Todos buscamos que la movilización de resistencia a los proyectos mineros tengan impacto en las decisiones políticas gubernamentales y de las empresas mismas, pero no es común que nos enteremos y aún menos que midamos el impacto económico o financiero que nuestra acción tiene sobre las empresas y sus socios. Hacerlo tenerlo en mente, quizá ayude a nuestra lucha.
Hace días celebramos que, después de menos de cuatro meses de creciente movilización, sensibilización social y presión sobre las instituciones gubernamentales, la SEMARNAT hiciera pública su negativa de permiso a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la minera Esperanza Resources Corp (y su alias Esperanza de México).
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El vínculo entre el orden económico de muchas empresas legales y el crimen organizado es sutil y profundo. Se encuentra en el dinero. El dinero –y no la producción del antiguo orden capitalista– se ha convertido en el valor supremo frente al cual todo, incluso la vida humana y su entorno, debe someterse. Obnubilados por el dinero, criminales, empresas y Estado han ido reduciendo al ser humano a un objeto cuyo precio no sólo es ínfimo en relación con otros, sino que en su condición de valor depreciado –no hay necesidad de cuidarlo porque existen millones de individuos que pueden usarse– permite producir dinero.
En la entidad, 245 localidades están expuestas a algún tipo de riesgo por la presencia de minas, de acuerdo con el Atlas de Peligros por Fenómenos Geológicos del Estado de Zacatecas.
Grupo Frisco, concesionario de la mina El Coronel, advirtió a las autoridades locales y federales que existe un riesgo inminente de una catástrofe ecológica ante la posibilidad de un nuevo derrame de cianuro, como el ocurrido el pasado 4 de junio, debido a que los accesos al complejo minero están bloqueados por trabajadores del Sindicato Minero.
Zacatecas.- La minera Peñasquito, filial de la compañía canadiense Gold Corp devolvió una parcela a campesinos del ejido Cerro Gordo en el municipio de Mazapil, luego de que el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas obligara a restituirles 600 hectáreas.
Aquellas minas, de las 39 instaladas en el estado, que no reúnan las condiciones ambientales serán clausuradas de forma inmediata: Topiltzin Contreras.