La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería de fosfato Don Diego, ubicado en la Bahía de Ulloa, Baja California Sur. Evidenciamos que el documento carece de información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará gravemente la Bahía, ecosistema marino del que dependen comunidades costeras y especies de fauna como las ballenas Azul, Jorobada y la Tortuga Caguama.
Los comentarios fueron presentados en nuestro nombre a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), nuestra organización participante. «Los comentarios demuestran que el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en la región, podría causar daños ambientales serios», dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA.
Recurren a la vía institucional y al Estado de derecho para defender su derecho a la autodeterminación y para hacer respetar sus derechos humanos.
Hasta que sean resueltos 3 juicios de amparo promovidos por habitantes de 4 municipios de Puebla, jueces del Poder Judicial de la Federación ordenaron la suspensión de las concesiones mineras involucradas, anunciaron organizaciones civiles que se oponen a los proyectos que denominan “de muerte”.
Los estragos que causan los proyectos de las minas a tajo abierto en el territorio nacional son el tema de la exposición El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería: Un reto múltiple, que luego de haberse mostrado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se exhibirá a partir del miércoles 15 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
Para resolver los problemas de inseguridad en las minas se ha optado por negociar con el crimen organizado, para seguir operando los yacimientos, reconoció Manuel Reyes Cortés, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
Grupo México informó que el 23 de marzo interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por los delitos de robo, despojo y daños derivados por el bloqueo a los pozos de agua que abastecen las instalaciones mineras de Buenavista del Cobre. 
Pese a que fue se decidió en asambleas comunitarias, la Central Campesina deploró la renta para una actividad altamente contaminante.
La secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, María Isabel Ortiz Mantilla, dio a conocer que impulsa una iniciativa que plantea prohibir obras y trabajos de exploración y explotación minera en las áreas naturales protegidas.
El pasado viernes 27 de marzo hubo una fuerte movilización pacífica en la ciudad de Cananea, organizada por la alianza Todos Unidos Contra Grupo México. Esta organización se compone con los pobladores de los municipios del río Sonora afectados por la contaminación, y por los mineros de Cananea, que están por arribar al octavo año de huelga y que hace cinco años la sostienen como huelga de hecho, mientras sus abogados mantienen latentes los recursos jurídicos y han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha iniciado un proceso de revisión del caso. En esta ocasión unos 2 mil ciudadanos de los municipios ribereños se concentraron desde temprano en el mausoleo de los mártires de Cananea de 1906, a la entrada de la ciudad, y marcharon hacia el predio conocido como Los Patos, a unos siete kilómetros de distancia. Allí mismo, dentro de la ciudad hacia el este, instalaron un campamento permanente que mantienen desde el 16 de marzo y de donde impiden que las plantas rebombeen el agua hacia la mina, lo cual está provocando el efecto favorable de que esa agua siga su curso normal y recargue los acuíferos subterráneos del río San Pedro. Otro efecto consiste en que al impedir el rebombeo, la enorme laguna de ácidos y venenos de Cananea esté bajando su nivel de tóxicos.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y Regional del Pacífico Norte, el cual presentó la Semarnat para su revisión a académicos, organizaciones ambientales y sectores productivos, protegería al golfo de Ulloa (GU) de la minería marina.