27/05/2022
La explotación de uranio se promociona como sinónimo de desarrollo pero los antecedentes provinciales no dejan más que preocupaciones. Aquí compartimos un artículo publicado por el Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA) que detalla que «decenas de miles de toneladas de residuos radiactivos de la minería del uranio fueron abandonadas hace 40 años por la Comisión Nacional de Energía Atómica, en las cercanías del Paso Berwyn, en la margen derecha del río Chubut». Se trata de los pasivos ambientales de las operaciones mineras en Los Adobes y Cerro Cóndor.
Imagen 1) Un cartel de advertencia en el ex Complejo Minero Fabril Pichiñán, provincia del Chubut, donde están depositadas decenas de miles de toneladas de residuos radiactivos de la minería del uranio, el lunes 15 de noviembre de 2021.

Por: Cristian Basualdo – Movimiento Antinuclear de la República Argentina

PASO BERWYN, Chubut.- Un cartel amarillo advierte: “Área Restringida” y “Prohibido el Acceso”, a pesar de su deterioro se alcanza a leer: “Comisión Nacional de Energía Atómica”. El cartel está detrás de un alambrado que delimita parte de un predio yermo, de unas 8 hectáreas, ubicado a la vera de la Ruta Provincial Nº 12, donde se distinguen unos promontorios artificiales que esconden, debajo de unos centímetros de ripio, decenas de miles de toneladas de residuos radiactivos generados por la minería del uranio.

Haciendo un poco de historia, en la década de 1960 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desembarcó en la localidad de Sarmiento, al sur de la provincia del Chubut, luego mudó sus oficinas a Trelew porque había comenzado a explorar la Sierra de Pichiñán, aproximadamente en el centro geográfico provincial, mediante estudios geológicos y radimétricos que le suministraron las primeras informaciones del que luego denominó distrito uranífero Pichiñán. El autoabastecimiento de los combustibles nucleares fue la consigna enarbolada por la CNEA durante sus primeras cuatro décadas de actividad.

A comienzos de 1976, la CNEA licitó una planta de concentración de uranio (en los pliegos figuraba como Planta Química), cerca del paso Berwyn, a unos mil metros del río Chubut. En junio del mismo año, la empresa Quórum comenzó el montaje de un galpón de chapa para alojar las instalaciones electromecánicas, además de unas casillas para los operarios. La planta comenzó a operar al año siguiente, procesando el mineral de dos explotaciones de uranio a cielo abierto: Los Adobes y Cerro Cóndor. La lixiviación se realizaba con ácido sulfúrico, que decantaba en una cisterna (conocida como los piletones), después, el líquido se bombeaba a la planta para continuar el proceso con filtros y columnas de resinas. En la documentación oficial figura con los siguientes nombres: Complejo Minero Fabril Pichiñán, Complejo Minero Fabril Los Adobes, Planta Los Adobes o Fábrica Los Adobes.

Imagen 2): En la Memoria Anual de 1978 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pg. 10, figura esta imagen con la leyenda: Interior de la Fábrica Los Adobes (Chubut).

La minería del uranio produce grandes cantidades de residuos sin pensar en el futuro o en el ambiente, tales como roca estéril, minerales de baja ley, agua de mina, y lodos de precipitación. Especialmente peligrosas son las colas de mineral, como se denomina al material del cual se ha extraído la mayor cantidad posible del uranio que contenía. Según datos de la CNEA, alrededor del 15% de la radiactividad original del mineral pasa al concentrado de uranio y, una vez que los radionucleidos de corta vida han decaído, el 70% de la radiactividad original del mineral permanece en las colas, que contienen casi toda la actividad proveniente del decaimiento del uranio-238: torio-230 y radio-226, el que a su vez decae produciendo radón-222. El torio-230 es una fuente de producción de radiactividad a largo plazo. Las colas contienen además metales pesados que están presentes en el mineral, tales como plomo, vanadio, cobre, cinc, y cromo, además de otros compuestos adicionados durante el proceso, tales como amonio, nitrato y solventes. La dispersión de las colas mediante el viento o el agua, o por disolución, puede trasladar partículas con radiactividad y otros compuestos tóxicos a cuerpos de agua superficiales o subterráneos que constituyen fuentes de agua potable, a los suelos, a la cadena trófica y a los alimentos.

El Complejo Minero Fabril Pichiñán cerró en 1981, tan solo 4 años después de su puesta en marcha. En la documentación de la CNEA consta que se extrajeron 90.198 toneladas de mineral del yacimiento Los Adobes para obtener 108 toneladas de uranio, y del yacimiento Cerro Cóndor se extrajeron 57.340 toneladas de mineral para obtener 45 toneladas de uranio. Una vez finalizadas las operaciones mineras, la cantera Cerro Cóndor fue abandonada y está como quedó, luego de su explotación. La cantera Los Adobes fue parcialmente rellenada en 1998. El complejo fue desmantelado, en el predio quedaron las fundaciones del galpón, las plateas, y lo más peligroso: 85.000 toneladas de las pilas de lixiviación, las cisternas de lixiviación, el dique de colas y 60.000 toneladas en la escombrera de desechos sólidos.

Imagen 3) Imagen satelital del ex Complejo Minero Fabril Pichiñán, arriba en color verde se distinguen los menadros del río Chubut. Crédito: Fernando Berdugo.

Para tener una idea de la improvisación de los funcionarios del átomo, basta con señalar que los predios en cuestión son propiedades privadas. La CNEA paga una indemnización al propietario cada vez que se efectúan trabajos de algún tipo en los yacimientos, en concepto de daños y perjuicios. Por el terreno donde están localizadas las colas del procesamiento, la CNEA paga una suma anual en concepto de alquiler del mismo.

El centro poblado más cercano es Paso de Indios (2079 habitantes en 2010), ubicado 26 kilómetros al sur del complejo. En 1993, murieron en la zona 4 personas https://www.lanacion.com.ar/sociedad/historia-de-cuatro-muertes-dudosas-nid144776/ en circunstancias extrañas, según las autopsias 2 de ellas presentaban cuadros de cristalización pulmonar, propios de una intoxicación con hexafluoruro de uranio.

