Deva Gold, subsidiaria de la opaca minera canadiense Eldorado Gold, ha comenzado los trabajos de construcción de una mina de oro a base de cianuro en Certej, en el condado Hunedoara, a pesar de no contar con ninguno de los permisos importantes de parte de las autoridades competentes. De este modo, se abre el paso al proceso de lixiviación con cianuro en Rumanía.
El Observatorio de Minería de Rumanía (Mining Watch Romania) denuncia la falta de vigilancia tanto de parte de las autoridades regionales como nacionales. Uno de los proyectos más grandes de minería de oro en Rumanía, acomete así su primera fase. Sólo la pasividad de las autoridades rumanas supera el descaro de la minera Deva Gold de comenzar los trabajos de manera ilegal.
Gran inquietud se ha generado al interior de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, en Huancabamba (Piura), por la realización de una serie de actividades de parte de la empresa minera Río Blanco. Se presume que detrás de la reapertura de su oficina administrativa o de la campaña asistencialista en los colegios de la ciudad (medición de la vista a los niños, regalándoles una manzana, una caja de jugo, etc.), hay un gran interés por distaer la atención de la población y evitar informar sobre los graves e irreversibles impactos ambientales que se generarían de desarrollarse su proyecto minero.
A fin de condenar la falsificación de firmas que hacen empresas canadienses para continuar con la explotación de la mina que se ubica en la comunidad Grecia en el municipio de Chicomuselo, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Democrática Independiente (OCEZ-DIUNOPI) hacen su pronunciamiento y rechazo.
En representación de sus organizaciones y rondas campesinas, dirigentes de Ayabaca y Huancabamba1, se reunieron el pasado jueves 16 de octubre, con la comisionada de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Fabiola Alburqueque. En dicha reunión, manifestaron su preocupación por la presencia activa de la empresa minera Río Blanco en su zona, a pesar de no tener la autorización de la municipalidad de Huancabamba, ni la licencia social de la población.
Pobladores de Tasco se oponen a pagar el precio de los problemas ambientales que significaría la reapertura del yacimiento ‘El Banco’. Es una mina de hierro a cielo abierto a 2.900 metros sobre el nivel del mar, sus actividades fueron suspendidas desde 2002.
Alrededor de 10 mil 800 toneladas de material tóxico de la mina Dos Señores se filtraron al arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, en el municipio de Concordia, lo que obligó a las autoridades estatales y federales a emprender medidas de emergencia y evitar que estos residuos contaminen el agua y afecten a los habitantes de la región.
Gran preocupación ha generado en la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas la realización de actividades, como la realizada el día de hoy en el Barrio el Alto de la Paloma, ciudad de Huancabamba, convocado por la Oficina de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura, denominado “Promoción y Difusión minera y los mecanismos de la Participación Ciudadana”, evento que buscaría convencer a la población a fin de lograr la licencia social que carece el Proyecto Minero Río Blanco.
En los últimos años, los conflictos en torno a la minería han sido generalizados en Guatemala. En todo el país, comunidades indígenas y no indígenas han protestado contra el emplazamiento de minas en sus tierras y cerca de sus casas. El temor a que las actividades mineras contaminen su entorno o afecten negativamente a sus medios de vida y al disfrute de sus derechos humanos ha provocado el estallido de conflictos y protestas. El resultado: años de amenazas y violencia, con personas heridas y muertas, y una situación de división y resentimiento dentro de las comunidades. Los dirigentes comunitarios que protestan contra las actividades mineras se convierten a menudo en blanco de amenazas, intimidación o ataques. En la mayoría de los casos, los responsables de esos actos no han rendido aún cuentas.
Las discusiones sobre la minería, abiertas a partir del fuerte impulso oficial que, incluso, gana espacio en los medios de comunicación, van dejando a la vista prácticas que, más que ver con lo productivo, esconden negocios de otro tipo en muchos de los casos, y que van desde la especulación hasta la trampa. Con la sociedad dividida, fundamentalmente porque se pone en juego el recurso vital de Mendoza, que es el agua, aparecen los que encuentran terreno fértil para hacer negocios que, sin riesgo, les dejan grandes dividendos.
El 13 de agosto de 2014, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de una Audiencia Temática en la que se trate el preocupante tema de la criminalización de la protesta social, principalmente en el caso de los pueblos indígenas, y, de los estados de emergencia en contextos de conflictividad social.