Marzo 2020
Nosotras mujeres indígenas, originarias, campesinas y regantes articuladas en la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, conocemos de cerca lo que significa vivir con la contaminación minera.

Somos testigos de las grandes cantidades de agua que utilizan las mineras para sus procesamientos dejando a las comunidades con agua contaminada, nuestros cuerpos han vivido la violencia medio ambiental que provocan estas actividades privándonos de derechos, el derecho a la alimentación por toda la contaminación en suelos dejándolos salinos, acidificados e improductivos, el despojo del agua, actualmente nuestras comunidades ya no tienen agua limpia, el derecho a la salud de la población se ve afectado junto con el estrés por los problemas de salud de nuestras familias y animalitos, la sobre carga de trabajo que debemos asumir las mujeres por ir a cultivar a otras tierras alejadas de la contaminación, la vulneración de nuestro derecho al trabajo, porque las mujeres labramos la tierra es nuestra fuente de trabajo, se ve afectada nuestra economía y los derechos de la Madre Tierra porque de ella recibimos sus bondades, es ella que resguarda los conocimientos de nuestras ancestras, la cultura, nuestra identidad y permite nuestra vida.

Sabiendo que Challapata es un ejemplo de municipio agroproductivo, reconocido con leyes nacionales como Capital Agrícola Ganadera e Industrial Lechera del Occidente Boliviano, con un importante aporte a la seguridad y soberanía alimentaria del departamento y del país por la producción de lácteos, encontrándose en la zona la empresa Lacteosbol; siendo que de Challapata provienen los derivados lácteos tan apetecidos en las ciudades como es el queso, yogurt, los tostados de haba, la quinua, las diferentes variedades de papa y considerando las grandes inversiones y todo el trabajo invertido para mantener con agua a la Represa de Tacagua fuente de vida y de producción de las comunidades del Municipio de Challapata.

Enteradas de los nuevos intentos de realizar una consulta que es inconstitucional, para posteriormente trabajar en exploración y explotación minera por la empresa “El Buen Samaritano S.R.L”, en el cerro de Achachucani aledaño a la represa de Tacagua, y siendo que desde hace más de 26 años que Challapata tiene definida su vocación agroproductiva y su posición de rechazo a la minería, nos pronunciamos:

1. Respaldamos la decisión de los y las hermanas regantes de Challapata en defensa del agua, la producción agroganadera y lechera, en rechazo a cualquier intento de consulta, exploración o explotación minera en el municipio de Challapata.

2. Nos declaramos en estado de Emergencia vigilantes de que se cumplan las leyes nacionales, departamentales y regionales que promueven la producción agroganadera de la zona.

3. Las Mujeres de las diferentes comunidades junto a nuestras hermanas de Challapata estaremos movilizadas para garantizar que no se pongan en riesgo nuestros derechos, hasta que la empresa minera se vaya.

4. Exigimos a las autoridades nacionales y departamentales, que ante la crisis ambiental que se vive en el país, cumplan con la protección del agua y de la Madre Tierra sin ponerla en riesgo frente a actividades extractivas.

Colectivo CASA

Colectivo CASA
Una importante delegación compuesta por autoridades Municipales, el directorio del Sistema de Riego N°2 Tacagua, directorios zonales, Autoridades Originarias de los 7 Ayllus, la autoridad Sullca Camachij del Municipio de Challapata y autoridades de las comunidades de la provincia Avaroa, se reunieron en la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) para dar a conocer las determinaciones de la Provincia Avaroa. Entregando un voto resolutivo de fecha 20 de febrero de 2020 con mas de 1800 firmas, en rechazo contundente a todo intento de exploración y explotación minera por la empresa “El Buen Samaritano S.R.L” o cualquier otra empresa, por atentar contra la producción agrícola ganadera, el derecho a la salud, el medio ambiente, el derecho al agua, a la seguridad y soberanía alimentaria regional, departamental y nacional.