La Mina Nuclear Cerro Solo

Las perforaciones exploratorias que realizó la CNEA siguiendo los niveles aflorantes del yacimiento Los Adobes, atravesaron los primeros niveles mineralizados del yacimiento Cerro Solo. En la década de 1990, la CNEA cerró el resto de las minas de uranio que explotaba en el país. A su vez, realizó estudios más detallados del distrito uranífero Pichiñán, Cerro Solo se convirtió en el gran yacimiento de la CNEA, que lo denominó Mina Nuclear Cerro Solo.

En 1995, la actualización del código de minería puso a los minerales nucleares en la categoría de concesibles. Los funcionarios del átomo se adaptaron rápidamente a la nueva normalidad: “tiraron por la ventana” la consigna del autoabastecimiento de minerales nucleares, y se dedicaron a negociar con las empresas privadas la información geológica sistematizada por la CNEA hasta ese momento.

Imagen 4) Crédito: Pablo Lada.

Javier Rodríguez Pardo, fundador del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), señaló la colusión de la CNEA con las mineras. Los galpones de la Planta Los Adobes eran utilizados para clasificar las muestras testigo de las perforaciones. En 1997, una consultora privada completó el estudio de prefactibilidad de Cerro Solo, pagado por la CNEA. En 1999, la CNEA licitó -sin éxito- 4.600 toneladas de uranio de este yacimiento.

Desde 2003 está prohibida la minería metalífera en Chubut (Ley XVII-Nº68, antes Ley 5001). Esto no parece ser un obstáculo para la multinacional canadiense Blue Sky Uranium, que ofrece a los potenciales inversores proyectos en el distrito uranífero Pichiñán, tales como Cerro Parva, Tierras Coloradas y Sierra Colonia. La multinacional cuenta entre sus asesores con un ex geólogo de la CNEA, Jorge Berizzo, al que se le atribuye un papel destacado en el descubrimiento de los yacimientos Cerro Cóndor y Cerro Solo.

Si la CNEA se tomara las leyes en serio, debería recuperar los sitios afectados por la minería del uranio (Ley N° 25.018, Artículo 11). Pero los funcionarios del átomo nunca estuvieron dispuestos a gastar un peso en los pasivos ambientales que dejaron atrás sus aventuras radiactivas, por el contrario, los utilizaron como excusa para lucrar con un crédito del Banco Mundial. Así nació el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), originalmente previsto con una duración de 7 años, para remediar 8 sitios, a un costo de 30 millones de dólares. 16 años después, el PRAMU remedió 1 sitio (Malargüe).

El 10 de enero de 2021, Pablo Lada, integrante del MACH, visitó las ruinas del Complejo Minero Fabril Pichiñán, y filmó un video en el que se puede ver el mismo estado de abandono de siempre. Los promontorios con residuos radiactivos son un testimonio material de la carga que representa la energía nuclear para las generaciones futuras.

Chubut tiene miles de toneladas de residuos radiactivos abandonados hace 40 años

01/06/2022
Andalgalá, en Catamarca, Argentina, es desde hace años epicentro de una de las mayores resistencias a la mega-minería a cielo abierto en ese país, junto a las provincias de Chubut y Mendoza. La oposición se centra contra la explotación Bajo de la Alumbrera y las proyectadas de Agua Rica y Pilciao. La principal demanda es la defensa del Agua y de la Tierra, pues ambas son contaminadas profusamente al extraer y pulverizar la roca, desprendiendo muchos metales pesados altamente contaminantes y nocivos.

Como ya informamos en este medio, fruto de esta resistencia, el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibió la minería en todas sus formas en la cuenca del río Andalgalá, decisión que más altas instancias han intentado invalidar para favorecer los intereses empresariales.

Acampe Choya de la Asamblea El Algarrobo contra el proyecto minero MARA en Andalgalá.

En los últimos meses activistas anti-minería junto a la comunidad afectada de Choya, organizados en la Asamblea El Algarrobo, iniciaron un acampe permanente contra el proyecto minero MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). Este proyecto está impulsado por la transnacional canadiense Yamana Gold. La acampada se sitúa en uno de los acceso al proyecto minero. La actividad de la minera ha sido custodiada por la propia policía de Catamarca, hecho que ratifica la colusión de las instituciones con los intereses empresariales. Esta acampada ha sufrido fuerte represión como a principio de mayo en la que la policía les atacó ocasionando heridas a varios integrantes y detuvo a una de las vecinas, y el 20 de mayo en que volvieron a ser atacados por elementos antidisturbios.

Represión del acampe de Choya del 20 de mayo 2022.

Hace unos días la policía detuvo a dos integrantes de la acampada con cargos falsos presentados por la empresa minera. Uno de los acusados, Aldo Flores es uno de los fundadores de la Asamblea El Algarrobo. Flores de más de setenta años sufrió un infarto durante el interrogatorio producto del estrés ante la injusta persecución y detención. Fue trasladado al hospital.

El otro activista, Enzo Brizuela fue detenido sin permitirle comunicarse ni con compañeros ni con la prensa. Por ello se declaró en huelga de hambre seca hasta ser liberado. Los detenidos han denunciado haber sufrido «numerosas irregularidades y violaciones a los derechos humanos» y han hecho responsable de dichas vejaciones al Fiscal Camps y a la Doctora Lorena Gutiérrez, así como a la Doctora Passarelli. Esta última se negó a atender a Enzo Brizuela motivada por su rechazo a su lucha, pese a que éste había sufrido maltrato de manos de la policía y un cuadro respiratorio agudo. Esta doctora ya fue impugnada por negarse a reportar las lesiones sufridas por otra compañera del Algarrobo detenida injustamente por la policía el año pasado.

