A través de un punto de acuerdo, el senador Víctor Manuel Castro Cosío, llamó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a no autorizar los proyectos mineros de Los Cardones, que pretenden realizar en el Área Natural Protegida Sierra de la Laguna, así como el proyecto de Minería Submarina “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, en el litoral del Océano Pacífico, ambos en Baja California Sur.
El desarrollo del proyecto minero Los Cardones, explicó, contempla la deforestación de 500 hectáreas del área de La Sierra de la Laguna, y se pone en riesgo a la salud pública por la contaminación de los mantos acuíferos y del medio ambiente en general.
La autorización para la operación del proyecto de minería submarina del Golfo de Ulloa, es parte de una inversión asociada de la empresa extranjera Odyssey Marine y AHMSA, cuyo principal accionista es un personaje muy ligado al Presidente de la República y a Emilio Lozoya, detalló el legislador.
Recordó que el Tribunal de Justicia Fiscal ordenó a la Semarnat expedir una nueva resolución, aun cuando se ha considerado que hubo deficiencias en la anterior resolución que negaba dicha autorización.
El punto de acuerdo detalla que con la operación del proyecto de minería submarina “Don Diego” se perderían miles de empleos, así como los ingresos de más de 12 mil familias, que viven de la actividad pesquera, y que ven en riesgo de perder su forma de subsistencia, por lo que el asunto que nos ocupa podría convertirse en una bomba de tiempo para los habitantes.
Adicionalmente, el senador Castro Cosío dijo que en días recientes los grupos mineros interesados han vuelto a insistir ante la Semarnat para que se autorice la operación de los proyectos mineros. Existe la sospecha fundada de que la dependencia ha decidido aprobarlos vía fast track, aprovechando el final del gobierno federal actual, agregó.
El punto de acuerdo se turnó la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
En el Juicio sobre Nulidad 2476/17-EAR-01-11 en contra de la Resolución Administrativa contenida en el Oficio Nº SGPA/DGIRA/DG03273 de fecha 8 de mayo de 2017, dictada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la cual se autorizó, indebidamente, el Proyecto “Chemours Laguna”, el pasado 3 de agosto del 2018, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, resolvió, por UNANIMIDAD DE VOTOS de los Magistrados, confirmar la admisión de la demanda interpuesta por habitantes de la Localidad “El Siete Pueblo Nuevo” del Municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango.
Ocho meses después de que un grupo de ciudadanos de la Localidad “El Siete Pueblo Nuevo” acudieran ante el TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA a demandar la nulidad de la resolución administrativa que autorizó el Proyecto “Chemours Laguna”, el 2 de mayo del 2018, la empresa “The Chemours Company”, interpuso un recurso de reclamación en contra de la admisión de la demanda en el que argumentaba que los demandantes carecían de interés legítimo para combatir la autorización del proyecto.
Para sostener su argumento, la “Chemours Company” le dijo al TRIBUNAL que residir en la Ciudad de Gómez Palacio no es un elemento suficiente para acreditar que los demandantes tengan interés legítimo para demandar la nulidad de la autorización impugnada; la “Chemours Company” también argumentó que es falso que el Proyecto “Chemours Laguna” se ubicará en “El Siete Pueblo Nuevo” y que no basta con habitar en una comunidad posiblemente afectada por el Proyecto “Chemours Laguna” para presentar una demanda sino que es necesario demostrar que el “proyecto” puede llegar a afectar el medio ambiente, por lo que solicita que se revoque la admisión de la demanda en contra del Proyecto “Chemours Laguna”.
En su resolución, los Magistrados de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, le dijeron a la “Chemours Company”, por UNANIMIDAD DE VOTOS, que sus argumentos son INFUNDADOS e INSUFICIENTES y confirmaron la ADMISIÓN de la demanda en contra del Proyecto “Chemours Laguna”. En su argumentación, el TRIBUNAL precisó que:
1.- Si bien es cierto que los demandantes no tienen su domicilio en la localidad denominada DINAMITA, lugar en donde se ejecutaría el Proyecto, lo cierto es que esa población es colindante y/o adyacente con la comunidad conocida como “El Siete Pueblo Nuevo”.
2.- Los demandantes, al formar parte de una comunidad adyacente a la población en la que se propuso edificar el Proyecto “Chemours Laguna” sí tienen interés legítimo para impugnar la autorización, toda vez que los trabajos de la planta química destinada la producción de cianuro de sodio podría afectar a la población a la que pertenecen los demandantes… pues su construcción podría generar un impacto a su alrededor.
3.- En el mundo real, los efectos -químicos- que pudiera tener la producción de cianuro de sodio, no sólo podrían influir en la comunidad en la que se construya la industria, sino también tendría un eventual impacto ecológico, de salud pública, en los ecosistemas, en el medio ambiente y los recursos naturales, la vida silvestre en las comunidades aledañas o adyacentes a la fábrica, de ahí que al formar parte y vivir en una localidad colindante en la que se construirá la planta, es evidente que tienen reconocido y acreditado su interés legítimo, pues su construcción si podría afectar a las comunidades que la rodean de ahí que sí tengan bases sólidas para interponer su demanda.
Con esta resolución, el Proyecto “Chemours Laguna” recibe un nuevo revés judicial ya que la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA considera, de manera definitiva, que los demandantes tienen derecho a combatir el Proyecto “Chemours Laguna” y garantiza, con ello, su derecho de acceso a la justicia.
¡La vida no se negocia!
¡El estado de derecho no se negocia!
¡Horizontalidad, transparencia y defensa de la vida!
”Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio”
En México y en Latinoamérica las mineras canadienses ya están acostumbradas a tener una actuación ilegal y de incumplimiento de contratos o convenios, entre muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos, porque se saben protegidas por las estructuras de gobierno, a tal grado que, aun en comunidades quienes erróneamente o con engaños han aceptado el ingreso de una empresa minera a su territorio, son reprimidas cuando éstas reclaman sus ilegalidades.
La minera Coeur Mexicana SA de CV, de capital canadiense, firmó un contrato con los ejidatarios para la explotación de la mina de plata en el municipio de Guazapares, ubicado en la Sierra Tarahumara, que se caracteriza por ser la región más importante en producción de plata del estado norteño de Chihuahua. Sin embargo, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa canadiense, que es un común denominador de estas empresas, provocó que los ejidatarios exigieran justicia.
Desde el 20 de agosto los ejidatarios iniciaron su manifestación y plantón en el camino que da acceso a la mina, pero fue disuelta el 30 de agosto con el apoyo de 130 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes llegaron disparando al aire para intimidarlos, sin identificarse y sin presentar órdenes de aprehensión, detuvieron a dos ejidatarios, José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González, que ahora se reportan como desaparecidos.
Esta situación es reiterativa por parte de las empresas mineras canadienses, aunque no sólo estas, tanto en otras partes del país como en Latinoamérica, en donde incumplen muchas de las cláusulas de los convenios firmados, desde aspectos tan fundamentales como negarse a la contratación de mano de obra, no pagar derechos de paso, no realizar las obras sociales prometidas a las comunidades y otras serie de circunstancias que al final se traduce en la extracción del mineral y la devastación territorial, de la salud y comunitaria.
