En la cena anual del Consejo Minero, el presidente ejecutivo de la entidad gremial se dio el lujo de cuestionar el proceder de los Tribunales y de la Corte Suprema, acusándolos -por fallos que han evidenciado la arbitrariedad e ilegalidad con la que se han habituado a operar los megaproyectos mineros- de «torcer o desfigurar las instituciones” y de tendenciar “una suerte de derogación de la ley por parte de los tribunales de justicia, puesto que se maneja el contenido para lograr objetivos ajenos a ella [la justicia]”.
Esto supone que la cabeza de la organización que agrupa a todas las empresas transnacionales mineras que operan en Chile y Codelco, interpela directamente al poder judicial, porque de un tiempo a esta parte ha interpretado la institucionalidad ambiental desde el principio preventivo, como recomendaba el espíritu de la ley de bases del Medio Ambiente. Pero claro, luego de tres décadas de aplicación ciega de las leyes nacidas en dictadura y mantenidas en los gobiernos de transición a una democracia que nunca ha terminado de llegar, los sectores extractivistas terminaron por mal acostumbrarse, y creer que la condición de “país entregado en bandeja” no podía modificarse, para eso habían procurado un diseño institucional que lo garantizara.
Desde 2011, se han desarrollado 9 procesos que han culminado la etapa de diálogo. Todos corresponden a la Amazonía. Los pueblos Quechua, Aymara, Uro y Jacuro no son incluidos en Base de Datos de Pueblos Indígenas sujetos a consulta.
El 6 de enero de 2015 se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Supremo 001-2015-EM, el cual establece disposiciones para impulsar la inversión en proyectos mineros a través de modificaciones en los requisitos para la obtención de la concesión de beneficio1 y la autorización del inicio o reinicio de actividades de exploración y explotación; así como en los procedimientos para su aprobación.
Después de varios años de espera, el gobierno nacional por fin emitió su decisión acerca de la delimitación del páramo de Santurbán. Tal definición ha estado rodeada de cuestionamientos planteados por organizaciones campesinas, ambientalistas y pobladores de la región.
El gobierno de Chubut convocará a un plebiscito sobre la explotación minera en la provincia. La idea que baraja el gobernador K Martín Buzzi es hacerlo en simultáneo con las elecciones de octubre, en las que se renovarán las autoridades locales y la fórmula presidencial, después del escándalo que se desató en la sesión de la Legislatura donde se aprobó el polémico proyecto que dispone consultas populares sobre la explotación minera. Así lo reconoció el secretario de Asuntos Municipales de la provincia, Néstor Hourcade, en una conferencia de prensa.
La postura de la Secretaría de Pesca de Baja California Sur ha sido tajante: no a la minería marina en aguas frente a la costa de Comondú.
Una crisis política obligaría a disolver el parlamento de Haití este martes 13 y organizaciones no gubernamentales (ONG) haitianas temen que el presidente Michel Martelly aplique por decreto un controvertido proyecto de ley sobre la minería redactado con la ayuda del Banco Mundial.
Integrantes del Grupo Unidos Por Taxco denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han detenido la grave contaminación minera que hay en los ríos de este municipio, la cual causa anencefalia y otras enfermedades que están dañando la salud de la población.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presentó su informe “Proyección del Consumo de Agua de la Minería del Cobre 2014 -2015” en una ceremonia que contó con la ministra de Minería, Aurora Williams, quien destacó la sólida información que entrega el estudio el que sirve como modelo de desarrollo para el país en su conjunto.
La política minera viene ocasionando graves afectaciones ambientales, sociales, culturales y económicas, que en muchos casos resultan irreversibles para comunidades y sus territorios. Esta aplanadora no descansa, pues en plenas festividades navideñas sigue avanzando amenazante. Desde las tres de la mañana del viernes 26 de diciembre, un grupo aproximado de 40 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), comandados por el mayor Córdoba y el capitán Jara, acompañados por la personera de Landázuri, Eulalia Chacón, hicieron presencia en la zona de Río Blanco -municipio de Landázuri, provincia de Vélez en Santander- custodiando el ingreso de maquinaria pesada para la extracción de minerales en la zona.