Efectivos del 52 Batallón de Infantería del Ejército y agentes de la Policía Federal resguardan los accesos principales de la empresa Minera Peñasquito.
MANUEL CHACÓN
11/01/2015
Zacatecas
Efectivos del 52 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano y agentes de la Policía Federal resguardan los accesos principales de la empresa Minera Peñasquito, principal beneficiadora de Oro y Plata en Zacatecas.
La intervención de las autoridades de seguridad pública ocurrió tras el paro y bloqueo de por lo menos trescientos campesinos que piden que se consumen los acuerdos firmados en una minuta que concreta la liquidación de indemnizaciones para la explotación de tierras ejidales en las comunidades de Cedros y Cerro Gordo en esta demarcación.
El conflicto inicio la madrugada de este domingo en el emporio minero localizado en el noreste del estado de Zacatecas. El grupo inconforme integrado por 29 ejidatarios quienes se ven afectados por los trabajos de explotación de metales preciosos por parte del grupo minero Gold Corp, presento un pliego petitorio de nueve puntos, pero ningún funcionario de la Minera Peñasquito los ha escuchado, mientras que servidores del gobierno estatal y federal se han mantenido al margen durante el desarrollo de este conflicto.
En Brasil, Zamin Ferrous, la trasnacional que impulsó la creación de Aratirí, enfrenta diversas acciones judiciales por incumplimiento de compromisos ambientales y por deudas con gobiernos estaduales. El secreto que rodea las negociaciones con Aratirí alimenta las dudas sobre sus verdaderas intenciones.
Los páramos son asociados principalmente a la producción de agua; sin embargo, éstos ecosistemas cumplen muchas más funciones, entre las que cabe resaltar su papel como retenedores y fijadores de carbono. Sumado a esto se destaca su belleza paisajística, dada por su vegetación nativa, sus lagunas y demás cuerpos de agua, además de la fauna que habita en él.
¿Pueden los municipios decidir si se hace o no explotación minera en su territorio? ¿Cómo conciliar los intereses de las autoridades nacionales con los de las territoriales a la hora hacer minería? Esas son algunas de las preguntas que desde hace más de un año no tenían una respuesta certera y hacían parte de lo que algunos expertos llamaron un limbo jurídico. Mientras unos municipios tomaban decisiones —como el de Piedras (Tolima), que convocó a una consulta popular en la que el 99% de los habitantes dijo no a la minería—, algunas normas (específicamente el decreto 934 de 2013) habían buscado frenar el interés ciudadano.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció la clausura parcial de operaciones de la mina Rosario de plata, oro y otros metales de la empresa Minera Impulsora Santa Cruz, luego del derrame que afectó un arroyo seco de la zona, a 20 kilómetros de la cabecera municipal de Charcas, dijo el delegado en San Luis Potosí Roberto Jaime Hernández Báez.
Domingo Ankuash llegó a Chiapas. Tras un proceso plagado de trabas burocráticas, el líder indígena de la Amazonía ecuatoriana pisó territorio zapatista para acudir al Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Representando al pueblo Shuar, que lucha desde hace años contra proyectos de explotación minera en su territorio, viajó con un claro objetivo: compartir experiencias con aquellos que llevan más de dos décadas organizándose a través del autogobierno instaurado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas. Rodeado de pasamontañas y pañuelos rojos como símbolos de resistencia, Domingo interiorizó, asegura, uno de los lemas repetidos una y otra vez durante estos días: «Otro mundo es posible».
Mucho se ha escrito sobre Goldex, una empresa comercializadora de oro, que lideraba en Colombia John Hernández. Lo que pocos saben es que ese nombre esconde la fachada de la que podría ser la más grande operación de lavado de activos y minería ilegal, con tentáculos en Colombia y en el extranjero.