La jueza de control de garantías confirmó la detención de Enzo Brizuela. En una nota compartida por la Asamblea, el activista dice estar «determinado a continuar la huelga de hambre seca que inicié ayer al confirmarse mi detención, y la sostendré hasta que cese la persecución ideológica que pesa sobre mi y sobre mis compañeros de lucha. Hasta que me liberen no solo a mi, sino también a mi cerro, a nuestro cerro. Aquí no se rinde nadie! Sigo defendiendo la vida y el agua de mi pueblo!»

Los abogados defensores de Enzo pidieron la nulidad del proceso, ya que se le había asignado como abogado defensor al mismo abogado del denunciante. La Asamblea califica todo el caso como «UN DESASTRE SIN PRECEDENTES».

Como la propia Asamblea El Algarrobo explica, ésta «tiene por objeto la defensa del agua y el territorio en contra de la mega-minería». Fue fundada el 14 de diciembre de 2009 como respuesta a una feroz represión policial contra manifestaciones en oposición a la mega-minería en la zona. La Asamblea inició la organización de Caminatas por la Vida, en defensa del agua para la población y rechazando la contaminación de la megaminería. Éstas se han realizado ininterrumpidamente desde entonces, desde hace 13 años, todos los sábados, con lo que ya suman 643. Aldo Flores ha caminado todas ellas, las 643, y las seguirá caminando una vez liberado hasta que este proyecto sea paralizado.

Desde Euskal Herria nuestra solidaridad con la Asamblea El Algarrobo y los detenidos y nuestros deseos que sean liberados con celeridad.
#AndalgalaResiste
#ChoyaResiste
#bajenlasmaquinasdelcerro
#MARAilegal
#libertadysobreseimientoalospresosporluchar
https://aplaneta.org/2022/06/01/12488/

17/05/2022
En el debate por sobre el impacto ambiental de Josemaría y la violación de la Ley de glaciares, la Asamblea Jáchal no se toca denunció que los porcentajes de mercurio, manganeso y aluminio son enormemente mayores, comparados con las línea base y con los de septiembre de 2015.

En el marco de un debate sobre el impacto ambiental y violación de la Ley de Glaciares que implica el nuevo Proyecto Minero Josemaría, que se realizó el sábado 7 de mayo, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, denunció que «el 15 de febrero de 2022 hubo un nuevo derrame en la mina Veladero confirmado, justamente, por los análisis de agua», en base a los análisis del mes de febrero de 2022 de la Universidad de Cuyo de Mendoza, que es la que lleva adelante los análisis que paga el Municipio de Jáchal. Allí quedó expuesto que los porcentajes de mercurio, manganeso y aluminio son enormemente mayores, comparados con las línea base y con los de septiembre de 2015. En tanto, con respecto al informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Josemaría, Zeballos consideró que «es un informe lleno de imprecisiones, mentiroso y tramposo, que habla muy claramente de los modos de actuar de la empresa canadiense que lo presenta», y que por eso no fue aprobado por el Instituto Nacional del Agua – Centro Regional de Aguas Subterráneas (INA CRAS) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPreS).

La declaraciones de Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, tuvieron lugar en el marco de un debate que la organización socioambiental y antimegaminera realizó el sábado 7 por la tarde en el Salón Cultural Rivas de Suizer, sobre el impacto ambiental y violación de la Ley de Glaciares que implica el nuevo Proyecto Minero Josemaría. La misma, que se transmitió en vivo por streaming, tuvo lugar sin la presencia de los ministros de minería provinciales ni nacionales, a pesar de que se cursaron invitaciones desde la asamblea.

Tras el debate, Zeballos hizo una balance del mismo y declaró ante el medio local Jáchal La Región: «como información nueva, lo relevante fue, justamente, que el 15 de febrero de 2022 hubo un nuevo derrame en la mina Veladero confirmado, justamente, por los análisis. Para tomar dimensión de lo que ocurrió, en septiembre de 2015 el mercurio llegó a 1.2. Hablamos de mercurio por litro de agua. Y en febrero de 2022 llegó a 3.3 microgramos de mercurio por litro de agua. El manganeso, en septiembre de 2015, 1.48 miligramos por litro de agua y en febrero de 2022 2.10. Y en aluminio, en septiembre de 2015 70 miligramos por litro de agua y en febrero de este año 97 miligramos por litro de agua. Siendo que la línea base histórica de siscami establece unos valores muchísimos menores»., detalló, citando los datos de los análisis de la Universidad de Cuyo de Mendoza, que es la que lleva adelante los análisis que paga el Municipio de Jáchal.

En cuanto a los análisis de los demás meses, el asambleísta especificó que sólo cuentan con los análisis de febrero de este año y nada más: «no tenemos ni de enero ni de marzo ni de abril, que ya se tendrían que haber hecho».

Saúl Ceballos de la Asamblea Jáchal no se toca

En tanto, con respecto al Proyecto Minero Josemaría – motivo original del debate – Zeballos consideró: «el informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Josemaría es un informe lleno de imprecisiones hechas a propósito para poder engañar a los lectores. Por ello, se puede concluir que es un informe mentiroso y tramposo, que habla muy claramente de los modos de actuar de la empresa canadiense que lo presenta», remarcó, con respecto al proyecto minero que el gobernador Uñac aprobó, pero cuyo informe de impacto ambiental fue rechazado por el Instituto Nacional del Agua – Centro Regional de Aguas Subterráneas (INA CRAS) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPreS), por considerar que se encuentra sobre un área de agua subterránea de muy baja profundidad.

«Esto quiere decir que lo que aprobó el gobernador Sergio Uñac es un borrador (DRAF) y no una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Y, como si esto fuera poco, el gobernador Uñac ha demostrado una ineptitud manifiesta para controlar la mina Veladero y no ha podido evitar que la irresponsable canadiense Barrick Gold siga contaminando la cuenca del Río Jáchal con metales pesados como el Mercurio», denunció, en tanto, en sus redes sociales la asamblea ambiental.
Fuente: AnRed

“Hubo un nuevo derrame en Veladero”

En defensa del agua pura   —   18/05/2022
Desde LRA 6 Mendoza Quino, el periodista Rodrigo Sepúlveda Reyes se refirió a la protesta encabezada por asambleístas que defienden el agua pura en la provincia ante un proyecto de zonificación impulsado por el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, que pretende exceptuar al sur de la provincia del alcance de la Ley 7722, conocida como “guardiana del agua”.