También incumplen resoluciones judiciales, violan normativas ambientales y prácticamente hacen inexistentes los derechos humanos de los pobladores locales y trabajadores, a quienes reprime e incluso asesina cuando se atreven a reclamar sus derechos, tal como ha sucedido ya en Guerrero con la empresa Torex Gold o en Chiapas con la Blackfire o en Oaxaca con la Fortuna Silver Mines, todas de capital canadiense.
La actividad minera está lejos de ser parte del progreso y desarrollo, toda vez que se ha vuelto la práctica que mayores asimetrías genera; destruye totalmente los bienes naturales y por ende el territorio de los pueblos a los que deja devastados con irreversibles daños a la salud y al ambiente; capitalizando el despojo tan pronto como les es posible, llegan a efectuar
el desplazamiento a toda costa.
A las empresas y sus dueños, no les interesa si un pueblo se opone y resiste o por el contrario firma un convenio, pues en ambos casos habrá persecuciones, represión, criminalización y/o asesinatos. Es tan rapaz y tan impune el actuar de las empresas mineras y del mismo gobierno que violentan y violan todo el Estado de Derecho en su conjunto. Reconocemos que se trata de una batalla en donde el Estado actúa casi siempre del lado de las empresas y bajo los escudos justificativos de la modernidad, el progreso y el desarrollo, buscando de esa forma legitimar sus ilegitimas ganancias generadas por el saqueo de los pueblos.
Este caso que ahora sufren los ejidatarios del municipio de Guazapares, debe ser un serio llamado de atención y de alerta, para que las comunidades y ejidos de todo el país, eviten ser engañados y desechen cualquier relación con aquella empresa minera que ronde su territorio. En contrasentido, los invitamos a organizarse para decretar el Territorio Libre de Minería. Es posible luchar y resistirse en contra este Modelo Extractivo que viola los derechos humanos y devasta territorios tal como sucede y se ha demostrado en varios estados del país.
REMA se solidariza con las y los ejidatarios de Guazapares quienes a pesar de lo ocurrido se mantienen
resistiendo y sostendrán el bloqueo, el cual han anunciado que ahora será total.
Responsabilizamos a la empresa minera canadiense y al gobierno de Chihuahua por la seguridad de los ejidatarios y el regreso con vida de José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González.
¡POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
La organización Familia Pasta de Conchos sostuvo que en el afán de legitimarse, el dirigente minero y Senador electo Napoleón Gómez Urrutia miente al asegurar que reabrirá el caso de la mina que explotó en febrero del 2006, para rescatar los cuerpos de los 65 mineras que quedaron atrapados.
A través de la activista Cristina Auerbach, señalaron que como dirigente máximo del Sindicato Minero Nacional tuvo la facultad para evitar una de las mayores tragedias, pero se limitó a cobrar cuotas sin preocuparse por la seguridad de los trabajadores, lo cual lo convierte en cómplice.
Así mismo manifestó que Gómez Urrutia no puede abrir ningún caso porque el caso está abierto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que le dio admisión en marzo del año pasado, litigio que va acompañado por casi mil 100 familiares directos de los mineros muertos; Napoleón Gómez nada tiene que ver, sostuvo.
Exigieron un documento que muestre que Gómez Urrutia intentó actuar para evitar la muerte de los 65 mineros, tomando en cuenta que él representa al sindicato.
“Entonces que ahorita venga a decir que quiere que se abra el caso y que se investigue, pues yo le pediría que se entregue y que cuente que fue lo que pasó. Porque aquí la tragedia de Pasta de Conchos es la suma de complicidades entre el estado mexicano, grupo México y el Sindicato Minero, porque el sindicato minero los únicos emplazamientos que hizo fueron por salario, nunca por las condiciones de inseguridad”, expresó.
La activista manifestó que el dirigente minero ha mentido todos estos años, y ahora ensaya un discurso que le viene bien, que se ha posicionado porque tiene poder y dinero, pero es mentira.
“Quiere legitimarse, yo creo que él pensó que iba a llegar y que todo mundo le iba a aplaudir, y resulta que se encontró con una fuerte oposición no solo de las familias de Pasta de Conchos, no sólo de un sindicato pulverizado, porque me estoy enterando que del sindicato minero ahora hay otros 9 sindicatos, hay 10 sindicatos mineros, ni siquiera sé realmente a cuantos representa”, apuntó.
Y agregó: lo que no es aceptable y es absolutamente condenable es que un sindicato, un representante sindical se haya quedado callado, haya sido omiso ante las condiciones de esclavitud en que estaban los trabajadores de Pasta de Conchos, que haya cobrado cuotas sindicales, que sólo haya representado a 28 de los 65; él no representaba a todos, sin tomar a los de confianza y el resto el personal de la empresa contratista que se llamaba General de Hulla.
Manifestó que Gómez Urrutia también cobraba un contrato de protección, cobraba por no sindicalizar a sus trabajadores, “entonces es una hipocresía que hoy diga que va a acabar con los contratos de protección cuando él ha vendido contratos de protección desde que es el sindicato minero, así que no tiene ninguna calidad moral, ninguna legitimidad y ningún derecho de hablar a nombre de nosotros”.
Actualmente no existe diálogo con el sindicato, la empresa o el estado, las familias sobreviven con un ingreso de 3 mil pesos mensuales, informó.
Auerbach pidió a los trabajadores que están en los 10 sindicatos que derivaron del Minero, que recapaciten sobre lo que está pasando con sus organizaciones, “porque el regreso de Gómez Urrutia nos recuerda lo vulnerables que son, lo desprotegidos que están y que son sólo ellos los que pueden tomar cartas en el asunto para que sus centros de trabajo no sean trampas mortales”.
La desaparición forzada es otra de las herramientas utilizadas por el Estado y las grandes corporaciones para castigar a quienes se oponen a los llamados proyectos de muerte en la entidad, afirmó Mariel Bonilla Dumit, integrante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos en Puebla.
Tras la presentación del libro sobre la desaparición de dos integrantes del Ejército Nacional Revolucionario (EPR), la activista recordó que recientemente desapareció Sergio Rivera Hernández, opositor a la hidroeléctrica que pretende construir la minera Autlán en la Sierra Negra.
Desaparecido opositor a las represas
Bonilla Dumit sostuvo que el caso de Sergio Rivera puede presumirse como una desaparición forzada, debido a su activismo en contra de una hidroeléctrica en el municipio de Zoquitlán.
“El caso no ha sido muy sonado mediáticamente pero se puede presumir el interés político del Estado para deshacerse de él. Por su práctica política se puede presumir que se trata de una desaparición forzada”.
La integrante de la Red sostuvo que la población sufre diversas violaciones a sus derechos humanos por la imposición de estos proyectos, ya que en un primer momento no se les da la información debida de las mineras,fracking o hidroeléctricas que se construirán.
“Cuando ellos reaccionan es porque ya están siendo desplazados. Violentan su derecho a una calidad de vida, a su entorno social, y cuando se quieren defender son criminalizados, sometidos a procesos inventados”, expuso.
Sergio Rivera desapareció el pasado 23 de agosto en el municipio de Zoquitlán, luego de que al parecer era perseguido por una camioneta con camper que merodeaba el lugar.
Compañeros de quien integra el Movimiento Agrario Indígena Zapatista hallaron su motocicleta abandonada.
En otro tema, la activista refirió que otro caso importante de desaparición forzada en Puebla fue el de Fermín Mariano Matías, cofundador de la Liga Estudiantil Democrática y ex integrante del PRD, quien desapareció en 2009 y posteriormente fue hallado asesinado.
Al respecto afirmó que es sonado que existen inmuebles en la entidad destinados para retener a personas sin la intención de ponerlas a disposición de la autoridad ni sujetarlas a un proceso penal.
Difícil cuantificar cuántos casos hay
Durante la presentación del libro sobre la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del EPR que desaparecieron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el historiador Fritz Glockner sostuvo que es “imposible” saber cuántos casos de desapariciones forzadas hay en México y en Puebla.
Manifestó que se estima que hay más de 30 mil personas que han desaparecido como consecuencia de su activismo político y social, sin embargo hay académicos que estiman que son más de 300 mil.
“Con la información de los colectivos se podría plantear la hipótesis que entre 1969 y 1978 el gobierno mexicano desaparece o asesina a 5 mil mexicanos. Pero en la actualidad no hay claridad”, expuso.
El 90 por ciento del territorio del municipio de Francisco Z. Mena está concesionado a la minería y el fracking, lo que eleva el riesgo de un desplazamiento de la población, advirtió el activista Eduardo Morales Sierra.
El también académico destacó que las principales violaciones que viven quienes se oponen a los que calificó como “proyectos de despojo” son el hostigamiento, las amenazas, las denuncias falsas y el asesinato.
Riesgo de desplazamiento
Morales Sierra destacó que los municipios tanto de la Sierra Norte como en la Sierra Negra están amenazados con proyectos de gasoductos, minerías, hidroeléctricas, instalación de paneles solares y fractura hidráulica.
“En Francisco Z Mena el 90 por ciento del territorio está concesionado a minería y fractura hidráulica; eso va a implicar un proceso de desplazamiento forzado”, expuso.
El municipio de Z. Mena, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, cuenta con una población de 16 mil 667 personas, y mil 600 hablan una lengua indígena.
Asimismo, cuenta con una extensión territorial de 535.8 kilómetros cuadrados, lo que implica que más de 482 kilómetros cuadrados están concesionados a los proyectos de despojo.
Violaciones trascienden a los gobiernos
El académico destacó que los proyectos de despojo trascienden a los gobiernos, ya que el estado está diseñado para esto.
“Va mucho más allá del gobierno y de los partidos en turno que continúen estos procesos. La estructura del gobierno está diseñada para ello”.
Agregó que una de las formas que tiene el Estado para presionar a los activistas que se oponen a estos proyectos en el estado es la vinculación a procesos con delitos inventados, como sucedió con indígenas de Cuetzalan.
Autor: Roberto Galindo para Contralínea.com Conflicto Relacionado: Caimanes-Los Pelambres
En La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, se vivieron el 29 de agosto de este año intensas y nutridas protestas en contra de la mega minería tóxica a tajo abierto. Y es que Desarrollo Zapal, compañía de Invecture Group, intentó de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo de una gran área dentro de la Reserva de la Biosfera de La Sierra de la Laguna, con el propósito de establecer el proyecto Los Cardones y extraer oro a gran escala. Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo fue rechazado, también dijo que la empresa puede intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos ante lo que consideran un grave riesgo para su subsistencia, debido a que La Sierra de la Laguna es la reserva de agua dulce más grande al sur del estado.
Desde hace más de 10 años se ha intentado establecer el mismo proyecto de minería con diferentes nombres y, como en ocasiones anteriores, los empresarios mineros se toparon con la resistencia de la sociedad sudcaliforniana. En La Paz se congregaron alrededor de 1 mil personas afuera del palacio de gobierno estatal para exigirle al gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente contra la minería en el estado. Ante la ausencia del mandatario, incrementaron el tono de la protesta hasta que el secretario general de gobierno Álvaro de la Peña Angulo salió y, micrófono en mano, dijo que “el gobierno del estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”, haciendo referencia a Los Cardones. Pero ante la insistencia de los manifestantes de dialogar formalmente, aceptó el ingreso de una comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas al recinto de gobierno.
En la mesa y ante las demandas de integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), de otras organizaciones procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos independientes que le manifestaron los riesgos de permitir la minería a tajo abierto en la Reserva de la Biosfera, de la Peña Angulo, acompañado por otras autoridades, entre ellos el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, Axxel Sotelo, se comprometió a elaborar un documento oficial en el que se especifique que se emitirá una iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la Sierra de la Laguna, mismo que, acordaron, dará continuidad a lo ya desarrollado por el Freciudav y que será integrado de común acuerdo por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al cabildo saliente y al entrante, así como las instituciones encargadas del medio ambiente. Peña Angulo aseveró que el documento se dará a conocer en una rueda de prensa la primera semana de septiembre. Por su parte los integrantes del Freciudav declararon que mientras no exista una ley que blinde al estado contra la minería, ellos no dejarán de manifestarse y protestar, pues dijeron que lo que defienden es su derecho a la vida.
El gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez debe declarar a Veracruz como un estado libre de minería tóxica, dijo el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez.
Entrevistado en la marcha “Por la vida” que realizaron en Palma Sola, señaló que buscarán reunirse en septiembre con el gobernador electo para presentarle la agenda ambiental.
“Queremos que ese mensaje les llegue a los mineros y que sepan que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se instalen en Veracruz”.
Y es que señaló que los activistas y pobladores quieren dejar claro tanto al Gobierno federal como al estatal, “que no queremos que nos jodan con la minería tóxica”.
Recordó que el morenista en el Día Mundial del Medio Ambiente se pronunció en contra de la minería y que buscan que lo cumpla al prohibir la minería en el estado.
“Dos gobernadores han dicho no a la minería y este es el tercero y estamos buscando que nos reciba en septiembre justamente para que le entreguemos nuestra agenda ambiental y lleguemos a un acuerdo para que decrete a Veracruz libre de minería tóxica”.
Cabe recordar que actualmente son 17 municipios los que cuentan con un acta de Cabildo en la que se declaran libre de minería y que buscan que otros 20 hagan lo mismo.
“Es un mensaje para el Gobierno federal saliente y al que entra. A Enrique Peña Nieto le queremos decir que aunque ya se va no olvidamos que nos jodió y al que va a llegar decirle que no queremos que nos jodan con la minería.
Dijo que antes de diciembre visitarán todos los municipios que nos faltan de la sierra, y en los que se incluyen Juchique de Ferrer, Misantla, Huatusco, Vega de Alatorre, Martínez de la Torre, Nautla, San Rafael, entre otros.
Sobre la “Fiesta por la vida” realizada en Palma Sola, dijo que se trata de visibilizar los daños que puede generar la minería en el estado, pues señaló que de llevarse a cabo el proyecto Caballo Blanco, al primer comunidad afectada sería Palma Sola, que se ubica apenas a 2 kilómetros de distancia de donde pretenden establecer el proyecto.
Sobre el proyecto, dijo que hasta este viernes la empresa Candelaria Mining Group no había ingresado su Manifiesto de Impacto Ambiental o solicitud para la extracción de oro en el cerro de La Paila.
El activista indicó que aunque no han ingresado la solicitud, los pobladores y activistas no permitirán que se instale la empresa con capital canadiense.
“Estamos defendiendo la vida y queremos que la sociedad sepa que estamos protegiendo las montañas, la vegetación y a su población”.
Alrededor de 7 mil personas de 50 comunidades pertenecientes a los municipios de Alto Lucero y Actopan se organizaron en contra del proyecto minero a cargo de la empresa Candelaria Mining Group, el cual se pretende realizar en el cerro La Paila.
Tiene más de tres años que se crearon los grupos de defensa ciudadana ambiental Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida y Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica, con los que la ciudadanía ha mostrado su rechazo a las actividades de minería en la zona.
Los grupos se encuentran organizados en zona norte y sur, sin embargo, ambos tienen por objetivo detener la explotación de la zona. Las pancartas con mensajes en contra del proyecto de explotación minera fueron mostrados a los pobladores y conductores que transitaban por la zona.
Durante el recorrido los mensajes «no a la mina, sí a la vida» no se hicieron esperar, como tampoco lo hicieron los gritos de apoyo a quienes desde hace varios años están en contra del daño ambiental.
Asimismo, la organización se ha generado en ocho regiones, cuatro por cada uno de los grupos. Miguel Rosado Viveros está a cargo de la región sur del grupo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida, mientras que Ascensión Sánchez Vázquez coordina el grupo Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica.
Las acciones que ambos han generado son para frenar la instalación de la minera, por lo cual son apoyadas por la ciudadanía que se ha presentado en reuniones, asambleas, manifestaciones y recorridos en la zona donde se prevé la instalación del proyecto.
Se realizó la decimosegunda manifestación en contra del proyecto minero, sin embargo, no se quitará el «dedo del renglón» hasta que la empresa canadiense se retire del sitio.
Cabe mencionar que en 1994 se descubrió que La Paila tiene oro, pero los trabajos de excavación, a cargo de la empresa Caballo Blanco, comenzaron en 2004 y se detuvieron en 2012 ante la presión de los pobladores.
Para 2016 se reanudó el proyecto, ya que fue retomado por la empresa canadiense Candelaria Mining Corp, empresa que tiene contemplado ampliar su exploración con cuatro proyectos más en el municipio de Alto Lucero.
Una niña de ocho años se emociona, toma aire y suelta el grito. Su voz no está sola. Es mediodía del sábado 17 de marzo y una multitud se escucha en la cancha de futbol de Santa María Sotoltepec: “No a la mina. Sí a la vida”.
Quienes hoy levantan la voz son pobladores de varios rincones de la Sierra Norte de Puebla. Llegaron en coches, camionetas de redilas, pick-up, motocicletas e, incluso, pedaleando una bicicleta durante más de dos horas.
Son casi una centena de vehículos los que dan forma a esta “Caravana por la vida”. No es una simple ocurrencia que esta peregrinación de automóviles se detenga en Santa María. Aquí la empresa canadiense Almaden Minerals instaló sus oficinas, después de que el gobierno mexicano le otorgó concesiones para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Uno de los cerros vecinos a esta comunidad, ese que está junto al que tiene forma de mesa, fue elegido para hacer ahí el tajo de la mina a cielo abierto.
Desde hace más de siete años, los habitantes de la Sierra Norte de Puebla mantienen viva una resistencia en contra de minas, hidroeléctricas y otros proyectos que, tanto gobierno como empresas, han querido imponer en este territorio atiborrado de cerros, en donde los ríos nacen discretos, pero también llegan a ser caudalosos. Una región habitada por comunidades tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizas. Tres voces distintas unidas en un mismo coro: “No a los proyectos de muerte.”
Y eso se mira este sábado de marzo. En la “Caravana por la Vida” hay gente de Olintla, Libres, Zautla, Tetela de Ocampo, Cuetzalan, Ocotepec, Chiconcuautla y otros municipios de Puebla. Muchos son campesinos; otros estudiantes, maestros, niños, amas de casa, comerciantes o migrantes que siempre regresan a la tierra donde nacieron.
La “Caravana por la vida” deja la cancha de futbol de Santa María. Los vehículos toman la carretera que lleva a San Francisco, cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán. Si se les mirara desde la cima de uno de estos cerros, parecerían hormigas que avanzan, una tras otra, hacia su objetivo.
La niña de ocho años viaja en una de las camionetas pick-up que van a la retaguardia de la caravana. Al llegar a San Francisco, sus gritos se avivan. Cuando ingresa a la cancha de basquetbol con techo de lámina —espacio que también funciona como plaza pública—, su voz retumba: “Zapata vive, vive. La lucha sigue, sigue”. Esa vieja consigna que la niña grita a todo pulmón ha tomado nuevos aires entre los cerros, los ríos y las comunidades de la Sierra Norte de Puebla.
El espíritu del río
Entre algunos totonacos hay una creencia: al medio día, no se puede cruzar un río. No se hace porque a esa hora ahí está su espíritu. Cuando pasa el medio día, antes de cruzar, es necesario lavarse manos y cara, además de tomar un poco de esa agua que corre. Sólo entonces se puede pasar al otro lado de la corriente. Eso es lo que abuelos y padres enseñan a sus nietos e hijos: al río hay que respetarlo.
Los campesinos totonacos que tienen tierras a las orillas del río Ajajalpan —en la parte occidental de la Sierra— se preocuparon cuando el entonces presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo, los citó para convencerlos de que vendieran sus terrenos.
—Nos dijeron que iba a haber mucho dinero. —recuerda Miguel Sánchez Olvera, totonaco de la comunidad de Bibiano Hernández, municipio de Olintla— Nosotros sospechábamos, decíamos: “como que esto huele mal, como para qué tanto terreno”. Una compañera comentó que la Cooperativa Tosepan estaba muy organizada, que fuéramos con ellos a Cuetzalan para preguntar qué sabían de esto. Fue un grupo y cuando regresaron nos informaron que había planes de hacer una hidroeléctrica. Nosotros no sabíamos qué era eso. Empezamos a aprender, a saber, a conocer sobre eso de las hidroeléctricas.
En Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla, aún se cuenta lo que sucedió el 5 de diciembre de 2012. Ese día, ocho mujeres se pararon frente al bulldozer para evitar que continuara abriendo camino, para impedir que se hiciera una carretera.
—La máquina no pasa —dijeron esas mujeres a las que, poco a poco, se les fueron uniendo otros pobladores de comunidades vecinas. Para ellos, permitir la carretera era abrir la puerta a la hidroeléctrica que Grupo México planeaba levantar en el río Ajajalpan.
La oposición a la hidroeléctrica se mantuvo. No importó que el 26 de enero de 2013, se prendieran grandes fogatas para impedir que salieran de Ignacio Zaragoza las personas que llegaron para apoyar a los que se oponían a los planes de Grupo México. Mucho menos funcionó que el presidente municipal dijera que todos aquellos que no permitían la hidroeléctrica eran “indios” que no entendían que ese proyecto llevaría el desarrollo a sus tierras.
—Fue una lucha a ras de suelo —recuerda Miguel Sánchez.
En octubre de 2013, Grupo México anunció la cancelación de la hidroeléctrica en el río Ajajalpan.
—No lo celebramos. Para qué celebrábamos si esto apenas empezaba. —dice Miguel—
Resistencia con raíces
Cuando se recorren los caminos de la Sierra Norte de Puebla no es extraño escuchar a su gente hablar de su larga historia de resistencia, contar esos relatos que se transmiten, de generación en generación, cuando se trabaja en la milpa o cuando se toma café frente a un fogón.
En el siglo XIX, en estas tierras se venció y se hizo retroceder a los invasores franceses. Entre las lomas aún hay vestigios de los fuertes que se hicieron entonces.
A principios del siglo XX, estos cerros fueron testigos de batallas en la Revolución y varios aún recuerdan los nombres de quienes se enrolaron en las filas de Emiliano Zapata.
Cuando era niña, la profesora Rosa Martínez Reyes aprendió de “los mayores” como predecir la lluvia con sólo mirar hacia los cerros que rodean Tlamanca:
—Cuando va a llover, haga de cuenta que en el cerro se forma una franja como de neblina. Entonces la gente dice: “va a llover”. Y sí, al tercer día, llueve.
Desde la puerta de su casa, la profesora Rosa —hoy de 46 años– mira ese cerro que anuncia la lluvia y en donde, a mediados del siglo XX, había dos minas subterráneas para la extracción de oro, clausuradas cuando un derrumbe provocó la muerte de siete mineros. Recuerda que, a mediados de 2012, cuando viajaba por la carretera que llega a su comunidad, se sorprendió al mirar el cerro “como rasguñado”. Fue entonces que se enteró: la empresa de capital chino JDC Minerals tenía una concesión otorgada por el gobierno federal, con ella se instaló en el lugar para reabrir las antiguas minas y comenzar con la explotación de oro.
Tlamanca, con poco más de mil habitantes, es una comunidad del municipio de Zautla en donde la migración es una tradición. Durante varios meses los hombres viajan a la zafra en Veracruz; otros prefieren irse a Estados Unidos. Son las mujeres quienes se quedan en casa a cargo de los hijos, la cosecha de maíz y el frijol. Fueron las mujeres, junto con los jóvenes y los abuelos, quienes tuvieron la más activa participación durante los poco más de cuatro meses que duró la movilización en contra de “los chinos”, como se les llamó a los empresarios mineros que aseguraron tener, incluso, el permiso de cambio de uso de suelo otorgado por el presidente municipal.
—Nosotros decíamos: ¿por qué el presidente municipal tiene que dar el permiso? Se tiene que consultar al pueblo. Nadie nos había consultado. —comenta Catalina López— Los chinos decían que no habría afectaciones, que de aquí iban a sacar el material y en otro lado iban a procesar. Que tendríamos trabajo. Que iban a construir un hospital. Ellos nada más comentaban los beneficios, pero todo tiene ventaja y desventaja. En una asamblea repartieron refrescos y con eso nos querían convencer. Dijimos: necesitamos asesoría, que la gente que sabe de esto venga a explicarnos.
Los habitantes de Tlamanca acudieron a los maestros y estudiantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), en Zautla. Cuando en esta región no había opciones académicas, en 1982 el ex lasallista Gabriel Salom Flores impulsó la creación de esta escuela para que los campesinos e indígenas pudieran acceder a la educación media y superior. Se planteó —cuentan los primeros alumnos— como un modelo educativo que generara arraigo entre los jóvenes, que no los “descampesinara” y que contribuyera al desarrollo comunitario. El Cesder comenzó como una telesecundaria. Hoy ofrece licenciaturas y maestrías, de las cuales han egresado alrededor de 500 estudiantes de la región y de otros estados del país.
El Cesder organizó un foro para hablar de la minería a cielo abierto, una técnica que remueve la capa superficial del terreno para acceder a los yacimientos bajo la tierra y que utiliza cianuro para los procesos de separación de minerales. En esos foros se presentaron videos de comunidades en Centroamérica afectadas por este tipo de minería.
—Vimos que en todos lados donde ha entrado esa minería hay quejas, enfermedades, destrucción, divisionismo. Ya con eso pensamos: “no nos conviene”. Tuvimos que armarnos como pueblo. —recuerda Catalina López.
Tlamanca se armó con información y organización comunitaria. Se formaron comisiones para pedir apoyo en las 30 comunidades del municipio de Zautla. En asambleas se les hablaba de lo que era la explotación de oro y se les entregaban folletos con información. Se organizaron reuniones en casas para exhibir los videos sobre la minería a cielo abierto. Se hicieron foros para que la gente “narrara” lo que deseaba para sus comunidades.
—Aquí como que la gente es algo organizada: si alguien se enferma, vamos corriendo a ver en qué ayudamos. Si alguien fallece, agarras algo de tu despensa y vas a ayudar a la familia. También hacemos faenas: si se descompone un camino, todos vamos a componer el camino. Que un incendio, todos vamos a apagarlo. Cuidamos entre todos lo que hay: los caminos, el agua. Eso nos ayudó. —dice la profesora Rosa, egresada del Cesder.
El 22 de noviembre de 2012, más de cinco mil personas marcharon y realizaron una asamblea en Tlamanca, en la que se acordó que JDC Minerals tenía 24 horas para sacar su maquinaria e irse de la comunidad.
—Algunas personas —recuerda Rosa— decían: “nos van a dar trabajo y aquí el trabajo hace falta”. Pero, ¿trabajo a costa de qué? ¿De tumbar todo el cerro? ¿De secar los manantiales? La mayoría dijimos no y eso ayudó. Nosotros decíamos: “no se trata de que nos traigan dinero, es cuidar el territorio”.
—Quizá para algunos el desarrollo es hacer una carretera, una mina. Pero para nosotros ese tipo de desarrollo destruye el hábitat, el lugar donde vivimos, nos despoja de nuestra identidad, de nuestra forma de vivir. No queremos ese tipo de desarrollo. —explica Mario Rivera García. Él formó parte de la comisión encargada de divulgar la información. Tiene 26 años y está a punto de titularse del Ceder con una tesis sobre cómo los pobladores de Tlamanca sacaron a la empresa minera.
Rosa, Andrea, Catalina, Mario y Alejandro no se confían. Saben que las empresas mineras pueden regresar a Tlamanca, porque la concesión que el gobierno federal otorgó para la explotación del oro que está en su territorio es por 50 años.
En la década de los 70, los nahuas de la sierra baja utilizaron la organización comunitaria para hacer frente a los caciques, para resolver aquellas necesidades que ninguna autoridad gubernamental atendía y para abrir caminos a los proyectos autogestivos. Así, en 1977, nació la Unión de Cooperativas Tosepan —hoy agrupa a dos grupos originarios maseualmej y tutunakus de 430 comunidades y 25 municipios de la sierra y 4 de Veracruz— la cual trabaja en la producción orgánica y comercialización de café, miel, bambú y pimienta, el ecoturismo, la salud y la vivienda sustentable.
En los últimos 40 años, la Sierra Norte de Puebla ha visto nacer y florecer proyectos productivos, educativos y sociales; iniciativas que surgieron como un camino alternativo ante el abandono estatal.
A partir de 2008, la presencia del Estado comenzó a notarse con más fuerza en este territorio. En ese año, los gobiernos federal y estatal intentaron instalar, sin éxito, un proyecto turístico de gran escala en Cuetzalan.
En 2011, cuando el panista Rafael Moreno Valle ganó la gubernatura de Puebla se insistió en esos “grandes proyectos” para la Sierra Norte. En el pueblo de San Miguel, en el municipio de Zautla, se quiso construir la primera “Ciudad rural”, proyecto en el que también participaba la iniciativa privada y con el que se buscó sacar a la población de sus territorios originales y concentrarlos en espacios urbanos. Así, se dijo, se evitaría la existencia de las pequeñas localidades dispersas por la sierra.
Estos proyectos —los grandes hoteles y las “Ciudades rurales”— se toparon con la oposición de la gente y no prosperaron. Pero fueron el anuncio de lo que vendría para la Sierra.
Mapeos realizados por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) —el cual realiza trabajo en la sierra desde 2009—, la Tosepan y otras organizaciones no gubernamentales muestran que poco más de la mitad del territorio de la Sierra Norte de Puebla ha sido concesionado y se han otorgado permisos para instalar mineras, hidroeléctricas e, incluso, realizar extracción de hidrocarburos utilizando la técnica conocida como fracking.
Hasta ahora, sólo una hidroeléctrica, la llamada Atexcaco, ha sido inaugurada. Eso sucedió a finales de 2011, en el cauce del río Apulco que corre por los municipios de Tlatlauquitepec y Teziutlán. Es una hidroeléctrica construida por una empresa minera: Grupo Ferrominero.
Ninguna autoridad informó a los habitantes de la sierra sobre los planes que gobierno y empresas tenían para su territorio. Tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizos se enteraron cuando ingenieros, trabajadores, “gente de afuera” comenzaron a recorrer sus campos, perforar sus terrenos, atravesar sus ríos y subir a sus cerros.
La defensa de Tlamanca
Cuando era niña, la profesora Rosa Martínez Reyes aprendió de “los mayores” como predecir la lluvia con sólo mirar hacia los cerros que rodean Tlamanca:
—Cuando va a llover, haga de cuenta que en el cerro se forma una franja como de neblina. Entonces la gente dice: “va a llover”. Y sí, al tercer día, llueve.
Desde la puerta de su casa, la profesora Rosa —hoy de 46 años– mira ese cerro que anuncia la lluvia y en donde, a mediados del siglo XX, había dos minas subterráneas para la extracción de oro, clausuradas cuando un derrumbe provocó la muerte de siete mineros. Recuerda que, a mediados de 2012, cuando viajaba por la carretera que llega a su comunidad, se sorprendió al mirar el cerro “como rasguñado”. Fue entonces que se enteró: la empresa de capital chino JDC Minerals tenía una concesión otorgada por el gobierno federal, con ella se instaló en el lugar para reabrir las antiguas minas y comenzar con la explotación de oro.
Tlamanca, con poco más de mil habitantes, es una comunidad del municipio de Zautla en donde la migración es una tradición. Durante varios meses los hombres viajan a la zafra en Veracruz; otros prefieren irse a Estados Unidos. Son las mujeres quienes se quedan en casa a cargo de los hijos, la cosecha de maíz y el frijol. Fueron las mujeres, junto con los jóvenes y los abuelos, quienes tuvieron la más activa participación durante los poco más de cuatro meses que duró la movilización en contra de “los chinos”, como se les llamó a los empresarios mineros que aseguraron tener, incluso, el permiso de cambio de uso de suelo otorgado por el presidente municipal.
—Nosotros decíamos: ¿por qué el presidente municipal tiene que dar el permiso? Se tiene que consultar al pueblo. Nadie nos había consultado. —comenta Catalina López— Los chinos decían que no habría afectaciones, que de aquí iban a sacar el material y en otro lado iban a procesar. Que tendríamos trabajo. Que iban a construir un hospital. Ellos nada más comentaban los beneficios, pero todo tiene ventaja y desventaja. En una asamblea repartieron refrescos y con eso nos querían convencer. Dijimos: necesitamos asesoría, que la gente que sabe de esto venga a explicarnos.
Los habitantes de Tlamanca acudieron a los maestros y estudiantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), en Zautla. Cuando en esta región no había opciones académicas, en 1982 el ex lasallista Gabriel Salom Flores impulsó la creación de esta escuela para que los campesinos e indígenas pudieran acceder a la educación media y superior. Se planteó —cuentan los primeros alumnos— como un modelo educativo que generara arraigo entre los jóvenes, que no los “descampesinara” y que contribuyera al desarrollo comunitario. El Cesder comenzó como una telesecundaria. Hoy ofrece licenciaturas y maestrías, de las cuales han egresado alrededor de 500 estudiantes de la región y de otros estados del país.
El Cesder organizó un foro para hablar de la minería a cielo abierto, una técnica que remueve la capa superficial del terreno para acceder a los yacimientos bajo la tierra y que utiliza cianuro para los procesos de separación de minerales. En esos foros se presentaron videos de comunidades en Centroamérica afectadas por este tipo de minería.
—Vimos que en todos lados donde ha entrado esa minería hay quejas, enfermedades, destrucción, divisionismo. Ya con eso pensamos: “no nos conviene”. Tuvimos que armarnos como pueblo. —recuerda Catalina López.
Tlamanca se armó con información y organización comunitaria. Se formaron comisiones para pedir apoyo en las 30 comunidades del municipio de Zautla. En asambleas se les hablaba de lo que era la explotación de oro y se les entregaban folletos con información. Se organizaron reuniones en casas para exhibir los videos sobre la minería a cielo abierto. Se hicieron foros para que la gente “narrara” lo que deseaba para sus comunidades.
—Aquí como que la gente es algo organizada: si alguien se enferma, vamos corriendo a ver en qué ayudamos. Si alguien fallece, agarras algo de tu despensa y vas a ayudar a la familia. También hacemos faenas: si se descompone un camino, todos vamos a componer el camino. Que un incendio, todos vamos a apagarlo. Cuidamos entre todos lo que hay: los caminos, el agua. Eso nos ayudó. —dice la profesora Rosa, egresada del Cesder.
El 22 de noviembre de 2012, más de cinco mil personas marcharon y realizaron una asamblea en Tlamanca, en la que se acordó que JDC Minerals tenía 24 horas para sacar su maquinaria e irse de la comunidad.
—Algunas personas —recuerda Rosa— decían: “nos van a dar trabajo y aquí el trabajo hace falta”. Pero, ¿trabajo a costa de qué? ¿De tumbar todo el cerro? ¿De secar los manantiales? La mayoría dijimos no y eso ayudó. Nosotros decíamos: “no se trata de que nos traigan dinero, es cuidar el territorio”.
—Quizá para algunos el desarrollo es hacer una carretera, una mina. Pero para nosotros ese tipo de desarrollo destruye el hábitat, el lugar donde vivimos, nos despoja de nuestra identidad, de nuestra forma de vivir. No queremos ese tipo de desarrollo. —explica Mario Rivera García. Él formó parte de la comisión encargada de divulgar la información. Tiene 26 años y está a punto de titularse del Ceder con una tesis sobre cómo los pobladores de Tlamanca sacaron a la empresa minera.
Rosa, Andrea, Catalina, Mario y Alejandro no se confían. Saben que las empresas mineras pueden regresar a Tlamanca, porque la concesión que el gobierno federal otorgó para la explotación del oro que está en su territorio es por 50 años.
Cuidar lo de todos
En las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, las asambleas son algo serio. Son la herencia de una forma de organización indígena-campesina. Son el espacio donde se informa, donde se reparten las tareas. Las asambleas han sido una de las principales herramientas de resistencia que se tienen en la Sierra Norte de Puebla.
—Para nosotros las asambleas son un órgano de gobierno. —dice Miriam Bautista, habitante de la comunidad de Talcozamán, municipio de Tetela de Ocampo— Son un espacio en donde se toman decisiones que tienen que ser respetadas.
En asambleas se decidió formar la Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad. En Cuetzalan, mediante asambleas comunitarias, se formó el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC). La primera organización nació ante el rechazo comunitario a los planes de gran turismo en la zona; la segunda surgió para que las comunidades participaran en normar los usos de suelo.
El COTIC se parió con la asesoría del Centro Universitario para la Prevención de Desastres (CUPREDER), de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y se consolidó con las organizaciones existentes en Cuetzalan desde hace 40 años, sobre todo, retomando la experiencia que se tenía con los comités comunitarios del agua. Esta organización se integró de tal forma que la participación comunitaria es mayoritaria y sus decisiones deben ser respetadas por las autoridades. Su primera acción fue hacer un Ordenamiento Territorial que prohíbe cualquier tipo de megaproyecto en el municipio.
Cuando las noticias sobre las mineras e hidroeléctricas llegaron a la región, el COTIC no se quedó callado:
—Lo que hicimos, como parte del ordenamiento territorial, fue informar a la gente de los barrios sobre estos proyectos. Que sepan qué son, hasta qué grado son riesgosos para nuestra vida, nuestra salud, nuestra naturaleza y también para nuestra cultura. —recuerda Rufina Villa, indígena náhuatl, originaria de Cuetzalan y miembro del órgano ejecutivo del COTIC.
—Nos dimos cuenta que necesitábamos estudiar y entender en qué consisten esos proyectos. Cuando tuvimos esos datos, hicimos todo un proceso de información en las comunidades, porque sin información no podemos tomar decisiones, no podemos actuar y es nuestro derecho. Es un derecho que se nos niega, porque las empresas ocultan información. Nosotros dijimos: es un derecho que tenemos, lo vamos a reclamar y a ejercer —dice Leonardo Durán, asesor y miembro de la Tosepan y del órgano técnico del COTIC.
En asambleas, las comunidades totonacas dispersas a lo largo de las cuencas de los ríos Ajajalpan y Zempoala comenzaron a hablar de cómo defender la tierra y el agua. Después de que detuvieron la hidroeléctrica que buscaba levantar Grupo México, decidieron formar la organización Tutunakú, en la cual hoy participan pueblos de seis municipios. Su defensa del territorio también va de la mano con el fortalecimiento de su identidad indígena.
En asambleas, diferentes organizaciones impulsaron la formación del Consejo Tiyat Tlali para coordinar las acciones en defensa del territorio. El consejo se integra por organizaciones tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizas de la sierra, entre ellas Imdec, el Cesder, la Tosepan, la Unidad Indígena Nahuatl Totonaca, entre otras.
—Somos tres pueblos trabajando juntos: el pueblo maseual, el pueblo tutunaku y el pueblo mestizo. —explica Aldegundo González, director del centro de formación Kaltaixpetaniloyan de la Tosepan, actual presidente del COTIC y miembro del Consejo Tiyat Tlali— Caminamos juntos porque si algo afecta a un pueblo, nos va a afectar a todos. Los que habitamos acá estamos interconectados con nuestro entorno. De acuerdo con nuestra cosmovisión, todo lo que nos rodea tiene un sentido y está relacionado: las plantas, el aire, el agua, el subsuelo.
En asambleas decidieron aliarse con organizaciones no gubernamentales para hacer estudios y contar con información técnica.
En asamblea, los comités de defensa del agua determinaron crear el Consejo Maseual para la gestión municipal del agua en Cuetzalan. Además, se acordó exigir a los alcaldes que declaren a su municipio “libre de megaproyectos”. Hasta ahora, esta declaratoria se ha realizado en, por lo menos, seis lugares de la sierra: Zacapoaxtla, Xochiapulco, Cuetzalan, Zoquiapan, Tuzamapan y Ayotoxco.
En una asamblea —aquella que se realizó el 7 de septiembre de 2014 y en donde participaron poco más de tres mil personas— se integró el Consejo Maseual Altepetajpianij (“Guardianes del Territorio”) con representantes de 32 comunidades de los municipios de Cuetzalan, Yaonahuac y Tlatlauquitepec. A sus reuniones han llegado a participar hasta 223 pueblos, de 19 municipios.
En marzo de 2015, este consejo presentó una demanda de amparo en contra de tres concesiones mineras que se otorgaron a empresas del Grupo Ferrominero: Minera Autlán y Minas de Santa Martha. Gracias a ese amparo se ha logrado, hasta ahora, que no se realicen trabajos de exploración y explotación.
En este proceso legal, las comunidades son acompañadas por el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), organización que con este litigio quiere prevenir que se instalen minas en la parte alta de esta cuenca hidrológica, zona vital para la conservación ecológica de toda la región, explica el abogado Xavier Martínez.
—Con todas las sustancias químicas que ellos ocupan para lavar sus metales dañan el agua, la tierra, el aire y eso provoca enfermedades, provoca muerte. Todo eso no lo queremos en nuestra comunidad, con nuestra gente. Nosotros nos alimentamos de los quelites, ocupamos las plantas medicinales que se dan en los lugares donde vivimos y los podemos ocupar porque sabemos que están limpios, que no están contaminados, pero con este tipo de proyectos ya no podríamos ocupar ni las plantas medicinales ni consumir los quelites. —dice Rufina Villa, integrante del COTIC.
—Queremos que respeten nuestra forma de vida y la relación que tenemos con el bosque, el agua, los ríos. Para nosotros, la montaña no es un montón de tierra con oro. Estamos ante la defensa de un modo de vida, de una cultura, y eso implica defender el medio en el que se desarrolla esa cultura. —explica Alejandro Marreros, asesor del Cesder.
Entubar la vida
Como si se tratara de un tesoro que está bajo su resguardo, el profesor Alfredo Hernández Pineda coloca en la mesa cada una de las hojas que poco más de 500 pobladores de la comunidad de Zoquiapan firmaron el 28 de marzo de 2013. Ese día, a las 13:22 horas, se reunieron en el auditorio para exigirle al presidente municipal, Esteban Pérez Rivera, que respetara la decisión de la mayoría y no se permitiera ningún megaproyecto en su municipio.
Semanas antes, lo pobladores habían visto a ingenieros llegar a su comunidad y tomar medidas en algunos terrenos cercanos al río que conocen desde que nacieron; se enteraron que existían planes para construir y operar durante 60 años el Proyecto Hidroeléctrico San Antonio en el Zempoala, afluente que pasa por varias comunidades de la sierra y desemboca en el Golfo de México.
Los pobladores nahuas de Zoquiapan no fueron los únicos que se movilizaron en contra de esta hidroeléctrica que entubaría parte de su río, hasta canalizarlo a la central de turbinas para generar electricidad. Comunidades de cuatro municipios más también se opusieron. Para asesorarse, sus representantes fueron a Olintla a preguntar cómo le habían hecho para sacar a Grupo México.
—Acá ni siquiera tenían los permisos necesarios y ya estaban con sus máquinas queriendo entrar. Pero toda la gente se opuso y no se permitió. —recuerda el profesor Alfredo— Nosotros, en las comunidades, nunca somos consultados. Nada más nos dicen: “ahí va esto, recíbelo, te guste o no”.
Como muchos de sus vecinos, el profesor Alfredo tiene plantíos de café. Sus cultivos —explica— se vendrían abajo si se entuban los ríos que propician la niebla que, todas las tardes, cubre los cerros y las comunidades en la sierra baja.
El proyecto de la hidroeléctrica en el río Zempoala se detuvo, pero no se canceló. En 2017, Generación Eléctrica San Antonio S.A. de C.V. presentó una Manifestación de Impacto Ambiental a la Semarnat, la cual aún está en evaluación. Además, la empresa —con ayuda de quienes en algún momento ocuparon cargos públicos en el municipio— ha tratado de convencer a los campesinos de que vendan las tierras que están en la ribera del Zempoala.
—Nosotros —explica el profesor Alfredo— siempre hemos estado con el agua, con la naturaleza, por eso hemos luchando para conservar todo lo que tenemos, porque nosotros somos los que custodiamos lo que hay aquí. Si fuéramos destructores ya no hubiera vegetación. Nosotros vivimos del campo, sembramos maíz, frijol, café, plátanos… La tierra nos da de comer. Si no tenemos tierra, ¿a dónde vamos a ir a parar? Con los 12 mil pesos que están ofreciendo por los terrenos, ¿a dónde vamos a ir a dar?
—Estas empresas buscan dividir a las comunidades. Lo primero que hacen es buscar a un grupo de personas dentro de la comunidad, a través de las cuales puedan operar. Les ofrecen apoyos, becas y trabajo. —comenta Silvia Villaseñor, del Imdec, organización de la sociedad civil presente en la sierra norte de Puebla a partir de 2009.
En Ahuacatlán y San Felipe, comunidades que conviven con la parte alta del río Ajajalpan, también se enteraron que la empresa Deselec 1—del grupo Comexhidro—planeaba entubar parte del afluente para dar forma al proyecto hidroeléctrico Puebla I.
Este proyecto contempla una cortina de 60 metros de altura y entubar el río en un tramo de, por lo menos, cuatro kilómetros. El gobierno ya le entregó a la empresa una concesión para el uso de 11 mil litros de agua por segundo, durante 15 años. La electricidad que se generaría con este proyecto es sólo para el uso de empresas privadas —WalMart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips, Suburbia, Colchas México y una persona llamada Ileana Jinich Mekler—, de acuerdo con el permiso E71067/AUT/2013 otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.
En su página de internet, la Secretaría de Energía difunde documentos sobre una “Consulta a comunidades nahuas y totonacas sobre Proyecto Hidroeléctrico (Puebla)”. Silvia Villaseñor, del Imdec, explica que se trata de una “simulación de consulta”, ya que sólo se trata de reuniones que no cumplen con los lineamientos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, el cual marca que no se pueden realizar estos proyectos en los territorios indígenas sin una consulta previa, libre e informada.
Fue por ello que pobladores de las comunidades de los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán —representadas por el Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar— presentaron una demanda de amparo en contra del Puebla I por violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y otros derechos humanos, como el derecho al agua, al medio ambiente sano y al territorio, entre otros.
En abril de 2016, las comunidades logaron que se ordenara la suspensión provisional del proyecto hidroeléctrico Puebla I, hasta que se resuelva el litigio. La empresa no se quedó con los brazos cruzados. Convenció a varias personas de la comunidad a ir ante el juez, como terceros interesados, para presentar un documento en el que solicitaron la cancelación de la suspensión porque ellos sí querían que se realizara el proyecto. El juez sólo levantó la suspensión para el municipio de San Felipe; pero mantuvo la que corresponde al municipio de Ahuacatlán, donde se pretende construir la cortina de la hidroeléctrica.
Cuando los habitantes que se oponen a la hidroeléctrica revisaron el documento de quienes se supone están a favor del proyecto, encontraron que se habían falsificado las firmas de varios pobladores.
—Existe una presión de los gobiernos y de las empresas muy fuerte para que estos megaproyectos se realicen, no les importa si están violando derechos humanos o no. —señala Itzel Silva, abogada de Fundar.
A través de un punto de acuerdo, el senador Víctor Manuel Castro Cosío, llamó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a no autorizar los proyectos mineros de Los Cardones, que pretenden realizar en el Área Natural Protegida Sierra de la Laguna, así como el proyecto de Minería Submarina “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, en el litoral del Océano Pacífico, ambos en Baja California Sur.
Al Pueblo de la Comarca Lagunera
La desaparición forzada es otra de las herramientas utilizadas por el Estado y las grandes corporaciones para castigar a quienes se oponen a los llamados proyectos de muerte en la entidad, afirmó Mariel Bonilla Dumit, integrante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos en Puebla.
El 90 por ciento del territorio del municipio de Francisco Z. Mena está concesionado a la minería y el fracking, lo que eleva el riesgo de un desplazamiento de la población, advirtió el activista Eduardo Morales Sierra.
En La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, se vivieron el 29 de agosto de este año intensas y nutridas protestas en contra de la mega minería tóxica a tajo abierto. Y es que Desarrollo Zapal, compañía de Invecture Group, intentó de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo de una gran área dentro de la Reserva de la Biosfera de La Sierra de la Laguna, con el propósito de establecer el proyecto Los Cardones y extraer oro a gran escala. Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo fue rechazado, también dijo que la empresa puede intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos ante lo que consideran un grave riesgo para su subsistencia, debido a que La Sierra de la Laguna es la reserva de agua dulce más grande al sur del estado.
El gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez debe declarar a Veracruz como un estado libre de minería tóxica, dijo el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez.
Alrededor de 7 mil personas de 50 comunidades pertenecientes a los municipios de Alto Lucero y Actopan se organizaron en contra del proyecto minero a cargo de la empresa Candelaria Mining Group, el cual se pretende realizar en el cerro La Paila.
Cuando defender la tierra es defender la vida