La semana pasada leímos con estupefacción la denuncia del sindicato de mineros acerca del derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora desde la mina Buena Vista del Cobre, propiedad del Grupo México, la empresa que ha ganado presencia y notoriedad en los medios por otros desastres, como el ocurrido hace años en Pasta de Conchos, así como por la pugna permanente sostenida contra la organización que representa y defiende los intereses legales y profesionales de sus trabajadores.
Una vez más, ante los hechos que afectan el medio ambiente, la salud y las condiciones de vida de siete municipios que reciben el agua envenenada, la empresa no sólo mintió en cuanto a las causas del problema sino que ha venido incumpliendo los compromisos de ayuda pronta y eficaz, como el de dotar de agua potable a la población que ve cómo la mancha anaranjada del ácido sulfúrico diluida en el río prosigue su carrera letal.
Las consecuencias de la polución del Río Sonora empezaron a brotar entre los pobladores que viven aledaños al cauce. Luego que el pasado 6 de agosto se diera a conocer que el complejo minero Buenavista del Cobre, del Grupo México, derramara 40 mil metros cúbicos de químicos tóxicos al río Bacanuchi que llegaron el río Sonora, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este viernes 22 de agosto que el afluente todavía tiene concentraciones de metales por arriba de la norma permitida y que se mantendrá la restricción en 250 kilómetros de dicho río, así como en los pozos dentro de la zona.
Las comunidades originarias de Realenga, Toraca Alta y Toraca pertenecientes a la provincia Pantaleon Dalence del departamento de Oruro – Bolivia, reunidos en una asamblea el 2 de julio del presente, resolvieron de manera unánime, en defensa de su vocación agro ganadera y su derecho a la libre determinación, no permitir ningún tipo de instalación de ingenios mineros en sus terrenos, por ser una amenaza directa a la calidad de vida, ya que implica la contaminación del medio ambiente, el agua y los suelos por agentes químicos.
El Gobierno Peruano hará la primera consulta previa del sector minero en el primer semestre del 2015, a pesar de la reiterada oposición que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha expresado a la implementación de este proceso en los proyectos de exploración minera. La información no hace referencia a si se aplicará exactamente lo estableciodo por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus recomendaciones de implementación que se sustentan en la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.
SOBRE UNA SUPUESTA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN UN 
Un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH Filial Matagalpa estuvo presente este 15 de agosto en reunión de convocatoria pública y directa por la Alcaldía de Rancho Grande con la participación de representantes de instituciones del Estado como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Alcaldía de Matagalpa, representantes del Proyecto Minero Pavón Rancho Grande, representantes de la iglesia Católica y evangélica organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, así líderes comunitarios.
La empresa Industrial Minera de México, mejor conocida como Grupo México, ha sido la protagonista de los accidentes más grandes que el sector minero en el país ha tenido en los últimos años.
En cabildo abierto, los habitantes de Teupasenti se declaran en contra de la minería no metálica. Una reciente exploración señala la existencia de varios yacimientos de óxido de hierro en el valle del Coyolar.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México presentó hoy una denuncia penal contra las empresas Buenavista del Cobre y Minera México por su presunta responsabilidad en un derrame tóxico en el noroccidental estado de Sonora.
Mientras el Gobierno nicaragüense abre sus puertas a la inversión extranjera a través de 1er Congreso Internacional de Minería, más de 1,000 personas de las comunidades de municipios afectados por proyectos mineros fueron retenidas de movilizarse a la ciudad de Managua a expresar públicamente sus preocupaciones por los impactos de la minería en sus comunidades.