«Millones de vidas están en riesgo por el cambio climático y la economía global basada en el carbono», afirmó el presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública.
Kolkata, India (17 de febrero de 2015) | En el cierre del 14° Congreso Mundial de Salud Pública(Kolkata, India, 11 al 15 de febrero de 2015) y como parte de un “Llamado a la acción de la salud pública”, las asociaciones internacionales de salud pública pidieron una pronta eliminación del uso de carbón en la generación de electricidad para poner un límite al cambio climático y prevenir enfermedades y muertes asociadas a la contaminación del aire.
La Iniciativa por una Energía Saludable (Healthy Energy Initiative, en inglés) apoya el llamado a la acción que se dio a conocer en el cierre del Congreso, organizado por la Asociación de Salud Pública de la India y en el que participaron más de 1.600 delegados. El llamado a la acción hace hincapié en “la contribución de los combustible fósiles, particularmente del carbón, en el cambio climático así como en el impacto perjudicial para la salud y el bienestar de las comunidades locales”.
El apoyo de distintos actores y sectores sociales de la Araucanía, vinculados a referentes de comunicación, medio ambiente, profesionales, estudiantiles, pobladores y de comunidades, desde una región que sufre intensos problemas de abastecimiento de agua debido, entre otros, a la acción de la industria forestal y maderera, se dirige al pueblo de Caimanes, en la región de Coquimbo, comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, que también sufre la grave usurpación de sus aguas y contaminación, esta vez de manos de la Minera Los Pelambres, perteneciente al Grupo Luksic.
En México existen al menos 6 mil 500 sitios identificados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como potencialmente contaminados.
Desde que se modificó la ley minera en 1992, en esta República agujereada el gobierno federal ha concesionado alrededor de una tercera parte del territorio nacional en beneficio de los barones de la minería, quienes han visto crecer como espuma sus fortunas. El argumento oficial es que –como en el caso del petróleo– la riqueza mineral pertenece a la nación, siempre y cuando ésta permanezca en el subsuelo. Una vez extraída la cosa cambia y queda en manos de particulares, los que –se supone– pagan derechos al erario, y todos quedan contentos (versión oficial) con esta brillante fórmula.
La paralización forzada de proyectos mineros en Chile llamó la atención también en otros países de la región, que hacen de la minería una de sus principales actividades exportadoras.
La Coordinadora de Demandantes del Caso de Desechos Mineros de Copaquilla, manifestó su preocupación por la demora del Fallo que deberá emitir el 2do Tribunal Ambiental de Santiago en relación a los desechos mineros que se encuentran en el sector de Copaquilla de la precordillera, comuna de Putre, fallo que debería haber estado resuelto el 5 de Febrero del 2015. “Debemos recordar que este proceso de defensa de las organizaciones aymaras, ambientales y ciudadanas lleva cinco años”, señalan.
Pierre Beucage, antropólogo canadiense que ha realizado investigaciones por más de 30 años en la Sierra Norte de Puebla con organizaciones como El Taller de Tradición Oral, del municipio de Cuetzalan y con hombres y mujeres nahuas sobre temas como las plantas medicinales, la lengua nahuatl, la música de xochipitzauat y cosmovisión, entre otros.
En un informe que examina documentos internos procurados del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD) se establece tanto la complicidad de diplomáticos canadienses en México al intentar Excellon Resources de Toronto evadir su responsabilidad por violaciones de un contrato de arrendamiento y deficiencias en las condiciones de trabajo, como el apoyo de diplomáticos a la represión de una protesta pacífica.
Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad de la Ley Minera y su aplicación, cuando las concesiones a una empresa del ramo afecte derechos de comunidades indígenas.
Grupo de empresarios, ecologistas e investigadores del CIAD denominada “Voces por el Agua” urgieron a endurecer protocolos de seguridad y realizar estudios del sedimento de 50 kilómetros de la presa de Pánuco por donde se derramaron materiales de jales, antes de que levanten la alerta y contamine a los sectores productivos como la ganadería, la pesca, la agricultura, a la presa Picachos y llegue al mar.