El punto de protesta fue frente al Hotel Hyatt, en la capital mendocina, donde tenía lugar el Primer Foro Metalmecánica y Minería, organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEm) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) que contaba con la presencia de Ojeda.

Por su parte, en el marco de ese encuentro, empresarios, especialistas, autoridades y público en general plantearon la necesidad de avanzar con la actividad minera en la provincia de Mendoza, prohibida desde 2007 por la Ley 7722 y smo, se enfatizó en las posibilidades concretas de generar trabajo y qué ocurre en otras zonas del país donde la minería es una actividad pujante.

En Mendoza, rige la Ley 7.722 sancionada el 20 de junio de 2007, que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera, modificaba a fines de 2019 y derogada a los 10 días de aprobada por la Legislatura provincial por el Poder Ejecutivo.
https://www.radionacional.com.ar/mendoza-se-vuelve-a-movilizar-contra-los-proyectos-mineros/

13/05/2022
La megaminería casi no aporta al fisco sino al revés. Según estudios de la Secretaría de Ingresos públicos de la Nación, el gasto fiscal de la megaminería es de cien millones de dólares anuales.
Por Federico Soria
A CONFESIÓN DE PARTES, RELEVO DE PRUEBAS
“La Secretaría de Ingresos Públicos de la Nación ha efectuado una estimación de los gastos tributarios en la Argentina. Este estudio identifica como gasto tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo especial que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria»
Para el caso de la actividad minera, esta investigación estimó que el gasto fiscal para 2009 ascendía a $372,5 millones (U$S 97 millones al cambio de ese entonces). Para el año 2008 ascendía a $397 millones (U$S 124 millones).

«Cabe aclarar que el gasto tributario del Estado en el caso de la minería es teórico, ya que no se trata de subsidios directos para la promoción de la actividad. El Estado no destina fondos para pagar subsidios, sino que deja de percibir impuestos al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del general” (informes de sostenibilidad 2008 y 2009 de Minera Alumbrera). Ver => Informes sostenibilidad Alumbrera

Estos números hacen referencia a la suma total de los beneficios fiscales a la minería establecidos en las leyes nacionales 24.196, 22.095 (mencionadas en ese mismo documento) y demás normas modificatorias y/o complementarias, que benefician a la minería a gran escala por sobre el resto de los contribuyentes, excluyéndola de una gran cantidad de obligaciones fiscales que el común de los ciudadanos y empresas no extractivas deben afrontar. En este y otros informes, la corporación remarca que “no recibe subsidios del gobierno”, una retórica que constituye una suerte de oxímoron, a la luz de los hechos concretos; y una contradicción flagrante, ya que contrasta en un todo con la cita referida al principio.

Para el año pasado (2021), se ha calculado que el gasto tributario minero del Estado fue de $ 7.689 millones, con el agregado de que el presupuesto de la Secretaría de Minería de la Nación destinado a promocionar la actividad (en su mayoría destinado a fomentar la explotación de oro, cobre y litio) fue de $ 335 millones. Con lo cual, los valores en dólares se mantienen a un promedio de U$S 100 millones anuales de subsidio encubierto a la actividad. Ver => Presupuesto 2021

Obviamente, el asunto es proclive a la falta de transparencia, consecuentemente existen numerosas denuncias, ya que esta sangría en las arcas públicas adolece de falta de fiscalización y rendición de cuentas. Ver => Gasto tributario

De acuerdo a lo que se puede leer en los propios informes corporativos de las empresas y a los datos aportados por reparticiones del gobierno nacional, el subsidio implícito del Estado a la megaminería está solapadamente reconocido por los propios saqueadores, que no sólo lo son del territorio, sino también de las arcas públicas, más allá del discurseo oficial y/o corporativo que arenga lo contrario para la tribuna. La megaminería está muy lejos de solventar los gastos del Estado (sueldos, obra pública, salud, educación, justicia, seguridad, etc.), ya que no paga la mayoría de los impuestos que afronta el resto de los contribuyentes; y los aportes por regalías y dividendos de los socios estatales, resulta ser ínfimo en relación a los presupuestos oficiales aprobados y vigentes.

EL FALSO ARGUMENTO DE QUE LA MEGAMINERÍA PAGA LOS SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FINANCIA OBRAS EN CATAMARCA

A fin de demistificar la falacia de que la mineria solventa el gasto público en las provincias mineras, vamos a analizar a modo de ejemplo el caso de Catamarca, con datos de fuentes concretas.

Presupuesto de Catamarca 2022 aprobado por ley: $ 216.000 millones

Regalias mineras recibidas en 2021 (va al presupuesto 2022): $ 1.030 millones

Reparto de dividendos de YMAD en 2021 (va al presupuesto 2022) $ 317 millones

Esto quiere decir que la suma de las regalías mineras, más los dividendos de YMAD, representan para el Gobierno de Catamarca alrededor del 0,6 % del presupuesto provincial.

Entonces, a modo de ejemplo, podemos calcular que un empleado público o docente de Catamarca que percibe $ 100.000.- de sueldo, sólo está recibiendo $ 600.- procedentes de regalías y ganancias mineras.
Del mismo modo, alguien que cobra $ 50.000.- solo esta recibiendo $ 300.- de la minería. Y asi proporcionalmente…
Del mismo modo se puede calcular cuánto aportan verdaderamente los fondos mineros a la obra pública, mas alla de lo que se dibuje en el discurso o pa propaganda oficial o privada al respecto…
El grueso de ese dinero no viene de la minería, sino que lo aportan en partes más o menos iguales el pueblo y las otras actividades económicas no extractivas.

