En 2016 Barack Obama dijo que no. En 2019 Donald Trump dijo que sí. Y hace tres semanas, la administración demócrata dijo que no de nuevo. Un proyecto minero en un parque nacional con una férrea oposición de ambientalistas tiene complicada la inversión de US$ 1.700 millones de Antofagasta Minerals en el país del norte.
Por: Nicolás Durante – Ilustración: Ignacio Schiefelbein 12/02/2022

En octubre de 2021 asumieron que el asunto venía complejo. El gobierno de Joe Biden propuso entonces congelar por 20 años la actividad minera aledaña a la reserva natural y parque nacional Boundary Waters, ubicado al norte del país, en Minnesota. Pero no pensaron que tres meses después el panorama iba a empeorar.

“Después de una cuidadosa revisión legal, descubrimos que los contratos de arrendamiento se renovaron incorrectamente en violación a los estatutos y reglamentos aplicables, y estamos tomando medidas para cancelarlos”.

Ese fue el mensaje con el que la Secretaria del Departamento de Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, anunció el 26 de enero de este año que cancelaba dos permisos mineros a Twin Metals Minnesota, la mina de cobre, cobalto, paladio, níquel y platino que Antofagasta Minerals, controlada por la familia Luksic, lleva más de 10 años tratando de construir.

El conflicto es de larga data en el país del norte, y ha cruzado diversas acusaciones, lo que ha llevado a la firma a demandar al gobierno de Barack Obama; celebrar una decisión favorable que les dio el gobierno de Donald Trump, y estar en pleno análisis para una nueva arremetida en tribunales, ahora contra la administración de Joe Biden.

Esta es la historia.

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Es uno de los parques naturales más famosos de Estados Unidos. El Boundary Waters recibe 160 mil visitantes al año de todo el mundo, genera más de US$ 900 millones en actividad económica y mantiene con empleo a unas 17 mil personas.

En los alrededores de dicho parque es donde existen desde los años ‘60 pertenencias mineras identificadas de metales que ahora son propiedad de una filial de Antofagasta Minerals, la misma que en Chile opera minas como Los Pelambres y que cotiza en la Bolsa de Londres. Hoy, con la crisis climática y el fervor por minerales como cobre, cobalto y níquel, para producción de energía y de dispositivos eléctricos, la inversión en EE.UU vuelve a tomar impulso.

En 2010 Luksic entró con un porcentaje de la propiedad al proyecto que ya tenía los permisos para operar, y en 2015 dobló la apuesta y se hizo con el 100% de la firma, hoy bautizada como Twin Metals. En total, entre adquisiciones y estudios de exploración y aportes a la comunidad, ya han invertido US$ 450 millones. El plan es desembolsar US$ 1.700 millones incluyendo la construcción de la mina.

El desembolso de dinero y tiempo no es en vano. Están sobre una mina de oro, casi literalmente. El Complejo de Duluth, que es donde estará el proyecto minero de Antofagasta Minerals, contiene el 95% de las reservas de níquel de todo Estados Unidos, el 88% del cobalto, el 34% del cobre, el 51% del platino y el 48% del paladio.

Como ellos mismos dicen, 11 gobiernos de distintos signos políticos han permitido que Twin Metals exista. Eso hasta la segunda administración de Obama. Poco antes de dejar la Casa Blanca, en diciembre de 2016, la administración suspendió dos licencias para explotar minerales cercanos al Boundary Waters para conservar, dijeron, las prístinas aguas del parque nacional.

Sin embargo, apenas Donald Trump llegó a Washington, el proyecto vivió un nuevo aire, y la demanda contra el gobierno se desvaneció.

Sendas investigaciones de medios como The New York Times o The Washington Post, han tratado de linkear la relación de una de las empresas inmobiliarias de Luksic con Ivanka Trump y el expedito avance que tuvo el proyecto minero. Sin embargo, tanto Antofagasta Minerals, como Twin Metals y el propio Luksic a través de Twitter, han salido a desmentirlo una y otra vez.

El informe jurídico

La decisión del Departamento de Interior de Estados Unidos se basó en un informe jurídico del fiscal del organismo, emitido un día antes. En 16 páginas se establecen una serie de irregularidades identificadas en el proceso desde 2017, cuando la era Trump dio el vamos al proyecto y le renovó los permisos ya revocados, lo que permitió que en 2019 la empresa pudiera iniciar la serie de procesos de permisos ambientales, legales y administrativos con el gobierno federal y oficinas locales.

La nueva opinión legal de la Oficina del Procurador del Departamento de Interior, del pasado 25 de enero, “encontró deficiencias legales significativas en las circunstancias que rodearon la renovación de 2019, que incluyen: los formularios de renovación del contrato de arrendamiento contravenían las regulaciones del Departamento; el Departamento no reconoció debidamente la autoridad del Servicio Forestal de los Estados Unidos; y el análisis ambiental inadecuado no incluyó una alternativa de no renovación”, explica un comunicado de la secretaría.

Consultados en el Departamento de Interior de EE.UU. sobre si iniciarán acciones legales contra la empresa, solo se remitieron a lo dicho en el comunicado de prensa. Sin embargo, conocedores del caso indican que los antecedentes podrían ser enviados a la Fiscalía para que estudie los eventuales pasos a seguir.

Cuando ese documento y un nuevo rechazo vio la luz, Twin Metals lanzó una dura respuesta.

“El cambio de posición del gobierno federal sobre los arrendamientos de minerales que Twin Metals Minnesota y sus compañías predecesoras han tenido durante más de 50 años es decepcionante, pero no sorprende dada la serie de acciones que ha tomado la administración para tratar de cerrar la puerta al cobre y la minería de níquel en el noreste de Minnesota. Cuestionaremos este intento de detener nuestro proyecto y defenderemos nuestros derechos minerales existentes válidos. Esperamos prevalecer”, dijeron.

Las opciones, cuentan conocedores, van desde apelar a la decisión del Departamento de Interior, hasta demandar directamente al gobierno por interferir en su negocio ilegalmente. Cambiar el proyecto y rehacerlo sin las dos licencias que le fueron denegadas, también es una opción, pero por el costo y tiempo nuevo que significaría ello, se ve como una alternativa más lejana.

En el mismo comunicado ahondaron en lo que creen son las verdaderas razones tras este rechazo. “Esto no se trata de la ley; se trata de una acción política destinada a detener el proyecto Twin Metals sin realizar la revisión ambiental prevista en la ley”.

“Nuestra propuesta, presentada hace más de dos años a agencias estatales y federales, fue la culminación de más de una década de trabajo de ingeniería, hidrogeología, ambiental y de compromiso que maximiza la protección ambiental. Estamos seguros de que una revisión ambiental completa indicará que la ciencia detrás de esta mina moderna demostrará que podemos avanzar en este proyecto de manera segura bajo los más altos estándares”, apuntaron.

Consultados por DF MAS, desde Twin Metals recalcaron que “todos los procesos de renovación y de solicitud de permisos correspondientes han sido realizados en cumplimiento de todas las normas y leyes de los EE.UU.”, y explicaron que están evaluando los pasos a seguir con el futuro del proyecto o si, por ejemplo, demandarán una indemnización al gobierno de Biden.

Becky Rom, presidenta de Save the Boundary Waters.
Comunidad en pie de guerra

Los principales argumentos que la minera ha dado a los vecinos al parque son que no habrá actividad minera a tajo abierto, que todo será subterráneo; que los relaves no generan ácido y no representan ningún peligro para el agua, las plantas ni la vida animal. Y que no habrá riesgo de fallas en estanques o represas.

Pero nada de eso los convence. El principal grupo ambiental que se ha opuesto por más de una década al proyecto es Save the Boundary Waters.

La presidenta del organismo, Becky Rom, una abogada retirada, cuyo padre fue propietario por más de 30 años de negocios de turismo aventura al interior de la reserva, explica que “permitir una mina gigantesca y tóxica de cobre sería una receta para el desastre. Las acciones de la administración de Biden son un bienvenido regreso al Estado de Derecho y son consistentes con más de cien años de acción federal para proteger este lugar especial”.

Apunta que el principal argumento en contra de esta mina es que una mina de sulfuro de cobre junto a Boundary Waters inevitablemente contaminaría este lugar, ensuciando el agua prístina, destruyendo el ecosistema y dañando la economía local. De acuerdo a la ambientalista, la extracción de mineral de sulfuro es, según la Agencia de Protección Ambiental, la industria número uno emisora de contaminación tóxica.

Además, afirma que Antofagasta Minerals no se ha reunido con ellos. “No han hecho nada para reducir la oposición. La oposición se basa en la ubicación propuesta en el lugar natural más visitado de Estados Unidos. No hay nada que Antofagasta pueda hacer para que una mina de sulfuro de cobre en este lugar sea aceptable para la mayoría de los habitantes de Minnesota y los estadounidenses”, dispara.

La firma dice otra cosa. Desde 2010, han entregado más de US$ 550 mil en apoyo financiero a una variedad de organizaciones de la comunidad tales como educacionales, una orquesta y la organización Amigos de los Árboles de Ely, uno de los pueblos del lugar.

Además, hizo una campaña con la comunidad para que firmaran la petición de rechazar los 20 años de freno que propuso el gobierno de Biden en octubre pasado.

El título de la campaña era algo así como “Haga que su voz se escuche de nuevo: defienda la minería en Minnesota”. Dentro de los argumentos que entregaban para firmar estaba que si se promulga la propuesta de retiro, “el Estado perderá el potencial de miles de empleos mineros, miles de millones de dólares en ingresos para el sistema educativo de Minnesota y miles de millones en inversión económica en la región”.

Pero también apuntó al espíritu de EE.UU. “El retiro propuesto también cerrará la fuente nacional de minerales en bruto necesarios para combatir la crisis climática. Minerales para los que EEUU actualmente depende de fuentes extranjeras, incluidos Rusia y China”.

Todo está por verse.
https://dfmas.df.cl/df-mas/por-dentro/el-rechazo-al-proyecto-minero-de-luksic-en-ee-uu-que-podria-llevar-al

Resumen Latinoamericano 06/02/2022
Por Vladimir Unkovski-Korica. Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2022.
El pasado mes de diciembre las protestas masivas detuvieron el plan de la empresa minera Rio Tinto de construir una mina de litio en Serbia, lo que supuso una derrota tanto para el gobierno de derecha del país como para la Unión Europea (UE). La izquierda debe luchar por una alternativa al neoliberalismo que destruye el medio ambiente.

El 16 de diciembre The Guardian informó que las multitudinarias protestas habían paralizado los planes del conglomerado minero angloaustraliano Rio Tinto de construir una mina de litio valorada en 2.400 millones de dólares en el valle de Jadar de Serbia. Los opositores al gobierno también lograron obligar a Belgrado a dar marcha atrás en sus planes de aprobar dos polémicas leyes gubernamentales. El movimiento medioambiental frustró los planes de una ley que habría facilitado al Estado confiscar terrenos privados y entregarlos a inversores, así como una legislación que haría más difícil ganar aquellos referéndums en contra de iniciativas impopulares del gobierno.

Dado que las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales están previstas para el 3 de abril, la posibilidad de que aumenten las protestas medioambientales, que bloquearon carreteras y puentes helados durante el invierno, amenaza con convertirse en un gran problema para el presidente Aleksandar Vučić. A pesar de las protestas, el Partido Progresista Serbio, de derecha y encabezado por Vučić, sigue teniendo ventaja en las encuestas nacionales y cuenta con el apoyo de más del 50% de los votantes. La ventaja es mucho menor en el ámbito local, incluida la capital, donde la coalición gubernamental está formada por el Partido Progresista y el Partid Socialista.

Ceder temporalmente a las reivindicaciones de los manifestantes ecologistas era un paso lógico. Desde entonces, tanto Vučić como la primera ministra Ana Brnabić han declarado explícitamente que su gobierno no tiene intención de paralizar el proyecto de Rio Tinto. El hecho de que la cuestión de Rio Tinto siga siendo muy candente lo convierte en una postura arriesgada.

