El proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú fue suspendido hasta que se garantice que no será motivo de un conflicto social en la provincia arequipeña de Islay.
El anuncio lo hizo anoche la presidenta regional Yamila Osorio en el aeropuerto de Arequipa, luego de sostener un encuentro en Lima con la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.
Según precisa La República, Ortiz se comprometió a instalar una mesa de desarrollo en Islay la próxima semana.
El temor de la población que se opone a la ejecución del proyecto se reavivó hace algunas semanas luego de que el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, anunció que la licencia de construcción para el proyecto se aprobaría a mediados de marzo.
Ni el Estado peruano ni las empresas operadoras del Complejo Metalúrgico de La Oroya cumplen con los programas de salud y ambiente para atender a la población contaminada, denunció la representante del Movimiento por la Salud de La Oroya, Rosa Amaro.
Las oficinas de comunicaciones del Ministerio de Energía y Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros han anunciado que el Ejecutivo planea invertir este año S/. 236 millones de soles en la provincia de Espinar. También anuncian que la próxima semana delegaciones de varios ministerios visitarán esta provincia cusqueña para coordinar con las autoridades locales y regionales un conjunto de iniciativas.
El Frente de Defensa de la Provincia de Sucre, Ayacucho, inició hoy un paro provincial de 48 horas como medida de protesta frente a la autorización de inicio de actividades dela exploración minera otorgada a la empresa Laconia South América S.A.C, mediante la resolución Nº0106-2014-MEM/DGM, del Ministerio de Energía y minas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, solicitaron a Carlos Gálvez Pinillos, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que se le abra un proceso sancionador en aplicación del Código de Ética a la Minera Yanacocha por el hostigamiento contra la familia de Máxima Acuña de Chaupe, en Tragadero Grande, Cajamarca. La carta fue publicada en la edición del domingo 8 de marzo en el diario La República.
Las altas temperaturas no sólo se deben al declarado período estival, sino también a que se ha iniciado el año con un notorio incremento de la conflictividad social. Varios conflictos en diferentes partes del país se han reactivado y han elevado la temperatura en el terreno social y político: en la Amazonía, la toma de los pozos en el lote 1AB en tres cuencas en la región Loreto desde inicios de enero; los recientes sucesos en Pichanaki en Junín y la tensión permanente en la provincia de Condorcanqui en la región Amazonas. En zonas de influencia minera, tenemos los casos de Tía María en la provincia de Islay, Arequipa, donde la población acaba de organizar una gran movilización en contra del proyecto minero; el de Las Bambas en Cotabambas, Apurímac; el caso Uchucarco en la provincia de Chumbivilcas en Cusco y la permanente conflictividad en regiones como Cajamarca y Ancash. Según la base de datos de la Defensoría del Pueblo, en los últimos meses se han registrado por lo menos 10 nuevos conflictos activos.
En un Estado Democrático de Derecho, las personas rigen sus vidas por las leyes y las instituciones. En él, la propiedad es un derecho fundamental y la posesión de un terreno tiene protección cuando es legítima.
El martes 24 de febrero, el Diario La República publicó un artículo del conocido periodista Ricardo Uceda sobre el caso de la campesina Máxima Acuña Chaupe y la disputa que tiene con la empresa minera Yanacocha por el Terreno Tragadero Grande, ubicado en la zona de influencia del Proyecto minero Conga y muy cerca de la emblemática «Laguna Azul».
Si bien el panorama de inversiones parece alentador, para varios analistas, estos pueden truncarse por los conflictos sociales. El congresista Juan Carlos Eguren precisa que el gobierno no tiene la suficiente autoridad para hacer respetar los proyectos. Ante las primeras manifestaciones retrocede y eso genera un panorama de inestabilidad jurídica que ahuyenta las inversiones. Aunque habría que aclarar que los conflictos se originan por la desconfianza que generan los EIAs, los instrumentos para mitigar una posible contaminación ambiental; sin embargo, estos son diseñados a la medida de la empresa y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas que promueve la inversión.