El 99,4% del presupuesto provincial no proviene de la mineria, sino de 1) los ATN, 2) la coparticipación federal y 3) la recaudación propia.

1) Los ATN (aportes del tesoro nacional) están conformados por dinero del tesoro nacional que la Casa Rosada gira de manera discrecional a las provincias todos los meses, en base a negociaciones y acuerdos políticos con cada administración. Como todos sabemos, en un país con marcado deficit fiscal, el tesoro nacional se financia con deuda pública, a traves de la emisión de títulos, letras y bonos que la van engrosando. El costo de todo eso lo paga en su gran mayoria el bolsillo del pueblo, a través de la inflación.
2) La coparticipación federal es un mecanismo mediante el cual la Nación reparte a las provincias el dinero proveniente de la recaudación fiscal de impuestos nacionales, como el IVA, ganancias, renta mínima presunta, bienes personales, combustibles, cheques, aduanas, retenciones, etc. La minería no paga la mayoría de estos impuestos, ya que está exenta o puede deducirlos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 24.196, con lo cual su aporte a la coparticipación es ínfima. Casi la mitad de la recaudación nacional de impuestos proviene del IVA que pagamos todas y todos, cada vez que compramos cualquier cosa, o sea que este aporte es solventado mayormente por el dinero del pueblo. Los demás impuestos nacionales los pagan las otras actividades económicas no extractivas que no tienen exenciones impositivas nacionales (comercio, servicios, agricultura, ganadería, turismo, etc).
3) La recaudación propia es el dinero que ingresa al gobierno provincial por impuestos y servicios que cobra por su cuenta a la población. La minería no paga ningún impuesto provincial o municipal fuera de las regalías ya mencionadas, puesto que también está exenta, de acuerdo a la misma ley nacional, a la cual adhiere la provincia. La recaudación provincial se conforma de ingresos brutos, inmobiliario, automotor, sellados, multas y servicios que presta por su cuenta. O sea que, también el aporte sale en gran medida del bolsillo del pueblo y de otras actividades económicas no extractivas que no tienen exenciones impositivas provinciales (comercio, servicios, agricultura, ganadería, turismo, etc).

Las corporaciones megamineras justifican el subsidio implícito del estado a la actividad (a través de facilidades financieras y cambiarias, estabilidad fiscal, deducciones y/o exenciones impositivas establecidas por ley), aduciendo que supuestamente el Estado gana tres o cuatro veces más en impuestos, regalías, retenciones, etc, que dicen estar pagando. Sin embargo, el resto de las actividades lo pagan en mayor proporción y sin recibir ningún beneficio fiscal a cambio. Además, el aporte fiscal de la masa conformada por contribuyentes particulares y PYMES, significa un número varias veces mayor que el de las corporaciones extractivistas.

El otro dato no menor es que con este subsidio fical a la megaminería, el Estado está invirtiendo enormes cantidades de dinero para una actividad que apenas ocupa al 0,7% de la masa laboral total empleada, número que con mucha suerte trepa al 1,6 en las zonas mineras. Mientras tanto, las actividades económicas no subsidiadas y el propio estado, ocupan en conjunto a más del 80% de la masa laboral total empleada (INDEC). Ver=> Inversión estatal

En el cálculo costo-beneficio que hacen las corporaciones mineras para la recaudación fiscal, omiten incluir las externalidades de las explotaciones, que básicamente consisten en la sumatoria de todos los impactos ambientales sociales y económicos negativos que se manifiestan en los territorios (daño ambiental, salud, pobreza, éxodo de la población, etc). Este gasto deliberadamente indeterminado, es asumido en primera instancia por el estado y en segunda instancia por las propias comunidades. Por ello es que los datos de esos informes corporativos en relación a los supuestos beneficios a la comunidad, están completamente sesgados, con ecuaciones por demás incompletas y plagadas de omisiones ex-profeso.
Concluyendo con esta idea, los datos duros demuestran que la realidad económica es lo contrario de lo que pretenden hacerle creer a la gente los gobiernos y las empresas megamineras: las arcas públicas (sostenidas por el pueblo y las actividades productivas no extracttivas) financian el saqueo y la destrucción de nuestros territorios por parte de las corporaciones megamineras (y no al revés).

Agradecemos el informe a Federico Soria

Megaminería y gasto fiscal

12/05/2022
Matías Kulfas es un claro ejemplo del funcionario que funciona para las multinacionales desde el alto cargo de Ministro que ocupa en el gobierno argentino. El respaldo presidencial, el impulso a sus políticas, el staff que lo acompaña, sus discursos y argumentos, están siempre al servicio de las empresas que, esta vez, piden quedar fuera del impuesto a la renta inesperada.

En un masivo encuentro empresario por el día de la industria, reclamaron ante Kulfas acceso al mercado de cambios y garantizar insumos; mantienen la «expectativa» de quedar fuera del impuesto a la renta inesperada

Los empresarios mineros esperan consolidar inversiones por u$s 20 mil millones para la próxima década por lo que muchos proyectos ya anunciados se encuentran sin avances. En el sector piden acceso libre al mercado de cambios, eliminar retenciones y garantizar insumos y energía para la producción. Mantuvieron reuniones con el Gobierno y tienen la “expectativa” de quedar fuera del impuesto de renta inesperada. Así se reflejó en un evento que organizó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) este martes en Parque Norte para celebrar el Día de la Industria Minera. Los pedidos al Gobierno fueron realizados ante la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, participación que fue muy bien visto por el sector. En su discurso, Kulfas puso a la minería como un sector central: “Queremos una Argentina que además de industrial y agropecuaria sea también minera”.