Una petición lanzada hace aproximadamente un año por quienes se oponen a la mina ha recogido más de 292.000 firmas. Lo que más preocupa a sus signatarios es que el proyecto contamine el suministro de agua de millones de personas y ponga en peligro tanto la biodiversidad como los medios de vida en el entorno de la mina. ¿Por qué los altos cargos serbios están tan decididos a seguir adelante si existe una oposición tan fuerte a la mina?

Litio y nueva Guerra Fría

El camino de Serbia hacia la integración europea se ha visto dificultado por las guerras que desintegraron la antigua Yugoslavia en la década de 1990. Aunque Serbia forjó una estrecha relación con la Unión Europea, su desacuerdo con esta acerca de la independencia de Kosovo, que rompió con su vecino balcánico en 2008, sigue siendo un punto de fricción.

Cuando las protestas estaban en su apogeo, en Serbia se especuló sobre la posibilidad de que Vučić eligiera a otra empresa en vez de a Rio Tinto. Uno de los principales nombres que se barajaban era el de una empresa china.

Belgrado sabe que el hecho de contar con más bazas con las que jugar económica y geopolíticamente en sus negociaciones con la Unión Europea fortalece su posición. Por consiguiente, la amenaza de que Serbia recurra a China sin duda habría hecho saltar las alarmas en Bruselas.

La UE trata desesperadamente de conseguir suministro de litio ya que este mineral es un componente esencial de las baterías de los coches eléctricos y, por lo tanto, un ingrediente clave de la supuesta transición verde desde los combustibles fósiles. La UE depende actualmente de las importaciones, en su mayoría de China, Estados Unidos y Rusia, y preferiría obtener las materias primas y las cadenas de valor de las baterías más cerca de casa para que los productores de vehículos eléctricos fueran menos vulnerables en términos geopolíticos. Por supuesto, la “nueva Guerra Fría” entre Occidente y China exacerba estas preocupaciones.

De hecho, en el campo de los vehículos eléctricos la UE y Estados Unidos están tratando de ponerse a la altura de China, que se introdujo antes en ese campo, en el que ha consolidado una fuerte presencia. Según la clasificación de la cadena de suministro de baterías de iones de litio para 2020 de BloombergNEF, “el éxito de China es fruto de su enorme demanda interna de baterías, 72GWh, y del control del 80% del refinado de materias primas del mundo, el 77% de la capacidad mundial de pilas y el 60% de la fabricación mundial de componentes”.

Por consiguiente, la UE está buscando activamente todas las fuentes europeas de litio que pueda encontrar. De hecho, anima a Serbia a extraer su litio y parece aprobar el proyecto de Rio Tinto. La portavoz de la Comisión Europea Ana Pisonero reiteró el 3 diciembre el punto de vista de la UE al afirmar que “el proyecto de Jadar es una excelente oportunidad para el desarrollo socioeconómico de Serbia siempre que respete las más estrictas normas medioambientales. La UE también apoya a Serbia en sus esfuerzos por atraer socios e inversiones de la UE con el fin de crear una cadena de valor sostenible e integrada verticalmente de materias primas críticas y de baterías”.

Las referencias de Pisonero a las normas medioambientales son poco más que una concesión a la opinión pública. De hecho, la UE ha mostrado un abierto desprecio por los pobres antecedentes medioambientales del gobierno serbio, que no cumple las normas establecidas por las propias directrices de la UE.

Esto es acorde a una pauta hacer la vista gorda ante prácticas destructivas desde el punto de vista ecológico en caso de que actuar de otra manera amenace las necesidades de energía de la UE. Chile sigue siendo el principal suministrador de litio de la UE, a pesar de que su industria minera contamina suministros de agua dulce y pone en peligro a comunidades indígenas de esta nación.

Aunque la UE afirma que su producción nacional de litio será más limpia, existen dudas. Una reciente sesión pública en el Parlamento Europeo reveló varios casos en los que el mantenimiento y la planificación de presas de residuos existentes eran peligrosamente inadecuados en Estados miembros actuales. En general, hay una fuerte preocupación por el impacto que la extracción de litio tiene en la biodiversidad, el suministro de agua, la agricultura y los medios de vida locales.

De la nueva Guerra Fría al déficit democrático

No debemos esperar que el resultado final de la integración de Serbia en la UE sean la mejora del medioambiente y del nivel de vida. En unas declaraciones al Financial Times, Savo Manojlović, líder de Kreni-Promeni [Adelante, Cambio], un importante grupo que respalda las protestas contra Rio Tinto, señaló que “la mina beneficiará a la población serbia del mismo modo que los diamantes beneficiaron a la congoleña”.

Hasta ahora han sido discutibles los resultados del intento por parte de Serbia de diversificar sus fuentes de inversión extranjera directa para permitirle un mayor margen de maniobra en política exterior. Las frecuentes inclinaciones de la nación balcánica hacia el este para obtener concesiones de Estados Unidos y la UE la han llevado a los brazos de países cuyas políticas internas suelen ser mal consideradas por Occidente. Rusia se ha convertido en un importante actor energético y armamentístico en el país, lo mismo que China, que considera Serbia su principal lugar de inversión en los Balcanes occidentales. Incluso los Emiraros Árabes Unidos han invertido importantes cantidades de dinero.

Pero en última instancia este modelo de inversión directa extranjera se basa en la deuda y ha proporcionado importantes beneficios a unos pocos y mucha miseria a la mayoría. El movimiento social encabezado por Ne da(vi)mo Beograd [No abandones Belgrado o NDB] surgió en 2015–2016 en respuesta a la reurbanización del litoral de Belgrado por parte de la empresa Eagle Hill, que tiene su sede en Abu Dhabi.

En noviembre de 2021 hubo una protesta generalizada cuando los medios de comunicación serbios sacaron a la luz el trato inhumano que se daba a los cientos de trabajadores vietnamitas de la fábrica Linglong en Zrenjanin, de propiedad china. Las condiciones de esos trabajadores no eran diferentes de las que sufrían sus compañeros serbios, lo cual no es de extrañar puesto que esta nación balcánica tiene unos niveles de desigualdad muy superiores a los de la mayoría de los Estados europeos.

Serbia tiene una estrategia de desarrollo que no es rara entre los Estados situados en la periferia del capitalismo global. Implica empoderar a los capitalistas locales, desempoderar a quienes podrían desafiar al sistema y tomar la mayor cantidad posible de decisiones al margen de la esfera democrática. Al sumarse a la vía de la integración en la UE, Serbia ha tomado importantes decisiones políticas sin contar con la población y, a menudo, sin contar con los políticos electos.

Ha surgido un Estado fuerte y que no rinde cuentas a nadie para hacer frente de forma preventiva a las explosiones de ira y dificultar una oposición constante. Este Estado se ha visto premiado con siete años consecutivos de aumento de la inversión extranjera directa y con el estrechamiento de las relaciones con una UE que mantiene un desinterés general por la progresivo pérdida de funciones de las instituciones democráticas, un proceso que ha alcanzado su apogeo en los últimos años bajo el mandato de Vučić.

El fracaso de la oposición liberal y el ascenso de los Verdes

El éxito parcial de las últimas protestas generalizadas contra Rio Tinto es una prueba de que no es inútil tratar de cuestionar el control del poder que ejerce la coalición en el gobierno. Con todo, también es cierto que desde que el Partido Progresista Serbio llegó al poder en 2012 ha habido otras protestas y ninguna de ellas logró una victoria decisiva.

La razón del fracaso de las anteriores movilizaciones es en parte la preponderancia que tienen dentro de los movimientos de oposición líderes y organizaciones profundamente comprometidos de gobiernos anteriores. Ejemplo de ello es el hecho de que Dragan Djilas, exlcalde de Belgrado y líder del Partido Democrático, pilar de la oposición democrática que derrocó a Slobodan Milosevic, siga siendo una figura clave de Oposición Unida.

Un rico hombre de negocios, Djilas está desprestigiado por su relación con los fracasos de la era post-Milosevic, en la que se produjo una avalancha de privatizaciones. Muchas personas corrientes en Serbia siguen pensando que aquella fue una época en la que algunos se hicieron asquerosamente ricos mientras que el país fue obligado a ponerse de rodillas. El hecho de que los primeros contratos que llevaron a Rio Tinto a Serbia se firmaran en 2004, cuando muchos de los miembros de la actual oposición estaban en el gobierno, agrava la sensación de que la corriente principal de la oposición no tiene unas políticas muy diferentes de las del gobierno.

No obstante, ahora hay indicios de que los movimientos de protesta tratan de articular una alternativa política a las ideas del bloque dirigente de derecha y de la oposición liberal, formada sobre todo por partidos que gobernaron Serbia en la década de 2000, el equivalente serbio a lo que Tariq Ali denomina “extremo centro”.

Aunque las manifestaciones contra la reforma del litoral marítimo de Belgrado en 2016 tuvieron un alcance limitado, abrieron el discurso político a reivindicaciones que iban más allá de las preocupaciones liberales. Sin embargo, NDB no logró traducir la ira popular en poder político. Sus resultados en las elecciones municipales en Belgrado en 2018 mostraron que en aquel momento solo había obtenido un apoyo limitado más allá del próspero centro de la ciudad.

En las protestas medioambientales que llevaron al movimiento contra Rio Tinto de noviembre y diciembre de 2021 han surgido dinámicas similares. Se han creado nuevas redes, como Ekološki ustanak [Levantamiento Ecológico], que reunió a cuarenta y cinco organizaciones locales para empezar las protestas en abril de 2021 y puso muchas esperanzas en la organización popular. De forma similar, seis asociaciones de zonas amenazadas directamente por la mina de lito formaron en octubre Savez ekoloških organizacija Srbije [Unión de Organizaciones Ecológicas de Serbia].

Para finales de año, las protestas desarrollaron un carácter más popular y espontáneo que las que tuvieron lugar en Belgrado en 2016. El movimiento no tenía un liderazgo claro y varias organizaciones empezaron a disentir acerca de las tácticas una vez que el gobierno retiró las polémicas leyes en diciembre. Ekološki ustanak defendía seguir con las protestas hasta que el proyecto de Rio Tinto fuera oficialmente archivado, pero Kreni-Promeni y NDB declararon la victoria. Aunque estas organizaciones han seguido organizando juntas las siguientes protestas, la sensación colectiva parece ser que el movimiento es más amplio que una sola organización.

Con todo, está claro que algunas de estas organizaciones seguirán trabajando junto a otras dentro de una nueva “coalición verde” de grupos ecologistas y liberales locales para presentarse a las elecciones. Es probable que esta coalición sea la tercera fuerza en el parlamento serbio, con un 7% de los votos nacionales y una presencia aún más significativa en varios municipios. También es posible que presente un candidato a la presidencia.

NDB es uno de los principales impulsores de esta restructuración verde de la escena política serbia y está claro que espera repetir el éxito de Možemo! [¡Podemos!], un movimiento municipal verde que se presentó por primera vez en 2017 como Zagreb je naš! [¡Zagreb es nuestro!] y en verano de 2021 ganó las elecciones locales en Zagreb, la capital de la vecina Croacia. Algunos sectores de la izquierda serbia han respaldado la nueva política verde y se habla mucho de [tener] “un pie en el activismo y otro en la política electoral” .

Resultados y perspectivas

Sin embargo, partidos más profundamente arraigados en los movimientos sociales en otros países, desde el Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil hasta el Syriza de Alexis Tsipras en Grecia, se han hundido con consignas similares. Además, muchas de las fuerzas que participan en la cada vez mayor coalición política verde en Serbia están profundamente comprometidas con la integración en la UE y son cercanas a los Verdes europeos.

Una declaración reciente de dos de los miembros de la coalición verde, Zajedno za Srbiju [Juntos por Serbia] y Akcija, hecha pública para celebrar la decisión del Ekološki ustanak de participar en las elecciones con la coalición, afirmaba que lucharían juntos por una “Serbia en Europa, no por una Serbia basurero de Europa”.

