La cita fue en un domingo caluroso de julio.

Junto a comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes desplazadas por la minería de carbón, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, empleados de la empresa Cerrejón y funcionarios de gobierno caminé por más de cinco horas por donde alguna vez corrió el cauce natural del arroyo Bruno.

Lo que vi a mi paso fueron restos de caracoles que murieron de sed, pegados al fango, y el cuerpo sin vida de un tigrillo que, inerte, nos muestra lo que no debería pasar de nuevo.

El Bruno es una vena de agua que irrigaba el departamento de la Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia y azotado hace años por una sequía extrema.

El arroyo es un generoso tributario del río Ranchería, una de las fuentes hídricas más importantes del departamento, y hace parte de los sistemas subterráneos de agua que han dado vida a las comunidades de la región.

Fue doloroso caminar por donde alguna vez el Bruno fluía libre, pensar —mientras lo hacía— que lo que ahora es un tramo seco, antes era un caudal rebosante de vida.

Ese domingo también recorrimos lo que ahora pretende ser el cauce artificial del arroyo después que, en 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizara a Cerrejón desviar 3,6 kilómetros del caudal del Bruno para favorecer la continuidad de la explotación de carbón en la Guajira.

Varias cosas me impresionaron ese día.

Una de ellas fue que pese a que los ríos nos pertenecen a todos y las fuentes naturales de agua son públicas, estuvimos siempre acompañado por empleados de la empresa. Entramos a terrenos “de propiedad” de la concesionaria de explotación de carbón en la Guajira. Las comunidades que antes transitaban libremente la rivera del arroyo hoy no pueden hacerlo.

Aunque el Bruno es una de las pocas vertientes de agua del departamento menos lluvioso de Colombia y una de las escasas fuentes de agua dulce de las comunidades, su cauce fue taponado y desviado para facilitar la minería.

Una obra de ingeniería afectó una de las vertientes más importantes para una región sedienta y creó un camino artificial por el que no corre ni un hilo de agua.

“Si llevan agua son ríos; si no, son caminos, nos enseña uno de los versos del poeta indígena guatemalteco Humberto Ak’abal. El nuevo “cauce” del Bruno no es río, “sino camino estéril” que atestigua el deterioro de un ecosistema sensible. El “camino” no recupera ni mitiga los daños de la desviación del arroyo. Por el contrario, produce nuevos.

El mundo enfrenta una crisis climática y la minería de carbón es una de sus principales causas. Mientras varios países están reemplazando el uso de carbón en sus matrices energéticas por opciones limpias, en Colombia se decide secar un río para explotar cada vez más carbón.

Recorriendo caminos de justicia

Pese a todo, al día siguiente de la caminata, la frustración por lo absurdo no impidió un asomo de esperanza.

El lunes, a la audiencia pública convocada por algunos congresistas para la rendición de cuentas sobre lo ocurrido con el Bruno, llegaron los representantes de las comunidades y organizaciones.

La fuerza y dignidad de sus palabras, en donde se cifran décadas de resistencia, me abrazaron el alma.

“Este territorio es nuestro, nuestros ríos son nuestra vida y la vida se cuida, por nuestros hijos, por nuestro presente y por nuestro futuro y el del mundo”.

Como en muchas ocasiones antes, la Guajira le habló al país y al mundo.

Les dijo que no es posible que se priorice el uso del agua para la minería sobre su consumo humano

Les advirtió que el país debe transitar a formas de producción de energía que no generen los daños que la minería de carbón ha provocado por décadas en el clima, los derechos humanos y en los ecosistemas y especies que nos sostienen.

El arroyo debe volver a su cauce, los caracoles deben beber nuevamente de sus aguas y ningún tigrillo debe seguir muriendo por la destrucción de su mundo.

En una sentencia de 2017, la Corte Constitucional evidenció que existen incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación del cauce del arroyo Bruno. Y ordenó la creación de una Mesa Interinstitucional para resolver las denuncias de las personas afectadas.

Las comunidades seguirán exigiendo el cumplimiento de ese fallo y demostrando que las incertidumbres son en realidad certezas de daños que siguen minando sus vidas.

AIDA, junto con otras organizaciones, seguirá acompañando esa lucha para evidenciar los daños de la minería de carbón y promover alternativas limpias y justas que respeten el ambiente y a las personas.

