Diego Del Barrio Vásquez 28/05/2025
La opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones.

El manejo del litio en Chile, particularmente la reciente adjudicación del Salar de Atacama, revela deficiencias significativas desde una perspectiva de economía institucional y gobernanza de recursos naturales. La ausencia de un proceso licitatorio competitivo representa una renuncia explícita a los principios de eficiencia y maximización del valor público. En mercados donde los recursos estratégicos atraen inversiones globales de alto calibre, la adjudicación directa limita la posibilidad de obtener mejores condiciones contractuales para el Estado, reduce incentivos para la innovación tecnológica y ambiental, y debilita los mecanismos de comparación técnica y financiera entre oferentes.

La exclusión de los accionistas minoritarios de SQM en decisiones de alto impacto constituye una vulneración a los estándares de buen gobierno corporativo. Los marcos regulatorios modernos enfatizan la importancia de la participación y la protección de los derechos de todos los accionistas, no solo de los controladores, para asegurar una gestión alineada con el interés colectivo y la sostenibilidad a largo plazo. Ignorar estas voces debilita la legitimidad de las decisiones y expone a la empresa a riesgos reputacionales y regulatorios.

Adicionalmente, la opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones. Este déficit de transparencia contradice las mejores prácticas internacionales en la administración de recursos naturales, donde la publicación íntegra de estudios y contratos es condición esencial para la rendición de cuentas y la confianza pública.

Desde la teoría económica, una gobernanza eficiente de recursos estratégicos exige:

1. Procesos licitatorios abiertos que maximicen la competencia y el valor para el Estado.
2.Mecanismos de consulta y control interno que garanticen la participación de todos los grupos de interés.
3.Transparencia plena en la información relevante para permitir el escrutinio público y la toma de decisiones informada.

La ausencia de estos elementos no solo debilita la credibilidad institucional de Chile como gestor de sus recursos, sino que también compromete el desarrollo sostenible y la equidad intergeneracional. Solo restableciendo la competencia, la participación y la transparencia se podrá proteger efectivamente el interés público y consolidar una gestión responsable del litio.
https://interferencia.cl/articulos/el-litio-sin-concurso-transparencia-en-sombras

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Mayo ha sido el mes preferido de las empresas mineras estatales de Chile para anunciar sus alianzas estratégicas y dar rienda suelta a la explotación y extracción del litio en el marco de implementación de la Estrategia Nacional del Litio (ENL). Tras dos años desde su lanzamiento, los frutos van dirigidos a los mismos bolsillos de siempre.

Así se ha podido observar desde la semana pasada, luego que Río Tinto fuera declarada como la transnacional favorita de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Empresa Nacional de Minería (Enami) para asociarse en la explotación de humedales altoandinos.

En el caso de Codelco, Rio Tinto fue la empresa electa para desarrollar el proyecto de litio en el Salar de Maricunga, el cual ha recibido el nombre de «Proyecto Paloma». De igual forma, como doblete, Enami apostó por Rio Tinto para desarrollar el proyecto Salares Altoandinos, el cual reúne a los ecosistemas de Aguilar, La Isla y Grande, agregando al contexto que días previos, Codelco y Rio Tinto anunciaron un nuevo acuerdo de colaboración destinado a acelerar el potencial desarrollo del distrito minero en torno a Nuevo Cobre, en la Región de Atacama.

La asociación entre las empresas estatales y la minera angloaustraliana no ha pasado desapercibida. Por el contrario, ha sido fuertemente respaldada por la clase política y el empresariado, en un contexto donde se pretende dar rienda suelta al actuar impune de empresas extractivas en el país. Sin embargo, lo que ha pasado desapercibido es lo que existe tras Rio Tinto: un historial de impactos, denuncias y conflictividad, que hoy aterriza en Chile de la mano con el Estado.

Rio Tinto es un viejo conocido en Chile. Antes de la alianza con Codelco y Enami, la transnacional ha sido socia de la minera BHP en el proyecto Escondida con un 30% de participación en acciones; la misma empresa que acumula dos demandas del Consejo de Defensa del Estado, una por provocar un deterioro grave, permanente e irreparable del acuífero, de las vegas de Tilopozo y de la fauna en el Salar de Atacama, y la segunda por el daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del Salar de Punta Negra, además de afectar los sistemas de vida de la comunidad indígena de Peine. De igual forma, la transnacional favorita del Estado chileno cuenta con el Proyecto Trinidad, ubicado en la comuna de Putre, frente al cual se desarrolló un importante proceso de conflicto ante el rechazo de la comunidad de Belén.

Sin embargo, Chile no es la única. Río Tinto ya ha estado operando en Argentina, con el desarrollo de una planta piloto en su proyecto Rincón, desde marzo de 2022 (formalmente), cuando la compañía completó la adquisición del yacimiento ubicado en el Salar de Rincón, provincia de Salta. El valor de la inversión fue por 825 millones de dólares, y la misma empresa anunció que actualmente se encuentra en etapa de expansión comercial. La incursión de la empresa ha causado gran alerta en las comunidades, desde un principio, ya que es una zona con déficit hídrico en el país.