Resulta significativo que Zajedno za Srbiju esté liderado por un antiguo miembro del Partido Democrático y alcalde de la ciudad occidental de Šabac, Nebojša Zelenović. Aunque el auge de la política verde y los discursos sobre la “revolución verde” abren espacios para ideas de izquierda que pueden desafiar al neoliberalismo, sigue siendo muy poco probable que la mayoría de las fuerzas que participan en la coalición verde haya trabajado un programa explícitamente de izquierdas.

Las fuerzas anticapitalistas también han participado junto a los verdes en los movimientos de protesta de los últimos años, aunque su éxito ha sido modesto. Durante un tiempo consiguieron situar las reivindicaciones sociales al frente de las protestas de abril de 2017, “Contra la dictadura”. Durante el movimiento de protesta “Uno de cada cinco millones” de 2019 contra la violencia del régimen incluso lograron organizar un bloque de izquierda visible con sus propias consignas y reivindicaciones en el que se incluían la Unión Socialdemócrata (que inició el Partido de la Izquierda Radical), Marks21 [Marx21] y Marksistička organizacija Crveni [Organización Marxista Roja]. El movimiento anticapitalista tuvo un alcance limitado, a pesar de su programa radical. Como han demostrado las sociólogas Jelena Pešić y Jelisaveta Petrović, los dirigentes de las protestas, pertenecientes a la clase media, no consiguieron ganarse el apoyo de las clases populares, lo que dejó al bloque de izquierdas relativamente aislado y a menudo se ofreció una imagen muy distorsionada de él tanto en los medios de comunicación del régimen como en los liberales. Un destino similar le esperaba a la intervención de la izquierda en las protestas de 2020, que la policía reprimió con contundencia.

Durante un tiempo el nuevo Partido de la Izquierda Radical pareció ser un proyecto que podría ayudar a las fuerzas anticapitalistas a salir del aislamiento. Dividido por luchas entre facciones y centrado en lo interno, el partido nació muerto y se escindió en tres direcciones. Sin duda la vía para salir de la oscuridad política está en volver a intervenir de forma visible en los movimientos de masas, con unas reivindicaciones claramente centradas en la clase que puedan repercutir dentro y más allá de los movimientos ecologistas.

Una consigna de una de las pancartas de Marks21 se pudo ver durante todas las protestas y en casi toda la cobertura mediática de los acontecimientos. Abriéndose paso a través del marasmo del discurso de izquierda, dejaba claras dos reivindicaciones: lo que debería hacer el gobierno es “¡Detener a los inversores! ¡Salvemos la naturaleza!”. El hecho de que estas palabras cobraran tanto protagonismo durante el punto culminante de las protestas demuestra que hay un público potencial para estas consignas de la izquierda.

A corto plazo, la izquierda deberá trabajar de forma no sectaria con todos aquellos que deseen continuar con las protestas masivas contra Rio Tinto al tiempo que envía el mensaje de que la suerte de la riqueza natural del país debe ser decidida por el pueblo y para el pueblo.

Cualquier éxito futuro exigirá romper explícitamente con la estrategia de crecimiento neoliberal, parte de la cual es la integración de Serbia en la UE. También exigirá luchar por aumentar la democracia en las esferas política, social y económica.

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Fuente original: https://www.jacobinmag.com/2022/01/serbian-lithium-rio-tinto-environmental-protest-movement-eu

Foto: Oliver Bunic (AFP via Getty Images)

Fuente de la traducción: Rebelión

Europa. Las empresas mineras y la Unión Europea quieren el litio de Serbia

Prashant Paikray, Portavoz, Movimiento Anti-Jindal y Anti-POSCO, Odisha, India

El gobierno estatal dirigido por el Sr. Nabin Pattnaik está llevando a cabo una brutal acción policial contra nuestro pueblo con el fin de entregar los 2900 acres de tierra agrícola fértil a la despiadada empresa siderúrgica india Jindal Steel dirigida por el industrial Sajjan Jindal. Después del fiasco de POSCO India, que terminó en 2015-2016, JSW Utkal Steel Ltd vino con su propuesta de construir 13,2 millones Tm/año de acero crudo, 900MW de energía cautiva y 10 millones Tm/año de cemento junto con 52 millones Tm de embarcadero cautivo en el mismo lugar.

Todo esto está ocurriendo sin el consentimiento libre, previo e informado de nuestro pueblo y de los Gram Sabhas, y sin seguir los procedimientos legales reglamentarios. Las fuerzas corporativas tienen su influencia sobre el gobierno de la India, así como el gobierno estatal, por lo que el permiso para cualquier proyecto no es un problema para ellos.

Alrededor de las 2 de la tarde del 20 de diciembre de 2021, los habitantes de Dhinkia hicieron una manifestación masiva contra la represión estatal y policial en la frontera del pueblo de Mahala. De repente, la policía llegó en siete furgonetas Bolero y entró en el pueblo de Dhinkia por la parte de atrás y empezó a golpear a la gente. La policía vino a detener a nuestro líder, el Sr. Debendra Swain. Detuvieron a su tío paterno, Ayodhya Swain, de 71 años, enfermo de parálisis, y a su hija Mili Swain, de 22 años. La policía les acusó de falsos cargos en virtud de las Secciones del Código Penal de la India: 147 (disturbios), 149 (reunión ilegal), 294 (uso de lenguaje obsceno), 427 (daños) y 506 (intimidación). Ni siquiera perdonaron a los transeúntes que les preguntaron el motivo por el que habían sacado a padre e hija de su casa. La policía agredió a mujeres y niños después de entrar en el pueblo en la búsqueda de acusados.

Los habitantes de nuestro pueblo están sufriendo las consecuencias de la acción policial. La situación ha llegado a tal punto que se pide a los vecinos que muestren sus tarjetas Aadhaar (identificación) para salir y entrar en su pueblo. La policía ha hecho incursiones en el pueblo, ha irrumpido en las casas, ha atacado a vecinas causándoles heridas, ha implicado a la gente en casos falsos y los ha confinado en sus casas.

