30/01/2022(Prensa Latina) Pese a recursos presentados por el Gobierno chileno para destrabar la paralizada adjudicación del litio a dos empresas privadas, continúa el proceso legal en protección de comunidades indígenas, informaron hoy medios locales.

El Ministerio de Minería comunicó el pasado 12 de enero que la empresa china BYD y la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte obtuvieron los contratos de extracción de litio por 61 y 60 millones de dólares, respectivamente, con una cuota cada una de 80 mil toneladas del mineral, durante 20 años.

El ente aseguró en un comunicado que la entrada de ambas compañías en el mercado local del litio permitirá aumentar el dinamismo de la industria para que Chile recupere su posición en la escena mundial.

Dos días después la Corte de Apelaciones de Copiapó declaró admisible dos recursos de protección, dictó una orden de no innovar y suspendió el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio.

El tribunal de alzada acogió así las solicitudes del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, y de comunidades indígenas, recursos a los que se sumó el escrito presentado por un grupo de diputados de izquierda que solicitaron a la Contraloría (ente regulador) investigar el proceso por irregularidades en los procedimientos.

El pasado 21 de enero la Corte resolvió “No ha lugar” los recursos de reposición presentados por el Gobierno, continuando de esta forma con el proceso, lo que constituye un nuevo revés judicial para la administración de Sebastián Piñera, según destacó el periódico Cambio 21.

En opinión del ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, la licitación “no afecta a comunidades porque no se han definido zonas geográficas”, lo que es contravenido tajantemente desde los argumentos de comunidades de Pueblos Indígenas, cuyas posiciones tendrán que enfrentarse en los respectivos alegatos judiciales.

Con cerca del 30 por ciento de la producción global y la mayor reserva mundial ubicada en el salar de Atacama, Chile integra junto a Argentina y Bolivia el denominado Triángulo del litio, que guarda más de la mitad de este “oro blanco” en salmuera.

La creciente industria de automóviles eléctricos, computadoras y celulares disparó el precio del mineral en un 500 por ciento en el último año, teniendo como principales mercados a China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

En opinión de Gonzalo Gutiérrez, académico de la universidad de Chile y coordinador de la “Red Litio y Salares: Ciencia y Futuro”, vender el litio como materia prima es un grave error, pues lo que se obtiene es muy poco pues las exportaciones de 2019 representaron solo unos 900 millones de dólares, la mitad de las de vinos y 35 veces menos que el cobre.

“Poner el litio en manos privadas es una bofetada al deseo de los chilenos de dejar atrás el extractivismo. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo que incorpore ciencia y tecnología”, apuntó Gutiérrez.
mgt/lpn
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/30/continua-en-chile-proceso-legal-contra-adjudicacion-del-litio

La Segunda Sala del tribunal de alzada determinó no aceptar el recurso de reposición presentado por el Ejecutivo y que buscaba terminar con la orden de no innovar que detuvo el proceso de licitación del litio.
Hans Hansen –
30/01/2022
El Gobierno buscaba revertir la orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Copiapó sobre el proceso de licitación del litio a través de un recurso de reposición, pero el tribunal de alzada dijo otra cosa y le dio un nuevo golpe al Ejecutivo que deberá esperar lo que dice el tribunal respecto del fondo de las acciones legales que detuvieron el concurso público.

Hay que consignar que el mismo tribunal acogió el pasado 14 de enero dos recursos de protección presentados por la Comunidad Indígena Colla Pai Ote y por el gobernador de Atacama, Miguel Varas, lo cual se hizo previo a la adjudicación de dos de las cinco cuotas que se ofrecían de explotación del litio que dio a conocer el Ministerio de Minería.

Como el tribunal dictó en esa oportunidad la orden de no innovar y se paralizó el proceso, el Gobierno presentó un recurso de reposición en el que se señala que no existen fundamentos sobre la ilegalidad del proceso de licitación, por lo que “resulta improcedente e impropio formular cuestionamientos basados en sensaciones o sentires que se alejan de la realidad”.

Incluso en la acción legal se indica que “mantener la suspensión en los términos que fuera decretada pueda asentar un peligroso precedente que pondrá en riesgo otras licitaciones”.

Sin embargo, la Primera Sala de la corte de alzada, integrada por su presidenta Marcela Ruth Araya, el fiscal judicial Carlos Meneses Coloma y el abogado integrante James Richards Garay, respondió con un fuerte y categórico “no ha lugar a la reposición, sin perjuicio de lo que se resuelva en su oportunidad acerca del fondo de asunto”.
https://www.infogate.cl/2022/01/30/gobierno-sufre-nuevo-reves-en-licitacion-del-litio-luego-que-la-corte-de-apelaciones-de-copiapo-mantuviera-orden-de-no-innovar/

Joaquín Riffo B.18/01/2022
Protestas de las comunidades lickanantay en el contexto de la firma de acuerdos CORFO-SQM, enero 2018
INTERFERENCIA conversó con Marcel Dieder, abogado del Observatorio Ciudadano, quienes evacuaron un estudio que da cuenta de cómo la explotación del litio -en este caso de una empresa que no ganó la reciente licitación- afecta los derechos de los pueblos indígenas aledaños a los salares.