Franco Mignacco, presidente de CAEM, informó en su discurso ante un auditorio completo los datos de la actividad: “Fuimos uno de los 3 sectores que en el momento de mayor necesidad generaron entrada de divisas, junto al agro y la informática, y a esto se suman aportes realizados al Estado por $100 mil millones”. Y agregó cuáles son las proyecciones: “Contamos con 13 yacimientos mineros metalíferos en producción, la puesta en marcha de los proyectos mas avanzados permitiría triplicar las exportaciones anuales, llegando alrededor de u$s 10 mil millones”.

Para dar una dimensión del potencial, mencionó los datos de Chile, que “con la misma cordillera”, exportó 20 veces más, por u$s 62 mil millones en 2021, contra u$s 3200 de Argentina. “¿Realmente podemos lograr este desarrollo? La respuesta es un si rotundo”, dijo ante los comensales, entre los que se encontraban decenas de empresarios, funcionarios del gobierno nacional y provinciales, y los embajadores de Estados Unidos, Australia, Canadá y Corea.

Inclusive, agregó que Argentina podría entrar al podio del tercer país productor de litio a nivel global (hoy en cuarto lugar), por las ampliaciones de proyectos como Olaroz y Mina Fénix, la entrada en producción de Caucharí Olaroz y los avances en Sal de Oro, Sal de Vida, Centenario Ratones, 3Q y Mariana. Sin embargo, pese a que el país cuenta con los recursos minerales y un contexto internacional favorable que cada vez demanda más cobre y litio, Mignacco aseguró que para eso Argentina tiene que ser “más competitiva”.

Por eso, mencionó los reclamos del sector: “Seguimos planteando que hay que revisar las retenciones, tendiendo a su eliminación, para equipararnos con los países que competimos que no tienen esas cargas. También es esencial el acceso al mercado único y libre de cambios, y revisar los regímenes de devolución de IVA y garantizar las importaciones de los insumos necesarios para la producción y construcción de los proyectos”.

Sin nombrarlo, Mignacco habló del proyecto para un impuesto a la renta inesperada: “A veces cuando surgen iniciativas de seguir sumando presión impositiva, se pierde de vista el efecto que produce en la llegada de inversiones y cómo impacta en la vida útil de proyectos. Es algo que hablamos con las autoridades, a quienes les agradezco la buena predisposición”.

Luego, en diálogo con periodistas, Mignacco destacó que las expectativas es que las exportaciones trepen en 2022 a u$s 4000 millones, y se alcancen inversiones de u$s 2000 millones en el 2022. Pese a que hubo anuncios millonarios de inversión, algunos no se concretaron, frenados ante la definición del acceso al dólar, al futuro de las retenciones (por un proyecto de retenciones móviles que trabaja el Ministerio de Economía) y a la implementación del impuesto a la renta inesperada.

“Es un impuesto adicional que no alienta que nuevos proyectos hagan sus evaluaciones. Hay empresas que están volviendo al país por la situación política y social de Chile y Perú, hay que aprovechar esta oportunidad. Tenemos la expectativa de que la minería quede afuera del impuesto”, dijo a Ámbito el presidente de CAEM. Según pudo saber este diario, las mineras podrían quedar afuera debido a cómo está siendo diseñado el impuesto.

Kulfas asistió a Parque Norte para estar presente de la celebración del día de la minería. En un extenso discurso, aseguró que la minería está “a media máquina” y por el contrario, dijo que hay un momento bisagra: “Estamos recibiendo interés inversor como no lo habíamos visto en mucho tiempo. Tenemos un enorme potencial para que la minería sea una de las palancas del desarrollo del siglo XXI”.

Durante el almuerzo, el discurso fue bien ponderado por algunos de los participantes, por el impulso a la actividad que se le da desde un ministerio nacional, y las iniciativas lanzadas, como el sistema de información virtual y la mesa minera abierta a la comunidad, en el que se permitirá debatir a todos los actores del sector. Del encuentro participó la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, y la nueva subsecretaria Pamela Morales, quien reemplazó a Andrés Vera tras su salida. Morales se desempeñaba en la Unidad de Gabinete de Asesores, que depende de Alejandro Sehtman, persona de confianza de Kulfas.
Fuente: ámbito

Kulfas, el ministro de las mineras

14/05/2022
El discurso de la megaminería tiene raíces en la última dictadura cívico-militar y en el neoliberalismo de la década del 90. Un análisis del accionar de los organismos financieros internacionales, los gobiernos progresistas, el consenso extractivo, la complicidad mediática y, en los territorios, las comunidades que defienden el agua, los cerros y la vida.
Fuente: TIERRAVIVA AGENCIA DE NOTICIAS
Por Horacio Machado Aráoz*
Desde Catamarca
A solo 24 horas de la rimbombante inauguración de la así llamada “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (Memac), fuerzas policiales dispararon contra los cuerpos de los pobladores de Andalgalá (Catamarca). El objetivo de los disparos fue abrir paso a vehículos al servicio del mega-proyecto MARA, una explotación minera de polimetálicos diseminados, controlada por la trasnacional canadiense Yamana Gold y proyectada sobre la cuenca hidrográfica del río Andalgalá, a 17 kilómetros en línea recta de la localidad homónima y cabecera departamental.

A 1600 kilómetro de aquel pulcro escenario donde encumbrados funcionarios de gobierno articulaban una guionada apologética de una actividad que presentaban como tan “beneficiosa como incomprendida”, el peso de los hechos marcaba un abismo. El adalid de la embestida, el ministro de la Producción, Matías Kulfas, señalaba que la minería se hallaba obstruida por una “desconfianza de la sociedad civil” y que “la manera de resolverlo es la construcción de confianza, que implica explicar, comunicar y deconstruir algunos mitos en torno a la actividad”. Vaya manera de construir confianza.

A decir verdad, los planteos de Kulfas y compañía no tienen un ápice de originalidad. Son los últimos actores de una larga lista de funcionarios que, desde el riojano Ángel Masa (secretario de Minería del gobierno de Carlos Menem) hasta la actualidad, vienen ejerciendo el mismo libreto que décadas atrás diseñó el Banco Mundial para “legislar” e impulsar la actividad en los países del Sur Globali.