Hemos sido testigos de tensiones desde el 1 de diciembre de 2021, cuando los funcionarios de la administración local que habían ido a la aldea de «Mahala» para demarcar por la fuerza una aldea de ingresos. Nuestros vecinos protestaron con convicción contra esta medida ilegal. Nuestra comunidad se ha opuesto a la bifurcación del pueblo. El gobierno estatal está aplicando una política de «divide y vencerás» para allanar el camino a la JSWL (Jindal Steel Works). Además del despliegue policial existente, se han estacionado cuatro pelotones adicionales en nuestra zona para aterrorizar a nuestra gente. El ambiente en la zona sigue siendo tenso.

Mientras tanto, el nuevo Superintendente de Policía (SP) Shri Akhilesvar Singh, IPS que ya está en la controversia por la muerte de custodia en su régimen en el distrito de Puri, ha tomado la obligación de establecer el proyecto propuesto de JSW con su supremacía. Ha convertido el pueblo de Dhinkia en una situación parecida a la de Cachemira, en la que todo el mundo que entra o sale debe explicar la razón y mostrar su identidad para eludir la rabieta de las fuertes fuerzas policiales desplegadas alrededor de Dhinkia. Incluso la policía ha cortado el suministro de productos de emergencia para crear presión entre la gente que protesta contra el proyecto propuesto por JSW.

Nuestra comunidad levantó barricadas de bambú el 6 de diciembre de 2021 para restringir la entrada a la aldea de Dhinkia, e intensificaron su resistencia desafiando las incesantes lluvias y el intenso frío, incluyendo a las mujeres que están vigilando las puertas impidiendo la entrada de la policía, los funcionarios del gobierno y cualquier persona ajena a la aldea. Los aldeanos están de guardia las 24 horas del día para impedir la entrada de la policía y los funcionarios del gobierno, incluidos los simpatizantes del proyecto JSW de la localidad.

No hay autorización ambiental

JSW Utkal Steel Ltd solicitó una autorización ambiental en 2018 en el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (MoEF&CC), del Gobierno de la India. De acuerdo con la Notificación de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 2006, la audiencia pública / consulta pública estaba programada para llevarse a cabo en diciembre de 2019 en Gadakujanga de Erasama Tahasil por la administración del distrito de Jagatsinghpur en la solicitud de la Junta de Control de la Contaminación del Estado de Odisha (OSPCB) que se suponía que era un evento neutral donde la gente debería estar presente desde el Grampanchayat afectado, los pueblos y las áreas cercanas afectadas. Sin embargo, la audiencia pública fue secuestrada por la administración del distrito, dirigida por el entonces recaudador Sangram Mohapatra, que era el responsable de la tierra.

Sin embargo, la audiencia pública fue secuestrada por la administración del distrito, dirigida por el entonces recaudador Sangram Mohapatra, que fue el funcionario de adquisición de tierras de IDCO durante el proyecto POSCO en 2005 y estuvo involucrado en golpear a niños y ancianos de Dhinkia durante la adquisición de tierras. Se desplegaron más de 15-20 pelotones de personal policial días antes de la audiencia pública para aterrorizar a la población local y crear una situación de tensión en la zona. El partido gobernante, los líderes sindicales y la administración trajeron a la gente en autobuses contratados desde otras localidades no afectadas por el proyecto. La entrada de la población local fue selectiva, regulada por la policía, la administración, los matones locales y los miembros del partido gobernante para llenar el lugar de gente que apoyara el proyecto. Miles de personas asistieron a la audiencia pública, de las cuales más del 80% eran de fuera de la zona afectada por el proyecto, incluso de fuera del distrito. El proponente del proyecto (JSW) utilizó grandes carpas y proyectores, y organizó comidas de lujo para 5.000 personas, gastando más de 1000 euros en la organización de la audiencia pública, lo que constituyó una violación de la notificación de la EIA de 2006 y planteó la cuestión de la neutralidad y la parcialidad. Una solicitud de Derecho a la Información (RTI) a la administración del distrito reveló que la administración sólo gastó 175 euros en la audiencia pública. Se impidió a la población local asistir a la audiencia pública; los habitantes de Dhinkia, donde la mayoría de las objeciones contra el proyecto, boicotearon el acto porque el lugar de celebración se había elegido a sabiendas de que estaba lejos del lugar del proyecto propuesto. El miedo a la policía y a la administración por parte de los habitantes de Dhinkia fue otra de las razones para boicotear la audiencia pública, citando sus sufrimientos anteriores durante el proyecto POSCO. El mismo día de la audiencia pública en Dhinkia se organizó una palli sabha (asamblea de comunidad) en la que miles de personas aprobaron por unanimidad una resolución contra el proyecto propuesto por JSW Utkal Steel Ltd. Se enviaron varias representaciones al Comité de Evaluación de Expertos, MoEF&CC, GoI en contra de esta audiencia pública ilegal e inconstitucional por parte de los habitantes y los organismos cívicos. Una información de la RTI reveló que se enviaron aproximadamente 1.000 representaciones escritas firmadas por los pueblos afectados a favor del proyecto propuesto, sin embargo, casi el 90% de ellas eran falsas, falsificadas y nunca firmadas por los aldeanos con el mismo nombre. Sorprendentemente, la mayoría de las personas no existen, otros que han firmado son analfabetos (no pueden firmar) y algunos son niños menores de 13 años. Todas las representaciones escritas tienen el mismo formato, hechas por los funcionarios de JSW antes de la audiencia pública con la ayuda de la administración del distrito y los miembros del partido gobernante local. Con respecto a lo anterior, se han enviado muchas representaciones al Comité de Evaluación de Expertos, MoEF&CC, GoI sobre el cual EAC ha planteado preguntas y aclaraciones, pero en vano.

La autorización ambiental de JSW no se ha podido conceder desde 2019 hasta ahora debido a las numerosas deficiencias y la información falsa en su informe de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Gestión Ambiental (PGA). Varios organismos cívicos, individuos y aldeanos han identificado e informado de varias deficiencias e información engañosa a la EAC, al MoEF&CC y al Gobierno de India, y han solicitado la cancelación de la CE por haber proporcionado información falsa y engañosa de acuerdo con las normas y reglamentos, pero a pesar de todo ello no se ha tomado ninguna medida contra el proponente del proyecto, sino que se han proporcionado amplias oportunidades para modificar los formularios y el informe de EIA/EMP, lo cual es contrario a la ley.

Violación de LARR 2013 y de la Ley de Derechos Forestales de 2006.

Según la Ley sobre el derecho a una Compensación Justa y a la Transparencia en la Adquisición de Tierras, la Rehabilitación y el Reasentamiento (LARR) de 2013, «las tierras adquiridas y la posesión tomada pero no utilizada en un período de cinco años a partir de la fecha de la posesión revertirán en todos los casos al propietario original de la tierra». Pero el gobierno de Odisha hizo exactamente lo contrario. Según la política revisada del gobierno de Odisha para la adquisición de tierras, notificada el 7 de febrero de 2015, «las tierras adquiridas y la posesión tomada pero no utilizada en un periodo de cinco años desde la fecha de posesión revertirán en todos los casos al Estado y se depositarán automáticamente en el Banco de Tierras».

Con respecto a las tierras forestales, la Ley de Derechos Forestales reconoce y confiere derechos legales a las comunidades locales sobre las tierras forestales y los recursos forestales comunitarios. Como se sabe, los residentes de las aldeas de Nuagaon, Dhinkia y Gobindpur han presentado solicitudes a las autoridades locales para reclamar sus derechos sobre las tierras y los bosques, pero estas reclamaciones no se han tramitado desde 2011.

Además, en varias ocasiones en el pasado, los Gram Sabhas de la zona han aprobado resoluciones mayoritarias contra cualquier cesión de sus tierras y recursos forestales comunitarios. El Gobierno debe respetar la resolución unánime aprobada por más de 2.000 personas en una Gram Sabha celebrada en octubre de 2012, según la cual las tierras utilizadas para el cultivo de betel están amparadas por los derechos concedidos a la Gram Sabha en virtud de la Ley de Derechos Forestales (FRA) de 2006. El gobierno estatal está obligado a cumplir con el requisito legal de garantizar el reconocimiento y la concesión de los derechos forestales y el consentimiento sobre estas tierras después de la salida de POSCO, de lo contrario el gobierno estará cometiendo más un delito penal en virtud de la FRA, el Código Penal de la India (IPC) y la Ley de prevención de atrocidades de SC/ST de 1989 y las enmiendas hechas en 2016. Por lo tanto, en virtud de la Ley de Derechos Forestales de 2006, la transferencia de las tierras del pueblo a Jindal es ilegal.

En julio de 2017, nuestros vecinos presentaron una petición ante el tribunal de Calcuta del Tribunal Verde Nacional. Se ha afirmado que el gobierno de Odisha no puede poner estas tierras forestales en el banco de tierras. Según la Ley de Conservación de los Bosques de 1980, el gobierno debe obtener una «autorización» forestal o la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente central para utilizar las tierras forestales para fines no forestales. Sin embargo, la ley no prevé la obtención de una autorización forestal para un «banco de tierras». La petición añade que, en virtud de la Ley de Derechos Forestales de 2006, el gobierno no puede cambiar el uso de las tierras forestales sin reconocer los derechos sobre la tierra y los bosques de las personas que viven o dependen de ellas durante generaciones.

El Gobierno de Odisha, a través de su Departamento de Panchayati Raj, destituyó a Debendra Swain, que es miembro del Panchayat Samiti (un representante elegido), de manera ilegal, sólo para dar a entender a la población que cualquier levantamiento de voz contra el Gobierno será castigado gravemente. Esto dice mucho sobre el estado de la democracia de base en la India, más concretamente sobre el estado de las salvaguardias constitucionales y los actos de habilitación.

Nuestras demandas

La administración debe tomar medidas para la retirada inmediata de las fuerzas policiales de Dhinkia y asegurar que la normalidad se restablece pronto.
El gobierno debe detener todo tipo de represión contra nuestro pueblo y retirar todos los casos falsos e inventados contra nuestra gente.
El gobierno de Odisha debe seguir el fallo del Tribunal Supremo sobre el asunto de Singur en el que se devolvió la tierra de los agricultores comprada para la planta de Tata Nano,
El proceso de adquisición de nuevas tierras y de vallado, etc., debe ser suspendido inmediatamente, ya que no hay autorización ambiental para el proyecto propuesto por JSW.
Procesar urgentemente las reclamaciones de derechos forestales individuales y comunitarios sobre las tierras que había adquirido para un proyecto de POSCO en lugar de transferir las tierras a un banco de tierras.
Declarar que no existe ninguna disposición en la ley ni en ningún acto que contemple la adquisición de tierras para ningún banco de tierras con ningún fin. Por lo tanto, la tierra debe volver a los habitantes originales de acuerdo con la Ley de Derecho a una Compensación Justa y Transparencia en la Adquisición de Tierras, Rehabilitación y Reasentamiento (LARR) de 2013.
Garantizar la aplicación de la sentencia del NGT, Principal Bench, Nueva Delhi de fecha 12- 07-2018 y eliminar cualquier construcción ya realizada en el terreno forestal.
El gobierno debe replantar los árboles en nuestras zonas costeras sensibles donde más de dos lakh (100.000) árboles fueron cortados indiscriminadamente por el gobierno para POSCO.
Debe formarse un comité compuesto por juristas sensibles, defensores de los derechos humanos, activistas, ecologistas y economistas ecológicos para vigilar lo que el gobierno está haciendo en nuestra zona sólo para promover los intereses corporativos a un costo enorme para nuestros pueblos nativos y sus fuentes permanentes de sustento que son parte de una zona costera ecológicamente sensible.

Represión contra el movimiento anti-minería y acería en Odisha (India)

08/12/2021
La escasez de agua en algunas zonas del planeta puede dificultar o retrasar la extracción de algunos recursos naturales como los metales raros o el cobre, materiales imprescindibles actualmente en la tecnología, explicó el escritor e investigador francés Guillaume Pitron.

Ya hay lugares, como en Chile, donde un tribunal ordenó hace unos meses a una empresa minera en Antofagasta, capital de la provincia y región homónima, suspender la extracción de cobre ante la sequía que afrontan algunas zonas del país sudamericano, indicó Pitron antes de la presentación en Madrid de la versión en español de su libro “La guerra de los metales raros: la cara oculta de la transición energética y digital” (Ediciones Península).

Ante la actual crisis por los precios de la electricidad en Europa y la presencia de la tecnología en todos los ámbitos de la vida diaria, el libro de Pitron (París, 1980) clarifica la procedencia de la mayoría de los metales con los que se fabrican productos que utiliza cualquier persona, desde un teléfono móvil hasta el más sofisticado instrumental médico, pasando por baterías para automóviles, bombillas o mecanismos para los electrodomésticos, entre otros.

“Hay algo muy contradictorio en todo lo que se llama verde, y sigo estupefacto de ver las palabras verde, duradero, responsable, sostenible que se usan cuando se habla de estas tecnologías”, según el investigador, quien ha asegurado que estos metales “se extraen a un precio ecológico muy alto, en volúmenes mucho más reducidos que los metales abundantes, y es necesario extraer mucha más roca porque salen muy diluidos”.

Ha explicado que “en Chile el mayor problema para la minería es el agua sobre todo”, porque las extracciones se hacen en zonas desérticas, y ha añadido que “en la mina de Chuquicamata (la más grande del mundo situada en la región de Antofagasta en el norte) se puede consumir hasta 2,000 litros de agua por segundo para refinar el mineral de cobre”.

Pitron ha subrayado que “es agua que se extrae de capas freáticas y cada vez más del océano, con la desalinización del agua que funciona con carbón que viene de Colombia y Nueva Zelanda”.

En la tecnología “el cobre es imprescindible y en los próximos 30 años se va a consumir más cobre que lo que ha consumido la humanidad desde un principio. La transición ecológica representa una parte muy pequeña de ese consumo, pero no frena el extractivismo”, una situación de la que poco se habla, ha aseverado.

Por lo general, esos metales se extraen en países en vías de desarrollo “donde las normativas son menores que las de los países desarrollados y se respetan menos, es ahí donde pagan el precio” del extractivismo.

En este sentido, plantea dos formas de obtener estos metales fundamentales para la industria tecnología: la primera es “lo que intenta hacer Europa, que es aplicar estándares a través de obligaciones de diligencia para asegurarse de la proveniencia ética de los minerales”, según Pitron, son obligaciones “cada vez más fuertes”, que cada vez tienen más peso en el derecho europeo y nacional, “es una verdad sobre todo en Francia”.

Es necesario asegurarse de que los minerales se han extraído en condiciones que “sean respetuosas con el hombre y el medio ambiente” y Europa debe verificar que “desde un inicio de la cadena de valor” los proveedores “respetan los estándares europeos” ya sea en China, Congo o Bolivia. “Es una forma de actuar obligando a los países a actuar conforme a nuestras normas”.

La segunda “es más radical” y es volver a localizar en suelo europeo la industria minera, “porque si se puede volver a relocalizar una mina de grafito o litio en Europa, e incluso en España, se controla mejor el proceso”.

Los medios de comunicación y las ONG son menos controladas que en China, “hay contrapoderes que pueden funcionar”, y creo que “una mina en Europa es más ecológica” que en países en desarrollo para hacer el trabajo sucio”.

“Hemos perdido una parte de nuestra soberanía ecológica porque no podemos asegurar la proveniencia verde de la tecnología que compramos a China”, concluyó.

“Aunque la situación de derechos humanos no es igual en China, en Bolivia o Chile”, en donde se extraen el litio (para las baterías de los vehículos eléctricos) y el cobre, respectivamente, es necesario que se sepa que el cobre no es un metal raro, pero es indispensable para la transición ecológica, para las eólicas, para los paneles solares y “un coche eléctrico puede tener más cobre que un coche a gasoil”, asevera.
Fuente: EFE

Guillaume Pitron: Sequía puede influir en extracción de recursos como el cobre

BBC News Mundo
25/11/2021
Un anuncio en la carretera de la mina de carbón de Listvyazhnaya.
Fuente de la imagen, AFP
La mina se encuentra en Siberia, a unos 3.500 kilómetros al este de Moscú.
Al menos 52 personas han muerto en un accidente en una mina de carbón rusa, según informan medios locales.
El incidente comenzó cuando el hollín acumulado en un conducto de ventilación de una mina de Siberia ardió el jueves, llenando de humo el lugar y provocando la muerte de 11 personas.

A la caída de la noche, una operación de rescate para llegar hasta las decenas de mineros desaparecidos acabó en tragedia, con varios rescatistas muertos por asfixia.

Es el peor desastre minero en Rusia en los últimos diez años.

A última hora del jueves, después de que se suspendiera la misión de rescate, varias fuentes les dijeron a agencias de noticias rusas que el número de muertos había subido hasta 50, incluidos seis integrantes de los equipos de rescate.
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«No queda nadie vivo en la mina», le dijo un operario de emergencias a la agencia estatal Tass.
Otros accidentes

La mayoría de las 285 personas que se encontraban en la mina de Listvyazhnaya, en la región de Kemerovo, a unos 3.500 km al este de Moscú, escaparon después del accidente, ocurrido a las 08.35 hora local.
Agentes de policía en la mina siniestrada.

Fuente de la imagen, AFP
Pie de foto,

Policía rusa en el exterior de la mina.

Las autoridades informaron que 49 personas habían sido trasladadas al hospital con lesiones. Algunos de los heridos habían inhalado humo tóxico y cuatro de ellos se encontraban en estado crítico.

Tres personas, incluido el director de la mina, han sido arrestadas por fallos de seguridad, según Reuters.

Este no es el primer accidente que ocurre en la mina. Según la prensa local, una explosión de gas metano mató a 13 personas en 2004. Los siniestros en las minas rusas no son inusuales.

En 2016 las autoridades realizaron una evaluación de la seguridad en 58 minas de carbón del país y establecieron que un 34% de ellas eran potencialmente inseguras. La lista no incluyó la mina de Listvyazhnaya, según los artículos publicados.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo: «Espero que puedan salvar a cuantos sea posible» de «esta gran tragedia».
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59425673