Veinte organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, presentaron el día de ayer en la Ciudad de México, el informe “Justicia para San José del Progreso”, donde se documentan violaciones a más de una decena de derechos humanos (DH) en la comunidad, por parte de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, así como de los gobiernos oaxaqueño y federal, luego de la imposición de un proyecto minero.
El informe es resultado de una Misión de Observación realizada a finales de 2012, y da cuenta de los derechos que han sido violados a la población a consecuencia de la minería, entre los que destacan: el derecho a la vida, al consentimiento previo, libre e informado; el respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio; a la libre determinación, a un medio ambiente sano, de asociación y reunión, de las defensoras y defensores de derechos humanos y a la administración de justicia (por mencionar algunos).
Un video elaborado por investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM aborda los impactos ambientales, económicos y sociales de esta modalidad extractiva en México.
Dentro de la lucha por impedir que se instale una mina de oro en la comunidad indígena de Zacualpan, este martes la nueva mesa directiva acudirá al Registro Agrario Nacional (RAN) para conocer si dicha dependencia registró la última acta de la asamblea.
“Los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado, se utilizan también varias toneladas de agua y grandes cantidades de energía, y los que unos consumen a otros se les quita”, mencionó Horacio Machado Aráoz, investigador del CEIICH de la UNAM.
A una pequeña comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla, llamada Cuahutapanaloyan, desde el día siete y hasta el 9 de marzo de este año hemos concurrido cientos de integrantes de organizaciones indígenas y campesinas de todo el país, y nos reunimos para compartir experiencias en el difícil caminar que ha significado la defensa del territorio. Aquí se encontraron viejos luchadores como Nacho del Valle del Frente de Defensa de la Tierra de Atenco con mujeres como María Isabel indígena binniza de la Asamblea Juchiteca que defiende su tierra de la invasión eólica. Asisten también los viejos luchadores de la Sierra Norte de Puebla, que vienen de Huehuetla, Zautla, Olintla, o Tetela y que nos dicen como enfrentan los proyectos mineros de ricos como Carlos Slim o Germán Larrea y también se escucha con atención los jóvenes activistas veracruzanos que narran como decenas de represas amenazan los ríos de ese estado.
Uno de los rasgos de los propietarios del capital en el campo y en la minería durante la colonia y el porfiriato, fue el uso de personal a su disposición para reprimir cualquier connato de descontento; después en la época posterior a larevolución mexicana proliferaron en el campo los conocidos como “guardias blancas” que son una especie de policías privados que cuidaban las propiedades de los terratenientes, y así siguió la práctica con los finqueros, una especie de policías armados pagados por los propietarios de la tierra.
“A raíz de la conquista bajaron a los territorios y se quedaron en las haciendas, y los pueblos indígenas tuvieron que subir a los cerros y páramos inhóspitos“, dice el indígena kichwa Carlos Pérez Guartambel.