Fuente:https://aida-americas.org/es/blog/caminando-por-donde-alguna-vez-corrio-un-arroyo-carbon-o-vida?fbclid=IwAR21EMKyB0TaUygvC0Q4ZGs-GtBa65fpbTBAjTTYKjU-ZeLc1cZqRkY01qw

Las organizaciones que analizan el tema tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que, de acuerdo a ellos, los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie.

Investigadores de Colombia, Perú, Brasil y Argentina dieron a conocer en una conferencia realizada ayer en el Banco de la República que aunque las empresas mineras aseguran que no cometen violación de los derechos humanos, sino que eventualmente existen impactos ambientales, se encuentran violaciones a los derechos de la salud, ambiente sano y participación de las comunidades.

Diego Pérez, de la organización Pensamiento y Acción Social, contó que esta iniciativa nació el año pasado con investigadores de Perú, Brasil y Argentina que trabajan en territorios donde hay actividades de minería a gran escala, donde hay comunidades afectadas; ellos hicieron una investigación conjunta de cuáles son los patrones de afectación de las empresas trasnacionales.

“Presentamos el resultado de esas investigaciones. En el caso de Colombia se hizo en las comunidades de El Hatillo (El Paso), Tamaquito (Becerril) y Roche (Barranca, La Guajira) evidenciándose violaciones de los derechos humanos de las comunidades y los territorios. Además, el Estado se desentiende de proteger los derechos de las comunidades, deja que las empresas hagan obras sociales y de desarrollo, pero ese le compete es al Estado. En el corredor minero Cesar- La Guajira hay daños al territorio irreparables no solo por el daño al ambiente, sino por la forma en que se ha transformado el territorio a partir de la minería a cielo abierto con excavaciones, desechos, daño al agua y al aire. El lavado del carbón implica genera una serie de tóxicos que se van a profundidad de la tierra, aunque las comunidades tienen sus pozos para alimentarse, estos ya están contaminados”, argumentó.

La finalidad de esta investigación es que las comunidades de los territorios mineros de los cuatro países analizados tomen conciencia que pese a que se haga la explotación minera tienen derechos que deben exigir, insistir que los gobiernos deben ser responsables en la exigencia de licencias ambientales para explotar cualquier mineral como carbón, oro o níquel, teniendo en cuenta que las empresas mineras dejan un daño ambiental irreparable.

Entre las conclusiones planteadas están: “Las comunidades tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie; las Naciones Unidas pueden exigir la obligación de los estados, queremos incidir para que les pidan a los gobiernos que cumplan los planes y tratados que han firmado a nivel internacional relacionados al cuidado del medio ambiente”, subrayó Pérez.

Por su parte, el representante de comunidades campesinas, Guillermo Pérez, quien hace parte de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, manifestó que: “Más allá del imaginario que hay de desarrollo o afectaciones tangibles, que también son importantes, también miramos las afectaciones socioculturales, la ruptura del ‘cordón umbilical’ de las comunidades y el territorio. Cuando por alguna circunstancia a alguna comunidad le toca reasentarse eso genera una ruptura espiritual, que no lo remedia nada. Por ejemplo, una comunidad campesina que vive en casas de bahareque y techos de palma, los corren a lugares con casas de cemento, en condominio u otro tipo de habitad al que no están acostumbrados. Los reasientan, pero quién reasienta sus tradiciones, saberes, sus muertos, sus espíritus; los sitios sagrados de comunicación de comunidades campesinas, indígenas o comunidades afro. La desconexión con el entorno genera enfermedades mentales porque ya no pueden hablar con los árboles, pájaros o con sus vecinos”, precisó.

Fuente:https://elpilon.com.co/en-territorios-mineros-violan-derechos-humanos-pensamiento-y-accion-social/

En la producción audiovisual participaron campesinos, emprendedores, jóvenes, empresarios y gobiernos locales que hacen parte del Suroeste de Antioquia. Al debate sobre si se debe o no permitir la explotación de minerales en esa región del país se sumó hasta Juanes.

«Señor Presidente: minería sí, pero no así ni aquí». Con esta frase termina el video denominado ‘Carta desde el Suroeste‘ en el que los campesinos, emprendedores, jóvenes, empresarios y gobiernos locales que hacen parte del Suroeste de Antioquia le solicitan a Iván Duque que no permita la realización del proyecto Quebradona por parte de la compañía sudafricana AngloGold Ashanti (AGA).

