El cerro de San Pedro, símbolo del escudo de San Luis Potosí, desapareció debido a la explotación de la mina de oro y plata de Minera San Xavier. En su lugar hay un tajo, montañas de desechos alrededor y en una zona semiárida, 32 millones de litros de agua mezclada con 16 toneladas de cianuro que se han utilizado diariamente para el proceso industrial. Edificios del pueblo histórico, fundado en 1592, también sufrieron daños.
Ya dejó un daño irreversible, señala Sergio Serrano, del grupo Pro San Luis Ecológico, y explica que a lo largo de casi 15 años, ante los riesgos ambientales han interpuesto al menos 30 recursos jurídicos en contra de la operación de la minera, filial de la canadiense New Gold.
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que se impuso una sanción ejemplar de 13.4 millones de pesos a una mina de Grupo México, en San Luis Potosí. Al respecto, mencionó que la actuación de la autoridad laboral lleva implícito el cumplimiento de la ley y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, contribuyendo a contar con centros de trabajo cada vez más seguros.
Las mineras ubicadas en zonas donde puedan existir yacimientos del preciado shale gas o gas de lutitas deberán licitar como cualquier otra compañía para su extracción, en cambio tendrán la posibilidad de aprovechar sin licitación el gas contenido en la veta de carbón mineral, mejor conocido como gas grisú, según la propuesta de leyes secundarias del Gobierno enviada la semana pasada al Senado.
La irrupción de la minera china JDC Minerals en la Sierra Norte del Puebla, en el sexenio de Felipe Calderón con la concesión para explotar 100 hectáreas de territorio, no fue bien vista por la comunidad que era testigo de cómo uno de los cerros de Tlamanca era deforestado siniestramente. En noviembre de 2012, luego de una lucha legal y social lograron la expulsión del proyecto, aunque hoy en día aún creen posible su regreso.
Autoridades estatales recibieron esta mañana a integrantes del Frente Ciudadano en Defensa de la Vida y el Agua que mantienen el plantón en Palacio de Gobierno, ante quienes reconocieron la problemática de la industria minera en la entidad.
En municipios serranos de Puebla la molestia se siente en las calles, la población no está dispuesta a que el agua que consumen cotidianamente sea contaminada por la llegada de empresas mineras canadienses. En Ixtacamaxtitlán, Santa María Totoltepec y Tetela de Ocampo todo es incertidumbre, nadie ha hablado de manera oficial al respecto.
Al filo del mediodía de este miércoles, en señal de protesta, decenas de ambientalistas tomaron y clausuraron por espacio de casi una hora las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur. Asimismo, iniciaron un plantón indefinido en la explanada del Palacio de Gobierno, para protestar en contra de la megaproyecto minero Los Cardones, el cual pretende extraer en diez años más de 20 toneladas de oro a cielo abierto, en la reserva de la biosfera de la Sierra de La Laguna.
Cuando hace cuatro años un grupo de indígenas huicholes mexicanos pidió al cineasta argentino Hernán Vilchez que contara su historia, no intuía que se encontraría con una de las culturas más ricas de Latinoamérica y que formaría parte de la lucha por salvar el territorio sagrado de Wirikuta.
La minería degrada la percepción positiva del turista acerca de cualquier destino, y esto le podría ocurrir a La Paz, advierte Agustín Olachea Nogueda, presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur), ante la probabilidad de que dos proyectos mineros se instalen al sur de la ciudad, La Pitalla y Los Cardones.
Indígenas de la Sierra Norte de Puebla permanecen en “alerta” ante el posible regreso de la minera de origen chino JDC Minerals, que obtuvo la concesión de las autoridades mexicanas para la explotación de 100 hectáreas de su territorio; no así la aprobación de la comunidad nahua que en noviembre de 2012 logró expulsar a los empresarios. Ésta es una de las 392 concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en Puebla. La Auditoría Superior de la Federación documentó que en el sexenio de Calderón el pago por derechos mineros significó sólo el 2.2 por ciento de las ganancias de las trasnacionales. En tanto, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México indica que la recaudación impositiva, puesta en vigor en enero pasado, es insuficiente. La minería se ha convertido en un sector de saqueo, daños ambientales y división social, señalan defensores ambientalistas.