El cinco de diciembre se hizo pública la sentencia sobre contaminación por metales pesados en la provincia de Espinar, Cusco. El fallo del 1° Juzgado Mixto de Espinar da la razón a la demanda de las Comunidades Campesinas de esta provincia, que desde hace más de cinco años reclaman por el reconocimiento de la contaminación existente en sus territorios.

La sentencia configura graves incumplimientos por parte del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, OEFA, DIGESA, DGE, CENSOPAS, SENASA, ANA y el Gobierno Regional de Cusco, que por ley debieron intervenir ante la alerta de contaminación. Las instituciones del Estado no declararon en emergencia a Espinar, pese a la existencia de estudios que evidenciaron presencia de al menos 6 metales pesados por encima de los límites biológicos permisibles en la población y el suelo locales.

En detalle, quedaron en evidencia negligencias al no adoptar medidas de prevención y atención frente a riesgos a la salud y ambientales, y por exposición a metales pesados que generan amenazas ciertas e inminentes a la vida. Del mismo modo, se evidencia que se incurrió en una práctica sistemática de ocultamiento de  los resultados de contaminación a los afectados y a la opinión pública.

Por ello el fallo ordena al Ministerio de Salud la implementación de una Estrategia de Salud Pública de Emergencia sanitaria y un Plan de Acción para la población de Espinar, a fin de identificar la contaminación por metales pesados en humanos y brindarles la atención médica correspondiente. Asimismo la medida requiere a la Municipalidad de Espinar y el Gobierno Regional de Cusco la protección de la salud en Espinar y las Comunidades Campesinas implicadas y se exhorta a que provean de agua potable a las y los afectados con la mayor inmediatez posible.

Se recuerda que en esta localidad la actividad minera ha generado impactos por 30 años. Siendo la zona de influencia de tres proyectos mineros, que han generado vulneraciones por los aún se aguarda que llegue justicia.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cusco-juzgado-sentencia-a-entidades-del-estado-por-no-atender-la-contaminacion-en-espinar/?fbclid=IwAR1qICqzYTP4KAyDvmfs8vAGm5eTovLmB50Ra908iTx3tlk6IcG9iOP8vyI

Luego de cinco años de espera, el Poder Judicial ha hecho  justicia a la urgente demanda  de las comunidades campesinas de Espinar. El titular del Juzgado Mixto y Penal Liquidador de Espinar, Edwin Cruz, ha ordenado al Estado peruano, en el plazo de noventa días, diseñar e implementar una estrategia de salud pública de emergencia para la población de la provincia cusqueña.

La  sentencia es muy  importante porque reconoce la violación de los derechos de la población campesina de Espinar a la vida, la salud y la integridad física como resultado de la contaminación del agua y los suelos. (Ver aquí la sentencia).

De igual manera, el fallo exige al Estado elaborar una estrategia de salud pública de emergencia sanitaria en el plazo de noventa días, así como un plan de acción que contenga programas de vigilancia epidemiológica y sanitaria, así como también, el  monitoreo de la salubridad del agua. El juez Florencio, además, exige prestar atención médica pertinente a la población de Espinar, con especial atención a niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores.

Esta decisión es fruto de la demanda interpuesta en mayo de 2015 por la Comunidad Campesina de Huisa, la Asociación para la Defensa de Paccpaco, el Comité de Usuarios de Agua Qquetara, el Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca Ccañipía y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar. Las organizaciones campesinas contaron el patrocinio legal del Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos sin Fronteras y CooperAcción, así como con el asesoramiento técnico del médico Fernando Osores.

Hacer click en este enlace para acceder al pronunciamiento: “Saludamos sentencia que ordena atención médica para comunidades de Espinar y exigimos inmediato cumplimiento”.

Fuente:https://idl.org.pe/poder-judicial-ordena-atencion-medica-de-emergencia-para-comunidades-campesinas-de-espinar/?fbclid=IwAR2mjcUo6Fjv–e5NflmxKEAzEFjancStetdQYfFA0q0GRQW2maxRMlCASA

El día de ayer se realizó una jornada informativa de la campaña Día Cero Perú, que busca alertar a la ciudadanía y las autoridades sobre una amenaza inminente por parte del proyecto minero Ariana sobre el sistema hídrico que abastece a Lima y Callao

El evento se realizó en la Plazuela del Teatro municipal de Lima, ubicada en el Cercado y contó con la participación de más de 250 ciudadanos, así como diversos movimientos y colectivos preocupados por el cuidado del medio ambiente, como el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático- MOCICC, Tierra Activa, Eko-sinergia, los promotores de Viernes por el futuro, Espacio abierto, entre otros.

Asimismo, el público asistente pudo enterarse más del caso a través de los videos informativos que se han realizado, además de recoger información mediante los folletos informativos, polos alusivos a la campaña y materiales de otras campañas que realizan los colectivos que estuvieron presentes en la feria ciudadana.

Como parte del programa, los representantes de los colectivos intervinieron para dar su mensaje de apoyo a la campaña Día Cero Perú y destacar la importancia de que la ciudadanía no solo esté informada, si no sobre todo actúe de manera organizada para incidir en la sociedad y que las autoridades tomen cartas en los temas de protección del medio ambiente y lucha frente al cambio climático.

En la parte central del evento se realizó una presentación teatral a cargo de la artista escénica Rina Corzo y su grupo, que de manera muy clara representó un posible escenario de contaminación y desabastecimiento que podría sufrir la ciudad. Asimismo, mostró la manera en que los ciudadanos desperdiciamos a diario el agua potable, y cómo actuaríamos si de pronto nos recortarían ese recurso, recordando el clima de tensión ocurrido por los cortes de agua en Lima durante el fenómeno del Niño costero en el año 2017.

En la parte final del evento participaron José De Echave, subdirector de CooperAcción y ex Viceministro de gestión ambiental y Maritza Quispe, abogada constitucionalista del Instituto de Defensa Legal (IDL), quienes presentaron los aspectos centrales del caso del proyecto minero Ariana y la demanda judicial y que sigue en curso contra el Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera Ariana.

De Echave resaltó que Lima es la segunda ciudad más grande después de El Cairo construida en medio de un desierto y que el proyecto Ariana está siendo construido en medio del sistema de lagunas en Marcapomacocha, que son las que abastecen de agua a las ciudades de Lima y Callao. Por su parte Maritza Quispe explicó el contenido de la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero y el Estado el 25 de abril pasado, debido a que el proyecto minero afecta derechos difusos, es decir de todos los peruanos que nos veríamos afectados por la contaminación y por el recorte del servicio de agua. Ambos invocaron a que la ciudadanía siga alerta y movilizada para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

La campaña Día cero surgió desde el año pasado debido a la preocupación de instituciones como CooperAcción, el IDL, los despachos de las entonces congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, y un grupo de ciudadanos, que formaron una plataforma cívica que busca la preservación de recursos hídricos en Perú.

Cabe recordar que el Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA del proyecto minero Ariana de la empresa Southern Peaks Mining en el 2016 y dio luz verde para las obras de construcción, que han empezado este año. El proyecto minero depositaría sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a pocos metros de la entrada principal del Túnel Trasandino, que capta el agua de la zona para abastecer a Lima y Callao. SEDAPAL advirtió en su momento el riesgo que supone este proyecto para la provisión de agua, señalando que no tienen un plan de contingencia frente a la posible afectación de la zona.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/se-realizo-un-foro-teatro-sobre-la-amenaza-de-una-minera-al-agua-de-lima/?fbclid=IwAR2J6LTryLjBV9JfvjQQF48Ys9V-i0ec1eizaAJeYLD52I93F82uyrnBb74

El viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina, consideró que hubo importantes avances en el diálogo con las comunidades campesinas del Corredor Minero del Sur, así como con las organizaciones sociales y autoridades de la provincia de Chumbivilcas.

“Ya tenemos una agenda y un grupo de trabajo para pensar lo que vamos a hacer. El gobernador estuvo con nosotros en Lima y tuvo reuniones en Cusco”, anotó.

En Chumbivilcas hay dos espacios de diálogo: uno con las comunidades del corredor vial y otro (mesa técnica) con toda la provincia. Molina sostuvo que está en buen camino la solución de las demandas de las comunidades campesinas que denuncian contaminación por el paso de los camiones mineros de MMG Las Bambas. Dijo que los acuerdos son avanzar con el asfaltado del corredor vial, pagar una compensación por sus tierras, entre otros. Asimismo, se evaluará la viabilidad o no de la anulación del decreto que elevó a categoría nacional varios tramos de la vía.

Consulta en Espinar

Respecto a la situación con las 13 comunidades de Espinar que piden que se aplique la consulta previa para el proyecto Ccoroccohuayco, que es la ampliación de Antapaccay (Glencore), dijo que el Ministerio de Energía y Minas está haciendo los cambios necesarios en las normas para cumplir con ese compromiso asumido en noviembre pasado. “Desde la PCM vamos a ver que el ministerio cumpla con su compromiso para iniciar la consulta previa con las comunidades, como nos hemos comprometido”, anotó Molina.

No quiso decir qué pasaría si las comunidades le dicen no al proyecto minero Ccoroccohuayco. “No nos pongamos negativos antes de empezar. Lo que tenemos que asegurar y el compromiso del Gobierno es con la minería responsable y sostenible que conviva con las comunidades”, afirmó.

Agregó que el gobierno actual trabaja para garantizar una buena convivencia entre mineras y comunidades campesinas.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/06/las-bambas-gobierno-avanza-en-cumplir-promesas-con-poblacion-de-espinar-y-chumbivilcas-lrsd/?fbclid=IwAR1NeqiWJ4CqGgioFy_Lqq5-mxpldKI6AftEMPRVujz2VcNJggMVAd8lXxk

Vía decreto de urgencia se acaba de aprobar por tres años más la prórroga de la vigencia de la ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las empresas que realizan exploración minera. Previamente, el Ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, había anunciado que esta ampliación se aprobaría antes de finalizar el año[1].

Esta es la sexta prórroga, ya que en diciembre del año pasado se había aprobado la quinta ampliación de la mencionada ley. Esto confirma una clara tendencia: este tipo de beneficios tributarios, que en el papel se otorgan de manera temporal (exclusión temporal de la obligación de tributar), en realidad se terminan convirtiendo en  permanentes y cuesta mucho que sean retirados. En este caso, el beneficio que permite la devolución de impuestos a las empresas que realizan exploración minera ya tiene 18 años de vigencia.

Un poco de historia

La Ley N° 27623, que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, rige desde el 13 de diciembre de 2001. La propuesta en aquel momento se justificó debido a que las inversiones en exploración habían caído notablemente como consecuencia del descalabro de los precios internacionales de los minerales y luego del estallido de lo que se conoció como la crisis rusa y asiática a finales de la década del 90.

En ese momento, las inversiones mineras habían caído en el Perú como en todo el mundo: por esos años, el precio del cobre estaba por los US$ 70 centavos la libra y la onza de oro a US$ 270.00. Algunas minas en el Perú paralizaron sus operaciones[2] y los mercados financieros se habían cerrado, y por supuesto, dejaron de financiar actividades consideradas de alto riesgo, como la exploración minera.

Por lo tanto, la ley se dio en el contexto previo al súper ciclo de precios de los minerales y se propuso una vigencia de 5 años. Lo que posteriormente llamó poderosamente la atención fue que el año 2006, cuando la ley estaba por vencer y la situación había cambiado sustantivamente (se había iniciado el súper ciclo de precios de los minerales y las inversiones en exploración minera estaban al alza), el gobierno de Alan García -a través de facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso-, mediante un Decreto Legislativo, otorgó la primera prórroga de estos beneficios por tres años más. Posteriormente fue prorrogado en cuatro ocasiones (2009, 2012, 2015 y 2018).

Ahora bien, ¿se justifica mantener este beneficio? Como se ha señalado, este beneficio se ha otorgado y se ha mantenido en contextos diametralmente opuestos: antes que se inicie el súper ciclo de precios de las materias primas; durante el súper ciclo y en el post súper ciclo. Esto es importante de señalar, ya que todo indica que los flujos de inversión en el Perú y en cualquier parte del mundo, están correlacionados con la evolución de los precios internacionales de los minerales: como se puede apreciar en los dos siguientes gráficos (precios de los minerales y evolución de los flujos de exploración minera a nivel global y para el caso peruano), cuando los precios internacionales se recuperan, los flujos de inversión se comienzan a dinamizar; por el contrario si los precios caen, las inversiones en exploración también comienzan a caer.

Por lo tanto, es difícil afirmar que este beneficio tributario de devolución del IGV para las actividades de exploración haya dado resultados en el país. Todo indica que los presupuestos de inversión de exploración en minería dependen de otros factores: se recuperarán cuando las cotizaciones de los minerales muestren una clara tendencia al alza. Eso ha pasado antes y seguramente seguirá pasando.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/exploracion-minera-y-beneficios-tributarios/?fbclid=IwAR2s85VAuoNYgYtzv69ypR-723vaG0v-h5UvgVEYaWVb8-u11x7wETy3gdY

Los manifestantes se vieron obligados a dar una tregua por la campaña de cosecha, actividad que constituye el principal sustento de los agricultores.

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, anunció que retomarán las medidas de fuerza tras culminar la temporada de siembra de cultivos.

Fuente: Valle de Tambo Noticias.pe

Una delegación de 30 dirigentes y autoridades de las comunidades de la cuenca alta y baja del río Llaucano llegó hoy a las instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en reclamo de que se realice la fiscalización del agua en Bambamarca, provincia de Hualgayoc. Pese a repetidas denuncias, hasta la fecha la ANA no se ha presentado en la localidad.

Los comuneros agrupados en el Comité de Fiscalización de la Cuenca del Alto y Bajo Llaucano, que involucra a la población de las provincias cajamarquinas de Hualgayoc, Chota y Celendín, y el alcalde de Bambamarca arribaron hoy desde esta mañana a la ciudad de Lima para reclamar la atención sobre una seria contaminación en la cabecera de la cuenca del río Llaucano.

La contaminación denunciada se habría originado por una nueva intervención de la minera Yanacocha sobre el sistema hídrico de Totoracocha, aprobada en setiembre de 2018 por la ANA. Desde entonces, las comunidades del valle del Llaucano denuncian que el agua no es apta para el consumo humano e instan a la autoridad para que verifique la contaminación. Este hecho habría sido reconocido inclusive por la empresa Yanacocha, que actualmente provee agua mineral embotellada para suplir la carencia generada.

Anteriormente las comunidades presentaron a la ANA 1500 firmas en un petitorio para que se realice la fiscalización correspondiente y se anule la Resolución N° 1167 que aprobó la intervención con maquinaria al sistema hídrico. Sin embargo, ante la negativa de los funcionarios locales de la ANA a visitar la zona, el comité de defensa se presentó en la ciudad de Cajamarca exigiendo la cita. Asimismo, la resolución que validó a Yanacocha luego de ser cuestionada, fue ratificada por otra resolución.

El día de hoy las comunidades afectadas hacen presente a la Autoridad Nacional del Agua la urgencia de sus reclamos y exigen la anulación de la Resolución N°1167, el retiro de la maquinaria en la zona del sistema hídrico y la sanción de los funcionarios implicados ante la situación crítica generada en la zona.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/12/02/cajamarca-denuncia-de-contaminacion-del-valle-del-llaucano-llega-hasta-lima/?fbclid=IwAR039XCtJXCiMQgr9fmjI5f1pUQgBaBEqY91flWFFoTtjDxNWPHdPCta_Vs

Según el gobierno, es para garantizar la libertad de tránsito en vías y carreteras, derecho a la paz, tranquilidad, funcionamiento de servicios públicos en esta zona de Islay. Prórroga es hasta 1 de enero de 2020.

Tras casi un mes de pausa, los pobladores retomarían las protestas contra el proyecto minero de Southern. Manifestaciones se detuvieron por trabajos de campo.