En la producción audiovisual, elaborada por la cineasta Catalina Mesa, se recogen diversas voces del municipio de Jericó que manifiestan su oposición al desarrollo y operación de esta iniciativa de megaminería, en la que se tiene proyectado producir 6,13 millones de onzas de oro,  85 millones de onzas de plata y 3,92 millones de toneladas de cobre, en los 21 años de operación que durará la concesión.

“Al contrario de lo que ha manifestado AngloGold Ashanti en medios de comunicación, la comunidad de Jericó y gran parte del Suroeste se encuentra en franca oposición al proyecto de minería de metales en el municipio. Más que inquietudes, las personas tienen una visión de desarrollo diferente a la que propone la minera. Este video logra darle voz a quienes viven permanentemente enfrentados a esta situación, con el fin de que sean ellos los que expresen su posición frente a la minería, en contraposición a la vocación agroindustrial, ecoturística, cultural y de emprendimiento que se ha trazado el municipio”, indicó Claudia Vásquez, directora de la Mesa Técnica del Suroeste, organización que apoya actividades institucionales y comunitarias en contra del proyecto de AGA.

«No queremos ningún tipo de minería metálica en esta región. Nos ha afectado demasiado y queremos vivir en paz», dijo William Galindo, campesino residente en el corregimiento Palocabildo, Jericó, en la video-carta.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, señaló que esa era una zona de paz y tranquilidad, que había vivido por más de 160 años en calma. «Las condiciones de empleo están copadas, que haya algunas carencias es normal, pero estamos en un paraíso donde la mayoría de las necesidades están satisfechas. Nuestro nivel de vida es mucho más amplio que el de los municipios mineros del país como para enfrascarnos en ese problema», apuntó.

Jaramillo sostuvo que la comunidad teme, sobre todo, por la división social, pero también por la contaminación de los yacimientos de agua superficiales y subterráneas que se podría generar, así como por los impactos socioculturales en la región, las afectaciones a los ecosistemas y los problemas de seguridad que se presentarían  con la llegada de gente foránea.

«Cuando se extraiga el volumen de roca de las tres cavernas o túneles de seis kilómetros de longitud cada uno, que permitirán comunicar el depósito del mineral ubicado en Quebradona y la planta de procesamiento, situada en la vereda Cauca, de Jericó, se producirán cerca de 120 millones de toneladas de desechos mineros, de los cuales 7 millones serán de pirita, un mineral altamente tóxico, que al estar en contacto con el aire y el agua genera sulfuro«, afirmó.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/con-video-carta-piden-al-presidente-duque-impedir-la-explotacion-minera-en-jerico/45339?fbclid=IwAR2JYeGnWCY1N341YurKUapk9tx48wHD-BAneTm0YStNUojE-fm1OvnPPEU

Con más de 6000 votantes en contra de la destrucción territorial y de las aguas por parte del modelo extractivo en el municipio colombiano de Mercaderes, departamento de Cauca, cerró el 3 de agosto la Consulta Popular Legítima.

Luego de la negativa del Estado colombiano a realizar la consulta, la población organizada articuló esa instancia. Más de la tercera parte de la población habilitada para participar de la votación acudió a las urnas y con más del 99 por ciento de los votos en contra de la explotación territorial se selló este proceso autogestionado, respuesta a la falta de voluntad política estatal.

El departamento del Cauca es uno de los fuertemente golpeados en Colombia por el modelo extractivo minero-energético, la imposición del modelo transnacional y la violencia contra la población y los defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos. No obstante, también el Cauca es un ejemplo de lucha y organización popular para la defensa territorial, tanto desde los pueblos indígenas y afrodescendientes, como desde las comunidades campesinas que habitan mayoritariamente el territorio departamental. Y fue esta vez la comunidad campesina la que en su ejercicio de autodeterminación y soberanía popular manifestó su total negativa a la destrucción del agua por el modelo minero energético, aspecto central en torno al cual fue convocada la Consulta a través de la Coordinadora Integral Social Mercadereña.

