Argentina, Internacional, Latinoamerica

“¿No saben que el agua es vida? No puede ser mercancía”

Por Darío Aranda. Artículo publicado en el diario Página12 el 18 de diciembre de 2020
Pueblos originarios y organizaciones socioambientales repudiaron la especulación financiera en EEUU con el agua y recordaron que se trata de un derecho humano. La ONU cuestionó que tenga un valor financiero.
“El agua es un derecho humano, es de todos, no puede ser una mercancía”, es la afirmación de pueblos indígenas y organizaciones socioambientales frente a la novedad llegada desde la bolsa de valores de Nueva York, donde el agua comenzó a cotizar como un bien especulativo. Desde Naciones Unidas (ONU) remarcaron que “el agua es de todos, no se le puede poner un valor como con otros productos”. La financiarización de la naturaleza como engranaje del capitalismo.
El 7 de diciembre los diarios económicos lanzaron la primicia: el agua comenzaba a cotizar e Wall Street, referencia del ámbito especulativo mundial. El bono de mercados de futuros lleva el nombre de “Veles California Water Index (NQH2O)” y cotizó a 486,52 dólares los 1233 metros cúbicos. Al igual que el petróleo, el oro o la soja, podría transformarse en una referencia para el resto de los países.
Clemente Flores es uno de los voceros de las comunidades del Pueblo Kolla de las Salinas Grandes (Jujuy), que desde hace diez años resisten la avanzada de las mineras de litio sobre su territorio. Justamente uno de sus ejes de lucha es la defensa del agua (la explotación de litio utiliza en grandes cantidades y también la pone en riesgo de contaminación). Ante la noticia proveniente de Estados Unidos, Flores resumió: “¿No saben que el agua es vida? No puede ser mercancía, no tiene valor de pesos ni dólares, la naturaleza no puede tener precio”.
Recordó que los pueblos indígenas de todas las latitudes defienden el territorio y el agua, y reafirmó que nunca la negociarán. Advirtió que la última embestida provino de la mano del rector de la Universidad de Jujuy (UNJU), Rodolfo Tecchi, que firmó un convenio con la empresa Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) para un relevamiento hídrico en el territorio indígena. “No se entiende qué quieren hacer, es todo muy sucio, sin información a las comunidades y sin respetar nuestros derechos”, denunció Flores.
La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) reúne a más de veinte organizaciones de todo el país. “El agua es un bien común natural, no una mercancía”, es el título del comunicado donde destacan el “más profundo repudio y preocupación” por el ingreso del agua al mercado de futuros de Nueva York.
“En un contexto de lógicas y relaciones capitalistas, neoliberales y extractivistas, este anuncio pone en riesgo la disponibilidad del agua y la posibilidad de que sean los pueblos y la ciudadanía la que lo disfruten y aprovechen”, afirmó Renace. Y apuntó contra los especuladores: “La intencionalidad de los fondos financieros es administrar el agua de la misma forma que el petróleo”.
Las organizaciones de Renace recordaron que más del 40 por ciento de la población mundial no accede a una red de agua potable y calificaron la cotización en la bolsa de Wall Street como “una reversión en materia de derechos humanos y soberanía territorial”. Remarcaron que se trata de un “derecho humano básico” y resumieron: “El agua es de todos”.
Belén Branchi es asambleísta socioambiental de Chubut, provincia que desde hace meses se manifiesta en las calles en rechazo a los intentos de avance de la megaminería. Uno de los ejes de lucha es la defensa de los ríos y acuíferos. “Que el agua comienza a cotizar en la bolsa de Wall Street significa la materialización de que para el mercado y el capital el agua es una mercancía más con la cual especular y negociar, y así obtener ganancias. Palabras y lógicas tan ajenas al sentir asambleario, al sentir de los pueblos originarios, al sentir del campesinado”, explicó.
Chubut es una de las provincias emblemática en la lucha contra la megaminería, desde 2003 cuando Esquel votó contra la actividad extractiva y lograron la Ley 5001, que prohíbe la actividad. Branchi se detiene en una palabra: “Especular es hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza. Y ellos, los mercaderes, no conocen su relación con el agua. Aferrados al dinero desconocen su relación con la vida. Ellos seguirán especulando, creyendo disponer de cuerpos y territorios. Pero los pueblos seguirán firmes, abrazando al agua para que el futuro sea para todos”.
Natalia Salvático, de la organización Amigos de la Tierra Argentina, apuntó a lógica macro detrás de la especulación: “Se trata de la financiarización de la naturaleza, con mecanismos muy perversos que incluyen los bosques, el carbono, ahora el agua y mañana será el aire”.
Naciones Unidas (ONU) reconoció en julio de 2010 (mediante su Asamblea General) explícitamente “el derecho humano al agua”, reafirmó que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre el derecho al agua potable de la ONU, cuestionó la especulación financiera: “No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos. El agua es de todos y es un bien público».
“El agua ya está bajo una amenaza extrema por una población en crecimiento, una demanda creciente y una contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático. Preocupa mucho que el agua ahora se trate como el oro, el petróleo y otros productos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street», cuestionó el relator de Naciones Unidas.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió, en su reciente informe “El estado de la agricultura”, que el 39 por ciento de la población mundial sufre escasez de acceso al agua. La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisó que 2000 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura.

Internacional, Latinoamerica

Diario El Chubut publicó una nota sobre los desastres ambientales de la megaminería

03/12/2020
Por algunos minutos de este jueves 3 de diciembre, se pudo acceder a una nota en la versión digital del Diario El Chubut, en la que el Ingeniero Juan repasa los desastres ambientales ocasionados por la megaminería en distintos países del mundo. Si bien el título de la nota «Consecuencias de la explotación minera irresponsable y mal controlada» puede pretender dar a entender que sí existe una megaminería responsable y controlada, así como destacan las ausencias de los desastres ocasionados por Pan American Silver en Quiruvilca (Perú) y los de la minera Vale en Brasil que serían de especial interés para la población chubutense, la información de la nota permite ver cómo la megaminería lleva a la destrucción de los ambientes donde opera en su propia esencia. Por algo en el Diario El Chubut decidieron eliminarla, y por ello mismo desde noalamina.org la guardamos y la reproducimos a continuación:

OPINIÓN
Consecuencias de la explotación minera irresponsable y mal controlada

Algunos de los casos en que la actividad minera ha generado grandes impactos en regiones por contaminación de aguas.

(Imagen que acompañaba la nota original)

BOLIVIA

La mayoría de los ríos del país están afectados por la explotación de oro, plata, plomo, estaño, wolfram, antimonio y muchos otros minerales. En el Departamento La Paz ninguna de las empresas mineras toma precauciones para evitar que las aguas se contaminen, están dañados los ríos Mapiri, Tipuani y Guanay. El lago Poopó y los ríos Huanuni, Choro, Machakamarka y Chuquiña en Oruro, revelan contaminación minera. De una mina se vuelca una especie de barro negro directamente al río Huanuni, formando una montaña que una pala mecánica desmonta y carga sobre un camión, una y otra vez. Ese material contamina el río, cuyas aguas abastecen la actividad agropecuaria de más de 50 comunidades que pertenecen a cinco municipios de ese departamento. Están contaminados los ríos Vitichi, Caiza y el nacimiento del Pilcomayo en Potosí. En Santa Cruz, San Ramón; en Beni, San Simón y Madre de Dios; en Pando, Orthon y en Cochabamba, el río Punata. Los contaminantes más recurrentes son los metales pesados. En la laguna Suches inicia su curso el río del mismo nombre, frontera entre Perú y Bolivia, altamente contaminado. Autoridades de Puno, Perú, señalan que en las muestras de los estudios realizados en las aguas se ha encontrado plomo. A ambos lados de la frontera se realiza actividad minera informal sin control ni criterio técnico, provocando un negativo impacto ambiental. El distrito de Cojata, en la provincia de Huancané, es la jurisdicción más afectada por los relaves mineros del río. Sus habitantes utilizan las aguas para el riego de pastizales y abastecimiento de humedales. Desde que opera la minería informal se ha producido mortandad del ganado. La minera suiza contaminante Glencore recurrió a un artificio engañoso para librarse de todas sus obligaciones ambientales, sociales y económicas. De esta forma, pudo obtener ganancias de sus operaciones y a la vez externalizar las consecuencias ambientales.

PERÚ

Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron perjudicadas el 2 de junio del año 2000, por un derrame de 151 kilogramos de mercurio elemental, que produjo una gran intoxicación en alrededor 1200 personas. Los daños ambientales fueron cuantiosos, contaminando ríos, causes, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona, la vegetación y los animales expuestos a esta sustancia sufrieron graves índices de intoxicación. En Puno, las aguas de cinco de los siete ríos de la cuenca del río Ramis, están contaminadas con metales pesados a causa de la actividad minera. Metales pesados en los ríos Crucero, Santa Rosa, Ayaviri, Pucará y Llallimayo, tienen origen político: al no existir control gubernamental sobre la minería informal que se concentra en las zonas altas, son perjudicados los pobladores que habitan en las zonas bajas y utilizan el recurso hídrico contaminado por las actividades de los de arriba. La contaminación del río Santa cuyas aguas son utilizadas para la agricultura del valle y el servicio de agua para Nuevo Chimbote, se ha originado por el derrame de la minera Pushaquilca, debido a sus precarias condiciones y falta de control. La minera sufrió el colapso en rampas, embalsó el agua y derramó sobre la laguna Pelagatos. La contaminación del río, perjudica gravemente a los poblados de Paragón y Conzuso, de Pampas. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Estado peruano ha sancionado repetidas veces a la minera suiza Glencore por violaciones de la legislación ambiental. En mayo de 2012, impuso una multa porque había bombeado agua contaminada con metales pesados proveniente de sus actividades mineras hacia pastizales localizados en el entorno de su mina de cobre Tintaya, en Espinar

VENEZUELA

En los Estados Bolívar y Amazonas, desde hace aproximadamente 25 años se ha demostrado que la minería ha causado grandes impactos ambientales, generando focos de contaminación por mercurio, debido al uso de tecnologías no aptas para esta actividad.

COLOMBIA

Presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada mil nacidos vivos (2012), este índice se encuentra influenciado directamente por las consecuencias de actividades mineras de manera irresponsable. El río Tunjuelo, afluente del Bogotá, uno de los tres que abastecen la capital, atraviesa sitios altamente contaminantes como los frentes de explotación minera en ciudad Bolívar y Usme donde empresas contaminaban río con aguas sucias y residuos peligrosos. Debido a las actividades mineras de la suiza Glencore en la región César, es imprescindible reubicar a tres comunidades arruinadas, El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón, que están en la miseria.

 

BRASIL

Los ríos y arroyos que serpentean en el municipio de Barcarena, estado de Pará, en la región Norte, están contaminados por metales tóxicos provenientes de residuos de una de las presas de la empresa minera Hydro Alunorte, lo afirma el segundo informe técnico presentado por el Instituto Evandro Chagas. El informe comprueba los altos niveles de aluminio, a pesar del gran volumen de agua del río. El año pasado la rotura de la represa Córrego do Feijão, que pertenece a la compañía minera Vale, desencadenó un alud de aguas residuales que arrastró todo a su paso. Al menos 60 muertos y casi 300 desaparecidos.

 

ECUADOR y PERU

En diciembre un grupo de biólogos ecuatorianos y brasileños publicó una investigación que revelaba que en los afluentes de la cuenca alta del río Napo, en la provincia amazónica de Napo, Ecuador, los niveles de algunos metales pesados son 500 veces más altos de lo permitido por normativas ecuatorianas y norteamericanas. Además, los sitios ubicados cerca de la minería de oro a pequeña escala y rellenos sanitarios presentaron concentraciones de 100 a 1000 veces más altas que lo normal. Los resultados de una investigación de tres universidades muestran que las altas concentraciones de metales observadas en el agua se deben, entre otras razones, a la cercanía de la minería de oro a pequeña escala. El río Yutsupino es uno de los afluentes del Napo, y allí la actividad minera es constante. No solo hay mineros artesanales, sino que, bajo el régimen de pequeña minería, opera la empresa Terraearth Resources S.A. CHILE la Compañía Minera del Pacífico, en Huasco ciudad portuaria ubicada en la región de Atacama, un lugar declarado como zona de sacrificio por el Gobierno, por sus altos índices de contaminación, ha sido denunciada repetidas veces por verter sus relaves mineros al mar y causar daños a la salud, al medio ambiente y a las producciones agrícolas y pesqueras.

MEXICO

El 6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de la mina de Cananea generó el derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22.000 habitantes de siete municipios. Es considerado el peor desastre ambiental provocado por la industria minera en México.

GUATEMALA

Un grupo de pescadores indígenas exigió conocer el impacto ambiental y la contaminación del lago Izabal, por una mina implantada en sus tierras. Uno de ellos fue asesinado, y un periodista local fue criminalizado por cubrir el caso. La Compañía

Guatemalteca de Níquel, que opera en la mina, negó tener responsabilidad en el asesinato y los enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía. Además, negó categóricamente cualquier daño al medio ambiente. «No podremos vivir de los peces si continúan contaminando nuestra agua», dijo Alfredo Maquin, uno de los pescadores.

CANADÁ

En la mina abandonada del Monte Washington en la Isla de Vancouver, mineral bruto de pirita con contenido sulfato, yacen expuestas a los elementos junto con 130 mil toneladas de desperdicio. Cobre tóxico ingresa al río Tsolum, mata al salmón joven y deteriora al salmón adulto que huye del río al pantano.

ESTADOS UNIDOS

Cada día millones de litros de agua contaminada con arsénico, plomo y otros metales tóxicos fluyen de minas abandonadas a los lagos y ríos circundantes sin ser tratadas, según The Associated Press. Las minas abandonadas han contaminado 70 mil hectáreas de reservas y lagos y 190 kms. de arroyos y ríos. El torrente envenena la vida acuática y contamina los servicios de agua potable en Montana, California, Colorado, Oklahoma y al menos cinco estados más. Las mineras excavaban en busca de plata, plomo, oro, etc. y abandonaban las minas cuando dejaban de ser rentables.

ESPAÑA

Las aguas ácidas mineras, residuos de la minería y metales acaban en las cuencas fluviales contaminando los ríos, Tinto y Odiel en Huelva.

FILIPINAS

Por muchas generaciones, las comunidades a lo largo del río Abra se ganaban la vida con la agricultura, la pesca, las artesanías y la minería de pequeña escala de oro y cobre. En los años recientes, grandes empresas han comenzado extracción de oro, causando gran daño al río, la vida silvestre y la gente que vive allí. Muchos tipos de aves, animales y plantas han desaparecido. El río fue envenenado por derrames químicos de las lagunas de desechos y del drenaje ácido de mina.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

La subsidiaria de la minera suiza Glencore KCC habría vertido intencionalmente y durante años los efluentes altamente contaminados de la mina a las aguas del río Luilu en Katanga. Según los informes de las organizaciones no gubernamentales, esto habría llevado a la completa extinción de los peces que poblaban el río.

RUSIA

Vertido de una planta metalúrgica de la ciudad ártica de Norilsk, contaminó y tiño de rojo el agua del río Daldykan. La minera Norilsk Nickel, la mayor productora de níquel del mundo, dijo que un dique en su planta de Nadezhda desbordó causando la afectación del río. El procesamiento de los metales extraídos en la zona ha convertido la región en uno de los rincones más polucionados del planeta.

EUROPA

El centro tecnológico Biodiversidad, Ecología y Tecnología y Gestión Ambiental y Alimentaria (BETA) de la Universidad de Vic, Barcelona lidera un proyecto para reducir el impacto en los ríos de los efluentes líquidos de las 3.460 minas abandonadas que hay en Europa.

Estos son algunos de los casos en que la minería ha ocasionado grandes impactos a poblaciones del mundo.

Diario El Chubut publicó una nota sobre los desastres ambientales de la megaminería

Latinoamerica

2do Informe OCMAL Minería y Covid

02/12/2020
Ante la inminente crisis económica que se ha pronosticado
para el periodo post-COVID19, gobiernos y empresas tratan
de fortalecer la idea de que la minería es una de las
alternativas más importantes para la reactivación económica.
Esta posición es paradójica si tomamos en cuenta que, en el
contexto de una pandemia -que aún no conoce su fecha de
término, si la tiene, – diversas empresas se negaron a
suspender actividades o presionaron a las autoridades para
evitar la suspensión, aun cuando la situación así lo
demandaba, debido al aumento de contagios de trabajadores
con el riesgo para sus familias, las comunidades de
procedencia y aquellas en el entorno de los centros mineros.
Esto generó conflictos entre las empresas y organizaciones de
mineros, quienes, ante la ausencia de una regulación
gubernamental responsable, tuvieron que exigir medidas de
contingencia adecuadas, llegándose a pedir, en algunos casos
la suspensión de actividades.
De este modo, el objetivo del segundo informe de la Red de
Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 consiste en
exponer cómo las empresas mineras han aprovechado el
contexto de la pandemia en América Latina para beneficiarse
a partir de las medidas generales restrictivas y de
confinamiento impulsadas por los diversos países de la
región.

2do Informe OCMAL Minería y Covid

Latinoamerica

Panorama de inversión minera regional suma más de US$196.300 millones

Con presencia de Chile, Argentina, Brasil y Perú, se visualizó la inversión regional en el marco de Expomin Virtual 2020. Además de analizar la cartera de proyectos, se revisó el impacto que ha tenido la pandemia en el presente año.
12/11/2020
Minería Chilena
Con la moderación de la periodista María Inés Mayorga, se llevó a cabo un panel dedicado a los proyectos regionales en Expomin Virtual 2020, titulándose “Panorama de inversión minera en la región”. El bloque contó con la presencia de relatores de Chile, Argentina, Brasil y Perú.

Corresponde al país con mayor inversión de la región con 49 proyectos, contemplando US$74.047 millones a 2029. En su ponencia, el director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Jorge Cantallopts comentó que de ese monto, ya hay una parte que se gastó, pero la cifra señalada está dentro del marco de proyectos en ejecución.

En otro ámbito, el director de estudios señaló que existen 31 proyectos que han sido catalogados con mayor posibilidad de dar cumplimiento a plazos y montos, contemplando una inversión de US$24.844 (58% del total), mientras que 18 se categorizaron con menor posibilidad, que considera US$31.237 millones, vale decir 42% del total.

En cuanto al panorama por regiones del país, el director de estudios de Cochilco enfatizó que la de Antofagasta es la que más acapara inversión, con un total de US$26.692 millones, vale decir, una tercera parte de la inversión nacional. Según datos de Cochilco, la zona norte concentra un 77% de la inversión minera en Chile.

Cantallopts hizo hincapié en que “este no es un año habitual, no es un año común en ningún aspecto a nivel mundial, eso incluye la minería que está siendo impactada por el Covid-19. Hemos identificado 23 proyectos que han sufrido algún grado de retraso”.

