En horas de la tarde de este sábado 18 de abril, fue liberado en la ciudad de Arequipa, Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Tambo y opositor al proyecto Tía María.

Jesús Cornejo fue detenido por la Policía Nacional el pasado 15 de abril en el distrito de Cocachacra y trasladado a las dependencias de Seguridad del Estado de la ciudad de Arequipa. Desde un inicio, las organizaciones sociales del valle del Tambo denunciaron el carácter arbitrario de la detención en la medida que esta se dio en circunstancias que Jesús Cornejo se encontraba al interior de una camioneta esperando la llegada de un grupo de dirigentes de Arequipa.

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Rocío Silva Santiesteban, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Javier Jahncke de la Red Muqui, Ana Leyva y José De Echave de CooperAccion, integran la misión que está visitando el valle del Tambo.

El objetivo de la misión es recoger testimonios de la población de esta zona del país sobre el conflicto que se vive en torno al proyecto Tía María.

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El lunes 13 de abril al medio día, una camioneta del Hospital de Tambobamba fue baleada en el puente Ichuray, en la carretera a Tambobamba en el distrito de Challhuabacho. Se sospecha que el blanco del ataque era el director de dicho nosocomio, doctor Antonio Medina.

Esta balacera se produjo mientras la camioneta esperaba la llegada  del doctor Medina, quien regresaba de la ciudad del Cusco en una unidad de transporte público para luego abordar el vehículo  en el puente Ichuray y dirigirse a Tambobamba.

El chofer contó que dos personas encapuchadas dispararon al vehículo, del cual pudo escapar a tiempo. Esto se produjo minutos antes que el doctor llegara al punto de encuentro.

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“En vez de ayudarnos en nuestra actividad agrícola, el Gobierno promueve proyectos mineros a pie de cuenca y reprime a la población” resume Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, quién recoge el sentir mayoritario de la población del valle que -según estima- en un 80 por ciento depende de la agricultura.

El Gobierno no solo tiene en abandono el desarrollo agrícola del Valle de Tambo,  sino además quiere imponer un proyecto minero a la fuerza que incluye actividades mineras riesgosas a pocos metros del valle, de poblados y micro cuencas esenciales para la agricultura.

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En un esfuerzo por llevar la discusión al escenario técnico, el Ministerio de Energía y Minas expuso el estudio ambiental de Southern en Arequipa. Para sus técnicos está descartada la contaminación del valle de Tambo, pese a su cercanía. Los técnicos que representan la posición antiminera siguen con dudas. Aseguran que habrá contaminación.

Futuro campamento minero. En las Pampas de Cachendo se instalará el grueso de la producción del proyecto Tía María, hoy en el ojo de la tormenta.

Polvo, ácido sulfúrico que podría provocar lluvias ácidas, contaminación de agua subterránea y salmuera de mar. A estos cuatro factores se aferran los antimineros para sostener que Tía María contaminará el valle de Tambo, ubicado en la provincia de Islay. El Ministerio de Energía y Minas (MEM), el viernes pasado, expuso el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero y descartó ello. Recordó que antes de aprobar el EIA se le hizo 73 observaciones. Según el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, todas fueron absueltas.

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Defensor adjunto anota que, por ejemplo, la comunidad campesina de Cañaris debería ser un primer lugar de consulta. La Defensoría del Pueblo reveló que le ha recordado al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la importancia de realizar el proceso de consulta previa en el ámbito minero.

Precisó que, por ejemplo, la comunidad campesina de Cañaris, en Lambayeque, sería una de las zonas donde debería darse este proceso.

«Se trata de una comunidad que forma parte del pueblo indígena quechua, tiene derechos colectivos, como la tierra, y, por lo tanto, está sometida a las reglas que establecen las normas sobre pueblos indígenas, e incluye, entre otros derechos, la consulta previa», declaró Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría.

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Un libro que será presentado este 10 de abril en la Biblioteca Regional Mario Vargas  Llosa, en la ciudad de Arequipa, expone las sucesivas contaminaciones de agua y suelo en Cajamarca a cauda de la actividad minera de la empresa Yanacocha desde 1993.

La obra Yanacocha, ¿el sueño dorado? (tomo II) es una investigación realizada por el ingeniero ambiental Reinhart Seifert que descubre mediante pruebas científicas los efectos contaminantes de la mina Yanacocha en los recursos hídricos de Cajamarca.

“La mina Newmont solo habla de impacto y no de contaminación. Pero una cosa es un impacto, que es inocua y otra cosa es la contaminación, que es dañino”, sostiene en una entrevista.

El libro saca a la luz hechos poco difundidos como los rastros minerales de arsénico, plomo, cianuro y mercurio encontrados en el agua dulce de la región Cajamarca.

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En jaque. Tras 14 días de huelga, la incertidumbre reina en Tambo. Todos los negocios y escuelas están cerrados y el mercado central desabastecido. El diálogo planteado por el Gobierno Regional no prosperó. La población solo quiere que Southern se vaya.

El valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, es tierra de nadie. El mercado central, las tiendas, farmacias, restaurantes y hasta las escuelas de Cocachacra, distrito donde se articulan las protestas contra el proyecto Tía María, están cerrados.

La huelga, cuya duración se aproxima a las dos semanas, se ha polarizado. O estás a favor o en contra de ella. Los imparciales quedaron a merced de la violencia de los cabecillas del paro o la represión policial. Algunos manifestantes siembran el miedo. Todos los días recorren el distrito en camiones para asegurarse del acatamiento a la huelga.

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Con el voto aprobatorio de seis congresistas y pese a la férrea oposición de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, esta mañana se aprobó en la Comisión de Pueblos el proyecto de Ley 3941, que, según el Gobierno, buscaría dinamizar la economía en favor de las zonas de mayor exclusión social.

Los cuestionamientos no se han hecho esperar y organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios han calificado el acto de arbitrario, en razón de que el proyecto se aprobó con un quórum de solo seis congresistas, de un total de 12 miembros, tres de los cuáles eran accesitarios.

Un hecho que también ha motivado críticas ha sido que en los momentos previos a la aprobación, no se le otorgó la palabra a los representantes de la organización nacional indígena Aidesep ni al Pacto de Unidad, que agrupa a seis organizaciones indígenas de caráter nacional.

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Como parte de sus actividades institucionales, Fedepaz (integrante del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú-OCM) realizó una nueva visita a la Comunidad de Supayacu el pasado 30 de marzo y hemos constatado que la tensión ha aumentado, a raíz de diversas señales intimidatorias que un sector de la Comunidad de Naranjos está emitiendo contra todas aquellas personas que no están de acuerdo con la renovación del convenio con Exploraciones Águila Dorada SAC, que algunos de sus dirigentes vienen negociando.

Señales que se traducen en amenazas y seguimiento a pobladores de la propia comunidad de Naranjos y de Supayacu, esta última por estar en contra de la minería y a favor de ser consultadas y de defender el territorio compartido por ambas comunidades. Algunas familias se han visto obligadas a desplazarse para protegerse.

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