El Ministerio del Medio Ambiente informó que ya está publicado en el Diario Oficial el “Plan de Descontaminación Atmosférica para la localidad de Andacollo y sectores aledaños”, que beneficiará a unos 8.300 habitantes de esta comuna de la Región de Coquimbo.
Actualmente, el 78% de las emisiones de MP10 en la comuna corresponde a la actividad minera de las compañías Teck y Dayton, principalmente por el tránsito de camiones (70% entre ambas), el 13% corresponde al tránsito vehicular en la ciudad y el 8% a relaves mineros de larga data, indicaron desde el Ministerio.
“Con este plan de descontaminación buscamos reducir en forma importante las emisiones de material particulado grueso en la comuna, del orden de 1.250 toneladas anuales cuando todas las medidas estén operando”, afirmó el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.
Habitantes de La Toma, jurisdicción del municipio de Suárez, al noroccidente del Cauca, exigieron el retiro inmediato de la maquinaria utilizada para minería ilegal en el río Ovejas y cumplimientos en los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, tras las protestas de varias lideresas que caminaron hasta Bogotá.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 349 visitas de inspección a instalaciones mineras durante el 2014, como parte del programa permanente de revisión a este sector establecido legalmente en nuestro país.
La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los defensores de los derechos humanos reconoce en el preámbulo la legitimidad y el valioso trabajo que las personas, los grupos y las asociaciones llevan a cabo en favor de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de la eliminación de las violaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran las resultantes de «la negativa a reconocer el derecho de […] todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales».
Comunidades mapuche williche de la Región de Los Lagos interpondrán mañana martes un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia, que busca detener los perjuicios que suponen las concesiones mineras solicitadas sobre sus territorios.
La presidenta de la Confederación Nacional Campesina de Indígenas y Productores Rurales, (CNCINPRO) Rosa María Armendáriz Muñoz, dio a conocer que dados los problemas de contaminación con el derrame de residuos tóxicos en Sonora, las autoridades ambientales deben regular a las empresas.
El pasado 10 de diciembre se cumplió el plazo para que la Empresa Minera Barrosquira implemente el “Plan de Medidas Correctivas” al mal manejo de residuos mineros que causan la contaminación en el caudal del río Sayaquira, del municipio de Ichoca, según la notificación que la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de La Paz realizó el pasado 19 de noviembre, pero al momento no se conoce de su cumplimiento y la poblaciones aledañas al río están a la expectativa sobre estas sanciones, según el alcalde de esta comuna, Ramiro Orellana.
El movimiento “Uruguay libre de megaminería” denunció este lunes que la información entregada por el gobierno sobre el proyecto de Aratírí difiere con los datos de la empresa y omite aspectos clave que fueron calificados como confidenciales.
Aunque el Ministerio de Ambiente de Colombia realizó una delimitación que protege el 76% del páramo de Santurbán, hizo declaraciones preocupantes sobre el futuro de operaciones mineras a gran escala en la zona. Éstas representan un grave riesgo para el ecosistema y para el agua que éste brinda a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta.
La autoridad concluyó que en los últimos 19 años la minera ha estado pagando menos regalías de las que debía cancelar por el contrato 078 de 1988. La firma estadounidense pagó bajo protesta.