La Ley Minera debe dar prioridad a intereses públicos fundamentales para la sociedad mexicana.
La Ley Minera debe dar prioridad a intereses públicos fundamentales para la sociedad mexicana: el agua, la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, y para ello se debe construir una propuesta de modificaciones a la legislación de esta actividad industrial que “ha agudizado como nunca antes las tensiones sociales y los costos ambientales en toda América Latina”.
Esa fue la conclusión principal del Taller de discusión de la Ley Minera realizado el día de ayer en la Torre 2 de Humanidades en la UNAM, convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de esa institución, y que contó con la participación de académicos, grupos ambientalistas. Por el estado de Puebla estuvieron activistas de la organización civil Tetela hacia el Futuro. Participaron también miembros de los grupos opositores a las explotaciones mineras en San Luis Potosí (Minera San Xavier y el proyecto de Wirikuta) y Veracruz (Caballo Blanco), entre otros.
La Semarnat señaló que para tomar la determinación integraron las opiniones de todos los sectores, a fin de resolver los proyectos “con estricto apego a la normatividad ambiental”, lo que consideran fundamental para avanzar en el desarrollo sustentable del país.
«Propiedad privada, minera Real Bonanza», se observa esta leyenda sobre carteles en la entrada de los sitios más emblemáticos de los lugares circunvecinos al Pueblo Mágico de Real de Catorce, se trata de la privatización de los lugares denominados Socavón de la Purísima, Socavón de San Agustín y el legendario Pueblo Fantasma.
Se acuerdo al Diario Oficial los títulos corresponden a los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa