Perú

Espinar: Once comunidades deciden reiniciar las protestas

Demandan que Gobierno aborde consulta previa sobre el proyecto Antapaccay y el plan de reparación por omisión de este derecho
12/11/2021
CUSCO. Once comunidades originarias del entorno del proyecto minero Antapaccay acordaron reiniciar sus protestas al considerar que sus demandas no son atendidas por el Ejecutivo. Estas tienen que ver principalmente con la consulta previa sobre el proyecto minero Antapaccay y el plan de reparación por omisión de este derecho.

No precisaron la fecha en que empezarán sus protestas, pero indicaron que “el levantamiento” de las comunidades se hará de forma escalonada en sus propios territorios hasta que el Estado les garantice sus derechos.

“No decimos la fecha por estrategia. En cualquier momento vamos a arrancar el levantamiento. Son cien días de gobierno que han pasado y no tenemos comunicación, por eso hemos acordado el levantamiento con una estrategia que tenemos en reserva”, manifestó el presidente de la comunidad de Alto Huancané y coordinador de las once comunidades, Flavio Huanqque Ccapa.

El dirigente mencionó además que la protesta será por días y por comunidades. Refirió también que la última vez que fueron atendidos por el Ejecutivo ocurrió con el arribo del expremier Guido Bellido, pero cuestionó que haya llegado sin ningún documento ni propuesta de solución.

Demandas

Las principales demandas tienen que ver con la implementación de la consulta previa, un plan de reparación por la omisión de la consulta previa del proyecto Antapaccay en el año 2012, y el canon comunal.

Los comuneros también reclaman al Estado que se identifique y sancione a los ministros y funcionarios que permitieron la omisión de la consulta previa. Exigen la aplicación de la consulta al nuevo proyecto minero Antapaccay, expansión Tintaya, integración Coroccohuayco, conforme lo estipula el convenio 169 de la OIT.

Asimismo, que el Estado cumpla con implementar el fondo de emergencia social y el plan de reparaciones por daños causados en sus territorios a causa de la actividad minera.

A estos puntos agregan la ejecución de un programa de reactivación económica y que se garantice que los recursos de la renta minera se inviertan de manera directa en las comunidades con la creación del canon comunal y núcleos ejecutores.

Las comunidades que tomaron esta decisión son Huisa Ccollana, Tintaya Marquiri, Huancané Bajo, Alto Huancané, Cala Cala, Huisa, Huano Huano, Alto Huarca, Antaccollana, Huarca, Suero y Cama
https://www.inforegion.pe/289992/espinar-once-comunidades-deciden-reiniciar-las-protestas/

Perú

CUSCO: COMUNIDADES DE LIVITACA LOGRAN NEVOS COMPROMISOS DE LA MINERA HUDBAY

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 12/11/2021
Tal como se había comprometido la presidenta del Consejo de ministros, Mirtha Vásquez, el distrito chumbivilcano de Livitaca, en Cusco, fue sede ayer de un espacio de diálogo entre autoridades locales, dirigentes, representantes de la empresa minera HudBay, funcionarios de la PCM y algunas carteras ministeriales.

Tras algunas horas de conversaciones y debate, las comunidades lograron que la compañía asuma algunos compromisos concretos a favor de las comunidades. El principal acuerdo está relacionado al convenio marco, pues la empresa propuso que desde el 2022 incremente un monto de dos millones de soles, el cual hace un total que asciende a cinco millones y medio de soles. Asimismo, recalcaron que a Livitaca le corresponde un presupuesto extra de medio millón de soles proveniente del convenio provincial de Chumbivilcas.

Por otro lado, HudBay se comprometió a invertir 52 millones de soles a través de obras por impuestos para proyectos de agricultura y salud. En cuanto a la Mesa técnica de la provincia de Chumbivilcas, suscrita este año, la compañía aportará 32 millones de soles para que se inviertan en proyectos de educación, agua potable y saneamiento.

Por otro lado, acordaron que el próximo 01 de diciembre, se llevará a cabo una reunión para evaluar los territorios de influencia directa. Representantes del Ministerio de Energía y Minas garantizaron su participación en esta reunión.

Cabe recordar que este espacio de diálogo es consecuencia de las protestas que iniciaron las comunidades a fines de octubre, en la que bloquearon algunas vías del corredor minero del sur.

Perú

Pobladores toman minera Inkabor en protesta por terrenos

Destruyeron insumos de la empresa minera. Tres comunidades de Moquegua y Arequipa estarían enfrentados por la ocupación de unos predios. (Foto: Correo)
10/11/2021
Un aparente conflicto de terrenos en los límites de Moquegua y Arequipa habría sido el detonante para que los pobladores de la comunidad de Santa Lucía y Salinas Moche tomaran las instalaciones de la minera Inkabor. De acuerdo a un acta policial, los incidentes se registraron aproximadamente a las 3:30 horas del lunes, cuando el personal de la minera se encontraba descansando.

Según la información policías se habría causado diferentes daños a la logística de la mina, a lo que se suma la retención del personal durante tres horas, en tanto los manifestantes esperaban la llegada de los agentes de la comisaría de Puquina (Moquegua).

Horas más tarde se supo que habrían instalado una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo, pues los comuneros de Moquegua indicaron que existiría una presunta invasión de sus terrenos. Funcionarios de Inkabor tomaron conocimiento de lo sucedido y se estima que tomaron nota de los daños para dar parte a las autoridades.

Ayer en la mañana, Facundo López Mamani, presidente de la comunidad Salinas Moche, dijo que llegaron hasta este extremo porque no sienten el apoyo de las autoridades, principalmente, por el problema limítrofe que existe entre Moquegua y Arequipa. El dirigente denunció que comuneros de Salinas Huito (Moquegua han colocado cercos con mallas dentro de los límites de San Juan de Tarucani de la región Arequipa.

Los pobladores agregaron que cada día son hostigados y amedrentados por sus vecinos. Añadieron que se sienten indignados por el abandono que son objeto por parte de las autoridades competentes de la región Moquegua y que la única manera de hacer respetar sus territorios es reaccionando con protestas. Todos estos hechos serán investigados por la Policía.
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/pobladores-toman-minera-inkabor-en-protesta-por-terrenos-noticia/

Perú

Minem: “hemos heredado una bomba de tiempo, los conflictos sociales nos están golpeando”

El viceministro de Minas, Jorge Chávez, dijo que por un lado las empresas no han cumplido los compromisos establecidos y por otro, hay una falta de actitudes de remediación.
Es necesario trabajar conjuntamente con la comunidad y los pueblos amazónicos pues no perciben el beneficio de la actividad de hidrocarburos o minería, señaló el viceministro Jorge Chávez. (Foto: referencial-Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú)
redacciongestion@diariogestion.com.pe
10/11/2021
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha heredado una ‘bomba de tiempo’ debido a los conflictos sociales que se vienen presentando en las regiones donde se desarrollan proyectos mineros, señaló el viceministro de Minas, Jorge Chávez.

“Hemos heredado una bomba de tiempo en el sentido de que nos están golpeando los conflictos sociales. (…) Cuando se habla de esa bomba de tiempo significa de que hemos heredado dos aspectos muy graves”, sostuvo durante la presentación del Informe sobre el estado del Minem ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Explicó que por un lado existe un descuido por parte de las empresas tanto de hidrocarburos pues no han cumplido los compromisos establecidos.

Por otro lado, dijo que hay una falta de actitudes de remediación, es decir, la cura por la acción de la minería o de los hidrocarburos, por lo que se tiene que dar un solución.

“Son acciones que tiene que llevarse a cabo y darle solución a la población para evitar la contaminación y para evitar la falta de cumplimiento”, explicó.

De este modo, dijo que es necesario trabajar conjuntamente con la comunidad y los pueblos amazónicos pues no perciben el beneficio de la actividad de hidrocarburos o minería.

“Por lo tanto se tiene que revisar de manera técnica para que pueda llegar a nuestra población las partes del canon minero o de hidrocarburos, para que se pueda percibir ese incentivo del desarrollo a nuestras comunidades”, acotó.
https://gestion.pe/economia/minem-hemos-heredado-una-bomba-de-tiempo-los-conflictos-sociales-nos-estan-golpeando-noticia/

Perú

Conflicto con mineras agitan otra vez el sur

Problemas. El corredor minero permanece bloqueado desde ayer. Las comunidades de Cotabambas (Apurímac) retomaron huelga y exigen presencia de presidente. En la zona limítrofe de Salinas Moche (Moquegua) y Salinas Huito, donde opera la minera Inkabor, hay un conflicto de límites que alentó la protesta contra compañía minera.
Reclamo. Población de Apurimac vuelve a bloquear corredor minero del sur, ante incumplimiento de promesas de parte del gobierno central. Foto: Miguel Gutiérrez/ cortesía
Reclamo. Población de Apurimac vuelve a bloquear corredor minero del sur, ante incumplimiento de promesas de parte del gobierno central. Foto: Miguel Gutiérrez/ cortesía
LR Sur
larepublica_peediciondigital@glr.pe
11/11/2021
Zaida Tecsi /Elizabeth Huanca
Los conflictos sociales nuevamente estallaron en la zona sur del país. Esta vez los focos de las protestas se concentran en la región Apurímac, Arequipa y Moquegua. Todos los casos tienen un componente en común, el descontento de comuneros que residen en zonas de actividad minera. A ello se agrega problemas limítrofes no atendidos por el gobierno. Así, el corredor minero del sur fue bloqueado por los comuneros de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso (Grau), de la región Apurímac. Hoy, se cumple su segundo día de paro, así como las 48 horas de plazo que los residentes de la zona le otorgaron al presidente de la República, Pedro Castillo para que llegue al lugar y atienda sus reclamos.

Los comuneros tienen una plataforma de lucha de 17 puntos contra la minera MMG Las Bambas y el gobierno. Entre ellos, que todas las comunidades de Cotabambas y Progreso sean declaradas área de influencia directa del proyecto minero. Además, exigen que la empresa cumpla con el pago del canon y a su vez, que el Ejecutivo cumpla con los desembolsos por los terrenos individuales y colectivos por donde atraviesa el corredor minero. “Si hasta mañana (hoy) el Ejecutivo no nos responde, retomaremos la huelga indefinida”, advirtió el presidente del Frente de Defensa, Víctor Limaypuma.

El 27 de octubre pasado, la premier, Mirtha Vásquez llegó a la zona y se comprometió a la instalación de mesas de trabajo, el 9 de noviembre, para abordar sus demandas con la presencia de ministros. Se estableció que todos los acuerdos, entre los que figura el inicio de pago por canon de Las Bambas sean refrendados a través de un Decreto Supremo.

El gobierno no cumplió. El último martes, la población acudió a la comunidad de Pisacasa para la instalación de mesas de trabajo. Se esperaba el arribo de los ministros, pero ello no ocurrió. A la reunión solo asistieron funcionarios de rango menor y sin un documento que oficialice las mesas técnicas, por lo que el conflicto volvió a estallar.

Ayer, en el primer día de paro, los accesos a la provincia de Cotabambas fueron cerrados. En los diferentes distritos como Mara y Challhuahuacho, los comuneros se movilizaron. Aseguran que seguirán en la medida si no son escuchados.
Más conflictos

El lunes también estalló el conflicto social en los centros poblados Salinas Moche (provincia de Sánchez Cerro), Salinas Santa Lucía (Moquegua) y Salinas Huito (Arequipa). Las zonas mantienen un pleito limítrofe sin resolver desde hace 30 años.

La falta de hitos en estos territorios ha generado otro problema, la disputa por los beneficios económicos generados por la minera Inkabor, empresa que explota boro por casi cuatro décadas entre estos anexos. Los comuneros de la zona de Moquegua, denuncian que pese a ser zona limítrofe la empresa solo tributa en Arequipa. Advierten además que han invadido 600 metros de su terrirorio.

En ese contexto, el 8 de noviembre, alrededor de las 03:00 horas, los residentes de Salinas Moche y Salinas Santa Lucía, ingresaron a la zona de operaciones y tomaron como rehenes a 4 servidores. Ayer, en la mañana, estos fueron liberados.
Diálogo Salinas- Moche para resolver conflicto de Inkabor

El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, informó que a las 10:00 horas de ayer se instaló la mesa de diálogo en la zona de Puquina (Moquegua) para resolver el conflicto en el lugar.

Participaron los representantes de la Minera Inkabor, los de la Comunidad Salinas Moche, representantes del Ministerio del Interior, Presidencia del Consejo de Ministros y de Energía y Minas, así como la Defensoría del Pueblo.

La población exige la revisión de convenios con la mina, así como su tributación, pago servidumbre y el respeto a su propiedad. De acuerdo al acta de acuerdo, los comuneros de Salinas Moche denunciaron que de forma irregular las operaciones mineras habían “invadido” parte de su propiedad, por lo que estos se comprometieron a no trabajar en la zona de conflicto, hasta que se llegue a un acuerdo final.

La próxima cita ha sido programada para el 16 de noviembre. Los comuneros además piden que de una vez por todas, se definan los límites entre regiones.
Enfoque

Rodolfo Marquina – especialista Descosur

Realidad paradójica

En las zonas donde operan las mineras se da una gran contradicción. Estas son empresas con recursos y su explotación se hace en los lugares más apartados y sin servicios. Así tenemos a la empresa con muchos recursos, frente a una población con muy pocos recursos y sin presencia del gobierno. En esas condiciones, las necesidades de la población resultan siendo una suerte de presión frente a la empresa. Este es el origen de todos los conflictos.

A ello se suma, en algunos casos que los malos dirigentes distorsionan las justas demandas de la población. El rol del gobierno en esos casos debe ser más proactivo. La solución, está en que el Estado atienda correctamente y a tiempo a esta población y que haga respetar los derechos de las comunidades.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/11/11/conflicto-con-mineras-agitan-otra-vez-el-sur-lrsd/

Argentina, Litio

La Rioja se suma al boom del litio y otorga un permiso para que una minera canadiense explore un área

Por Roberto Bellato
09/11/2021
Se trata de un permiso para que la minera Origen Resources explore litio en La Rioja en un área limítrofe con San Juan, donde la misma compañía anunció hace tan solo un mes que también comenzará a explorar litio. Es una novedad ya que ambas provincias no pertenecen al Triángulo del Litio (Catamarca, Salta y Jujuy), donde están ubicados todos los proyectos de este mineral en la Argentina.

La minera canadiense Origen Resources recibió un permiso por parte de la provincia de La Rioja para explorar litio en un área de 21.000 hectáreas. La misma compañía anunció hace un mes un acuerdo para iniciar trabajos exploratorios de un proyecto de litio en San Juan, en el salar Los Sapitos. Ahora, la gobernación de Ricardo Quintela otorgó un permiso para que Origen Resources expanda el proyecto ubicado en el norte de San Juan hasta el sur de la provincia de La Rioja.

Se trata de un proyecto de exploración de litio en el salar Los Sapitos, una zona que no está dentro del Triángulo del Litio, conformado por Bolivia, Chile y las provincias argentinas de Catamarca, Salta y Jujuy, que es la reserva más grande del mundo de este mineral. Todos los proyectos de exploración y producción de litio en la Argentina están en estas tres provincias. Según información oficial, Catamarca concentra el 22% de los recursos, Salta el 41% y Jujuy el 37%. Ahora, la novedad es que la canadiense Origen Resources explorará litio también en La Rioja y San Juan.

La exploración de Origen Resources será en la misma zona limítrofe donde ambas provincias están en disputa por las regalías y beneficios del megaproyecto de oro Josemaría, ubicado en San Juan, gobernada por Sergio Uñac, pero muy cerca del límite con La Rioja.
Litio en La Rioja

En un comunicado, la compañía con base en la ciudad de Vancouver indicó que “ahora ha sido otorgada de derechos por parte de la provincia de La Rioja, Argentina, para explorar 21.000 hectáreas adicionales dentro del posible cinturón de litio que se extiende desde el salar de Los Sapitos en el norte de San Juan hasta la provincia de La Rioja”. En total, las dos áreas que ahora posee la compañía suman más de 47.000 hectáreas.

“El entorno tectónico de los cinturones, la actividad geotérmica y la química de la salmuera observada son similares a las del Triángulo de Litio y dan lugar a la posibilidad de descubrir trampas estructurales para los acuíferos que contienen litio en profundidad”, afirmó Origen Resources.

Además, la compañía canadiense realizará “un muestreo sistemático no solo de las salmueras, sino que también investigará la extensión y las características de las arcillas ricas en litio. La ulexita (un mineral de evaporita de boro) también se ha identificado en todo el cinturón, que indica que han estado presentes salmueras concentradas que contienen boro, un indicador de la prospectividad del litio”.

«El control de 47.000 hactáreas en esta región de litio recientemente identificada es otro cambio de juego para nuestros accionistas. El equipo de Origen Resources espera poner manos a la obra en las próximas semanas para comenzar los trabajos en este activo», afirma Blake Morgan, presidente de la compañía canadiense.

La Rioja se suma al boom del litio y otorga un permiso para que una minera canadiense explore un área

Perú

MEJOR RECAUDACIÓN PARA UN MEJOR GASTO PÚBLICO

Naara Cancino
Imagen: Ipe
10/11/2021
En el contexto actual de solicitud de facultades por parte del Ejecutivo al Congreso de la República para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, es importante colocar en perspectiva la afirmación de que dada la ineficiencia del gasto público no se debería aumentar los ingresos tributarios. Si bien es cierto que el gasto público puede ser administrado más eficientemente, apelar a esta característica para no reformar la lógica de recaudación fiscal antagoniza dos aspectos que no son de por sí mutuamente excluyentes. Se puede mejorar la recaudación tributaria y la calidad del gasto a la par, incluso podrían retroalimentarse.

El escenario actual post-pandemia indica que el país necesita alinearse a las reglas de sostenibilidad fiscal. El Estado viene de haber mantenido un fuerte gasto fiscal en 2020 y 2021 debido a las políticas expansivas fiscales de casi 20 puntos del PBI para hacer frente a la pandemia (MEF, 2021). En este periodo, el déficit fiscal ascendió hasta casi 9% del PBI, superando por mucho la regla fiscal de límite de déficit de 2.9% del PBI (MEF, 2019) y la deuda pública pasó de representar 26,7% en el 2019 a 34,5% del PBI en 2020 (MEF, 2021). Además, debido a la recesión económica y a la pérdida de empleo, la recaudación fiscal cayó entre 15 a 20 millones de soles.

Para lograr la estabilidad fiscal sin disminuir los niveles de servicios que se otorga a la población, el Perú tiene la necesidad de estabilizar sus ingresos fiscales, tomando en cuenta que la deuda no puede seguir aumentando en el largo plazo. Por ello, es importante replantear los ingresos fiscales para que puedan ser más sostenibles, contracíclicos y menos volátiles.

Sobre la calidad del gasto público

Es importante reconocer que ejecución de presupuesto no es igual a dotación de servicios de calidad. Como se observa en el gráfico 1, un análisis histórico de la ejecución presupuestal por funciones a nivel regional muestra que la ejecución en los sectores salud, educación, transporte, agua y saneamiento, y seguridad ciudadana, ha sumado gran parte del presupuesto otorgado en todas las regiones (cerca del 70% en promedio en los años analizados).

Gráfico 1. Gasto por función de los gobiernos regionales en porcentaje del gasto total (promedio años 2009-2020)

El gasto público no solo se mide a través de las actividades o productos que contribuyen a la creación de valor público, sino por los objetivos de resultado normalmente ligados a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Luego de ver la ejecución presupuestal, queda la duda de si tal ejecución del gasto indica mejoras en los servicios que ha recibido la población.

A pesar de los esfuerzos realizados para brindar una mejor calidad de servicios, desde la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) en 2007, una mirada sectorial y territorial muestra que las deficiencias siguen siendo latentes.

Sin embargo, mucho del trabajo para lograr dichas mejoras se orienta a problemas de gestión del presupuesto asignado y a la necesidad de grandes inversiones para lo cual la reforma tributaria no es solo beneficiosa sino necesaria. Parte de los problemas estructurales de los principales sectores encuentran necesidades ligadas a los ingresos y a la eficiencia en la ejecución del presupuesto. En el sector de agua y saneamiento son necesarios los proyectos de inversión, financiamiento de operación y mantenimiento y provisión de servicios. En salud, es necesario financiar inversiones en la modernización de la prestación de servicios de salud y sistemas de información. En educación, más ingresos podrían permitir la implementación de infraestructura, equipamiento y tecnologías. En seguridad ciudadana, podría permitir la mejora de tecnologías y servicios básicos. Por ultimo, en transporte, ayudaría a la financiación de los grandes proyectos de infraestructura que permitan mayor conectividad, reducción de costos de logística e interconexión social (BID, 2017).

Sobre la modificación del régimen tributario

La teoría menciona que los sistemas tributarios deben asegurar la eficiencia del mercado, asegurar la estabilización macroeconómica o mejorar la igualdad a través de la redistribución, las tres funciones básicas generalmente asignadas a la política fiscal (Musgrave, 1959). Además, los impuestos no solo deben mejorar debido a su papel de eficiencia económica y sostenibilidad fiscal, mejorar un sistema tributario también pasa por entender su importancia social y su papel en el desarrollo de una nación.

La reforma tributaria minera debe procurar no reforzar la dependencia de los ingresos fiscales hacia las materias primas. Una alta dependencia de los ingresos fiscales de las industrias extractivas no solo representa una amenaza para las disparidades regionales internas de un país y exige mecanismos regionales de distribución eficaces y eficientes, sino que también expone al país a la volatilidad de los precios mundiales de las materias primas (Atria et al, 2007). Asimismo, esta reforma debe ser planteada de manera tal que permita que la inversión se mantenga. Las expectativas empresariales según los datos del BCRP, indican que a octubre estas han retornado a un nivel pre elecciones. Si bien no se encuentran al nivel prepandemia, tampoco nos encontramos en un nivel en donde las reformas no puedan ser llevadas a cabo. Asimismo, es necesario que de la misma manera exista un espacio de diálogo con las empresas que asegure los mensajes a los inversionistas que implique predictibilidad pero que a la vez asegure una mayor recaudación.

Por ende, la tarea debe ser construir un sistema tributario sólido, sostenible, justo y diversificado capaz de mantener un dinamismo razonable de la inversión y, simultáneamente, lograr una participación estatal progresiva en las rentas económicas derivadas de la extracción de recursos naturales cuidando de no implicar dependencia en las mismas. El actual escenario de precios altos facilita la tarea, puesto que las empresas pueden tener mayor espacio de maniobra. Años atrás durante la bonanza minera, los gobiernos fueron inerciales: las reglas de juego no fueron cambiadas en lo sustantivo y siguieron siendo las que se heredaron de la década de los años 90. Por ejemplo, el gobierno de Toledo concretó la implementación del alza del porcentaje del IR de la tercera categoría y aprobó el pago de regalías mineras (Mendoza y De Echave, 2016). Luego con Ollanta Humala, a pesar de existir gran expectativa, no se realizaron modificaciones importantes. En el actual contexto no puede suceder lo mismo, y se debe aprovechar la oportunidad política. El costo de oportunidad de no hacerlo, sería muy grande.

Para el desarrollo sostenido, pensar en el gasto público dejando de lado los ingresos es tener una mirada reducida. Una mejora en el esquema de recaudación fiscal que permita una recaudación eficiente, sostenida y contracíclica podría ayudar a gatillar las mejoras en la calidad del gasto público. Por ello, sustentar que el esquema tributario y/o el esquema tributario minero no debe aumentar y/o mejorar teniendo espacio, margen y necesidad; es optar por un punto de vista egoísta e ineficiente. La recaudación debe ser puesta en el debate de inversión pública y cumplimiento de necesidades fiscales.

Bibliografía

Atria, J., Groll, C., & Valdés, M. (2017). Rethinking taxation in Latin America. Reform and challenges in times of uncertainty. Latin American Political Economy.

BCRP. (2021). Reporte de Inflación Junio 2021. Obtenido de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2021/junio/reporte-de-inflacion-junio-2021.pdf

BID (2016). MÓDULO 3 Presupuesto por resultados. Banco Interamericano de Desarrollo.

BID. (2017). Public Environmental Expenditure Review in Peru 2008–2013 . Inter-American Development Bank .

Boadway, Robin y Keen, Michael (2014). Rent taxes and royalties in designing fiscal regimes for non-renewable resources. En: Cesifo Working Paper Series, N.°4568, enero, 44p.

De Echave C., J., & Flores U., C. (2020). Minería y tributación en tiempos de pre y post pandemia. Lima: Grupo Justicia Fiscal.

MEF. (2019). Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023. Obtenido de https://www.ipe.org.pe/portal/marco-macroeconomico-multianual-mmm-2020-2023/

MEF. (2021). Informe Anual de Deuda Pública 2020. Obtenido de https://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/documentos/Informe_Deuda_Publica_2020.pdf

Torres Cuzcano, Víctor (2018). Boom Minero, política fiscal y corrupción. Documento de Trabajo Omega Beta Gamma 01, Grupo de Investigación Omega Beta Gamma.

World Bank. (2017). PERU PUBLIC EXPENDITURE REVIEW . World Bank Group.

World Bank. (2017). PERU PUBLIC EXPENDITURE REVIEW . World Bank Group.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Bolivia

COMUNIDAD RECLAMA LEGALMENTE REPARACIÓN DE DAÑOS POR CONTAMINACIÓN DEL LAGO POOPÓ

El ayllu San Agustín de Puñaca interpuso una acción popular ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro con apoyo de organizaciones ambientales y sociales.
09/11/2021
Ante los graves daños socioambientales generados por la contaminación minera de la cuenca del lago Poopó, integrantes del ayllu San Agustín de Puñaca interpusieron hoy una acción popular ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro para reclamar legalmente el reconocimiento de la vulneración de sus derechos y la reparación de los daños por parte de las autoridades correspondientes.

La acción legal fue presentada tras una conferencia de prensa y posteriormente una bulliciosa marcha de las organizaciones sociales como la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), los Líderes ambientales, el Defensor del Pueblo en Oruro y organizaciones ambientales como el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA).


A diario, las mineras situadas en la cuenca del Poopó vierten enormes cantidades de metales pesados a las aguas convirtiéndolas en peligrosas para el consumo humano animal y el regadío. La contaminación está deteriorando gravemente el lago Poopó, humedal declarado de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, y acabando con especies animales y vegetales.

El daño no es solo al ecosistema. Las aguas más afectadas —del Poopó y de los ríos Huanuni y Desaguadero—, rodean al ayllu San Agustín de Puñaca. Se trata de una comunidad históricamente situada en la zona de mayor presencia minera, aunque las actividades principales de sus habitantes, de mayoría quechua, son la agricultura y la ganadería.

La acción popular es un proceso legal empleado ante la vulneración de derechos colectivos. Quienes conforman el ayllu San Agustín de Puñaca han visto vulnerados sus derechos constitucionales al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un medio ambiente sano. Sus modos de vida están siendo afectados por la degradación ambiental.

Los metales pesados recorren las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca, extendiendo los efectos tóxicos de la minería más allá de los lugares de extracción. Los comunarios han denunciado la muerte de cabezas de ganado, la infección de cultivos y forraje, así como la aparición de enfermedades en la población.

Otro impacto social de la contaminación es el desplazamiento de los espacios tradicionalmente campesinos e indígenas por el espacio minero, provocando la migración de los más jóvenes del ayllu a zonas urbanas o al extranjero.

En la acción popular, la comunidad exige que las autoridades cumplan con sus obligaciones de mitigar los efectos de la contaminación y de reparar a las comunidades afectadas.

Colombia

Ejército incauta maquinaria de minería ilegal del Clan del Golfo

FOTO: Cortesía
FUERZA PÚBLICA EJÉRCITO NACIONAL
EL COLOMBIANO | 08/11/2021
El Ejército informó sobre la incautación de maquinaria utilizada para la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño , perteneciente al Clan del Golfo.

El operativo se desarrolló en la vereda Bijagual, del municipio de Nechí, y en este las autoridades destruyeron una draga tipo “dragón brasilero”. Las autoridades también confiscaron seis kilogramos de mercurio y capturaron a 14 personas, en flagrancia, por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Ese operativo significó una afectación de alrededor de 4 mil millones de pesos al Clan del Golfo, por medio de la subestructura Uldar Cardona Rueda al mando de alias “Chirimoyo”, según el reporte entregado por las autoridades.

FOTO: Cortesía
Los procedimientos fueron desarrollados en el marco de la Operación Mayor Pedro Pascasio Martínez contra las economías ilícitas, al igual que la Operación Mayor Artemisa contra delitos ambientales.

En este operativo contra la minería ilegal en el Bajo Cauca participaron el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.
https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/ejercito-incauta-maquinaria-de-mineria-ilegal-del-clan-del-golfo-CE15995142

Chile

Los 11 proyectos mineros en los que invirtió la familia del Presidente Piñera durante su primer gobierno

08/11/2021
Por Nicolás Sepúlveda y Paulina Toro

Algunos ya se conocen, como Dominga e Imán, pero hay otros nueve proyectos mineros en los que participaron los Piñera Morel bajo el primer gobierno de su padre. Uno de ellos es Cóndor, el que fue aprobado ambientalmente en esa administración. CIPER rastreó los actos administrativos, como permisos y evaluaciones, que hicieron avanzar estos proyectos entre 2010 y 2014. En La Moneda niegan cualquier conflicto de interés. La mayoría son proyectos de exploración, que buscan descubrir vetas de cobre, oro y hierro, para luego ser vendidos a mayor precio. Algunos de los proyectos no tuvieron éxito, pero otros continúan vigentes, como Indiana y Filipinas, y a la venta.

El 31 de julio de 2013 – durante el primer gobierno de Sebastián Piñera- el Proyecto de Exploración Minera Cóndor recibió el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para operar un proyecto que buscaba cobre en el Cajón del Maipo, en el sector cordillerano de la Región Metropolitana. Era una zona con protección ambiental porque había sido declarada de Interés Científico para la Minería. Para lograr la aprobación, los dueños del proyecto prometieron ocupar un helicóptero para el traslado de material y personal de ese proyecto, con el fin de evitar la construcción de caminos.

Como requisito para su aprobación, el proyecto recibió el visto bueno de siete seremis, cargos que son nombrados por el Presidente de la República. Lo que no se sabía, hasta ahora, es que la familia Piñera Morel estaba entre los inversionistas de la Minera Cóndor.

La familia del Presidente Sebastián Piñera estaba entre los accionistas del proyecto a través de Santa Victoria Fondo de Inversión Privado, un FIP hasta ahora desconocido y que también utilizaba como vehículo de inversión en otras sociedades mineras.

Aunque, según la versión de La Moneda y del family office de los Piñera Morel, el proyecto Cóndor finalmente no se ejecutó y su permiso nunca se utilizó, efectivamente su aprobación ambiental se produjo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y quedó listo para su autorización bajo la administración de Michelle Bachelet. De hecho, fue la ministra de Minería de Bachelet, Aurora Williams, quien entregó el permiso final en noviembre de 2014 (vea el decreto respectivo).

El proyecto Cóndor formaba parte de una serie de inversiones mineras en las que participó la familia presidencial durante el primer mandato de Piñera. Parte de esos proyectos fueron la Minera Dominga, que terminó vendiéndose a la familia Délano en las Islas Vírgenes Británicas (vea reportaje de CIPER y La Bot), y el Proyecto Imán, donde el vendedor de las concesiones mineras que posibilitaron ese proyecto fue nombrado como representante del Presidente en el directorio de Enami (vea reportaje de CIPER).

La familia del Presidente también ha participado en los proyectos Indiana, que le vende mineralización a Enami y que actualmente busca comprador, y Filipinas, que extrae cobre, hierro y oro en la Región de Atacama. Otros proyectos en los que ha invertido la familia presidencial son Oro Atacama, Perth, Sierra Fritis, Adelaida, Quasar, y Central Andes. CIPER contabilizó al menos 11 proyectos de inversión minera, en el periodo 2010-2014, en los que participaron los Piñera Morel.


Fuente: Minería Activa

Algunos de estos proyectos terminaron truncados, como el de la Minera Perth, que iba a ser comprado a una minera norteamericana y donde el ejecutivo de confianza de los Piñera, Nicolás Noguera, participó directamente en las tratativas.

Luego de que Pandora Papers reveló la controversial cláusula que condicionó el tercer pago por el proyecto Dominga a que esa zona no fuese protegida ambientalmente durante la primera administración de Piñera, CIPER revisó las autorizaciones, permisos ambientales y evaluaciones a que fueron sometidas distintas inversiones mineras de los Piñera Morel bajo ese gobierno. En el caso de Dominga, se aprobó una concesión marítima portuaria para ese proyecto, a pesar de que estaba en curso una solicitud de protección ambiental costera que afectaba la construcción de ese muelle (vea aquí ese reportaje de CIPER).

Hay otros proyectos de los que no hay demasiadas pistas, porque las inversiones mineras en Chile, cuando operan en proyectos pequeños o medianos, no figuran en bases de datos públicas. No hay registros públicos de todos los proyectos que reciben permisos ambientales, porque, por ejemplo, las minas que extraen menos de 5.000 toneladas mensuales no requieren pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental. Lo mismo ocurre en el caso de las exploraciones ubicadas en la zona norte del país que operan menos de 40 sondajes (perforaciones) para buscar mineral. A pesar de que estos proyectos menores igual requieren permisos, no hay nóminas públicas que los identifiquen.

Los Piñera Morel han participado del negocio minero a través de una serie de sociedades y Fondos de Inversión Privados (FIP) que dificultan identificar a sus beneficiarios finales. El listado de aportantes de los FIP es confidencial, y ni el Servicio de Impuestos Internos ni la Comisión Para el Mercado Financiero (entidades que reciben esa información) están autorizados a hacer públicas esas nóminas.

CIPER pudo identificar las inversiones mineras de la familia del Presidente luego de revisar decenas de escrituras públicas repartidas en distintas notarías de Santiago. Solo así logramos saber que uno de los vehículos de inversión de la familia presidencial ha sido un FIP hasta ahora desconocido: Santa Victoria, el mismo a través del cual invirtieron en Cóndor.

EL TRAYECTO DE CÓNDOR EN EL PRIMER GOBIERNO DE PIÑERA
El 21 de noviembre de 2011, Minería Cóndor SpA ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que buscaba permitir la exploración de cobre en el Cajón del Maipo. La sociedad a cargo de la tramitación de esa DIA era Geoactiva SpA, accionista de la minera, y donde la familia Piñera Morel tenía participación.

El Proyecto de Exploración Minera Cóndor había sido presentado por el representante legal de Geoactiva, Ignacio Del Río, un ex ejecutivo de Bancard, una de las sociedades históricas de los Piñera Morel. Cóndor proyectaba realizar sus faenas en el Fundo Río Colorado, a 38 kilómetros de la localidad de San José de Maipo. El lugar, considerado reserva natural de biodiversidad, había sido decretado como Zona de Interés Científico para Efectos Mineros, seis años antes de la presentación de Minera Cóndor.

La resolución que protegió la zona por su interés científico para la minería (promulgada el 4 de octubre de 2005) señala que esta área “presta importantes servicios ambientales a la Región Metropolitana, como es el abastecimiento y reserva de agua dulce para riego y bebida. Asimismo, forma parte del área de interés turístico y recreación en ambientes naturales, que posibilitan la educación ambiental y potencial científico, riqueza cultural y arqueológica”.

El estatus de protección no impedía que Minera Cóndor pudiera acceder a sus exploraciones si cumplía una serie de condiciones, las que incluían una autorización vía carta del propio Presidente de la República o, en su representación, del ministro de Minería.

Además, el proyecto requería el pronunciamiento de otras autoridades sectoriales, pues el lugar posee categoría de “Área de Preservación Ecológica”, “Sitio prioritario de la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad de la Región Metropolitana”, “Bien Nacional Protegido” y “Zona de Interés Turístico”.

El proyecto sufrió un traspié en un primer intento por avanzar en la institucionalidad ambiental, entre otras razones porque, justamente, no se acompañó la carta del Presidente, entonces Sebastián Piñera. El 4 de mayo de 2012, el SEA emitió una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable lo que impedía la realización del proyecto. No obstante, los representantes de Cóndor insistieron en la tramitación y bajo ese gobierno recibieron la RCA favorable y todo quedó listo para que, bajo la administración de Bachelet, se otorgara el permiso presidencial. De hecho, en el último día del gobierno de Piñera, el 10 de marzo de 2014, Sernageomin resolvió el último trámite relevante para obtener el permiso antes de que todo quedara en manos de la futura ministra Aurora Williams.

Entre los pasos administrativos relevantes que se dieron a favor del proyecto de los Piñera Morel durante el primer gobierno de su padre se cuentan las actuaciones de siete seremis metropolitanos (Minería, Agricultura, Salud, Medio Ambiente, Transporte, MOP y Vivienda), todos funcionarios de confianza del entonces mandatario (vea aquí el expediente completo).

El 29 de julio de 2013, Geoactiva logró la RCA favorable. Pero, posterior a eso, cambió de lugar su exploración y relocalizó el proyecto sin necesidad de volver a realizar toda la tramitación ante el SEA. Y desde noviembre de 2013 -a cuatro meses de culminar el primer gobierno de Sebastián Piñera- comenzó una acelerada tramitación en el Ministerio de Minería y el Sernagormin para materializar la autorización para exploración en zona de interés científico. Fue en ese marzo, que el 10 de marzo de 2014, en las últimas horas del gobierno, Sernageomin evacuó el visto bueno para la relocalización del proyecto. Lo hizo a través del oficio Ordinario N° 310.


Familia Piñera Morel

CIPER consultó al principal ejecutivo de los negocios de los Piñera Morel, Nicolás Noguera, si tuvieron a la vista la existencia de algún conflicto de interés dado que la tramitación de Cóndor requirió la aprobación de funcionarios públicos de confianza de Sebastián Piñera. La respuesta está firmada por Inversiones Odisea, sociedad de la familia Piñera:

“Respecto de su pregunta, Odisea manifiesta categóricamente que no existió conflicto de interés alguno, por las siguientes tres razones:

Se trató de una inversión indirecta, minoritaria, realizada a través de un fondo (Santa Victoria) en que ni Inversiones Odisea, ni la familia Piñera Morel tenían facultades de administración.
La administración del fondo y la gestión de los proyectos estaban ambas a cargo de terceros no relacionados.
Adicionalmente, es importante que ustedes consignen que dicho permiso no se utilizó y la propiedad minera finalmente no se adquirió”.
CIPER constató que, respecto de la gestión de los proyectos, Nicolás Noguera, el ejecutivo de confianza de los Piñera Morel, tenía poderes como representante de Geoactiva SpA, la sociedad que gestionó el Proyecto Cóndor y que tramitó los permisos ambientales ante el Servicio de Evaluación Ambiental. Ese mismo año 2013 firmó contratos en representación de Geoactiva para la adquisición del proyecto minero Perth.