“El próximo año las proyecciones son buenas, pero no podemos decir que son extraordinarias. Es mejor que el presente año y los años anteriores”, expuso el director de estudios, enfatizando más bien que el cobre tiene un buen futuro al largo plazo.

Considerando los minerales comprometidos en la cartera de proyectos, el 89,4% corresponde a cobre, el 6,9% a hierro y litio-junto con otros minerales- y el 3,7% restante guarda relación con oro y plata.
Argentina

Emilio Toledo, director de Análisis y Desarrollo de Proyectos de Inversión Minera de la Secretaría de Minería de Argentina comentó que el potencial de inversiones en la nación transandina alcanza los US$27.250 en 34 proyectos.

“Vemos una clara predominancia de los proyectos de cobre con una inversión de US$16.665 que cubre un 61% de la cartera”, enfatizó Toledo en su presentación. En términos de litio, un mineral que ha tomado relevancia en el último tiempo y que conforma un 20% de las inversiones en Argentina, el experto consideró dos operaciones activas para este mineral, una en construcción y una cartera de 17 proyectos. En total, este elemento clave para el desarrollo de baterías cuenta con US$5.399 millones de inversión en tierras transandinas.

El funcionario de la Secretaría de Minería destacó además:

-Ocho proyectos de oro (con plata como subproducto)
-Cuatro de plata (con oro y zinc como subproducto)
– Uno de plomo plata y zinc

En cuanto a la distribución geográfica, el 53% de la inversión se concentra en la región de Cuyo, con ocho proyectos; le sigue con el 41% la zona noroeste del país, que suma 19 proyectos, y finalmente está la Patagonia, que cuenta con siete proyectos y un 6% del total de la inversión.

Desarrollando una parte de esos 34 proyectos -considerando aquellos más avanzados-, las autoridades argentinas estiman que las exportaciones se pueden más que triplicar para 2030, llegando a US$10.765.

Sobre el origen del capital destinado para la minería en ese país, “la inversión privada es mayoritariamente de origen extranjero, siendo históricamente preponderante la presencia canadiense”, explicó Toledo, destacando también la presencia de capitales de China y Australia.
Perú

Roberto Maldonado, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, indicó que actualmente el país contempla una inversión de US$58.000 millones en 48 proyectos.

Maldonado destacó el proyecto Quellaveco, de Anglo American con US$5.300 millones de inversión; Pampa de Pongo con US$2.200 millones; Mina Justa con US$1.600; Toromocho con US$1.355; y Yanacocha Sulfuros considerando US$2.100 millones.

Del total de la inversión, 71% corresponde a cobre con US$40.988 millones repartidos en 25 proyectos, seguido por el oro, mineral que alcanza US$6.342 millones en un total de seis iniciativas.

En cuanto al estado de avance en los proyectos, el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú comentó que un 49% está en pie de factibilidad, un 28% se encuentra afinando ingeniería de detalle, el 16% está en construcción y el 7% restante está en fase de factibilidad.

Sobre la presente crisis sanitaria, Maldonado enfatizó que “en el caso de Perú, a pesar que fue uno de los países que se suspendieron temporalmente las operaciones, reaccionó rápido para tomar los altos estándares que la industria minera en general tiene”.
Brasil

El presidente del Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) de Brasil, Flávio Ottoni Penido -organización que representa más del 85% de la minería brasileña- se encargó de explicar el panorama de dicha nación.

“Son cerca de 70 proyectos anunciados, totalizando más de US$37.100 millones que podrán generar más de 60.000 empleos directos (entre 2020 y 2024)”, expuso el presidente de Ibram, agregando que las provincias de Minas Gerais, Bahía y Pará presentan los mayores volúmenes de inversión. El mineral de hierro aglomera un 39,81% de los montos comprometidos.

La presencia del hierro es la más fuerte en la producción minera del país de habla portuguesa, aglutinando un 62,8% del total, seguido por el oro con 13%.
https://www.mch.cl/2020/11/12/panorama-de-inversion-minera-regional-suma-mas-de-us196-300-millones/

Latinoamerica

Nuevo estudio revela que minería afecta el 20% de los territorios indígenas de la Amazonía

El informe de World Resorces Institute indica que la minería está dentro de 1131 tierras indígenas en la Amazonía.
14/10/2020
El precio del oro alcanzó un pico histórico este año. La onza superó los 2000 dólares en agosto y actualmente no baja de los 1900 dólares. Si bien en los últimos años el alza del precio del metal ha sido una constante, fue durante la pandemia del coronavirus que se registró esta cifra récord.

La creciente demanda por el oro ejerce fuerte presión sobre la Amazonía, territorio donde la minería legal e ilegal cubre aproximadamente 1.28 millones de kilómetros cuadrados. Esta expansión minera ha alcanzado también a las tierras indígenas amazónicas, llegando a ocupar hasta un 20 % de estas, aproximadamente 450 mil kilómetros cuadrados.

La minería ilegal ha afectados a 370 territorios indígenas de la Amazonía. Foto: WRI.

Estas cifras son el resultado de un estudio Socavando los derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía elaborado por el World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) que por primera vez ofrece un panorama del impacto de la actividad minera dentro de los territorios indígenas de seis países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Según la investigación, los mineros ilegales han invadido 370 territorios pertenecientes a comunidades indígenas de la Amazonía, y si se suman las concesiones entregadas por los gobiernos la cifra sube a 1131. Además, el estudio del WRI indica que las operaciones de minería ilegal arrojan constantemente metales pesados, como el mercurio, en al menos 30 ríos amazónicos.

Patricia Quijano, investigadora de WRI y coautora de este estudio, precisa que la pandemia incrementó el precio del oro y exacerbó el interés por la explotación de este metal. Agregó que el estudio también aborda la situación legal y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios en relación a las concesiones mineras.

Los pueblos indígenas enfrentan el avance de la minería legal e ilegal en sus territorios. Foto: WRI.

“La minería, con esa ferocidad de destrucción de la Amazonia, debe tener como 70 años. Y en los últimos diez años ha sido feroz en la devastación de muchos territorios indígenas”, dice José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Las cifras de la devastación

Díaz Mirabal manifiesta que pese a la deforestación que ha ocurrido dentro de los bosques de los territorios indígenas a causa de la minería, son justamente los pueblos indígenas los que mantienen el mejor índice mundial de conservación de territorio y biodiversidad.

