de diverso tipo. La principal fuente de conflictos en este ámbito, según la Defensoría del Pueblo, es la superposición de usos de agua entre la minería y la agricultura, que explica el 62% de los mismos. Otro tipo de conflictos tiene que ver con la disputas entre actores. Por ejemplo, dentro del propio sector agrario, entre pequeños y medianos agricultores que producen para el mercado interno, y grandes empresas agroexportadoras, como ocurre en el caso del acuífero de Ica. Además, existen conflictos que tienen que ver con megaproyectos de irrigación que trasvasan el agua de una cuenca hacia otra, lo que puede afectar la disponibilidad de agua por parte de las comunidades ubicadas en torno al curso original de las aguas, lo que ha sido motivo de protestas en casos como Majes Siguas II, Paltiture o el conflicto entre las regiones de Ica y Huancavelica.

La institucionalidad de la gestión del agua en el país

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, entidad que está adscrita al Ministerio de Agricultura (aunque desde su creación se insiste en que no debería estar adscrita a uno de los sectores usuarios, sino que debería tener una mirada transectorial o depender el Ministerio de Ambiente).

La ANA actúa en los territorios a través de sus organismos desconcentrados: las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Autoridades Locales del Agua (ALA).

Además, existe un nivel de concertación a nivel de cuencas, a través de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC), donde participan las instituciones y los actores sociales para planificar el aprovechamiento sostenible del agua en la cuenca a través de la información y participación de sus habitantes. Hasta el momento existen once Consejos de Cuenca en el Perú, en las cuencas de: Tumbes, Chira -Piura, Chancay – Lambayeque, Chancay – Huaral, Caplina – Locumba, Quilca – Chili, Jequetepeque – Zaña, Chillón – Rímac – Lurín, Mantaro, Pampas y Urubamba.

La necesidad de acercar la gestión a los actores locales

Sin embargo, en la práctica, la escala de los Consejos de Cuenca ha demostrado ser demasiado extensa para garantizar la participación efectiva de sus actores. Son espacios tan grandes, que es difícil abordar los problemas de territorios más pequeños e involucrar a los actores directamente afectados.

Por ello, en diferentes territorios han surgido Comités de Sub cuencas y de Micro cuencas, en los cuales usuarios de riego, comunidades campesinas y nativas, centros poblados, participan, concertan y gestionan el uso y cuidado del agua. Ejemplos exitosos de ello son los Comités de Micro cuencas de Cumbaza y del Rimiyacu, Misquiyacu, Almendra, con 8 y 10 años de existencia respectivamente. Así como el Comité de Sub cuenca Mayo, el primer y único Comité de Sub cuenca reconocido por la ANA.

Estas prácticas sólo están parcialmente reconocidas en la Ley de Recursos Hídricos. De hecho, los comités de Sub cuenca están reconocidos sólo para la zona de Amazonía, en tanto que los comités de Micro cuenca simplemente no tienen ningún reconocimiento legal.

Por ello, el el Congreso de la República se viene discutiendo el Proyecto de Ley N°6917/2020 – Ley que promueve la recuperación, protección y gestión integrada de los recursos hídricos de las sub cuencas de los recursos hídricos de las sub cuencas y micro cuencas del Perú. Este proyecto busca el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión social del agua a nivel local a través de los Comités de Sub cuenca y Micro cuenca.

Con este reconocimiento, los Comités locales podrán enfrentar de mejor manera los desafíos de la gestión del agua en sus territorios, concertando entre los diversos actores y usuarios del agua para evitar su contaminación y sobre-explotación, así como la conflictividad social asociada a las disputas por el control y acceso al agua.

Este proyecto está pendiente de aprobación en las comisiones Agraria y de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, tras lo cual debería pasar a discutirse en el Pleno Ambiental anunciado para las próximas semanas. Esperamos que así sea, para acercar la gestión del agua a los actores locales y lograr una participación más afectiva de los mismos desde sus territorios.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Mexico

EMPRESAS MINERAS EN MEXICO

“EJEMPLO DE IRRESPONSABILIDAD SOCIAL Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESPOJO”
23 de marzo del 2021
A inicios del mes la empresa minera canadiense First Majestic fue reconocida por el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI) y la Fundación Mexicana para la Sostenibilidad y la Equidad como empresa
líder en Responsabilidad Social Corporativa por sus “prácticas éticas y de buen gobierno” y su
“dedicación al cuidado del medio ambiente”. Estos reconocimientos fueron para las tres minas donde
opera en México (San Dimas, Santa Elena y La Encantada).

