Latinoamerica

Estamos perdiendo la Amazonía y la batalla Global

Las imágenes son terribles y duelen. La Amazonía se está incendiando y el sentimiento de culpa es inevitable. Todos, de una manera u otra, le estamos prendiendo fuego y, como consecuencia, estamos perdiendo ese fabuloso bioma del que dependemos más de lo que creemos y sabemos.

Las tonterías que dice el presidente brasileño no sorprenden. Es el mismo que tiene como referente al ocupante de la Casa Blanca que sobre estos temas se lleva el premio de la estupidez. Pero tampoco podemos voltear la mirada cuando sabemos que el presidente boliviano promulgó, apenas el mes pasado, el decreto supremo 3973 que autorizó “quemas controladas”, precisamente en los departamentos de Santa Cruz y el Beni. Como informan los despachos de noticias, los incendios ya han arrasado por lo menos 500 mil hectáreas de ese bosque seco único en el mundo que es la Chiquitania, que se ubica precisamente en la provincia del mismo nombre, en el departamento de Santa Cruz.

Pero los incendios, en distinta magnitud están en todos los países amazónicos y van más allá, tocando otros ecosistemas. En el Perú tenemos los mismos problemas y similares desafíos y tampoco podemos ponernos en plan de observadores, esperando que los vientos no nos traigan el fuego de los países vecinos. Todos los años la deforestación incontrolada provoca que perdamos más de 140 mil hectáreas y el Perú figura en el vergonzoso top ten de los países con mayor deforestación a nivel mundial. ¿Las causas principales? La tala ilegal, la agricultura y la minería.

 

Que lo dramático de las imágenes de estos días y las miles de hectáreas que estamos viendo cómo se incendian en toda la Amazonía, no nos hagan peder de vista que desde hace años estamos dejando que esto pase. Algunos expertos mencionan que el 20% de la Amazonía ya la hemos perdido de manera definitiva y otro 20% está en franco proceso de deterioro.

No hay forma de revertir esta tendencia de deterioro si es que los países amazónicos no actuan de manera conjunta. Mientras que estas y otras iniciativas no se implementen, hay que ser concientes que la batalla por la defensa de la Amazonía y de todo el planeta la estamos perdiendo.

Latinoamerica

Minería, una industria inhumana en Latinoamérica

En fechas recientes, esta región apunta a la explotación de minerales codiciados por industrias como la tecnológica o la aeroespacial, como el litio y el niobio.

Latinoamérica apunta a la explotación de minerales codiciados por industrias como la tecnológica o la aeroespacial, como el litio y el niobio, aunque aún debe hacer frente a desafíos históricos como la minería ilegal, la gestión sostenible de los recursos o el reparto equitativo de la riqueza.
La historia de Latinoamérica y el Caribe está intrínsecamente ligada a la industria minera y particularmente a la exportación de materias primas, uno de los pilares de la economía colonial y moderna.
Hoy la región se mantiene como una de las principales reservas mineras del mundo, con una participación destacada en minerales metálicos como el litio (61 %), conocido como el «oro blanco», el cobre (39 %), el níquel (32 %) y la plata (32 %).
Solo Brasil posee cerca del 90 % de las reservas mundiales de niobio, mineral que se utiliza para hacer el acero más fuerte y ligero, mientras que Chile y Argentina son dos de los principales depósitos globales de litio.
Chile es un país con raíces mineras y de hecho allí se extrae una de cada cuatro toneladas de cobre que se producen en el mundo, lo que lo convierte en líder mundial (casi 5,8 millones de toneladas en 2018) por encima de Perú (casi 2,4 millones).
La minería latinoamericana apuesta por una diversificación de la cesta de materias primas, con la mirada puesta en minerales como el litio o el niobio, esenciales en el desarrollo de sectores emergentes de la llamada cuarta revolución industrial, marcada por el desarrollo de nuevas tecnologías y la automatización de procesos.
El Salar de Atacama, en el norte Chile, posee las mayores reservas mundiales de litio, básico en la fabricación de baterías para teléfonos inteligentes, tabletas o vehículos eléctricos, aunque el país no es el principal productor, ya que Australia le superó en 2018.
El director ejecutivo de la consultora Plusmining, Juan Carlos Guajardo, atribuye ese «sorpasso» a la regulación chilena, que declaró el litio mineral estratégico y limitó los derechos de explotación a dos empresas.
Esto ha hecho que la industria chilena del litio pierda competitividad frente a países como Australia o Argentina, el tercer productor mundial y donde hay cerca de 40 salares en diversas fases, desde la exploración inicial hasta en etapa de construcción.
«Los presupuestos exploratorios para el litio aumentaron más del 900 % en los últimos tres años», dijo a Efe la secretaria de Política Minera de Argentina, Carolina Sánchez.
Se prevé que el país alcance en 2024 exportaciones de litio por 1.200 millones de dólares.

El litio también es uno de los proyectos «estratégicos» de Bolivia, donde «la inversión global» asociada a su explotación se aproxima a los 5.000 millones de dólares.
El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, aseguró a Efe que unas catorce plantas para tratar sales de litio, materiales catódicos y producir baterías empezarán a operar en el país y cuando estén funcionando plenamente en un plazo de cinco años se prevé que generen esa misma cantidad de divisas anuales, aunque el proyecto total eleva su número hasta 40 fábricas.
En cuanto al niobio, un mineral altamente valorado en la industria automotriz o aeroespacial, su producción se concentró en 2017 en los estados brasileños de Minas Gerais y Goiás. Más extracción, más daño a comunidades y al medioambiente El Banco Mundial (BM) estima que para 2050 la demanda mundial de «minerales estratégicos» crecerá de manera significativa, teniendo «aumentos extraordinarios» particularmente en el caso del litio (965 %), el grafito (383 %) y el níquel (108 %).
«Si bien la creciente demanda de minerales y metales constituye una oportunidad para los países en desarrollo ricos en minerales, también representa un desafío: sin prácticas mineras climáticamente inteligentes aumentará el impacto negativo de las actividades mineras, lo que afectará a las comunidades vulnerables y al medioambiente», alertó el BM en mayo pasado.
El impulso a los nuevos minerales convive en la región con fenómenos históricos como la fiebre del oro, ligado en muchas ocasiones a la minería ilegal, que supone una amenaza para la Amazonía de Brasil, donde persiste a pesar de décadas de lucha contra la extracción sin normas. También en Bolivia está extendida la explotación de oro por cooperativas o asociaciones sin vínculo formal con el Estado.
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, cifra en 400 las cooperativas auríferas que operan en los márgenes de los ríos del norte de Bolivia, en parte en zona amazónica. «La explotación de oro está concentrada en manos del sector cooperativo, casi un 99 %», y «evade el pago de tributos», ya que está marcada por la «informalidad» y por condiciones «precarias» de trabajo, explicó.
Este fenómeno también está presente en El Salvador, donde los diputados han dado dos años de plazo (que vencieron en marzo de 2019) a los mineros artesanales y de pequeña escala para que cesen su actividad, aunque estos «no se quieren reconvertir», según Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Minería ilegal, una plaga que deforesta al amazonas Brasil, por su parte, cuenta con 321 puntos de minería ilegal en 132 áreas, principalmente en el pulmón verde del planeta, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).
La minería ilegal se ha expandido también con fuerza en la tierra de los indígenas yanomamis y se estima que hay 20.000 «garimpeiros» o mineros ilegales, casi seis veces más que hace un año, en los estados de Roraima y Amazonas (norte).
En Colombia, el río Sambingo, situado en el departamento del Cauca (suroeste), prácticamente ha desaparecido por las desviaciones de su cauce hechas por mineros ilegales que lo redujeron a pequeñas lagunas desconectadas entre sí.

Esta actividad también es la principal amenaza para la deforestación de la Amazonía en Perú y responsable de alentar la esclavitud de miles de personas y la explotación sexual en campamentos mineros, además de estar estrechamente vinculada a otros delitos.
«La minería ilegal se benefició en Perú del superciclo de precios, que generó también una acumulación económica muy importante para el sector. Lo más grave es que eso se ha traducido en poder político con influencia en los poderes locales, regionales y nacionales (…). Donde se implanta, al ser intensiva en el uso de mano de obra, logra legitimidad», explicó a Efe José de Echave, investigador sobre la economía de la minería y exviceministro de Gestión Ambiental.
Este fenómeno ha crecido notoriamente en Ecuador en los últimos años y se calcula en «unos 200 millones de dólares cada tres-seis meses» el daño generado por el impacto ambiental y el material extraído, según el exviceministro de Minería ecuatoriano Henry Troya.
En Venezuela, la búsqueda de oro y otros minerales está «impactando el curso de los ríos que alimentan la represa» de la principal hidroeléctrica, que da luz al 70 % del territorio nacional, y se está haciendo «sin ningún tipo de estudio de impacto», aseguró a Efe la diputada venezolana María Hernández, presidenta de la subcomisión legislativa para el Cambio Climático.
El Gobierno de Nicolás Maduro, acusado de comercializar con las reservas nacionales de oro para obtener liquidez, pretende generar 33.000 millones de euros en los siguientes seis años como alternativa no petrolera de riqueza. Para ello ha anunciado inversiones locales y extranjeras por unos 7.700 millones de euros y estima producir 80 toneladas de oro al año, un millón de quilates de diamantes, 12.000 toneladas de níquel y 35.000 toneladas de coltán.
En ese país, una de las economías más debilitadas por la hiperinflación y el desabastecimiento generalizado, las reservas de oro totalizaron cerca de 161 toneladas métricas a cierre de 2018. Minería vs defensa de los pueblos Otro desafío asociado a la minería en Latinoamérica son los conflictos sociales con los pobladores locales en zonas mineras.
Un caso emblemático es el proyecto Tía María, de la empresa Southern Copper Corporation, en Perú, cuando protestas de los agricultores de la zona terminaron con violentos enfrentamientos con la Policía que dejaron cuatro muertos y 300 heridos en 2015. La tensión social también se sintió en la localidad brasileña de Brumadinho, en donde la ruptura de una presa del gigante minero Vale provocó en enero pasado la muerte de 247 personas y otras 23 desaparecidas, tan solo dos años después de un desastre similar ocurrido en la vecina localidad de Mariana.
En México hay que sumar la presencia del crimen organizado en la industria, sobre todo en estados del norte del país, donde existen alianzas entre minerías y grupos del narcotráfico. Asimismo, la Policía colombiana ha alertado que varios grupos armados dedicados al narcotráfico se han pasado a la minería ilegal por ser esta una actividad más lucrativa: un kilo de oro cuesta hasta 20 veces más que uno de coca.

