Jujuy: el pueblo Ocloya denuncia hostigamiento de una minera
En el marco de la Semana de Pueblos Indígenas que organizan comunidades del NOA en CABA, el cacique de la comunidad Las Capillas denunció el avasallamiento de su territorio. Los comuneros arrastran una acusación desde 2013 y exigen su sobreseimiento. El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy revocó fallos favorables en primera y segunda instancia.
Analía Brizuela 22/04/2026

La Comunidad Indígena Las Capillas, que pertenece al pueblo Ocloya, denunció un intento de desalojo de su territorio comunitario por parte de la minera Piuquenes SA, una transnacional con capitales canadienses que patrocina Arturo Pfister Puch, abogado especialista en derecho minero.

El cacique de Las Capillas, Néstor Jerez, informó ayer -en el marco de la Semana de Pueblos Indígenas con actividades en CABA- que presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque consideran que una reciente sentencia de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy fue arbitraria e ilegal y favorece a la minera con la que mantienen un largo conflicto por el territorio.

El 10 de de este mes el máximo tribunal jujeño revocó los sobreseimientos de comuneros y comuneras a quienes la empresa canadiense acusó por usurpación del territorio en disputa.

“Nosotros buscamos el sobreseimiento de todos los imputados, que ya obtuvimos con sentencia favorable tanto en primera y segunda instancia en el fuero provincial, como en el dictamen del procurador General del Ministerio Público de la Acusación”, repasó Jerez en diálogo con este diario.

“Los imputados en esa causa no son usurpadores”, enfatizó el cacique ocloya. “Somos una comunidad indígena preexistente, con carpeta técnica (del relevamiento de la ocupación territorial ancestral) que data de 2016 con la resolución correspondiente en el marco de la ley 26.160. Hoy las comunidades continúan amparadas por ese marco legal”, recordó.

En un parte de prensa la comunidad aseguró además que el abogado de la minera intenta llevar a cabo un “despojo y daño ambiental” a través de deforestación de los bosques nativos y la implantación de plantas exóticas.

“Hay una violencia institucional muy fuerte por parte del Gobierno nacional y también tenemos claro cómo es el Poder Judicial de Jujuy, que desconoce la jurisprudencia y los compromisos internacionales”, afirmó Jerez. Entre otros tratados internacionales que tienen validez supraconstitucional en el país, destacó el Convenio 169 de la OIT al que Argentina adhirió en 1992.

Este nuevo conflicto se ubica en una trama de denuncias y batallas en distintas instancias de la justicia de esa provincia que se inició en 2013 y tocó su pico máximo en 2019, cuando la transnacional instó un proceso legal denunciando a comuneras y comuneros como usurpadores. La comunidad denuncia que de esta manera se busca desalojarla de su propio territorio.

Jerez, que con otros referentes comunitarios participa en Buenos Aires en la Semana de los Pueblos Indígenas, iniciativa de la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino, integró la comitiva de comuneros que se reunió ayer con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Roxana Monzón (Unión por la Patria).

“Planteamos como necesidad que (los diputados nacionales) gestionen pedidos de informes ante el Gobierno nacional para que detalle el actual funcionamiento del INAI, también su vaciamiento”, explicó el cacique ocloya. Destacó también que en la reunión solicitaron a los legisladores que tramiten una audiencia ante la Embajada de Canadá.

Esta última solicitud se relaciona con una demanda puntual de la comunidad aborigen Las Capillas: obtener información certera sobre la minera Piuquenes SA, que sin catastros mineros sobre su territorio, ni domicilio físico en la provincia jujeña, reclama la posesión del territorio que la comunidad habita ancestralmente a 22 kilómetros al noroeste de la capital, San Salvador de Jujuy. “Para nosotros, la minera es una empresa fantasma”, recalcó el cacique Jerez.

En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, las organizaciones que integran OPINOA realizaron jornadas de reflexión que incluyeron encuentros en universidades nacionales del conurbano bonaerense. En esos espacios también denunciaron el vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la persecución a referentes indígenas y el incumplimiento del Estado de tratados internacionales, en el marco de medidas como la Ley Bases, el RIGI y la reforma de la Ley de Glaciares.

Asimismo, señalaron que la modificación de la Ley de Glaciares fue impulsada sin consulta previa a las comunidades y la calificaron de inconstitucional, por vulnerar la Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
https://www.pagina12.com.ar/2026/04/22/jujuy-el-pueblo-ocloya-denuncia-hostigamiento-de-una-minera/

23/03/2026
La controversia por la tasa ecoturística en Wanda, Misiones, escaló esta semana con el cierre temporal de dos importantes minas de piedras preciosas: Tierra Colorada y Compañía Minera Wanda. El reclamo central apunta al cobro de esta tasa municipal, implementada desde febrero de 2026 por la intendenta Romina Faccio, que afecta directamente a los visitantes y operadores turísticos.

Patricia Bush- El Show de los Impactos

En una entrevista realizada por Alejandro Barrionuevo en FM Show de Posadas, Patricia Bush, una de las propietarias de Compañía Minera Wanda, expuso con claridad la posición de las empresas afectadas. Según su relato, las minas —que durante años han sido un atractivo turístico clave en la región, recibiendo miles de visitantes— se vieron obligadas a suspender temporalmente la atención al público como medida de protesta.

“Las minas continúan abiertas en su operación interna, pero decidimos no recibir turistas este fin de semana para manifestar nuestro rechazo a esta tasa”, explicó Bush.

La empresaria destacó que las minas propusieron alternativas razonables, como incorporar el costo de la tasa al precio de la entrada para que el turista no perciba un cobro adicional directo. Sin embargo, la intendencia se mostró inflexible. “No hay contrapartidas reales por parte del municipio: ni mejoras en accesos, ni mantenimiento ambiental visible, ni servicios que justifiquen este cobro extra”, afirmó Patricia Bush.

Agregó que la presencia de personal policial o municipal exigiendo el pago en los accesos genera intimidación entre los visitantes, lo que ya provocó suspensiones de excursiones y pérdidas económicas inmediatas.

Impacto en la comunidad

El cierre temporal pone en riesgo a cerca de 48 empleados directos de ambas minas, además de afectar a toda la cadena turística local: guías, vendedores ambulantes, artesanos y comercios de la zona. Bush advirtió que, de no haber una resolución rápida, el cierre podría volverse permanente, con graves consecuencias para familias que dependen de esta actividad.

Entre los hechos más criticados figura la detención de una vendedora local durante cuatro días, lo que generó indignación por el trato hacia los pequeños emprendedores. Los operadores turísticos, por su parte, ya evalúan eliminar a Wanda de sus circuitos habituales, lo que agravaría el impacto económico en la región cercana a las Cataratas del Iguazú.

Próximos pasos

Las empresas anunciaron que mantendrán la medida de fuerza y las protestas mientras no se reconsidere la ordenanza (N° 22/2025). No descartan acciones judiciales, incluyendo un amparo ya presentado, para cuestionar la legalidad y aplicación de la tasa.

“La tasa existe desde febrero, pero la forma en que se cobra y la falta de diálogo nos obliga a esta postura”, resumió Bush. “Queremos diálogo constructivo, no confrontación. El turismo debe beneficiar a todos: al municipio, a las empresas y, sobre todo, a la comunidad”.

La situación en Wanda sigue tensa y abierta. Mientras tanto, el sector turístico misionero observa con preocupación cómo un atractivo icónico de la provincia podría perder fuerza por un conflicto fiscal local. Se espera una mesa de diálogo urgente para evitar daños irreversibles al principal motor económico de la zona.
RadioCataratas.Com

Tasa ecoturística divide a Wanda: minas protestan con cierre temporal y amenazan con cierre definitivo

El Juzgado de Minas autorizó un cateo pero en la resolución ni siquiera se menciona a la comunidad
La presidenta de Rinconada aseguró que ya expresaron su rechazo a la actividad minera porque defienden el agua y los bienes naturales. “Ellos no respetan la decisión” de la comunidad, sostuvo.
Mariana Mamaní 17/03/2026
La comunidad de Rinconada rechaza la presencia minera (Gentileza Telesisa)

La Comunidad Kolla de Rinconada, a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, en la Puna jujeña, fue sorprendida la tarde del domingo último por personal de la firma Wicz Mining Consulting que buscaba ingresar al territorio ancestral sin que sus habitantes hubieran autorizado esa presencia mediante una consulta previa libre e informada.

La presencia de los referentes de la firma provocó la rápida reacción de la Comunidad que con su presidenta, Mirta Llampa, a la cabeza los interpeló y expuso el rechazo a la actividad minera en ese territorio.

Ese momento, y la situación que viene de arrastre, similar a lo cuenta “Nuestra tierra”, la película de Lucrecia Martel sobre la disputa por el territorio indígena en Tucumán, fue narrado a este diario por la propia Llampa, quien se manifestó agotada de soportar la presión de las mineras.

“Estamos cansados, ellos insisten, insisten, y les decimos no. Ellos no respetan la decisión de una comunidad que tiene una presidenta, que tiene autoridades. Ellos solo atropellan, queremos que esta situación se visibilice porque no hay ningún acuerdo” para la presencia de la minera en este territorio, expresó.

La resolución del Juzgado de Minas sobre un pedido de cateo realizado por un particular identificado como Daniel Alderete genera la sospecha de que la minera avanzó en el territorio mediante acuerdos entre el gobierno de Jujuy y autoridades de las comunidades indígenas de Casa Colorada y Santo Domingo, que también habitan en el departamento Rinconada.

El 3 de febrero último, en el Boletín Oficial de la provincia se publicó la concesión a favor de Daniel Alejandro Alderete de un “permiso de exploración o cateo de sustancias minerales de primera y segunda categoría, en el departamento Rinconada de esta Provincia, sobre una superficie de dos mil hectáreas”.

La resolución, del juez Administrativo de Minas, Pablo Gabriel Read, se tomó en el expediente N° 341, que data de 2005, cuando se inició el trámite de permiso para exploración minera.

En la misma resolución se señala que la superficie donde se autoriza el cateo se tomó según la ubicación dada por el Registro Gráfico “en terrenos sin antecedentes registrados” informado por la Dirección Provincial de Inmueble.

El juez nunca menciona a la Comunidad de Rinconada. Solo sostiene que estas tierras “están ocupadas por la Comunidad Aborigen de Casa Colorada y la Comunidad Aborigen de Santo Domingo”, según un informe de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy.

Y añade que la concesión “no afecta parcelas con trámites individuales para la regularización de las tierras fiscales rurales”, de acuerdo al informe del Instituto Jujeño de Colonización.

Ya desde la gestión del ahora exgobernador Gerardo Morales el gobierno jujeño tiene la práctica de avanzar con proyectos en territorios ancestrales generando divisiones en las comunidades indígenas. Por esa vía se obtienen firmas de referentes comunitarios que luego enarbolan como el consentimiento de todas las comunidades comprendidas en el territorio a explorar. En muchos de esos casos, se deja de lado a las autoridades elegidas en asambleas. La Comunidad de Rinconada plantea que eso es lo que está pasando ahora mismo con la autorización a Wicz Mining, una empresa que se presenta como “consultora ambiental especializada en el sector minero, con sede en San Salvador de Jujuy”.

“Tenemos todos los papeles que acreditan que ese territorio corresponde a la Comunidad de Rinconada. Sin embargo, el gobierno está queriendo entregar nuestras tierras”, denunció Llampa.

“No queremos que entre la minera a nuestro territorio porque cuidamos nuestra agua, que es sagrada para nosotros, nuestra biodiversidad, la flora, la fauna y nuestros animales”, explicó y subrayó que “la protección es para las próximas generaciones y hay conciencia ambiental en la comunidad”.

El ingreso de la exploradora minera se produjo justo en días en que las comunidades están atentas al debate por el proyecto de reforma de la ley de glaciares, en el Congreso de la Nación.

Gran parte de la población originaria de esta zona de la Puna jujeña se opone a la minería en defensa del agua y de sus territorios y vienen reclamando que se dé un debate profundo sobre el impacto de la actividad minera.

Jujuy tiene más de 250 periglaciares censados y son reservorios de agua fundamentales para el ecosistema y que las comunidades defienden.

Con sus 3851 msnm, el departamento Rinconada es uno de los puntos más altos del país. La localidad de Rinconada se ubica en el extremo noroeste de la provincia, muy cerca del punto tripartito que comparten Argentina, Chile y Bolivia.

El pueblo tiene una larga experiencia con la explotación minera, que data del siglo XVII. De hecho, su estructura actual quedó del asentamiento minero para la explotación de oro.

Además, está comprendido dentro del área natural protegida de la Laguna de los Pozuelos, más de 16 mil hectáreas, que abarcan a los departamentos Rinconada Yavi y Santa Catalina.
https://www.pagina12.com.ar/2026/03/16/la-comunidad-kolla-de-rinconada-denuncia-el-ingreso-sin-autorizacion-de-una-minera/