Días previos a la realización de la instancia de votación, esa estructura popular emitió un comunicado en el que señaló: “la Coordinadora Integral Social Mercadereña, consciente de la falta de consciencia por parte de la institucionalidad nacional para proteger los territorios, y luego de reflexionar y llevar a cabo acciones para la defensa de las aguas, ha convocado a la Consulta Popular Legítima el próximo 3 de agosto de 2019”. “La próxima cita democrática en el municipio de Mercaderes tiene el objetivo de fomentar la planeación y el ordenamiento popular alrededor de las economías propias, posicionar el agua como un derecho fundamental y convocar a una amplia participación para el cuidado de los bienes comunes municipales y regionales”, agregó el parte de prensa.

Nuestro colaborador en Colombia Danilo Urrea estuvo presente en el desarrollo del ejercicio de participación y autodeterminación popular en Mercaderes, a donde también fue invitada la red de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), como garante internacional del proceso.

Luego de conocidos los resultados, la ambientalista Daniela Rojas, de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, dijo en la actividad pública que “esta consulta es un paso, un paso más que se da alrededor de la autonomía y la soberanía, y para que este paso nos haga seguir caminando hay que impulsar y seguir andando”. “Hay que saber cómo dar el próximo paso. Aquí esperamos que el compromiso de todas las personas que estuvieron en esta campaña, en estos años de tanto cariño, de tanta fuerza, de tanto esfuerzo también, siga estando y sigamos construyendo el colectivo”, agregó.

En tanto, la activista Elizabeth Castillo, integrante de la Coordinadora Integral Social Mercadereña, manifestó en entrevista brindada a Danilo que “dentro del equipo estamos muy animados porque la gente ha respondido con todo el proceso que la Coordinadora ha venido haciendo”. Catalogó la jornada de la votación como “muy positiva” y agregó que se trató de un proceso “histórico”. Es que “a pesar de tantas trabas y limitantes jurídicas hemos concientizado a las personas de que no necesariamente debemos tener una aprobación legal, que podemos también desde lo local, lo comunitario, exigir nuestros derechos y que eso también es válido y muy legítimo”. “Y a partir de ello podemos empezar a cambiar muchas de las cosas en términos no solamente del agua y el territorio, sino de la vida y los derechos humanos”, razonó Castillo.

Fuente:https://rmr.fm/informes-especiales/colombia-consulta-popular-industria-extractiva-locomotora-minero-energetica/?fbclid=IwAR0_ylDQF6z8IfWattPsLNnsQ42_JHa6NhGAgc29QMdvV02-8E-TaTuQFZU

El reciente impulso de extracción de cobre y otros minerales se encuentra coordinado con el esfuerzo por transformar la matriz energética mundial, para pasar del motor de combustión (que usa petroleo y carbón) a un motor eléctrico (que emplea metales). La crisis ambiental causada por el modelo de desarrollo imperante ha llevado a que se desarrollen distintas propuestas para cambiar la matriz energética mundial. Las propuestas desde la institucionalidad y las empresas se limitan al cambio de materias y tecnologías; no obstante otros argumentamos que es necesario transformar nuestros modos de vida y nuestra relación con el entorno para lograr un cambio estructural y real a la crisis global.

La matriz energética necesaria para garantizar las transformaciones e innovación tecnológica ha llevado a que se fomente la extracción de cobre para la transición. Este metal se usa por su alta conductividad térmica y eléctrica, ya que al ser resistente a la corrosión y no ser un metal magnético, industrias como la energética, de servicios y datos le emplean en su producción de artículos tecnológicos e industriales. Pero esta propuesta de transición no va al fondo de la crisis global, pues tiene prácticas de extracción igualmente agresivas y a escalas inmensas en aras de su exportación, evidenciando el poder corporativo que cada vez tiene más respaldo en los estados, a costa de los derechos y autonomía de las comunidades.

El cobre es usado para construir paneles solares, cableados eléctricos, tuberías, etc. Estas tecnologías se plantean limpias, porque sustituye los fósiles, fuente de emisiones de CO2 y CO pero no mencionan lo que implica la extracción de los metales y los requerimientos energéticos que son indispensables para su elaboración. En el caso de la extracción primaria de cobre esta implica graves impactos socioambientales, pues sacarlo a gran escala requiere dos formas básicas de minería, a cielo abierto y subterránea. En ambos casos, los proyectos que se han ejecutado en países como Chile, Perú y China, los mayores extractores a nivel mundial, dan cuenta de las afectaciones a los territorios y comunidades que viven a sus alrededores.