Fuente:https://bajopalabra.com.mx/mineria-una-industria-inhumana-en-latinoamerica?fbclid=IwAR32k_8x1f0QFuuNBIMT4OxbjvxNnRR0BWBS-xnh_0ufPQJtQTQcpue0eRQ
Latinoamerica, Mexico

Los espejos del despojo, la militarización y contrainsurgencia en el sureste mexicano y Centroamérica

Sudamérica se vuelve a los brutales tiempos de la Colonia, ahora con el “nuevo” extractivismo, que no es sino el ancestral saqueo de recursos naturales, tipificados como “materias primas”, y que, en los gobiernos progresistas de la región, se avala y promueve como un “extractivismo de izquierda” -que viene siendo algo así como un capitalismo de izquierda o una izquierda capitalista o a saber qué quiere decir eso-, pero igual destruyen y despojan, sólo que es por una “buena causa” (¿?).  Cualquier crítica o movimiento opositor a la destrucción de los territorios de los originarios es catalogada como “promovida por el Imperio”, “de aliento derechista”, y demás equivalentes a “es un complot de la mafia del Poder” 300. Sub comandante insurgente Moisés y SupGaleano

El 16 de agosto del 2014, el Congreso Nacional Indígena publicaba la segunda declaración sobre el despojo de nuestros pueblos, donde exponían a manera de metáfora, 24 espejos del despojo territorial y la guerra contra los pueblos a nivel nacional estructurada en una relación intrínseca entre violencias políticas del estado, a decir; la militarización, las reformas, la creación de leyes etc., y las violencias destructivas y anónimas del capitalismo; desde el actuar de las grandes corporaciones -mineras, petroleras etc.- hasta las del crimen organizado en su gran diversidad de carteles. A 5 años de dicha declaración, la guerra no solo se ha agudizado, sino que ha permitido la continuidad de la militarización y el despojo, so-pretexto de la lucha contra el crimen organizado.

El despliegue de la Guardia Nacional previsto para el 30 de junio del presente año, se ha adelantó para el pasado martes 18 de junio (1) debido a los acuerdos tomados entre el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad, y Mike Pence secretario de gobierno de EU. La intimidación de una guerra arancelaria impulsada por el presidente Trump a México puso a temblar al estado, sus instituciones y alguno que otro despistado y liberal dentro de esta geografía. Ante esto, detener el flujo migratorio en 45 días fue la condición del gobierno estadounidense para frenar la causa de lo que podría ser una “crisis económica por el alza a los aranceles en el futuro”.

Unas semanas antes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en conferencia matutina junto con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador una propuesta nombrada “Plan de desarrollo integral: El Salvador, Honduras, Guatemala, México” como respuesta para combatir el fenómeno migratorio en Centroamérica. Dentro de dicho plan resalta la posibilidad de establecer una interconexión eléctrica entre los países de dicha región que implicaría la construcción de un gasoducto de 600 km para “la integración entre el sur de México y América Central para llevar el exceso de gas natural y bajar el costo”, además, una terminal de gas natural y una central energética en el puerto Cortés en Honduras, el mejoramiento de infraestructura fronteriza en 950 km entre Guatemala y México, y una conectividad ferroviaria de 710 km desde la ciudad de Hidalgo en Chiapas, hasta en el puerto de la libertad en el Salvador (2) que pueda conectar, de la misma manera, Guatemala, Honduras, el Salvador y México. Sumémosle a esto, los proyectos de inversión en presas hidroeléctricas, en proyectos de parques eólicos y paneles solares, minería etc., como parte de la continuidad del proyecto Mesoamérica financiado por distintas corporaciones -como la petrolera EXXON, SHELL, ETC- y también por el Banco Mundial, (3) impulsados y justificados, de la misma manera, por la CEPAL.

El 14 de Junio se publica en el diario oficial de la federación el decreto en el que se crea el organismo “público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado denominado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ” (4) órgano que asumirá la dirección de la construcción de la diversidad de proyectos dentro Plan de Desarrollo Integral para el Istmo. Una semana antes, pobladores de distintas comunidades del estado de Oaxaca y de diferentes organizaciones sociales se habían reunido en un encuentro denominado “el Istmo es nuestro”, para rechazar la propuesta del canal interoceánico del gobierno federal.

A partir de las negociaciones el 5 de junio en la Casa Blanca, estas iniciativas, tanto de la CEPAL como del Corredor Interoceánico, se han acelerado para proteger los intereses no solo del vecino del norte, sino de las propias corporaciones. Este complejo de megaproyectos implica la materialización de un entramado económico con variables políticas netamente neoliberales que lo único que intentan es “resolver” la crisis dentro de los mismos marcos que la generaron. Crisis que se presenta ahora como migratoria, energética, política y económica.

Como respuesta al éxodo migratorio, se efectúa en estos momentos el despliegue de la Guardia Nacional -que comenzó el martes 18 de junio- que implica la movilización de 6000 elementos, así como 825 agentes del Instituto Nacional de Migración (5) en distintos puntos estratégicos de paso de migrantes en la zona sur-este.

Ante este panorama, el viernes 14 de junio renuncia Tonatiuh Guillen, comisionado del Instituto Nacional de Migración y especialista en temas de migración con fuertes críticas hacia las políticas anti-migrantes del gobierno estadounidense.  Ante esta deserción, asume la responsabilidad Francisco Garduño, quien había fungido como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social  a nivel Federal, a decir pues, un especialista en cárceles (6). Y entra en escena, el nombramiento de Kevin McAleenan como jefe del departamento de seguridad de los Estados Unidos, y la posibilidad de que Thomas Homan,  ex director de la agencia migratoria conocida como ICE, asuma este cargo en los próximos días, quien ha sido conocido también como el nuevo“zar fronterizo”, que, además de defender la separación de familias de los migrantes en el proceso de detención, promete redoblar 4 o 5 veces la inspección y deportación de migrantes, y fortalecer(7) los nuevos campos de concentración instalados ya en la frontera sur de este país. Esta ha sido la respuesta del gobierno de Trump al flujo migratorio, la militarización no solo de la frontera norte, sino el reacomodo del Comando Sur en Guatemala y la capacitación de este comando a militares hondureños en diferentes tareas, “incluyendo salas de limpieza, calificación de armas, registros de vehículos y puntos de control táctico” (8) con intención de combatir el éxodo y otras amenazas internas. Las prácticas de militarización y detención de migrantes han llegado a puntos extremos similares a los campos de concentración Alemanes del siglo pasado, como afirma David Brooks, “hemos entrado a lo que yo llamaría un sistema de campos de concentración… y la definición de eso es la detención masiva de civiles sin un juicio”. Por cierto, “la semana pasada se reveló que el gobierno de Trump usará una base militar en Oklahoma que fue campo de concentración para japoneses-estadunidenses internados durante la Segunda Guerra Mundial, para detener a unos mil 400 niños inmigrantes no acompañados”. (9)

El éxodo migratorio no puede entenderse sin la formula despojo-militarización, que en clave geopolítica se traduce como zonas de sacrifición (territorios estratégicos en recursos naturales, culturales) y zonas de acumulación, puntos geográficos que se “desarrollan” a costa de otros puntos geográficos y que descansan sobre  una lógica común; la violencia del capital, respaldado por los diferentes tipos de estado (desde los progresistas como Nicaragua hasta los neoliberales) y la injerencia de estrategias de contrainsurgencia, principalmente de Estados Unidos.

Es precisamente ahí donde entra la militarización de México con la Guardia Nacional. El control territorial del sur no es más que un esfuerzo de cuidar un proceso de reordenamiento territorial a favor del capital y sus grandes corporaciones, el Tren Maya y el Plan de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec y el de Centroamerica, se incertan ahora en la llamada “economia verde ó capitalismo sustentable” (10) como “nuevos espacios globales, en los cuales el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero” (11), un proceso de industrialización que implica la construcción de grandes zonas maquileras, -estrategicas a nivel global- y proyectos de “desarrollo”. El mismo papel que cumplirian las Zonas Economicas Especiales, sólo que ahora, con un nombre más amigable.

La década de los 80´s y 90´s estuvo marcada por una fuerte violencia entre grupos guerrilleros y ejércitos estatales auspiciados y asesorados por las distintas instituciones y departamentos de seguridad del gobierno gringo. Tanto el pentágono, el departamento de defensa y la CIA cumplieron un papel especifico en contrarrestar a los grupos insurgentes a partir de la instalación de bases militares en todo territorio centroamericano, esa estrategia en lenguaje militar se ha denominado “dominación de espectro completo”, que implica control y vigilancia de todo el globo a través de 5 comandos especiales, como ya sabemos, de Guatemala a la Patagonia vigila el Comando Sur. Centroamérica ha sido un laboratorio de contrainsurgencia impulsado por estos distintos departamentos de seguridad estadounidenses, que han llevado a imponer, en esa región tan estrecha, cerca de 28 bases y centros de operación militar. La estrategia de “dominación de espectro completo” no solo ha servido para combatir las subversiones, sino también para vigilar y controlar los recursos naturales. Renán Vega Cantor y Felipe Vega lograron retratar el establecimiento de las bases militares y centros de operaciones gringas en Latinoamérica a través de su investigación “Geopolítica del despojo; Biopiratería, genocidio y militarización” y “Los economistas neoliberales, nuevos criminales de Guerra” (12)  . La distribución de centros de operación y bases militares se distribuye de la siguiente manera:

México:

1).- Bases de Chicomuselo y Juquipilas en Chiapas, con 600 efectivos. Se funda como parte de la iniciativa Mérida, y la militarización del sur de México, sumado a los 14000 militares que se encuentran en Chiapas.

2).- Academia Estatal de formación y desarrollo policial en las Encinas, San Salvador de Chachapa al oriente de Puebla. El FBI y otras agencias gringas tienen participación directa.

Guatemala:

3).- Fondo de mantenimiento contra el narcoterrorismo, en San José Guatemala creada por el comando SUR.

4).- Centro de operaciones contra el narcoterrorismo en Champerico, creado por el comando Sur. Cuartel-centro de operaciones y muelle con inversión de 1.75 millones de dólares.

5).- Centro de Operaciones contra el narcoterrorismo en Tecun Uman, creado por el comando sur con una inversión de 1 millón de dólares.

6).- Centro de entrenamiento de fuerzas especiales Kaibiles. Poptún. Comando Sur y operaciones especiales Sur con una inversión de 1.15 millones de dólares, funciona como centro de operaciones y base aérea.

Honduras:

7).- Centro anti-narcóticos. Comando Sur. Contrato asignado en junio de 2010 por 1.2 millones de dólares.

8).- Puerto Castilla, Comando Sur. Con una inversión de 350 mil dólares.

9).- Base aérea y militar Sotocano y Palmerola. Se origino para contrarrestar la revolución sandinista y el movimiento guerrillero en el Salvador.

10).- Fuerza de tarea conjunta BRAVO-Sotocano.

El Salvador:

11).- Fuerza de tarea conjunta el Águila, base aérea de Comalapa.

12).- Locación de operaciones avanzadas Miraflores, por el Comando de operaciones especiales Sur.

Belice:

13).- Centro anti-narcoterrorismo. Callao Hunting y Callaos Sapodilla. Cuartel, centro de operaciones y muelle creado por el Comando Sur con una inversión de 1´750.000 dólares.

14).- Centro de operaciones contra el narcoterrorismo. San Pedro. Cuartel, centro de operaciones, muelle, almacenamiento de combustibles y dispensario, financiado por el Comando Sur con una inversión de 1.5 millones de dólares.

Nicaragua:

15).- El Bluff Bluefields. Construcción de un cuartel contra el narcoterrorismo por parte del comando sur, que aportó 1 millón de dólares.

16).- Cuartel contra el Narcoterrorismo. Isla Cuerno. Comando Sur con una inversión de 500 mil dólares.

17).- Corinto. Cuartel y muelle. Comando Sur con una inversión de 3.9 millones de dólares.

Costa Rica:

18).- Base Antinarcóticos. Liberia. Construcción por el Comando Sur en 2009. Construcción de un radar y hangar por EEUU. USEN.

19).- Base Naval Punteras. Calderas, Costa Rica. Creación de escuela de guardacostas. El Comando Sur aportó 2009 1,5 millones de dólares para la construcción de muelles e instalaciones.

Panamá:

20).- Centro contra el terrorismo. Isla Grande, Panamá. Cuartel, centro de operaciones, muelle y sistema de abastecimiento creado por el Comando Sur por 3.5 millones de dólares.

21).- Centro contra el narcoterrorismo. El porvenir, Panamá. Centro de operaciones, muelle y sistema de abastecimiento creado por el comando sur por 3.5 millones de dólares.

22).- Centro contra el narcoterrorismo. Puerto Piña. Cuartel, centro de operaciones y muelle creado por el Comando Sur con una inversión de 4 millones de dólares.

23).-Centro contra el narcoterrorismo. Puerto Obaldía. Inversión del Comando Sur por 3.5 millones de dólares. (13)

Los mapas muestran el reparto de dichas bases militares aquí mencionadas.

La militarización y control de Centroamérica permitió que en esta región se practicaran todo tipo de tácticas y estrategias de contrainsurgencia que fueron, en todos los aspectos, los generadores de la violencia que hoy repercute y expone sus efectos en el fenómeno migratorio.

Por otra parte, en el territorio dominado por el estado mexicano, la distribución del ejército se da a través de 46 zonas militares distribuidas a lo largo y ancho del país(14). Del estado de puebla a Chiapas encontramos por lo menos 10 zonas a cargo de esta institución castrense. Aunado a esto, de los 266 centros de operación de la Guardia Nacional, tan solo Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco se establecerán 50 de estos centros operativos, los cuales fueron los primeros en funcionar -desde el 18 de Julio- debido a la crisis migratoria.

La crisis que se presenta ahora ha venido acompañada de estrategias de “desarrollo integral” como respuesta a dichas problemáticas, no sin antes, como en el caso mexicano, militarizar la zona del problema con un muro de contención contra las y los despojados. Pero estas propuestas de desarrollo integral lo único que hacen es agudizar la violencia propia del capitalismo, mostrando una cara más amable. No olvidemos que fue la CEPAL – mediante sus análisis desde el enfoque de la economía política o capitalismo con rostro humano- quien propuso y dio las pautas “científicas” para el desarrollo de Centroamérica mediante el proyecto Mesoamérica.  No podemos obviar que “desarrollar integralmente una zona” en el lenguaje de la economía política, es simplemente la continuación de la reproducción del actual modo de producción que tiene como fundamento el despojo permanente mediante la violencia.

Y, como era de esperarse, a poco más de una semana del despliegue de la Guardia Nacional, los efectos de la represión comienzan a hacerse notar, la Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes denuncio el hostigamiento y violencia con la que han actuado los elementos de la Guardia Nacional sobre migrantes y defensores de derechos humanos en los últimos días (15), no solo en la zona norte del país, sino sobre todo en la parte sur, donde el Instituto Nacional de Migración en colaboración con la Guardia Nacional han actuado en redadas contra los migrantes (16). Y, como se previa, la zona sur-este del país, se ha vuelto un muro de contención militar en contra de las personas que vienen migrando.

En los últimos meses,  distintas organizaciones sociales y comunidades han denunciado al gobierno federal y al Intituto Nacional de Pueblos Indigenas por llevar acabo consultas amañadas (17) con la clara intención de darle continuidad a proyectos de despojo.

Por otra parte, el Congreso Nacional Indigena registra 117 asesinados desde su creación en 1996 y 11 desaparecidos, en tan solo 5 meses del actual gobierno se registaron 10 asesinatos contra miembros del CNI (18). Hay una guerra declarada contra el zapatismo, que no implica solamente el refuerzo de la militarización en territorio del EZLN, sino la agresión permanente hasta el asesinato de quienes se oponen a la toma del estado como forma de organizar la vida.

Pero es una imagen la que muestra la realidad de la guerra que ya esta en curso y de la que se avecina. El 26 de junio aparecieron muertos Oscar Martinez de 25 años y su hija Valeria de 23 meses de edad en los limites del Rio Bravo, en el norte del país al tratar de cruzar la frontera. La Organización Internacional para las Migraciones publico un estudio nombrado “Fatal Journeys Missing Migrant Children” donde señalan que son tres las cusas de muerte en el paso de migrantes en méxico 1).- Accidentes en el tren llamado la bestia, 2).- las causas desconocidas como desaparición y 3).- la violencia, (19) y afirman, que en 5 años, del 2014 a la fecha suman 1907 muertes registradas de migrantes, pero se les olvido explicar las causas puntuales que originaron la violencia y el despojo de quienes ahora migran, y el papel de las fuerzas armadas en dicho proceso.

La imagen del asesinato de Bertha Cáceres en Honduras, de los pueblos Xincas y Mayas en Guatemala, de las y los estudiantes y pobladores reprimidos y asesinados en Nicaragua, de la crisis política en Panamá y de los despojos territoriales en Costa Rica, nos muestra que es precisamente esta violencia de la clase criminal transnacional, las corporaciones y sus actores ilegales y legales, su vinculo con las instituciones del estado y la militarización y para-militarización, los factores que han obligado a las personas a abandonar sus territorios y/o resistir hasta ser asesinados.

Centroamerica y el sureste mexicano se nos presentan como un mosaico de imágenes, cada mosaico enfrenta su propia versión de la crisis e intenta salir de ella. La guerra que esta en curso y la que viene será la guerra de lxs nadie, de lxs dueños de nada, de lxs despojadxs y excluidxs, de lxs desplazadxs por la violencia de los estados, de lxs asesinadxs por las balas del capital, de lxs encarceladxs por las grandes corporaciones, de lxs desaparecidxs por el crimen organizado transnacional, la guerra que viene será la guerra de lxs nadie, de aquellxs que, como dice Galeano, cuestan menos que la bala que lxs mata.

 

Fuente:https://avispa.org/los-espejos-del-despojo-la-militarizacion-y-contrainsurgencia-en-el-sureste-mexicano-y-centroamerica/?fbclid=IwAR02wK9TNgGvXrhBqNpDnOAnO61G_BKEMmV5BKi_HaohKE7WobstfffAC0g

 

Latinoamerica

Minería criminal amenaza dejar sin agua regiones de Dominicana y Haití

El Noroeste y Suroeste de la República Dominicana, e igual en Haití, están amenazados de morir de sed a consecuencia de la sentencia que declara inconstitucional el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo, instituido en esta parte de la isla para proteger las fuentes de agua de la Cordillera Central que gravitan sobre esas regiones ubicadas a ambos lados de la súper-empobrecida frontera dominico-haitiana.

Los conjurados son la Cámara Minera, Cámara Forestal, Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y el Tribunal Constitucional (salvo dos excepciones), que conforma una especie de mafia saqueadora y depredadora y los concesionarios favorecidos por su ubicación dentro, en los bordes y proximidades del referido Parque Nacional (parte del descuidado sistema de áreas protegidas), son las corporaciones mineras UNI-GOLD (en su corazón), GOLD QUEST (lado Sur), los Canelones-Yasala Financial SRL-empresas de bienes raíces (cerca de UNI-GOLD, afecta la frondosa loma Nalga de Maco) y también en el Suroeste próxima a GOLD QUEST, LA BULLA-Francisco González Abreu (arenas titaníferas-arriba del Parque), SABANA NOVILLERO-Acero Ruiz (Santiago Rodríguez) y MATAS DE CECIBAO- Cemento Cibao (Parque PIQUI LORA).

La desprotección de 351 km2 que corresponden al Parque procura sacrificar el agua y la vida de esas vastas regiones (ya de por sí sumidas en crisis de agua) para engrosar arcas mineras privadas, cajas fuertes de grandes aserraderos y alcancías de capos políticos, mediante la extracción de oro, plata y titanio de las entrañas de la Cordillera Central que cruza longitudinalmente de Este a Oeste la isla; e incluye luz verde a la CARRETERA SUR-NORTE que uniría las principales concesiones a manera de ruta minera, financiada por el Estado dominicano para favorecer esas corporaciones.