Colombia es otro país donde Río Tinto tuvo participación en actividades extractivas. La empresa estuvo involucrada en el proyecto de exploración minera Mandé Norte/Murindó, ubicado en los límites de los departamentos de Chocó y Antioquia. Este proyecto fue desarrollado en asociación con la empresa Muriel Mining Corporation, con sede en Denver, Colorado (Estados Unidos). Las comunidades indígenas denunciaron una serie de violaciones graves a sus derechos ante la Defensoría del Pueblo en el 2009, como: falta de reconocimiento legal de sus tierras ancestrales, militarización del territorio, limitación del movimiento en la zona, desplazamiento forzado, intimidación, pérdida de los bosques, y profanación de cerros sagrados

Ante la creciente presión social y las denuncias, Rio Tinto cerró su oficina en Colombia y declaró no tener una participación activa en el proyecto Mandé Norte. Desde entonces, la empresa no ha reportado nuevas operaciones mineras en Colombia.

Pero no solo en América Latina (Ver ANEXO Fuentes y Links) esta transnacional posee un icónico historial de conflictividad, impactos y denuncias. A continuación, se sistematizan casos donde Río Tinto fue protagonista de cuestionamientos en distintos lugares del planeta; un historial que, pareciera ser, no se consideró al momento de establecerlo como alianza estratégica.

– En Bougainville, Papua Nueva Guinea, se les atribuye delitos ambientales y crímenes de Guerra , ya que Río Tinto operó la mina de cobre Panguna (1969-1989), la cual causó una contaminación masiva y provocó una guerra civil (1988-1998).  La mina arrojó desechos tóxicos a los ríos, destruyendo tierras de cultivo y pesquerías.  De igual forma tuvo una presunta complicidad con el ejército de Papúa Nueva Guinea, en violencia contra manifestantes locales.

– En Oyu Tolgoi, Mongolia, incurrieron en agotamiento del agua y violaciones de los derechos indígenas. La mina de cobre que operaban fue acusada de agotar las aguas subterráneas, amenazando el sustento de los pastores. En medio del conflicto, hubo protestas indígenas, en las que las comunidades locales denunciaron falta de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

– En Juukan Gorge, Australia, destruyen sitios indígenas sagrados. En 2020, Río Tinto hizo estallar refugios rocosos aborígenes de 46.000 años de antigüedad en Australia Occidental para expandir una mina de mineral de hierro.  La destrucción ocurrió a pesar de las advertencias del pueblo Puutu Kunti Kurrama y Pinikura (PKKP).

– En Simandou, Guinea, el proyecto de mineral de hierro ha sido vinculado a escándalos de corrupción por sobornos pagados a funcionarios guineanos para garantizar los derechos mineros, y desplazamiento forzado de comunidades.

– En Arizona, Estados Unidos, la tierra sagrada de los pueblos originarios corre el riesgo con la intervención de Río Tinto. El proyecto minero Resolution Copper, es una amenaza para Oak Flat, un sitio sagrado para el pueblo Apache.   En 2021, el gobierno de EE. UU. aprobó la mina a pesar de la oposición indígena.

– Al sureste de Madagascar, en la región de Anosy, la empresa opera produciendo la deforestación y contaminación del agua. La mina de ilmenita QIT Madagascar Minerals (QMM) de Río Tinto fue acusada de destrucción de bosques biodiversos        y fuentes de agua contaminantes que afectan a las comunidades locales.

– En Indonesia, se les acusó de vertido de residuos tóxicos, al ser antiguo accionista de la mina Grasberg, una de las más contaminantes del mundo.  La mina arrojó millones de toneladas de desechos tóxicos a los ríos.

– En Sudáfrica, Richards Bay Minerals, RBM de Río Tinto ha enfrentado disturbios laborales, y acusaciones de suprimir los derechos de los trabajadores.

– En Serbia, con Jadar Lithium Project, Rio Tinto propuso un proyecto de mina de litio para extraer materias primas para baterías de vehículos eléctricos, lo que ocasionó que estallaran protestas públicas masivas debido a temores de daños ambientales, particularmente al suministro de agua y la agricultura. Estas manifestaciones fueron alimentadas por la desconfianza hacia las empresas mineras debido a desastres ambientales previos en la región. En enero de 2022, el gobierno serbio revocó los permisos de Rio Tinto para el proyecto, y este tuvo que suspenderlo indefinidamente, aunque en julio de 2024, el poder ejecutivo revive el proyecto.

Así las cosas, vale la pena siquiera preguntarse si es que el Estado chileno debe sostener a una empresa, con este historial internacional, como su brazo derecho en su cruzada por el litio. En este sentido, estas alianzas asociativas impulsadas por Enami y Codelco se dan en un contexto cruzado por una ausencia generalizada de transparencia en lo que es la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Reflejo de aquello, ha sido el reciente informe de la Comisión investigadora del acuerdo entre Codelco y SQM, donde se solicita “dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga”, como también la necesidad de revisar el proceso de consulta indígena involucrado.

Los contratos de Codelco y Enami con Rio Tinto, siguen sumando dudas respecto a los objetivos de la Estrategia Nacional del Litio y su implementación. Se ha priorizado el aumento de la extracción de Litio y la captura de renta a corto plazo, privilegiando contratos dudosos como Codelco con SQM y Rio Tinto, o la compra de Salar Blanco Lithium Power International (LPI) en Maricunga. A esto se suman procesos de participación desvinculados de la toma de decisiones, consultas indígenas express, una Empresa Nacional del Litio que pasa al olvido, un Instituto de Investigación de Salares centrado en cómo explotarlos y no como conservarlos, la fracasada apuesta china a la agregación de valor, grandes dudas de la Transparencia y como se está resguardando el Patrimonio Natural, territorial y comunitario, que nos muestran que hay que ralentizar la máquina y reevaluar la ENL y su implementación.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA