Durante la reciente Misión Internacional de Denuncia y Solidaridad con comunidades en resistencia contra la minería y los megaproyectos, que organizara Amigos de la Tierra Internacional conjuntamente con el Trasnational Institute, conocimos el testimonio de concientización de los efectos de la minería trasnacional por parte del sacerdote de la Iglesia de El Salvador, Neftalí Ruíz Martínez, del Comité Ambiental del departamento de Cabañas (CAC).
Dos tercios del total de las comunidades indígenas andinas en el Perú están afectados por la actividad minera. Desde que la dictadura de Alberto Fujimori impuso una nueva Constitución que recortó los derechos territoriales y dio todas las facilidades a la inversión minera, incluidos vergonzosos contratos de estabilidad tributaria, los sucesivos gobiernos han mantenido lo esencial de este modelo neoliberal extractivista.
Los conflictos socioambientales producto de la vulneración de derechos por la imposición de la minería se multiplican por todo el país. Los dirigentes son criminalizados. Y el problema amenaza agravarse: la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha anunciado inversiones por 41 mil millones de dólares en minería para los próximos diez años.
La industria minera en América Latina muestra de manera endémica altos costos sociales y ambientales para los países, cuyas leyes no pueden garantizar que las empresas del ramo se autorregulen.
Tal es la conclusión de un estudio realizado por los investigadores Amos Irwin y Kevin P. Gallagher del Instituto Global de Desarrollo Ambiental (GDEA, por sus siglas en inglés), quienes advirtieron la necesidad de incorporar nuevos mecanismos de control.
Los altos precios y la demanda del oro, la plata y el cobre provocaron que la inversión minera se sextuplicara durante este sexenio, en comparación con el periodo anterior, según datos de la Cámara Minera de México.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, las mineras invirtieron 25 mil 275 millones de dólares, 577 por ciento más de lo invertido en el anterior, del 2000 al 2006, cuando la inversión fue de apenas 3 mil 732 millones de dólares.
Aproximadamente, 66 por ciento de la inversión minera se concentró en la exploración de yacimientos de oro y plata; 17 por ciento en plomo y otros metales; 13 por ciento en cobre; tres por ciento en hierro y uno por ciento en otros metales y minerales, según datos de la Secretaría de Economía (SE).
En tres años, la producción de oro y plata en las minas de la región rebasa los mil millones de dólares. Actualmente 673 concesiones explotan yacimientos minerales, metálicos y no metálicos; principalmente en Mexicali y Ensenada
Baja California ocupa el octavo lugar nacional como uno de los estados de mayor participación en la producción minera nacional. Existen 673 concesiones que amparan la explotación de una extensión de un millón 694 mil 554 hectáreas, lo que representa el 23.72 por ciento de la superficie del estado.
La investigación Minería en las tierras bajas de Bolivia realizada por Alicia Tejada revela que las empresas transnacionales Orvana (Canadá), Votorantim (Brasil) y Glosobyk (capital inglés) controlan la actividad minera en tierras bajas, donde la presencia estatal con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) sólo se limita a la administración del 4 por cien del total de las áreas cedidas para la explotación.
El exministro de Minería y Metalurgia y actual Director de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), José Pimentel Castillo, sostuvo que hablar de la industrialización de los minerales en el país resulta ser una “gran frustración” debido a que no existe el conocimiento suficiente para desarrollar los diferentes planes y proyectos en esta actividad económica.
“Es una gran frustración cuando lanzamos una consigna como es la industrialización de la minería y cuando se quiere hacer no se sabe cómo hacerlo”, señaló el funcionario en declaraciones a radio Pío XII de Erbol.
Pobladores de la comunidad Mallku Khota del Norte del Departamento de Potosí declararon prófugos de la justicia indígena originaria a dos técnicos de la empresa canadiense South American Silver, por no cumplir su sentencia de elaborar dos mil adobes, cada uno, tras ser descubiertos «espiando» en una reunión que realizaban los indígenas sobre por el problema de un yacimiento.
Los abogados de Caimanes quedaron absueltos por el Tribunal Oral de Ovalle tras las acusaciones que hizo la minera de los Luksic que había prevaricación, desórdenes públicos y asociación ilícita.
Esta mañana el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle absolvió a los dirigentes de Caimanes, Cristián Flores, y los abogados Roberto Arroyo, Ramón Ossa, Sandra Dagnino e Iván Sanhueza, quienes fueron acusados de prevaricación, asociación ilícita, subscripción engañosa de documentos, además de desórdenes públicos en el caso de Flores.
Una de las ideas que se analizan, señalan fuentes que han formado parte de las negociaciones, es buscar acuerdos sectoriales. Esto, afirman, debido a que hay rubros que se verían más afectados. Uno de ellos es la minería.
A poco más de una semana de que expire el convenio que evita la doble tributación entre Chile y Argentina, el gobierno local evalúa opciones. Con ello, busca mitigar los efectos que provocaría no alcanzar un nuevo tratado antes del 31 de diciembre, fecha en que vence el acuerdo actual.