Haití sería afectada dentro del régimen de consecuencias funestas de esa decisión en unas de sus pocas zonas fértiles: la Cuenca del Artibonito.

Adiós entonces al sistema de ríos, a las correntías que alimentan Presa de Moción, regadíos y acueductos provinciales en esa parte de la República Dominicana… Adiós producción bananera, ganadera y arrocera…

Una gran mentira es el sustento de esa determinación de muerte lenta, pero masiva, contenida en la sentencia inapelable del referido Tribunal Constitucional-TC, que aplastaría la vida vegetal, animal y humana, imponiendo escasez extrema de agua en esas regiones y garantizando abundancia de oro y dólares para un puñado de magnates.

Las tierras fueron comuneras, hoy son del Estado. La propiedad privada que esa sentencia defiende es la poderosa Uni-Gold (vinculada a la Barrick Gold que depreda el centro del país), concedida para exploración minera luego de establecido el Parque (con una extensión violatoria de la ley) y también la de las otras corporaciones espurias.

El “palo asechao”, artero e “inapelable” está en vilo, porque este pueblo, el que defendió el gran reservorio de agua y biodiversidad de Los Haitises y el tesoro natural de Loma Miranda, y defiende el fértil Valle el San Juan de la Maguana, seguramente apelará esa sentencia en calles y caminos repletos de multitudes indignadas.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/item/42871-mineria-criminal-amenaza-dejar-sin-agua-regiones-de-dominicana-y-haiti

Latinoamerica

El trazo sucio de la minas, rastreado en tres continentes

La serie “Green Bold” ha retomado las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar sobre los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por las compañías mineras. Informar sobre temas medioambientales puede ser costoso para los periodistas. Pueden pagar su compromiso con su trabajo, perdiendo la tierra en la que viven e incluso sus perdiendo vidas. Cuanto más sagaz y persistente es la cobertura periodística, mayor es la provocación de las compañías mineras. Unas compañías, que no dudan un instante en tomar represalias y bloquear el acceso a la información. Es particularmente el caso en la industria minera. Por primera vez, 40 periodistas de 15 países, organizados por Forbidden Stories, decidieron ir al terreno, rastrear las cadenas de suministro y usar herramientas de software para investigar las minas que en India, Tanzania y Guatemala trataron de impedir el trabajo periodístico.

Ciudad de México.- El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas.

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”.

 

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona.

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania.

 

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

Esto es lo que le sucedió al reportero Carlos Choc, miembro de una comunidad guatemalteca Maya Q’eqchi en El Estor, que durante un año debía trabajar en un proyecto de investigación sobre el impacto medioambiental y social de una mina de ferroníquel local. El 27 de mayo de 2017, un grupo de pescadores organizó un bloqueo para protestar a la vez contra las autoridades, que consideraban que les habían abandonado, y contra la mina, propiedad del grupo suizo Solway, al que acusaban de contaminar el lago Izabal que es su principal fuente de sustento.

Cuando los pescadores comenzaron a tirar piedras, los policías respondieron con balas. Una hora y media después, un pescador yacía muerto en el suelo en medio de un charco de sangre, con un proyectil en su pecho disparado por un policía. Carlos Choc, que capturó la escena con su cámara, fue inmediatamente acusado de “amenazas”, “incitación a cometer delitos” y “asociación ilícita”.

“La compañía de níquel, a través de sus trabajadores, estaba diciendo cosas como que yo llevaba un arma de fuego, o que yo llevaba un machete, o un palo y que era yo quien dirigía el grupo”, explica Choc. “Yo repito que, en primer lugar, nunca he llevado un arma de fuego. Mi trabajo es cargar una cámara fotográfica, o simplemente una grabadora, y llevar mi teléfono celular y mi computadora portátil. Eso es todo lo que llevo, no llevo nada más”.

Los periodistas, coordinados por Forbidden Stories, descubrieron que tanto los propietarios de las minas como las autoridades guatemaltecas mintieron repetidamente sobre la protesta y el impacto medioambiental de la mina. Un portavoz de la mina negó que la planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de las pruebas fotográficas que indican lo contrario. En cuanto a la contaminación del lago, entrevistamos expertos que cuestionan las afirmaciones de las autoridades. “Al comparar los niveles de níquel que se encuentran en el lago junto a la mina y la planta para procesar su mineral, con los niveles de las aguas que se encuentran más alejadas, hay pruebas bastante sólidas para sostener que la mina y la planta están contaminando el lago”, dijo el biólogo portugués Eduardo Limbert.

La empresa matriz Solway dijo que los niveles de contaminación no habían cambiado desde que la planta comenzó a operar.

Mientras las autoridades le perseguían con cargos criminales, Choc, tuvo que vivir clandestinamente durante más de un año, lejos de sus hijos. La situación era insostenible. Tras conocer que un colega suyo había sido arrestado por los mismos cargos, decidió esconderse de las autoridades hasta poder presentarse ante el juez.

Choc, finalmente pudo ver a un juez en enero y lograr así evitar la prisión preventiva. Ahora está a la espera de la audiencia sobre su caso.

Confrontado a todos estas informaciones, José Felipe Baquiax, un juez que preside la sala de lo criminal de la Corte de Guatemala, dijo a los periodistas de Expresso (Portugal) y Le Monde (Francia) que iniciaría una investigación sobre el juez Édgar Aníbal Arteaga López, el magistrado a cargo de perseguir judicialmente tanto a los pescadores como a Carlos Choc.

“La libertad de expresión está incluida en la Constitución, por lo que no constituye un delito”, subrayó Baquiax.

“Cuando los periodistas informan sobre temas medioambientales, a menudo informan sobre compañías o actores corruptos que están en total sintonía con el gobierno”, dice Bruce Shapiro, director de Dart for Journalism and Trauma de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. “Esto significa que los protagonistas de las investigaciones se convierten los enemigos más peligrosos del mundo, y me cuesta pensar en una categoría de reporteros de investigación que trate habitualmente con actores más peligrosos que los periodistas medioambientales”.

 

Las mafias de la arena callan a periodistas en la India

Esto a menudo significa enfrentarse a organizaciones poderosas. En el sur de la India, el cacique local de la minería de arena, S. Vaikundarajan, encabeza un imperio fundado por su padre en 1989. Su principal compañía, VV Mineral, extrae más arena de la que está oficialmente permitida y en lugares donde no se permite la minería.

“Aproximadamente, digamos que del 85 al 90% de la extracción de arena en la playa, legal e ilegal, está monopolizada por esta única familia”, dice Sandhya Ravishankar, un periodista de 37 años que trabaja en Tamil Nadu, un estado de la India donde la extracción ilegal de arena está devorando las tierras.

En Tamil Nadu, la extracción ilegal de arena ha ido aumentado desde los años 2000. En 2012, las autoridades del Estado decidieron actuar. Un prohibición fue declarada, mientras que investigaciones se abrieron sobre las potenciales actividades ilegales de la minería privada. Aun así, entre 2013 y 2016, las mineras exportaron más de 2 millones de toneladas métricas de minerales, según un informe de expertos presentado al Tribunal Superior de Madras.

Vaikundarajan dijo a Forbidden Stories que “la suspensión de la minería hasta que se complete la inspección no equivale a una prohibición de la minería”.

En un informe publicado en mayo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente subrayó los impactos ambientales y sociales de la extracción de arena, afirmando que es un tema de importancia mundial.

“Hay indicios de que nos estamos acercando a un futuro en el que el acceso a este recurso será un problema crítico para la sostenibilidad, y todos los costos de la extracción de arena sin control, están por venir”, enfatizó.

“Somos la única empresa que opera con una autorización ambiental válida… así que la degradación ambiental es una historia imaginaria que se difunde con un motivo oculto”, dijo Vaikundarajan, quien culpó de erosión del litoral al calentamiento global.

Ravishankar comenzó a informar sobre la extracción ilegal de arena de playa en 2013. Tan pronto como apareció su primera historia, recibió un recordatorio sobre la sensibilidad del tema: “El día que lo publicamos, al cabo de una hora o dos, llegó al periódico una demanda por difamación en la que se incluía mi nombre entre los acusados”.

La periodista de Chennai luego escribió una serie de seis artículos más pero nadie parecía dispuesto a publicar sus reportajes. Finalmente, en enero de 2017, el sitio web de noticias indio The Wire, publicó los resultados de su investigación. La periodista dice que empezó a recibir llamadas telefónicas amenazantes, que grabaciones de seguridad de una de sus reuniones con una de sus fuentes fueron publicadas en Internet.

“Sandhya Ravishankar tiene una enemistad personal contra nuestra compañía”, dijo Vaikundarajan en una larga declaración criticando largamente a la periodista que, según él, trabaja para uno de sus competidores.

Ravishankar no ha viajado a la región desde 2015 por miedo a su seguridad.

“Hay una verdadera parálisis por culpa de los ataques”, afirma Saul Elbein, un profesional independiente que ha escrito sobre el asesinato de periodistas medioambientales, para el Centro Pulitzer.

“A medida que el mundo se precipita hacia una crisis medioambiental, los reportajes más significativos que se realizan en los lugares remotos donde ocurren los delitos medioambientales, son cada vez más escasos. En otras palabras, las luces se están apagando, justo cuando son más necesarias.”

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/el-trazo-sucio-de-la-minas-rastreado-en-tres-continentes/?fbclid=IwAR2KN-cP-5AIksoon_amBSfmnANTIPH78u1CHuiomCVFhkLmokx704wb7hQ.

Latinoamerica

El Sínodo Amazónico frente a la idolatría del dinero

Para el misionero claretiano, padre César Espinoza, la idolatría del dinero y su seducción causan ceguera, muerte y como todos los ídolos exige sacrificios de parte de sus seguidores. Y en la Amazonía las víctimas son los pueblos indígenas con su diversidad cultural y espiritual, y los variados biomas que se topan con este infame ídolo.

“Sin lugar a duda -afirma Espinoza- el Sínodo de la Amazonía se convierte en un escenario eclesial y mundial para desenmascarar y arrancar esta <raíz maldita> que pone en peligro la Sagrada vida no solo de la Amazonía sino del Planeta, nuestra casa común.”