Son aquellas mismas leyes —sancionadas en 1993 en la Argentina, a imagen y semejanza del Decreto Legislativo 600 con el que el dictador Augusto Pinochet cortó de cuajo la “afrenta” nacionalizadora de Salvador Allende en el “país del cobre”— las que hoy siguen vigentes. Igual que en Chile, esa legislación (la Ley 24.196 y correlativas) expresa el mismo espíritu que sus antecesoras de la última dictadura, la Ley 22.095, del 26 de octubre de 1979. No sé si lo sabrá el ministro Kulfas, pero las asambleas nacidas al calor de la defensa de las aguas cordilleranas lo saben y tienen bien clara la genealogía de estas leyes y de este modelo de minería.

Un discurso con antecedentes en la Dictadura Cívico-Militar

El guion del ministro Kulfas fue escrito décadas atrás. Antes que él, José Alfredo Martínez de Hoz, emblemático ministro de Hacienda de la dictadura, señalaba: “La minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida y generalmente no alentada en el país. Durante el período 1976-80 la política minera tuvo el objetivo fundamental de cambiar tal mentalidad, procurando la eliminación de las restricciones para explorar, explotar y comercializar la producción de minerales”ii. Y justificaba los extraordinarios privilegios fiscales y comerciales que concedía a “los inversionistas”, con los mismos “argumentos” y disposiciones que hoy se hallan vigentes, bajo el resguardo de los actuales funcionariosiii.

Como tantas otras, la revisión de las leyes mineras de los ’90 (émulas de las de la Dictadura) sigue siendo una deuda pendiente de la democracia. Como en aquella época, el poder de turno se propone “cambiar la mentalidad” de la población; catequizar sobre los beneficios de una “actividad incomprendida”.

Tachar a la población como “ignorante”, estigmatizarla y descalificar las resistencias como “irracionales” e “injustificadas” tampoco es una novedad. Por el contrario, es un antiquísimo reflejo que se remonta a los orígenes mismos del discurso colonial, formalizado por Ginés de Sepúlveda —en la conocida como “Disputa de Valladolid”— cuando procuraba justificar ante las denuncias de Bartolomé de las Casas, la masacre de indígenas operada por la conquista. En perfecta lógica aristotélica, el argumento de Sepúlveda pasaba por afirmar que, si los indígenas fueran razonables, no habría necesidad de recurrir a la fuerza, pues ellos mismos “se darían cuenta” que la dominación española se ejercía para “su propio beneficio”iv. Dando continuidad a esa misma cadena “argumental”, hoy se nos dice que, si las poblaciones del interior fueran “sensatas”, aceptarían que las explotaciones mineras traen “grandísimas utilidades… para el bien universal de todos”.

Si despejamos la colonialidad de quienes se creen “superiores” (acaso por vivir en grandes urbes, alejadas de zonas rurales y paisajes que describen como “inhóspitos”; acaso por representar los intereses de grandes inversiones), el único argumento “atendible” de la actual escalada extractivista es la desesperada “necesidad de dólares” de la economía “nacional”. Como en la época de Martínez de Hoz —en la que se consumó el desmantelamiento del aparato industrial-dependiente y la imposición del doble grillete de la reprimarización y el endeudamiento externo—, hoy no hay otro argumento para “justificar” la embestida extractivista que la “necesidad y urgencia” de contar con dólares para pagar la deuda (y “hacer funcionar” un aparato productivo fallido, estructuralmente dependiente, que tiende sistemáticamente al estrangulamiento del sector externo).

Territorios para la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional

De la firma del “acuerdo” con el Fondo a la inauguración de la “Memac” y a los gatillos detonados en Andalgalá, pasando por el frustrado intento de derribar la Ley 7722 ganada en la calle por el pueblo mendocino en diciembre de 2019 a la balacera en Chubut con el mismo propósito, y la cruzada por la exploración petrolera en el litoral marítimo (y cuanto descabellado proyecto de mercantilizar y exportar bienes naturales se les ocurra). Son todos eslabones de una misma cadena, la cadena del extractivismo que nos mantiene atados a un régimen de dominación global y sus ramificaciones cómplices internas, nacionales y locales, políticas y empresariales, pero también sindicales, periodísticas y hasta dichas “científicas”. Esa cadena es la que dictamina la sacrificialidad de los territorios y la superfluidad de poblaciones desplazables; de cuerpos sobrantes.

Como advirtiéramos casi al inicio de este Gobierno, el problema de la deuda no es apenas financiero, sino principalmente ecológico-político. El conocimiento científico muestra que el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquistav; es decir, opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización, creando nuevas zonas de apropiación y aprovisionamiento desigual de materias primas, habilitando el saqueo y la sobreexplotación de territorios “marginales” y poblaciones subalternizadas.

Tanto más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre vía pagos de la deuda, es el drenaje de materia (suelo, agua, nutrientes, biodiversidad) y energía que fluye desde las economías deudoras hacia los centros de industrialización y consumo.

Consenso miope para el extractivo

Mientras los sectores presuntamente progresistas al interior del actual Gobierno se pelean por las condicionalidades que el FMI pudiera poner en materia de variables macroenómicas y “reformas estructurales” (régimen previsional, legislación laboral), pasó por alto la aceptación (absolutamente unánime e indiscutida) de la intensificación del extractivismo como patrón estructural de la economía “nacional” y medio único de pago al que “echar mano”.

Más allá de cuánto y cuándo pagar, la cuestión decisiva del «cómo» quedó completamente al margen de toda discusión. Intensificar y “diversificar” las exportaciones primarias refleja el consenso miope de prácticamente todo el arco ideológico y partidario de la clase política. La convalidación de un nuevo ciclo de despojo estructural de los territorios suprime todas las polarizaciones; no hay grieta para el extractivismo. Se da por hecho que “hay que pagar” y que el superávit exportador “es la única forma de pagar”; las “grandes peleas” son por nimiedades de montos y plazos.

