Los procesos de la industria minera se perfilan como la causa principal del temor que tienen los habitantes de Mezquital para permitir la apertura de la mina. La apertura de un proyecto minero despertó la renuencia de un sector de la comunidad indígena tepehuana, que se opone a la instalación de una mina en su región.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado para la glosa del Informe de Gobierno del Estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) fue cuestionado sobre el tema y admitió que se realizan negociaciones para persuadir a los habitantes sobre el proyecto.
«En el tema particular del Mezquital pues estamos tratando de sensibilizar a la gente y hacer un cabildeo para que precisamente el tema minero pueda llevarse a cabo. Desgraciadamente la cultura de la zona indígena no está muy de acuerdo en este sentido, pero tenemos confianza en que en el futuro podremos lograr destrabar estos temas en particular», dijo Ricardo Navarrete.
El Juzgado Primero deL Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de Colima, admitió el pasado 25 de marzo el amparo que la comunidad indígena de Zacualpan había presentado un día antes en contra de dos concesiones vigentes en sus tierras comunales.
¿Dónde está la justicia en Oaxaca? Hace tres años, el 15 de marzo de 2012, el activista antiminero Bernardo Vásquez Sánchez, fundador de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUCO), fue asesinado a balazos porque luchaba contra la empresa minera Cuzcatlán (filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines Inc.). Tres personas fueron inculpadas y encarceladas por este homicidio, pero no basta. Nosotros integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigimos ante Procuraduría General de Justicia de Oaxaca que los autores intelectuales de este crimen también sean juzgados.
Apenas se mira el letrero que anuncia la llegada a esta comunidad nahua, situada a pocos kilómetros de la capital, y también se advierte el divisionismo y el abandono oficial. Los ánimos están caldeados –tanto como en el principio de un conflicto que prevalece en la mixteca oaxaqueña (en el municipio de San Juan Copala), del que se ha llegado al asesinato de decenas de personas, despojo y desplazamiento de familias enteras, en el que gobiernos local y federal parecen apartarse de la solución–, las familias divididas y el pueblo entero en disputa.
El día de hoy 23 de marzo de 2015, el COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE ZACUALPAN, el CONSEJO INDÍGENA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE ZACUALPAN y representantes electos en ASAMBLEA POR USOS Y COSTUMBRES PARA QUE REPRESENTEN A NUESTRO PUEBLO INDÍGENA DE ZACUALPAN, presentaron ante el Juez de Distrito en turno en el Estado de Colima, un juicio de amparo del proceso de aprobación y otorgamiento de las CONCESIONES MINERAS que ilegalmente se han dado en la Comunidad Indígena de Zacualpan.
Comisarios y habitantes, de al menos ocho comunidades del distrito minero de La Cañada, conformaron en una asamblea un frente en defensa del medio ambiente y en contra de los daños que ha generado la empresa Industrial Minera México (IMSSA) por el inadecuado manejo de los desechos tóxicos extractivos que se encuentran a cielo abierto en las poblaciones ocasionando problemas de salud.
La minera Buenavista del Cobre pagó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 23 millones 565 mil 938 pesos de multa por 50 irregularidades detectadas ante el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi del año pasado.
El dictamen de la Ley General de Aguas, detenido en la Cámara de Diputados, permite a la industria minera explotar el recurso sin necesitad de concesión, alertó la especialista Elena Burns, integrante de la asociación civil Agua para Todos, Agua para la Vida.
En asamblea comunitaria, más de un centenar de comuneros que pertenecen a la comisaría comunal del municipio de Ciudad Ixtepec en la región del Istmo de Tehuantepec, reiteraron su rechazo y negativa al proyecto minero que se pretende instalar en la zona norte del municipio.
Los campesinos de las comunidades de Tezuitlán, norte de Puebla, fueron aprendiendo paso a paso a descubrir los métodos que aplican las empresas mineras y funcionarios estatales para “cuentearlos” y apropiarse de sus terrenos desde que el Grupo Ferrominero, propiedad de José Larrea, y la Minera Autlán incursionaron hace cuatro años en la zona.