“Esta es la cuarta vez que decimos No a la Minería y rechazamos el intento de realizar consulta porque ya hemos decido, son 26 años de lucha del Pueblo y hay que tomar en cuenta que Challapata es la capital agrícola, ganadera e industrial lechera del Occidente Boliviano. Reconocida por leyes nacionales, por demás demostrada nuestra vocación productiva agroganadera por ello no vamos a permitir minería” Señalo el Sr. Edgar Pillco, presidente de la Asociación de Regantes de Tacagua.

El mes de febrero la AJAM habría notificado a dos comunidades del municipio de Challapata para realizar un proceso de Consulta de acuerdo a la Ley Minera, que sin embargo es contradictoria a la Constitución Política del Estado, contraria a la vocación productiva agroganadera y lechera del Municipio de Challapata, y que además no toma en cuenta a todos los regantes que se constituyen en posibles afectados, por encontrarse la Represa de Tacuagua aledaña al cerro Achachucani.

“Pedimos respetuosamente a la AJAM se rechace el proceso de consulta previa sobre exploración y posible explotación de la mina Achachucani que está a los pies de la represa de Tacagua, este sería un desastre ambiental para todos los hermanos productores que son más de 45 comunidades” Mencionó en Alcalde del Municipio de Challapata Sr. Martin Feliciano”.

El voto resolutivo fue entregado al Gobernador de Oruro, secretarias y a los ministerios competentes anunciando posibles movilizaciones de no escuchar el clamor de los pobladores de Challapata.

“Nos declaramos en Estado de Emergencia y queremos advertir a la población y autoridades que en caso de no ser escuchados nos veremos obligados a tomar medidas de hecho como bloqueo de caminos y otras medidas, no queremos llegar a esto, queremos que la AJAM nos escuche y que anule la resolución Administrativa que pretende imponernos una consulta, rechazamos rotundamente el ingreso de la Minería a Challapata, que se respete nuestra decisión por ello no necesitamos otras consultas” enfatizó el Vicepresidente de los Regantes de Tacagua Sr. Oscar Mamani.

Entrevista regantes de Challapata: https://www.facebook.com/367391939990319/posts/2944464175616403/
Oruro, 2 de marzo de 2020
https://oiedc.blogspot.com/2020/03/rotundo-rechazo-intentos-de-consulta.html

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La viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, reconoció que existe una importante caída en la producción de castaña, aproximadamente en 40 por ciento, y aclaró que esta baja se debe a los efectos climáticos, que inciden en los cultivos de la planta.
El mercurio también se expande por los ríos. Foto: ANF

La Paz, 18 de febrero (ANF).- El uso indiscriminado de mercurio para la minería aurífera en Bolivia afecta, entre muchos aspectos, también a la sostenibilidad de la amazonia y la castaña. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) establece que a la par del dominio de la castaña en la economía del norte del país, hay un crecimiento acelerado de la extracción de oro.

“Esta explotación representa una amenaza para la sostenibilidad del bosque, por los efectos contaminantes que implica la utilización de mercurio para la biosfera y la deforestación que podría involucrar su explotación fuera de los ríos”, alerta el reciente estudio del CEDLA sobre los derechos laborales en la explotación de castaña.

Aún son deficientes los mecanismos adecuados para el control del uso arbitrario del mercurio en la actividad minera y los daños en el medio ambiente. Se ha determinado que sólo unas 250 cooperativas cuentan con licencia ambiental, de las más de 1.800 que operan en todo el país. Es decir que un 85% no cuentan con este documento fundamental para sus operaciones.

Son al menos 120 toneladas de mercurio por año que se usan para la labor aurífera en Bolivia. Este metal provoca impactos irreparables el medio ambiente y en la salud de las personas inmersas en esta actividad.

A lo largo de estos años se ha comprobado este crecimiento en la actividad aurífera en los sectores tradicionales de castaña. En 2014, por ejemplo, en Riberalta la producción de oro con el uso de mercurio fue de 2.423 kilogramos, en Guayaramerín fue de 2.155 y en Puerto Gonzalo Moreno se produjo 174 kilogramos de oro.

“Hasta hace unos años, Beni y Pando, los dos departamentos más importantes en la producción de castaña, no figuraban en el mapa minero; pero, desde 2018, Beni ha pasado a ser más importante que Oruro en este sector; esto se debe, exclusivamente, a la explotación aurífera que se da en su territorio”, detalla el experto en minería, Héctor Córdova.

Es así que los ríos amazónicos arrastran el oro desde la cordillera y ahora, dragas y balsas, equipadas para el efecto, se estacionan en los ríos para aspirar el lodo que yace sobre el lecho pluvial.

“Normalmente, en las épocas de lluvias, se produce un nuevo arrastre de la cordillera y hay una renovación del oro en el fondo de los ríos; pero, cuando la ambición va más allá de la paciencia, los mineros avanzan sobre el bosque, destruyendo la flora local, poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de la región”, agrega Córdova.

Pero los daños por la minería aurífera se van expendiendo, ya que ese mercurio va desde La Paz a través de los diferentes ríos y ahora se consume también en Beni y Pando.

Desde hace un par de años los especialistas han advertido que la deforestación para actividades como la minería y actividades agropecuarias en el sector de la Amazonía podría generar una disminución paulatina e irreversible de la castaña, e inclusive su desaparición.

La viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, reconoció que existe una importante caída en la producción de castaña, aproximadamente en 40 por ciento, y aclaró que esta baja se debe a los efectos climáticos, que inciden en los cultivos de la planta.

La castaña es el segundo producto no tradicional más exportado después de la soya en Bolivia. Desde el 2014 a octubre del 2019, las exportaciones de castañas acumularon 1.071 millones de dólares, destacando el pico máximo alcanzado en el 2018 de 221 millones de dólares.

La Amazonía boliviana que abarca Pando y el norte de los departamentos de Beni y La Paz, vive de la actividad castañera, datos oficiales al 2016 establecía que aproximadamente 55.000 personas viven en el campo y de la producción castañera.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-uso-de-mercurio-para-la-mineria-aurifera-pone-en-riesgo-a-la-amazonia-y-la-castana-403611

La contaminación e ilegalidad en operaciones mineras persiste en Bolivia.

La contaminación e ilegalidad en operaciones mineras persiste en Bolivia. Los impactos en el medioambiente y en la salud de las personas inmersas en esta actividad son permanentes y la alerta crece dado que solo en Bolivia, las actividades auríferas demandan 120 toneladas de mercurio por año.

El experto en minería, Héctor Córdova, manifiesta que es indudable que todas las operaciones mineras provocan un impacto ambiental irrecuperable, pero “en nuestro país, las que más daño causan son las operaciones auríferas que recuperan el oro con mercurio. Estadísticas, tanto del ministerio de Medio Ambiente como del Observatorio internacional del mercurio, muestran que el consumo de mercurio en el país está por encima de 120 toneladas por año”.

Este dato ubica al país entre los más contaminadores con este elemento, dado que el mercurio entra al biocircuito a través del agua de los ríos y de los peces que lo consumen involuntariamente.

La minería aurífera se ha expandido en los últimos años en áreas de La Paz y Beni a orilla de los ríos. Muchos de los hoy mineros migran de una fracasada y devaluada actividad agrícola que no les permite generar los suficientes ingresos.

El mercurio se usa para separar y extraer el oro de las piedras en las que se incrusta. Se adhiere al oro formando una amalgama que facilita esta separación.

Datos a nivel mundial establecen que el 15 % del oro se extrae de forma artesanal, en pequeñas minas donde en la mayoría de ellas se usa el elemento del mercurio. Los mineros que lo usan se arriesgan a envenenarse, envenenar a sus hijos y contaminar el suelo y los ríos.

En Bolivia aún se carece de mecanismos adecuados para el control de este uso arbitrario y se ha determinado que solo unas 250 cooperativas cuentan con licencia ambiental, de las más de 1.800 que operan en todo el país. Es decir que un 85 % no cuentan con este documento fundamental para sus operaciones. (Agencias)
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200212/economia.php?n=12&-auriferas-consumen-120-toneladas-de-mercurio-por-anio

05/02/2020
Nuevas revelaciones surgen sobre el conflicto que se vivió en el país en los últimos meses de 2019. Dos coroneles de la Policía Boliviana contaron que hubo acuerdos a los llegaron el excomandante de esa institución Yuri Calderón con el expresidente Evo Morales, entre ellos el pago de un bono de incentivo, el permitir que los mineros alineados con el Ejecutivo hagan uso de dinamitas en sus movilizaciones y, en cambio, obstaculizar la movilización de los líderes cívicos de Chuquisaca y Potosí.

El coronel Jorge Campos, actual jefe de la Interpol en Bolivia, contó que el domingo 27 de octubre, 15 días antes de la renuncia de Morales, fue convocado el Estado Mayor de la Policía a una reunión en la residencia presidencial. Lo hizo en el programa AM Fides, conducido por el periodista Jhon Arandia.

Empero, dijo que dicho encuentro fue suspendido y se determinó que habría una reunión en la que solo participarían los miembros del Estado Mayor de Coordinación y a la que asistirían algunas autoridades del gobierno, como el exministro Carlos Romero.

“Dos horas y media después el general Calderón nos informó que había tenido una reunión con el hermano Evo, así lo llamaba, y que estaba contento con el trabajo que habíamos hecho hasta ese día, de dispersar las manifestaciones; y dijo también que nos iba a proporcionar un bono (…) y preguntó cómo se podía configurar ese bono, como estipendio o bono de acuartelamiento, pero un miembro del Estado Mayor le dijo que no estaba bien porque estaba tratando de comprar la lealtad de los policías”, desveló.

Calderón también les habría dicho que el conflicto concluirá en pocos días ya que «recibirían ayuda» de los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en especial de los mineros.

Según su versión, el entonces comandante de la Policía también le habría instruido al Director Nacional de Tránsito que no permita el paso de los cívicos de Sucre y Potosí que pretendían llegar a Santa Cruz, pero que sí deje pasar a los mineros que venían en buses a La Paz, a respaldar al Gobierno.

Los coroneles, que presentaron audios como pruebas de sus afirmaciones, también hicieron referencia al día en el que los mineros lanzaron dinamitas durante sus movilizaciones en el centro paceño, con la protección de la propia Policía.

“Las operaciones policiales donde permitimos la participación de civiles como los mineros, le hicimos notar esa preocupación al Subcomandante General que había un malestar y que deberíamos parar eso para evitar el repliegue de nuestro personal, pero me indicó que eso no era lo importante, que había otras cosas que tratar”, contó el coronel Jhony Tapia.

Según Campos, Calderón les prohibió durante la reunión que sostuvieron que cuestionen algunas decisiones, advirtiéndoles que no era una petición de informe, limitando el tiempo de su alocución, sin darles derecho a la réplica.

Tapia dijo que debido a ese tipo de determinaciones, los efectivos de su promoción se reunieron y determinaron sumarse al motín iniciado por las bases policiales y se replegaron a sus unidades, “preocupados por el riesgo de perder la democracia”.

El 8 de noviembre, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP) se amotinaron en Cochabamba, dando pie a que los comandos en el resto de los departamentos asuman similar decisión.

Dos días después, el domingo 10 de noviembre, Morales presentó su renuncia a la Presidencia, al igual que Álvaro García Linera a la Vicepresidencia. Morales dijo que fue víctima de un golpe de Estado político, cívico y policial. (05-02-20)

Coroneles de la Policía denuncian acuerdos entre Yuri Calderón y Evo Morales durante los días de conflicto

País
Mineros afines al MAS protagonizaron enfrentamientos en La Paz
Carmen Challapa Cabezas
04/02/2020

Cuatro coroneles denunciaron que el excomandante general de la Policía Yury Calderón y el subcomandante general Jhony Donato Coronel ordenaron que las “operaciones policiales sean ejecutadas con la participación de civiles (mineros)” durante los conflictos de octubre y noviembre pasado.

Esta acusación penal fue presentada por los coroneles Jorge Campos López, Jhony Tapia Vargas, José Luis Pereira y Jaime Zurita Trujillo.

La querella presentada refiere que, en la reunión del 1 de noviembre en instalaciones del comando general de la Policía, se instruyó reprimir a los sectores con la participación de organizaciones civiles de mineros, quienes portaban dinamitas, solicitud objetada enérgicamente por los miembros del Estado Mayor General. Esto fue confirmado a Los Tiempos por uno de los funcionarios policiales denunciantes.

Los directores nacionales de las diferentes unidades de la Policía, en reuniones del Estado Mayor, reflejaron su malestar por el direccionamiento existente durante la época de conflictos.

En esta reunión con el subcomandante general y el estado mayor de coordinación, se hizo notar que “la Policía perdió el control, y para nadie es desconocido que estamos demasiado parcializados con el Gobierno”.

Uno de los directores nacionales explicó que después de un cabildo popular que se celebró en inmediaciones de la cervecería nacional en La Paz, surgió una orden para “encubrir” el accionar de un sector minero afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Había una línea de contención que estaba actuando muy bien; llega un momento donde por una orden se abre fila el personal policial, salen unos mineros lanzan dinamita, vuelven a su lugar y la Policía retorna a su posición de resguardo. Eso es un delito, estamos permitiendo que se comentan delitos en nuestras narices, eso es complicidad”, expresó uno de los jefes policiales según un audio al que accedió este medio.

En esta reunión, también se cuestionó el proceder del entonces comandante la Policía en Cochabamba, Raúl Grandy, “Hay una inacción por parte del Comandante Departamental, o actúa en complicidad con los movimientos sociales a quienes les deja prácticamente a su libre albedrío”. Pese a esto, desde el Comando General no se tomó ninguna acción, según el audio.

Cochabamba y Santa Cruz son los departamentos claramente parcializado, eso se nota, hasta por megáfono se da a conocer que es parte de esa “organización”.

En cuanto al proceder del Comandante Departamental de Santa Cruz, refieren que con la intervención de 150 policías se pudo haber evitado las dos muertes registradas en Montero el 31 de octubre.

Ordenó que las operaciones policiales sean ejecutadas con participación de civiles (mineros)

ADVIRTIERON SOBRE EL MOTÍN POLICIAL

El Alto Mando Policial pasado tuvo conocimiento del malestar en filas policiales durante el conflicto de octubre y noviembre. Los directores nacionales advirtieron sobre la situación, según un audio.

“Estamos a una decisión para que se inicie un motín, policías de diferentes rangos están organizados. Estamos viendo lo que el Gobierno quiere que veamos”, increpó otro jefe policial.

El pleno del Estado Mayor pidió a Yury Calderón apegarse a la Constitución y ser imparcial, y no dejar que la institución policial siga siendo manipulada.

“Seguro le van a querer cambiar, pero ahí todos nos pararemos, no podemos permitir que se mate al pueblo. Debemos pasar a la historia en las páginas doradas, no en las negras”.

Stefan Duppel, embajador de Alemania en Bolivia, aseguró que hará todo lo posible para llevar a buen puerto el proyecto, que fue cancelado durante el Gobierno del expresidente Evo Morales. El país tiene una de las mayores reservas del mineral
Ernesto Estremadoiro Flores
Pese a la ruptura de la sociedad entre la empresa alemana ACI Systems y Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB), el Gobierno de ese país sigue interesado en el proyecto para desarrollar una planta de producción de baterías de litio.

El embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel, dejó la puerta abierta a cualquier negociación para reencaminar el proyecto, tras conocer la intención del Gobierno de Jeanine Áñez, de seguir con la iniciativa.

La administración del expresidente Evo Morales, decidió anular el consorcio, en medio del descontento social causado por el fraude electoral del 20 de octubre y las demandas regionales de Potosí, que exigía que los recursos generados por el litio beneficien al departamento.

“Alemania acoge con beneplácito la intención del Gobierno boliviano de continuar nuestra asociación bilateral YLB y ACI Systems sobre el litio. Reafirmo el interés de mi país para seguir adelante con el proyecto”, fue el mensaje que posteó el diplomático desde su cuenta de twitter.

El mensaje también aplaca los rumores de que Alemania cortaría todo tipo de apoyo al actual Gobierno, versión compartida en el portal alemán heise.de (Telepolis) en una nota titulada: Berlín detiene conversaciones de inversión con el gobierno de facto en Bolivia.

“Son infundadas las noticias que sostienen que el Gobierno alemán interrumpió las negociaciones sobre la promoción y protección de inversiones. Este tema sigue siendo importante y será abordado en su momento. Estoy convencido de que podremos encontrar una solución conjunta”, sostuvo en otro mensaje.

Un asesor de la empresa alemana en Bolivia, que pidió no ser citado, señaló que la firma alemana sigue interesada en el proyecto dado que se trabajó por 32 meses en el diseño de este plan.

En octubre de 2019 tanto YLB y ACI Sytems crearon un consorcio que tenía previsto invertir $us 1.300 millones en un complejo de alta tecnología en el salar de Uyuni, cuyo producto principal serían las baterías de iones de litio. Según el acuerdo, YLB tendría el 51% de las acciones de la empresa conjunta.

La fuente dijo que en el ámbito político se manejó información poco acertada, como la que el Estado no recibirá ningún beneficio económico con esta planta.

Pero sostuvo que Bolivia obtendrá un 51% de las utilidades netas, que genere esta empresa. Además, recibirá el 25% de las utilidades brutas de la Empresa Mixta a través del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), y por el 12,5% de impuesto de las transferencias.

Se buscó un contacto telefónico con el ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, pero no contestó su equipo móvil.
https://eldeber.com.bo/165736_embajada-alemana-asegura-que-su-pais-sigue-interesado-en-industrializacion-del-litio

El pasado 5 de noviembre, Bolivia volvió a rendir el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esta vez en su Tercer Ciclo. Pese a ciertos logros, la cantidad de países que realizaron recomendaciones y observaciones aumentó con relación a la última versión, en 2014.

El EPU es un mecanismo cooperativo de examen, creado en el año 2007 por el Consejo de Derechos Humanos, para de evaluar la situación de los Derechos Humanos en los 193 países miembros de la ONU y verificar si los Estados cumplen sus obligaciones y compromisos asumidos voluntariamente al firmar y ratificar los instrumentos de Derechos Humanos para lograr mejores prácticas.

Para Bolivia se desarrollaron dos EPU: en 2009 y 2014. La tercera ronda del EPU para Bolivia se dio el 5 de noviembre.

En la intervención inicial de Alto Nivel, liderada por el ahora exministro de Justicia, Héctor Arce, se resaltaron algunos progresos sobre a los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), señala que el Estado Plurinacional de Bolivia, en dicha intervención, “omitió mencionar sobre el respeto a los derechos de defensoras de Derechos Humanos y del medio ambiente, la violación del derecho a consulta previa de los pueblos indígenas o el etnocidio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario”.

Más países hicieron recomendaciones

En cada una de las tres rondas del EPU, el número de países que realizaron recomendaciones fue aumentando paulatinamente. En la primera ronda fueron 57 países. En la segunda ronda, el año 2014, fueron 76. Para esta tercera ronda fueron 91 países que realizaron observaciones y recomendaciones, o sea 14 nuevos países.

Debido a lo que el Estado boliviano omitió reconocer, y al aumento de países con recomendaciones, el CEDIB considera que “Bolivia reprobó el examen de Derechos Humanos de la ONU”.

Entre los 14 que hicieron recomendaciones por primera vez están países de África, las Américas, Europa, Asia y Oceanía, que se enfocaron, en gran medida, precisamente en la situación de derechos humanos de pueblos indígenas y quienes abogan por sus derechos. Entre ellos destacan Canadá, Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Perú, Nicaragua y Namibia.

Recomendaciones

Durante el dialogo, el Reino Unido y Alemania formularon preguntas al Estado Plurinacional de Bolivia, particularmente acerca de los pueblos indígenas afectados por la explotación de recursos naturales, resaltando casos como Jach´a Marka Tapacarí Condor Apacheta, Choquecota Marka del Suyu Jacha´a Carangas, Marca Quila Quila, Takana II y Takovo Mora. 

El CEDIB agrega que también indagaron sobre planes para introducir una legislación integral sobre la contaminación causada por metales pesados, “​​ya que los niveles de emisiones de mercurio que generan las actividades mineras siguen en aumento”, y por medidas para “lidiar con la impunidad generalizada en caso de violencia a minorías”.

Por su parte, Dinamarca recomendó ajustar el marco legal del sector de minería e hidrocarburos de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, incluso mediante la reforma de la ley de Minería 535 y el Decreto Supremo 2298 para garantizar el derecho al consentimiento libre, informado y previo.

En tanto, Suecia recomendó la revisión de la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597. Estas normas ya habían sido denunciadas por el CEDIB y otras ONGs en Bolivia por considerar que “restringen los derechos de la sociedad civil a la reunión y asociación pacíficas”.

El país escandinavo también se centró en estas normas porque dificultan el cumplimiento de que los defensores de los derechos humanos y los derechos ambientales, incluidos los críticos con las políticas y opiniones del gobierno, puedan realizar sus actividades sin intimidación.  En el mismo sentido, la República Checa insistió en las recomendaciones del ciclo pasado relacionadas con la protección al trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y ONG.

Interpelación de la sociedad civil boliviana

Para la tercera ronda del EPU fueron 50 organizaciones de la sociedad civil (ONG, representaciones de pueblos indígenas y otras) que suscribieron un informe sobre la situación de los Derechos Humanos, actividades extractivas y grandes infraestructuras, a través de la conformación de la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (Adhma).

Entre las organizaciones que aglutina la Adhma destacan la Asamblea permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Coordinadora de Defensa y Autodeterminación de los Pueblos y del Medio Ambiente (CODAPMA), CENDA, Jubileo, Infante, CEDIB, Probioma, Fundación TIERRA, Somos Sur, CIPCA, Cáritas Tarija, CONTIOCAP. Además de la Capitanía Tacobo Mora, Comunidad Caigua (Aguaragüe), Subcentral Tariquía, y varios otros.

El informe de estas organizaciones para el EPU 2019 mostró los avances, retrocesos o estancamiento de los derechos laborales y humanos (trabajo forzoso, trabajo infantil, derechos de las mujeres, etc.), e incorporó un informe específico sobre Pueblos indígenas y medio ambiente, que llamó la atención de nuevos países de la ONU.

El documento presentado analizó 23 casos de violación de derechos humanos: 6 en el sector minero, 7 en el hidrocarburífero, 3 en relación a infraestructuras, de los cuales 16 afectan territorios indígenas. Y realizó sus propias recomendaciones concretas en cada una de las violaciones. En unos años se conocerán nuevos avances y retrocesos.