Por ello, la presencia estelar del presidente del Banco Central en la “Memac”. Tenía el único objeto de destacar la presunta magnitud y relevancia del sector como “aportante de divisas”. En perfecta sincronización “público-privada”, semanas antes del lanzamiento de esa Mesa (y de las balas de goma), la gerencia de Yamana Gold organizó un generoso “tour informativo” por el Proyecto MARA, que se reflejó luego en profusas “notas periodísticas” que, a coro, ensalzaban los “beneficios económicos” de la explotación. Igual que para los funcionarios, para las empresas periodísticas la única variable relevante es la de los dólares: las notas destacan casi exclusivamente que el proyecto MARA representa inversiones por más de 4000 millones de dólares y exportaciones por 1200 millones de dólares a lo largo de toda su explotación. Nada se dice de otras variables también mil millonarias: las toneladas de escombreras y desechos tóxicos que quedarán a perpetuidad; las de gases efecto invernadero que emitirá la explotación; los millones de metros cúbicos de agua y combustibles y los gigavatios de energía que consumirá. Nada de eso les parece relevante.

Igualmente, si fuera todavía aceptable la anacronía de hacer caso omiso de los “costos ambientales” del proyecto, ni siquiera la sola “razón” de “la necesidad de dólares” es mínimamente verosímil ni realista.

La confesión del despojo

La legislación minera de los ’90, aún vigente en Argentina, está hecha a la medida de los capitales mineros, no del país. Como admitiera Fernando Sánchez Alvabera, conspicuo conocedor del negocio (Ministro de Energía y Minas del Perú durante el gobierno de Fujimori, impulsor de las reformas del Banco Mundial en ese país, luego director de la división de Infraestructura y Recursos Naturales de la Cepal y CEO de la Barrick Gold).

Según sus palabras, la nueva legislación “fue consolidando un paradigma que asume que el patrimonio natural mundial debe estar a disposición de los inversionistas y que son éstos quienes deben definir la oportunidad y racionalidad de las explotaciones. Desde esta óptica, el valor del patrimonio natural está determinado solamente por la demanda y por la escasez relativa de recursos, lo que implica una valorización básicamente de corto plazo y frecuentemente cíclica, sin considerar su valor intrínseco y permanente. (…) Los países deben competir por atraer capitales, lo que implica —en términos muy claros y simples— que, en recursos naturales, la competitividad se define por la proporción de las rentas de explotación que están dispuestos a ceder en beneficio de los inversionistas. Es más competitivo el país que otorga los mayores incentivos y que hace menos uso de su soberanía nacional”vi.

En materia de divisas, la Ley 24.196 (y correlativas) es un colador gigantesco. Bajo ese régimen, las empresas mineras (todas trasnacionales) no operan como “fuentes de divisas”, sino como fugadoras seriales. Son ellas las que, por ley, disponen de los dólares, así como del subsuelo, de los cerros y los cursos de agua.

Las pruebas están a la vista y se cargan (muy asimétricamente) sobre las espaldas la sociedad toda: tras el extraordinario ciclo de las commodities del 2003-2013 (la era de los superávits gemelos, el “crecimiento con inclusión” y las ganancias levantadas “en pala”), hoy una vez más nos hallamos con la soga al cuello, las reservas vacías y la deuda asfixiante.
No es apenas “la corrupción” ni los desmanejos de las últimas décadas. Es la historia económica de la minería colonial en América Latina. Como lo sintetiza un reconocido historiador y geógrafo inglés: “Tanto el Siglo XIX como el XX han estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y crecientemente empobrecida”vii.

Si nada estructuralmente ha cambiado sino en todo caso para peor, ¿por qué ahora cabría esperar resultados diferentes?

*Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur (IRES, Conicet-UNCA).

NOTAS

i Banco Mundial (1996) “A Mining Strategy for Latin America and the Caribean”. Technical Paper N° 345.

ii José A. Martínez de Hoz, (1981) “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”. Buenos Aires, pp. 175.

iii “El negocio minero requiere un muy largo período de retorno del capital invertido, así como de espera de la rentabilidad, para lo cual es necesario correr un alto nivel de riesgo (…) La estructura de la minería moderna sólo es factible mediante la participación de grandes empresas con organización, capital y tecnología adecuados a la magnitud del esfuerzo que se requiere. (…) Para que ello pudiera suceder en la Argentina era necesario modificar la legislación básica vigente en la materia, modernizándola y adecuando su orientación de acuerdo a los conceptos expresados. (…) La Ley 22.095 [26 de octubre de 1979] estableció el nuevo régimen de promoción para el desarrollo de la minería en el país, otorgando beneficios impositivos a los capitales que se vuelquen hacia esta actividad, propugnando el retorno de la libre iniciativa privada y alentando la inversión de capitales extranjeros en el campo de la minería”. José A. Martínez de Hoz, (1981) “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”. Buenos Aires, pp. 176.

iv «La primera [razón de la justicia de esta guerra y conquista] es que siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros [indios], incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos; imperio que les traería grandísimas utilidades magnas commoditates, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para el bien universal de todas las cosas.» (Ginés de Sepúlveda, [1550] (1979) “De la justa causa de la guerra contra los indios”. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 153).

v Rosa Luxemburgo (1912) “La acumulación de capital”. Edicionl Internacionals Sedov.

David Harvey (2004) “El ‘nuevo’ Imperialismo: acumulación por desposesión”. En Socialist Register N° 40, “El Nuevo Desafío Imperial”. Buenos Aires: Clacso.

Jason Moore (2013) “El auge de la ecología-mundo capitalista”. Laberinto N° 38.

vi Fernando Sánchez Alvabera (2005) “Bases conceptuales para la elaboración de una nueva agenda sobre los recursos naturales”. Santiago de Chile: CEPAL, pp. 11.

vii Anthony Bebbington, (2007) “Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas”. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 284.

Del “acuerdo” con el Fondo Monetario a la represión en Andalgalá, eslabones de la misma cadena