En Chile, el país latinoamericano que más extrae cobre, ha implicado profundos impactos en su territorio tales como: acaparamiento de las aguas para la minería y su consecuente contaminación, desplazamiento de comunidades locales y la concentración de la economía en la extracción de metales, dejando de lado otras actividades productivas históricas de las regiones; incluso ha llegado a plantear la existencia de “zonas de sacrificio” en los lugares donde se concentran comunidades vulneradas por la contaminación de extracción de minerales como el carbón y metales como el cobre. Otra alerta es la cantidad de energía que demanda sacarlo y transformarlo. Sergio Hernández, vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, señala, en relación al consumo de energía que, para producir 5,6 millones de toneladas de cobre fino en 2016, se demandó “168.572 TJ (Tera Julio), lo que representa un alza de 1,4% en relación a 2015, y un 12% del total de energía consumida en el país.” Es decir, se busca hacer eficiente la producción y transmisión de energía con extracciones que emplean grandes cantidades de la misma, entonces la cura resulta peor que la enfermedad.

En 2012, el gobierno colombiano declaró el cobre como un mineral estratégico, y en los últimos años fomenta su extracción. De la misma manera, las empresas mineras afirman que es necesario extraer el cobre para seguir usando tecnología de punta. Hoy, en Colombia, la extracción de cobre se hace en el departamento del Chocó con el proyecto El Roble, de la multinacional Atico Mining Corporation, de capital canadiense. Esta mina ha generado graves impactos socioambientales en la región, puesto que en 2017 realizó vertimientos de sustancias contaminantes en el río Atrato, lo que implicó el cierre de la operación durante un tiempo.

Así mismo, se han concretado esfuerzos para vislumbrar otros lugares de extracción, por lo cual desde hace 15 años se otorgaron títulos mineros en los departamentos de Córdoba, Chocó, Tolima y Antioquia. En este último, AngloGold Ashanti plantea el proyecto minero Quebradona en el municipio de Jericó, que fue declarado Proyecto de Interés Nacional Estratégico, negando que la zona es de vocación campesina y turística, por lo cual gran parte de la comunidad rechaza la minería.

No proponemos una transición que implique abandonar la tecnología de la que nos beneficiamos como herramienta que facilita la conexión en el mundo, hablamos de replantear el modo de producción-consumo y distribución. Nos plantea retos como sociedad pero también como individuos, pues es vital dejar de ser clientes y volver a ser personas que podemos acceder a la energía. Lo que nos obliga a repensar la energía no como un bien acaparable y que beneficie a unos pocos, sino como un derecho; que conlleva procesos de reutilización y reciclaje. En el caso del cobre se ha demostrado que es un metal 100% reciclable, y en dado caso se extraiga lo estrictamente necesario para el bienestar general de la humanidad y el planeta.

Proponemos una transición energética justa; es decir, debe garantizar el respeto a los derechos constitucionales al territorio, al trabajo digno, a los derechos humanos y de la naturaleza. Esto implica un cambio que conlleve transformaciones culturales, sociales y una relación distinta con la naturaleza. No podemos permitir que proyectos a gran escala como Quebradona, además de los 11 proyectos de cobre que están en exploración en Colombia sigan vendiéndose como la solución a un modelo que obvia los impactos que genera y prioriza sus ganancias. Así mismo, es indispensable continuar vigilando y demandando que proyectos como El Roble asuman las afectaciones que generan. Para esto será fundamental cuestionar y vigilar el poder de las corporaciones al tiempo que se escuchan las soluciones y demandas de comunidades y organizaciones.

Fuente:https://censat.org/es/analisis/alertando-sobre-la-extraccion-de-cobre-que-tan-justo-es-el-cambio-de-la-matriz-energetica-que-nos-proponen-9052?fbclid=IwAR02IEZJwMeOclA4pgo_qOv2ySE2qnJeySX2JwMsVGX2Ete26Tjh5DtC_Kc

Continúa la preocupación de los habitantes de Jericó (Antioquia) por las acciones de la empresa AngloGold Ashanti en su territorio, debido a las graves consecuencias ambientales que puede traer. Cabe recordar que el pasado 12 de julio, cerca de 120 personas se asentaron en el sector El Chaquiro como protesta frente a las actividades mineras que, según la comunidad, sigue realizando la multinacional.