Esta afirmación se sostiene también en el informe. Según la publicación de WRI, en Perú, Ecuador y Bolivia la deforestación es tres veces mayor en los territorios indígenas con presencia de minería, en comparación con aquellos que están libres de actividades mineras. En Colombia y Venezuela las cifras de pérdida de bosque supera hasta en dos veces la deforestación de los territorios libres de minería.

El estudio se sustenta en información de RAISG sobre la cantidad de concesiones mineras entregadas en los seis países mencionados, así como en datos sobre los lugares de minería ilegal en la Amazonía.

Pedro Tipula, coordinador del proyecto SICCAM del Instituto del Bien Común (IBC), señala que para este análisis se consideró la información cartográfica de RAISG que ha compilado datos desde el año 2007 sobre las concesiones de minería legal en los países amazónicos, así como en el mapeo regional realizado entre los años 2015 y 2018.

“A pesar de la pandemia, la actividad ilegal de la minería no ha parado, es más, está en una ola creciente toda la región amazónica. La ilegalidad está creciendo en áreas naturales protegidas y territorio indígenas”, dice Tipula.

Según el análisis geoespacial, del total de concesiones mineras legales a gran escala en la Amazonía, el 45 % de se encuentra en exploración y explotación, el resto son concesiones inactivas.

En cuanto a la minería ilegal, el estudio señala que la mayor parte del área de minería ilegal se encuentra en Perú y Bolivia. Además, por lo menos 30 ríos han resultado afectados por esta actividad ilegal o actúan como rutas de entrada de maquinaria e insumos y salida de minerales.

Las áreas o sitios conocidos de operaciones mineras ilegales se superponen con al menos 370 tierras indígenas. De ellas, 260 están en Perú; 37 en Brasil y 29 en Colombia. En cuanto a los ríos afectados por la minería ilegal, estos están dentro o en la frontera de 88 territorios indígenas.

Quijano, de WRI, señala que hasta ahora no se había realizado un análisis a nivel Amazonía que estableciera la relación entre minería y deforestación de manera específica y explicita en tierras indígenas. “La minería, tanto legal como ilegal, es un lastre que arrastramos en la región y que genera mucho impacto y riesgo a las comunidades y al ambiente. Cuando no hay mano dura ni supervisión adecuada por parte del gobierno, la minería ilegal se extiende y conlleva pérdida de ecosistemas críticos que terminan en desmedro de los pueblos indígenas”, precisa la experta.

La defensa de los territorios indígenas

Patricia Quijano, coautora del estudio, menciona que también han documentado las estrategias que han desarrollado los pueblos indígenas para frenar el avance de la minería en sus territorios. “Los pueblos indígenas que han visto la minería como amenaza han logrado, a través de distintas estrategias, algunos buenos resultados; aunque en otros casos la controversia aún continúa”.

Una de las experiencias que se menciona en el estudio es la del pueblo indígena Yaigojé Apaporis y su respuesta ante una empresa minera que, en el año 2007, solicitó concesiones para la explotación de oro dentro de su territorio. En ese momento, el pueblo indígena solicitó al gobierno que sus tierras sean declaradas parque nacional, con el fin de detener el ingreso de la minería.

El mapa muestra los lugares de la Amazonía con minería legal e ilegal. Fuente: WRI.

En el 2009 se estableció el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, pero no fue suficiente. Dos días después de la creación de esta zona protegida, el gobierno colombiano otorgó una concesión minera dentro del parque. El caso fue llevado a la justicia de Colombia, la misma que ordenó la suspensión de cualquier actividad dentro del área protegida. No obstante, el problema aún se debate en los tribunales internacionales.

“En Colombia no querían minería y estuvieron dispuestos a perder sus derechos para que ellos mismos puedan realizar el aprovechamiento de sus tierras”, señala Quijano.

Juan Carlos Preciado, asesor legal en Derechos Colectivos Ambientales e Indígenas de la Fundación Gaia Amazonas, se refiere al aspecto cultural del oro y el valor del metal para los pueblos indígenas. “Los pueblos Indígenas han trabajado desde su sistema de conocimiento para proteger su territorio y para guardar el oro”, indica.

Preciado también menciona cómo han trabajado los pueblos indígenas con el estado colombiano para que considere las medidas que estos proponen para afrontar la minería. “En el departamento de Amazonas, por ejemplo, los pueblos indígenas han logrado coordinar con el Estado para ejercer sus derechos de tener un gobierno propio y se ha planteado un ‘no’ rotundo a la minería”.

La comunidad de Centro Providencia discute los principales puntos del Régimen Especial de Manejo (REM) del Parque Resguardo Yaigojé Apaporis. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Otro de los casos que presenta este estudio está en Perú, en Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal en la Amazonía. Se trata del caso de la comunidad de Tres Islas, de los pueblos indígenas Shipibo y Ese’Eja, que se presentaron ante los tribunales peruanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger sus tierras de la minería.

En Tres Islas, el gobierno peruano entregó más de 100 concesiones mineras y varias concesiones madereras dentro del territorio de la comunidad sin informar ni consultar previamente, como indica el Convenio 169 al que se acogió Perú desde el año 1993.

Como respuesta, en agosto de 2010, la comunidad decidió construir una caseta y una puerta de madera para controlar el acceso a sus tierras. Las empresas y la comunidad se enfrentaron legalmente y llevaron el caso hasta el Tribunal constitucional peruano, que finalmente dictaminó que Tres Islas tenía derecho a controlar el ingreso de terceros a su territorio.

La comunidad de Tres Islas también demandó al gobierno regional de Madre de Dios por las concesiones mineras otorgadas sin un proceso de consulta previa. Las 127 concesiones fueron declaradas nulas y se ordenó el cese de todas las actividades derivadas de las mismas.

Según el estudio de WRI, el 93 % de la deforestación en Tres Islas entre los años 2000 a 2015 ocurrió en las tierras que se superponían con áreas mineras legales e ilegales. “La deforestación se redujo drásticamente entre 2010 y 2015, coincidiendo con que la comunidad recuperó el control del acceso a sus tierras”, indica el estudio.

“La iniciativa de este pueblo indígena de colocar puestos de vigilancia para controlar su territorio llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero siempre hay cosas inconclusas, pues la ejecución plena del fallo del tribunal aún no se ha cumplido. Creo que existen suficientes leyes en el país, pero falta que se apliquen completamente y que las medidas de monitoreo y supervisión se concreten”, agrega Tipula.