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó de suspender el proceso de licitación del litio tras dos recursos presentados, tanto por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, como por integrantes de diversos pueblos originarios, la discusión pública sobre el proceso que llevó a cabo el gobierno también está considerando otros elementos que no fueron tenidos en cuenta en un primer término por los distintos actores que se enfrentaron en ella.

En particular se trata de los efectos que esta industria sobre pueblos indígenas. En cuanto al segundo recurso presentado, este fue presentado el 12 de enero “en favor de la comunidad Colla Pai Ote y en favor de todas aquellas personas y comunidades indígenas que habitan los territorios en cuestión” y plantea que “esta licitación, tal como está diseñada, afectará a las personas en cuyo favor se recurre, pues la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile, y por ende, puede ser invocada en cualquier territorio donde exista litio, sean los salares de Atacama (Atacama), Maricunga (Copiapó), Coipasa, Salar del Huasco (Tarapacá), u otros”, donde se hace alusión a que en el proceso se vulneró el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, “por no haberse completado la consulta indígena a que obliga el derecho nacional e internacional, de acuerdo al petitorio”. De tal modo, los argumentos van más allá sobre la mera temporalidad del concurso o quiénes pudiesen resultar ganadores.

El trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la región de Antofagasta.
En efecto, la acción legal presentada por Ariel León Bacián, de los pueblos aymará-quechua; Nancy Piñones, del pueblo aymará; Verónica Henríquez, del pueblo mapuche; Esteban Araya, del pueblo lickanantay o atacameño; Rafael Tuki, del pueblo rapa nui; y Ercilla Araya, presidenta de la comunidad indígena colla Pai Ote, encuentra un correlato cercano en la “Evaluación de Impactos en Derechos Humanos de SQM en los Derechos del Pueblo Indígena Lickanantay” (ver la publicación completa aquí), un estudio de febrero de 2021 y presentado en agosto de ese año en donde se evidencia cómo la compañía chilena ha afectado los derechos del pueblo atacameño en su ejercicio de explotación del litio.

INTERFERENCIA se comunicó con uno de los autores, el abogado Marcel Diedier del Observatorio Ciudadano para conocer más detalles de cómo se ve en perspectiva la publicación a la luz del concurso público que se ha tomado la agenda durante las últimas semanas. Esto, pese a que SQM no ganó este concurso, pero cuyo actuar sirve de proxy de la industria.

La publicación fue financiada por la Fundación Heinrich Böll Cono Sur y contó con el apoyo del Consejo de Pueblos Atacameños, organización que agrupa a las comunidades lickanantay o atacameñas de Atacama la Alta, donde se encuentra el Salar de Atacama donde SQM desarrolla sus operaciones, así como con el involucramiento de las comunidades del Salar que integran este pueblo.

Sin consulta indígena y en plena escasez hídrica

Según su propia definición, el trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la Región de Antofagasta.

Para su realización se utilizó como referencia la guía metodológica Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad, que ha sido elaborada por OXFAM y la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH en 2011 y utilizada desde entonces por muchas comunidades afectadas en sus derechos por empresas en todo el mundo.

Se trata de una metodología que busca proveer de herramientas a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos.

En conversación con este medio, Dieder explicó que “hemos hecho dos publicaciones en territorio lickanantay, que son las evaluaciones de impacto en derechos humanos. Nosotros hicimos una en lo que se denomina el “triángulo del litio” entonces indagamos qué empresas trabajan en Argentina, Bolivia y Chile, y cuáles han sido las comunidades que han sido impactadas. En el caso de suelo chileno, en particular el trabajo se hizo en base a las dos principales empresas que explotan el mineral en suelo chileno que son Albemarle y SQM. Pero además, el documento desarrolla las responsabilidades en primer parte del Estado de Chile pero también otros países involucrados que tienen inversiones en empresas de litio como China y Canadá”.

SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones.
Según el estudio, la realización de este trabajo estuvo motivada por las múltiples denuncias que durante los últimos años han venido formulando tanto el Consejo de Pueblos Atacameños como las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama por las que consideran como graves afectaciones por parte de esta empresa a los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas tanto en el derecho nacional como internacional.

Tales denuncias adquieren mayor gravedad teniendo presente que el 2018 Corfo celebró con SQM nuevos contratos que le permitirán seguir desarrollando sus operaciones en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando significativamente el volumen de extracciones de litio y, por lo mismo, sus impactos en las comunidades atacameñas aledañas y en el ecosistema de dicho Salar.