El malestar de la comunidad se debe a que desde el año 2018, por acuerdo municipal, se prohibió la explotación minera en ese territorio y en este momento se encuentra haciendo trámite un recurso en el Tribunal Administrativo de Antioquia. De esta manera, con el apoyo del alcalde de Jericó, los manifestantes han solicitado la intervención del Gobierno Nacional para exigir que la minera frene los trabajos allí.

Al respecto, la periodista María Elisa Arango y la lideresa Zoraida Ríos hablan en La W sobre el seguimiento que le han hecho a este caso y cómo se han visto afectados los residentes de la zona.

Ríos cuestiona la longevidad de las labores de exploración de la minera en la zona, que ya completan 12 años. Además, se refiere a la estrategia que utiliza la compañía para ratificar su tarea: “La empresa minera empieza a tocar puertas con dádivas. A quebrantar el espíritu del pueblo con prebendas”.

“El impacto ambiental no se visualiza porque no se está en la mina. Por ejemplo, la finca El Chaquiro se va a hundir”, agrega Ríos sobre las consecuencias ambientales que ya se están evidenciando en la zona.

Por su parte, Arango asegura que Anglogold Ashanti ha hecho “proselitismo político hasta con los niños, preguntándoles qué votarían sus padres a la consulta para plantear una consulta minera”. Por ello, explica en La W que la utilización de los menores ha sido generalizada en todos los niveles, ya que incluso se han reportado casos de bullying contra los estudiantes que defienden el agua.

“Corantioquia ha adelantado una investigación muy lenta (…) hay evidencias fotográficas de algunos de los daños que se han producido en fase exploratoria”, explicó Arango.

Finalmente, cabe señalar que ante las protestas del pasado 12 de julio, Anglogold Ashanti explicó que está llevando a cabo estudios de suelo que no violan las prohibiciones que se aprobaron por acuerdo municipal.

Fuente:https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/estas-serian-las-maniobras-de-anglogold-ashanti-para-la-explotacion-minera-en-jerico/20190724/nota/3931245.aspx?fbclid=IwAR0anM0IZkmr9y79rlvWf9v9JEYkEvVmsCxM6hwWJ7nJlBBXcwnLKxSQbu0

Esta se ha sumado a cientos asesinatos de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en los últimos tres años.

Yamile Guerra, una líder social y política, ha sido asesinada este 20 de julio en el barrio El Mirador de la Hacienda, en Floridablanca (Departamento de Santander, Colombia) por dos sujetos no identificados, vestidos de negro, que le propinaron dos disparos, causándole la muerte de forma inmediata, informan medios locales con referencia a la Policía de Bucaramanga.

Las autoridades de momento desconocen el móvil del asesinato de esta prominente abogada, no obstante se indica que podría estar vinculado a un litigio de terreno en el municipio de Floridablanca. Así, el portal colombiano Canal Guacari, con referencia al secretario del Interior de Santander, Édgar Andrés Fandiño Bohórquez, informa que la abogada presuntamente acudió a Floridablanca para reunirse con unos individuos que iban a ser objeto de desalojo en su hacienda.

Por otra parte, el secretario del Interior de Floridablanca, Ricardo Arciniegas, citado por el mismo medio, indicó que la cita se concertó «por las invasiones que se dan en este sector, la titularidad de los predios y porque ella se oponía a la venta de las tierras».

Cabe mencionar que esta versión preliminar de las autoridades ya está siendo criticada por abogados y colegas de Yamile Guerra, defensora del páramo de Santurbán, quienes indican que podría haber sido asesinada por esta labor suya como abogada ambientalista.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/321750-colombia-matar-disparos-abogada-activista-yamile-guerra

Hace dos semanas nos enteramos que Eco Oro renunció a la Concesión Minera 3452 por considerar que ciertas medidas adoptadas por el Estado colombiano han hecho inviable su proyecto Angostura.

