Un grupo de ciudadanos denominados Los Tambopatas, lanzaron la campaña «Tambopata Libre», un esfuerzo por contribuir a la protección de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

La iniciativa tiene por objetivo recaudar fondos por medio de la web http://www.tambopatas.org para proteger la zona de amortiguamiento que alberga una gran biodiversidad y continuar en la lucha contra la minería ilegal.

Asimismo, la campaña busca incentivar a los peruanos a realizar pequeñas donaciones o comprar productos como polos y gorras marca Hoseg.

El lanzamiento contó con la presencia de Víctor Zambrano e Isabel Yalico, miembros del comité de gestión; Pedro Miguel Schiaffino, chef e investigador de insumos de la Amazonía y líder de la ONG Despensa Amazónica y Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Victor Zambrano, fue ganador del Premio National Geographic de Liderazgo en Conservación 2016, y se refirió a la precaria situación para financiar este tipo de iniciativas para la conservación de las áreas naturales protegidas en el Perú.

“Este es un anhelo largamente esperado. Siempre hemos tenido esa ilusión porque lamentablemente el espacio de gestión donde actuamos nosotros, de acuerdo a la ley de áreas naturales protegidas, no tiene personería jurídica», indicó.

«Siempre hemos estado buscando (…) recursos porque no hemos nacido bajo un pan bajo el brazo” manifestó Víctor Zambrano, quién dijo estar muy animado por la iniciativa que se viene gestionando hace un año.

Por su parte, Isabel Yalico resaltó que dentro de su lucha, han sido objetos de agresiones y amenazas por parte de los mineros ilegales. “Tenemos suerte de estar vivos, por eso nos parece importante que más personas se sumen a esta iniciativa”, afirmó.

También agregó que es muy importante apoyar este tipo de iniciativa que pone en peligro no solo la vida de los defensores de derechos ambientales sino la existencia misma de delicados ecosistemas como el de Tambopata.

Los Tambopatas

Desde el año 2001 el comité de gestión Los Tambopatas viene haciendo seguimiento y denuncias en contra de la minería ilegal dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Sin embargo, este grupo de voluntarios no cuenta con recursos suficientes para hacer una incidencia mayor, por ello se decidió junto con otros aliados lanzar la campaña.

Los Tambopatas son miembros del comité de gestión de la Reserva Nacional de Tambopata que han creado un patronato.

El comité de gestión es una figura de apoyo a la gestión de las áreas naturales protegidas a través de la sociedad civil y no tiene personería jurídica y tampoco es objeto de captar fondos.

Entonces, para efectos de apoyar las actividades de este comité de gestión que viene luchando tantos años contra actividades ilegales en la Zona de Amortiguamiento de la reserva se creó el patronato que les permite captar donaciones.

Asimismo, es importante resaltar que Los Tambopatas cuentan con 6 ejes de acción para el cuidado y protección de la reserva, en especial de la Zona de Amortiguamiento, como también abarcan aspectos en materia de vigilancia, acompañamiento legal, educación ambiental, actividades económicas sostenibles, entre otros.
El dato:

En el 2018 la minería ilegal destruyó alrededor de 9200 hectáreas de bosque en la Amazonía sur del país. Madre de Dios, y específicamente la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, ha sido el área más impactada.

Más información:

La Reserva Nacional Tambopata (RNTMB) está ubicada al sur del río Madre de Dios, cuenta con una extensión es de 274 690.00 hectáreas y fue creada en el año 2000.

Es un importante espacio natural protegido que busca conservar la flora, la fauna y los procesos ecológicos de una muestra de la selva húmeda tropical. Así también, la RNT genera procesos de conservación que aseguran el uso sostenible de los recursos naturales y del paisaje.

La cuenca del río Tambopata presenta uno de los mayores índices de diversidad biológica en el mundo. La RNT se ubica en la zona media y baja de esta cuenca, vecina a la ciudad de Puerto Maldonado.

Entre sus ecosistemas más comunes se encuentran los aguajales, los pantanos, los pacales y los bosques ribereños, cuyas características físicas permiten a los pobladores locales el aprovechamiento de los recursos naturales, según indica el Servicio Natural de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP).

La RNT se ubica contigua al Parque Nacional Bahuaja Sonene, y forma con éste una unidad de protección de alta importancia para Perú.

La RNTMB alberga hábitats principalmente acuáticos que son usados como paraderos de más de 40 especies de aves migratorias transcontinentales. Así como también, dentro de la reserva nacional se protegen importantes especies amenazadas o consideradas en vías de extinción, como el  lobo de río, la nutria, el yaguarundí, el puma, el jaguar, el ocelote o trigrillo y margay.

En la zona de amortiguamiento se encuentran las comunidades nativas de Palma Real, Sonene e Infierno pertenecientes al grupo etnolingüístico Ese’ Eja; y la comunidad nativa Kotsimba del grupo etnolingüístico Puquirieri.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/06/06/2019/tambopata-libre-campana-busca-recaudar-fondos-para-proteger-la?fbclid=IwAR0DHY7FuK1l9ZbkBen1J5Pl1riyQyKz8b9XdWAifpaBoomW3_YBbKBQAic

Los vecinos de las diferentes comunidades del distrito de Orcopampa en la provincia de Castilla, en la región Arequipa, han organizado una protesta desde el jueves 6 de junio contra la empresa minera Buenaventura, en rechazo a los despidos y el incumplimiento a los acuerdos asumidos en reuniones anteriores.

La presidenta de la Comunidad Campesina de Orcopampa, Natividad Taco, informó que el 31 de mayo despidieron a 135 trabajadores de la zona, entre operadores, conductores, perforistas, para reemplazarlos por foráneos.

“No protestaríamos sí ellos no hubieran asumido el compromiso de no generar despidos y si los puestos que dejamos no serían ocupados por personas de otros lugares”, expresó.

Con el eslogan “Río Blanco no va, agua sí, minería no”, la población de Ayabaca en forma conjunta con diversas organizaciones sociales y Rondas Campesinas, llevan adelante hoy 12 de junio un paro provincial en rechazo al intento de imposición del proyecto minero Río Blanco y a las acciones que viene realizando en la provincia de Ayabaca la empresa concesionaria Río Blanco Copper S.A. quien señala el inicio de sus operaciones para el año 2020.

Al respecto, la Central de Rondas Campesinas de la Comunidad Campesina de Yanta en Ayabaca ha expresado que se mantendrán en pie de lucha para hacer respetar los resultados de la Consulta Vecinal de setiembre de 2007, en donde se decidieron a favor de un modelo de desarrollo social en base a las actividades agropecuarias y de turismo ecológico.

En ese sentido, el Observatorio de Conflictos Mineros exhorta al Estado peruano para que respete los procesos de consulta y la decisión de las comunidades expresadas  en la consulta de setiembre de 2007 realizada, entre otras, en la provincia de Ayabaca.

(Con información de FEDEPAZ)

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/12/convocan-paro-en-ayabaca-contra-proyecto-rio-blanco/?fbclid=IwAR0AvRmMC2tRyk6rrc5rdNVsUyesxa6BvNh2TQarQtgyRp463NkfPmz2bSA

Empresa minera también considera perforaciones en zona mineralizadas en la mina polimetálica Santander.

La minera Trevali Peru SAC presentó un informe técnico sustentatorio para realizar el recrecimiento del depósito de relaves de la mina polimetálica de  zinc, plata y plomo Santander(provincia de Huaral, sierra de Lima) y la confirmación de reservas. En otros trabajos, se espera hacer labores de exploración para la confirmación de reservas con la instalación de 35 plataformas.

A través de un informe enviado al Senace, se considera un recrecimiento en el depósito de relaves de la mina, el cual se determina que la capacidad de almacenamiento total sea de 26 meses. La empresa considera necesario que también se almacenará lodos provenientes del sistema de tratamiento de agua de mina. El informe se encuentra en etapa de evaluación.

Trevali tiene previsto efectuar la recuperación de los relaves antiguos en la zona hasta un total de 900,000 toneladas finalizada la extracción También utilizará el área dispuesta para el almacenamiento de los relaves frescos hasta la cota de almacenamiento aprobada de 4,472 metros sobre el nivel del mar.

Perforaciones
En actividades de extracción y procesamiento de minerales polimetálicos, Trevali Perú también prevé continuar con la profundización de las zonas mineralizadas denominadas Magistral Norte, Centro y Sur en mina Santander.

La empresa requiere ejecutar labores de exploración para confirmar sus reservas en Santander, mediante la construcción de 35 plataformas y realización de 51 perforaciones. Se espera que estos trabajos permitirán determinar la continuidad de recursos mineros.

Toda operación minera es evaluada permanente con la finalidad de optimizar procesos y adecuar sus operaciones, así como ejecutar modificaciones y implementación de nuevos componentes (principales y auxiliares) en la zona de operaciones de la unidad minera.

Fuente:https://gestion.pe/economia/empresas/trevali-peru-preve-ampliar-depositos-relaves-sierra-lima-269750?fbclid=IwAR1MegXTif9wkKCjSpckbOxUg3JJYCxBGygRwrGaxqbi1A64qwLpjIQ0rqk

En medio del debate sobre la reforma política impulsada por el gobierno de Vizcarra, tras haber recibido el voto de confianza por la mayoría congresal; a marzo del presente año, la Defensoría del Pueblo reporta 73 conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera. Este tipo de conflictos representa el 63.5% del total de conflictos sociales en nuestro país. Y muestra no solo estadísticamente la importancia de atenderlos, sino la necesidad de generar un debate público para buscar soluciones integrales a las causas que originan estos conflictos.

El peligro de buscar solo soluciones caso por caso como generalmente hacer el gobierno y las empresas mineras, genera que no haya soluciones integrales nacionales, y puedan surgir nuevos conflictos en otros lugares o en los mismos lugares, tras el incumplimiento de acuerdos entre el Estado, la empresa minera y las comunidades.

Por ello, desde la Red Muqui y sus instituciones miembros, realizamos este Foro para dialogar sobre las perspectivas de la minería en el presente y futuro; qué está pasando en los territorios donde la minería está amenazando en entrar sí o sí, como es el caso de Tía María en Arequipa, y en Tambobgrande, Piura, para mencionar algunos casos; y qué lecciones se pueden sacar de lo ocurrido en las Bambas hasta ahora, en que se están desarrollando las mesas técnicas por ejes frente a la problemática social y ambiental denunciada por las comunidades.

Ponentes:

– José De Echave – Economista (CooperAcción)
– Eduardo Cáceres – Filósofo (Aprodeh)
– Rocio Silva – Periodista y abogada
– Ana Leyva – Abogada (CooperAcción) (por confirmar)

Lugar: Auditorio Hotel Perú Pacífico Av. Cuba 127, Jesús María

Fecha: Miércoles 12 de Junio de 2019

Hora: 5:30 – 8 y 30pm

Mayor información: bit.ly/2Kwawhh

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/885-mas-alla-de-las-bambas-perspectivas-sobre-la-actividad-minera-y-conflictos-sociales-en-el-peru?fbclid=IwAR2ZC51QbKGzYEoaLspCseCflx7zknfNtVX95QBId83O21KZC2D-Yh61M_8

A 10 años de los lamentables hechos ocurridos en Bagua y Utcubamba, la Defensoría del Pueblo pide al Poder Ejecutivo, implementar la consulta previa durante la evaluación de impacto ambiental y social de los proyectos de inversión que se ejecutan en el territorio nacional.

Si bien, hasta la fecha se han realizado 45 procesos de consulta previa, ninguno se ha realizado en el marco de la evaluación de los impactos socioambientales que afectan directamente a los pueblos indígenas. Es necesario que el  Ejecutivo habilite al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) para que integre la consulta previa al proceso de evaluación de los proyectos, conjuntamente con los mecanismos informativos y participativos.

La Defensoría del Pueblo saluda los avances logrados mediante las consultas previas realizadas por el Estado sobre áreas naturales protegidas o la elaboración de políticas públicas o planes nacionales, no obstante también observa que existen diversos procesos de consulta que no han cumplido lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y nuestra ley vigente. “El problema principal es el momento inadecuado en el que se desarrollan los procesos de diálogo. Se realizan en etapas anteriores a la detección y evaluación de los impactos o en un momento posterior al momento en el que se debe dialogar sobre los cambios que incidirán en la calidad de vida de las comunidades indígenas” indicó, Alicia Abanto, Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, sostuvo que, hace falta que el Ministerio de Cultura derogue una directiva que no se sujeta al marco legal y avala la falta de consulta de megaproyectos de inversión vinculados con la infraestructura de servicios públicos. “También, debe implementar el registro de facilitadores del dialogo intercultural, y promover mayor participación de las mujeres indígenas en estos procesos”, remarcó la funcionaria.

Hasta el momento, de los 55 pueblos indígenas identificados, 28 de ellos (amazónicos y andinos) han participado de procesos de diálogo o consulta con representantes del Estado, siendo necesario a criterio de la Defensoría que se mejore la calidad de los procesos de diálogo para lograr cada vez mejores acuerdos. Asimismo, el cumplimiento oportuno de los acuerdos logrados en los procesos de consulta también es otra tarea pendiente.

Al respecto, la Política Sectorial de Salud Intercultural y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, contienen metas consensuadas con los pueblos indígenas que merecen una atención prioritaria. Por ello, la Defensoría expresa su preocupación ya que la Comisión Multisectorial creada para el seguimiento de los acuerdos no sesiona desde el año 2017.

También cuestiona que el Congreso de la República no haya adecuado su reglamento para implementar la consulta previa de las medidas legislativas. El Pleno del Congreso tiene pendiente esta tarea desde el año 1995.

Como se recuerda, la Defensoría presentó hace diez años un proyecto de ley de consulta previa, que sirvió de base para la determinación del contenido de la Ley N° 29785 y su reglamento vigente. Asimismo, en defensa de este derecho, ha promovido dos procesos constitucionales y emitido más de 50 recomendaciones a las entidades del Estado para garantizar el adecuado cumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

Fuente:https://www.defensoria.gob.pe/pedimos-al-estado-cumplir-con-la-consulta-previa-en-la-actividad-minera-y-de-hidrocarburos/?fbclid=IwAR3O8XCdkwLoizJMy2COVVRr8oWhDMJLjQP9CTW0n0YvrGT_-WQ_BcdJzA4

Ayer en el centro poblado de Progreso, distrito de Asillo, provincia de Azángaro se desarrolló una audiencia pública descentralizada entre los dirigentes, pobladores afectados por la contaminación de la cuenca del río Ramis y autoridades del Gobierno Regional de Puno.

En la reunión participaron cientos de pobladores de los distritos de San Antón, Potoni, Crucero, Asillo, Azángaro, Orurillo y otros. Quienes mostraron su preocupación por la contaminación de la minería informal en la cabecera de cuenca, específicamente en el distrito de Ananea y sus sectores Chaquiminas, Ancocala, Pampa Blanca y Oriental.

Al término de la reunión se acordó que los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno ademas de la comisión de regantes Asillo – Progreso, de la provincia de Azángaro, se trasladen al distrito de Ananea, sector de Pampa Blanca, al ser una zona que genera contaminación mediante los relaves mineros.

“A través de la oficina de fiscalización de la DREM se realizará visitas inopinadas a las zonas donde se practica la minería artesanal y pequeña minería para vigilar que los relaves mineros no sean desechados a la cuenca del rio Ramis”, dijo el Gobernador Regional de Puno, Walter Aduviri.

Fuente:http://radioondaazul.com/puno-afectados-por-contaminacion-de-cuenca-ramis-piden-fiscalizar-la-mineria-ilegal-84575.html?fbclid=IwAR32OV7IPcGej-e6TqWStzH2dz7XU9juaPiRvUyVgqfL5jp3-nzWOuk1PeU

Con la firma de un acta de acuerdos culminó la reunión entre el gobernador Baltazar Lantarón con representantes de la empresa, mineros artesanales, autoridades y pobladores que desde hace nueve días estos últimos mantenían un paro indefinido exigiendo el cierre de la planta de procesamiento de mineral Usayma ubicada en el distrito de Vilcabamba, provincia de Grau, en Apurímac.

La reunión que se desarrolló en la sede del gobierno regional fue bastante tensa y en varios momentos del diálogo hubo intercambio de insultos entre pobladores y mineros artesanales, irónicamente de la misma localidad.

Según el acuerdo arribado, los propietarios de la planta de procesamiento tendrán ocho meses de plazo para desmantelar y reubicarla a otro punto de la región (no se precisó dónde) y continuar con sus actividades de procesamiento sin más conflictos.

Por su parte, los pobladores y autoridades de la localidad acordaron suspender la medida de fuerza y levantar el bloqueo de la vía, solicitando además el cese de la persecución a dirigentes y pobladores por parte del Ministerio Público y Policía.

Para el próximo 13 de junio será instalada la mesa técnica en Chuquibambilla donde se abordará la agenda pendiente, como la inclusión de la provincia de Grau en el área de influencia del proyecto minero Las Bambas, ampliación y asfaltado de la vía Abancay – Chuquibambilla – Challhuahuacho, entre otros puntos más.

En la campaña electoral pasada, como se recuerda, Baltazar Lantarón firmó un acta donde se comprometía ante la población de Vilcabamba cerrar la mencionada planta si ganaba las elecciones.

Esa firma lo puso contra la espada y pared los últimos días porque según el director de Energía y Minas, Alejandro Arones Castro, ésta cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento. Luego vendría el acuerdo que dejó descolocado al citado funcionario.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/ocho-meses-de-plazo-para-retirar-planta-de-minerales-de-vilcabamba-891903/?fbclid=IwAR0NGS018ogprXy6RyCH5_QCxDWcwkkfPwcd33P5x-3frDxqp3sUJ6GhYIo

La provincia de Grau, en la región Apurímac, ha suspendido hoy temporalmente un paro provincial indefinido que se desarrollaba desde el pasado miércoles 29 de mayo en demanda del cierre de 2 plantas procesadoras de minerales. Con motivo del paro generalizado, la vía que une a Vilcabamba hacia Abancay y Chalhuahuacho- Cotabambas estuvo restringida, según dijeron los manifestantes que insisten en la medida para hacer escuchar sus peticiones ante las autoridades regionales y nacionales.

La población de Vilcabamba, capital de la provincia, pide a las autoridades que atiendan sus reclamos respecto al retiro y cierre definitivo de las plantas procesadoras Santa María Perú S.A.C. – Usayma, ubicado a algunos metros de distancia del río de Vilcabamba del distrito del mismo nombre y la planta Esponda ubicada en el distrito de Curasco, debido a casos de contaminación del suelo y agua.

La plataforma de lucha se resume en 4 puntos: 1. Reubicación de la planta de Usayma. 2. Ejecución del estudio de la carretera de doble vía. 3. Estudio y construcción de un hospital provincial de Grau. 4. que la provincia de Grau vuelva a ser zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas.

La población reclama al gobernador regional de Apurímac Baltazar Lantarón Núñez que cumpla sus compromisos, pues habría firmó un documento con los pobladores de la zona, donde se comprometió que una vez electo apoyaría la reubicación de las plantas procesadoras de minerales. Según denuncian en su plataforma de lucha, la planta procesadora a solo tres kilómetros del pueblo ha tenido serios impactos no solo por las emisiones de gases sino también debido al centenar de volquetes que pasan cada 10 minutos durante todo el día, lo que afecta la tranquilidad de las viviendas cercanas a la vía.

El día martes 4 de junio se instaló una mesa de trabajo en la plaza de armas de Chuquibambilla entre las organizaciones sociales y frentes de defensa de los distritos de Grau y los catorce alcaldes de la provincia de Grau, el vice gobernador regional, los consejeros regionales de Andahuaylas y Grau, la prefecta de Apurímac, representantes de la PCM, la defensoría del pueblo de Apurímac, representantes de la Dirección regional de energía y minas de Apurímac, los representantes de la gerencia sub regional de Grau, los representantes de la red de salud de Grau, los directores de la UGEL Grau. Sin embargo esta mesa no llegó a buen puerto, pues no se pudo acordar el cierre de estas plantas.

Sin embargo la mesa continuó el día de hoy y según el acta firmada entre los representantes gubernamentales, autoridades locales y dirigentes sociales se acordó que se suspende la paralización pacífica, se da un plazo de 8 meses para la reubicación de la planta de Usayma, asimismo se acordó que el Gobierno regional elabore los expedientes técnicos para proyectos productivos y de tratamiento de aguas servidas, entre otros temas. La mesa se deberá reunir el próximo 18 de junio para evaluar los acuerdos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/06/apurimac-provincia-de-grau-continua-en-paro-contra-empresas-mineras/

Durante la última reunión de los ronderos de las comunidades del distrito de Chugur, de la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, vinculados a la Federación de rondas campesinas del distrito; las y los ronderos alertaron al alcalde distrital, José Vargas Paredes, sobre la presencia de la Minera Anta Norte ubicada en zona denominada como el Sinchao. El Sinchao es una zona declarada en emergencia ambiental como consecuencia de la presencia de pasivos ambientales mineros dejados por empresas mineras pasadas como Cleopatra, y por la presencia de metales tóxicos en más de 57 personas, como señaló el alcalde José Vargas a la prensa regional.

A la actualidad, en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera, existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar, según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es la provincia con mayor número de pasivos ambientales mineros en todo el país. Un total de 1067 pasivos mineros se registran en la provincia; y en toda la región, Cajamarca, se registran 1183 pasivos mineros.

Recordemos que en febrero del presente año, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Venta de tierras

La presencia de la empresa minera en la zona se debe también a que el presidente de la ronda campesina de Chugur, vendió ilegalmente varias extensiones de tierra de la comunidad a la empresa minera Anta Norte; por lo cual ha sido denunciado y la junta directiva de la ronda campesina se encuentra en reestructuración, según relataron ronderos de la comunidad.

Según lo establece el artículo 7° de la Ley N° 24656 –Ley General de Comunidades Campesinas-, las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables; solo por excepción pueden ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad, lo que es refrendado por la Ley N° 26505, la denominada “Ley de tierras”, en su artículo 11°.

En este contexto, la empresa minera Anta Norte ha solicitado el permiso al ministerio de Energía y Minas para instalar 23 plataformas y efectuar sus exploraciones, la cual está a pocos metros de la minera Coimolache-Tantahuatay, advirtió el alcalde José Vargas Paredes.

No a la minería

A la actualidad, los pasivos ambientales mineros de la zona el Sinchao, pertenecientes a Chugur, aún no han sido remediados. Según relata Nancy Fuentes, directora de la institución Grufides de Cajamarca, que es parte de la Red Muqui; la información de Activos Mineros SAC – la empresa del Estado para la remediación- hacia la población, es que todavía no inician la remediación de los pasivos ambientales por las condiciones climáticas de la región, pero que ya han planificado el inicio de las operaciones para la remediación.

“Los ronderos y ronderas de la comunidad campesina de Chugur señalan que no quieren más minería, y se han visto sorprendidos de que pretenda ingresar una nueva empresa cuando aún viven con los pasivos ambientales mineros dejados por empresas que ya se fueron abandonaron sus responsabilidades ambientales”, finalizó Nancy Fuentes de Grufides.

Finalmente, como hemos venido informando anteriormente, en la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología se aprobó el dictamen para mejorar la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera; sin embargo, el congresista Olaechea, mediante una maniobra política ha recabado firmas de un dictamen en minoría que impulsó y ha logrando mayoría sin que ello pase por la discusión de la propia Comisión, obviando los importantes elementos que habían sido colocados en el Dictamen anterior.

Desde la Red Muqui señalamos nuestra preocupación frente a este intento de la empresa minera Anta Norte de imponerse en Chugur, Hualgayoc, Cajamarca; y frente a la maniobra del fujimorismo para que la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera no tenga ninguna mejora y sigamos en la misma situación de hace años.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/884-minera-anta-norte-pretende-instalar-23-plataformas-de-exploracion-en-cajamarca?fbclid=IwAR1p1ZvUbX5vu9ENKh-33Ee9JUO-E4iDhGA7rsVn2k-aoHV5hsdasDWKsZk