Recuerda también, en el comentario que compartimos con nuestros lectores que “la Red Iglesias y Minería en su lucha frontal contra este fetiche está impulsando la Campaña de Desinversión para que la Iglesia en sus múltiples organizaciones, adoradora del único Dios de la Vida, desinvierta en las empresas extractivas que han encarnado los interés diabólicos del “dios dinero” que ha impulsado “una economía basada en el lucro que atropella a los más débiles y a la naturaleza y ha fomentado una mentalidad utilitarista que concibe a la Naturaleza como recurso y a los seres humanos como productores-consumidores”.

Cómo superar y vencer a la idolatría del dios dinero, deberá ser sin duda uno de los desafíos del próximo Sínodo de la Amazonía a realizarse en el Vaticano, del 6 al 27 de octubre de este año. La Campaña de Desinversión en Minería, es una propuestas clara, viable y ética.

CAMPAÑA DE DESINVERSIÓN

Sínodo De La Amazonía

 “La raíz de todos los males es la codicia” (1 tim 6, 20)

“El cuidado de la vida se opone a la cultura del descarte, de la mentira, de la explotación y de la opresión. Al mismo tiempo supone oponerse a una visión insaciable del crecimiento sin límites, de la idolatría del dinero, a un mundo desvinculado (de sus raíces, de su entorno), a una cultura de muerte.” (IL 17)

“Tanto las cosmovisiones amazónicas como la cristiana se encuentran en crisis por la imposición del mercantilismo, la secularización, la cultura del descarte y la idolatría del dinero.” (IL 27)

«El drama de los habitantes de la Amazonía no sólo se manifiesta en la pérdida de sus tierras por el desplazamiento forzado, sino también en ser víctimas de la seducción del dinero, los sobornos y la corrupción por parte de los agentes del modelo tecno-económico de la “cultura del descarte”, especialmente en los jóvenes». (IL 53)

Los textos citados del Documento de Trabajo para el Sínodo de la Amazonía reflejan visiblemente que “La raíz de todos los males es la codicia” (I Tim 6, 10). Sin lugar a duda el Sínodo de la Amazonía se convierte en un escenario eclesial y mundial para desenmascarar y arrancar esta “raíz maldita” que pone en peligro la SAGRADA VIDA (alias de Jesús) no solo de la Amazonía sino del Planeta, nuestra casa común.

La idolatría del dinero y su seducción siguen causando ceguera y muerte. Todos los ídolos exigen sacrificios, y en la Amazonía es claro que las víctimas han sido los pueblos indígenas, con su diversidad cultural y espiritual, y los variados biomas que se topan con este infame ídolo.

El documento sugiere:

“Prestar una especial atención a la procedencia de donaciones u otra clase de beneficios, así como a las inversiones realizadas por las instituciones eclesiásticas o los cristianos

“Discernir cómo se genera y cómo se invierte el dinero en la Iglesia superando posturas ingenuas a través de un sistema de administración y de auditoría comunitarias, respetando la normativa eclesial vigente.” (IL 83)

La Red Iglesias y Minería en su lucha frontal contra este fetiche está impulsando la Campaña de Desinversión para que la Iglesia en sus múltiples organizaciones, adoradora del único Dios de la Vida, desinvierta en las empresas extractivas que han encarnado los interés diabólicos del “dios dinero” que ha impulsado Una economía basada exclusivamente en el lucro como único fin, que excluye y atropella a los más débiles y a la naturaleza, se constituye en ídolo que siembra destrucción y muerte… Una mentalidad utilitarista (que) concibe a la naturaleza como mero recurso y a los seres humanos como meros productores-consumidores…” (IL 103)

La “Campaña de Desinversión” es una propuesta:

  • clara y concreta de “Conversión Ecológica y Económica”.
  • que contribuye a atacar estructuralmente, de “raíz”, nuestra complicidad con el exterminio y la destrucción de la Vida en la Amazonía.

Es claro que “nadie puede estar al servicio de dos señores, pues u odia a uno y ama al otro o apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden estar al servicio de Dios y del Dinero” (Mateo 6, 24).

César Augusto Espinoza Muñoz, cmf. Misionero Claretiano, Red Iglesia y Minería

 

Fuente:https://iglesiasymineria.org/2019/07/01/el-sinodo-amazonico-frente-a-la-idolatria-del-dinero/

Latinoamerica

Los extractivismos como vicio

Si bien se cita frecuentemente a la moral en muchas cuestiones controversiales de la vida pública, como los extractivismos, las cuestiones de género o la corrupción, la realidad es que no todos están dispuestos a abrazarla. Muchos esgrimen categorías de la moral pero huyen de sus significados, y la convierten en eslóganes publicitarios, mientras que en la realidad la van recortando, encogiendo y restringiendo.

Están muy lejos de apaciguarse las polémicas alrededor de emprendimientos extractivistas como la minería en el sur o el petróleo en la Amazonía, discusiones en las que una y otra vez aparecen argumentaciones morales. Los defensores de los extractivismos insisten en que son buenos y necesarios. Algunos incluso acusan a quienes alertan sus impactos, por ejemplo campesinos o indígenas, como inmorales agentes que impedirían el progreso.

De una manera u otra hay una moralidad que defiende a los extractivismos como algo bueno y correcto, y a quienes denuncian sus efectos negativos los etiqueta como malos o ignorantes ¿Son tan buenos los que promueven explotaciones mineras o petroleras?, ¿Son tan malos los que protestan por la contaminación?

En realidad, la apelación moral en estos debates refleja los intentos de blindar a los extractivismos actuales y presentarlos como una actividad correcta y orientada al bien común, de modo que no embarcarse en ella sería incorrecto. Sería inmoral no continuar siendo extractivistas porque esos dineros financian la lucha contra la pobreza.

Esa ha sido la idea básica esgrimida tanto en Perú y Colombia, como en Venezuela y Bolivia. Con ese discurso se intenta superar la evidencia de los efectos negativos locales (pérdida de áreas naturales, contaminación, violencia) y sostener que más allá de éstos, los extractivismos deben preservarse porque aseguran el beneficio de las mayorías.

Esta peculiar postura moral es la vía elegida por aquellos que ya no pueden recurrir a la ciencia y la técnica para decir que los extractivismos son seguros y no contaminan. A medida que la ciencia convencional suma más evidencia, más se apela a esa moral que descansa en supuestas mayorías pero excluye a las minorías (casi siempre campesinas o indígenas).

Hoy ya es casi imposible afirmar que la contaminación de las mineras no afecta la salud de las comunidades locales. No existe, por ejemplo, tratamiento para la contaminación por metales pesados, como revela la situación de los obreros vinculados a enclaves como los de Antamina o Yanacocha; además, las consecuencias alcanzan a las siguientes generaciones, ya que entre otros efectos, los niños pierden sus capacidades cognitivas.

¿Cómo así entonces defender esta minería como moralmente buena o correcta desde el punto de vista de esos obreros o sus comunidades, si se ha dañado severamente su salud e incluso se afecta a las generaciones futuras?

Muchos de los impactos negativos de los extractivismos están impedidos o sancionados por la ley, pero como se sabe que esas regulaciones no se cumplen adecuadamente o pueden evitarse en un juicio, se mantienen las prácticas contaminantes. Nada impide pensar que los perpetradores de la contaminación saben que no tendrán una sanción jurídica, y que difícilmente pueden ignorar el daño que hacen y a la vez comprenden que menos aún serán sancionados por ello. Estamos ante inmoralidades elevadas al cuadrado.

Inmoralidades así ocurren con otros impactos: por contaminación de suelos o fuentes de agua, al impedir el acceso a la información y a la participación de las comunidades, al desplazar a indígenas, espiarlos o inventarles causas judiciales, y así sucesivamente, hasta llegar al extremo de los asesinatos.

Sin embargo no parece ser un problema suspender la moral respecto a los impactos locales, mientras se defienden a los extractivismos como correctos para el bien de las mayorías, en una suerte de utilitarismo extremo, al estilo de Bentham, pero además deformado: lo correcto sería lo que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas… aunque sea a costa de muchas comunidades y de la Naturaleza misma

Para esta rara moralidad empresarial y académica lo correcto son los resultados de una suma aritmética. En una formulación muy esquemática sería como afirmar que no importa el dolor o malestar infringido a unas pocas personas si con ello la mayoría de la población aumenta su gozo y felicidad.

Esa mirada no comprende las restricciones liberales más elementales, tales como advertir que las acciones de unos no deberían dañar o perjudicar a otros. Es por lo tanto una moral recortada o imperfecta, y muy conservadora al estar reñida con las posturas liberales clásicas. Otra paradoja, ya que suele asumirse que esa perspectiva filosófica es la que sustentan los economistas y empresarios que citan la libertad económica para promover los extractivismos.

Aristóteles puede ser un buen compañero para intentar salir de la confusión acerca de la moral. Los extractivismos son un ejemplo de acciones que se apartan de la virtud, tal como la entendía Aristóteles: la comprensión inteligente y consciente sobre lo que se hace. Contrario a la publicidad, que los pinta como expresiones de ciencia y tecnología de punta, son en realidad actividades muy poco inteligentes, que se recuestan en el beneficio económico empresarial a la par que desechan el daño social y ecológico. Si consideramos además que la virtud aristotélica, está referida a las acciones ajustadas a la esencia humana, sería difícil sostener que esa esencia es la de destruir paisajes o contaminar comunidades.

¿Se quiere hablar de moral en los extractivismos? Hacerlo en serio apunta a comprender que la bondad y la justicia se orientan a preservar la vida y salud de las personas y la Naturaleza. Dicho de otro modo: si eres bueno y justo no puedes ser extractivista. Hay un imperativo moral en proteger a las personas dañadas por los extractivismos, como a los ecosistemas que están riesgo.

En consecuencia, aliviar el sufrimiento de muchos e impedir la destrucción de la Naturaleza, requiere abordar cuanto antes las transformaciones que permitan abandonar la dependencia de los extractivismos. No se puede invocar a la moral para defenderlos, sino para buscar alternativas a ellos.

