El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas Inversiones (CIADI), denegó a la empresa minera Commerce Group Corp. la demanda al estado salvadoreño por la revocación de los permisos ambientales y por no renovar su licencia de explotación minera en el país.

Con la decisión se está dejando sin efecto la petición de la empresa de origen estadounidense del pago de 100 millones de dólares, que la empresa minera pedía como indemnización.

Debido a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, El Salvador se ha visto sometido a dos procesos de arbitraje internacional por parte de empresas mineras. Por tanto CESTA Amigos de la Tierra como organización integrante del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4, El Salvador, expresa nuevamente el rechazo a este tipo de acuerdos que los gobiernos del norte promueven vorazmente en países de Latinoamérica.

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El no gubernamental colectivo ecologista Madre Selva de Guatemala pidió un «cierre técnico adecuado» del proyecto de la mina de oro Cerro Blanco, propiedad de la canadiense Goldcorp, el cual fue cancelado hace unas semanas por la empresa, que adujo un contexto financiero poco favorable.

«Exigimos el cierre técnico adecuado de la mina Cerro Blanco garantizando que sus instalaciones no representen un riesgo a desastre para las aguas, la biodiversidad, y la salud de las personas que habitan» la zona donde se encuentra ubicada, señaló Madre Selva en un comunicado.

La organización dijo que el cierre de la mina debe realizarse con base en «un plan detallado con una duración suficiente y los fondos financieros y garantías necesarias para implementarlo, de modo que se reduzcan los posibles impactos» en el medio ambiente.

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Por Camilo Salvadó*

Actualmente, las selvas y montañas de Alta Verapaz, Petén, Izabal e Ixcán, en el norte del país, son territorios en disputa. Entre los diversos actores colectivos involucrados, están las comunidades campesinas e indígenas que habitan estos territorios desde hace mucho tiempo, arreglándoselas para sobrevivir en equilibrio con su entorno natural, en la medida que su pobreza y las presiones externas lo permiten.

Otros actores interesados en el control territorial son grupos ilegales, como traficantes de drogas, de especies animales y vegetales “exóticas”, de maderas preciosas y hasta de personas. Están también los actores legales -los que actúan amparados por la ley pero no necesariamente por la justicia-, entre los que se cuentan los gobiernos locales y el gobierno nacional, así como diversas empresas que impulsan Proyectos extractivos.

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La población guatemalteca no sabe qué es lo que pasa realmente con la minería metálica, y el tema divide a la población guatemalteca. Porque es casi imposible que quienes ganan millones con la explotación del oro, la plata o el níquel, logren entender a quienes temen perder agua, salud y tranquilidad; sobre todo si son campesinos, indígenas y/o ciudadanos empobrecidos. A ellos no se les trata como a guatemaltecos que expresan con legitimidad su posición ante la imposición de la minería metálica; por oponerse, se les retrata como seres despreciables, que merecen los calificativos de terroristas, huevones, vividores, ecohistéricos, bochincheros y manipuladores. Por el otro lado, es muy difícil entender por qué los que tienen tanto pretenden ignorar el daño, los peligros y los riesgos que la explotación de metales conlleva.

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El Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina anunció que su gobierno asumió la decisión “trascendente” de proponer una moratoria para la industria minera, que se presentaría al Congreso de la República.

El gobernante, junto con el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, y del titular del Sistema de Diálogo Nacional, Miguel Ángel Balcárcel, trataron el tema de la conflictividad generada en el sector de la minería en la sexta edición del programa “De Frente con el Presidente”, que se transmite los martes en horario nocturno en canales de la televisión abierta. 

El Mandatario resaltó que el propósito es que los diputados aprueben una moratoria de dos años, tiempo en el que se estudiará la autorización de una nueva ley para la industria minera y se realizará un diálogo nacional entre gobierno, comunidades y los principales sectores del país y para que se decidan las acciones a seguir con la minería metálica.