Por un tuit triunfalista, parte de la opinión pública percibió que se había alcanzado una gran victoria contra la megaminería en Santurbán, cuando en realidad la actuación de Eco Oro se enmarca dentro de su estrategia de demanda contra el Estado colombiano por 764 millones de dólares (unos 2,45 billones de pesos), dejando entrever el argumento de la inseguridad jurídica para las empresas que invierten en nuestro país a la luz de los tratados de libre comercio suscritos, entre ellos con Canadá.

Para comprender el contexto actual es indispensable recordar cuando Eco Oro era la otrora Greystar.

En 2010, el gobierno Santos afirmaba que el proyecto Angostura, cuando este contemplaba la explotación a cielo abierto en Santurbán, se haría a como diera lugar, en un ambiente de injusta estigmatización contra grupos que se oponían al proyecto, entre ellos sindicatos, ONG, estudiantes universitarios y militantes de izquierda.

Sólo con la llegada de Fenalco Santander, por voluntad propia, quien convirtió un debate regional en nacional, acompañado de otras organizaciones consideradas también parte del llamado establecimiento como la Sociedad Santandereana de Ingenieros, el Colegio San Pedro Claver, la Universidad Santo Tomás y la Sociedad de Mejoras Públicas, despegó nuestra causa y logramos detener la explotación a cielo abierto en Santurbán, lo cual celebramos como histórico al sentarse un precedente nacional reconocido por importantes investigaciones académicas y periodísticas, y desde ese momento todos los segmentos de la sociedad santandereana nos unimos en defensa del agua y Santurbán.

Tras su derrota, Greystar cambió su nombre a Eco Oro, con el anuncio de un proyecto de minería subterránea sin futuro, solicitud que de hecho jamás radicó.

No podemos ser triunfalistas, en el contexto actual, sin que el Gobierno haya expedido una nueva delimitación de Santurbán garantista para nuestra agua, y con ocho mineras con pretensiones extractivistas en la zona.

Columna de Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana publicada en Vanguardia.Com, jueves 11 de julio de 2019.-

Fuente:http://concienciaciudadana.org/renuncia-de-eco-oro-a-concesion-no-es-para-celebrar/?fbclid=IwAR0_kgrDJp4howOofXH_BNQMkEFlTCOk826CYX3Fz6Bku3lu0KzN42qMW1c

Glencore presentó esta semana una nueva demanda contra Colombia. Alega que el Estado colombiano lo debe indemnizar porque el canal de acceso al puerto de Santa Marta debió ser financiado por ser de uso público.

Los litigios internacionales tienen en apuros al Estado colombiano y uno de los más relevantes es el de Glencore, que tiene que ver con un contrato de minería cuya pretensión es de más de US$600 millones.

En noviembre de 2018, la multinacional minera presentó la carta de intención de arbitraje por un litigio relacionado con el canal de acceso al puerto de Santa Marta, en un proceso que perdió ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El tribunal de arbitramento se lleva a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa de Inversiones (Ciadi) y se esperaba que el fallo saliera en abril de este año, pero tras las demoras se espera que salga máximo en dos meses. Aun así, para el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Camilo Gómez, “este caso ha avanzado mucho. Va a ser el primero que Colombia tenga fallado”.

Ahora bien, Glencore había anunciado en febrero una segunda demanda, la cual presentó el 9 de julio de este año y en la que alega que el Estado colombiano le debe indemnizar porque el canal de acceso debió ser financiado por ser un puerto de uso público.

Para Gómez, esta es una discusión técnica sobre la cual aún no se puede referir, debido a que la primera parte de una demanda de inversiones tiene un periodo de 6 meses, en los que se intentan buscar soluciones concertadas.

¿En qué van las otras demandas internacionales?

El director de la Andje sostuvo que los litigios internacionales que están en proceso van “bien” y está optimista en varios de ellos: Gas Natural, Claro y Meritage.

En el primero, Colombia recibió una réplica por US$1.600 millones de retenciones por la intervención y liquidación de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Colombia debe presentar una respuesta, la multinacional española hace una réplica y el Estado colombiano vuelve a hacer una duplica. Se espera que la audiencia sea en diciembre de 2019.

Gómez señala que la posición de Colombia es sólida en este caso, primero, porque contrademandó y argumentó los perjuicios que se han causado en razón de la intervención, pues el país pudo haber destinado los recursos que asumió –$2 billones en pensiones o los $700.000 millones anuales en inversiones– en otras necesidades de la Nación.