Esto no será sencillo ni se logrará de un día para otro, pero es lo correcto… y lo opuesto a la cháchara moralista con la que se cubre que en la realidad se recorten las consideraciones morales y éticas que nos alejan de las virtudes y nos conducen a los extremos. ¿Cómo llamar a esa situación? Son los vicios, respondería Aristóteles. Esta es la conclusión de esta reflexión: los extractivismos son un nuevo tipo de vicio contra la naturaleza y la sociedad.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/los-extractivismos-como-vicio?fbclid=IwAR1SYRlzk4IDyUHX_-OgKYmisnokxRDRKKTWHsDQDn2Xby-kFeLygP99Wzs

Latinoamerica

Red Iglesia y Minería convoca a Asamblea con eje en extractivismo y minería en la región

La Red Iglesias y Minería convoca a delegadas y delegados nacionales, representantes de los grupos de trabajo, miembros del Grupo impulsor y entidades fraternas a la IV Asamblea General que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante los días 20, 21 y 22 de agosto del presente año.

El extractivismo y las comunidades afectadas por la minería, será el tema central a partir del cual habrá reflexión y definición de acciones desde las iglesias.

Nuestra América Latina experimenta uno de los períodos más convulsionados vividos en la región. Desde principios de esta década, sufrimos una escalada de ataques a los procesos democráticos; reversión de las pequeñas conquistas sociales logradas entre 2002 y 2010; aumento de las tasas de deforestación y del número de sequías e inundaciones; así como una creciente persecución, criminalización y muerte de defensores/as de derechos socioambientales. 2018 marcó, en términos globales, el pico de los riesgos del calentamiento global.

Los consensos extractivistas de nuestros gobiernos, el aumento de las desigualdades, la escalada de la violencia y fragilización del aparato de protección ambiental, sea en términos de las legislaciones nacionales o
de los órganos públicos de defensa y protección, indican los enormes desafíos que América Latina enfrentará en los próximos años, enfatiza la red en su convocatoria.

La Iglesia Católica de América Latina, especialmente en este período en que está fuertemente involucrada en los procesos preparatorios para el Sínodo de la Amazonía, se siente convocada a ser luz y sal en este suelo sufrido.

Recuerdan que la Red Iglesias y Minería, ha venido estrechando lazos de colaboración y diálogo fructífero con el CELAM / DEJUSOL, con el Dicasterio par el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, con las entidades fraternas del CLAI, REPAM, CLAR, Amerindia, CIDSE, FSM, entre otros.

La Asamblea General busca dar una mirada y analizar esta realidad compleja y desafiante en la región.

 

Latinoamerica

La vida de los flamencos amenazada por la industria del oro blanco en los Andes

El “triángulo del litio” en los Andes sudamericanos coincide con el hábitat de tres especies de flamencos que utilizan estos humedales para vivir y reproducirse. ¿Será el boom del “oro blanco” el fin de estas majestuosas aves?

Los flamencos son esas aves tan particulares, altas y esbeltas, de patas y cuello larguísimos y un plumaje rosado muy característico. Su pico es una historia aparte, formado por miles de años de evolución para filtrar microorganismos del barro y el agua, parece más un gancho que un instrumento para picotear. Son además, especies emblemáticas para la conservación de los humedales salinos de altura, ya que para alimentarse y reproducirse utilizan estos paisajes, dando cuenta de la salud de los mismos. Se mueven de laguna en laguna, de manera alternativa y complementaria durante su ciclo anual de reproducción y a lo largo de sus vidas.

Existen seis especies de flamencos en el mundo y tres se encuentran en el sur de Sudamérica. El flamenco puna (Phoenicoparrus jamesi) y el flamenco andino ( P. andinus), que están mayormente restringidos al Altiplano compartido por Argentina, Bolivia, Chile y Perú, y el flamenco austral ( Phoenicopterus chilensis). El flamenco andino es la especie con la población más pequeña del mundo, rondando los 56 mil individuos en 2015. Se reproducen poco y sufren de un elevado grado de amenaza, por lo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) los clasificó como especie “vulnerable”. Las poblaciones de flamenco puna no alcanzaban en 2015 a 160 mil individuos y están aún más concentrados en el Altiplano que los otros flamencos. Por último, el flamenco austral ostenta una mayor población y habitan desde los lagos salinos de la Puna Seca Central hasta los humedales costeros de Patagonia.

El Altiplano, una región única en el mundo.

El Altiplano de Sudamérica se desarrolla desde los Andes del sur de Perú, a lo largo de Bolivia y norte de Chile, hasta el noroeste de Argentina. Comprende dos eco-regiones: Puna entre los 3000 y los 4300 msnm y Altoandina por encima de los 4300 msnm. El clima es duro; frío y seco, con temperaturas por debajo de los cero grados casi todo el año y poquísima lluvia. La amplitud térmica diaria supera los 30° C. Es un ecosistema de una gran belleza paisajística, con volcanes que estuvieron activos hace millones de años y formaron campos de lava, llamados escoriales, cadenas montañosas y suelos arenosos y pedregosos. El clima inclemente determina la presencia de vegetación capaz de vivir en este medio. Las vicuñas, guanacos, chinchillas, zorros colorados y pumas son otros animales representativos de esta región.

Los ambientes acuáticos donde viven los flamencos han sido poco estudiados por los biólogos, principalmente por el difícil acceso debido a las grandes distancias, la altura y el clima extremo y para complicar aún más el panorama, según los investigadores del Grupo de Conservación Flamencos Altoandinos(GCFA) “Los humedales salinos del Altiplano que constituyen el hábitat de los flamencos, así como la flora y fauna asociada, están amenazados por el desarrollo industrial —expansión de la minería metálica y no metálica, ampliación de la producción de energía geotérmica y de instalación de gasoductos y electroductos— avance de la frontera agrícola y el sobrepastoreo y el turismo no regulado. En tanto que en Tierras Bajas, la industrialización agrícola, particularmente el monocultivo de soja y la consecuente impermeabilización de suelos, provoca la expansión y dilución de humedales salinos o el drenaje y desecación de los mismos para desarrollo urbano y de redes viales.”

 

Científicos por los flamencos en el clima más extremo

En 1996 un grupo de investigadores científicos y de especialistas en áreas protegidas, preocupados por la conservación de los flamencos altoandinos y sus hábitats, conformó el Grupo de Conservación Flamencos Altoandinos que reúne a conservacionistas de la sociedad civil, la academia y el sector gubernamental de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Desde que comenzaron con sus investigaciones, el grupo coordina un programa regional de investigación y conservación que, en base al monitoreo de las poblaciones de flamencos, el estudio de la distribución y su uso del hábitat, promueve el fortaleciendo de actividades de conservación y manejo de sitios clave donde habitan. La protección de colonias de nidificación que impulsan logró generar conocimiento suficiente para saber más sobre las amenazas que sufren estas aves y planificar acciones para mitigarlas. Paralelamente, trabajaron en capacitar a la comunidad sobre estas problemáticas.

 

Para conocer cuántos flamencos hay en un lugar se realizan conteos o “censos” simultáneos en distintas lagunas. No es una tarea fácil, ya que estos sitios son de difícil acceso y el clima muy inhóspito. Sin embargo, gracias a esta labor se generó nueva información y se formularon nuevos interrogantes que dieron lugar a estudios orientados a conocer con más detalle el ciclo de vida y los desplazamientos de estas especies.

“También se desarrollaron las primeras gestiones de conservación a escala local y transfronteriza, estas últimas apoyadas por la Convención de los Humedales Ramsar y por la Convención de Especies Migratorias (CMS)” informa Patricia Marconi, miembro del GCFA, además “el análisis de los datos obtenidos permitió al equipo identificar humedales prioritarios para la conservación de los flamencos altoandinos y focalizar de esta manera las acciones de protección, mediante la formulación de un proyecto de Red de Humedales de Importancia para la Conservación de Flamencos Altoandinos”.

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Parinas grandes y Parinas chicas

El proyecto de Red fue oficialmente presentado en 2007 y fue incorporado como proyecto subregional de la Estrategia Regional de Conservación de Humedales Altoandinos impulsada por la Convención Ramsar y suscripta por ocho países de América, incluyendo Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

El oro blanco que puede acabar con los humedales del altiplano

Argentina, Chile y Bolivia concentran más del 75 por ciento de las reservas de litio mundial. La tonelada pasó de costar de 4.000 a 14.000 dólares en cuatro años, especulando con que en un futuro cercano, la demanda será mayor que la oferta. La mayor concentración de litio en salmuera se encuentra en el Altiplano de Sudamérica y coincide con los sitios prioritarios de la Red de Humedales de Importancia para la Conservación de Flamencos Altoandinos.

El Altiplano de Catamarca, por ejemplo, es una gran planicie de altura de más de 30.000 km2, donde se destacan más de 40 humedales que constituyen un oasis para la diversidad biológica y las actividades humanas. Allí, la mina Fénix es el único proyecto en estado de producción. El año pasado, alcanzó las 21.500 toneladas anuales pero según comentan en la Secretaría de Minería provincial, el objetivo es ampliar la capacidad a 40 mil. Los demás proyectos catamarqueños, Tres Quebradas y Sal de Vida, se encuentran en estudio de factibilidad y cuando comiencen a producir en 2025, Catamarca habrá alcanzado una capacidad superior a las 100 mil toneladas.

Para extraer el litio de la salmuera, debajo de los salares, se utiliza la técnica de la evaporación de agua, pero en este ambiente desértico de altura, el balance hídrico, aún sin intervención humana, es negativo. La extracción de grandes volúmenes de agua dulce y salobre provoca serios desbalances hídricos y disturbios hidrogeológicos dentro de la cuenca que es intervenida y en cuencas adyacentes, con consecuencias sobre la biodiversidad y los modos de vida de las comunidades locales, mayormente integradas por pueblos originarios .

Para empezar, los proyectos de explotación minera requieren de la obtención de la licencia ambiental y social. El proceso de obtención de estas licencias depende de la aprobación de evaluaciones de impacto ambiental (EIA) pero en “el triángulo del litio”, estas no se ajustan a los criterios y estándares internacionales. Según denuncian los investigadores, los aspectos hidrológicos son subestimados, el agua no se valora como servicio ambiental, carecen de enfoque ecosistémico y de manejo integrado de cuencas, y se ignora la condición de las áreas protegidas (Reserva de Biósfera,Sitio Ramsar, Reserva Nacional o Subnacional). Para peor, los EIA son aprobados por la autoridad minera, sin intervención de otras áreas administrativas como ambiente, turismo, agricultura o recursos hidrícos. “La participación pública se restringe a presentaciones informativas y se ignoran los compromisos emanados de las convenciones internacionales, así como las herramientas de planificación y gestión participativa de las áreas protegidas” denuncian.