“Este es un caso emblemático”, dice la abogada Raquel Yrigoyen Fajardo, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), a cargo de la defensa de Tres Islas. “Estos litigios son larguísimos, es un gran esfuerzo para los pueblos indígenas seguirlos y muchas veces se desaniman de continuar”, agrega la abogada en referencia al largo camino que ha tenido que seguir la comunidad de Tres Islas en los tribunales desde el año 2010 cuando presentó su primera demanda ante el Poder Judicial de Perú.

“Aun cuando ganan los pueblos indígenas, existe ineficacia en el cumplimiento de los fallos y esto tiene que ver con la lentitud de las instituciones”. añade Yrigoyen.

Un caso de Bolivia también fue analizado en este informe. Se trata de la construcción de la carretera que cruza el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis). Aunque no se trata de un tema minero, el caso ha servido para destacar la importancia de las alianzas estratégicas entre diferentes pueblos indígenas con el objetivo de lograr un cambio.

Los pueblos indígenas Mojeño, Yuracaré y Chimán se unieron para exigir al gobierno que suspenda la construcción de esta vía, que causaría daños ambientales y abriría sus tierras a desarrollos no deseados, incluida la minería, explica el informe.

Manifestantes en contra del proyecto de carretera en el TIPNIS. Foto: Szymon Kochański / Wikimedia Commons.

En octubre de 2011, el Tipnis fue declarado zona intangible y se detuvo la ejecución de la carretera. Aunque en años posteriores se dieron leyes para reactivar este proyecto, hasta el momento no se ha concretado y la obra no ha avanzado.

“La presión por los proyectos extractivistas es cada vez más fuerte. Todos los países de la cuenca amazónica sienten esa misma tensión”, dice Alex Villca, líder indígena de Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

Para Villca los territorios indígenas les pertenecen solo en ‘papeles’, porque también se entregan a las empresas. “En el Parque Nacional Madidi, 210 mil hectáreas han sido concesionadas a empresas petroleras. Si a eso sumamos las cuadriculas mineras y seguimos viendo que se entregan concesiones forestales, nuestros territorios terminan superpuestos por intereses económicos”.

El coordinador de Coica, Díaz Mirabal, señala que el oro pasó de ser un símbolo cultural de los pueblos prehispánicos a un objeto de riqueza. “Ahí está la raíz de la maldición del oro para los pueblos indígenas”, dice.

Comunidad indígena en el Parque Resguardo Yaigojé Apaporis. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Díaz Mirabal considera que se ha llegado a un punto de no retorno en la capacidad de la autodestrucción. “A pesar de todo seguimos creyendo que no se puede destruir nuestra casa. Pero nos preocupa que los préstamos para la conservación de los organismos internacionales no lleguen a los pueblos indígenas. Si seguimos así se estará financiando la destrucción”.

Los estados que compran materias primas y los bancos que los financian, según Díaz Mirabal, deben cambiar sus políticas. “Los prestamos deben llegar condicionados, plantear nuevas reglas, nuevos pactos, nuevos acuerdos. Con la propuesta actual de los países para enfrentar el cambio climático no llegaremos ni al 2030, pues con un aumento de la temperatura de 2 grados, nos quemamos todos. Se deben tomar otras medidas, pues aún hay esperanza de conservar los territorios que no han sido destruidos”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam.

https://mongabay-latam.lamula.pe/2020/10/14/nuevo-estudio-revela-que-mineria-afecta-el-20-de-los-territorios-indigenas-de-la-amazonia/mongabaylatam/

Latinoamerica, Litio, Mexico

México descarta tener el yacimiento de litio más grande del mundo como se proyecta

Reuters 16/10/2020
Desde hace meses, los operadores de un proyecto en el norteño estado Sonora han advertido sobre la enorme capacidad del yacimiento, que contendría recursos equivalentes a las reservas totales que poseen países con grandes depósitos del mineral, como Bolivia y Chile.
La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, aseguró que los depósitos que se encuentran en el país tienen un «contenido muy bajo» del mineral, esencial para la fabricación de baterías de autos, computadoras y dispositivos móviles.

Ciudad de México. La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, descartó este jueves que el país latinoamericano posea uno de los mayores depósitos de litio del mundo, como se ha venido proyectando.

Desde hace meses, los operadores de un proyecto en el norteño estado Sonora han advertido sobre la enorme capacidad del yacimiento, que contendría recursos equivalentes a las reservas totales que poseen países con grandes depósitos del mineral, como Bolivia y Chile.

A principios de 2020, el subsecretario de Minería dijo a Reuters que potenciales inversionistas de al menos cinco países han manifestado su interés a México para incursionar en la naciente industria de extracción y producción de litio.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que los depósitos que se encuentran en el país tienen un «contenido muy bajo» del mineral, esencial para la fabricación de baterías de autos, computadoras y dispositivos móviles.

«México no tiene el yacimiento más grande de litio (del mundo)», afirmó Márquez durante una comparecencia en el Senado. «Es muy importante, y aquí quiero recalcar, cuando se hizo esa estimación del yacimiento de litio se tomó en cuenta toda la arcilla, pero esas toneladas de arcilla no son litio», agregó.

De acuerdo con información de las autoridades, en México existen actualmente tres proyectos de litio en etapa de exploración, incluida la mina de Sonora.

Un portavoz de sus operadores, la británica Bacanora Lithium y la china Ganfeng, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mexico-descarta-tener-el-yacimiento-de-litio-mas-grande-del-mundo-como-se

Latinoamerica

Aladyr desarrolla iniciativa para impulsar conocimiento sobre la huella hídrica de los productos

“Es importante que seamos conscientes de que el recurso hídrico es intrínseco a la productividad y a cualquier actividad humana”, recalcó Juan Miguel Pinto, presidente de la Asociación Latinoamericana de Desalación y reúso de Agua.
16/10/2020
Minería Chilena
Con el fin de introducir espacios para el aprendizaje y difusión sobre la gestión hídrica sustentable y la incorporación de las tecnologías de tratamiento de agua y efluentes, la Asociación Latinoamericana de Desalación y reúso de Agua (Aladyr) emprendió una serie de dinámicas online en acuerdo con universidades y grupos académicos de toda Latinoamérica.

Uno de los principales temas incluidos en la agenda fue el de la Huella Hídrica (HH), lo que se define como el indicador que refleja la cantidad de agua que se usa, integra y contamina en la cadena de producción o servicios de cualquier industria hasta llegar a su consumidor, uso o destino.