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos incitar a los responsables
corporativos del CEMEFI para que por lo menos maquillen un poco los títulos de sus premios y no sean
cómplices del lavado de imagen de las empresas mineras, de tal manera que sus reconocimientos al
menos, sean más apegados a las realidades que vive la población de los pueblos en donde operan esas
empresas.

Desde nuestro punto de vista, un reconocimiento indiscutible para la First Majestic, sería uno que
haga referencia a su “dedicación al destrozo del medio ambiente”. Sobran los ejemplos, pero
podemos resaltar los derrames por cianuro que han ocurrido en la mina la Encantada en 2016; la
contaminación del río San Rafael y las enfermedades en la población derivadas la por su mina Del Toro
en Zacatecas; la tala de más de 2,000 hectáreas de bosque, el derrame y entierros de residuos tóxicos,
que han contaminado ríos y manantiales provocados por sus minas “La Guitarra” y “El Coloso” en el
estado de México. Podemos citar también el grave intento al destrozo del área protegida y sitios
sagrados en Wirikuta por su proyecto de mina La luz.

Asociar First Majestic y “prácticas éticas y de buen gobierno” es otro oxímoron. En los distintos
territorios donde opera, la población local ha denunciado las irregularidades en las rentas de tierras,
los niveles de criminalización y las estrategias de división social utilizadas por la empresa. El hecho que
First Majestic está actualmente demandando al gobierno por medio de un arbitraje internacional
para evitar pagar impuestos de hasta 4,919 millones de pesos mexicanos, no parece por ningún lado
una práctica ética, menos aun de buen gobierno. Esta disputa surge en torno a una diferencia con
las autoridades mexicanas sobre impuestos pagados sobre las ventas de plata desde la mina San Dimas
en Durango entre 2010-2014 a otra filial de la misma empresa en Barbados. En ese entonces, la mina
San Dimas fue propiedad de la empresa canadiense Primero Mining, la cual también amenazó a
México con un proceso de arbitraje internacional por la misma razón en 2016, aunque luego se desistió
después de que su amenaza desembocó en un proceso de diálogo. Ante la insistencia del estado
mexicano de recaudar lo que falta, parece que First Majestic va a proceder con su demanda.
Generalmente las empresas mineras han creado una serie de mecanismos basados en; prémiate a ti
mismo, en consecuencia, éticamente incorrectas, totalmente alejadas de cualquier posibilidad de
vínculo jurídico (le llaman códigos voluntarios) y siempre cobijadas por académicos quienes han
desarrollado cualquier cantidad de artificios para lavar un poco la sucia imagen empresarial del sector.Lamentablemente esas mentiras al respeto a las prácticas de las empresas mineras no se han limitado
al CEMEFI o a las propias empresas, sino que ha llegado, en los últimos días, hacia el puesto más alto
de quien gobierna nuestro país. Las declaraciones de AMLO resaltando la ejemplaridad de la empresa
Newmont-Goldcorp por su mina Peñasquito en Zacatecas por el hecho que “paga bien a los
trabajadores, ayuda a las comunidades, no destruye el entorno y cuida el medio ambiente”, son
desconcertantes y absurdas por el nivel de engaño que hace en esa declaración. La mina de
Peñasquito, si es un ejemplo, pero del nivel de depredación a lo cual puede llegar este modelo
extractivo. Desde que ha empezado a operar ha generado un verdadero desastre social y ambiental
totalmente ocultado por esta declaración presidencial, como ha sido muy bien señalado en la carta
siguiente:
https://ljz.mx/2021/03/19/carta-al-presidente-sobre-el-desastre-ambiente-de-la-mina-
penasquito/
Basta de tratar de engañar a los pueblos, y a la opinión pública, promoviendo supuestas empresas y
prácticas socialmente responsables o verdes. El modelo extractivo minero, y los actores que la
promueven, solo generan despojo, miseria y devastación.
La única práctica socialmente responsable, cuidadora del medio ambiente y realmente de buen
gobierno es: TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA