Latinoamerica

Transnacionales mineras: la segunda “colonización” en América Latina

Mujeres defensoras de derechos humanos, procedentes de América Latina, concordaron en que los proyectos extractivos transnacionales se han convertido en la segunda colonización de los pueblos del continente, que las mujeres continúan siendo las más vulnerables, en la lucha social de sus territorios, sus recursos naturales y las comunidades.

Convocadas al IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), mujeres defensoras de Bolivia, Perú y Haití, expusieron las duras circunstancias en que viven las poblaciones, a la sombra de proyectos mineros, que lejos de generar progreso en las comunidades han roto el tejido social y generado violencia en su interior.

La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Perú, la conocen también como “tierra de nadie”, que coloca a la mujer en un riesgo grave permanente, en donde el dominio masculino y las leyendas heredadas vulneran sus derechos individuales.

Leny Olivera, quien trabaja en Democracy Center Bolivia, habló sobre la criminalización del movimiento social y cómo las mujeres son vulneradas en sus derechos humanos, señalando casos graves en Bolivia y Perú, que termina condenándolas a vivir permanentemente, en pobreza extrema, excluidas socialmente por reforzamiento de  patrones culturales.

Olivera habló sobre La Rinconada (Perú), un proyecto minero que se enclava a cinco mil 100 metros sobre el nivel del mar, que se considera uno de los lugares más altos en el mundo.

“En La Rinconada se refuerza el machismo que nos llegó con la Colonización, además de otras formas de dominación, hacia las mujeres, a través  los  mitos (invenciones) que se van construyendo socialmente. Y no significa que sea parte de la cultura andina, pero, en La Rinconada, las mujeres están expuestas a riesgos y peligros, porque los mineros aseguran encontrar el mineral más fácil si tienen relaciones sexuales o violan a mujeres jóvenes vírgenes o sea, de menos de 20 años. Entonces, en estos lugares se encuentran muchas mujeres jóvenes, a las que llevan con engaños o promesas de trabajo, que ya estando allí son vulneradas o pueden ser violadas por extranjeros, gente que no son del lugar y luego quedan estigmatizadas, no pueden salir fácilmente y se incrementan las experiencias de prostíbulos, la trata y tráfico de personas, te pueden botar hasta en el río y nadie puede reclamar. Es como si la vida de las mujeres no valiera nada”, relató.

A esa situación se suma que  muchas mujeres están comenzando a trabajar, al interior de las minas y no por decisión propia, han quedado viudas, otro grupo son madres solteras. Entonces tratan de buscar un sustento para sus familias, pero son repelidas por los mineros.

“Los mineros dicen que las mujeres no puede entrar a la mina, porque se va a enojar o se pondrá celoso el tío, dicen. El tío es una deidad que los mineros tienen al que invitan a beber alcohol o pichar coca (hojas de coca en la boca), para evitar que les pase una desgracia dentro de la mina y aunque no puedo generalizar que todos los mineros son así, pero en La Rinconada, la vida llega a ese extremo”, aseveró.

En cuanto a la vivencia de la segunda colonización, Olivera reiteró que es una “invasión”, que lleva al riesgo y vulnerabilidad a las comunidades y Pueblos Indígenas o afrodescendientes y en especial las mujeres y las defensoras de derechos.

“El contexto es igual, simplemente los actores han cambiado, son empresas transnacionales, organismos como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que tienen control e intereses para beneficiar minorías acaudaladas, de países del Primer Mundo, a costa de la explotación y subordinación de las poblaciones en América Latina, entonces, todos los acuerdos a nivel internacional que en teoría defienden los derechos humanos de indígenas y comunidades son limitadas, pero la resistencia sigue estando presente en la lucha en América Latina, en donde muchos mueren en defensa de sus territorios”, reconoció Olivera.  Mientras, Joseline Colas Noel, de JPIC Haití, narró como están destruyendo el ecosistema de la isla y cómo influye que el territorio sea víctima de muchas catástrofes, señalando como un proyecto minero que abandonó su equipo con restos de cianuro, continúan contaminando a la población y recursos naturales.

“Nos preocupa que compañías internacionales estén interesadas en la explotación de minas de Haití. Explotaciones de minas que no aportan nada al país. Solo entre 1996 a 1997, el Estado ha dado 57 permisos de explotación que representa el 15 % del territorio haitiano. En donde viven 11 millones de habitantes, la situación es difícil, y la situación política mucho más, cuando la población entendió que los fondos de PetroCaribe, no han sido utilizado en bienestar social como escuelas, hospitales y servicios básicos”, manifestó.

Sobre  reformas jurídicas, Angie Lee Gardy, del Grupo de Apoyo a Refugiados de Haití, enfatizó, que la propuesta de una nueva Ley de Medio Ambiente (1976), no garantiza la protección del agua, suelo y aire. Ni responsabiliza a las empresas a reparar daños ocasionados al territorio y tenemos empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.

“Han elaborado un anteproyecto de ley de mina incompleta, que quita los derechos y autoridad al parlamento, y crea la Autoridad Minera, que sería la única  que daría los permisos, donde la empresa puede explotar todo lo que encuentre en esa área, si hay un río, pues lo toma y no tiene que reportarlo a ninguna otra institución del Estado, al generar daños al medio ambiente. Es una situación grave, aunque no ha sido firmada por el parlamento, consideramos que Haití puede desaparecer”, puntualizó.

Fuente: https://www.diariocolatino.com/transnacionales-mineras-la-segunda-colonizacion-en-america-latina/?fbclid=IwAR3DoLQVypBJ-rUVjT1bxC80sQAypPMIY70FHVsNTD0k0CjkHXYXaVANAuM

Latinoamerica

Latinoamérica: tierra de resistentes

 Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de Latinoamérica nunca había sido tan peligroso.

Seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales citados en el informe que el Relator Especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016, están en América Latina.

Por eso, un equipo de 30 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú) nos juntamos para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. Cinco de estos países están, tristemente, en ese deshonroso listado.

El resultado de este proyecto investigativo especial en el que trabajamos durante cinco meses documenta una base de datos con 1356 hechos victimizantes en los últimos diez años (2009-2018) y 16 reportajes en profundidad (que pueden consultar en la barra lateral de navegación).

Es importante precisar que no pretendemos tener un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, dado que el subregistro es grande. Sin embargo, nuestra base de datos —construida a partir de un sinnúmero de fuentes, entre entidades oficiales, archivos de prensa, organizaciones sociales y reportería en terreno— muestra un panorama desolador.

¿Qué encontramos?

En nuestra investigación encontramos 1179 hechos victimizantes contra hombres y mujeres y 177 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio. El 81,7% se concentra en hombres, quizás porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario, aunque también encontramos 216 ataques contra mujeres —incluidos los que leerán en las historias sobre Saweto en Perú y Patricia Gualinga en Ecuador.

Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos —selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales— dentro de sus territorios.

Latinoamerica, Litio

El precio ambiental de la fiebre del litio en Argentina, Bolivia y Chile

  • Concentrado en cantidades ingentes en la salmuera de los salares de Bolivia, Chile y Argentina, el litio se ha convertido en la gran estrella de la megaminería mundial.
  • La explotación masiva amenaza con transformar definitivamente parajes desérticos donde las lluvias no superan los 200 mm anuales. La escasez de agua se presenta entonces como uno de los principales problemas ambientales que destacan los expertos.

Copaisa, el segundo salar más grande de Bolivia y el quinto del mundo en extensión, encierra en sus 2218 kilómetros cuadrados un lago del mismo nombre. Es una fotografía bellísima pero al mismo tiempo una metáfora del conflicto hídrico que atraviesa desde hace un tiempo el Altiplano de Bolivia, Chile y Argentina. Este espacio conocido como el “Triángulo del Litio” se ha convertido en uno de los blancos para la extracción de un mineral que es componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares y otros artilugios.

Los pueblos indígenas han sabido desde siempre cultivar y extraer de la costra salina las cantidades necesarias de agua para sus cultivos y ganado. Pero desde que el litio se volvió indispensable para las baterías acumuladoras de energía, el interés en los salares cambió radicalmente. El auge universal de la telefonía celular y otros aparatos electrónicos semejantes, junto al incalculable margen de expansión debido a la decidida apuesta por los vehículos eléctricos en los países del norte desarrollado, se unieron para desatar “la fiebre del litio”.

La megaminería

Marcelo Sticco, hidrogeólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires explica que para explotar el litio “se hacen pozos en la superficie y se bombea salmuera desde las profundidades hacia el exterior. Después se vuelca lo extraído en piletas construidas sobre el mismo salar y se deja que el sol vaya evaporando el agua para que solo queden las sales”.

Uyuni es el depósito más grande del mundo en contenido de litio como recurso y en él “hay una cantidad de salmuera que nos permitiría la explotación durante 200 o 300 años”, dice el ingeniero Juan Carlos Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB), la empresa estatal que el Gobierno de ese país creó para centralizar la explotación del mineral. En 2011, mucho antes de la creación de YLB, el mismo Gobierno de Bolivia había elevado a la Unesco el pedido para que Uyuni fuese incorporado a la lista de Patrimonios de la Humanidad. Hoy la idea ha sido dejada en un segundo plano.

De los tres países, Bolivia es el que lleva más retraso en la explotación. A cambio de este avance a paso lento, los ecosistemas de los salares se mantienen más o menos intactos, aunque no exentos de riesgos.

Chile es el caso contrario. El salar de Atacama, segundo más grande del mundo tras el de Uyuni, lleva más de dos décadas de explotación intensiva y los efectos de veinte años de megaminería ya son visibles a simple vista. “Atacama vive una agonía socioambiental”, sostiene Bárbara Jerez, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso en diálogo con Mongabay Latam: “Se están arrasando humedales, bofedales, ojitos de agua. Se ha roto el equilibrio hídrico del territorio y con ello también se está arruinando la economía local de los indígenas”. El Comité de Minería No Metálica de Chile ha establecido que la capacidad de recarga hídrica del salar es de 6682 litros/segundo. La descarga de las empresas es, sin embargo, de 8802 litros/segundo.

Argentina, por su parte, se encuentra en un punto intermedio. La explotación del litio lleva 21 años en el pequeño Salar del Hombre Muerto, donde la empresa FMC Lithium ya ha sido varias veces denunciada por contaminación de las aguas. En cambio, es más o menos reciente en Salinas Grandes y el complejo Olaroz-Cauchari y actualmente existen más de 60 solicitudes de permisos de prospección, de los cuales 28 ya están en proceso.

Los salares de los tres países comparten el mismo problema: “no hay líneas de base para hacer las valoraciones ni capacidad para efectuar controles efectivos”, dice la abogada argentina Pía Marchegiani, directora de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

 

Una especie de esponja que chupa agua embebida en sales

Marcelo Sticco, investigador de la Universidad de Buenos Aires, señala que el modelo general es igual en todas las cuencas del triángulo. Explica que ellas son como una olla rellena de materiales arenosos que funciona como una especie de esponja en las profundidades del salar. Allí se va acomodando la poca agua que ingresa al sistema. Mientras tanto, en los bordes y en franjas de pocos kilómetros se acumula el agua dulce que equilibra el líquido que entra y sale del sistema en forma natural y permite la existencia de vida en la zona. El movimiento de esos volúmenes de agua dulce está totalmente influenciado por lo que ocurre en el centro del salar.

“La explotación a través de pozos”, indica Sticco, “forma los llamados ‘conos de depresión’, embudos que cambian el gradiente hídrico. Si naturalmente el agua dulce se moviliza progresiva y horizontalmente, los conos transforman el lugar en algo así como en un tobogán y el agua se introduce casi de manera vertical. De este modo deja de estacionarse en los bordes del salar y ya no está disponible para la población, el ganado o la flora”.

En el fuero oficial, sin embargo, las opiniones difieren. “Uyuni tiene 10 000 km2 y nuestra área de intervención es de 40 km2, menos del 1 %. Además, el agua que ingresa al salar a través del río Grande supera en mucho la cantidad que evaporamos en nuestro proceso”, asegura el ingeniero Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB).

Pero el agua no solo se pierde a través del bombeo de salmuera. La evaporación en piletas requiere de dos millones de litros de salmuera por cada tonelada de litio producida y deben utilizarse grandes cantidades de agua dulce para los procesos finales de obtención del carbonato de litio.

“Hoy, los grandes actores económicos quieren invertir en litio”, analiza la doctora Marchegiani, “esto ocurre ahora mismo, pero simultáneamente se están buscando otras fórmulas para almacenar energía más baratas y fáciles de obtener”. El hidrógeno, el sodio, el silicio son algunos de los competidores. Treinta o cuarenta años de demanda masiva es el plazo máximo que la mayoría de los investigadores le dan a esta nueva “Fiebre del Oro”. Algunos incluso lo acortan por debajo de los veinte, un tiempo demasiado corto para estudiar a fondo los efectos posibles sobre ecosistemas desérticos, en los que las lluvias no superan los 200 mm anuales. Las empresas y los gobiernos se ven así empujados a acelerar los procesos sin detenerse en exceso a pensar qué puede ocurrir después, cuando la ola haya pasado.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/el-precio-ambiental-de-la-fiebre-del-litio-en-argentina-bolivia-y-chile/?fbclid=IwAR1MzihJUFTxsDM7UJAHoeqmIMmYE6LJSiqOhomYzRUno1cJKk0GRkSsor8

 

Latinoamerica

Pasivos ambientales mineros: ¿Qué pasa en los países vecinos?

Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) continúan siendo un tema pendiente para la industria minera en Chile. El país aún carece de una regulación específica, mientras se afinan los detalles de la futura Política Nacional de Relaves. ¿Qué sucede en otras naciones mineras de Latinoamérica? A continuación, una aproximación sobre este tema en los países limítrofes.

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El exponencial desarrollo que ha tenido la industria minera en el país, no condice con el progreso que ha tenido el perfeccionamiento de la regulación a la hora de hablar de los Pasivos Ambientales Mineros, más conocidos como PAM. Actualmente no existe una normativa que regule estos residuos de manera específica, pese a que se están dando pasos en la materia.

En 2018 el gobierno anunció una serie de medidas para abordar un aspecto de este reto ambiental. La idea es implementar una Política Nacional de Relaves, comenzando con medidas concretas en las regiones de Coquimbo y Atacama. Pese a que no se han divulgado novedades, actualmente el Ejecutivo trabaja en un catastro de los relaves en estas zonas para determinar las acciones a seguir.

Mientras aquello sucede, ¿qué ocurre en los países vecinos cuando de residuos mineros se trata? A continuación, una aproximación sobre este tema en la región.

Perú y la ley de 2004

De acuerdo a un catastro del Ministerio de Energía y Minas de Perú, hay más de 8.000 pasivos ambientales mineros en el país. Pese a que en 2004 el Congreso aprobó una ley que tiene por objetivo regular la identificación de estos residuos, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas; desde la secretaría de Estado reconocen que “hay que trabajar fuertemente en el tema”.

Un informe de la Cepal indica que “la ley deja mucho lugar para interpretaciones respecto a la responsabilidad” de estos residuos, aunque en 2005 la normativa fue modificada debido a las críticas relacionadas “a la posibilidad de que los titulares de las concesiones mineras puedan desligarse fácilmente de la responsabilidad de remediar los PAM a través de la renuncia a sus derechos mineros”.

En 2015 el gobierno peruano inició un trabajo colaborativo con Corea del Sur para mejorar la institucionalidad sobre la gestión de remediación. La idea no es solo la rehabilitación de la zona, sino también fomentar las políticas de revitalización económica de las áreas remediadas. Además, el gobierno anunció la suma de US$ 127 millones para la remediación de PAM durante 2018 y 2019.

Bolivia y su resguardo en ALBA

En Bolivia actualmente no existe una normativa específica para la gestión de los PAM. No obstante, de acuerdo al Código de Minería se indica que los operadores deberán realizar una auditoría ambiental, previa a la solicitud de la licencia para dar marcha a un proyecto.

En línea con aquello, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras regula la Auditoría Ambiental de Línea Base (ALBA), la cual permite identificar los daños ambientales producidos con anterioridad a la fecha de obtención de la concesión minera.

Pese a esta condicionante, no existe definición de plazos y criterios para la remediación y los posibles mecanismos de financiamiento. Asimismo, no hay una normativa que indique cuál es la función exacta del Estado boliviano respecto a los pasivos identificados.

Cabe destacar que de acuerdo a la última actualización que realizó el gobierno boliviano en el año 2014, existen 3.342 pasivos ambientales en 141 distritos del país.

Argentina y su experiencia en 2015

En Argentina no se ha elaborado una norma que regule la prevención, identificación, tratamiento y/o remediación de los pasivos ambientales mineros. El Código de Minería regula el cierre de minas, pero no las herramientas para garantizar la recomposición ambiental en la actividad.

Al poseer un sistema político federal, cada provincia de Argentina cuenta con una autoridad en materia minero-ambiental en su jurisdicción. Es por ello que en el marco del Nuevo Acuerdo Federal Minero -documento del 2017 donde el gobierno logró marcos comunes para el desarrollo de la minería-, se publicó un ítem dedicado a los PAM.

Como experiencia de manejo de estos residuos, figura en 2015 el trabajo por parte del gobierno en tres pasivos ubicados en Río Negro, Jujuy y San Juan, dando vida al Programa Gestión Ambiental Minera. Este programa piloto contó con un monto de inversión de US$ 40 millones, cifra que provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se enfocó en dos áreas: gestión ambiental minera y medio ambiente nacional.

 

Fuente:http://www.nuevamineria.com/revista/pasivos-ambientales-mineros-que-pasa-en-los-paises-vecinos/

Latinoamerica

Profunda tristeza por el fallecimiento de nuestras compañeras de caminar en la defensa del territorio

Las personas, grupos y organizaciones que conformamos el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- lamentamos profundamente la partida de nuestra colega y amiga, Ana Paula Hernández, oficial de Programas para América Latina del Fondo Global por los Derechos Humanos, quien falleció en un accidente automovilístico en los Cuchumatanes, Guatemala. Junto a ella viajaban Sally O’neill también perteneciente a esta organización, la compañera Ana Velázquez del Consejo de Pueblos Wuxhtaj de Guatemala y Daniel Tuc, chófer de confianza de compañeros y compañeras de organizaciones de la región.

Ana Paula fue una persona muy importante para el proceso que emprendimos como Movimiento M4 en 2011 allá en nuestra primera reunión en Honduras. Tanto ella como el Fondo Global por los Derechos Humanos han apoyado desde ese incipiente inicio nuestro caminar y ella en particular nos ha acompañado y participado innumerables veces en momentos claves de construcción de este proceso, demostrando un enorme compromiso humano con las personas que defendemos el territorio, creyendo en nosotras y nosotros en cada momento, acompañándonos con sus sonrisas, preocupada y ocupada por fortalecernos día a día.

Extrañaremos enormemente su presencia entre nosotros. Saludamos con profundo dolor y pésame a la familia y compañeros y compañeras que compartían trabajo con ella y también de quienes partieron junto a ella.

Hasta siempre, Ana Paula. Seguirás presente en nuestros corazones con todo el compromiso que nos compartías a cada paso. Sabemos de tu cariño por nuestras luchas y seguirás siendo una luz en ella. ¡Buen camino compañeras y compañero!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/profunda-tristeza-por-el-fallecimiento-de-nuestras-companeras-de-caminar-en-la-defensa-del-territorio/

Latinoamerica

Mineras canadienses violan derechos en más de 100 países: Rema

Las mineras canadienses violan derechos humanos y medioambientales en más 100 países alrededor. Esto, como consecuencia de su operar totalmente voluntario y laxo promovido por Canadá, denuncia en un comunicado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

 

Canadá permite al sector minero imponer leyes a modo para que éste “crezca” a costa del saqueo y despojo de recursos en los países donde poseen concesiones. Y es que las empresas se resguardan bajo el término de la “libre entrada”, pues les permite “explorar” y asentarse en cualquier zona para la explotación de minerales.

Según la organización, hay zonas como en la provincia de Ontario en las que es permitida la explotación de minerales o la construcción de una mina sin haber hecho un estudio ambiental previo.

En un comunicado, Rema explica que Canadá ha promovido la creación de tratados internacionales que protegen a inversionistas extranjeros en caso de que políticas nacionales atenten contra sus intereses. Como defensa de la merma económica, los empresarios pueden demandar a los Estados por afectar su crecimiento.

En cuanto a los daños ocasionados al medioambiente, refiere que no remueven residuos contaminantes explotados a pesar de que las mineras tienen la obligación legal de hacerlo con el propósito de proteger la salud humana y las zonas naturales. Para la Red, el hecho de remediar las zonas explotadas es un acto “cosmético”, porque “no hay forma de creerlo científicamente posible”.

La Red de Afectados por la Mineria recuerda que el mayor incidente ambiental ocurrido en la historia fue provocado por la empresa Imperial Metals, en el que fue destruida la quebrada Hazeltine y en el que fue contaminado por desechos minerales el lago Quesnel el 4 de agosto de 2014.

Con estos ejemplos respondió Rema al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que las mineras canadienses respetan la legislación en su país y que deberían hacer lo mismo en México.

 

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/04/04/mineras-canadienses-violan-derechos-en-mas-de-100-paises-rema/

Latinoamerica

¿Territorio internet? Espacios, afectividades y comunidades

La implementación de megaproyectos extractivos sigue causando daños en los territorios y perpetuando la violencia hacia las comunidades que en éstos habitan. El presente artículo propone un acercamiento a Internet como un espacio territorial, social y de creación, abordando en forma breve su vinculación con temas ambientales, afectivos y de resistencia.

La dimensión ambiental

Los minerales forman parte de nuestra cotidianidad, sin ellos la vida tal y como la conocemos no sería posible. Estos minerales también están presentes en la sociedad de la información actual, la cual tiene un fuerte componente tecnológico basado en infraestructuras informáticas materiales. La ‘nube’, por ejemplo, también es materia: suele decirse que es la computadora de alguien más en algún otro lugar del mundo. Y aunque «la percepción generalizada sobre la tecnología considera que su impacto medioambiental es escaso» ésta consume minerales, plásticos y mucha energía.

Bajo el sistema capitalista actual la explotación de estos materiales se produce a gran escala y tiene implicaciones que lo hacen insostenible para la vida: legaliza el despojo territorial y patrimonial de los lugares donde se asienta; propicia desarticulación de los tejidos comunitarios y locales; contamina aguas, tierra y aire; provoca enfermedades. Las violaciones a los derechos humanos son constantes y sistemáticas. Una vez más el sistema privatiza los beneficios [que van únicamente en dirección a las corporaciones y sus aledaños] y socializa las pérdidas. Las tecnologías tienden a reproducir esas asimetrías.

El impacto del consumo tecnológico podemos verlo tanto al final de la linea de producción [por poner uno de los ejemplos más reconocidos, el basurero electrónico de Ghana], como en medio, al constatar que las industrias de las tecnologías de la información y la comunicación son responsables de entre el 2% y el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

En medio hay un largo proceso de producción que para el caso de los teléfonos móviles por ejemplo, sabemos que tienen una vida de uso que en promedio no supera los 18 meses. Por ponerlo en cifras, para la fabricación de cada smartphone se utilizan más de 200 minerales, 80 elementos químicos, y más de 300 aleaciones y variedades de plástico. Los minerales metálicos más utilizados son: cobre, estaño, cobalto, níquel, coltán, oro y plata, muchos de ellos llamados ‘minerales de sangre’ y su extracción se realiza en mayor medida en territorios del Sur Global donde no solo hay disponibilidad de ellos sino condiciones ‘favorables’: escasas exigencias de seguridad, permisos ambientales laxos, permisividad de trabajo infantil, presencia de grupos armados ‘leales’ a los capitales, etc.

Por otro lado no es posible tener datos certeros sobre consumo de combustible necesario para la transportación de las materias primas a los lugares de fundición y luego a los de fabricación de las piezas y de éstos a los lugares donde se ensamblan [la más de las veces cada proceso sucede en países diferentes] y de ahí a la cadena de transporte que llevará los dispositivos a las vitrinas donde llegan relucientes, y ya sin las ‘manchas’ de antaño. Las condiciones laborales en toda esta cadena de producción [extracción, fabricación, ensamblaje, transportación, venta] no son, ni mucho menos, diferentes a las de cualquier maquila. Incluyendo el hecho de que son las mujeres quienes sufren las consecuencias con más frecuencia: «solo en Corea del Sur, la organización Sharps ha documentado más de 370 casos de trabajadoras de la industria electrónica, mujeres en su mayoría, que contrajeron cáncer y enfermedades incurables con apenas 20 ó 30 años de edad».

En cuanto al uso, se dice que «la industria de las TIC estaría consumiendo el 7% de toda la energía eléctrica generada a nivel mundial», siendo que la gran mayoría de ese porcentaje (entre el 82% y el 84%) sería consumo realizado por las y los usuarios finales. Las cadenas de mensajes, nuestras redes sociales, nuestras fotos de gatitos, no son inmateriales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/territorio-internet-espacios-afectividades-y-comunidades/

 

Latinoamerica

COMUNICADO. LAS CONSULTAS “BUENAS” NO EXISTEN “BASTA DE ENGAÑAR A LOS PUEBLOS”

Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran “bien hechas” o las otras hechas “a modo”. Frente a esto, en REMA decimos NO A LAS CONSULTAS REGLAMENTADAS Y TAMBIÉN A AQUELLAS “HECHAS A MODO”, porque ambas parten de no reconocer, menos respetar el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas “bien hechas o a modo”, son utilizadas claramente como una “nueva” herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencias por la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo.

En afirmaciones cargadas de eufemismo, se presume que las consultas son un ejercicio que busca la “inclusión de los pueblos indígenas y de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones”. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas, por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el consentimiento previo, libre e informado e incluso, no pocas veces se incorpora “lo culturalmente adecuado”. Sin embargo, en el fondo cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder.

En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos incluyendo el derecho de la naturaleza. Las consultas actuales “buenas y malas”, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos.

La experiencia en América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementa actualmente el gobierno federal en México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos y, en cambio, sí funcionan como un instrumento para legitimación del estado y los poderes económicos, y en consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que, desde afuera, siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales.

En Latinoamérica y en México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en un contexto definido bajo una gran asimetría de poder y, en consecuencia, persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes(comunidades y el Estado y las empresas promoventes), estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres le corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplican sin considerar que en esa visión comunitaria, intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de sus componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos la integralidad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera.

Las consultas son instrumentos impuestos contra los pueblos, sin importar si están mal o bien hechas o han sido hechas a modo. De fondo, las consultas plantean la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de “progreso y desarrollo” que desde hace varias décadas se ha definido con el fomento de la globalización. Sin territorio los pueblos literalmente desestructuran su pleno ejercicio a la libre determinación y a la autonomía.

Un listado que argumenta aún más nuestra postura:

  • Las consultas no son previas, sino pre elaboradas

Esta claro que las consultas no son previas, se hacen sobre un proyecto ya diseñado, y con empresas y financiamientos definidos, en donde también ya van determinadas las preguntas que, por supuesto no son de fondo, porque no se incorporan desde lo que los pueblos quieren para sus territorios y modos de vida. Es una farsa decir que es un proceso basado en la democracia cuando se pregunta sobre una propuesta ya elaborada, la cual se esgrime bajo la idea del “interés y la utilidad pública”.

 

  • Las consultas no son libres, sino forzadas

La lucha por el territorio la hacemos comunidades, mujeres y hombres que defendemos el territorio en condiciones profundamente desiguales frente a los poderes que enfrentamos. En ese contexto, las consultas suponen construir un contexto para el ejercicio libre de la opinión de la población, cuestión que no puede estar más lejana a la realidad. No hay posibilidad de diálogo, porque es un “diálogo” cerrado basado en dos falsas premisas que dirimen un presente, pero sobre todo un futuro; un  o un no.

Son ejercicios llenos de violaciones que se sustentan en la coacción; promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva en la que vivimos en las comunidades, ofrecen apoyos para proyectos de infraestructura, etc. Agreguemos a ello la creación de ambientes sociales de hostilidad, de amenazas y de agresión física para quienes las cuestionan. Por ello, el reciente asesinato de Samir Flores, en Morelos, será una carga llena de vergüenza para quien encabeza la 4T.

 

  • Las consultas no son informadas, sino manipuladas

El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. Los pueblos se enfrentan a un aparato gubernamental mediático y con mucha capacidad de influir y penetrar sus mensajes a favor del proyecto; pero no tienen las mismas condiciones quienes se oponen o quienes quieren ofrecer otro punto de vista. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar buenas decisiones a partir de ello.

 

  • Las consultas son vinculantes cuando les conviene

Sea cual fuera la decisión que resulte de una consulta, no es obligación del Estado ni de la empresa responder en consecuencia. Las consultas no incluyen el “consentimiento vinculante”. La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses. Actualmente varios países ya disponen de reglamentaciones sobre consultas que permiten “anular la obligatoriedad” del resultado de la consulta si ésta no resulta a favor de las empresas, tal como sucede, por ejemplo, en la iniciativa de ley peruana que ilegaliza las auto consultas desde los pueblos y que determina que la decisión final sobre la medida administrativa o legislativa corresponde al Estado.