A ello se suma el hecho de que SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones, según informó Cochilco.

Consultado sobre si en su percepción ha quedado fuera de la discusión pública sobre la licitación el impacto que tiene la industria del litio en las comunidades, en el entendido de que la conversación se ha centrado más sobre el recurso y su adjudicación, Dieder opina que “lo que ha faltado en el discurso es mencionar a los afectados. He escuchado hablar de comunidades, pero ni siquiera al pueblo lickanantay, entonces eso es bastante grave. Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”.

En esa línea, el abogado describió que “entre las cosas que me ha llamado la atención en el discurso de las distintas fuerzas políticas es cómo la oposición le impugna al actual gobierno de que esto se hizo rápidamente e incluso han presentado recursos de protección que han resultado inadmisibles. Y en ese sentido, para mí es inadmisible que la oposición no considere que esto viene desde marzo de 2021, con un hito en junio del año pasado y la licitación la conocemos como tal en octubre. El Consejo de Pueblos Atacameños también interpuso un recurso de protección pero dentro del plazo porque estaban pendientes de lo que ocurre en su territorio, entonces llama la atención que los bloques del Congreso realicen estas acciones a último momento cuando esto se pudo haber frenado con mucha anterioridad y no la última semana”.

En cuanto a la afectación del territorio por las empresas SQM y Albemarle, que fueron consideradas en el estudio, y el hecho de que ambas hayan quedado fuera de los beneficiados que anunció el gobierno en su momento, Dieder explicó que “hay una falta de consulta de todas las empresas que están trabajando hoy en el Salar de Atacama. No hay ningún proyecto que haya sido sometido a la consulta indígena. Eso es un asunto también bastante grave por el impacto que se genera porque tanto Albemarle como SQM se encuentran dentro de las empresas que producen más litio a nivel mundial, entonces es increíble que compañías de esa envergadura, que obviamente tienen que cumplir con determinados estándares a nivel internacional para poder operar, no cumplan ni siquiera con la consulta indígena”.

“Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”
Así, según el jurista, “desde las empresas, uno podría escuchar que esto entró en vigencia de forma posterior, en relación a la vigencia del Convenio 169, pero bien sabemos que los últimos convenios han sido cuando el 169 ya estaba en vigencia, lo que da cuenta de los derechos que están siendo afectados”.

A juicio de uno de los autores del informe “acá uno de los temas más importantes es el agua. En la ley indígena también hay una regulación particular al respecto en los artículos 63 y 64 que establece una especial protección de las aguas que les pertenecen a los pueblos del norte de Chile. En un contexto de escasez, esta explotación que han tenido SQM y Albemarle que durante décadas extrajeron litio sin que hubiese una fiscalización, cuando no existía una institucionalidad ambiental como la que existe actualmente. Recién en 2010 con distintas leyes y la creación de algunas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental recién se iniciaron las primeras fiscalizaciones a todo tipo de empresa. Y cuando se fiscaliza a SQM, la autoridad administrativa se da cuenta que está incumpliendo su RCA para producir y explotar litio, por lo que se inició un proceso sancionatorio. Y ahí se pudo dar cuenta que se extrajeron más cuotas de salmuera que lo que estaba concedido en el permiso, y ese es un proceso que se encuentra abierto”.

Didier sostiene que “los pueblos atacameños siempre han defendido que la extracción de salmuera es directamente la extracción de agua, que está combinada con determinadas sales y químicos. Y si a eso se le suma la extracción que han tenido SQM, Albemarle, Minera Escondida y Minera Zaldívar que son las cuatro que operan en el Salar de Atacama, juntan casi 4 mil litros de agua por segundo. Es decir, una cifra muy elevada para la escasez de agua que hay en el norte”.

Otro punto a abordar fue la incertidumbre que generó en las comunidades el hecho de que la licitación no especificara en qué lugar se iba a hacer la exploración y extracción de litio. Al respecto, el abogado manifestó que “estimo que el gobierno no hizo las consultas pertinentes porque cómo la licitación estaba abierta a todos los salares del norte de Chile se podrían ver eventualmente afectados distintos pueblos. Entonces era difícil determinar a quién había que consultar, pero obviamente esto deja en suspenso y en una situación de mucha incertidumbre a las comunidades que están en esos territorios respecto de lo que va a ocurrir. Inicialmente, cómo estaban estas 400 mil toneladas si uno va sacando la cuenta de la disponibilidad que tiene cada salar, inevitablemente se tendría que haber tocado el Salar de Atacama. Y si ya sabemos que está con un estrés hídrico, ahí está el peligro, y la posibilidad de que el salar sea explotado ahora por nuevas empresas”.
https://interferencia.cl/articulos/la-discusion-olvidada-del-litio-informe-describe-los-problemas-que-sqm-ha-causado-al