El encargado de impartir esta dinámica fue el presidente de la Asociación, Juan Miguel Pinto, quien consideró de alta relevancia que las nuevas generaciones sean conscientes del recurso hídrico que subyace a cada elemento que compone su cotidianidad, como la alimentación, el aseo, el transporte, electrodomésticos, calzado, vestimenta, actividades académicas, esparcimiento y consumo energético, sólo por mencionar algunos.

“Es importante que seamos conscientes de que el recurso hídrico es intrínseco a la productividad y a cualquier actividad humana. Para reforzar esto usamos analogías que constituyan referencias tangibles en las vida diaria de los jóvenes y luego explicamos que existen los métodos y las tecnologías, como el reúso de agua, para hacer que cada actividad pueda llegar a la sostenibilidad hídrica”, explicó el profesional.

Las presentaciones que se han hecho mensualmente con instituciones de Colombia, Chile, Perú, Argentina y México, por mencionar a algunos, buscan ser un disruptor en la rutina de los estudiantes que continúan clases desde casa debido a las medidas de distanciamiento social que aún se mantienen a causa de la Covid-19. Por ello se prestó especial énfasis en hacer las dinámicas entretenidas con competencias, trivias y ejercicios que permitan generar recordación en los jóvenes y asistentes.
Para mayor información sobre estos encuentros o cómo participar, escribir a [email protected] .
https://www.mch.cl/2020/10/16/aladyr-desarrolla-iniciativa-para-impulsar-conocimiento-sobre-la-huella-hidrica-de-los-productos/

Latinoamerica

La minería del Amazonas ocupa 20% de las tierras indígenas y empeora la deforestación: informe

Por Oliver Griffin
7/10/2020
Miembros de la comunidad indígena mura muestran un área deforestada en sus tierras cerca de Humaita, en el estado brasileño de Amazonas. FOTO DE ARCHIVO. Agosto, 2019. REUTERS/Ueslei Marcelino
BOGOTÁ, 7 oct (Reuters) – Las concesiones mineras y las operaciones de minas ilegales ocupan más de una quinta parte de las tierras indígenas en el Amazonas, lo que provoca mayores tasas de deforestación, reveló un informe publicado el miércoles.

Alrededor de 1,5 millones de indígenas viven en el Amazonas, donde las actividades mineras afectan unos 445.000 kilómetros cuadrados de sus tierras, según un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).

El estudio no incluyó datos sobre las tierras indígenas en la Guayana Francesa y Surinam.

Aunque las concesiones mineras inactivas representan la mayoría de estas intersecciones, alrededor de un tercio de las tierras indígenas están superpuestas por concesiones activas y operaciones mineras ilegales, lo que aumenta la deforestación, aseguró el informe.

«Las tierras indígenas con minería mostraron una mayor tasa de pérdida de bosques en el período de 15 años comprendido entre 2000 y 2015 que las tierras indígenas que no están directamente afectadas por la minería», dijo en una conferencia de prensa Peter Veit, director de la iniciativa de tierras y recursos del WRI.

Las tierras indígenas afectadas por la minería en Bolivia, Ecuador y Perú registraron una tasa de deforestación de al menos tres veces mayor que en las zonas no afectadas, mientras que en Colombia y Venezuela la tasa fue de una a dos veces superior.

La situación se agravó por la pandemia del coronavirus debido a que el aumento de los precios del oro y la retirada de las fuerzas militares y policiales permitió la expansión de las operaciones mineras ilegales.

«Bajo la cobertura de la pandemia COVID-19 sólo ha empeorado», dijo Michael McGarrell, representante de la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana.

McGarrell aseguró que las comunidades indígenas no están en contra de la minería si se hace de manera responsable, citando las prácticas mineras artesanales tradicionales.

«No nos oponemos al desarrollo», afirmó McGarrell. «La minería responsable beneficiará al medio ambiente y a todos nosotros».

(Reporte de Oliver Griffin. Editado en español por Luis Jaime Acosta)
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/07/la-mineria-del-amazonas-ocupa-20-de-las-tierras-indigenas-y-empeora-la-deforestacion-informe-2/

Latinoamerica, Perú

LO QUE ESTÁ EN JUEGO CON EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Luis Gárate, COOPERACCION
25/08/2020
Imagen: DX
Más allá de lo sanitario, son varios los temas que han entrado en disputa en plena pandemia del COVID-19 y el plano de los acuerdos internacionales no ha sido la excepción. Es el caso del Acuerdo de Escazú, que ha despertado airadas reacciones de rechazo de algunos sectores de la sociedad peruana.

El nombre completo de este compromiso internacional es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este ya había sido firmado por el gobierno peruano en el año 2018, y debe ser discutido y eventualmente ratificado en estos días por el Congreso de la República, que tendría hasta el 26 de setiembre para hacerlo. Sin embargo, pareciera que el gobierno se ha replegado en el momento de dar el debate y esclarecimiento del mismo, pues el canciller Mario López señaló que se debe seguir analizando y debatiendo antes de la ratificación.

A mediados de julio los principales gremios empresariales: Confiep, Sociedad Nacional de Industrias, Adex, entre otros, se opusieron mediante un comunicado al acuerdo señalando que “puede atentar contra la soberanía del país al tener que llevar discusiones que se deben resolver en el ámbito local, a instancias internacionales”. En esa misma línea se han pronunciado sectores políticos conservadores, como la Asociación de Generales y almirantes en retiro de las FFAA y la llamada Coordinadora Republicana.

A esto se ha sumado un reciente comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala que no debería ratificarse el acuerdo pues argumentan que ya existirían normas vigentes que garantizarían la trasparencia en temas ambientales. Asimismo repiten el argumento de que se vulneraría la soberanía nacional, que se crea la figura de los “defensores ambientales” y que se ahuyentaría a las inversiones privadas.[1]

El Acuerdo deberá ser ratificado por 11 países para entrar en vigencia. El Perú sería el décimo en firmarlo. Recordemos que el acuerdo busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.[2]

En su informe de julio de 2020 en el que analiza el impacto del COVID-19 en América Latina, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló que el Acuerdo de Escazú es “un valioso instrumento para buscar soluciones centradas en las personas y basadas en la naturaleza.”