Desde La Moneda, en tanto, recalcaron que después de obtenido el permiso, el proyecto no tuvo futuro:

“Como es de público conocimiento, el Presidente de la República no participa en la administración de ninguna empresa desde el año 2009. La familia Piñera Morel tuvo una participación minoritaria indirecta en Geoactiva, un fondo de exploración minera con una variedad de proyectos, cuya gestión estaba en manos de Minería Activa SA, empresa en la que, reiteramos, la familia Piñera Morel no tiene ninguna participación en su administración. Y el Presidente Piñera no participó en la autorización de la exploración minera. Geoactiva nunca llegó a ser dueña de la propiedad minera del proyecto por el que se consulta, ni utilizó el permiso. A mayor abundamiento, se nos ha informado que ese proyecto no se concretó, ni se utilizó el permiso”.

En relación a que Geoactiva “nunca llegó a ser dueña de la propiedad minera del proyecto”, el decreto que finalmente autorizó la exploración, de noviembre de 2014, indica que la propiedad minera está a nombre de Minera Cóndor SpA. Los registros del Diario Oficial y otras escrituras públicas revisadas por CIPER establecen que a esa fecha Minera Cóndor estaba controlada por Geoactiva SpA.

LA APUESTA POR LOS PROYECTOS MINEROS
Las inversiones mineras de la familia Piñera Morel se realizaron a través de fondos de inversión de Larraín Vial, los que son administrados por Minería Activa. CIPER revisó decenas de escrituras públicas y archivos internos de las compañías para trazar la historia de los distintos proyectos, los que utilizan una intrincada red de sociedades y fondos que dificultan conocer a sus dueños finales. Esa revisión permitió identificar fondos en los que ha participado la familia presidencial, y también a sus socios en esas inversiones.

La mayoría de los proyectos mineros en los que ha participado la familia del Presidente Piñera se ubican en el norte y los vehículos de inversión han sido tres: Geoactiva, Minería Activa Uno y Minería Activa Dos. De cada uno de esos fondos cuelgan distintos proyectos, como los ya conocidos Dominga e Imán, pero también otros como Cóndor, Indiana, Filipinas, Oro Atacama, Perth, Sierra Fritis, Adelaida, Quasar, y Central Andes. Algunos de ellos siguen vigentes.

Seguir la pista de cada uno de esos proyectos no es fácil. Si se trata de proyectos de exploración -en los que se realizan sondajes para medir la existencia y calidad de minerales-, se requieren permisos gubernamentales que no están disponibles en bases de datos públicas. Lo mismo ocurre con proyectos de explotación pequeños o medianos.

La mayoría de los proyectos mineros en los que han participado los Piñera son de exploración. Aunque también lo han hecho en proyectos pequeños o medianos de explotación. Su apuesta ha sido invertir para luego vender a un mayor precio. Fue lo que ocurrió con Dominga, donde la venta multiplicó por diez la inversión inicial.

Todos los proyectos mineros comenzaron su desarrollo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Uno de ellos, Filipinas, fue creado el 21 de octubre de 2010 cuando ejecutivos de Minería Activa, sociedad administrada por Larraín Vial, constituyeron la sociedad Minera Activa Tres. En la primera junta de accionistas, el 1 de abril de 2011, decidieron cambiarle el nombre a Compañía Minera Filipinas. En esa misma reunión aparece el único accionista de la compañía: Minería Activa Uno, sociedad donde los Piñera Morel eran los mayores inversionistas a través del Fondo de Inversión Privado Mediterráneo.

 


Proyecto Indiana (Fuente: Expomin)

En esa junta de accionistas Minería Activa Uno aportó las concesiones mineras que son el corazón del proyecto, las que fueron valorizadas en cerca de $500 millones. La junta de la sociedad también designó como uno de los directores a Nicolás Noguera (vea aquí el acta de esa junta).

El 21 de noviembre de 2011 la Compañía Minera Filipinas ingresó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ampliar las instalaciones de la mina y así incrementar la extracción de minerales como cobre, hierro y oro. Buscaban pasar de 4.500 toneladas mensuales extraídas a 100 mil toneladas por mes. El proyecto está ubicado entre Freirina y Vallenar (Atacama). El Sistema de Evaluación Ambiental dejó de tramitar la DIA porque estimó que carecía “de información relevante y esencial para su evaluación”, por lo que la faena no ha podido ampliar su tonelaje (vea aquí el expediente completo).

El proyecto siguió adelante y se crearon dos fondos de inversión para inyectarle recursos: Filipinas Uno y Filipinas Dos. En ambos participó la familia del Presidente. En el FIP Filipinas Uno lo hacía a través de Minería Activa Uno, la que tenía el 100% de las cuotas según consta en escritura pública del 26 de abril de 2017. Y en Filipinas Dos estaban a través de Inversiones Odisea, la que en abril de 2017 tenía el 41,9% de las cuotas del fondo, siendo el inversionista más relevante.

Hoy Filipinas sigue vigente en la cartera de inversiones de Minería Activa y se ofrece como un proyecto ubicado en “un distrito minero emergente en el norte de Chile, una jurisdicción amiga de la minería, con bajos riesgos ambientales, comunitarios y políticos” (vea un documento promocional del proyecto). En un catálogo de proyectos mineros ofrecidos a inversionistas, elaborado por el Ministerio de Minería e Invest Chile en 2019, Filipinas aparece como una de las alternativas.

Según el registro del Diario Oficial, actualmente la sociedad Compañía Minera Filipinas está en liquidación.

PROYECTO INDIANA
Otro de los proyectos en los que ha participado la familia Piñera Morel es Indiana, una mina de oro y cobre ubicada en Copiapó. Aquí también son participantes mayoritarios, como lo demuestran las escrituras públicas revisadas por CIPER. El 28 de diciembre de 2011 se constituyó la sociedad Minera Indiana Limitada con dos accionistas: Minería Activa Uno (donde los Piñera tenían la mayoría de las acciones a través del FIP Mediterráneo) y el Fondo de Inversión Privado Indiana.

