Pobladores de Tasco se oponen a pagar el precio de los problemas ambientales que significaría la reapertura del yacimiento ‘El Banco’. Es una mina de hierro a cielo abierto a 2.900 metros sobre el nivel del mar, sus actividades fueron suspendidas desde 2002.
«Desaparecieron numerosas fuentes de agua, muchos terrenos se volvieron inestables, nos desviaron dos quebradas, más de 60 familias tuvieron que irse de sus casas ante el temor de un derrumbe, incumplieron promesas. La comunidad sufrió daños en todos los sentidos, económicos, ambientales, sociales». Esto es lo que responde Luis Carlos Ochoa, concejal de Tasco, Boyacá, cuando se le pregunta qué ha dejado la explotación minera en su región. Es esa la misma respuesta cuando explica por qué los pobladores no quieren permitir la reapertura de la mina de hierro ‘El Banco’ en la vereda El Pedregal. (Vea: así luce la mina tras más de una década fuera de actividades).
Alrededor de 10 mil 800 toneladas de material tóxico de la mina Dos Señores se filtraron al arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, en el municipio de Concordia, lo que obligó a las autoridades estatales y federales a emprender medidas de emergencia y evitar que estos residuos contaminen el agua y afecten a los habitantes de la región.
Gran preocupación ha generado en la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas la realización de actividades, como la realizada el día de hoy en el Barrio el Alto de la Paloma, ciudad de Huancabamba, convocado por la Oficina de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura, denominado “Promoción y Difusión minera y los mecanismos de la Participación Ciudadana”, evento que buscaría convencer a la población a fin de lograr la licencia social que carece el Proyecto Minero Río Blanco.
En los últimos años, los conflictos en torno a la minería han sido generalizados en Guatemala. En todo el país, comunidades indígenas y no indígenas han protestado contra el emplazamiento de minas en sus tierras y cerca de sus casas. El temor a que las actividades mineras contaminen su entorno o afecten negativamente a sus medios de vida y al disfrute de sus derechos humanos ha provocado el estallido de conflictos y protestas. El resultado: años de amenazas y violencia, con personas heridas y muertas, y una situación de división y resentimiento dentro de las comunidades. Los dirigentes comunitarios que protestan contra las actividades mineras se convierten a menudo en blanco de amenazas, intimidación o ataques. En la mayoría de los casos, los responsables de esos actos no han rendido aún cuentas.
Las discusiones sobre la minería, abiertas a partir del fuerte impulso oficial que, incluso, gana espacio en los medios de comunicación, van dejando a la vista prácticas que, más que ver con lo productivo, esconden negocios de otro tipo en muchos de los casos, y que van desde la especulación hasta la trampa. Con la sociedad dividida, fundamentalmente porque se pone en juego el recurso vital de Mendoza, que es el agua, aparecen los que encuentran terreno fértil para hacer negocios que, sin riesgo, les dejan grandes dividendos.
El 13 de agosto de 2014, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de una Audiencia Temática en la que se trate el preocupante tema de la criminalización de la protesta social, principalmente en el caso de los pueblos indígenas, y, de los estados de emergencia en contextos de conflictividad social.
Una forma de explotar a la naturaleza es la extracción de petróleo y minerales que utiliza enormes cantidades de agua y la contamina pues produce desechos tóxicos; estos químicos enferman también a los suelos y a la gente. Las empresas petroleras y mineras cuando llegan a los territorios causan grandes problemas, rompen el tejido comunitario y lo reemplazan con conflictos en las familias, la división de comunidades, la confrontación entre unos y otros. Los daños producidos por estas actividades extractivas son a largo plazo, y duran mucho más que las utilidades económicas que dicen generar. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupada por la situación en el Perú, decidió convocar a una Audiencia Temática para analizar el tema de la criminalización de la protesta social, principalmente en el caso de los pueblos indígenas; y los estados de emergencia en contextos de conflictividad social. Ello a solicitud de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).
Honor de Defensor de Derechos Humanos y el Ambiente es reivindicado por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Jaén