Eso determina que, si no hay consentimiento de los pueblos, el Estado debe garantizar las medidas de mitigación del conflicto y daños a sufrir, tal como existe en México para proyectos de hidrocarburos con la servidumbre legal derivada de la reforma energética.

 

  • Las consultas son racistas, neocoloniales e intervencionistas

Quienes tratan de proponer “nuevos criterios y formas de consultas reglamentadas” como se está haciendo en varios países de América Latina, también están legitimando este ejercicio desmedido que ya tiene planteado el poder. La ingenuidad de creer en el Banco Mundial, en la ONU, en los gobernantes que son capaces de modificar la constitución para que se imponga una nueva ley de coacción –como ocurrió con la creación de la guardia nacional-, no puede seguir siendo considerado un espacio de participación real.

Los pueblos y las comunidades tienen vida colectiva, por lo tanto, tienen decisiones y definiciones que se realizan en asamblea, luego entonces ya ejercen su derecho a la libre determinación para tomar decisiones sobre su presente y su destino a futuro. Quienes participan en legitimar la inclusión de mecanismos que incorporen los más altos estándares internacionales, legitiman también el despojo porque de facto no reconocen y desconocen que los pueblos ya tienen sus propios procesos legales para la toma de decisiones que, por supuesto el estado no les respeta, pero a cambio el estado si quiere se respeten otras consultas no reconocidas legalmente. Así se perpetua la colonización y el racismo porque se sigue apostando a que, la salvaguarda de los derechos y la incidencia en políticas puede realizarse a través de contribuir a las leyes desde lo alto, desde arriba y con la abierta participación del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o distintas agencias de desarrollo de los países del Norte tales como; el USAID (agencia de desarrollo estadounidense) o el GIZ (agencia de cooperación alemana), por mencionar algunas que tienen una clara injerencia en las políticas neoliberales y el modelo extractivo.

Exhortamos a los pueblos y a las organizaciones que caminan con ellos, a no caer en el juego de los poderes fácticos al promover “la adecuada” participación en instrumentos que legitiman el despojo y el desplazamiento forzado. Participar en consultas o pedirlas es un error de fondo.

Los pueblos tienen y tenemos condiciones reales para decidir qué queremos para nosotros y para nuestros territorios y esta decisión la ejercemos en nuestros espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas.

 

MIENTRAS NO RESPETEN NUESTRAS DECISIONES, SUS CONSULTAS

SERÁN UNA FARSA SEUDODEMOCRÁTICA

 

LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA ES UN EJERCICIO

DE LOS PUEBLOS

 

¡NO A LAS CONSULTAS!

 

 RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/comunicado-las-consultas-buenas-no-existen-basta-de-enganar-a-los-pueblos/

Latinoamerica

Así es como las empresas mineras envenenan los acuíferos de Latinoamérica

“La minería metálica necesita del agua tanto para extraer la roca del subsuelo, como para lavarla y luego para separar la roca y el metal”, dice a Sin Filtros “La minería metálica necesita del agua tanto para extraer la roca del subsuelo, como para lavarla y luego para separar la roca y el metal”, dice a Sin Filtros el activista Alejandro Labrados. Para realizar la extracción de oro, se recurre a la cianuración, una práctica eficaz para procesar el material, pero sumamente peligrosa ya que solo bastan con dos gramos de esta sustancia para matar a un hombre.

Las empresas mineras riegan con una solución de cianuro el terreno, luego se aplica carbón para separar los componentes y se lava todo con agua. Sin embargo las empresas deben instalarse cerca de un acuífero o directamente encima de él, lo que provoca el desabasto de agua en las comunidades cercanas, así como la contaminación de lo que resta.

Latinoamérica sigue siendo un territorio que esconde vastos yacimientos de oro, y es en las zonas donde la regulación ha sido corrompida por la corrupción en las que se establecen las minas ilegales. Países como Guatemala, Honduras y El Salvador se prestan para estas prácticas, dejando poblaciones devastadas por el envenenamiento de sus fuentes principales de agua.

 

Fuente:https://noticieros.televisa.com/historia/empresas-mineras-envenenan-acuiferos-latinoamerica/