En el FIP Indiana los Piñera también eran protagonistas. Así consta en un acta de su asamblea de aportantes fechada el 26 de abril de 2017, donde Minería Activa Uno aparece con el 39% de las acciones, e Inversiones Odisea con otro 22%. Los seguían, con la mitad de esa participación, Inmobiliaria Duero (de la familia Délano) y Chacabuco S.A. (de la familia Larraín, dueños de Larraín Vial).

Según un informe de Minería Activa, disponible en Internet, en 2011 comenzaron las exploraciones del proyecto Indiana y a 2014 ya se habían invertido en él US$11 millones. El proyecto contempla 4.500 hectáreas y para entonces las perforaciones sumaban 13.000 metros a través de distintos sondajes (vea ese informe).

Otro reporte interno de Minería Activa, de 2018, señala que entonces el proyecto estaba en vías de venderse, y que existía un memorando de entendimiento firmado, aunque no se especifica quién era la contraparte (vea ese reporte). Uno de los objetivos de entonces era amarrar la venta de Indiana junto a otros dos proyectos del grupo: Filipinas e Imán. Otra opción era buscar un socio. Pero no hubo éxito.

En la Feria de Exploraciones y Minas (Fexmin) de mayo de 2021, Indiana fue uno de los proyectos que se ofrecieron a inversionistas. A través de una exposición virtual, Martín Marquardt, gerente de exploración de Minería Activa, detalló las características del proyecto y señaló: “Actualmente le vendemos mineralización a la planta de Enami por sulfuro y oro, y también a una planta de óxido, por menos de 1.000 toneladas por mes”. Vea a continuación la presentación de Marquardt:

 

En el portal Concesiones Mineras, en tanto, se ofrece el Proyecto Indiana, destacando que cuenta con permisos ambientales para explorar y explotar minerales por menos de 5.000 toneladas mensuales. La última publicación de Minería Indiana en el Diario Oficial es reciente: el 28 de octubre aumentó su capital a $7.334 millones.

PROYECTOS EN EL CAMINO
Otro proyecto que despunta entre las inversiones mineras de la familia Piñera es Oro Atacama, que comenzó como una sociedad constituida por Walter Viteri Aldunate, un geólogo que en agosto de 2011 formó Oro Atacama Spa, a la que luego ingresarían los Piñera Morel a través del Fondo de Inversión Privado India Coya. Es este último, la familia presidencial participaba a través de dos vehículos de inversión: la sociedad Inversiones Odisea y la sociedad Geoactiva Cuatro SpA (donde participaban a través del Santa Victoria FIP, el mismo del proyecto Cóndor).

Oro Atacama es una mina de oro ubicada entre Copiapó y Tierra Amarilla. En julio de 2012, uno de los ejecutivos de Minería Activa, Andrés Susaeta, ingresó una consulta al Sistema de Evaluación Ambiental para saber si el proyecto requería de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental. En ese documento se detalló que se buscaba explotar 2.500 toneladas mensuales. No debieron realizar el trámite, porque la norma establece que solo los proyectos de explotación que superan las 5.000 toneladas por mes están obligados a hacerlo (vea aquí ese expediente).

Un documento interno de Minería Activa de 2016, asegura que en el proyecto Oro Atacama se habían invertido US$20,8 millones y que en ese momento tenía sus “actividades congeladas al mínimo gasto” (vea ese reporte). En Oro Atacama los Piñera Morel compartieron inversión con empresarios como Isidoro Quiroga (el zar del agua en Chile), quien participaba a través de Minería Fuego Limitada, y Nicolás Ibáñez, el ex dueño de los supermercados Líder, que estaba presente con su sociedad Drake Investments Chile.

El último registro público de este proyecto es el acta de una asamblea de aportantes del FIP India Coya, fechada el 17 de diciembre de 2018, donde su entonces único accionista, Geoactiva Cuatro, decide la disolución anticipada del fondo, quedando esa sociedad como su continuadora.

Hay otros proyectos mineros en los que ha participado la familia del Presidente que han dejado escasas huellas en bases de datos, por lo que es más difícil rastrear su destino. Uno de ellos es Minería Sierra Fritis, que operó como sociedad constituida por Minería Activa desde mediados de 2011 y que tuvo también un Fondo de Inversión Privado asociado (FIP Sierra Fritis), en el que participaban los Piñera de manera indirecta. En enero de 2012 Nicolás Noguera, aparece como representante de la sociedad Minería Sierra Fritis en una escritura pública que tiene como objeto desistirse de la compra de acciones mineras.


Proyecto Filipinas (Fuente: Minería Activa)

Según el Atlas de Faenas Mineras de Sernageomin, Sierra Fritis tuvo una faena a su nombre, lo que puede implicar que se hayan realizado exploraciones o explotaciones de minerales. Pero en diciembre de 2015 la sociedad y su fondo de inversión fueron finiquitados.

El 11 de febrero de 2013, la sociedad Geoactiva Spa, en la cual participaban los Piñera Morel, firmó un memorando de entendimiento con Minera Polymet Limitada, filial chilena de la minera norteamericana Red Metal Resources, para adquirir el 100% del proyecto Perth, una mina de cobre y oro ubicada en la Provincia del Huasco (Atacama). Nicolás Noguera aparece firmando ese entendimiento en representación de Geoactiva.

El compromiso con Red Metal Resources, según consta en los documentos publicados en la SEC de Estados Unidos (algo así como la CMF chilena), era que Geoactiva le pagaría US$1 millón por las pertenencias mineras, con el compromiso de invertir otros US$3,5 millones en exploraciones. Luego, Geoactiva pagaría un 1,5% de todo el cobre, oro y cobalto que se explotara en la mina (vea aquí el acuerdo).

Para concretar el trato, en Chile se formó el Fondo de Inversión Privado Perth en mayo de 2013. Nicolás Noguera fue uno de sus apoderados. El 30 de abril de 2013 se firmó la opción de compra y se inició la exploración del proyecto, la que continuó hasta mediados de 2014, cuando Geoactiva se desistió de la compra.

A través de Geoactiva Spa, donde invertían los Piñera Morel, Minería Activa tuvo en carpeta otros proyectos como Adelaida y Quasar, pero no hay huellas de ellos en las bases de datos públicas. CIPER sí encontró una asamblea de aportantes del FIP Quasar, fechada el 25 de abril de 2014, y allí figuran los Piñera a través de Santa Victoria FIP con 140 millones de acciones. Y a través de Minería Activa Uno la familia del Presidente también estuvo en la Minera Central Andes, la que administró un proyecto llamado Minería Toro, del que tampoco hay mayor rastro.

Los 11 proyectos mineros en los que invirtió la familia del Presidente Piñera durante su primer gobierno