El día 12 de diciembre fué publicado en El Peruano el Decreto de Urgencia Nº 026-2019, que “Aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco”. Esta norma ha sido emitida por el Poder Ejecutivo haciendo uso de la facultad que tiene de legislar mediante decretos de urgencia, luego de que se disolviera el Congreso de la República (Decreto Supremo N° 165-2019- PCM) el 30 de octubre pasado y que se extenderá hasta la instalación del nuevo Congreso.

En el artículo 2 de este Decreto de Urgencia se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac – Cusco”, y, como consecuencia, autoriza la expropiación de las áreas que resulten necesarias para tales fines.

La norma faculta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a definir las condiciones de expropiación de los terrenos que se identifiquen como necesarios de ser expropiados, y a precisar quiénes serán los afectados (personas individuales y comunidades).

Con la expropiación se estaría dejando de lado la negociación con los propietarios o posesionarios afectados por la construcción o ampliación de la carretera que se usa para el transporte minero de Las Bambas. Estas negociaciones se llevaban a cabo para regularizar la situación legal de los predios usados sin el consentimiento de sus propietarios.

Una de las preguntas a realizarse es si es constitucional aprobar una expropiación por decreto de urgencia, considerando que la integridad patrimonial de todo ciudadano(a) representa uno de los más importantes bienes jurídicos en el Estado de Derecho peruano. Además, existen condiciones estrictas y explícitas que se tienen que cumplir para evitar actos arbitrarios de la administración pública contra la población.

Así tenemos que, las normas que desarrollan los mecanismos de expropiación para proyectos de inversión pública establecen que la expropiación es “autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado”[1]. Esta posición también ha sido recogida por la doctrina y diversas sentencias del Tribunal Constitucional (TC). Como señala este Colegiado, “se estará ante supuestos inconstitucionales de privación del derecho de propiedad, cuando: a) no exista una ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino otra norma con rango de ley”. En los supuestos que el Estado expropie sin cumplir este requisito, “confisca el derecho de propiedad por cuanto se apodera de la totalidad o de una parte considerable de los bienes de una persona sin que exista ley del Congreso de la República o sin que se presenten algunos de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación, o sin indemnización”[2].

Además, las medidas de expropiación siempre tienen un carácter particular, porque permiten determinar al sujeto pasivo (al que va a ser expropiado) y el bien inmueble objeto de la expropiación. Sin embargo, en el caso de este Decreto de Urgencia para el corredor minero, no se puede determinar claramente la dimensión de los afectados o la condición de los inmuebles que serían expropiados. Esta ambigüedad de la norma podría facilitar que también se expropien otros terrenos cercanos al corredor minero, alegando que estos tienen carácter estratégico para facilitar la pacificación de la zona y la viabilidad de carretera. El “interés nacional” que sustenta las medidas de expropiación podría dar lugar a una serie de arbitrariedades.

Tampoco se puede dejar de mencionar el componente político que encierra esta norma. La próxima semana se tienen programadas 3 reuniones de la Mesa de Diálogo de Cotabambas, que se han reiniciado tras los reacomodos que siguieron al cierre del Congreso. Nos preguntamos, cómo van a ir las autoridades del Estado a negociar con las comunidades habiendo aprobado una norma de estas características, pues esta medida genera un clima de desconfianza.

Consideramos que una decisión de este tipo puede causar mayor tensión social en una zona que se ha caracterizado en el último año por numerosas protestas sociales, tal como lo ha registrado el último Observatorio de Conflictos mineros del Perú.

Lea el Decreto de Urgencia Nº 026-2019 publicado hoy en el Diario El Peruano:

NORMAS- DECRETO URGENCIA EXPROPIACIÓN CORREDOR MINERO DIC 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/expropiacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/?fbclid=IwAR0RkyKWrVvBcpJAhXuCACOFgSD2HalE3kYBOiCumRfwHgDwKprhiTWdUUA

El señor Luis Pariona, portavoz del proyecto minero Ariana, ha publicado un artículo criticando una campaña que CooperAccion y varios aliados desarrollan para fomentar la preservación de las fuentes hídricas en el país y en la que, según él, se busca desinformar.

Vamos por partes. En primer lugar, esta es una campaña de largo aliento y que se fundamenta en varios datos de la realidad: el Perú está identificado como un país que marcha aceleradamente a una situación de estrés hídrico. Además, estudios de la Autoridad Nacional del Agua muestran que 129 de las 159 cuencas hídricas tienen graves problemas de contaminación. Por lo tanto, tenemos en perspectiva graves problemas de abastecimiento de agua y serios problemas de contaminación.

Pero lo que al parecer le molesta al señor Pariona es que se haga público los riesgos que encierra el proyecto Ariana, que se ubica precisamente en la zona donde está casi toda la infraestructura hídrica que abastece de agua a Lima y donde incluso el depósito de relaves pretende ubicarse muy cerca del túnel que permite el trasvase de las aguas de la cuenca del Mantaro a la cuenca del Rímac.

¿Ariana pone en riesgo el abastecimiento de agua para Lima? El señor Pariona es categórico y asegura que “no existe” riesgo. Discrepamos; nosotros creemos que sí existe. Por eso hemos presentado una demanda de amparo. Para nosotros existen indicios razonables de una posible afectación al derecho al agua y de posible daño a un área que brinda extraordinarios servicios ecosistémicos para más de 10 millones de personas.

¿Somos los únicos que hemos mostrado preocupación por el proyecto? No. Sedapal ha presentado formalmente observaciones y además ha propuesto términos de referencia para llevar adelante un estudio “por una consultora de prestigio internacional, para garantizar la no afectación de las operaciones del Proyecto Minero Ariana sobre la infraestructura física del Sistema Marca, incluyendo el Túnel Trasandino Cuevas-Milloc”.

Lo menos que se puede afirmar es que el proyecto Ariana genera serias dudas. Y si hay dudas e indicios razonables, consideramos que debería primar el principio precautorio, sobre todo cuando está en juego nuestro derecho constitucional al agua.

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/12/12/campana-necesaria-sobre-el-agua-jose-de-echave-ariana-mineria-ong-cooperaccion-sedapal/?fbclid=IwAR0LUFJSUjm9X-gBFi5elNfQlzZoNjeCWf6C82Nz6y_wr1PefYiUQfiwcW4

En la presentación del 25° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) se advirtió que el proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Minnig, depositaría sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Cuevas Milloc que capta el agua de la zona para abastecer a Lima y Callao.

Las empresas Sedapal y Enel alertaron que la ubicación de la zona de relaves de la mina, cerca al túnel trasandino, puede poner en riesgo el abastecimiento de agua potable para los más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao. Pese a estos cuestionamientos, el proyecto tiene un EIA aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y tiene autorización para el inicio de la etapa de construcción.

“El EIA del proyecto Ariana no fue aprobado por el Senace, lo aprobó el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, nuevamente el Minem es juez y parte”, expresó la excongresista Marisa Glave quien presentó el último mes de abril una demanda constitucional en contra del Minem por aprobar de “manera irregular” el EIA de dicho proyecto.

La demanda constitucional considera que el proyecto Ariana vulnera tres derechos fundamentales: salud, a un ambiente saludable y acceso al agua.

José De Echave, subdirector de CooperAcción, recordó que el Perú está identificado como un país que marcha aceleradamente a una situación de estrés hídrico. Además, estudios de la Autoridad Nacional del Agua muestran que 129 de las 159 cuencas hídricas tienen graves problemas de contaminación.

“Lima es la segunda ciudad más grande del mundo que se encuentra sobre un desierto, recibe menos de 2.5cm de lluvia por año y depende básicamente de tres ríos cuencas el abastecimiento de agua. No es cierto que no existen riesgos con el proyecto Ariana. Los riesgos son reales, son latentes y no imaginarios. Se pone en riesgo la infraestructura hídrica que abastece agua a la ciudad”, afirmó De Echave.

Al respecto, el Minem reconoce que no existe impermeabilización perfecta por lo que el depósito de relaves del proyecto Ariana siempre representará un riesgo para el abastecimiento del agua. “Por lo que la propuesta de localizar el depósito de relaves colindante al túnel trasandino debe ser descartada y adjuntar otras alternativas viables para su ejecución”, según la R.D. N°127-2016-MEM/DGAAM.

“En el planteamiento del proyecto minero Ariana parece que nadie se ha dado cuenta, que todos los componentes de este proyecto se encuentran entre las cuencas hídricas de colección de Marca V, que pone en riesgo la conducción y colección del agua que viene del norte”, indicó Glave.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL AVANZA

Durante el periodo octubre 2018 a octubre 2019, se reportaron 187 conflictos, lo que significa que desde mayo del presente año se ha registrado un alza de la conflictividad social ligado a actividades mineras.

“Se puede apreciar la reactivación de la conflictividad social desde el mes de mayo alcanzando un pico entre los meses de agosto y octubre con casos como los del corredor minero del sur, Tia María y los diversos conflictos en la Amazonia”, comentó De Echave.

En relación a la geografía del conflicto, sigue siendo Ancash la región que concentra regularmente el mayor número de conflictos, seguida por regiones como Cusco, Loreto, Puno y Apurimac, entre otras que varían su ubicación según los meses de reporte.

Al organizar la información por macroregiones, se aprecia la preponderancia de los conflictos en la macro sur (42%) explicado por los sucesos en torno al corredor minero, seguido de la macro norte (38%) y centro (20%).

Según De Echave, es necesario revisar y hacer cambios a la Ley General de Minería, la actual norma que tiene más de 30 años de vigencia. “La política de concesiones debe revisarse como parte de la Ley de Minería. Ahora vemos como las concesiones se superponen vulnerando los derechos de las comunidades. Para terminar con estos atropellos es necesario partir desde un ordenamiento territorial”, concluyó De Echave.

Por su parte, Maritza Quispe, abogada del IDL, explicó el contenido de la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero y el Estado el 25 de abril pasado, debido a que el proyecto minero afecta derechos difusos, es decir de todos los peruanos que nos veríamos afectados por la contaminación y por el recorte del servicio de agua.

Según indicó Quispe, el Sexto Juzgado Constitucional debería aplicar el principio precautorio, ya que existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona.

A su turno,  Mirtha Villanueva de Grufides, recordó que Cajamarca sigue siendo una región con altos índices de pobreza y con mucha conflictividad social en torno a los proyectos mineros.

«Que ahora no se visibilice mediáticamente los problemas en torno al proyecto Conga no significa que todo esté bien. El proyecto está paralizado pero la minera ha iniciado una estrategia de ‘captación’ de voluntades ofreciendo estudios a los hijos de los pobladores de las zonas aledañas al proyecto. Su estrategia es acabar con la oposición».

En tanto, David Velazco de Fedepaz, lamentó que el Estado criminalice las protestas, lo que ha conseguido que se tenga 250 personas judicializadas. «Se está judicializando las legítimas protestas. Son más de 250 personas que son acusados de extorsión al Estado solo por ser voceros o dirigentes de protestas sociales», afirmó.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/denuncian-que-mina-puede-poner-en-riesgo-el-abastecimiento-de-agua-para-lima-y-callao/?fbclid=IwAR2HAMfpTZmFs8h2mqgbNFyogDdC_dTqbgxlPnj4OKZ5NHcYSwILRzxnIZs

Más de 50 líderes de comunidades indígenas de ocho regiones del país, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades de gobiernos subnacionales, se reunirán en Lima este 5 y 6 de diciembre próximos con el fin de compartir experiencias sobre planificación y gestión sostenible de sus territorios locales, y demandar al Estado una nueva Ley de Ordenamiento Territorial.

Los representantes de Áncash, Huánuco, Junín, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Huancavelica buscan que esta nueva legislación permita articular las acciones para actuar frente al cambio climático, así como ante las concesiones de actividades extractivas que afectan sus tierras y a las personas.

El presidente de la comunidad campesina de Payancca, en Cotabambas, Apurímac, comenta, por ejemplo, que el cambio climático afectó a un 90% de los comuneros empadronados en su comunidad. «Por ello, en Payancca venimos trabajando los procesos de ordenamiento territorial para llevar propuestas como nuevos sistemas de cultivo que permiten tener una adaptación de los cultivos pero también de los agricultores», comenta.

Sobre las concesiones mineras, la preocupación es que varias se dieron en zonas donde también hay patrimonio arqueológico, como en Qqueuñapampa, Apurímac, donde se ubican los restos arqueológicos de Markansaya, que es de la época pre inca.

«Nos indigna que se esté concesionado a las empresas mineras. El Instituto Nacional de Cultura debe enterarse de esto porque es un lugar turístico y debería estar prohibido que se concesione. Nosotros estamos haciendo un estudio de ordenamiento territorial y nos enteramos que está concesionado y por eso solicitamos el retiro definitivo», señala Clemente Flores Sapacay, comunero de Qqueuñapampa.

Pero no es el único caso en el que concesiones se superponen con territorios en los que hay patrimonio cultural. En setiembre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas se vio obligado a eliminar la concesión que había otorgado a la canadiense Camino Minerals y que comprendía la famosa Montaña de los siete colores, en Cusco, luego de las protestas de las comunidades.

Aunque el Gobierno Central ha dado señales de estar interesado en impulsar una nueva política de ordenamiento territorial, el debilitamiento institucional frente a esta problema viene desde que, en el 2014, se aprobara la Ley N° 30230 conocida como el «paquetazo ambiental».

En este contexto es que se reúnen los más de 50 líderes de comunidades con representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades locales, para exponer sus aportes para la gobernanza territorial. El foro ha sido impulsado por la Plataforma Nacional para el Ordenamiento Territorial (POT), en coordinación con CooperAcción, Diaconía y el Instituto del Bien Común (IBC).

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/12/05/lideres-de-comunidades-del-peru-llegan-a-lima-en-busca-una-nueva-ley-de-ordenamiento-territorial/redaccionmulera/

La empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país. Se trata de Integración Coroccohuayco, un proyecto de US$590 millones para ampliar la capacidad de producción de Antapaccay, en el Cusco, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que iniciará su construcción el próximo año y no en el 2020.

Integración Coroccohuayco cuenta con estudios de factibilidad. No obstante, al proyecto se ha opuesto la población local en reiteradas ocasiones. El proyecto, si se concreta, será a tajo abierto y subterráneo.

Coroccohuayco es una mina de cobre con reservas de 290Mt con 1,03% de cobre. Glencore estima que Integración Coroccohuayco  tiene un potencial de producción de cobre potencial de hasta 100.000 toneladas anuales. El proyecto se encuentra ubicado en el municipio y provincia de Espinar en la Región Cusco, en el sur de Perú,  a unos 10 kilómetros de la mina Antapaccay.

Diversos despachos de prensa y también de ONG en la zona sostienen que existe cierta resistencia a la ejecución de este proyecto entre algunos ciudadanos de las comunidades adyacentes.

Juan Pino, presidente del Frente de Defensa de Alto Pichigua, explicó a Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina que su demanda es que estas comunidades sean incluidas en el área de influencia y sean consultadas. “Queremos saber cuáles son los daños que nos puede causar. Nosotros vivimos de los ríos de esta cuenca, y definitivamente puede afectar nuestras aguas”, señaló.

La llamada Integración Coroccohuayco sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la ex mina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay.

Fuente:https://www.energiminas.com/construccion-de-proyecto-integracion-coroccohuayco-se-adelanta-al-2019-indica-el-mem/

El 25 y 26 de noviembre, el Ministerio de Justicia y CooperAcción realizaron en la ciudad de Cusco el “Taller sobre Principios Rectores de la ONU y el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú (PNA): el punto de vista de las comunidades campesinas del Corredor Minero Sur”.

En el taller participaron representantes de comunidades campesinas, organizaciones sociales, líderes y lideresas de la provincia de Cotabambas del departamento Apurímac, y las provincias de Chumbivilcas , Espinar y Paruro del departamento de Cusco.

El taller se realizó en el marco del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción (PNA), que recoge e incorpora los Principios Rectores de las Naciones Unidas en el ordenamiento jurídico interno, para establecer un marco regulatorio que permita garantizar el efectivo goce de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales.

En el marco del taller, los líderes y lideresas del corredor del sur andino consensuaron una agenda de temas que buscan sean incluidos en el proceso de elaboración del PNA, de modo tal que se puedan incorporar las demandas y preocupaciones de las organizaciones sociales y comunidades que se ubican en el ámbito del corredor minero del sur andino.

Dicha agenda se tradujo en una carta que fue enviada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que enfatiza en temas como el sistema de concesiones mineras, los criterios de definición de áreas de influencia directa e indirecta de proyectos mineros, los mecanismos con los que el Estado reconoce a las comunidades campesinas como pueblos indígenas u originarios sujetos del derecho a la consulta, la criminalización de dirigentes y defensores de derechos humanos y la necesaria aprobación de una ley o política de ordenamiento territorial.

Lea la carta aquí

Carta de comunidades lideres de la prov.Cotabambas dirigo a Ministra de Justicia y Derechos Humanos

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/lideres-y-lideresas-del-corredor-minero-del-sur-andino-presentan-sus-propuestas-al-ministerio-de-justicia-para-ser-incorporadas-en-el-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos/?fbclid=IwAR3jqXQfjQ7oHxtvBeQ2ihy-1sUCuWfniOGUU5odEkINXkv0Enwn7F57ITo

La población del valle de Tambo retornará a las calles a partir de la quincena de diciembre para reclamar la cancelación del proyecto minero Tía María. El presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, manifestó que la temporada de cosecha de sus productos provocó que se levantaran temporalmente las protestas en la localidad.

El dirigente señaló que el valle de Tambo se encuentra en plena cosecha de la papa, cebolla y zapallo. Esto obligó a los manifestantes a guardar sus banderas de “agro sí, mina no” para no perjudicar las siembras. Actualmente, las labores se encuentran en un 60 y 70% de avance, especificó.

“Nos encontramos entre un 60 y 70% de lo que es la cosecha y, a la vez, también se viene haciendo la siembra de la próxima campaña de arroz. Sale un producto e ingresa otro. Se vienen realizando las actividades de manera normal, sin las movilizaciones ya que nos perjudicaba a los productores. Posteriormente se retomarán las protestas porque hasta ahora no se ha encontrado la solución”, aseveró.

Jesús Cornejo, dirigente del Valle de Tambo

El dirigente manifestó que la huelga de más de 100 días que soportaron no generó mayores pérdidas económicas. Además, la afluencia del agua evitó que se produzcan sequías como años anteriores.

Dirigentes detenidos apoyaron protestas contra Tía María

Jesús Cornejo también se pronunció sobre la detención de los dirigentes Andrés Saya Alarcón, del Sindicato de Construcción Civil y José Luis Chapa Díaz de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA).

En su opinión, la detención ordenada por el Ministerio Público buscó debilitar las protestas contra Tía María. Cornejo manifestó que ambas organizaciones sociales estuvieron comprometidas con la lucha del valle de Tambo.

“La intención era debilitar las protestas. En el valle de Tambo estamos 10 años luchando contra este proyecto, contra este poder económico. Nosotros tenemos embargos preventivos en los procesos que se viene dando, nuestros bienes están en manos del estado”, dijo.

Jesús Cornejo afronta también un proceso judicial por las protestas del 2015 contra el proyecto de Southern Perú. No obstante, señaló que continuarán con la defensa del valle de Tambo.

Fuente:https://elbuho.pe/2019/12/tia-maria-agricultores-del-valle-de-tambo-reiniciaran-protestas-en-diciembre/?fbclid=IwAR1CE2p5pBD6Lm00cmO_EU_X3iRrm0Wj0ZZK1S-uIyv5uEUMt67VcI_i9go

El proyecto minero Ariana depositaría sus desechos mineros cerca del túnel trasandino, lo que pone en peligro a los 10 millones de habitantes de Lima y Callao que podrían quedarse sin agua potable, sostiene el informe del 25° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).

En su reporte, el OCM hace hincapié en los avances de la ejecución del proyecto Ariana de la minera canadiense Southern Peaks Minnig, que sigue trabajando pese a los cuestionamientos de las empresas Sedapal y Enel. Estas instituciones afirman que la ubicación de la poza de relaves de la mina, encima del túnel trasandino Cuevas Milloc, pone en riesgo el abastecimiento de agua potable a los habitantes de Lima y Callao.

Actualmente, está en curso una demanda de amparo contra este proyecto minero. En este sentido, el OCM se pregunta: ¿cómo un proyecto que involucra la principal fuente de agua de la ciudad más grande del país, logró pasar todos los procesos de aprobación de un proyecto minero?

Otro tema del informe que será, que será presentado este miércoles 11 de diciembre, es la nueva Ley General de Minería. El OCM llama la atención de que la actual normatividad minera tiene más de 30 años, por lo que es necesario actualizar la legislación.

Además, el proyecto minero Tía María de Southern Copper en Arequipa es otro tema pendiente del 2019.

El reporte del segundo semestre 2019 del OCM busca visibilizar la situación de la conflictividad social y que sirva de alerta a las autoridades para que atiendan esta de una manera integral.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/12/09/lima-y-callao-en-riesgo-de-quedarse-sin-agua-potable-por-proyecto-minero-advierte-informe/redaccionmulera/?fbclid=IwAR377gv6J9FhEicoL48kDzhA0t6wioi7Gr3YqY0DyfladVBP4Tn-Q_sEh8Q