En cuanto a los flamencos, actualmente su población muestra tendencia al crecimiento poblacional de las subespecies andina y puna, sin embargo, se registraron algunos fenómenos alarmantes como el evento de mortandad masiva por desnutrición registrado en 2015 en Laguna Grande, Catamarca.

Quienes trabajan por la protección de los flamencos y sus hábitats luchan por logran la implementación de una estrategia de conservación regional a largo plazo, que a través de la conservación de los flamencos asegure la integridad de los humedales altoandinos y su contribución a los sistemas humanos locales y globales. Esta tarea requiere de un enfoque regional y transfronterizo y de un esfuerzo compartido por los países del área de distribución de los flamencos, así como también por todos aquellos sectores —minería, turismo, producción animal— que intervienen en el Altiplano.

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Perforación en Salar Tres Quebradas

En ese camino, los investigadores han desarrollado, en algunos sitios prioritarios, programas de conservación participativa que incorporan a las comunidades locales en la planificación y protección efectiva de los humedales altoandinos, y en conjunto con el sector privado y gubernamental, se establecieron directrices y protocolos de buenas prácticas en turismo y en minería. Sin embargo, queda mucho por hacer si queremos que esas maravillosas aves y los ecosistemas que les dan cobijo sobrevivan. Según el grupo de conservación de flamencos altoandinos “el desarrollo de investigación para determinar la dinámica hidrogeológica de todas las cuencas cerradas del Altiplano es imprescindible, luego establecer una zonificación basada en información científica, a fin de proteger los humedales más valiosos y vulnerables y garantizar la participación de las comunidades, fortaleciendo la regulación internacional, nacional y local en todas las etapas del proceso de las baterías de litio, de la cuna a la tumba.”

Desde su perspectiva, el crecimiento de la minería de litio en el Altiplano de Catamarca no puede ocurrir por fuera de los ecosistemas naturales y de las comunidades locales, que es justamente lo que han comprobado que está ocurriendo con graves consecuencias: afectando la diversidad biológica, los procesos naturales y el modo de vida de las comunidades locales.

 

Fuente:https://www.vice.com/es_latam/article/vb9bnj/la-vida-de-los-flamencos-amenazada-por-la-industria-del-oro-blanco-en-los-andes?fbclid=IwAR2Y2RJW7AQ5PLuV95WK6rOWfVFYD8ytdHtGVYoDZkMX4j2fZFXWCzGdjxs

Latinoamerica

Cartografía neocolonial del poder minero en América Latina/Abya Yala: La planadora territorial

Toda cartografía es constitutivamente intencional, es decir, es producida con fines de apropiación y control sobre el espacio. Sabemos que detrás de la cartografía, cualquiera que sea, siempre hay sujetos y/o colectivos que desean imponer su orden. En definitiva, toda representación sobre el espacio es territorial. De esta forma, todo mapa es político, y no nos referimos precisamente al mapa de los Estados modernos que dividen los continentes, sino al contenido y a sus atributos, con el cual se anima y se invita a ejercer el poder. Podemos decir, entonces, que toda cartografía es producida para controlar las relaciones espaciales. Si esto es así, todo actor con ansias de poder tiene que producir mapas, porque este es ejercido mediante el instrumento cartográfico que lo haga viable territorialmente. No es gratuito que Yves Lacoste (1990), un personaje clasico en el estudio de la geografia, haya sentenciado que esta “sirve para hacer la guerra” puesto que es un conocimiento estratégico. Por eso es que los mapas son el instrumento de control territorial más eficaz para producir un tipo de realidad, que no es más que la realidad de quien o quienes lo han producido. Dicho de otra forma, la cartografía es una “planadora territorial”, porque borra las diversas relaciones e interacciones que se dan en los espacios, al imponer una visión de mundo. Parafraseando a Massey (2005) toda representación cartografica es “a-espacial”, esto es, congelan las relaciones que están circulando y hacen posible la diversidad de territorios.

Hablamos especialmente de ciertos mapas con los cuales se legitima el poder institucional con fuerza de ley, como es el caso de los mapas metalogenéticos que tienen como función saber orientar el desarrollo economico de los territorios y articular a los diversos pueblos a los circuitos del mercado mineral global, pero en condiciones de inferioridad y de fuerza de trabajo casi servil. Una vez son identificadas las franjas mineras, o sea, la localización de los minerales, se impone el discurso del desarrollo minero, el de la mineria responsable y ambientalmente sostenible. Enfin, se impone una visión de mundo moderno/colonial de expropiación/extractiva. A nuestro entender, los mapas mineros sirven para “barrer” las diversas expresiones espaciales de la cultura, históricamente se ha hecho asi y se continuará haciendo en toda Abya Yala. Ahora bien, miremos el contenido y el horizonte desde el cual la cartografia minera o mapas geológicos hacen tabula rasa.

Mapas y franjas metalogenéticas: instrumentos para la circulación del capital

Los grandes descubrimientos como la Ley Mineral definida como el grado de concentración de los minerales en las rocas y/o material mineralizado de un yacimiento[1], es el responsable de la extracción de la abundancia mineralizada, molecularizada, que posterior a un proceso de amalgamiento es convertida en lingotes de plata, oro, platino y cobre. Tales minerales están diseminados en grandes superficies terrestres y subterráneas, de allí que sea necesario diagnosticar en porcentajes (%), partes por millón (ppm) o gramos por tonelada (gt) los yacimientos mineros. Por eso es que la megamineria o minería a gran escala implica la extracción de grandes volúmenes de tierra que contienen minerales de baja ley, es decir, minerales de concentración que por su grado de diseminación necesita de grandes plantas o establecimientos para su extracción. Entre más grande sea la mina, puede que los depósitos de minerales sean de más baja ley y/o concentración, proceso que determina el tamaño del tajo minero y el empleo de cantidades exorbitantes de agua, energía y remoción de tierra.

De acuerdo con lo anterior, los países de la región están divididos, no por el mapa político de los Estados, sino por regiones metalogenéticas, es decir, por la distribución espacial (franjas) de los recursos minerales metálicos y no metálicos, donde se determinan los yacimientos de carácter mundial, estratégicos y prioritarios a nivel nacional. Esta forma de comprender la “abundancia mineral”, tiene consecuencias políticas e incluso epistemológicas tanto en la reconfiguración geopolítica de los territorios como de la implantación de estructuras de conocimiento, donde el concepto técnico-geológico valida las pretensiones desarrollistas sobre aquellos espacios hacer objetos de explotación.

En el Mapa Metalogenético de Colombia de 2016 identificó “447 depósitos minerales de interés económico nacional, 3111 ocurrencias o manifestaciones minerales que evidencian el potencial en exploración, 26 distritos mineros aluviales los cuales muestran indicios de concentraciones de oro, platino y titanio, 79 distritos mineros “in situ” que incluyen depósitos y ocurrencias de interés económico y 16 cinturones metalogenéticos, incluidos en 6 grupos principales para oro, esmeraldas, cromo, níquel, cobre y molibdeno”[2] (Mapa Metalogenético de Colombia 2016). Otro caso es México que a través de su Servicio Geológico Nacional delimitó 12 provincias metalogenéticas y caracterizó 33 yacimientos minerales a los que llama de clase mundial, es decir, que por su tamaño y factibilidad económica son de relevancia mundial” (Servicio Geológico Mexicano 2016, 105). Un último caso por ejemplificar, es el Perú que cuenta con 23 franjas mineralizadas sobre las cuales están concesionadas 18.364.015 millones de hectáreas sea para la explotación, exploración y aun sin explorar. Cabe resaltar que todas las franjas están localizadas en áreas de montaña, que para el caso de Colombia y Perú[3] corresponde a la cordillera de los Andes, dada la variedad de suelos y tipos de roca que han favorecido a la mineralización de depósitos minerales por siglos, que de no ser por la ciencia moderna de los minerales y/o ingenierías no sería posible identificar estos espacios.

 

Los tres casos presentados tienen en común, además del concepto técnico de identificar las franjas mineras, la orientación económica de las regiones en términos de producir enclaves mineros (Machado 2015), desde el cual se proyecta un futuro a extraer. Dicho de otra forma, existe una visión de mundo que hemos subjetivado asociado a la idea de que donde hay minerales se les tiene que extraer, porque de resto es una pérdida de tiempo y de dinero. Desde nuestro criterio, estos mapas están regidos por la concepción colonial de orientar la energía y la materia hacia el Norte global, proceso originario que comenzó en 1492 con el colonialismo externo y que sigue siendo gestionado por los Estados coloniales impuestos. En ese sentido, las cartografías mineras tienen como intención identificar y localizar los espacios por donde pueda circular el capital y la modernidad, estableciendo jerarquías políticas y epistémicas, como es el caso de la instalación de enclaves que tiene como funcionalidad conectar el capital transnacional y los depósitos mineros locales, pero desde una visión explotativa (Quijano 2013). En definitiva, sobre estas áreas mineras la modernidad materializa su sentido originario que es “exportar el suelo de los Otros”, al imponer diversas jerarquías que Aníbal Quijano (2000) llamó colonialidad del poder.

Desde hace 527 años los europeos y ahora los norteamericanos han estudiado los cuerpos, los territorios, la cultura y la organización social, en conjunto con el suelo y el subsuelo del Abya Yala, porque de esta manera pueden intervenir geopolíticamente los espacios para asegurar la exportación de la Naturaleza, que son las fuentes de vida de múltiples pueblos. Para lograr esto necesitan proyectar sus deseos sobre las áreas y tierras abyayalense, produciendo “silencios epistémicos” desde su marco de referencia o, como diría Bautista (2018), desde sus marcos categoriales y modelos ideales con los cuales entienden e interpretan el mundo. La cartografía minera es una expresión de esta proyección sobre lo desconocido, una nueva aventura por conquistar que se abre con cada mapa colonial minero.