Cabe recordar también que la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, promovió la firma de este acuerdo y salió en defensa del mismo en su momento. Señaló que este servía para proteger a los defensores ambientales, dándoles derecho a la participación, y que con más transparencia se podría prevenir los conflictos sociales. Asimismo señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó suscribirlo y avanzar en esta línea.[3]

La ex titular del Minam explicó que este instrumento fue firmado por el Perú en el 2018 luego de un largo proceso de discusiones, y tuvo la opinión favorable de los ministerios de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, del Ambiente y de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la actual ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, aseguró recientemente que el Acuerdo de Escazú no afecta la soberanía del Perú y servirá para prevenir los conflictos sociales.

“En su momento ya emitimos nuestra opinión como Ejecutivo, y ahora está en manos del Congreso tomar la decisión. Nuestra obligación es presentarle toda la información a ellos y a la ciudadanía, por eso estamos participando en todas las comisiones sobre el tema”, dijo en entrevista con Radio Nacional.[4]

De esta manera nos queda más claro que algunos sectores están jugando a la desinformación y la posverdad respecto el acuerdo. Nos cabe la pregunta del por qué estos sectores se oponen a un instrumento de política internacional que promueve más transparencia, participación y protección de los defensores ambientales, si parece estar claro que el Estado peruano en sus diferentes niveles lo respalda. Además cuenta con opiniones favorables de la más alta instancia de las Naciones Unidas, de la OCDE, y correspondería la ratificación al congreso, como un estado que asume de manera responsable sus compromisos internacionales, tras habar firmado el acuerdo en primera instancia.

En tiempos en que la vida y la salud deben ser lo primero, la firma de este acuerdo aparece como importante para proteger los derechos humanos y ambientales. El gobierno peruano no debe dejarse presionar por algunos grupos de interés que claramente no desean que se genere mayor transparencia, participación y justicia para las personas que defienden el ambiente.

Puede ver el documento completo del Acuerdo de Escazú aquí:
https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/203_Acuerdo_Escazu.pdf

[1] Comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú del 21 de agosto de 2020

[2] https://larepublica.pe/economia/2020/07/20/acuerdo-de-escazu-citaran-a-ministra-del-ambiente-y-de-relaciones-exteriores-al-congreso-ambiente-fabiola-munoz/

[3] https://andina.pe/agencia/noticia-ministra-del-ambiente-acuerdo-escazu-fortalece-posicion-del-peru-805348.aspx

[4] https://elperuano.pe/noticia-ministra-del-ambiente-acuerdo-escazu-no-afecta-soberania-nacional-101269.aspx

Latinoamerica

La minería de América Latina en 300 conflictos

AP Photo / Juan Karita
14/08/2020
Ante el avance de la industria minera y el extractivismo en Latinoamérica —y las nefastas consecuencias ambientales y en las comunidades—, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) elaboró un mapa interactivo para hacer un seguimiento de la situación en la región. Hay casi 300 proyectos mineros que la población quiere cerrar.

Miles de latinoamericanos se encontraron en la necesidad de generar estrategias de resistencia y alternativas a la minería en sus territorios. Son comunidades enteras que se vieron dañadas por la industria extractivista; poblaciones tradicionalmente agrícolas y ganaderas, que vivían de la silvicultura, pesca, turismo, vivienda o cultura, y están siendo afectadas.

Los conflictos mineros en América Latina
En total hay 277 conflictos que involucran a 294 proyectos mineros, cinco de ellos son problemáticas transfronterizas; en 234 casos se ha criminalizado la protesta, según el OCMAL.

El país latinoamericano con más conflictos mineros es México, que encabeza la lista del OCMAL con 55 casos. De ellos, los más viejos datan de 1980 en los estados de Coahuila —donde hay un conflicto por usurpación de tierras— y en Zacatecas —donde el conflicto se desató ante la contaminación con desechos tóxicos y ausencia de políticas ambientales—. En 2018 se registró el último, también en Zacatecas, ante la expansión de la empresa minera canadiense First Majestic.
A México le sigue Chile, donde el OCMAL ha registrado 49 conflictos. El más antiguo se dio en la región Tarapacá, en 1985. Desde que la compañía australiana británica BHP Billiton llegó al territorio aymara, ha incurrido en una serie de irregularidades y coerciones que han motivado la movilización y la oposición de la comunidad de Cancosa. El último conflicto registrado data de 2018, en la región de Atacama, donde las comunidades del Valle del Huasco expresaron su oposición a los sondajes ilegales que la Minera Nueva Unión está realizando en la cuenca del río Huasco.
Perú no se queda atrás y está en el tercer puesto de la lista con 42 conflictos mineros registrados por el OCMAL. En 1992 se desató el primer conflicto debido a que la región Tacna atraviesa una situación de crisis de recursos hídricos y las comunidades que la habitan se oponen a compartir su agua con la minería. En 2019 se identificó el último en Lima, también por un proyecto minero que amenaza el agua de la región. Según explica el OCMAL, la empresa Southern Peaks Mining planea desarrollar su proyecto Ariana muy cerca al Túnel Trasandino, que permite el trasvase de aguas de la cuenca del río Mantaro a la cuenca del río Rímac, lo que podría traducirse en posibles filtraciones de materiales tóxicos en una zona donde hay, al menos, seis lagunas altoandinas y un depósito de relaves.
En el cuarto lugar está Argentina, con 28 conflictos mineros. Según la OCMAL el primero se registró en Catamarca. Desde 1997 que se instaló la empresa Alumbrera de extracción minera y de transporte del concentrado a través de un mineroducto, las comunidades han denunciado contaminación de suelo y agua. En 2016 se identificó el último, también en Catamarca. Esta vez la población se manifestó en contra de un proyecto de extracción de litio.
En Brasil hay 26 conflictos identificados por la OCMAL, el primero de ellos con fecha en 1979, en el estado de Pará, ante la grave devastación ambiental generada por la explotación de bauxita a cielo abierto de la compañía Mineraçao Río do Norte. La última problemática data de 2012 ante la amenaza de territorios y pueblos indígenas, también en Pará, por el proyecto de explotación de oro a cielo abierto con utilización de cianuro en la Mina Volta Grande, que amenaza territorios indígenas.

​La OCMAL registró 19 conflictos en Colombia, 10 en Guatemala y Bolivia, nueve en Ecuador, siete en Nicaragua y Panamá, seis en Honduras, tres en República Dominicana y El Salvador, dos en Venezuela y Costa Rica, y uno en Guayana Francesa, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay.
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202008141092427800-la-mineria-de-america-latina-en-300-conflictos/