 

El poder de la cartografía minera y los silencios epistémicos

Dice Boaventura de Sousa (1991) que “la principal característica estructural de los mapas reside en que, para desempeñarse adecuadamente en sus funciones, tienen inevitablemente que distorsionar la realidad”. Pues bien, los mapas mineros cuando se los ve desde sus convenciones, silencia la diversidad de los territorios. La distorsión de la realidad consiste en excluir todo, lo que permite concluir que no hay nada, solo hay minerales. Si tomamos como ejemplo una franja metalogenética, seguramente vamos a ver símbolos como Au (oro), Cu (cobre), Mo (Molibdeno), Ag (plata) entre otros. El resultado de esto son paisajes uniformes, generalizados y un empobrecimiento del espacio como sucede en la actualidad con el extractivismo-minero en toda la cordillera de los Andes y del Amazonas. Un paisaje extremadamente diverso que está siendo disciplinado/destruido por la megamineria moderna. Harley (2005) dice que:

 

[…] la falta de diferenciaciones cualitativas en los mapas estructurados por la episteme cultura (moderna) sirven para deshumanizar el paisaje. Estos mapas transmiten un conocimiento que mantiene al sujeto al margen… si los lugares se les ven parecidos se les puede tratar de forma parecida. El espacio se volvió un producto socialmente vacío, un paisaje geométricamente de hechos fríos, no humanos (Harley 2005,  131).

 

La “deshumanización del paisaje” tiene que ver con la creación de una realidad u orden que se inclina hacia el progreso y la modernización, obviamente manipulada por parte de los poderosos de la sociedad (Ídem). Podemos decir con este autor mencionado, que la cartografía minera está cargada de valor, porque los mapas no son “registros inertes o reflexiones pasivas sobre el mundo”, son la manifestación de una racionalidad que guía formas de producir espacios, por tanto, maneras de producir discursos sobre las áreas representadas. Ya el simple hecho de localizar y nombrar los minerales tiene un significado político, porque sobre estos gobiernan determinados códigos, racionalidades, un modo de producción, un uso social de la tierra, el ordenamiento territorial entre otros aspectos. Desde nuestra perspectiva, todo mapa le precede una intencionalidad y tiene un efecto político, por tanto, una creación de determinada verdad al distorsionar la realidad, es decir, una realidad invertida (Bautista 2018).

“La modernidad no sería posible sin los mapas”, puesto todo mapa es colonial. Por eso decimos que cuando el Estado moderno tiene más ambición por el control de su soberanía, esto es, recursos y población, mayor es su apetito de mapas (Harley 2005). De allí, la existencia de los mapas geológicos que penetran el subsuelo para saber sus potencialidades económicas y orientar su desarrollo. Es decir, es necesario tener conocimientos de los recursos que posee un Estado para ejercer sobre estos un poder. Una vez identificados los recursos minerales, el Estado desarrolla dispositivos de legitimación, es decir, lleva las narrativas del desarrollo minero al instaurar un “régimen de verdad” que permita la extracción, esto es, implanta una realidad minera donde anteriormente no existía, encontrando en la cartografía una herramienta extremadamente poderosa donde se funde la dimensión política y las dinámicas de los territorios en una imagen que permita su saqueo. Cabe recordar que se necesita de esto, porque como dijo Ratzel (1988) “el Estado vive del suelo”, necesita extraer del suelo su vitalidad. Si esto es así, podemos decir que, las realidades mineras son falacias burguesas impuestas.

De acuerdo con lo anterior, los mapas de las áreas de abundancia mineral son
espacios homogéneos, con pocas o nulas referencias a los pueblos que las ocupan, donde con un simple plumazo (Harley 2006) son afectados los ecosistemas y determinar el destino de muchas personas. La función de identificar las regiones, providencias, cinturones mineros y/o franjas tiene los mismos propósitos, como dice J. Harley, que “las armas de fuego y los barcos de guerra, pues han sido armas del imperialismo” (2006, 84) y del colonialismo en todas sus manifestaciones. En la actualidad aún permanece intacta esta estructura de concebir lo desconocido para luego apropiárselo como sucede con la ciencia y sus modos de georreferenciar los recursos. En definitiva, “las líneas silenciosas de los mapas sobre el paisaje de papel, fomentan la idea de un espacio socialmente vacío” (Ibíd., 88). Ese es el poder de la cartografía eurominera.

 

Contrato neocolonial-minero para el control territorial

Ahora bien, la cartografía no es solamente un trazo que delimita áreas mineras, es producto también de un acuerdo que funciona como forma de pago entre Estados, empresas extractivas y bancos multilaterales. A esto le llamamos “contrato neocolonial minero” que negocia los espacios de las comunidades y pueblos, sin que estas estén enteradas de las concesiones otorgadas a las empresas extractivas por parte del Estado, sin consulta y consentimiento de las comunidades que tienen sus propias economías agroalimentarias y turísticas. Es de esta forma que las elites clásicas rentistas-mestizas latinoamericanas han sabido hacer sus negocios mineros mediante enclaves mediante conexiones internacionales directas pero subordinadas y dependientes.

Este contrato neocolonial consiste en que el Estado financia los estudios geológicos en su jurisdicción. Generalmente estos estudios se hacen con mucha precisión y detalle, porque no se puede dejar escapar ninguna franja minera. Posterior a estos estudios, el Estado oferta su potencial minero en el mercado mundial, llamando al sector extractivo global para que localice sus inversiones y establezca sus enclaves. También funciona como forma de pago de deuda externa, hace las veces de reserva mineras para futuros emprendimientos energivoros y/o responder a las políticas neoliberales sobre la Naturaleza. También sirve para inventariar los minerales a nivel planetario.

En la década de los años 90, el Banco Mundial en el marco de las políticas de liberalización de los minerales, asesoró y construyó la arquitectura política regional extractiva, para que todos los Estados latinoamericanos se disputasen el primer puesto en inversión minera. Por eso es que hace más de 30 años esta banca ha patrocinado el cambio de políticas y leyes con el fin de aumentar la inversión privada (Banco Mundial 2013). De hecho, entre los años de 1988 a 2012, esta institución destino 1.400 millones de dólares en reformas al interior de los “Estados en desarrollo” dentro del marco de los ajustes estructurales. Esta década es determinante en Suramérica porque consolidaron una “mentalidad bruta de exportación”, al reeditar la colonialidad minera y la profundización de la elite dependiente nacional del sur con las metropolitanas del norte.

Dentro de estas reformas, iniciadas a fines del siglo XX y profundizadas en la actualidad, está el reconocimiento y el uso estratégico de los datos geológicos para entender mejor la disponibilidad de «minerales estratégicos» (Banco Mundial 2019). Es decir, el “contrato neocolonial minero” consiste en que el control territorial es ejercido por agentes globales, con fines de consolidar un “mapa minero planetario”, empezando por América Latina y el Caribe, que le permita a las potencias localizar sus inversiones. Es de esta forma que el capital puede circular por el espacio terrestre. Asistimos a nueva fase de cartografiar la tierra toda para extraerla, someterla y consumirla, apoyandose en los Estados Nacionales. La cartografia como herramienta geo-estrategica y política permite el acceso controlado al territorio (Sack 1986) nacional. De acuerdo con lo anterior, pordemos concluir que los dueños del mapa se traduce en dueños del mundo de la tierra y de los minerales (Harley 2005), como en los tiempos de conquista y colonización (Dussel 1994).

Los mapas metalogenéticos es una herramienta de guerra contra los pueblos en Abya Yala. Por eso es que la megamineria entra a los territorios minando a los pueblos, es decir, los catea y luego los divide (Machado 2013), porque no se puede impedir el desarrollo del capital (Bautista 2014) y mucho menos de la modernidad. Por eso decimos que la modernidad es una aplanadora territorial. Absolutamente todo lo destruye, esa es su homogeneidad.

 

 

Referencias bibliográficas

Banco Mundial. 2013. Minería: Resultados del sector. Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/14/mining-results-profile

Banco Mundial. 2019. Nuevo fondo del Banco Mundial para respaldar la minería climáticamente inteligente para la transición energética. Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/05/01/new-world-bank-fund-to-support-climate-smart-mining-for-energy-transition

Bautista, Juan José.  2014. ¿Qué significa pensar desde América Latina? Hacia una racionalidad transmoderna y postoccidental. Madrid: Ediciones Akal, S. A.

Bautista, Juan José. 2018. “De la sociedad moderna a la comunidad transmoderna. Hacia una descolonización del marxismo contemporáneo”. En Pensar Distinto, Pensar Descolonial, compilado por José Romero, 1-9. Argentina: Fundación Pensar Distinto. Obtenido de http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/279122

Bautista, Juan José. 2018. Dialéctica del fetichismo de la modernidad. Hacia una teoría crítica del fetichismo de la racionalidad moderna. La Paz, Bolivia: Yo soy si tu eres ediciones.

DRMSG. 2016. Mapa Metalogénico de Colombia Versión 2016. Obtenido de https://www2.sgc.gov.co/sgc/mapas/Documents/PDF%20DESCRIPCION/MAPA_METALOGENICO_DE_COLOMBIA_VERSION_2016_GEOPORTAL.pdf

Dussel, Enrique. 1994. 1492 : el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad. La Paz: UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Harley, John Brian. 2005. La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía. México: Fondo de Cultura Económica.

Lacoste, Yves. 1990. La geografia: una arma para la guerra. Barcelona: Anagrama.

Machado, Horacio. 2013. Crisis ecológica, conflictos socioambientales y orden neocolonial: Las paradojas de Nuestra América en las fronteras del extractivismo. REBELA.

Machado, Horacio. 2015. “Ecología política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-exsistencias decoloniales en nuestra América”. Bajo el Volcán 15(23): 11 – 51.

Massey, Doreen. 2005. Pelo espaço. Uma nova política da Espacialidade. Rio de Janeiro: Beltran Brasil LTDA.



[1] Sobre ley mineral. Disponible en: <http://www.minmineria.gob.cl/glosario-minero-l/ley-de-mineral/>

[2] Para ver con más detalle el contenido de este mapa ingresar al servicio geológico de Colombia.
http://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/MapaMetalogenico2016/

[3] Cada país tiene sus mapas metalogenéticos en sus agencias y servicios geológicos.

 

 

 

Doctor en Geografía. Universidad Federal de Paraná, Brasil. Profesor de Historia de América Latina y educación ambiental y procesos comunitarios. Correo: [email protected]

 

Fuente:http://blog.revistanuestramerica.cl/ojs/index.php/blognuestramerica/article/view/38/50?fbclid=IwAR1DC6tF46fvVgrXJhO54WP5uPgreBhV6I3chVLxhLhUnpF7M4JSwaD2mCk